El mensaje fue expresado por monseñor Héctor Fabio Henao, obispo delegado para las relaciones Iglesia-Estado, quien insistió en que el país necesita “hacer unos ejercicios muy concretos” para garantizar que las elecciones sean libres.“El país necesita, indudablemente, hacer unos ejercicios muy concretos para proteger que las elecciones sean libres, que la gente pueda votar de manera informada”, afirmó.En esa línea, subrayó que los ciudadanos deben contar con “los elementos suficientes para votar” y que el debate democrático debe darse sin poner en riesgo la vida.Uno de sus mensajes centrales fue el rechazo al uso del miedo como herramienta política. “El miedo no puede ser el condicionamiento para votar, el miedo no puede ser el elemento que domine las elecciones en un momento tan histórico como este”, enfatizó.Para monseñor Henao, Colombia atraviesa “un momento muy clave de la vida del país”, lo que exige no solo garantías materiales y de seguridad, sino también una transformación en la manera como se construye el debate público.“Hay que hacer un ayuno del lenguaje del odio, hay que hacer un ayuno del lenguaje que humille, que excluya y que estigmatice”, sostuvo. Según explicó, si se quieren elecciones libres y manejadas de manera responsable y ética, es necesario renunciar a los discursos que descalifican completamente al otro y que no aportan a la democracia.El obispo concluyó que el país necesita un lenguaje “propositivo y generador de democracia, diálogo y encuentro”, como base para que el proceso electoral no solo sea formalmente válido, sino también legítimo y libre de presiones.
La Defensoría del Pueblo alertó que, de acuerdo con los registros de la Fiscalía General de la Nación, durante 2025 se reportaron 118 feminicidios y 333 tentativas, además de 28 transfeminicidios.En términos de tasas por cada 100.000 mujeres, Caquetá, Amazonas y Casanare encabezan los indicadores más altos del país, seguidos por San Andrés, lo que muestra una concentración en regiones de la Amazonía y zonas de frontera.En lo corrido de enero de 2026 ya se han registrado 2 feminicidios y 26 tentativas.Violencia sexual: niñas y adolescentes, las principales víctimasLa Defensoría subraya que los delitos sexuales continúan siendo uno de los delitos con mayor volumen de casos. En 2025 se registraron 15.729 hechos contra mujeres, de los cuales 8.644 corresponden a niñas y adolescentes, es decir, más de la mitad de las víctimas.Las tasas más elevadas se concentran en Vaupés, Guaviare, Guainía y Amazonas. En enero de 2026 ya se contabilizan 963 casos, 453 de ellos contra menores.Trata de personas en territorios de fronteraEn 2025, 193 mujeres fueron víctimas de trata de personas; 95 eran mayores de edad y 41 niñas o adolescentes. Las tasas más altas se registran en Norte de Santander y San Andrés, seguidos por Meta y Bogotá.Explotación sexual infantil y violencia intrafamiliarLa explotación sexual de niñas y adolescentes suma 151 casos en 2025. Guaviare, Vichada, Amazonas y Antioquia presentan las mayores tasas.Por su parte, la violencia intrafamiliar continúa siendo una de las expresiones más recurrentes de agresión contra las mujeres, con 14.860 casos registrados en 2025. Los departamentos con tasas más elevadas son Vaupés, Boyacá, Guaviare y Guainía.“Las cifras de violencias basadas en género durante 2025 y enero de 2026 evidencian que los feminicidios, la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales, la explotación sexual de niñas y adolescentes y la trata de personas siguen siendo una realidad persistente que exige una acción urgente e integral”, aseguró la Defensoría del Pueblo.Finalmente, la entidad insistió en que “la garantía y protección de los derechos de las mujeres es una responsabilidad ineludible del Estado colombiano”.
Las consecuencias de los enfrentamientos armados entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc en zona rural de Tibú, siguen impactando la vida cotidiana de cientos de familias.El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó asistencia humanitaria a más de 770 personas que resultaron afectadas por recientes hechos de violencia en tres comunidades del municipio.“Recientemente la población civil se vio afectada por confrontaciones y otros riesgos. Muchas personas tuvieron que desplazarse, mientras otras se quedaron confinadas en sus casas, impedidas de acceder a sus alimentos y a la pesca”, subrayó Georgia Kramer, delegada del CIRC.La ayuda consistió en kits de higiene y alimentación, priorizados tras una evaluación realizada por un equipo de la organización. Según el CICR, la visita permitió identificar las afectaciones que enfrentan las comunidades, entre ellas desplazamientos forzados, confinamientos y limitaciones para movilizarse dentro y fuera de sus veredas.“Estos elementos que han sido bien recibidos por la comunidad en un momento en el que tienen muchas dificultades para poder acceder a sus medios de ingresos y obviamente para el consumo de alimentos”, aseguró Oswaldo Mancilla, responsable de seguridad económica de la subdelegación del CICR en Cúcuta.La organización señaló que durante el diálogo con líderes comunitarios y habitantes de la zona, se evidenció que varias familias tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas, mientras otras permanecieron confinadas por temor a nuevos enfrentamientos.Esta situación no solo restringió su movilidad, sino que también les impidió acceder a sus cultivos, trabajos y fuentes de ingreso, aumentando la dificultad para conseguir alimentos y productos básicos.Con base en lo anterior, el CICR concentró su respuesta en las comunidades con mayores niveles de afectación y urgencia.“La comunidad no cuenta hoy en día con trabajos, se han puesto los trabajos escasos y muchos hogares no cuentan con los alimentos necesarios para los niños ya que la comunidad cuenta con una gran cantidad de niños”, señaló una de las personas beneficiarias, al referirse a la inestabilidad económica que atraviesan tras los hechos de violencia.Otro de los beneficiarios insistió en que la prioridad sigue siendo garantizar condiciones para el retorno de quienes salieron desplazados.“Lo que necesitamos es alimentos que aún no tenemos por la situación que vivimos de esta guerra que estamos viviendo dentro de nuestro Catatumbo. Pues nosotros queremos que nuestras comunidades desplazadas, nuestros habitantes desplazados vuelvan a nuestro territorio para que estemos todos unidos ya que esto está quedando totalmente solo”.
En un operativo adelantado en zona rural de Ituango, tropas del Ejército lograron el sometimiento voluntario a la justicia de tres presuntos integrantes de la Subestructura 18 de las disidencias de las Farc y la recuperación de una menor de edad que habría sido reclutada por esa organización ilegal.La acción se desarrolló en el corregimiento Santa Rita, donde unidades del Batallón de Infantería N.° 10 Coronel Atanasio Girardot, adscrito a la Cuarta Brigada, ejecutaron la operación con apoyo de la Policía Nacional de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el CTI de la Fiscalía General de la Nación. El despliegue permitió extraer con vida a los desmovilizados y garantizar la protección de la adolescente de 14 años.Según información oficial, los hombres harían parte de la comisión armada de seguridad de alias 'Ramiro', señalado cabecilla principal de la estructura ilegal. Uno de los sometidos relató que llevaba cerca de cuatro años en el grupo, luego de haber sido reclutado de forma forzada cuando era menor de edad.Durante el procedimiento, los desmovilizados entregaron una pistola, 51 cartuchos y dos radios de comunicación, material que quedó en manos de las autoridades para su judicialización. La menor, por su parte, fue puesta bajo rutas de protección para restablecer sus derechos.El Ejército señaló que este resultado evidencia el impacto de la ofensiva militar sostenida en el norte antioqueño, que ha debilitado las estructuras armadas ilegales y abierto espacios para que integrantes abandonen las armas. Las autoridades destacaron que estas acciones también permiten obtener información estratégica para futuras operaciones contra grupos residuales
El regreso a la Luna tuvo que frenarse nuevamente. La NASA reveló que retirará de la plataforma de despegue el cohete SLS y la nave Orión de la misión Artemis II tras encontrar un problema técnico en pleno proceso de lanzamiento.La misión, que estaba prevista para ejecutarse en marzo, tendrá que esperar un poco más. El inconveniente está relacionado con el flujo de helio hacia la etapa superior del cohete, un componente vital para el correcto funcionamiento del sistema. Ante ese hallazgo, los ingenieros decidieron no arriesgar y devolver todo al hangar para revisar a fondo.Problema técnico en el cohete SLS obligó a frenar todoEl protagonista del aplazamiento es el Space Launch System (SLS), el cohete más potente desarrollado por la agencia para este nuevo viaje a la Luna. Junto a él viaja la cápsula Orion, diseñada para transportar astronautas en misiones de espacio profundo.La decisión dependió de:Retirar el cohete de la plataforma de lanzamiento.Trasladarlo nuevamente al Edificio de Ensamblaje de Vehículos (VAB), en el Centro Espacial Kennedy.Analizar la causa exacta del fallo en el sistema de helio.El trayecto de regreso, de 6,4 kilómetros, tomaría varias horas, pero esa no fue la única situación, pues los directivos decidieron adelantar la maniobra ante la llegada de fuertes vientos en la Costa Espacial.El movimiento busca preservar una posible ventana de lanzamiento en abril, siempre y cuando los resultados técnicos y las reparaciones lo permitan.Artemis II y el regreso del ser humano a la Luna tras más de 50 añosLa misión Artemis II representa el regreso de astronautas a la órbita lunar después de más de medio siglo, desde el cierre del programa Apolo en 1972.El vuelo de prueba tripulado tendrá una duración aproximada de diez días y contará con cuatro astronautas:Reid Wiseman (comandante).Victor Glover (piloto).Christina Koch (especialista de misión).Jeremy Hansen (especialista de misión, Agencia Espacial Canadiense).La tripulación ya salió de cuarentena y permanece en Houston, a la espera de nuevas instrucciones.En este tipo de desafíos, como en cualquier competencia de alto nivel, la estrategia manda. Mejor ajustar una pieza en el hangar que arriesgar la misión en la pista. El objetivo sigue intacto: volver a la Luna. La fecha, por ahora, depende de que la ingeniería gane este pulso técnico.
A través de su cuenta de Instagram, Valerie Gutiérrez, una joven de Bogotá, narró un duro episodio que vivió tras salir de una fiesta en el norte de la ciudad, específicamente por el sector de la calle 85, en donde fue víctima de robo tras ser drogada en un carro pedido por aplicación.Ella y su amiga salieron de la fiesta para volver a casa, ambas pidieron un carro por aplicación y, como siempre, les enviaron la ubicación a sus amigos para saber cómo iban y poder estar pendientes de ellas.“La 85 estaba muy llena, y ya se empezaron a ir uno de mis amigos que estaba ahí presente me decía: ‘Yo vi que ustedes vieron el Uber y yo vi que ustedes iban a montar en el Uber’. Ahorita no puedo decir algo fijo de que nos montamos en la placa que no era o que, si era el Uber porque mi amiga no ha podido recuperar su celular, entonces no ha podido recuperar la cuenta. Entonces simplemente acá no es un video denunciando a alguien, sino contando lo que nos pasó. en ese momento mi amigo me escribe y me dice: ¿Por dónde van? ¿Dónde están? Avísame cuando llegues”, contó.Fue en el trayecto que, sin darse cuenta, terminaron perdiendo el conocimiento y fueron despertadas por el conductor que comenzó a pedirles que se bajaran del carro, a lo que ellas notaron que no tenían sus celulares ni pertenencias, a lo único que él respondió era que “otro carro las iba a llevar”.“El tipo nos bota en la 127 con séptima y nosotras nos vamos al otro carro. En el otro carro, el señor nos ve y nos dice: ‘Yo no las voy a llevar a ningún lado’. Y coge y acelera detrás del otro carro, que nos había dicho que estaba ya varado, no sé. En ese momento, yo como que reacciono a lo que está pasando y lo que hago es pasar la 127, Estábamos del costado, sur a norte, al frente del gimnasio femenino, y nos pasó y le dije, empecé a gritar y le dije a mi amiga: pidamos ayuda, vamos a una portería”, dijo.Al llegar a la portería y comunicarse con sus allegados, notaron que estuvieron drogadas por al menos hora y media, entre las 4 y 6 de la mañana. Luego llegaron a la casa de un amigo en donde pudieron ubicar su celular: un iPhone 17 Pro Max que se encontraba en la Primera de Mayo y pese que fueron hasta allá a buscarlo, la realidad fue que la Policía solo les respondió que “lo sentían y que el celular era un caramelo fácil para ellos”.“O sea, normalizamos la delincuencia. Nada, después de esto solo nos dijeron que nos recomendaba que fuéramos a la clínica porque ahora el problema era no saber cuál fue la cantidad de sustancia que nos habían dado. Que nada, llamé al médico, el médico vino, fue también con ayuda psicológica”, relató.Expresó que tras este episodio se ha mantenido tomando liquido y con episodios de ansiedad generados por la paranoia de este suceso, por lo que pidió un mayor control a estos casos por parte de las autoridades que “normalizaron” este tipo de situaciones.“Ya estoy superando el, pues, el impacto y la tristeza de mi celular. Yo con mi celular trabajaba, con mis marcas, es demasiado importante para mí. Pero bueno, lo material llega y, y hoy agradezco estar, estar bien, estar en mi casa, estar con mi familia. Voy a recuperarme pues con amor, que no hay más, y, y ya”, puntualizó.
Un avión de American Airlines fue encontrado con una perforación que coincide con un posible impacto de bala mientras permanecía en Colombia, según fuentes y documentos revisados por CBS News. El incidente se detectó el lunes, después de que el vuelo 923 cubriera la ruta entre Miami y Medellín la noche anterior.De acuerdo con la información citada por el medio estadounidense, el agujero fue localizado en el ala derecha de un Boeing 737 MAX 8, específicamente en el alerón. El personal de tierra reportó que la perforación atravesaba completamente esta superficie de control. Hasta el momento, se desconoce cuándo y dónde ocurrió el daño.¿Qué se sabe del presunto impacto de bala?Según fuentes consultadas por CBS News, los daños coinciden con un aparente disparo. Se identificó un pequeño orificio circular que sería el punto de entrada, así como afectaciones en el lado opuesto que corresponderían al punto de salida.El alerón es una superficie ubicada en el borde de salida de cada ala y es fundamental para el control del alabeo de la aeronave, es decir, el movimiento que permite inclinar el avión durante el vuelo.No se reportaron heridos y la aeronave no presentó inconvenientes operativos durante el trayecto, indicó la compañía. “Tras una inspección de rutina, nuestros equipos identificaron una perforación en el exterior de una de nuestras aeronaves en Medellín, Colombia. La aeronave fue retirada de servicio inmediatamente para su posterior inspección y reparación. Colaboraremos estrechamente con las autoridades competentes para investigar este incidente”, señaló American Airlines a CBS News.La Aeronáutica Civil de Colombia informó a CBS News que inicialmente no tenía conocimiento del caso, pero confirmó que abrió una investigación.Tras reparaciones temporales, el avión voló el lunes hacia Miami y posteriormente realizó un trayecto a Dallas antes de quedar fuera de operación.
La reciente caída de los canales digitales de Bancolombia no solo dejó memes y quejas en redes sociales, sino que también abrió un debate en el sector financiero de Colombia.En medio de las dificultades para acceder a cuentas y realizar transferencias, la gerente general de Nu Colombia, Marcela Torres, lanzó una crítica directa: este tipo de fallas podría estar impactando el funcionamiento de Bre-B, el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República.Bre-B en el centro por fallas de BancolombiaTorres indicó que es "inaceptable" que una entidad como esta se caiga por días y, por extensión, afecte la operación de Bre-B. Según señaló, intentó realizar pagos y transferencias por medio de ese sistema sin éxito.En su mensaje, la gerente dejó varios puntos sobre la mesa:Bre-B es un bien público clave para los colombianos.Se requieren acuerdos de nivel de servicio (SLA) uniformes.Deben existir consecuencias cuando esos estándares no se cumplan.El debate no es menor. Bre-B ha sido presentado como una infraestructura esencial para la interoperabilidad y los pagos digitales en el país. Si uno de los actores más grandes del sistema financiero presenta intermitencias, la estabilidad del ecosistema completo entra en discusión.La crítica pone el foco en la confianza. En un entorno donde las transferencias inmediatas hacen parte del día a día de miles de colombianos, cualquier interrupción golpea la credibilidad de este modelo financiero.Bancolombia responde: mantenimiento programado y “el dinero está seguro”Desde Bancolombia, la explicación fue técnica. La entidad informó que las fallas se originaron durante un mantenimiento programado en la madrugada del domingo 22 de febrero, como parte de su proceso de modernización tecnológica.Según el banco, ocurrió:Una falla en un componente suministrado por un proveedor externo.La detención del procedimiento antes de finalizarlo.La afectación temporal de algunos servicios digitales.La entidad insistió en tres mensajes centrales:El dinero de los clientes está seguro.La información no fue vulnerada.No se trató de un incidente de ciberseguridad.
Laura Valentina Lozano Torres, de 21 años, fue asesinada en la madrugada del 21 de febrero en un apartamento ubicado en el sector de Cedritos, localidad de Usaquén, al norte de Bogotá. Aunque su expareja sentimental fue capturado como principal sospechoso, un juez decidió no enviarlo a la cárcel mientras avanza el proceso penal.El señalado es José David Celis, quien fue detenido por la Policía Metropolitana tras los hechos. "Lamentablemente, el individuo, con asfixia mecánica, le quita la vida a la víctima y, posteriormente, incluso trata de quitarse la vida, pero efectivamente la Policía Nacional llega y podemos capturar a esta persona", explicó el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.Sin embargo, durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, el juez Óscar David Gómez determinó no imponer medida privativa de la libertad en centro carcelario. De acuerdo con el reporte entregado por el general Cristancho, la joven habría muerto por asfixia mecánica.Según la versión conocida, Lozano había llegado al apartamento para recoger sus pertenencias, pues la relación sentimental había terminado hacía tiempo.Laura Lozano cursaba octavo semestre de Ciencias Políticas y también se destacaba como deportista en patinaje.Por solicitud de la Fiscalía, Celis fue imputado por el delito de feminicidio. No obstante, durante la audiencia, el juez consideró que existían elementos que podrían configurar un homicidio preterintencional; es decir, cuando el agresor no tiene como finalidad directa causar la muerte, pero el resultado termina siendo letal.En su argumentación, el juez sostuvo que no existían evidencias que demostraran que el procesado representara un peligro para otras mujeres por haber agredido a una. Con base en ese análisis, negó la medida de aseguramiento en centro carcelario."Edgar David López reconoció que en la actualidad su hijo tiene una relación sentimental con una mujer, sin que ello permita indicar que porque el victimario tenga trato permanente con cualquier tipo de mujer se descarte la posibilidad de participación, pero sí permite descartar o refutar el planteamiento según el cual, por haber atentado contra una mujer, es potencialmente peligroso para cualquier otra", expuso el juez.De acuerdo con el observatorio Feminicidios Colombia, en el país ocurrieron 621 feminicidios entre enero y septiembre de 2025.
Con el inicio de la Cuaresma, la Conferencia Episcopal de Colombia, a través del Secretariado Nacional de Pastoral Social–Cáritas Colombiana, lanzó la Campaña de Comunicación Cristiana de Bienes 2026, una iniciativa que se desarrollará en todo el país y que este año prioriza la atención a departamentos como Córdoba, Sucre y la región del Urabá, donde las lluvias han generado graves afectaciones."Para que, más allá de nuestras diferencias, pongamos en el corazón de nuestra preocupación a todos nuestros hermanos y hermanas que están experimentando un sufrimiento muy grande, y que no es de poco tiempo, sino que va a requerir un esfuerzo muy grande para ayudar también a todos los procesos de reconstrucción de viviendas, de caminos, de escuelas”, aseguró Monseñor Francisco Javier Múnera, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia.Según explicó la Iglesia, los recursos recaudados fortalecerán el Servicio Nacional de Emergencias de Cáritas Colombiana, que durante 2025 respondió a 25 emergencias. En ese periodo atendieron a más de 12.000 personas, correspondientes a 3.336 familias, mediante la entrega de kits de alimentos, higiene, elementos de noche, cocina y apoyo para bebés, con una inversión cercana a los 832 millones de pesos.Según el balance entregado, en lo corrido de 2026, la organización ya ha destinado 228 millones de pesos para apoyar a comunidades afectadas en municipios como Montelíbano, Apartadó, Riohacha, Guapi e Istmina, en un contexto que, según advirtieron los obispos, requerirá esfuerzos sostenidos para la reconstrucción de viviendas, infraestructura comunitaria y medios de vida.La Iglesia hizo un llamado a los colombianos a sumarse a la campaña a través de las parroquias del país o mediante donaciones al fondo nacional de emergencias, con el fin de “convertir la fe en acción concreta, estructurada y transparente, para que la caridad se traduzca en esperanza real para miles de familias que hoy enfrentan la adversidad”.
En Colombia, más de 9 millones de ciudadanos han sido obligados a abandonar sus hogares como consecuencia del conflicto armado, el control territorial de grupos ilegales y las disputas por economías ilícitas, un fenómeno que durante décadas ha profundizado la pobreza, la exclusión y la desigualdad en amplias regiones del país.En este contexto, el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad para las Víctimas y Prosperidad Social, presentó el CONPES 4180, una nueva política pública que proyecta una inversión de 10,1 billones de pesos, que busca establecer soluciones duraderas para las víctimas de desplazamiento forzado. El documento, aprobado el 30 de diciembre de 2025, traza una hoja de ruta con 66 acciones orientadas a facilitar la estabilización socioeconómica de esta población.De acuerdo con el DNP, el objetivo es coordinar una respuesta institucional que permita superar las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan millones de víctimas. “Es un documento que coordina acciones, 66 acciones intersistémicas, intersectoriales, con un presupuesto indicativo de 10 billones de pesos”, explicó la directora de la entidad, Natalia Irene Molina.La meta es que al menos el 75 % de las víctimas logre superar su situación de vulnerabilidad mediante el acceso a empleo, generación de ingresos e integración social, ya sea a través del retorno a sus territorios, la reubicación o su permanencia en las comunidades donde reconstruyeron sus vidas.Desde la Mesa Nacional de Víctimas, Odorico Guerra Salgado, coordinador del eje temático de desplazamiento forzado, advirtió que el principal desafío será que las medidas anunciadas se traduzcan en acciones concretas en los territorios.“Nosotros primero que todo esperamos que haya una verdadera voluntad política por parte de las instituciones del gobierno nacional para que esa implementación del CONPES de soluciones duraderas sea exitosa en los territorios y que ojalá no sea una ni dos, sino todas las 66 acciones que están contenidas en el CONPES 4180 se puedan hacer realidad”, señaló.Giovanni Lepri, representante en Colombia de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), aseguró que la política representa un avance, aunque sus resultados se verán con el tiempo. “El CONPES para nosotros es un punto de partida, no es un punto de llegada, pero es un punto de partida muy relevante porque es la primera vez que hay una política pública estructurada alrededor de buscar soluciones”, afirmó.Lepri también advirtió que muchas víctimas han vivido durante años en condiciones de vulnerabilidad, especialmente en entornos urbanos, donde la integración social y el acceso efectivo a derechos siguen siendo un desafío.“Hay personas que llevan una situación de vulnerabilidad causada por el desplazamiento desde hace muchos años, entonces ya por ejemplo vemos que el 70 % más de la población desplazada quiere quedarse en áreas urbanas, (…) lo que van a hacer van a ser ciudadanos de las ciudades que ya los han recibido hace muchos años, pero le ha faltado esta parte de regularización y de un acceso a derechos de coste efectivo de sus derechos”, explicó.El documento contempla la articulación de 24 entidades del orden nacional y territorial, responsables de ejecutar las acciones previstas. No obstante, el propio Departamento Nacional de Planeación reconoció que los recursos dependerán de la disponibilidad fiscal y de las decisiones presupuestales de cada entidad.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, le pidió a la Corte Constitucional declarar inconstitucional el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de emergencia económica y social en todo el país.No obstante, solicitó que la Corte “declare la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”.En un documento enviado al magistrado Carlos Camargo Assis, la defensora examinó tres de las causas que el Gobierno presentó como fundamento de la emergencia: el cumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la financiación del sistema de salud; el deterioro de la seguridad territorial y los riesgos para líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos electorales; y el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del conflicto armado.Crisis en salud y financiación de la UPCEn materia de salud, la Defensoría recuerda que desde 2016 se estableció como estándar mínimo que la UPC del régimen subsidiado no sea inferior al 95 % de la del régimen contributivo. La persistencia en los incumplimientos ha generado incluso incidentes de desacato.Según cifras recopiladas por la entidad, en 2025 la Adres destinó $88,4 billones a la UPC, lo que representa el 88 % de los recursos del sistema. Para 2026 se proyectan $101 billones, un incremento del 14,3 %.“No obstante, las EPS reportaron una siniestralidad del 109,5 %, que implicó un déficit presupuestal estimado de $5,95 billones, sin incluir los $5,2 billones adicionales correspondientes a gastos administrativos”, señala el documento.La Defensoría advierte que “la evidencia disponible indica que el ajuste proyectado de la UPC para 2026 corrige solo parcialmente el problema, pues subsisten déficits estructurales acumulados de vigencias anteriores. De hecho, el requerimiento fiscal de 3,3 billones que indica el Gobierno en el Decreto 1390 puede incrementarse si se consideran las deudas acumuladas del sistema, estimadas entre $10 y $30 billones, respecto de las cuales no existe consenso”.La entidad también señala que el desfinanciamiento ha impactado directamente el acceso a medicamentos y servicios. “En definitiva, el panorama descrito permite concluir que la desfinanciación de la UPC configura una situación de gravedad e inminencia que exige una respuesta urgente del Estado orientada a asegurar la búsqueda de fuentes adicionales de recursos que facilite la estabilidad de los pagos en la cadena de atención y la protección efectiva de las personas, especialmente las más vulnerables”.Las cifras respaldan esa advertencia. Las quejas por fallas en la prestación del servicio aumentaron 78 % entre 2023 y 2025. Solo en 2025 se registraron más de 46.000 reclamaciones. También crecieron las tutelas y los reclamos ante la Superintendencia de Salud, con cerca de 685.000 quejas por medicamentos. Además, el gasto de bolsillo de los hogares alcanzó su nivel más alto en años, llegando en algunos departamentos hasta el 30 % de los ingresos familiares.Sin embargo, pese a reconocer la gravedad de la situación, la Defensoría argumentó que “ninguna de estas causas cumple el presupuesto fáctico de sobreviniencia” y que el Gobierno “no demostró la insuficiencia de los mecanismos ordinarios”, entre ellos la “reasignación del presupuesto flexible” y las “operaciones de crédito público”.Seguridad y orden públicoEl segundo argumento del Gobierno fue el deterioro del orden público, los ataques con drones en departamentos como Cauca, Cesar y Norte de Santander, y el aumento del riesgo para líderes sociales y candidatos en el contexto electoral.La Defensoría señala que solo en 2025 se documentaron 177 homicidios de personas defensoras de derechos humanos. También aumentaron las amenazas contra actores políticos.Sin embargo, la entidad sostiene que la violencia contra líderes sociales ha sido advertida durante años a través del Sistema de Alertas Tempranas. Incluso el uso de drones con explosivos ya había sido documentado antes de la declaratoria de emergencia.“Si bien los riesgos para la población líder y defensora de derechos humanos, así como para los y las candidatas son graves, el Decreto no identifica un riesgo efectivo capaz de materializarse en un daño concreto e inminente”.Además, recuerda que el Congreso ya había aprobado aumentos presupuestales para el sector defensa y para la Unidad Nacional de Protección.Reparación a víctimasEl tercer punto analizado fue el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del desplazamiento forzado.Según el documento, “el gobierno había pagado indemnizaciones a un total de 1.769.413 víctimas”, cifra que “corresponde únicamente al 19% de las 9.226.775 personas susceptibles de recibir la medida”.Pero la Defensoría insiste en que tampoco se trata de un problema reciente. Desde la expedición de la Ley de Víctimas en 2011 se advertía que la financiación sería insuficiente frente al universo real de afectados.“En 2022, la entonces directora de la Unidad para las Víctimas indicó que, de no adoptar medidas adicionales, tardaríamos más de 60 años en reparar a todas las víctimas registradas hasta ese momento.32 Esto evidencia que el problema de los pagos atrasados por concepto de reparación no es nuevo y que obedece a un problema estructural advertido por el gobierno desde tiempo atrás”.Inconstitucionalidad con efectos diferidosCon base en todo este análisis, la Defensoría concluye que el Decreto es inconstitucional porque no se cumplieron los requisitos para declarar un estado de excepción.No obstante, hace una precisión clave sobre la salud. Advierte que “la falta de liquidez financiera en el sistema de salud demanda medidas inmediatas y certeras para conjurar el progresivo agravamiento de los problemas de acceso equitativo a medicamentos, tratamientos y procedimientos incluidos en el PBS”. Y agrega que “ante la duda, la solución debe contemplar todas las medidas posibles para conjurar la extensión de la crisis”.Por eso insiste en que la Corte declare la inconstitucionalidad, pero con efectos diferidos en lo relacionado con las medidas tributarias.“Declarar la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”, y “preservar las medidas tributarias adoptadas en el Decreto 1474 de 2025 por el término de la vigencia fiscal de 2026”, con destinación específica al sistema de salud.También pide que la Procuraduría, la Contraloría y la Sala Especial de Seguimiento ejerzan vigilancia estricta sobre esos recursos, y exhorta al Gobierno y al Congreso a tramitar una ley de financiamiento que estabilice estructuralmente el sistema.
Un operativo conjunto el Ejército y la Policía permitió ubicar y neutralizar un arsenal de alto poder perteneciente a las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco', en zona rural del departamento del Meta. El material de guerra estaba oculto en la vereda La Floresta, jurisdicción de El Castillo, y según inteligencia, iba a ser usado en ataques contra la Fuerza Pública y comunidades de Meta y Guaviare.En el depósito ilegal fueron halladas 190 granadas adaptadas para drones, 56 granadas de mortero, 88 minas antipersonal y 100 detonadores. El hallazgo confirma la evolución de las tácticas de esta estructura armada criminal, que está apostándole al uso de explosivos lanzados desde el aire para maximizar daño y alcance.El director de la Policía, el general William Rincón Zambrano, aseguró que el resultado golpea directamente las capacidades logísticas del grupo armado y evita posibles acciones violentas. Según dijo, el arsenal representaba una amenaza directa para uniformados y población civil.Desde el departamento de Policía Meta también advirtieron que el material incautado permitiría ataques con drones cargados de explosivos, una modalidad que ha encendido alertas en varias regiones del país. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar movimientos sospechosos que permitan anticipar atentados.La operación contó con el apoyo de la Fiscalía y sigue en desarrollo para ubicar a los responsables del almacenamiento del material y debilitar la estructura 'Martín Villa', señalada de operar bajo el mando de Mordisco. Mientras tanto, las autoridades mantienen presencia reforzada en la zona ante posibles retaliaciones.
El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó emitir medidas cautelares frente a la acción de cumplimiento que radicó el Gobierno, para salvar las circunscripciones de paz, 16 curules en total para las víctimas del conflicto.Asegura la magistrada Elizabeth Lozzi que se trata de un rechazo de esta demanda que puede ser subsanable. Vea también Tribunal estudiará recurso de Gobierno para salvar circunscripciones de paz El auto indica que deben presentar una declaración bajo la gravedad de juramento en que se diga que esa misma acción de cumplimiento no se ha presentado ante otro tribunal.La magistrada también negó el impedimento del magistrado Luis Manuel Lasso y le devolvió.Luego de que el tribunal no admitiera la acción, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, dijo que la presentarán este martes de nuevo y que la acción seguirá su curso. Explicó que “el tribunal lo que nos ha requerido es un documento adicional, es decir un acta que en la gravedad de juramento señalemos que no hemos presentando la misma acción ante otro tribunal”.El Gobierno Nacional ha insistido en que las 16 circunscripciones de paz son para las víctimas y no para las Farc.Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias: -Se acabó el plazo para que los partidos políticos inscribieran a sus candidatos al Congreso. Corferias estuvo muy concurrido y se inscribieron nuevas caras. -La Procuraduría General de la Nación advirtió a la administración Distrital que debe informar oportunamente al Ministerio Público sobre las modalidades que serán utilizadas para seleccionar las empresas que desarrollarán la primera línea del Metro de Bogotá. -El Ministerio del Trabajo fue notificado que recibirá el fallo del laudo arbitral con el que se define el conflicto colectivo entre Avianca y los pilotos de ACDAC.-La tragedia del submarino argentino ARA San Juan que le costó la vida a 44 tripulantes salpica a dos empresas alemanas por presuntos sobornos y la posibilidad de un suministro de piezas de mala calidad al sumergible. -En el Valle del Cauca investigan el crimen de una venezolana que trabajaba como ayudante de un restaurante cuando fue atacada con disparos. -Desde la región cafetera una niña de 16 años es una de las más grandes exponentes y promotoras de la importancia de la producción del grano en Colombia.-Se definió el horario y la zona donde se aplicará la ley seca miércoles y domingo en los dos partidos de la final de la Liga Águila entre los equipos bogotanos. -El alcalde de Bogotá pidió al Gobierno y al Congreso crear una ley para que la venta de pólvora sea prohibida a nivel nacional.
Tras el concepto favorable, pero no vinculante, del Consejo de Estado en el que se aclara que, según el alto tribunal, el quórum para la decisión del proyecto de acto legislativo sobre las 16 circunscripciones especiales era de 99 senadores y no de 102, todavía no se sabe qué va a pasar con la participación de las víctimas en las regiones más afectadas para la próxima legislatura en el Congreso.El delegado de la Defensoría del Pueblo para asuntos indígenas, Pedro Santiago Posada, aseguró que había una clara intención de movimientos como el Mais de expandir su voz y representación en el capitolio.Lea también: Santos oficializa pedido a Corte para revisar constitucionalidad de circunscripciones.“Si uno revisa y compara el mapa territorial del país, con el mapa del conflicto y el mapa de los territorios étnicos, teniendo en cuenta los concejos comunitarios de las comunidades negras, podemos ver que el conflicto se desarrolló en esos territorios. Sin lugar a dudas estas comunidades han sido victimizadas y han sufrido. No se ve un desplazamiento porque ellos no se desplazan, se confinan por amor al territorio”, señaló Posada.Añadió que “hay interés y, seguramente si es aprobado, van a presentar candidatos en varios territorios. Y así lo harán las comunidades afro inclusive en coaliciones. El debate claro que los afecta”.A eso hay que sumarle que el coordinador de la Mesa Nacional de Víctimas, Odorico Guerra, afirmó que, de no ser aprobado el proyecto, las víctimas conformarán listas para participar en las circunscripciones ordinarias.Actualmente, según la ley, solo hay dos escaños en la Cámara de Representantes para indígenas y comunidades afro. El presidente Juan Manuel Santos envió una carta a la Corte Constitucional pidiéndole que estudiara el acto legislativo. Se espera una respuesta de la corte la próxima semana.
El jefe del equipo negociador del Gobierno en los diálogos de paz con el ELN, Juan Camilo Restrepo, aseguró que el cumplimiento del cese al fuego con esa guerrilla "abre las puertas" para que se extienda más allá del 9 de enero.Lea también: Nuevo jefe negociador en diálogos con ELN se conocerá después del 8 de enero.En una comparecencia ante la prensa tras reunirse con el presidente Juan Manuel Santos, Restrepo destacó que las evaluaciones que han realizado diferentes instituciones como la ONU muestran que en los tres meses que lleva el cese el fuego "el balance es muy satisfactorio"."No se ha presentado ningún incidente armado en estos tres meses entre las Fuerzas Militares y el ELN. Gran parte de los compromisos humanitarios se han cumplido también satisfactoriamente", comentó Restrepo que ratificó que dejará su cargo como jefe negociador el 8 de enero.El negociador también recordó que este es el primer cese el fuego de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en 53 años.También comentó que los diálogos que se llevan a cabo en Quito desde febrero pasado "no sólo se han circunscrito al tema del cese el fuego", sino que también han "comenzado a desarrollar la agenda" pactada.En este sentido, destacó las audiencias celebradas con la sociedad civil en la localidad de Tocancipá, que en su opinión "tienen mucha importancia" y demuestran "que sí hay metodologías y orden" para que "se pueda hacer una consulta ciudadana amplia", como recoge la agenda de negociaciones.Por ello, mostró su esperanza de que el ELN tenga "lucidez de entender" que ha habido "un interlocutor cordial" que ha permitido "avanzar mucho" pese a que solo ha habido ocho meses de fase pública de diálogos.Finalmente, Restrepo ratificó que para el 8 de enero dejará los diálogos "por razones profesionales y familiares" y el presidente Santos "dentro de su fuero y facultades" decidirá a su sucesor".
Tras una extensa reunión con el presidente de la República, Juan Manuel Santos, en la Casa de Nariño, el jefe negociador del Gobierno Nacional en los diálogos con el ELN, Juan Camilo Restrepo, dijo que se retirará del equipo negociador el próximo 8 de enero y que para esa época el jefe de Estado dará a conocer el nombre de su sucesor en la Mesa de Quito.Afirmó que en este último año se logró con el ELN lo que nunca se había alcanzado en 52 años: un cese bilateral del fuego. Que los encuentros con los diferentes sectores de la sociedad, empresarios en Tocancipá, Cundinamarca sirvieron para que se pueda hacer una consulta amplia a mediados del año entrante.Dijo que en el ELN se reconoce que hay un interlocutor en Quito con el cual se ha podido avanzar mucho. “En el cese el fuego no ha habido enfrentamiento el ELN no atentó contra la infraestructura petrolera y energética”, expresó.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, estructuras en las que se concentraron los secuestros más complejos, prolongados y violentos del conflicto armado.En el caso del Bloque Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, la JEP los halló responsables por secuestros cometidos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.Para el Bloque Sur, las conductas investigadas ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y en sectores de Cauca y Meta.Los imputados del Bloque Oriental son: Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Darío Lee Díaz (Robledo); Luis Montes (Euclides Bermúdez); Ángel García (Hernán Benítez); Ezequiel Hueguía (Rolando Romero); y William Tovar (Franklin Smith Caicedo). Según la JEP, este bloque tuvo un papel central en secuestros con fines de canje, especialmente contra figuras políticas, entre ellas Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial, y Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial y jefa de campaña.La investigación estableció que, debido a su mayor capacidad operativa y control territorial, el Bloque Oriental recibió durante años a víctimas de secuestro provenientes del Bloque Sur, particularmente aquellas retenidas para intercambio por guerrilleros presos. Estas personas permanecieron durante largos periodos en campamentos selváticos, en condiciones extremas de cautiverio.La Sala de Reconocimiento llamó a estos comparecientes a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, así como por otros delitos cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.Además, les atribuyó crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y conductas asociadas, como desaparición forzada, asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos, los cuales, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.La investigación concluyó que los excombatientes imputados tenían control efectivo sobre su tropa y capacidad de imponer disciplina, por lo que son responsables tanto por haber impartido órdenes directas que derivaron en secuestros y asesinatos, como por no impedir los abusos cometidos contra las víctimas durante el cautiverio.Algunos de ellos, además, participaron de manera directa en crímenes graves y comandaron campamentos donde las personas permanecieron privadas de la libertad durante años.De acuerdo con la JEP, el Bloque Oriental fue responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP en todo el país, mientras que el Bloque Sur concentró el 8 %. Sin embargo, el 18 % de las víctimas acreditadas ante la JEP señalan al Bloque Sur como responsable. Entre las 4.439 víctimas acreditadas, 1.239 atribuyen su secuestro al Bloque Oriental y 771 al Bloque Sur.La JEP documentó que ambos bloques actuaron bajo tres patrones criminales: secuestros para financiar la organización, para forzar intercambios por guerrilleros presos y para ejercer control social y territorial. En este último patrón se registraron trabajos forzados, castigos colectivos y asesinatos de personas que intentaron escapar del cautiverio.Con estas imputaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la investigación del Caso 01 y dejó delimitada la lista de responsables por el secuestro en las Farc-EP. El proceso entra ahora en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, en la que los imputados deberán aceptar o rechazar los cargos en un plazo de 30 días.De haber reconocimiento, se avanzará hacia sanciones propias de carácter restaurativo; de lo contrario, los casos podrán ser remitidos al Tribunal para la Paz o a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían derivar en juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.