El mensaje fue expresado por monseñor Héctor Fabio Henao, obispo delegado para las relaciones Iglesia-Estado, quien insistió en que el país necesita “hacer unos ejercicios muy concretos” para garantizar que las elecciones sean libres.“El país necesita, indudablemente, hacer unos ejercicios muy concretos para proteger que las elecciones sean libres, que la gente pueda votar de manera informada”, afirmó.En esa línea, subrayó que los ciudadanos deben contar con “los elementos suficientes para votar” y que el debate democrático debe darse sin poner en riesgo la vida.Uno de sus mensajes centrales fue el rechazo al uso del miedo como herramienta política. “El miedo no puede ser el condicionamiento para votar, el miedo no puede ser el elemento que domine las elecciones en un momento tan histórico como este”, enfatizó.Para monseñor Henao, Colombia atraviesa “un momento muy clave de la vida del país”, lo que exige no solo garantías materiales y de seguridad, sino también una transformación en la manera como se construye el debate público.“Hay que hacer un ayuno del lenguaje del odio, hay que hacer un ayuno del lenguaje que humille, que excluya y que estigmatice”, sostuvo. Según explicó, si se quieren elecciones libres y manejadas de manera responsable y ética, es necesario renunciar a los discursos que descalifican completamente al otro y que no aportan a la democracia.El obispo concluyó que el país necesita un lenguaje “propositivo y generador de democracia, diálogo y encuentro”, como base para que el proceso electoral no solo sea formalmente válido, sino también legítimo y libre de presiones.
La Defensoría del Pueblo alertó que, de acuerdo con los registros de la Fiscalía General de la Nación, durante 2025 se reportaron 118 feminicidios y 333 tentativas, además de 28 transfeminicidios.En términos de tasas por cada 100.000 mujeres, Caquetá, Amazonas y Casanare encabezan los indicadores más altos del país, seguidos por San Andrés, lo que muestra una concentración en regiones de la Amazonía y zonas de frontera.En lo corrido de enero de 2026 ya se han registrado 2 feminicidios y 26 tentativas.Violencia sexual: niñas y adolescentes, las principales víctimasLa Defensoría subraya que los delitos sexuales continúan siendo uno de los delitos con mayor volumen de casos. En 2025 se registraron 15.729 hechos contra mujeres, de los cuales 8.644 corresponden a niñas y adolescentes, es decir, más de la mitad de las víctimas.Las tasas más elevadas se concentran en Vaupés, Guaviare, Guainía y Amazonas. En enero de 2026 ya se contabilizan 963 casos, 453 de ellos contra menores.Trata de personas en territorios de fronteraEn 2025, 193 mujeres fueron víctimas de trata de personas; 95 eran mayores de edad y 41 niñas o adolescentes. Las tasas más altas se registran en Norte de Santander y San Andrés, seguidos por Meta y Bogotá.Explotación sexual infantil y violencia intrafamiliarLa explotación sexual de niñas y adolescentes suma 151 casos en 2025. Guaviare, Vichada, Amazonas y Antioquia presentan las mayores tasas.Por su parte, la violencia intrafamiliar continúa siendo una de las expresiones más recurrentes de agresión contra las mujeres, con 14.860 casos registrados en 2025. Los departamentos con tasas más elevadas son Vaupés, Boyacá, Guaviare y Guainía.“Las cifras de violencias basadas en género durante 2025 y enero de 2026 evidencian que los feminicidios, la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales, la explotación sexual de niñas y adolescentes y la trata de personas siguen siendo una realidad persistente que exige una acción urgente e integral”, aseguró la Defensoría del Pueblo.Finalmente, la entidad insistió en que “la garantía y protección de los derechos de las mujeres es una responsabilidad ineludible del Estado colombiano”.
Las consecuencias de los enfrentamientos armados entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc en zona rural de Tibú, siguen impactando la vida cotidiana de cientos de familias.El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó asistencia humanitaria a más de 770 personas que resultaron afectadas por recientes hechos de violencia en tres comunidades del municipio.“Recientemente la población civil se vio afectada por confrontaciones y otros riesgos. Muchas personas tuvieron que desplazarse, mientras otras se quedaron confinadas en sus casas, impedidas de acceder a sus alimentos y a la pesca”, subrayó Georgia Kramer, delegada del CIRC.La ayuda consistió en kits de higiene y alimentación, priorizados tras una evaluación realizada por un equipo de la organización. Según el CICR, la visita permitió identificar las afectaciones que enfrentan las comunidades, entre ellas desplazamientos forzados, confinamientos y limitaciones para movilizarse dentro y fuera de sus veredas.“Estos elementos que han sido bien recibidos por la comunidad en un momento en el que tienen muchas dificultades para poder acceder a sus medios de ingresos y obviamente para el consumo de alimentos”, aseguró Oswaldo Mancilla, responsable de seguridad económica de la subdelegación del CICR en Cúcuta.La organización señaló que durante el diálogo con líderes comunitarios y habitantes de la zona, se evidenció que varias familias tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas, mientras otras permanecieron confinadas por temor a nuevos enfrentamientos.Esta situación no solo restringió su movilidad, sino que también les impidió acceder a sus cultivos, trabajos y fuentes de ingreso, aumentando la dificultad para conseguir alimentos y productos básicos.Con base en lo anterior, el CICR concentró su respuesta en las comunidades con mayores niveles de afectación y urgencia.“La comunidad no cuenta hoy en día con trabajos, se han puesto los trabajos escasos y muchos hogares no cuentan con los alimentos necesarios para los niños ya que la comunidad cuenta con una gran cantidad de niños”, señaló una de las personas beneficiarias, al referirse a la inestabilidad económica que atraviesan tras los hechos de violencia.Otro de los beneficiarios insistió en que la prioridad sigue siendo garantizar condiciones para el retorno de quienes salieron desplazados.“Lo que necesitamos es alimentos que aún no tenemos por la situación que vivimos de esta guerra que estamos viviendo dentro de nuestro Catatumbo. Pues nosotros queremos que nuestras comunidades desplazadas, nuestros habitantes desplazados vuelvan a nuestro territorio para que estemos todos unidos ya que esto está quedando totalmente solo”.
En un operativo adelantado en zona rural de Ituango, tropas del Ejército lograron el sometimiento voluntario a la justicia de tres presuntos integrantes de la Subestructura 18 de las disidencias de las Farc y la recuperación de una menor de edad que habría sido reclutada por esa organización ilegal.La acción se desarrolló en el corregimiento Santa Rita, donde unidades del Batallón de Infantería N.° 10 Coronel Atanasio Girardot, adscrito a la Cuarta Brigada, ejecutaron la operación con apoyo de la Policía Nacional de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el CTI de la Fiscalía General de la Nación. El despliegue permitió extraer con vida a los desmovilizados y garantizar la protección de la adolescente de 14 años.Según información oficial, los hombres harían parte de la comisión armada de seguridad de alias 'Ramiro', señalado cabecilla principal de la estructura ilegal. Uno de los sometidos relató que llevaba cerca de cuatro años en el grupo, luego de haber sido reclutado de forma forzada cuando era menor de edad.Durante el procedimiento, los desmovilizados entregaron una pistola, 51 cartuchos y dos radios de comunicación, material que quedó en manos de las autoridades para su judicialización. La menor, por su parte, fue puesta bajo rutas de protección para restablecer sus derechos.El Ejército señaló que este resultado evidencia el impacto de la ofensiva militar sostenida en el norte antioqueño, que ha debilitado las estructuras armadas ilegales y abierto espacios para que integrantes abandonen las armas. Las autoridades destacaron que estas acciones también permiten obtener información estratégica para futuras operaciones contra grupos residuales
A pesar de las cuantiosas pérdidas por las recientes lluvias que siguen siendo evaluadas en el Urabá antioqueño, una buen noticia llegó para la subregión tras una reciente visita del director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, a los municipios de Arboletes y San Juan de Urabá.Tras el visto bueno de ingenieros militares cada vez está más cerca la llegada de los puentes metálicos provisionales anunciados para dos pasos clave en la zona: el que derribó una creciente sobre el río Mulatos y que comunica a Necoclí y San Juan de Urabá, y el otro sobre el río San Juan que cedió por la fuerza del río y tiene sin vía directa a Arboletes con el departamento de Córdoba.En medio de una conversación con la comunidad, Carrillo detalló que están a disposición las estructuras de 42.7 metros para ser instaladas en ambos lugares, pero posterior a las obras que inicialmente ejecutará la Gobernación de Antioquia con la construcción de los estribos para las mismas."La Gobernación construye este pedazo de concreto que se necesita e inmediatamente lo lanzamos. El lanzamiento toma unos ocho días, entonces lo que se demore la Gobernación que hará esto por urgencia manifiesta, contratación directa, expedita y luego nosotros lo ponemos", dijo.Carrillo también destacó que continúa la asistencia humanitaria de los damnificados en la subregión por parte del Gobierno nacional previo censo construido por parte de las administraciones locales.De igual manera, en los próximos días se habilitará un comedor popular en el que se preparará y servirá comida caliente empleando mano de obra y productos de la subregión como una manera de volver a dinamizar uno de los sectores más golpeados por las lluvias como la economía.
Autoridades revelaron los detalles detrás de lo sucedido a Estefanía Restrepo Valencia, una creadora de contenido conocida en el mundo de las redes sociales como la Traviesa, quien el 13 de octubre fue asesinada en el sector de La Tablaza, del municipio de La Estrella, cuando se encontraba con su expareja sentimental, quien fue capturado en las últimas horas.Inicialmente, Rubén de Jesús Saldarriaga Sánchez llegó a la Clínica Las Vegas en Medellín, donde intentó encubrir los hechos manifestando que su compañera al oponerse al robo, fue agredida con arma cortopunzante, motivó por el que falleció, pero las autoridades adelantaron el análisis de cámaras de video vigilancia públicas y privadas, realizaron entrevistas, la inspección técnica al lugar de los hechos, el análisis forense y el estudio detallado del vehículo donde ocurrió la agresión. El general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana, detalló que el lado en el que fue agredida la víctima fue lo que dio indicios de que el señalado agresor mentía."En el sector de la variante podemos establecer que ellos no fueron objeto de ninguna agresión, de hurto calificado, sino que los hechos se suscitaron al interior del vehículo marca Mazda tipo Sedán. Se hace la recolección de los elementos materiales de las manchas de sangre y se pudo establecer que el origen de ese ataque no fue de la parte externa, sino que el hecho se presentó al interior del vehículo", indicó el general Bello. Además los propios familiares de Estefanía detallaron que el hombre le había sido infiel y días antes habían tenido una discriminó por esta razón, lo que motivó el fin de su relación. "Este delincuente siempre la acompañaba a hacer diferentes actividades para que ella pudiera crear todo ese contenido digital es poner en las redes sociales, los familiares son los que nos indican que ya habían habido algunos casos de intolerancia por la infidelidad de este delincuente", aclaró. El secretario de seguridad de Medellín, Manuel Villa, indicó que este caso reúne las circunstancias para que el hombre sea juzgado por el delito de feminicidio, que deberá ser tipificado por la Fiscalía."En este caso se trataría de un feminicidio, ya tocaría que sea la Fiscalía y se tipifique de esta manera, y que el tipo pague. Es un homicidio de un hombre a una mujer por motivos pasionales encaja 100% en lo que es un feminicidio y se trata de de un feminicidio y deberá responder como tal", señaló el secretario.Parte de los elementos que llamaron la atención de las autoridades es que el hombre recorriera en su carro Mazda desde la variante Caldas hasta el barrio El Poblado para que la mujer recibiera atención médica, en vez de acudir a centros asistenciales del sur, más cercanos al epicentro de los hechos.Tras la captura de este hombre en vía pública del barrio Robledo Palenque, en Medellín y las audiencias concentradas, un juez le dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad.
La muerte de Cecilia Quintero en Cúcuta volvió a encender las alarmas sobre la situación del sistema de salud en Norte de Santander. La mujer falleció mientras esperaba medicamentos para su hijo con discapacidad, un caso que sindicatos del sector califican como reflejo de un modelo que atraviesa una profunda crisis financiera y, según denuncian, un proceso de “deshumanización”.En entrevista con MañanasBlu10:30AM, el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Salud de Norte de Santander, Aristides Hernández, responsabilizó al Gobierno Nacional por la gestión de las EPS intervenidas, especialmente de la Nueva EPS, y cuestionó los constantes cambios en su dirección."El gobierno nacional ha cambiado 5 veces la interventoría en menos de 2 años... estratégicamente cambian el interventor porque cuando nos sentamos a hacer las conciliaciones y concertaciones, y cuando llegamos a la nueva mesa para mirar el desarrollo, lo que vemos que no se ha cumplido en nada", afirmó.Según el dirigente, cada relevo en la interventoría implica retrocesos en los acuerdos de pago con hospitales y clínicas, lo que mantiene en asfixia financiera a la red prestadora.Aunque desde la intervención se asegura que se realizan giros directos de entre el 80 % y 90 % a hospitales y farmacias, en el Hospital Universitario Erasmo Meoz —principal centro asistencial del departamento— aseguran que esos recursos no se reflejan en la práctica. Hernández, quien participa en la mesa de control de gastos del hospital, sostiene que las deudas siguen creciendo.El sindicato advierte que el caso de Cecilia Quintero no sería aislado. Hernández habló de un patrón de desatención que estaría generando consecuencias fatales."Nosotros ya decimos a los medios de comunicación que muera una persona por desatención ya no es noticia, porque todos los días, todos los días podemos llevar en este momento más de 5.000 personas que han fallecido por la desatención", expresó.Además del impacto en los pacientes, la crisis golpea directamente al personal médico. En varias IPS del departamento se reportan salarios adeudados desde octubre del año pasado y pagos parciales que no permiten estabilidad económica. Esto ha provocado renuncias y despidos, debilitando aún más la capacidad de atención.Frente a las declaraciones del Ministerio de Salud sobre llevar a las EPS a “cuidados intensivos”, Hernández respondió: "Los que estamos en cuidados intensivos somos los colombianos".
El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, confirmó que durante el consejo de ministros de este martes no firmó la convocatoria para impulsar la Asamblea Nacional Constituyente promovida por el presidente Gustavo Petro.Desde Cartagena, donde participa en la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20), el Minjusticia señaló que se trata de algo casi “anecdótico”, que ya había hablado en su momento con el Presidente, y que considera que es un tema “político” y “polémico”, del que prefiere “blindar” la agenda técnica del Ministerio de Justicia.“Le planteé mis observaciones, no manifestó mayor inquietud y ahora que ya inició el proceso, pues yo he manifestado mi opinión de que no acompaño, digamos, el proceso como tal, pero no es que sea un tema de que estoy enfrentado con el presidente y con el resto de compañeros de gabinete por eso. No, no ha habido ninguna instrucción de que hay que firmar el formulario. El ministro Sanguino, en el contexto de un consejo de ministros, hizo la petición y no hay ninguna instrucción de que haya que firmar; yo creo que el Presidente nos ha enviado el mensaje de que eso cada quien lo hace, porque ahí se firma en ejercicio de ciudadano, no se firma como ministro”, explicó.El recientemente designado jefe de la cartera de Justicia también aseguró que ha expresado su punto de vista con tranquilidad.“Yo expresé mi punto de vista sin que eso se convierta en un conflicto al interior del Gobierno; se ha tomado con muchísima naturalidad y tranquilidad e, incluso, yo creo que habla bien del Gobierno y del presidente que haya distintas posturas sobre un tema complejo”, sostuvo.El ministro Cuervo asimismo dejó claro que esta decisión no significa que esté en desacuerdo con el presidente Petro y sus políticas de Gobierno: “Yo creo que incluso le viene bien al Gobierno que se entienda que puede haber personas del gabinete que pueden no estar de acuerdo con algunas cosas. En lo que yo sí tengo plena afinidad con el presidente es con las políticas del Gobierno; con eso sí, yo, por decirlo de alguna manera, cumplo mis deberes institucionales y sigo la línea directriz de política del presidente en lo que tiene que ver con el sector Justicia”, puntualizó.Por otro lado, el ministro de Justicia también habló del momento que atraviesa en el Congreso la Ley de Jurisdicción Agraria, que podría hundirse de no aprobarse en esta legislatura.Explicó que ya han identificado un “cuello de botella”, entre ellos el rol de la Agencia Nacional de Tierras y de los jueces frente a las situaciones de clarificación de la propiedad.“Estamos abiertos a un buen texto, un texto en el que salga muy bien el tema. No tenemos unas líneas rojas muy claras, estamos dispuestos a escuchar y a ceder, pero también un poco en la idea de que los otros también entiendan. Yo creo que si se aprueba la jurisdicción agraria gana el país”.
El exministro y hoy candidato presidencial Daniel Palacios confirmó en entrevista con mañanas Blu 10:30 que viajó a Washington para solicitar a las autoridades de Estados Unidos revisar menciones del senador Iván Cepeda en los computadores de Raúl Reyes, en el marco del proceso judicial contra Nicolás Maduro.Durante el diálogo, Palacios negó haber actuado por instrucción del expresidente Álvaro Uribe. “Yo he hecho una campaña independiente (…) no milito en el Centro Democrático”, afirmó. Añadió que su movimiento recogió más de 1.300.000 firmas y que las decisiones adoptadas responden, según dijo, a lo que considera “responsable con el país”.Solicitud ante autoridades de Estados UnidosEl exministro explicó que presentó una solicitud directa ante la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, para que se revisen las menciones de Cepeda en el material incautado a Raúl Reyes.“Si esos computadores se les ha dado validez en Estados Unidos (…) lo que yo le pedí a la fiscal general de los Estados Unidos es que lo revise y que si ve esas menciones de Iván Cepeda y considera que deben ser investigados, pues que se haga, porque nadie puede quedar en la impunidad y Colombia merece saber la verdad”, sostuvo.Palacios señaló que entre el 13 y el 27 de marzo se desarrollaría la primera audiencia contra Maduro y que allí se conocerían los elementos probatorios. Según indicó, el computador de Raúl Reyes “es una pieza fundamental” dentro del proceso.Respuesta a señalamientos y relación con el Centro DemocráticoFrente a los señalamientos de Cepeda, el candidato cuestionó lo que calificó como una estrategia de victimización. “Se tiene que conocer la verdad de sus vínculos, de sus relaciones, de su cercanía con las extintas Farc, y nadie está por encima de la ley, señor Cepeda”, expresó.Sobre su relación con el Centro Democrático, Palacios aseguró que no existe una pelea. “Sencillamente se tomó una decisión de hacer una competencia de manera independiente (…) no seré obstáculo para quien tenga mayor chance de derrotar el continuismo de Gustavo Petro”, afirmó.Finalmente, reiteró que su candidatura busca “derrotar a la delincuencia” y evitar lo que denominó el “continuismo” del actual gobierno, insistiendo en que continuará con su campaña presidencial.Escuche la entrevista completa acá:
Con el inicio de la Cuaresma, la Conferencia Episcopal de Colombia, a través del Secretariado Nacional de Pastoral Social–Cáritas Colombiana, lanzó la Campaña de Comunicación Cristiana de Bienes 2026, una iniciativa que se desarrollará en todo el país y que este año prioriza la atención a departamentos como Córdoba, Sucre y la región del Urabá, donde las lluvias han generado graves afectaciones."Para que, más allá de nuestras diferencias, pongamos en el corazón de nuestra preocupación a todos nuestros hermanos y hermanas que están experimentando un sufrimiento muy grande, y que no es de poco tiempo, sino que va a requerir un esfuerzo muy grande para ayudar también a todos los procesos de reconstrucción de viviendas, de caminos, de escuelas”, aseguró Monseñor Francisco Javier Múnera, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia.Según explicó la Iglesia, los recursos recaudados fortalecerán el Servicio Nacional de Emergencias de Cáritas Colombiana, que durante 2025 respondió a 25 emergencias. En ese periodo atendieron a más de 12.000 personas, correspondientes a 3.336 familias, mediante la entrega de kits de alimentos, higiene, elementos de noche, cocina y apoyo para bebés, con una inversión cercana a los 832 millones de pesos.Según el balance entregado, en lo corrido de 2026, la organización ya ha destinado 228 millones de pesos para apoyar a comunidades afectadas en municipios como Montelíbano, Apartadó, Riohacha, Guapi e Istmina, en un contexto que, según advirtieron los obispos, requerirá esfuerzos sostenidos para la reconstrucción de viviendas, infraestructura comunitaria y medios de vida.La Iglesia hizo un llamado a los colombianos a sumarse a la campaña a través de las parroquias del país o mediante donaciones al fondo nacional de emergencias, con el fin de “convertir la fe en acción concreta, estructurada y transparente, para que la caridad se traduzca en esperanza real para miles de familias que hoy enfrentan la adversidad”.
En Colombia, más de 9 millones de ciudadanos han sido obligados a abandonar sus hogares como consecuencia del conflicto armado, el control territorial de grupos ilegales y las disputas por economías ilícitas, un fenómeno que durante décadas ha profundizado la pobreza, la exclusión y la desigualdad en amplias regiones del país.En este contexto, el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad para las Víctimas y Prosperidad Social, presentó el CONPES 4180, una nueva política pública que proyecta una inversión de 10,1 billones de pesos, que busca establecer soluciones duraderas para las víctimas de desplazamiento forzado. El documento, aprobado el 30 de diciembre de 2025, traza una hoja de ruta con 66 acciones orientadas a facilitar la estabilización socioeconómica de esta población.De acuerdo con el DNP, el objetivo es coordinar una respuesta institucional que permita superar las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan millones de víctimas. “Es un documento que coordina acciones, 66 acciones intersistémicas, intersectoriales, con un presupuesto indicativo de 10 billones de pesos”, explicó la directora de la entidad, Natalia Irene Molina.La meta es que al menos el 75 % de las víctimas logre superar su situación de vulnerabilidad mediante el acceso a empleo, generación de ingresos e integración social, ya sea a través del retorno a sus territorios, la reubicación o su permanencia en las comunidades donde reconstruyeron sus vidas.Desde la Mesa Nacional de Víctimas, Odorico Guerra Salgado, coordinador del eje temático de desplazamiento forzado, advirtió que el principal desafío será que las medidas anunciadas se traduzcan en acciones concretas en los territorios.“Nosotros primero que todo esperamos que haya una verdadera voluntad política por parte de las instituciones del gobierno nacional para que esa implementación del CONPES de soluciones duraderas sea exitosa en los territorios y que ojalá no sea una ni dos, sino todas las 66 acciones que están contenidas en el CONPES 4180 se puedan hacer realidad”, señaló.Giovanni Lepri, representante en Colombia de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), aseguró que la política representa un avance, aunque sus resultados se verán con el tiempo. “El CONPES para nosotros es un punto de partida, no es un punto de llegada, pero es un punto de partida muy relevante porque es la primera vez que hay una política pública estructurada alrededor de buscar soluciones”, afirmó.Lepri también advirtió que muchas víctimas han vivido durante años en condiciones de vulnerabilidad, especialmente en entornos urbanos, donde la integración social y el acceso efectivo a derechos siguen siendo un desafío.“Hay personas que llevan una situación de vulnerabilidad causada por el desplazamiento desde hace muchos años, entonces ya por ejemplo vemos que el 70 % más de la población desplazada quiere quedarse en áreas urbanas, (…) lo que van a hacer van a ser ciudadanos de las ciudades que ya los han recibido hace muchos años, pero le ha faltado esta parte de regularización y de un acceso a derechos de coste efectivo de sus derechos”, explicó.El documento contempla la articulación de 24 entidades del orden nacional y territorial, responsables de ejecutar las acciones previstas. No obstante, el propio Departamento Nacional de Planeación reconoció que los recursos dependerán de la disponibilidad fiscal y de las decisiones presupuestales de cada entidad.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, le pidió a la Corte Constitucional declarar inconstitucional el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de emergencia económica y social en todo el país.No obstante, solicitó que la Corte “declare la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”.En un documento enviado al magistrado Carlos Camargo Assis, la defensora examinó tres de las causas que el Gobierno presentó como fundamento de la emergencia: el cumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la financiación del sistema de salud; el deterioro de la seguridad territorial y los riesgos para líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos electorales; y el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del conflicto armado.Crisis en salud y financiación de la UPCEn materia de salud, la Defensoría recuerda que desde 2016 se estableció como estándar mínimo que la UPC del régimen subsidiado no sea inferior al 95 % de la del régimen contributivo. La persistencia en los incumplimientos ha generado incluso incidentes de desacato.Según cifras recopiladas por la entidad, en 2025 la Adres destinó $88,4 billones a la UPC, lo que representa el 88 % de los recursos del sistema. Para 2026 se proyectan $101 billones, un incremento del 14,3 %.“No obstante, las EPS reportaron una siniestralidad del 109,5 %, que implicó un déficit presupuestal estimado de $5,95 billones, sin incluir los $5,2 billones adicionales correspondientes a gastos administrativos”, señala el documento.La Defensoría advierte que “la evidencia disponible indica que el ajuste proyectado de la UPC para 2026 corrige solo parcialmente el problema, pues subsisten déficits estructurales acumulados de vigencias anteriores. De hecho, el requerimiento fiscal de 3,3 billones que indica el Gobierno en el Decreto 1390 puede incrementarse si se consideran las deudas acumuladas del sistema, estimadas entre $10 y $30 billones, respecto de las cuales no existe consenso”.La entidad también señala que el desfinanciamiento ha impactado directamente el acceso a medicamentos y servicios. “En definitiva, el panorama descrito permite concluir que la desfinanciación de la UPC configura una situación de gravedad e inminencia que exige una respuesta urgente del Estado orientada a asegurar la búsqueda de fuentes adicionales de recursos que facilite la estabilidad de los pagos en la cadena de atención y la protección efectiva de las personas, especialmente las más vulnerables”.Las cifras respaldan esa advertencia. Las quejas por fallas en la prestación del servicio aumentaron 78 % entre 2023 y 2025. Solo en 2025 se registraron más de 46.000 reclamaciones. También crecieron las tutelas y los reclamos ante la Superintendencia de Salud, con cerca de 685.000 quejas por medicamentos. Además, el gasto de bolsillo de los hogares alcanzó su nivel más alto en años, llegando en algunos departamentos hasta el 30 % de los ingresos familiares.Sin embargo, pese a reconocer la gravedad de la situación, la Defensoría argumentó que “ninguna de estas causas cumple el presupuesto fáctico de sobreviniencia” y que el Gobierno “no demostró la insuficiencia de los mecanismos ordinarios”, entre ellos la “reasignación del presupuesto flexible” y las “operaciones de crédito público”.Seguridad y orden públicoEl segundo argumento del Gobierno fue el deterioro del orden público, los ataques con drones en departamentos como Cauca, Cesar y Norte de Santander, y el aumento del riesgo para líderes sociales y candidatos en el contexto electoral.La Defensoría señala que solo en 2025 se documentaron 177 homicidios de personas defensoras de derechos humanos. También aumentaron las amenazas contra actores políticos.Sin embargo, la entidad sostiene que la violencia contra líderes sociales ha sido advertida durante años a través del Sistema de Alertas Tempranas. Incluso el uso de drones con explosivos ya había sido documentado antes de la declaratoria de emergencia.“Si bien los riesgos para la población líder y defensora de derechos humanos, así como para los y las candidatas son graves, el Decreto no identifica un riesgo efectivo capaz de materializarse en un daño concreto e inminente”.Además, recuerda que el Congreso ya había aprobado aumentos presupuestales para el sector defensa y para la Unidad Nacional de Protección.Reparación a víctimasEl tercer punto analizado fue el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del desplazamiento forzado.Según el documento, “el gobierno había pagado indemnizaciones a un total de 1.769.413 víctimas”, cifra que “corresponde únicamente al 19% de las 9.226.775 personas susceptibles de recibir la medida”.Pero la Defensoría insiste en que tampoco se trata de un problema reciente. Desde la expedición de la Ley de Víctimas en 2011 se advertía que la financiación sería insuficiente frente al universo real de afectados.“En 2022, la entonces directora de la Unidad para las Víctimas indicó que, de no adoptar medidas adicionales, tardaríamos más de 60 años en reparar a todas las víctimas registradas hasta ese momento.32 Esto evidencia que el problema de los pagos atrasados por concepto de reparación no es nuevo y que obedece a un problema estructural advertido por el gobierno desde tiempo atrás”.Inconstitucionalidad con efectos diferidosCon base en todo este análisis, la Defensoría concluye que el Decreto es inconstitucional porque no se cumplieron los requisitos para declarar un estado de excepción.No obstante, hace una precisión clave sobre la salud. Advierte que “la falta de liquidez financiera en el sistema de salud demanda medidas inmediatas y certeras para conjurar el progresivo agravamiento de los problemas de acceso equitativo a medicamentos, tratamientos y procedimientos incluidos en el PBS”. Y agrega que “ante la duda, la solución debe contemplar todas las medidas posibles para conjurar la extensión de la crisis”.Por eso insiste en que la Corte declare la inconstitucionalidad, pero con efectos diferidos en lo relacionado con las medidas tributarias.“Declarar la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”, y “preservar las medidas tributarias adoptadas en el Decreto 1474 de 2025 por el término de la vigencia fiscal de 2026”, con destinación específica al sistema de salud.También pide que la Procuraduría, la Contraloría y la Sala Especial de Seguimiento ejerzan vigilancia estricta sobre esos recursos, y exhorta al Gobierno y al Congreso a tramitar una ley de financiamiento que estabilice estructuralmente el sistema.
Un operativo conjunto el Ejército y la Policía permitió ubicar y neutralizar un arsenal de alto poder perteneciente a las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco', en zona rural del departamento del Meta. El material de guerra estaba oculto en la vereda La Floresta, jurisdicción de El Castillo, y según inteligencia, iba a ser usado en ataques contra la Fuerza Pública y comunidades de Meta y Guaviare.En el depósito ilegal fueron halladas 190 granadas adaptadas para drones, 56 granadas de mortero, 88 minas antipersonal y 100 detonadores. El hallazgo confirma la evolución de las tácticas de esta estructura armada criminal, que está apostándole al uso de explosivos lanzados desde el aire para maximizar daño y alcance.El director de la Policía, el general William Rincón Zambrano, aseguró que el resultado golpea directamente las capacidades logísticas del grupo armado y evita posibles acciones violentas. Según dijo, el arsenal representaba una amenaza directa para uniformados y población civil.Desde el departamento de Policía Meta también advirtieron que el material incautado permitiría ataques con drones cargados de explosivos, una modalidad que ha encendido alertas en varias regiones del país. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar movimientos sospechosos que permitan anticipar atentados.La operación contó con el apoyo de la Fiscalía y sigue en desarrollo para ubicar a los responsables del almacenamiento del material y debilitar la estructura 'Martín Villa', señalada de operar bajo el mando de Mordisco. Mientras tanto, las autoridades mantienen presencia reforzada en la zona ante posibles retaliaciones.
El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Las Farc incluyeron a 25 capos del narcotráfico pedidos en extradición por Estados Unidos en la lista de beneficiarios del acuerdo de paz, aunque presuntamente no eran miembros de la exguerrilla, según una investigación revelada este domingo por el diario El Tiempo. Los narcotraficantes, que están presos y de los cuales cinco son extranjeros, incluido un ecuatoriano, hacen parte del listado de más de 14.000 rebeldes entregado por la dirigencia guerrillera al gobierno para acceder a los beneficios del pacto para acabar con 53 años de conflicto armado, indicó el medio. Según la publicación, las autoridades investigan si mandos de la exguerrilla recibieron millonarios pagos para incluir a estas personas en el registro, con lo cual podrían acceder a subsidios y a un tratamiento jurídico especial, entre ellos evitar la extradición. "El miembro de las Farc que se esté prestando a negociaciones delictuosas para colar narcotraficantes o personas que no pertenecen a la organización pierde toda suerte de beneficios", explicó a El Tiempo el alto comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera. Rivera afirmó que los capos -líderes de distintas organizaciones criminales- aún no han sido certificados como miembros de las Farc. El comisionado aseguró que el Gobierno recibe las listas bajo el "principio de buena fe" de las Farc, sin embargo organismos de inteligencia y la Fiscalía acreditan la información. "Si recibimos información de que no son de las Farc van a ser revocados", apuntó. Hasta el momento las Farc han retirado a 160 personas del registro, entre ellas tres de los 25 capos, y las autoridades investigan a otras 352 personas, entre ellos varios extraditables, para asegurarse de que realmente integraron la exguerrilla. Otros 11.200 han sido acreditados como miembros de la insurgencia. Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
En diálogo con BLU Radio, Rosa Emilia Salamanca, vocera de la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz que agremia más de 1.500 organizaciones, sostuvo que el cese bilateral del fuego debe extenderse más allá del primero de enero del año entrante para que se den pasos hacía una construcción de paz completa. “Aspiramos que de las condiciones en estos meses y en otras discusiones consideren la posibilidad de ampliar o prolongar el cese bilateral del fuego y sea un paso definitivo a una construcción”, explicó Salamanca. Sostuvo que, al igual que en La Habana, las mujeres serán parte activa y ya están diseñando propuestas para involucrarse en los diálogos de Quito. “Allí las mujeres buscarán espacios”. Lea también: ONU celebra cese bilateral entre Gobierno y ELN Dijo que las mujeres han estado trabajando muy duro en los procesos de negociación con los distintos actores armados. “Indudablemente apoyamos el cese bilateral del fuego”. “El cese el fuego mejora las condiciones de la población civil. Muchas de las víctimas que son atropelladas son mujeres. Un cese mejora la vida de la mujer local”, dijo Salamanca. La Cumbre Nacional de Mujeres y Paz está conformada por 8 plataforma de 1.500 organizaciones de mujeres que nos hemos unido para trabajar de manera conjunta por el tema de la paz. Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
El Centro de Memoria Histórica acogió, en el marco de la Semana por la Paz, a las víctimas del atentado al Club El Nogal y a líderes de las Farc y los paramilitares. Bertha Lucía Fries es una de las millones de víctimas de la violencia en Colombia. Se encontraba en el Club El Nogal cuando ocurrió el atentado de las Farc y el lunes se reunió con Jesús Santrich y ‘El Alemán’, uno de los más fuertes del paramilitarismo. En entrevista con Mañanas BLU, Fries confirmó que Freddy Rendón Herrera alias ‘El Alemán’ le aceptó un encuentro privado en el que se reunirán para hablar sobre el atentado. Lea también: Víctimas de El Nogal se reunieron con exparamilitares y Farc “Acordamos que íbamos a hacer un encuentro privado con alias ‘El Alemán’”, manifestó Bertha. Dijo que le preguntó a ‘El Alemán’ si es cierto que los paramilitares estaban dentro del Club y si es cierto que Mancuso dormía ahí, a lo cual Rendón le reiteró que se reunirían en privado. En ese sentido, destacó que tanto los exparamilitares como los exguerrilleros se declararon dispuestos a aportar verdad sobre el atentado terrorista que cobró la vida de 36 personas. Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
Rivera, quien fue ministro de Defensa al inicio del Gobierno Santos, dijo que todo en el proceso de paz ha sido “un proceso de siembra y cosecha. Haber cerrado espacios a las Farc, para poder reestablecer incluso relaciones exteriores, volcar a la comunidad internacional para que apoyaran la presión política y diplomática para que no siguieran delinquiendo fue generndo golpes muy estratégicos y sentó las bases para que después, ahora, pudiéramos avanzar en una serie de cerco para, posteriormente, poner condiciones”. Señaló que desde el año 2003 hasta ahora se ha logrado la desmovilización individual de 18.000 miembros de las Farc, sin contar los 13.000 que ahora con el acuerdo se desmovilizan. “Los tres gobiernos (Uribe-Santos) últimos les dieron duro a las Farc. Uribe les dio muy duro, pero faltaban muchos. Muy posiblemente hubiéramos seguido por el camino de la guerra si no se nos hubiese presentado esa luz del acuerdo, pero Santos capturo esa oportunidad para que las farc pasaran a la sociedad civil y se garantice que ese dolor y esa pesadilla no se repita”. Respecto a la polémica generada por los bienes declarados por las Farc, indicó que las cosas se resuelven con institucionalidad. “Lo primero que hicimos fue recibir un inventario y entregarlo a la fiscalía y el segundo integrar una comisión de juristas que asesore la sociedad de activos especiales para verificar cada bien y custodiarlos y registrarlos”. Le puede interesar: Listo el ponente de la JEP en la Cámara de Representantes. “Las Farc han entregado un listado que ascendería a casi un billón de pesos, el estado debe verificar. Se abona que el proceso genero ese compromiso y han cumplido con entregar la lista de bienes. Si tienen algo ilegal estarían reincidiendo que sería de jurisdicción de la fiscalía”. Del paso de las Farc a la política recordó que el acuerdo prohíbe que la justicia especial de paz disponga inhabilidades políticas para miembros de las Farc, pero el acuerdo establece que la justicia especial de paz va a ocuparse de los delitos más graves y reparar a las víctimas. Finalmente, se refirió a la entrada en funcionamiento de la JEP, al decir que se trabaja con celeridad para que el 26 de septiembre sean designados los magistrados “para que asuman funciones cuanto antes. Inmediatamente en noviembre y en largo plazo como en mayo. Esperemos que arranque en noviembre”.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, estructuras en las que se concentraron los secuestros más complejos, prolongados y violentos del conflicto armado.En el caso del Bloque Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, la JEP los halló responsables por secuestros cometidos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.Para el Bloque Sur, las conductas investigadas ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y en sectores de Cauca y Meta.Los imputados del Bloque Oriental son: Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Darío Lee Díaz (Robledo); Luis Montes (Euclides Bermúdez); Ángel García (Hernán Benítez); Ezequiel Hueguía (Rolando Romero); y William Tovar (Franklin Smith Caicedo). Según la JEP, este bloque tuvo un papel central en secuestros con fines de canje, especialmente contra figuras políticas, entre ellas Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial, y Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial y jefa de campaña.La investigación estableció que, debido a su mayor capacidad operativa y control territorial, el Bloque Oriental recibió durante años a víctimas de secuestro provenientes del Bloque Sur, particularmente aquellas retenidas para intercambio por guerrilleros presos. Estas personas permanecieron durante largos periodos en campamentos selváticos, en condiciones extremas de cautiverio.La Sala de Reconocimiento llamó a estos comparecientes a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, así como por otros delitos cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.Además, les atribuyó crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y conductas asociadas, como desaparición forzada, asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos, los cuales, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.La investigación concluyó que los excombatientes imputados tenían control efectivo sobre su tropa y capacidad de imponer disciplina, por lo que son responsables tanto por haber impartido órdenes directas que derivaron en secuestros y asesinatos, como por no impedir los abusos cometidos contra las víctimas durante el cautiverio.Algunos de ellos, además, participaron de manera directa en crímenes graves y comandaron campamentos donde las personas permanecieron privadas de la libertad durante años.De acuerdo con la JEP, el Bloque Oriental fue responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP en todo el país, mientras que el Bloque Sur concentró el 8 %. Sin embargo, el 18 % de las víctimas acreditadas ante la JEP señalan al Bloque Sur como responsable. Entre las 4.439 víctimas acreditadas, 1.239 atribuyen su secuestro al Bloque Oriental y 771 al Bloque Sur.La JEP documentó que ambos bloques actuaron bajo tres patrones criminales: secuestros para financiar la organización, para forzar intercambios por guerrilleros presos y para ejercer control social y territorial. En este último patrón se registraron trabajos forzados, castigos colectivos y asesinatos de personas que intentaron escapar del cautiverio.Con estas imputaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la investigación del Caso 01 y dejó delimitada la lista de responsables por el secuestro en las Farc-EP. El proceso entra ahora en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, en la que los imputados deberán aceptar o rechazar los cargos en un plazo de 30 días.De haber reconocimiento, se avanzará hacia sanciones propias de carácter restaurativo; de lo contrario, los casos podrán ser remitidos al Tribunal para la Paz o a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían derivar en juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.