La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
Los consorcios Red Hospitalaria y Centros Guajira emitieron un comunicado en el que explican su participación en el proyecto de construcción de los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) en La Guajira, luego de denuncias públicas relacionadas con un contrato interadministrativo por cerca de 82.000 millones de pesos entre el Ministerio de Salud y ENTerritorio.Las empresas señalaron que fueron contratistas de ENTerritorio para desarrollar 12 de los 25 centros priorizados y que su intervención se dio a través de una licitación pública.Según el documento, los consorcios indicaron que su labor se concentró en la primera etapa de los contratos, correspondiente a estudios y diseños, los cuales afirman fueron entregados dentro de los plazos y condiciones establecidos. También explicaron que los contratos incluían una cláusula que supeditaba su continuidad a la vigencia del acuerdo interadministrativo entre las entidades públicas, cuya no prórroga derivó en la terminación anticipada de los contratos y en la suspensión de la fase de construcción, que ya había iniciado en seis proyectos.Las empresas manifestaron que no han recibido pagos por los trabajos realizados, pese a que los productos fueron entregados y revisados por la interventoría. Indicaron que esta situación ha generado afectaciones económicas y que existen inversiones en materiales y equipos en los sitios de ejecución. En el comunicado rechazaron señalamientos que los responsabilicen por retrasos o irregularidades y señalaron que la planeación, financiación y supervisión general del contrato correspondían a ENTerritorio.Finalmente, los consorcios expresaron su disposición a participar en una salida institucional que permita retomar el proyecto y plantearon como alternativa que el Ministerio de Salud asuma directamente la ejecución o la delegue en otra entidad pública. Señalaron que los CAPS están destinados a atender a cerca de 400.000 habitantes de varios municipios del departamento y reiteraron su compromiso con la continuidad de las obras.
El pronunciamiento se da luego del ataque a la camioneta en la que se trasladaba el esquema de protección del senador Jairo Alberto Castellanos, en la vía que comunica a los municipios de Fortul y Tame.En el atentado perdieron la vida Wilmer Antonio Leal, escolta de la Unidad Nacional de Protección, y Esmelli Manrique, patrullero de la Policía Nacional.En su comunicado, ONU DDHH pidió a las autoridades a adelantar investigaciones que permitan identificar, juzgar y sancionar a los responsables del atentado, asi como adoptar medidas urgentes para garantizar la seguridad de quienes no participan en las hostilidades.“Instamos a las autoridades competentes a investigar, juzgar y sancionar a los responsables del ataque y a tomar medidas eficaces para proteger a quienes no participan de las hostilidades”, afirmaron en su comunicado.Asimismo, señalaron que este tipo de ataques constituyen una grave violación al Derecho Internacional Humanitario. En ese sentido, reiteró a los grupos armados abstenerse de atacar a personas que no participan directamente en las hostilidades, como servidores públicos y personal de protección civil.“Reiteramos a los grupos armados no estatales que atacar a quienes no participan en las hostilidades, como servidores públicos y personal de protección civil, constituye una infracción del Derecho Internacional Humanitario DIH. Urgimos a los grupos armados no estatales a respetar la vida e integridad de la población civil, y los derechos humanos”.Finalmente, la ONU expresó sus condolencias y solidaridad con las familias, amigos y compañeros de Wilmer Antonio Leal y Esmelli Manrique.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador confirmó que habrá una "reunión privada" con una delegación de alto nivel que llegará desde Colombia este viernes para dialogar sobre la agenda bilateral en medio de la guerra comercial en la que están inmersos ambos países."Efectivamente hoy se llevará a cabo la reunión entre cancilleres más autoridades de los dos países. Será una reunión privada sin cobertura", señalaron desde el Ministerio sin dar más detalles, después de que Colombia anunciara que una misión de ese país viajará a Ecuador para la cita.La Cancillería ecuatoriana no ha confirmado la hora ni el lugar en que se realizará la reunión entre las autoridades de ambos países ni si después de la cita se emitirá algún pronunciamiento sobre los resultados obtenidos.La delegación colombiana la encabezan la canciller, Rosa Villavicencio, y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, quienes estarán acompañados por directivos de los ministerios de Comercio, Industria y Turismo; de Minas y Energía, de Justicia y de la petrolera estatal Ecopetrol."Como resultado del encuentro se espera llegar a entendimientos en materia de seguridad y defensa, así como acordar pasos concretos para el pleno restablecimiento de los intercambios binacionales en los ámbitos fronterizo, comercial y energético", señaló la Cancillería colombiana en un comunicado.La reunión se da después de que el pasado 1 de febrero entrara en vigor un arancel del 30 % impuesto por Ecuador a las importaciones procedentes de Colombia por la supuesta "falta de reciprocidad y acciones firmes" de este país en la lucha contra el narcotráfico en la frontera de 586 kilómetros.A esa medida, ordenada por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, Colombia respondió con aranceles también del 30 % a más de cincuenta productos ecuatorianos, además de suspender las ventas de energía eléctrica a su vecino del sur.Posteriormente, Ecuador elevó de 3 a 30 dólares la tarifa de transporte de crudo de la petrolera estatal colombiana Ecopetrol por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), uno de sus dos grandes oleoductos.Colombia aseguró este viernes que su delegación "espera ratificar el ofrecimiento de apoyo" a Ecuador "para un control más efectivo de los fenómenos derivados de la delincuencia organizada transnacional".Ecuador se encuentra desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" declarado por Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, principalmente dedicadas al narcotráfico, y a las que el Gobierno atribuye la escalada de violencia sin precedentes que registra el país andino, que cerró 2025 con un récord de homicidios, al contabilizar 9.216.
Una situación de extrema urgencia se vive a esta hora en el corregimiento de Vanegas, jurisdicción de Lebrija, tras el violento desbordamiento del río que da nombre al municipio. La emergencia, que se desencadenó de forma repentina tras las intensas lluvias en la parte alta de la cuenca, ha dejado hasta el momento un saldo preliminar, según reportó la comunidad, de seis personas desaparecidas y decenas de familias damnificadas que lo han perdido todo bajo la fuerza de la corriente.El panorama en la zona es desolador, con reportes de viviendas arrasadas y la pérdida total de animales y cultivos. El clamor de los habitantes es desesperado ante la imposibilidad de ponerse a salvo por sus propios medios, puesto que el nivel del agua alcanzó alturas críticas en cuestión de minutos.“Necesitamos ayuda, que por favor el Ejército, la Defensa Civil, un helicóptero que rescate a la gente de la vereda Vanegas, porque se metió el río terrible, hubo muchos desastres, se llevaron las casas, los animales, dicen que hay gente ahogada, no encuentran las personas, hay gente encima de los techos, no pueden pasar a la otra gente. Rescatarlos, porque el río está muy fuerte, está muy crecido, se metió el río al pueblo. Y lo otro, las pocas personas que están, solamente se lograron subir a los techos, y están esperando que lo rescaten”, relató con angustia una de las residentes afectadas mientras el agua continuaba golpeando las estructuras sobrevivientes.Ante la magnitud de la tragedia, la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander confirmó que ya se ha ordenado el desplazamiento inmediato de los organismos de socorro hacia la zona de desastre. Sin embargo, las dificultades en el terreno y el ímpetu del caudal podrían complicar las labores de rescate, por lo que la comunidad insiste en la necesidad de apoyo aéreo para evacuar a quienes permanecen aislados en las partes altas de sus viviendas. Se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen un balance oficial sobre el estado de las personas desaparecidas y el censo total de damnificados en esta zona rural del departamento de Santander.Noticia en desarrollo.
Toyota nombró un nuevo director ejecutivo para "acelerar" la toma de decisiones, anunció el gigante automovilístico japonés este viernes, y además elevó sus previsiones de beneficios y ventas para el actual año fiscal pese al impacto de los aranceles de Estados Unidos.El actual director financiero, Kenta Kon, sustituirá a Koji Sato como consejero delegado el 1 de abril, tras tres años al frente, informó la empresa."Este cambio de funciones tiene como objetivo acelerar la toma de decisiones de la dirección en respuesta a los cambios en el entorno interno y externo", señaló Toyota.El anuncio se produjo mientras la empresa prevé un beneficio neto de 3,57 billones de yenes (22.800 millones de dólares) para el ejercicio que finaliza en marzo, un descenso interanual del 25,1% pero por encima de los 2,93 billones de yenes anticipados anteriormente.A pesar del "impacto negativo de los aranceles de Estados Unidos que surgió este año fiscal, hemos reducido el alcance de la caída de las ganancias mediante la implementación de reducciones de costos y esfuerzos de mercadotecnia", dijo la empresa en un comunicado.Se espera que las ventas aumenten un 4,1% interanual hasta 50 billones de yenes, una ligera revisión al alza.Sin embargo, Toyota señaló que el trimestre de septiembre a diciembre registró una caída del beneficio neto y operativo a pesar de un aumento de las ventas, en gran medida debido a un "impacto de los aranceles" que incrementó los gastos.La empresa había anunciado en enero que las ventas globales alcanzaron un nuevo récord en 2025, lo que le ayudó a mantener su título como el mayor fabricante de automóviles del mundo y a ampliar la distancia con su rival alemán Volkswagen.El aumento general se produjo a pesar de las ventas estancadas en China, un mercado crucial donde Toyota enfrenta una competencia creciente de fabricantes locales, incluido el campeón de los autos eléctricos BYD.Las ventas en el mercado clave de Estados Unidos subieron un 8% a pesar del gravamen del 25% a las exportaciones de autos japoneses impuesto por Washington entre abril y mediados de septiembre, cuando entró en vigor un tope del 15%.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón La Popa, aceptó su responsabilidad ante la JEP por falsos positivos, cometidos entre 2004 y 2005 en Valledupar.La decisión se produjo luego de la imputación formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que documentó 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 casos de tortura.Durante la diligencia, Figueroa reconoció su responsabilidad por omisión, al admitir que no identificó ni detuvo a tiempo las acciones criminales cometidas por sus subalternos.“Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados”.Según la acusación de la UIA, los hechos respondieron a tres modalidades. La primera se caracterizó por asesinatos y desapariciones de personas que luego eran presentadas como supuestos resultados operacionales.La segunda modalidad correspondió a homicidios de civiles que algunos integrantes de los pelotones identificaban de manera arbitraria como “objetivos militares ilícitos”, para hacerlos pasar como miembros de grupos armados ilegales.La tercera estuvo marcada por el asesinato de combatientes que ya habían depuesto las armas o que se encontraban heridos tras enfrentamientos legítimos con tropas del batallón.En su declaración, Figueroa sostuvo que durante su mando no identificó el riesgo específico de los falsos positivos y aseguró que esto solo fue reconocido de manera general en la Fuerza Pública a partir de 2007, cuando estallaron los escándalos a nivel nacional.“Ese riesgo operacional no fue contemplado bajo mi mando porque los riesgos operacionales que para esa época se tenían eran el robo de armamento, robo de municiones, robo de equipo militar, infiltrados, penetrados, las nóminas paralelas, tráfico de información, miembros que posiblemente podían estar en concierto para delinquir con organizaciones armadas al margen de la ley”, afirmó.Con la aceptación de responsabilidad, el proceso ya no continuará por la vía del juicio adversarial. Ahora, la JEP aplicará la ruta de reconocimiento tardío, que contempla la realización de una audiencia restaurativa. Esta diligencia fue programada para el 24 de marzo a las 9:00 de la mañana, espacio en el que se abordarán las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas.Posteriormente, el tribunal deberá imponer una sanción alternativa, que implica entre 5 y 8 años de cárcel.
La situación del diálogo de paz en Colombia se encuentra en un punto crítico, según Otty Patiño, Comisionado de Paz del actual gobierno. En entrevista con Camila Zuluaga en Mañanas Blu, Patiño analizó la situación del Ejército de Liberación Nacional ELN y la interrupción de las negociaciones, subrayando la fragilidad de la paz en el país. También dio detalles de un grupo de guerrilleros del ELN, muy entrenados, que salieron de Arauca y llegaron a la región del Catatumbo para liderar acciones armadas. "La paz también significa una depuración al interior de esas organizaciones. Hay quienes quieren la paz y quienes no", explicó Patiño. Esta fragmentación dentro del ELN refleja la complejidad del proceso de paz, donde algunos grupos buscan continuar con la violencia, mientras otros están abiertos al diálogo. La reciente suspensión de los diálogos con el ELN ha sido desencadenada por la falta de acciones concretas hacia la paz por parte del grupo guerrillero. La respuesta del gobierno colombiano debe ser firme, enfocándose en estrategias diplomáticas para abordar el apoyo que el ELN recibe desde el exterior, especialmente desde Venezuela. Patiño enfatizó la necesidad de que el gobierno venezolano tome acciones contra los grupos ilegales que operan en su territorio, destacando que la frontera colombovenezolana debe ser un área de cooperación y seguridad, no de violencia. La situación es particularmente alarmante en regiones como el Catatumbo, donde los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc han dejado a la población civil en un estado de vulnerabilidad. "Los que padecen son las comunidades", afirmó Patino, haciendo eco del dolor que sienten las familias por la violencia constante. El desafío continúa, pues la percepción acerca de la falta de intención real de paz por parte del ELN persiste. Muchos sostienen que el grupo busca fortalecerse en lugar de avanzar hacia un acuerdo definitivo. Patiño afirmó que el ELN ha logrado ganancias territoriales y financieras durante el tiempo de negociación, lo que plantea serios retos para el futuro de la paz en Colombia. El camino hacia la paz total demanda un enfoque integral y la voluntad de todos los actores involucrados. Las negociaciones no son solo un tema político, sino que también involucran la realidad del pueblo colombiano que quiere vivir en paz y seguridad. La coordinación entre las diferentes entidades y una respuesta contundente ante la violencia son cruciales. Escuche la entrevista completa aquí:
"Los señores del ELN han tomado la decisión unilateral de romper los diálogos de paz", advirtió el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, tras llamar bárbaros a los integrantes de esa guerrilla y acusarlos de cometer crímenes de guerra. "Fueron masacrados firmantes del acuerdo de paz", añadió.Diálogos que no remontan Esta nueva suspensión llega después de que en las últimas semanas pareciera que los diálogos podrían volver a reactivarse en una reunión que se iba a producir tras las de noviembre en Caracas cuando Grabe y el jefe negociador del ELN, 'Pablo Beltrán', se vieron, algo que no hacían desde el 26 de mayo y de un año tormentoso.A principios del año pasado, el Gobierno comenzó en el departamento de Nariño, limítrofe con Ecuador, acercamientos con los Comuneros del Sur, una supuesta escisión del ELN -de la que esa guerrilla dice que realmente son infiltrados del Gobierno para debilitarlos- y cuyo jefe es Gabriel Yepes Mejía, conocido como 'HH' o 'Samuel'.Eso ha inquietado al ELN que demandaba a Grabe y los suyos pronunciarse sobre si estaban negociando a nivel estatal o local. De hecho, esta misma semana el consejero comisionado para la paz, Otty Patiño, le envió una carta a Beltrán dejando ver que no iban a dejar de negociar con los Comuneros y advirtiendo a la guerrilla de que la paciencia del Gobierno no era infinita.Así también se hacía una referencia velada a que el ELN en todo este tiempo ha seguido perpetrando ataques: desde el secuestro del padre del futbolista Luis Díaz en octubre de 2023, al ataque en septiembre de 2024 a una base militar en el departamento de Arauca que dejó tres militares muertos y casi una treintena de heridos.Petro dijo entonces que este último ataque era "prácticamente una acción que cierra un proceso de paz con sangre", aunque la delegación del Gobierno matizó después y afirmó que significaba que iban a congelar la mesa, pues siempre iban a estar dispuestos a negociar.Ahora llega esta "operación militar que está haciendo el ELN, con unidades que ha trasladado desde el departamento de Arauca hasta el Catatumbo, con el propósito de que los combatientes agredan a la población", en palabras de Cepeda."Las principales víctimas son los civiles, los líderes sociales, las personas que han dejado las armas y están en el proceso de reincorporación tras acuerdo de paz de 2016. Eso son crímenes de guerra", aseguró Cepeda, haciendo notoria la distancia que parece difícilmente irreconciliable entre el Gobierno y el ELN.
El comisionado de Paz, Otty Patiño, aclaró los alcances de la decisión del presidente Gustavo Petro de suspender los diálogos de paz con la guerrilla del ELN.“Es solo una suspensión, la paz nunca puede cerrar totalmente las puertas, siempre habrá la posibilidad para que la presión internacional, la presión de sus propias bases, generen una nueva reflexión, e incluso el cambio en la dirección de las personas que actualmente comandan a esa organización”, explicó Patiño.Previamente en su cuenta de X, el presidente Petro anunció que suspendería los diálogos de paz con la guerrilla del ELN tras acusarla de cometer "crímenes de guerra" con el asesinato de varios firmantes de paz de las Farc en la región del Catatumbo.Esta nueva suspensión llega después de que en las últimas semanas pareciera que los diálogos podrían volver a reactivarse en una reunión que se iba a producir tras las de noviembre en Caracas cuando Vera Grabe y el jefe negociador del ELN, 'Pablo Beltrán', se vieron, algo que no hacían desde el 26 de mayo y de un año tormentoso.“Toca de alguna manera también hacer una gestión internacional muy fuerte con el país vecino, eso ya es del resorte del propio presidente y de la cancillería, para que desde luego el cuidado de la frontera tanto desde el lado de allá se fortalezca institucionalmente”, precisó el comisionado.Las dos partes tenían planteado reunirse la próxima semana para reactivar la mesa de diálogos, que el Gobierno de Petro retomó en noviembre de 2022 y está congelada desde hace meses por las desavenencias entre las partes.“Yo creo que en las filas del ELN, en sus bases, en sus mandos medios, debe haber ciertos niveles de inconformidad", dijo Patiño.“La falta de coherencia es lo peor que le puede ocurrir a una organización que se llama revolucionaria y que quiere ser reconocida como tal por la población y desde luego por el Estado colombiano, entonces es traición contra sus propios principios, contra la palabra empeñada, que digamos es una propia desgracia para el ELN. De todas maneras, eso no significa que la paz total esté quebrantada”, aseguró Patiño.Además, hizo énfasis en que siguen “absolutamente claros en muchos procesos donde lo fundamental es la transformación territorial y el despertar a la acción más activa de las comunidades en regiones duramente castigadas por el conflicto o por el abandono del Estado”.Recalcó que esto continúa siendo su propósito y seguirán concentrados en construir la paz: “En los diálogos hay estructuras armadas que quieren realmente abandonar las armas, abandonar el ejercicio de la violencia y sumarse al cambio transformador y de paz de este Gobierno”.En más de dos años de negociaciones de paz el ELN ha seguido perpetrando ataques: desde el secuestro del padre del futbolista Luis Díaz en octubre de 2023, al ataque en septiembre de 2024 a una base militar en el departamento de Arauca que dejó tres militares muertos y casi una treintena de heridos.
En la mañana de este viernes, 17 de enero, el presidente Gustavo Petro anunció la suspensión de los diálogos de paz con la guerrilla del ELN, por la situación de violencia que se vive en el Catatumbo. Los enfrentamientos entre ELN y disidencias de FARC en Catatumbo dejan más de 30 muertosLos enfrentamientos en la región del Catatumbo dejan ya más de 30 muertos, entre ellos cinco firmantes del acuerdo de paz, según informó este viernes la defensora del Pueblo, Iris Marín."Lo que se está presentando en el Catatumbo es de extrema gravedad", dijo Marín en su cuenta de X, donde añadió que "se reportan más de 30 personas muertas según información en confirmación, al menos 5 firmantes de paz asesinados, 10 heridos". Marín añadió que hay "secuestros, niños sin acompañamiento o personas con discapacidades fuertes sin poder huir, desplazamientos forzados, confinamientos, inclusive de profesores que se alistaban para el inicio de clases", crímenes que el presidente colombiano, Gustavo Petro, ha considerado "de guerra" y por los que anunció la suspensión de diálogos con el ELN.La crisis de los diálogos del ELN con el GobiernoEl proceso de paz entre el Gobierno y el ELN estaba en pausa, pues los ciclos de negociaciones no se están adelantando por una crisis que se presentó tras varios ataques terroristas por parte de ese grupo. Además, la guerrilla ha insistido en que el Gobierno, supuestamente, incumple algunos acuerdos pactados y rechazan los diálogos que se adelantan con el frente Comuneros del Sur, en Nariño , que es una estructura que se apartó del ELN.Cabe aclarar que el Gobierno y el ELN retomaron en noviembre de 2022 las negociaciones de paz y se han realizado varios ciclos, pero sin llegar a un avance significativo. El ELN y el Gobierno llegaron a México a principios de 2024 con tensión, pues la guerrilla había admitido apenas unas semanas antes que había secuestrado al padre del futbolista Luis Díaz, Luis Manuel Díaz, quien fue liberado el 9 de noviembre.Pero sin duda, la guerra sin cuartel que hoy se vive en el Catatumbo, fue lo que llevó al presidente a suspender los diálogos. En un principio, la Misión de la ONU en Colombia informó de cinco firmantes de paz asesinados, pero la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) señaló que son cuatro los excombatientes que, al parecer, fueron "sacados de sus viviendas y ejecutados" por guerrilleros del ELN, sin embargo, en las últimas horas confirmaron que pueden ser más de 23 muertos.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que los 11 militares que reconocieron su responsabilidad por falsos positivos ocurridos entre 2007 y 2008 en Norte de Santander, cumplen las condiciones para recibir una sanción restaurativa.Según las investigaciones de la JEP, durante este periodo en el Catatumbo, hubo al menos 120 casos de falsos positivos, además de un intento de homicidio.Sin embargo, al analizar los hechos, el tribunal decidió imputar nuevos delitos a varios de los comparecientes. En ese sentido, 8 de los 11 militares serán sentenciados por el crimen de esclavitud.“La sección determinó que al menos 29 personas fueron víctimas del crimen de esclavitud en el marco de la segunda modalidad del patrón macrocriminal, al comprobarse el ejercicio de atributos propios del derecho de propiedad sobre ellas. En particular, este crimen se cometió a partir de la colaboración de organizaciones criminales y terceros reclutadores, quienes, en articulación con integrantes de unidades militares y a cambio de una remuneración económica, conseguían civiles indefensos y los entregaban a los militares para hacerlos pasar por supuestas bajas en combate”, explicó la JEP.¿Quiénes son los imputados?Los militares imputados por este delito, en calidad de coautores, son Rubén Darío Castro Gómez, Gabriel de Jesús Rincón Amado, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, Álvaro Diego Tamayo Hoyos, Juan Carlos Chaparro Chaparro, Sandro Mauricio Pérez Contreras y Alexander Carretero Díaz.Además, la JEP imputó el delito de esclavitud por omisión a Paulino Coronado Gámez, general (r) del Ejército y comandante de la Brigada 30 ubicada en Cúcuta para la época de los hechos. La JEP consideró que, desde su posición de mando, permitió que estas conductas ocurrieran sin adoptar medidas para impedirlas.Adicionalmente, los militares Santiago Herrera Fajardo, Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro Chaparro y Sandro Mauricio Pérez Contreras fueron imputados por el crimen de guerra de tortura, en relación con hechos asociados a tres víctimas.“Para adoptar esta decisión, la sección tuvo en cuenta los relatos entregados por las víctimas y sus familiares en el proceso judicial”, aseguró la JEP.El proceso continuará con la audiencia pública de verificación, en la que se confirmará si los militares cumplen con sus compromisos de verdad y reparación. Superada esta etapa, la JEP emitirá la sentencia que definirá de manera definitiva su situación jurídica.
En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo cuestionó el manejo que desde el Gobierno se le ha dado a la crisis del sistema de salud y pidió reconocer la magnitud de las afectaciones que hoy enfrentan millones de usuarios, especialmente los afiliados a la Nueva EPS.“Pedimos a @MinSaludCol mejorar los canales de comunicación y, especialmente, dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del Gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas. La falta de empatía con la angustia de quienes están al frente de la atención y deben lidiar diariamente con el sufrimiento de las personas es inadmisible y preocupante. Deja el mensaje de que las autoridades no harán nada para resolverlo. Sin embargo, hacerlo es su deber”.La Defensoría aseguró que, ante la creciente vulneración del derecho a la salud, ha participado en lo que va del año en múltiples mesas interinstitucionales con EPS, hospitales, gestores farmacéuticos, usuarios y pacientes.Estos espacios, según explicaron, han buscado garantizar la atención de casos prioritarios y críticos, avanzar en la entrega pendiente de medicamentos y avanzar en compromisos relacionados con la estabilización de pagos y la conformación de redes de prestación de servicios suficientes y operativas.No obstante, el organismo advirtió que el panorama es crítico para los afiliados de la Nueva EPS, “entidad que enfrenta una situación financiera muy delicada”. Para la Defensoría, esta medida no solo profundiza la crisis de la EPS, sino que termina afectando directamente a hospitales, clínicas y dispensarios, que enfrentan dificultades para sostener la atención y la operación diaria.Aunque la problemática se extiende a todo el país, la Defensoría alertó de manera particular sobre la situación en Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia y Tolima, donde las afectaciones al derecho a la salud se estarían profundizando.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Hector Fabio Henao, alertó sobre las afectaciones humanitarias que enfrentan comunidades rurales del Guaviare tras los enfrentamientos por la disputa territorial entre disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ registrados en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, en Guaviare.Según Monseñor, la violencia ha generado un clima de temor que limita la movilidad de la población y agrava la situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen sin acceso a la educación.“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores, y en el segundo semestre no hubo clases. Claro, hubo la propuesta de suplantar esto con actividades virtuales, pero muchos niños en sus casas no tienen acceso”, afirmó el delegado.A esta problemática se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha podido funcionar debido a las restricciones de seguridad.Monseñor, señaló además que una parte de la población rural evita desplazarse: “Hay una franja de población que no se atreve a salir de las veredas, porque tiene temor de pasar por ciertos registros o retenes que se establezcan, y tiene que dar muchas explicaciones, pero, en general, ha quedado una zozobra muy grande”, afirmó.El representante señaló que existía una alta expectativa entre los padres de familia por el posible retorno de las clases, pero “estas circunstancias que se están viviendo en el momento presente, como dijo, dan mucha incertidumbre, no hay una definitiva todavía”.Indicó que, aunque aún no hay decisiones definitivas, es necesario que “desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades más territoriales en el municipio del Retorno, se acerquen a la situación y miren cómo serían las alternativas”.Finalmente, Monseñor Henao hizo un llamado a enfocarse “en una población particularmente vulnerable”.
La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 001 de 2026 para los municipios de Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, tras identificar un riesgo alto por “graves violaciones de los derechos fundamentales a la vida, integridad y movilidad e infracciones al derecho internacional humanitario”.Según la entidad, el deterioro de la seguridad se debe a las pretensiones de consolidación territorial de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y a la expansión del Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo.En el caso del ELN, la alerta señala la actuación de su Frente Manuel Hernández 'El Boche' en Mistrató y Pueblo Rico, mientras que el EGC estaría incursionando en los tres municipios a través de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.La Defensoría explica que la presencia simultánea de estos actores armados ilegales responde al interés por controlar corredores estratégicos que comunican a Risaralda con Chocó, Antioquia, Caldas y Valle del Cauca, zonas clave para el fortalecimiento de sus estructuras y para el dominio de economías ilícitas, especialmente aquellas asociadas a actividades mineras en la región.El informe advierte que esta competencia territorial podría intensificar la violencia en el corto plazo y afectar de manera particular a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en riesgo de reclutamiento forzado; a lideresas y líderes sociales; a mujeres; autoridades locales; comunidades campesinas y pueblos étnicos, entre ellos los indígenas Embera Chami y Embera Katío. También se señala un riesgo específico para los firmantes del Acuerdo de Paz que permanecen en estos territorios.La entidad identificó afectaciones en más de 50 veredas, barrios urbanos, resguardos indígenas y consejos comunitarios de los tres municipios. En estas zonas, los grupos armados imponen normas de conducta, profieren amenazas y han provocado desplazamientos forzados y confinamientos.La Defensoría también alertó sobre el incremento de homicidios. En 2023 se registraron 15 homicidios y en 2024 otros 14 en Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 39 casos, lo que representa un incremento del 34,48 % frente al total de los dos años anteriores.Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado urgente para que las autoridades del orden nacional, departamental y municipal implementen los deberes de reacción rapida bajo la perspectiva de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla emitió sentencia condenatoria contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez por su responsabilidad en 117 hechos delictivos cometidos contra la población indígena wayúu y otras comunidades del departamento de La Guajira.De acuerdo con la decisión judicial, los crímenes fueron ejecutados entre los años 2002 y 2006 por integrantes del autodenominado Frente Contrainsurgencia Wayúu, una estructura armada adscrita al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que actuó siguiendo los lineamientos definidos por sus máximos cabecillas, entre ellos Mancuso. Durante ese periodo, el grupo ilegal perpetró homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, hechos de violencia basada en género y otras graves conductas ilícitas contra la población civil.La sentencia atribuyó de manera específica la incursión armada a la ranchería Manaki, ubicada en el municipio de Uribia, ocurrida el 10 de octubre de 2003. En ese hecho, varios indígenas wayúu fueron golpeados y sometidos a maltratos durante aproximadamente cuatro horas. Además, los hombres armados destruyeron y se apropiaron de bienes simbólicos de la cultura wayúu, como chinchorros, mochilas, sombreros y mantas bordadas, elementos que constituían el sustento económico y cultural de las familias afectadas.Asimismo, el tribunal estableció la responsabilidad del Frente Contrainsurgencia Wayúu en el homicidio de dos indígenas ocurrido el 17 de marzo de 2002 en la ranchería Kepischon, también en jurisdicción de Uribia. Estos hechos, junto con otros documentados en el proceso, evidenciaron un patrón de violencia sistemática contra comunidades indígenas en distintas zonas del departamento.Según lo probado en el proceso, el Frente Contrainsurgencia Wayúu fue creado en marzo de 2002 y, en sus inicios, contó con aproximadamente 150 integrantes. Esta estructura permitió a las AUC ampliar su presencia y accionar armado hacia sectores de La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta, con el objetivo de consolidar el control territorial.En su decisión, la Sala de Justicia y Paz reconoció como sujetos de reparación colectiva a las comunidades indígenas wayúu asentadas en las regiones de Carraipia, Majayura y Malaki, en el municipio de Uribia, así como a la comunidad de Matitas, en Riohacha. El tribunal concluyó que estas poblaciones fueron afectadas de manera directa y reiterada por el accionar del grupo paramilitar.Por estos hechos, Salvatore Mancuso Gómez fue condenado a una pena de 40 años de prisión, al pago de una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo. No obstante, en aplicación de los beneficios previstos en la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, la sentencia contempla una pena alternativa de ocho años de prisión, condicionada al cumplimiento de las obligaciones de verdad, reparación y no repetición establecidas en el fallo.