La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 6 de febrero de 2026:Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, se refirió acerca de la explosión de una mina en Guachetá.Sergio Fajardo, candidato presidencial, dio detalles acerca de por qué decidió no participar en ninguna consulta el próximo 8 de marzo.Daniel Quintero, precandidato presidencial, habló de su decisión de participar en la consulta del Frente por la Vida.Clara Sandoval, concejal de Bogotá, comentó sobre el proyecto que condiciona el acceso al aborto.Laura Castro, coordinadora de Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, se refirió al proyecto que aprobó el Consejo de Bogotá que condiciona al aborto.Juan Fernando Cristo, precandidato presidencial, habló de su decisión de no participar en la consulta del Frente por la Vida.Escuche el programa completo aquí:
El cáncer de cuello uterino es una de las enfermedades que más impacto tiene en la salud femenina a nivel mundial, pero también es una de las más prevenibles si se detecta a tiempo. Esta patología se origina en el cuello del útero, la parte inferior del útero que conecta con la vagina, y en la mayoría de los casos está asociada a una infección persistente por el virus del papiloma humano (VPH), según explican expertos en salud y entidades como Mayo Clinic.Aunque el VPH es muy común y suele desaparecer por sí solo, en algunos casos puede permanecer durante años en el organismo y generar cambios en las células del cuello uterino. Estos cambios, conocidos como lesiones precancerosas o displasia cervical, pueden evolucionar lentamente hasta convertirse en cáncer si no se detectan ni se tratan a tiempo. Por esta razón, las pruebas de tamizaje y la vacunación contra el VPH son claves para reducir el riesgo.Síntomas tempranos del cáncer de cuello uterinoUno de los mayores desafíos de esta enfermedad es que, en sus etapas iniciales, suele no presentar síntomas. Sin embargo, cuando aparecen señales de alerta, estas no deben ser ignoradas. El Instituto Nacional de Cáncer (NIH) reveló los síntomas más frecuentes del cáncer de cuello uterino en fase temprana:Sangrado vaginal después de las relaciones sexuales.Sangrado fuera del período menstrual o menstruaciones más abundantes y prolongadas.Sangrado después de la menopausia.Flujo vaginal acuoso, con mal olor o con presencia de sangre.Dolor pélvico o molestias durante las relaciones sexuales.Estas manifestaciones también pueden estar relacionadas con otras afecciones ginecológicas, pero siempre deben ser evaluadas por un profesional de la salud.Signos en etapas avanzadasCuando el cáncer de cuello uterino progresa y se extiende a otras partes del cuerpo, los síntomas pueden intensificarse. Algunas mujeres pueden experimentar dificultad o dolor al orinar, presencia de sangre en la orina, problemas para evacuar, dolor lumbar persistente, hinchazón en las piernas, cansancio extremo o dolor abdominal. En estos casos, acudir al médico de manera inmediata es fundamental para iniciar un tratamiento oportuno.¿Cómo se diagnostica el cáncer de cuello uterino?Ante la presencia de síntomas o resultados anormales en pruebas de detección como la citología o la prueba de VPH, los especialistas pueden recomendar estudios complementarios. Entre los procedimientos más utilizados se encuentran la colposcopia, que permite observar de cerca el cuello uterino, y la biopsia, en la que se toma una muestra de tejido para analizarla en laboratorio.Existen diferentes tipos de biopsias, como la biopsia con sacabocados, el legrado endocervical, el procedimiento LEEP o la biopsia de cono, que ayudan a confirmar el diagnóstico y determinar el estadio de la enfermedad.Prevención y detección tempranaLa mejor estrategia contra el cáncer de cuello uterino sigue siendo la prevención. La vacunación contra el VPH, el uso de métodos de protección en las relaciones sexuales y los controles ginecológicos periódicos pueden marcar la diferencia.
Para los amantes del teatro, musicales y cultura en Bogotá, llega "Amor en los Años Maravillosos – Los 60’s", una experiencia cultural integral que busca transportar al espectador a una de las épocas más vibrantes y transformadoras del siglo XX. Este espectáculo no se limita a ser una presentación musical convencional, sino que se constituye como un viaje emocional que utiliza el Rock & Roll como el eje central para narrar una historia de descubrimiento y pasión. Mediante una cuidadosa amalgama de teatro, canto y una profunda carga de nostalgia, la obra logra establecer un vínculo entre la estética del pasado y las sensibilidades del presente.Una historia de amor enmarcada en la rebeldía del Rock & RollLa narrativa de la obra se centra en las vivencias de dos jóvenes amantes quienes, inmersos en la efervescencia cultural característica de los años 60, exploran las dimensiones del amor verdadero. El motor que impulsa este relato es, sin duda, la música; los ritmos acelerados y las guitarras vibrantes no son solo acompañamiento, sino elementos narrativos esenciales que definen el espíritu rebelde de cada escena. Los roles protagónicos son interpretados por Santiago Naranjo, reconocido por su participación en "Yo me llamo Jim Morrison", y Laura Tocora, quienes junto a la solista Raquel León y un elenco de 20 artistas, dan vida a una trama que equilibra el romanticismo con toques de humor y emoción.Innovación visual y tecnología al servicio de la nostalgiaUno de los aspectos más destacados de esta producción es su propuesta estética, que combina elementos tradicionales con tecnología de vanguardia. La puesta en escena utiliza colores vibrantes, vestuario de época e iluminación intensa para recrear la atmósfera retro. No obstante, el espectáculo da un paso hacia la modernidad al integrar recursos visuales desarrollados con inteligencia artificial, lo que permite una relectura contemporánea de la iconografía de los sesenta. Esta dirección artística está liderada por Wilson De Jesús González, mientras que la dirección general y el guion corresponden a Daniel Rafael Arango Lischt.Los ciudadanos podrán disfrutar de este espectáculo en el auditorio del Gimnasio Moderno, los viernes 6 y 13 y de marzo y su última fecha será el sábado 21 de marzo. Las boletas podrán ser adquiridas en La Tiquetera.
Casi 200 personas de las veredas La Tigra, Cerro Azul y La Mojana, en el corregimiento de San Javier, zona rural de Ciénaga (Magdalena), dejaron sus casas a la carrera recientemente y hoy duermen donde pueden: en colchonetas prestadas, en el piso o sobre cartones, en el Centro de Atención a Víctimas del municipio.El desplazamiento masivo se produjo después de nuevos combates entre el Ejército Nacional y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), que mantienen presencia en esa zona del corredor entre la Troncal del Caribe y la Sierra. Según relataron los líderes, las ráfagas de fusil y la presencia de hombres armados obligaron a las familias a salir con lo mínimo, muchas veces solo con los niños en brazos.En el punto de atención en Ciénaga, el panorama es de hacinamiento y carencias. La mayoría de desplazados son niños, niñas, mujeres gestantes, bebés en lactancia y adultos mayores. Aunque la alcaldía ha entregado algunas raciones de comida, los líderes advierten que no hay agua suficiente para todos ni colchonetas para dormir con dignidad.“El compromiso era brindar atención integral, pero eso no ha pasado”, reclamó Nayler José Reátiga, presidente de la Junta de Acción Comunal de Cerro Azul, quien contó que muchas familias no tienen “ni para comprar una botella de agua” y llevan horas esperando una respuesta de las autoridades locales y nacionales.Los desplazados piden presencia permanente de la Unidad para las Víctimas, de la Defensoría del Pueblo y del Gobierno Nacional, así como una ruta clara de atención humanitaria: agua, kits de aseo, colchonetas, atención psicosocial y garantías para un eventual retorno seguro a sus veredas. De momento, la prioridad es sobrevivir a la incertidumbre, mientras en la parte alta continúan las operaciones militares contra el grupo armado.Desde Ciénaga, la comunidad insiste en que no quiere convertirse en una cifra más del conflicto, sino ser escuchada y protegida. Mientras eso ocurre, más de 180 personas siguen hacinadas, tratando de rehacer la vida lejos de la orilla del río y de los disparos.
Debuta la Selección Colombia en la Copa Sudamericana Sub 20. Las seleccionadas por Carlos Paniagua jugarán esta tarde de viernes frente a Chile, en su primer partido del torneo. La transmisión del encuentro se realizará por DITU, en su portal web, y por la señal de Gol Caracol.En el estadio Emiliano Ghessy de Asunción, Paraguay, la selección cafetera, que integra el grupo A, buscará su primera victoria ante el conjunto austral. Jugadoras que militan en clubes internacionales y en algunos de los equipos más destacados del fútbol colombiano serán protagonistas. Entre las que actúan en el exterior se destacan Luisa Agudelo, quien juega en San Diego, Estados Unidos; Maithé López, inscrita en la planilla del Vancouver, en Canadá; Isabel Weiner, que milita en Columbia, Estados Unidos; y Marleidy Cossio, del Racing de Argentina. También estarán presentes Juana Ortegón y Mariana Silva, de Santa Fe; Lina Arboleda, de Millonarios; Eliana Agudelo, de Medellín; y Mariana Mosquera, de Nacional.Contra quién jugará la Selección Colombia Femenina Sub-20La selección tendrá una agenda exigente por la intensidad del calendario. Hoy enfrentará a Chile; el domingo jugará ante Venezuela; el martes se medirá con Uruguay; y el jueves cerrará la fase de grupos frente a Paraguay, selección anfitriona. En esta edición de la Copa América ya se han disputado cuatro partidos: Paraguay goleó 4-0 a Chile, Venezuela venció 2-0 a Uruguay, Perú ganó con el mismo marcador y Brasil derrotó 3-2 a Ecuador.Carlos Paniagua, director técnico del equipo, señaló que “en Colombia se hizo una muy buena pretemporada” y que en Paraguay han trabajado en el plan de partido frente a Chile. Indicó también “que le ha pedido al grupo que para este partido tenga mucha confianza de jugar al fútbol”, aunque advirtió que no deben confiarse, ya que “van a enfrentar un rival con muy buenos argumentos y que tiene un muy buen juego interior”. Por su parte, Juana Ortegón manifestó que el equipo se encuentra tranquilo y motivado.Colombia integra el grupo A de la competencia. El grupo B está conformado por las selecciones de Perú y Brasil, que ya suman tres puntos, mientras que Ecuador y Bolivia aún no han puntuado y Argentina no ha debutado. El torneo otorga tres cupos al Mundial Femenino Sub 20, que se disputará en septiembre de 2026 en Polonia.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón La Popa, aceptó su responsabilidad ante la JEP por falsos positivos, cometidos entre 2004 y 2005 en Valledupar.La decisión se produjo luego de la imputación formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que documentó 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 casos de tortura.Durante la diligencia, Figueroa reconoció su responsabilidad por omisión, al admitir que no identificó ni detuvo a tiempo las acciones criminales cometidas por sus subalternos.“Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados”.Según la acusación de la UIA, los hechos respondieron a tres modalidades. La primera se caracterizó por asesinatos y desapariciones de personas que luego eran presentadas como supuestos resultados operacionales.La segunda modalidad correspondió a homicidios de civiles que algunos integrantes de los pelotones identificaban de manera arbitraria como “objetivos militares ilícitos”, para hacerlos pasar como miembros de grupos armados ilegales.La tercera estuvo marcada por el asesinato de combatientes que ya habían depuesto las armas o que se encontraban heridos tras enfrentamientos legítimos con tropas del batallón.En su declaración, Figueroa sostuvo que durante su mando no identificó el riesgo específico de los falsos positivos y aseguró que esto solo fue reconocido de manera general en la Fuerza Pública a partir de 2007, cuando estallaron los escándalos a nivel nacional.“Ese riesgo operacional no fue contemplado bajo mi mando porque los riesgos operacionales que para esa época se tenían eran el robo de armamento, robo de municiones, robo de equipo militar, infiltrados, penetrados, las nóminas paralelas, tráfico de información, miembros que posiblemente podían estar en concierto para delinquir con organizaciones armadas al margen de la ley”, afirmó.Con la aceptación de responsabilidad, el proceso ya no continuará por la vía del juicio adversarial. Ahora, la JEP aplicará la ruta de reconocimiento tardío, que contempla la realización de una audiencia restaurativa. Esta diligencia fue programada para el 24 de marzo a las 9:00 de la mañana, espacio en el que se abordarán las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas.Posteriormente, el tribunal deberá imponer una sanción alternativa, que implica entre 5 y 8 años de cárcel.
Las autoridades capturaron a José Eduin Gómez Wilches, alias 'Orejas' o 'Petacas', un peligroso delincuente, integrante del frente ‘Domingo Laín’ del ELN, responsable del atentado terrorista que acabó con la vida de 22 cadetes de la Policía en la Escuela General Santander en enero de 2019. Este hombre cayó en el municipio de Tame, Arauca.“¡Cae vinculado a atentado terrorista que segó la vida de 22 cadetes! En Tame, Arauca, capturamos a José Eduin Gómez Wilchez, alias ‘Petacas’, señalado integrante de la red sicarial y del comando urbano del Frente ‘Domingo Laín’ del ELN, investigado por su presunta participación en el atentado terrorista del 17 de enero de 2019 contra la Escuela de Cadetes ‘General Francisco de Paula Santander’”, indicó el general Salamanca.De acuerdo con el director de la Policía, alias 'Orejas' también está relacionado con el homicidio, en 2016, de los patrulleros Nelson Osorno Castillón y Pedro Elías Rolón Vaca, en Saravena, Arauca, y con el ataque a una patrulla, en ese mismo municipio, donde el año pasado murió el patrullero de policía Roberto Pabón Ojeda y resultó herido su compañero Jean Carlos Hernández.También, según destaca la investigación, este peligroso integrante del ELN articulaba acciones delictivas contra la infraestructura petrolera y dinamizaba el cobro de cuotas extorsivas, especialmente en Tame, Saravena y Fortul, Arauca. Su captura fue coordinada con la Fiscalía.“Esto ratifica el compromiso institucional de dar con el paradero de asesinos de policías y llevarlos ante la justicia, como homenaje a la memoria nuestros héroes caídos. Jamás habrá refugio seguro para criminales”, agregó el general Salamanca.
Human Rights Watch (HRW) advirtió este jueves de que la política de 'paz total' del presidente Gustavo Petro ha obtenido resultados limitados para reducir los abusos contra la población civil y alertó de que los grupos armados expandieron su presencia en el país el año pasado."Dos años y medio después de que el presidente Gustavo Petro asumiera la Presidencia, su estrategia de 'paz total' ha logrado resultados limitados en la reducción de los abusos contra la población civil", señaló HRW al hablar de Colombia en su Informe Mundial 2025, en el que analiza lo sucedido en materia de DD.HH. el año pasado.El mandatario asumió el poder el 7 de agosto de 2022 con la promesa de una 'paz total' que, hasta el momento, ha atravesado varios baches a pesar de que se entablaron diálogos de paz con varios grupos y se concretaron ceses al fuego con algunos de ellos.En ese sentido, el Gobierno está negociando el fin del conflicto armado con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y dos disidencias de las FARC, una conocida como Estado Mayor Central (EMC) y la otra como Segunda Marquetalia.Igualmente, busca el sometimiento a la justicia del Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, y de otros grupos armados.Al respecto, HRW destacó que si bien el Gobierno colombiano logró varios alto el fuego, "los preparativos y el seguimiento fueron insuficientes y en muchos casos los grupos armados no los cumplieron".Abusos contra la población civilLa organización aseguró que grupos armados cometieron el año pasado "serios abusos contra los civiles y expandieron su presencia en el país", pues el Clan del Golfo está presente en 392 de los 1.102 municipios de Colombia, el ELN en 232 y las disidencias de las FARC en 299.HRW también criticó a las autoridades por fallar en garantizar la seguridad efectiva de la población y el acceso a la justicia a las víctimas, además de no investigar y desmantelar los grupos armados.Entre los abusos cometidos por estos grupos, HRW recordó que en la primera mitad de 2024, según cifras de la Defensoría del Pueblo, hubo 159 casos de reclutamiento de menores, que son "frecuentemente miembros de comunidades indígenas"."A más de 71.000 personas se les impidió salir de sus comunidades, situación conocida como 'confinamiento', entre enero y julio, lo que supone un aumento del 39 % en comparación con el mismo periodo de 2023. Persistieron los temores a las minas antipersona, las amenazas de grupos armados y los fuegos cruzados", agregó Human Rights Watch.En los convulsos departamentos de Chocó, Cauca y Nariño, en el oeste del país, la lucha armada entre los militares y los grupos armados provocó el desplazamiento forzado de más de 34.000 personas entre enero y julio, según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha).La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, entretanto, recibió 138 denuncias de asesinatos de líderes sociales, la mayoría de los cuales "defendían los derechos de sus comunidades".Libertad de expresiónPor otra parte, Human Rights Watch señaló que, según Reporteros Sin Fronteras (RSF), "Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos para los periodistas".En ese sentido, la oficina del relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documentó el asesinato de cinco reporteros entre enero y julio del año pasado."El presidente siguió utilizando las redes sociales para estigmatizar a periodistas y medios de comunicación percibidos como críticos con su Gobierno", expresó HRW.Como ejemplo de ello puso que en septiembre, Petro emitió una "instrucción presidencial dirigida a todos los funcionarios del Poder Ejecutivo para garantizar un entorno seguro para la libertad de expresión y los periodistas" que, "sin embargo, no la cumplió durante el acto de presentación", agregó HRW.
El consejero comisionado para la paz de Colombia, Otty Patiño, dijo a la guerrilla del ELN que la paciencia del Gobierno "no es eterna" e invitó a ese grupo armado a reanudar las negociaciones de paz que están congeladas desde mayo del año pasado."Esa generosidad y esa paciencia (del Gobierno) han sido interpretadas por el Comando Central (COCE) del ELN como debilidad de nuestro Gobierno. Pero la paciencia no es eterna ni la generosidad es infinita", expresó Patiño en una carta pública dirigida a la cúpula de la guerrilla, que fue publicada este miércoles.En ella agregó: "Como ya lo señaló el señor presidente (Gustavo Petro), en este año 2025 los ilegales deben decidir entre la violencia y la paz, con hechos y manifestaciones concretas. De modo que a finales de este mes sabremos cuál es la definición del Ejército de Liberación Nacional, si se mantienen en el ejercicio de la violencia o escogen el camino de la paz con hechos ciertos".El Gobierno y el ELN retomaron en noviembre de 2022 las negociaciones de paz y se han realizado varios ciclos, pero actualmente están suspendidas y las partes tienen previsto volver a la mesa de diálogos para tratar de descongelarlas.Fuentes de la negociación le dijeron a EFE que esa reunión se celebrará en enero, pero no en Caracas, como se tenía planteado y donde se produjeron los últimos dos encuentros.Congelamiento de los diálogosEl ELN y el Gobierno llegaron a México a principios de 2024 con tensión, pues la guerrilla había admitido apenas unas semanas antes que había secuestrado al padre del futbolista Luis Díaz, Luis Manuel Díaz, quien fue liberado el 9 de noviembre.El ELN también atacaba al Gobierno diciendo que no estaban cumpliendo el cese al fuego al aliarse con "fuerzas paramilitares" para atacarles.En México, sin embargo, consiguieron 'in extremis' prorrogar su cese al fuego más largo, que estuvo vigente hasta agosto pasado, pero el Gobierno comenzó acercamientos con los Comuneros del Sur, una supuesta disidencia del ELN que opera en la frontera con Ecuador.Eso irritó a la guerrilla, que lleva desde entonces pidiéndole al Gobierno que decida si negocia con ellos de forma nacional o con este grupo minoritario.Al respecto, Patiño recordó hoy que la negociación del Gobierno con los Comuneros del Sur es "el proceso de paz más promisorio de los que adelanta la Oficina del Consejero Comisionado de Paz", con lo que insinuó que el ejecutivo mantendrá abierto ese diálogo.Por eso, el alto funcionario le hizo un llamado a la guerrilla para que trabaje con el Gobierno por un país "donde las diferencias puedan ser resultas en paz y donde nadie tenga que huir de su territorio, o de su oficio, o de su país, por viles amenazas contra su vida o su honra"."Tiendo mi mano y avancemos juntos en la construcción de la paz en Colombia. No la rechacen", le dijo Patiño a la guerrilla.
El Ministerio de Justicia ya presentó un borrador sobre las zonas de restauración para las exFarc, un tema que despertó controversia. Según la ministra de esta cartera, Ángela María Buitrago, el documento busca reactivar una mesa de diálogo que había “estado paralizada” y también abordar las sanciones que cumplen los excombatientes bajo el acuerdo de paz.Aclaró que el borrador no es una política pública definitiva porque aún no se ha publicado, sino que es "un punto de partida" para discutir cómo se deben establecer las sanciones, así como los mecanismos de seguimiento necesarios.Y la polémica está en que los exintegrantes de las Farc han manifestado su descontento, argumentando que el documento se asemeja a la creación de zonas o colonias agrícolas y no se alinea con lo acordado en el acuerdo.En diálogo con Mañanas Blu, la ministra Buitrago explicó que el borrador contempla varias dimensiones, incluyendo la inclusión de las víctimas en el proceso. Según precisó, es crucial escuchar y considerar las opiniones de las víctimas al definir las sanciones y las zonas de restauración."Primero, hay que decir que no ha publicado nada el Ministerio de Justicia, es un documento borrador que se trabaja en una articulación que estaba completamente quieta hace ocho meses y que es un lugar de articulación muy importante, porque no solamente está compuesto por los firmantes, sino que hay una serie de competencias que también son parte del Ministerio de Justicia”, detalló.¿Cómo y qué son las zonas de restauración?“Dentro del borrador hay unas zonas que pueden servir para varios aspectos; uno para el tema también del diálogo con las víctimas y son las zonas que nosotros llamamos, de restauración, en el sentido de que las víctimas no tengan que desplazarse en ningún otro lugar, sino que en los territorios donde están, efectivamente las personas puedan establecerse diálogos para reconocer esa verdad”, explicó.En ese sentido, la ministra habló de un “mal entendido” sobre el mismo borrador, el cual, recalcó, no se ha publicado. Señaló que hay muchos elementos a considerar por su importancia en estos casos."¿Cuál es el malentendido? El malentendido, primero, es que alguien entregó un documento borrador que no es todavía una política pública asumida por el Ministerio, pero sí plantea elementos que consideramos importantes para tener en consideración sobre la base de las funciones que tiene el Ministerio de Justicia. Dos, quién impone la sanción, pues la JEP es la única competente para imponer la sanción, pero para poder hablar de esto, entonces también tenemos que mirar lo que está reglamentado", insistió.Además, confirmó que el ejecutivo tiene la competencia exclusiva para imponer sanciones, pero que estas deben desarrollarse en un marco de diálogo y entendimiento con todas las partes involucradas, incluidas las exFarc y la comunidad internacional.“Sobre todo porque, si el ejecutivo tiene que cumplir algunas, tiene que saber si son viables, cuánto le van a costar, cómo se van a implementar y, obviamente, en un desarrollo que hemos venido haciendo durante el último año, también de muchas de esas sanciones propias que la misma JEP ha pedido que trabajemos con cada uno de los magistrados y en cada uno de los casos", añadió.Así, la ministra subrayó la importancia de “clarificar las medidas” establecidas en la ley estatutaria de la JEP y cómo se llevarán a cabo las sanciones propias. La discusión también abarcó el seguimiento y monitoreo de estas normas, especialmente en un contexto donde la Jurisdicción Especial para la Paz tiene un plazo definido para su operación.“Por esa razón, en esa articulación y en esa reunión, se presentó un borrador con el objeto, entre otras, de reactivar la mesa que estaba paralizada para realizar un diálogo con la JEP respecto de algunos de los posibles caminos que se puedan tomar para cumplir, incluso, la misma ley estatutaria de la Administración de Justicia de la JEP", aseveró.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que los 11 militares que reconocieron su responsabilidad por falsos positivos ocurridos entre 2007 y 2008 en Norte de Santander, cumplen las condiciones para recibir una sanción restaurativa.Según las investigaciones de la JEP, durante este periodo en el Catatumbo, hubo al menos 120 casos de falsos positivos, además de un intento de homicidio.Sin embargo, al analizar los hechos, el tribunal decidió imputar nuevos delitos a varios de los comparecientes. En ese sentido, 8 de los 11 militares serán sentenciados por el crimen de esclavitud.“La sección determinó que al menos 29 personas fueron víctimas del crimen de esclavitud en el marco de la segunda modalidad del patrón macrocriminal, al comprobarse el ejercicio de atributos propios del derecho de propiedad sobre ellas. En particular, este crimen se cometió a partir de la colaboración de organizaciones criminales y terceros reclutadores, quienes, en articulación con integrantes de unidades militares y a cambio de una remuneración económica, conseguían civiles indefensos y los entregaban a los militares para hacerlos pasar por supuestas bajas en combate”, explicó la JEP.¿Quiénes son los imputados?Los militares imputados por este delito, en calidad de coautores, son Rubén Darío Castro Gómez, Gabriel de Jesús Rincón Amado, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, Álvaro Diego Tamayo Hoyos, Juan Carlos Chaparro Chaparro, Sandro Mauricio Pérez Contreras y Alexander Carretero Díaz.Además, la JEP imputó el delito de esclavitud por omisión a Paulino Coronado Gámez, general (r) del Ejército y comandante de la Brigada 30 ubicada en Cúcuta para la época de los hechos. La JEP consideró que, desde su posición de mando, permitió que estas conductas ocurrieran sin adoptar medidas para impedirlas.Adicionalmente, los militares Santiago Herrera Fajardo, Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro Chaparro y Sandro Mauricio Pérez Contreras fueron imputados por el crimen de guerra de tortura, en relación con hechos asociados a tres víctimas.“Para adoptar esta decisión, la sección tuvo en cuenta los relatos entregados por las víctimas y sus familiares en el proceso judicial”, aseguró la JEP.El proceso continuará con la audiencia pública de verificación, en la que se confirmará si los militares cumplen con sus compromisos de verdad y reparación. Superada esta etapa, la JEP emitirá la sentencia que definirá de manera definitiva su situación jurídica.
En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo cuestionó el manejo que desde el Gobierno se le ha dado a la crisis del sistema de salud y pidió reconocer la magnitud de las afectaciones que hoy enfrentan millones de usuarios, especialmente los afiliados a la Nueva EPS.“Pedimos a @MinSaludCol mejorar los canales de comunicación y, especialmente, dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del Gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas. La falta de empatía con la angustia de quienes están al frente de la atención y deben lidiar diariamente con el sufrimiento de las personas es inadmisible y preocupante. Deja el mensaje de que las autoridades no harán nada para resolverlo. Sin embargo, hacerlo es su deber”.La Defensoría aseguró que, ante la creciente vulneración del derecho a la salud, ha participado en lo que va del año en múltiples mesas interinstitucionales con EPS, hospitales, gestores farmacéuticos, usuarios y pacientes.Estos espacios, según explicaron, han buscado garantizar la atención de casos prioritarios y críticos, avanzar en la entrega pendiente de medicamentos y avanzar en compromisos relacionados con la estabilización de pagos y la conformación de redes de prestación de servicios suficientes y operativas.No obstante, el organismo advirtió que el panorama es crítico para los afiliados de la Nueva EPS, “entidad que enfrenta una situación financiera muy delicada”. Para la Defensoría, esta medida no solo profundiza la crisis de la EPS, sino que termina afectando directamente a hospitales, clínicas y dispensarios, que enfrentan dificultades para sostener la atención y la operación diaria.Aunque la problemática se extiende a todo el país, la Defensoría alertó de manera particular sobre la situación en Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia y Tolima, donde las afectaciones al derecho a la salud se estarían profundizando.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Hector Fabio Henao, alertó sobre las afectaciones humanitarias que enfrentan comunidades rurales del Guaviare tras los enfrentamientos por la disputa territorial entre disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ registrados en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, en Guaviare.Según Monseñor, la violencia ha generado un clima de temor que limita la movilidad de la población y agrava la situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen sin acceso a la educación.“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores, y en el segundo semestre no hubo clases. Claro, hubo la propuesta de suplantar esto con actividades virtuales, pero muchos niños en sus casas no tienen acceso”, afirmó el delegado.A esta problemática se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha podido funcionar debido a las restricciones de seguridad.Monseñor, señaló además que una parte de la población rural evita desplazarse: “Hay una franja de población que no se atreve a salir de las veredas, porque tiene temor de pasar por ciertos registros o retenes que se establezcan, y tiene que dar muchas explicaciones, pero, en general, ha quedado una zozobra muy grande”, afirmó.El representante señaló que existía una alta expectativa entre los padres de familia por el posible retorno de las clases, pero “estas circunstancias que se están viviendo en el momento presente, como dijo, dan mucha incertidumbre, no hay una definitiva todavía”.Indicó que, aunque aún no hay decisiones definitivas, es necesario que “desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades más territoriales en el municipio del Retorno, se acerquen a la situación y miren cómo serían las alternativas”.Finalmente, Monseñor Henao hizo un llamado a enfocarse “en una población particularmente vulnerable”.
La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 001 de 2026 para los municipios de Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, tras identificar un riesgo alto por “graves violaciones de los derechos fundamentales a la vida, integridad y movilidad e infracciones al derecho internacional humanitario”.Según la entidad, el deterioro de la seguridad se debe a las pretensiones de consolidación territorial de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y a la expansión del Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo.En el caso del ELN, la alerta señala la actuación de su Frente Manuel Hernández 'El Boche' en Mistrató y Pueblo Rico, mientras que el EGC estaría incursionando en los tres municipios a través de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.La Defensoría explica que la presencia simultánea de estos actores armados ilegales responde al interés por controlar corredores estratégicos que comunican a Risaralda con Chocó, Antioquia, Caldas y Valle del Cauca, zonas clave para el fortalecimiento de sus estructuras y para el dominio de economías ilícitas, especialmente aquellas asociadas a actividades mineras en la región.El informe advierte que esta competencia territorial podría intensificar la violencia en el corto plazo y afectar de manera particular a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en riesgo de reclutamiento forzado; a lideresas y líderes sociales; a mujeres; autoridades locales; comunidades campesinas y pueblos étnicos, entre ellos los indígenas Embera Chami y Embera Katío. También se señala un riesgo específico para los firmantes del Acuerdo de Paz que permanecen en estos territorios.La entidad identificó afectaciones en más de 50 veredas, barrios urbanos, resguardos indígenas y consejos comunitarios de los tres municipios. En estas zonas, los grupos armados imponen normas de conducta, profieren amenazas y han provocado desplazamientos forzados y confinamientos.La Defensoría también alertó sobre el incremento de homicidios. En 2023 se registraron 15 homicidios y en 2024 otros 14 en Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 39 casos, lo que representa un incremento del 34,48 % frente al total de los dos años anteriores.Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado urgente para que las autoridades del orden nacional, departamental y municipal implementen los deberes de reacción rapida bajo la perspectiva de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla emitió sentencia condenatoria contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez por su responsabilidad en 117 hechos delictivos cometidos contra la población indígena wayúu y otras comunidades del departamento de La Guajira.De acuerdo con la decisión judicial, los crímenes fueron ejecutados entre los años 2002 y 2006 por integrantes del autodenominado Frente Contrainsurgencia Wayúu, una estructura armada adscrita al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que actuó siguiendo los lineamientos definidos por sus máximos cabecillas, entre ellos Mancuso. Durante ese periodo, el grupo ilegal perpetró homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, hechos de violencia basada en género y otras graves conductas ilícitas contra la población civil.La sentencia atribuyó de manera específica la incursión armada a la ranchería Manaki, ubicada en el municipio de Uribia, ocurrida el 10 de octubre de 2003. En ese hecho, varios indígenas wayúu fueron golpeados y sometidos a maltratos durante aproximadamente cuatro horas. Además, los hombres armados destruyeron y se apropiaron de bienes simbólicos de la cultura wayúu, como chinchorros, mochilas, sombreros y mantas bordadas, elementos que constituían el sustento económico y cultural de las familias afectadas.Asimismo, el tribunal estableció la responsabilidad del Frente Contrainsurgencia Wayúu en el homicidio de dos indígenas ocurrido el 17 de marzo de 2002 en la ranchería Kepischon, también en jurisdicción de Uribia. Estos hechos, junto con otros documentados en el proceso, evidenciaron un patrón de violencia sistemática contra comunidades indígenas en distintas zonas del departamento.Según lo probado en el proceso, el Frente Contrainsurgencia Wayúu fue creado en marzo de 2002 y, en sus inicios, contó con aproximadamente 150 integrantes. Esta estructura permitió a las AUC ampliar su presencia y accionar armado hacia sectores de La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta, con el objetivo de consolidar el control territorial.En su decisión, la Sala de Justicia y Paz reconoció como sujetos de reparación colectiva a las comunidades indígenas wayúu asentadas en las regiones de Carraipia, Majayura y Malaki, en el municipio de Uribia, así como a la comunidad de Matitas, en Riohacha. El tribunal concluyó que estas poblaciones fueron afectadas de manera directa y reiterada por el accionar del grupo paramilitar.Por estos hechos, Salvatore Mancuso Gómez fue condenado a una pena de 40 años de prisión, al pago de una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo. No obstante, en aplicación de los beneficios previstos en la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, la sentencia contempla una pena alternativa de ocho años de prisión, condicionada al cumplimiento de las obligaciones de verdad, reparación y no repetición establecidas en el fallo.