El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
A raíz de los problemas que presentó la cancha de El Campín tras el concierto homenaje a Yeison Jiménez y las lluvias en la ciudad, Sencia (administrador del recinto) y Dimayor aplazaron el duelo que estaba programado para el 7 de febrero entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional.Sin embargo, este 12 de febrero, Dimayor confirmó la nueva fecha y horario que se disputará este duelo, correspondiente a la quinta fecha, en el estadio Nemesio Camacho El Cmapín entre cardenales y verdolagas.Santa Fe vs. Atlético Nacional en la Liga BetPlay 2026: esta es la nueva fechaDimayor confirmó a través de un comunicado que este duelo se llevará a cabo el próximo el 25 de febrero a las 7:30 de la noche. Este se llevará a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín, días antes de que se realice otro concierto en el coloso de la 57, esta vez de música popular el día 28.Este duelo será un reencuentro especial para Pablo Repetto que tuvo pasado en el cuadro verdolaga y salió del cargo de un momento a otro tras una reunión Gustavo Fermani, director deportivo de Atlético Nacional, en 2024, que dio paso a la llegada del mexicano Efraín Juárez. Historial entre Santa Fe y Atlético NacionalEl 'clásico rojiverde' se ha convertido en uno de los más queridos del fútbol colombiano en más de 40 años de disputas. En total, se han enfrentado en 269 ocasiones con una 'paternidad' marcada por parte de Atlético Nacional con 113 victorias y solo 77 de Independiente Santa Fe.Una rivalidad que tomó fuerza por algunas finales entre ambos equipos, de Liga y SuperLiga, al igual que el buen momento de ambos equipos entre 2010 y 2017 en donde eran los más protagonistas en Colombia a nivel internacional, en donde lograron la Copa Libertadores y Sudamericana.
En la tarde de este jueves, a las 6:00 p. m., el gremio de recicladores y el Gobierno nacional firmaron un documento de seis hojas con nueve acuerdos para levantar los bloqueos y las manifestaciones que hay en Bogotá, que comenzaron desde la madrugada del martes pasado. Una de las exigencias que hacía el gremio era que el Gobierno los tuviera presentes en la mesa de concertación para el nuevo modelo de recolección de basuras que se está planeando.Dentro del documento, específicamente en el punto 3, se concretó que dicho encuentro se llevará a cabo el próximo 3 de marzo de 2026 a las 9:00 de la mañana, para presentar la ruta mediante la cual serán presentadas, socializadas y discutidas las propuestas con las que los recicladores de oficio entrarán dentro de la planeación del modelo de recolección.“En la agenda de la reunión prevista para el 3 de marzo de 2026 se establecen los lineamientos generales que permitan trazar la ruta metodológica, temática y participativa mediante la cual se desarrollará la mesa de diálogo nacional de organizaciones de recicladores de oficio, definiendo con claridad el mecanismo a través del cual serán presentadas, socializadas y discutidas las propuestas en su estado de avance”, detalla el documento.Por otro lado, en los acuerdos que hace el Gobierno nacional, en el punto siete, se especifica que el Ministerio de Vivienda se compromete a no expedir modificaciones a la normativa vigente de aprovechamiento que impacten a los recicladores de oficio y a las demás organizaciones antes de la realización de la reunión preliminar prevista para el 20 de febrero, donde se organizarán los lineamientos de participación, y la del 3 de marzo, donde se presentarán dichos lineamientos para definir la participación en el nuevo modelo de basuras.Entretanto, en este documento se confirma que, una vez firmada el acta, las organizaciones se comprometen al levantamiento de las protestas que se mantuvieron a lo largo de la calle 26 en Bogotá y del plantón que se realizó desde la madrugada del martes pasado frente a las instalaciones del Ministerio de Vivienda. El documento tiene la firma de 20 voceros del gremio reciclador y la firma de delegados del Ministerio de Vivienda, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.
Este jueves en Voz Populi hablamos de los diferentes temas políticos, nacionales e internacionales más importantes, acompañados del humor característico de cada uno de nuestros personajes en el programa.
El jefe de la delegación del Gobierno en los diálogos de Paz, Armando Novoa, ratifico la petición hecha en el Putumayo el pasado 23 de enero sobre la necesidad de que haya una destrucción comunitaria de laboratorios para el procesamiento de cocaína en Nariño y Putumayo.En Tumaco, Nariño, Novoa en diálogo con Blu Radio aseguró que esta sería una demostración real por parte de la Coordinadora Nacional Ejercito Bolivariano, disidencia de alias 'Walter Mendoza', de su compromiso por acabar la economía ilegal en esta región y una forma de avanzar en las negociaciones.Dijo que esta propuesta no tiene nada que ver con la reunión entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca en donde se llegaron a algunos acuerdos, sino que ha sido un trabajo desde antes del viaje del mandatario en donde tienen la meta de sustitución de 30.000 hectáreas dedicadas a la producción de coca en Nariño y Putumayo.“Sería un hecho indeseable y quedaría gravemente lesionada la política de paz total del Gobierno en el sur de Colombia”, aseveró de lo que sería no lograr con este plan en esta zona del país.Pero sí mencionó que tras esta reunión hay nuevos retos que se deben asumir de manera inmediata por parte de las mesas de diálogos de paz, en especial con las disidencias de las Farc. Novoa fue enfático en que la petición del presidente ha sido materializar la sustitución de cultivos en comunidad, de las cuales 15.000 deben ser de Putumayo y otras 15.000 de Nariño, que esperan lograrlo antes de que termine marzo.Aseguró que, tras una reunión extraordinaria en el resguardo indígena de Inda Sabaleta y en la zona urbana de Tumaco, quedó ratificado el compromiso de las disidencias de vincularse de manera activa al proceso de sustitución y erradicación de cultivos de coca. También se creó un movimiento popular de campesinos, resguardos indígenas, comunidades étnicas, entre otros, en favor de la erradicación.Entre diciembre de 2025 y enero de 2026, más de 10.000 personas del Putumayo se han inscrito al programa RenHacemos en la región, según Novoa, demostrando así el “compromiso” de las comunidades para poder acabar con la economía ilegal.Por otro lado, Novoa manifestó que tiene la esperanza de que el nuevo ministro de Justicia entienda el tamaño y el reto que hay por delante, en especial por un proyecto del ministro anterior que, según él, afectó en este proceso y que esperan entre en discusión después del 15 marzo, fecha en que habrán pasado las elecciones al Congreso.Esta es el acta de diálogos de paz
Un hecho de sangre sacudió la tranquilidad del barrio Monterredondo, en el suroccidente de Bucaramanga, la tarde de este jueves, 12 de febrero. Sergio Andrés Suárez Ortiz, propietario de un supermercado, fue asesinado a tiros por delincuentes que irrumpieron en su establecimiento con el objetivo de despojarlo de una joya personal.El suceso ocurrió en horas de la tarde frente al conjunto residencial Torres de Monterredondo. Según los primeros informes oficiales, dos sujetos llegaron al lugar a bordo de una motocicleta e ingresaron al local simulando ser clientes. Una vez dentro, uno de los asaltantes desenfundó un arma de fuego y confrontó a Suárez Ortiz, exigiéndole una cadena de oro que portaba. Ante la aparente resistencia de la víctima, el delincuente accionó el arma a quemarropa, dejándolo gravemente herido mientras los atacantes huían con rumbo desconocido.Pese a que el comerciante fue trasladado de urgencia a la Clínica Chicamocha, el personal médico confirmó su fallecimiento minutos después de su ingreso debido a la gravedad del impacto. La tragedia generó un profundo rechazo entre los habitantes de la zona, quienes alertaron a las autoridades tras escuchar las detonaciones.Ante la gravedad del crimen, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Fernando Portilla, condenó categóricamente el asesinato y ordenó a la Policía Nacional activar de inmediato todos los protocolos de inteligencia y búsqueda. El mandatario instruyó un despliegue tecnológico y operativo en esa zona de la ciudad para capturar a los responsables. “No permitiremos que hechos criminales atenten contra la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos”, enfatizó la administración municipal.Por su parte, el secretario del Interior de Bucaramanga, Alfonso Pinto Fratally, anunció que se ofrece una recompensa de hasta diez millones de pesos por información veraz que conduzca a la judicialización de los autores materiales de este crimen. Mientras el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realiza las labores de criminalística y análisis de cámaras de seguridad, la Alcaldía hizo un llamado a la comunidad para colaborar con las autoridades bajo absoluta reserva, reafirmando una política de tolerancia cero frente al homicidio.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, estructuras en las que se concentraron los secuestros más complejos, prolongados y violentos del conflicto armado.En el caso del Bloque Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, la JEP los halló responsables por secuestros cometidos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.Para el Bloque Sur, las conductas investigadas ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y en sectores de Cauca y Meta.Los imputados del Bloque Oriental son: Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Darío Lee Díaz (Robledo); Luis Montes (Euclides Bermúdez); Ángel García (Hernán Benítez); Ezequiel Hueguía (Rolando Romero); y William Tovar (Franklin Smith Caicedo). Según la JEP, este bloque tuvo un papel central en secuestros con fines de canje, especialmente contra figuras políticas, entre ellas Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial, y Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial y jefa de campaña.La investigación estableció que, debido a su mayor capacidad operativa y control territorial, el Bloque Oriental recibió durante años a víctimas de secuestro provenientes del Bloque Sur, particularmente aquellas retenidas para intercambio por guerrilleros presos. Estas personas permanecieron durante largos periodos en campamentos selváticos, en condiciones extremas de cautiverio.La Sala de Reconocimiento llamó a estos comparecientes a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, así como por otros delitos cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.Además, les atribuyó crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y conductas asociadas, como desaparición forzada, asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos, los cuales, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.La investigación concluyó que los excombatientes imputados tenían control efectivo sobre su tropa y capacidad de imponer disciplina, por lo que son responsables tanto por haber impartido órdenes directas que derivaron en secuestros y asesinatos, como por no impedir los abusos cometidos contra las víctimas durante el cautiverio.Algunos de ellos, además, participaron de manera directa en crímenes graves y comandaron campamentos donde las personas permanecieron privadas de la libertad durante años.De acuerdo con la JEP, el Bloque Oriental fue responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP en todo el país, mientras que el Bloque Sur concentró el 8 %. Sin embargo, el 18 % de las víctimas acreditadas ante la JEP señalan al Bloque Sur como responsable. Entre las 4.439 víctimas acreditadas, 1.239 atribuyen su secuestro al Bloque Oriental y 771 al Bloque Sur.La JEP documentó que ambos bloques actuaron bajo tres patrones criminales: secuestros para financiar la organización, para forzar intercambios por guerrilleros presos y para ejercer control social y territorial. En este último patrón se registraron trabajos forzados, castigos colectivos y asesinatos de personas que intentaron escapar del cautiverio.Con estas imputaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la investigación del Caso 01 y dejó delimitada la lista de responsables por el secuestro en las Farc-EP. El proceso entra ahora en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, en la que los imputados deberán aceptar o rechazar los cargos en un plazo de 30 días.De haber reconocimiento, se avanzará hacia sanciones propias de carácter restaurativo; de lo contrario, los casos podrán ser remitidos al Tribunal para la Paz o a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían derivar en juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
El exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, tuvo una audiencia única de verdad ante la JEP los pasados 26 y 27 de enero, allí, el excomandante del bloque norte de las autodefensas debía entregar información novedosa y detallada sobre delitos cometidos por el paramilitarismo, presuntamente, en alianzas con la fuerza pública; de su aporte a la verdad dependía que esta jurisdicción aceptara su sometimiento.‘Jorge 40’ debía probar, además, que tuvo un rol de "bisagra" o punto de conexión entre los paramilitares y la fuerza pública, con el objetivo de cometer distintos delitos. La audiencia se realizó durante dos días en Ibagué, pues el exjefe paramilitar se encuentra detenido en la cárcel La Picaleña de esa ciudad. Sin embargo, tras sus declaraciones, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas consideró que la información entregada no es suficiente para que pueda acceder a los beneficios de la justicia transicional, de esta manera, le cerraron la puerta en la JEP."La decisión fue tomada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas luego de escuchar a Tovar en audiencia única de verdad los pasados 26 y 27 de enero. La sala, determinó además que el exjefe paramilitar incumplió varios requerimientos hechos por la JEP. Tanto Rodrigo Tovar como sus apoderados fueron advertidos de que los incumplimientos de quienes comparecen voluntariamente ante la JEP son inadmisibles y se le brindaron las garantías necesarias para que expusiera su aporte a la verdad", señaló la JEP en su decisión.De esta manera, todos los procesos que cursan en contra de ‘Jorge 40’ continuarán su trámite en la justicia ordinaria. "La JEP niega la solicitud de sometimiento de Rodrigo Tovar Pupo, conocido como 'Jorge 40', por no aportar verdad plena que demostrara que actuó como punto de conexión o de bisagra entre la fuerza pública y los paramilitares", explicó la jurisdicción.Siga en vivo las noticias de Colombia y el mundo en Blu Radio:
El general Luis Mauricio Ospina, comandante del Ejército Nacional, aseguró que continúan las operaciones ofensivas contra el ELN, esto luego de la crisis que manifestó esta guerrilla vinculando a la fuerza pública y las palabras del presidente Gustavo Petro.Precisamente, el general recordó que ellos siguen las órdenes del mandatario, cuya indicación ha sido estar preparados y mantener la ofensiva, en especial, tras el asesinato del comandante de la Policía en El Tarra, Norte de Santander.“El señor presidente nos lo ha dicho en muchas ocasiones, 'entre más hable yo de paz más tienen que prepararse ustedes'. Desafortunadamente el concepto de estos grupos organizados es que creen que, entre más violencia, más atención les van a prestar”, agregó Ospina.Sobre la crisis manifestada por la delegación de la guerrilla, el general aseguró que no se pronuncia por tratarse del ámbito político y responsabilidad del alto comisionado para la Paz, pero sí cuestionó las acciones violentas que ha cometido el ELN pese a estar en una mesa de conversación.“El señor presidente tiene una mano tendida y les ha dado muchas oportunidades. Por eso lamentamos el fallecimiento del mayor de la Policía en el Tarra y nosotros seguiremos con la tarea que nos corresponde, pues no hay cese al fuego bilateral y debemos enfrentarlos”, agregó Ospina.El general Ospina también se pronunció sobre lo ocurrido este fin de semana con los combates que el Ejército sostuvo contra miembros de las disidencias en la región de Sumapaz, justo luego del paso de una delegación de autoridades, entre ellos, los gobernadores del Meta, Cundinamarca y la alcaldesa de Bogotá.“Pudimos establecer con labores de inteligencia que estas dos disidencias (Iván Mordisco y Segunda Marquetalia) tienen un enfrentamiento por el territorio (...) Lo que pasó este fin de semana es que nos informaron de la situación, nos movemos y reaccionamos ante esa intención de los ilegales”, puntualizó Ospina.El comandante aseguró que estos hechos están siendo recopilados y reportados al Mecanismo de Verificación del Cese al Fuego, en el caso de las disidencias de 'Iván Mordisco', para revisar el 30 de junio, cuando vencen los decretos, qué medidas tomar.Conéctese a la señal en vivo de Blu Radio:
Recientemente en un evento con un grupo de militares el presidente Gustavo Petro hizo un llamado en el que aseguró que aunque se está llevando a cabo un proceso de diálogo con el Gobierno, se deben seguir combatiendo sus economías ilícitas.“Tenemos al ELN negociando, pero no significa que se bajó la guardia contra su economía ilícita. Hay que destruirla. Terminarán diciendo sí en la mesa, si se dan cuenta que el traqueteo no sirve. Allí nos ahorraremos vidas humanas de aquí y de allá, tiempo sobre todo, y lo mismo será con los otros grupos. Siempre es lo mismo, en todos será lo mismo: destruir permanentemente la economía ilícita”, dijo el presidente.En un primer momento la delegación de diálogos del ELN, que se encuentra en Cuba, rechazó el pronunciamiento por parte del mandatario nacional y ahora el comando central de la guerrilla emitió un comunicado en el que mencionó que la mesa ha entrado en crisis debido a estas declaraciones.“A lo largo de su historia el ELN ha manifestado y practicado el deslinde categórico con todos los eslabones de la cadena del narcotrafico, existe una propuesta pública que se presentó al Gobierno de Colombia a través del alto comisionado para la Paz, a garantes y a representantes de diversos organismos internacionales y que está a la espera de ser abordada”, señala el comunicado.Esta es la tercera vez que la mesa de diálogos entra en crisis, pues después de que el Gobierno anunciara un cese al fuego bilateral que no había sido pactado con la guerrilla también se presentó un momento de crisis, igualmente cuando el ELN asesinó a 10 militares en el Catatumbo.“La mesa de diálogos ha entrado en crisis y se requiere claridad de parte del Gobierno, para que el camino hacia la paz se despeje y le hablemos con un lenguaje coherente al país y al mundo”, señaló el comando central.En este momento se desarrolla en La Habana, Cuba, el tercer ciclo de diálogos entre el Gobierno y el ELN y allí se discuten las condiciones que permitan pactar un cese al fuego bilateral.“Las declaraciones del presidente interrogan de manera pública nuestra delegación, se cuestiona su representatividad. Por tanto, el Gobierno debe aclarar públicamente si esta es un interlocutor válido para adelantar el proceso de paz con el Gobierno”, resaltó el ELN.Conéctese a la señal en vivo de Blu Radio:
La propuesta hecha por el presidente Gustavo Petro en medio de la cumbre cocalera que se desarrolló en el departamento de Nariño, de un cese al fuego territorial con el ELN que se podría expandir lentamente por todo el país fue calificada por expertos como una propuesta buena para la agrupación que adelanta diálogos de paz con el estado desde Cuba.“Me parece que tiene mucho sentido en la propuesta y ojalá el ELN le ‘coja la caña’ al presidente Petro en las negociaciones con el Gobierno. Entre gobierno y el ELN clave territorial estas negociaciones no son las negociaciones que se hicieron con las Farc y estas tienen una clave regional”, indicó el director de la fundación Paz y Reconciliación León Valencia.El director de la entidad expresó que este cese al fuego puede iniciar en los sectores donde el ELN tiene menor y mayor presencia.“Se puede empezar por la fortaleza o rodeando la fortaleza y hay dos caminos: la fortaleza es comenzar por Arauca que es el sitio que tiene mayor presencia y control el ELN y es un sitio clave en el país o se puede empezar por otros territorios donde la presencia del ELN no es tan definitiva e ir avanzando conquistando espacios y teniendo victorias tempranas”, indicó Valencia.La idea, según el presidente Gustavo Petro, es escoger una región concreta para poner límites de no violencia y consolidar las primeras zonas, de cese el cual sería verificado.Para el experto en temas de paz y docente de la Universidad Nacional Alejo Vargas la propuesta es viable y requiere de varias condiciones que son importante que se cumplan para que sea efectivo.“Que se precise muy claramente el territorio, qué tipo de acciones son las que no están permitidas y cuáles son los procedimientos de seguimiento y verificación del mismo; en segundo lugar, es muy importante que, si hay actores irregulares distintos, el Estado a través de la política de “la paz total” logre con estos actores, el que también ellos respeten ese es el juego. Porque ya el ELN ha dicho que no está en la disposición de hacer acuerdos con otros actores ilegales y en tercer lugar, es muy importante que haya una participación de organizaciones sociales pero también de un mecanismo institucional con participación internacional para darle seriedad al cumplimiento de ese cese transitorio que debe ser por dos o tres meses”, señalo el experto en temas de paz.Para Vargas es importante que se evalué ese cese al fuego y se corrija las fallas que pueda presentar.Le puede interesar: El abogado Daniel Briceño denunció que fue víctima de ciberataque en Twitter
Ante las recientes declaraciones de Salvatore Mancuso, líder de las Autodefensas Unidas de Colombia, ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), en las que dijo que Ecopetrol financió a la organización armada ilegal a finales de la década de 1990 y los años 2000, el presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció en sus redes sociales.“Que Ecopetrol permitiera financiar a los paramilitares con recursos públicos, hace que el paramilitarismo genocida haya sido financiado por el Estado colombiano. Fue el poder político el que uso el Estado para realizar una guerra contra la insurgencia a partir de matar sectores amplios de la ciudadanía colombiana”, indicó Petro en su perfil de Twitter.En ese mismo trino, el jefe de Estado la emprendió contra diferentes sectores políticos, sin especificar, al indicar que se estos se oponen a que esté presente una terna para elegir al próximo fiscal general, en remplazo de Francisco Barbosa.“Este poder político homicida en gran escala y enriquecido por su alianza con el narco busca desesperadamente que el gobierno del cambio no llegue a ternar la próxima Fiscalía. Le temen a la verdad y a que se destruya la impunidad”, señaló Petro.En dicho escrito, el mandatario mostró todo su apoyo a la JEP, que recibió en los últimos días la declaración de Salvatore Mancuso. “Todo nuestro apoyo a la JEP y a la justicia decente, todo el poder del pueblo para salir de la impunidad y la corrupción”, agregó Petro.También se pronunció del caso del exvicepresidente, Francisco Santos, quien durante este fin de semana y, ante los señalamientos de Mancuso ante la JEP, pidió al Fiscal levantar la reserva del sumario de su expediente y enviarlo a este tribunal.“Según esta confesión, un hijo de la oligarquía bogotana pedía que matara al pueblo bogotano. Y lo hicieron: armaron las bandas homicidas en el sur de Bogotá para acobardar a la gente humilde, construyeron prostíbulos, controlaron con extorsión Corabastos, se adueñaron del microtráfico, asesinaron a Jaime Garzón y a centenares de bogotanos y querían asesinarme”, denunció el presidente en su perfil.En otro trino, volvió a recordar el supuesto golpe de estado que estaría fraguando un sector político del país, luego que esta semana salieran a las calles un amplio número de exuniformados a marchar y terminaran en la Plaza de Bolívar de Bogotá.“Las palabras de Andrés Pastrana pidiendo a sus socios expresidentes de derecha de América Latina que no apoyen al presidente (Guillermo) Lasso en su defenestración por el Congreso del Ecuador, porque eso mismo se hará contra presidentes de izquierda en otros países y las reuniones para construir la conspiración llamada 'acero diluido', muestran que no estamos ante las palabras de un loco, sino ante una realidad", advirtió.Según Petro, dicha realidad se refiere a "los sectores políticos y empresariales untados hasta el cuello de dineros de la cocaína y la corrupción, que no quieren que el próximo fiscal ternado por el gobierno acabe la corrupción"."El camino es derribar el gobierno. Alistan los dineros para la comisión de acusaciones, tratan de dividir el ejército, para ver si los soldados que arriesgan sus vidas salvan los exoficiales retirados que se ligaron al narcotráfico y el genocidio”, destacó Petro.Recordemos que recientemente la cúpula de las fuerzas militares estuvo reunida con el presidente de la República y en dicho encuentro se comprometieron a luchar contra las economías ilícitas.“El Ejército está unido en la lucha contra las economías ilegalizadas y contra la corrupción, quiere la paz y la Constitución. El pueblo está avisado”, puntualizó el mandatario de los colombianos.Le puede interesar:
En una clara y abierta respuesta a la delegación de diálogos de paz de la guerrilla del ELN que esta en la Habana, el alto comisionado para la paz Danilo Rueda, dijo que el gobierno nacional nunca ha desconocido el acuerdo de México, pero si advirtió que le preocupa al presidente Gustavo Petro, la degradación del conflicto armado y social que se esta presentando en algunas zonas del país.Rueda, quien acompaña al jefe de estado durante la clausura del encuentro de organizaciones campesina y étnicas de territorios con presencia de cultivos de hoja de coca, manifestó que el proceso que se adelanta con el ELN es serio y busca pactar un cese bilateral del fuego y ojalá sea de hostilidades que permita salvar vidas en los territorios donde hay presencia militar de esta agrupación alzada en armas.El funcionario indicó que se han recibido quejas por parte de las comunidades que indican que en muchas zonas de la geografía nacional se ha llegado a una degradación que le preocupa al gobierno nacional e insistió que se debe llegar a un acuerdo de cese de hostilidades con una dimensión regional nos puede dar claridad sobre esa situación denunciada por los mismos habitantes.Estamos convencidos que el Ejercito de Liberación Nacional Eln tiene un momento de la historia y una disposición de hacer parte de la paz total con transformaciones, así ha sido consignado en el acuerdo de México y sabemos que la delegación de paz del gobierno del presidente Gustavo Petro, ha visto y ha observado una dinámica muy constructiva y muy propositiva para lograr acuerdos sustanciales el del cese del fuego y el de participación, manifestó Rueda.El presidente de la Republica ha reiterado a través de resoluciones y públicamente el Ejercito nacional de Liberación ELN, es un movimiento en armas con motivaciones políticas y hace una invitación a construir desde los territorios un cese de fuego y hostilidades para verificar para constatar y para ser creíble la construcción de la paz con justicia social y ambiental, preciso el alto comisionado para la paz.Indico que jamás se deslegitimo al ELN durante la reunión con los altos mandos militares que sostuvo el jefe de estado y recalco que entendemos y comprendemos la posición del ELN pero simplemente estamos reiterando que el acuerdo de México, los asuntos y principios allí sustentados, la agenda que allí tienen contendidos muy precisos es el marco de la conversación, pero hay situaciones territoriales, en la escucha que ha tenido el gobierno generan absoluta preocupación y por eso la invitación del presidente Gustavo Petro, a un cese territorial, verificable, que las comunidades mismas experimente que significa eso y un cese de hostilidades.Por último, Rueda, se refirió a la reunión con la cúpula militar del país y dijo que durante ese encuentro se hizo una caracterización a partir de los que se escucha y se experimenta en algunos territorios, pero advirtió que el acuerdo de México es la base de la mesa de los diálogos de paz con el Ejercito de Liberación Nacional.Le puede interesar (Las 5 noticias más importantes de la semana en las regiones):