El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
El jueves 12 de febrero de 2026 se llevaron a cabo los sorteos de las principales loterías y juegos de azar en Colombia, entre ellos la Lotería de Bogotá, la Lotería del Quindío, MiLoto y ColorLoto. La jornada dejó importantes premios, numerosos ganadores y nuevos acumulados que aumentan la expectativa de cara a los próximos sorteos.A continuación, se presenta el detalle completo de los resultados oficiales.Premio mayor de la Lotería de Bogotá – Sorteo 2833El gran protagonista de la noche fue el número: 2762 de la serie 465, correspondiente al Premio Mayor de $10.000 millones. Este billete se convirtió en el ganador principal del sorteo, marcando una noche de celebración para su afortunado poseedor.Premio Mayor de la Lotería del QuindíoEl número ganador del premio mayor de la Lotería de Quindío de este jueves 12 de febrero de 2025 es el: 9539 de la serie 067. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $2.000 millones!MiLoto, ganadores sorteo 12 de febreroDurante el sorteo 480, la combinación ganadora estuvo integrada por los números: 09 - 02 - 10 - 33 -15. No obstante, ningún participante logró acertar las cinco cifras, por lo que el premio principal quedó desierto.Resultados ColorLoto del 12 de febrero de 2026Los resultados oficiales de ColorLoto del 5 de febrero arrojaron la siguiente combinación de seis balotas: 2 (amarillo) - 6 (amarillo) - 1 (rojo) - 5 (amarillo) - 4 (azul) - 6 (rojo).
Estos son los resultados sorteo número 484 de Miloto, realizado la noche del jueves 12 de febrero de 2026. Según el reporte oficial de la entidad, el premio mayor no cayó, lo que ha provocado que el acumulado principal se desplace hacia una cifra más ambiciosa: $350 millones de pesos.Durante la jornada, las balotas que marcaron la hoja de ruta para los apostadores fueron las correspondientes a los números 02, 09, 10, 15 y 33. A pesar de la amplia participación registrada a nivel nacional, ningún tiquete logró coincidir con la combinación completa de cinco aciertos, dejando la bolsa principal intacta para el próximo sorteo.Resultados y premios de MiLoto hoyAunque el premio mayor quedó vacante, la jornada del 12 de febrero reportó un balance positivo en términos de capilaridad de premios. En total, 14.517 personas resultaron ganadoras en las categorías menores, lo que representó una distribución de recursos por un valor total de $116.763.600.La estructura de premios para este sorteo se desglosó de la siguiente manera:4 aciertos: Un total de 53 personas estuvieron a un solo número de alcanzar la gloria. Cada uno de estos ganadores recibirá una suma de $437.500, totalizando $23.187.500 en esta categoría.3 aciertos: Esta franja registró 1.278 ganadores. El premio individual se fijó en $31.950, con una repartición global de $40.832.100.2 aciertos: Como es habitual, esta es la categoría con mayor volumen de beneficiarios. 13.186 apostadores lograron el acierto doble, recibiendo un premio de $4.000 cada uno, sumando un total de $52.744.000.El fenómeno de Miloto en el mercado colombianoMiloto, una mecánica derivada de la marca Baloto, se ha consolidado en el mercado nacional como una opción atractiva debido a su bajo costo de entrada y a una matriz de probabilidad que favorece la obtención de premios menores. A diferencia de otros juegos, su formato de elegir 5 números del 1 al 39 permite que los acumulados se renueven con frecuencia, manteniendo el interés de los usuarios.Este juego es operado bajo la vigilancia de Coljuegos, la entidad reguladora que garantiza que el porcentaje de las ventas se destine al sistema de salud pública en Colombia. El crecimiento del acumulado a $350 millones posiciona a Miloto como una de las opciones más rentables para los jugadores que buscan premios significativos sin las complejidades de las matrices numéricas de mayor escala.Próximo sorteo y expectativasCon el nuevo monto de $350 millones, las autoridades del juego esperan un incremento en el volumen de apuestas para la siguiente jornada. Los expertos en juegos de azar sugieren que, cuando el acumulado supera la barrera de los 300 millones, el interés del público no tradicional se activa, generando una mayor recaudación.Los jugadores podrán adquirir sus tiquetes en los puntos de venta autorizados de la Red Vía, portales web oficiales y aplicaciones móviles. La transparencia del sorteo sigue siendo respaldada por la transmisión en directo y la supervisión de delegados oficiales, asegurando que la confianza en el sistema de apuestas se mantenga sólida en todo el territorio nacional.
Rusia aseguró hoy que ayudará materialmente a Cuba pese a lo que llamó "fortísima presión" por parte de Estados Unidos, que ha impuesto un embargo energético a la isla."Somos, sin lugar a dudas, solidarios con Cuba. Le ayudaremos, incluido materialmente. Ya se está haciendo", dijo Serguéi Riabkov, viceministro de Exteriores, a la agencia TASS.Añadió que, además de Rusia, hay otros países amigos de La Habana incluidos en el foro BRICS que también "están haciendo lo máximo posible".El diplomático acusó a Estados Unidos de ejercer una "fortísima presión" sobre el régimen cubano, lo que ha obligado a Rusia y Canadá, entre otros países, a repatriar a miles de turistas."En el marco de la actualizada Doctrina Monroe, Washington no se detiene ante ningún método ilegal que pisotee los cimientos del derecho internacional", afirmó.El Kremlin aseguró el jueves que no desea una escalada con la Casa Blanca debido a los suministros de petróleo ruso a Cuba.Peskov respondió así a la pregunta de si Moscú teme la imposición de aranceles por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que vertió esa amenaza a finales de enero.Fuentes de la Embajada rusa en La Habana informaron la víspera al diario Izvestia que Moscú "prevé el suministro en breve" de una partida de petróleo y productos petroleros "en calidad de ayuda humanitaria".Rusia envió por última vez crudo a la isla -100.000 toneladas- en febrero de 2025 por orden del presidente Vladímir Putin.Rusia, que ha recomendado a sus nacionales que no viajen a la isla, ha apoyado desde el principio al régimen cubano y descartó que pueda ocurrir lo mismo que con el líder venezolano, Nicolás Maduro.El Gobierno cubano advirtió el pasado domingo a las aerolíneas internacionales que operan en la isla que a partir de este lunes el país se quedaría sin combustible para aviación debido al asedio petrolero de Estados Unidos, según pudo confirmar EFE con dos fuentes.
Cuatro terremotos de magnitud entre 3,2 y 4,6 se registraron en la madrugada local de este viernes en la región autónoma de Xinjiang, en el noroeste de China, según datos del Centro de Redes Sismológicas del país, sin que de momento se haya informado de daños.El primero de los temblores se produjo a la 01:19 hora local (12:19 p. m. del jueves en Colombia) en el condado de Yuli, con una magnitud de 3,3 y una profundidad de 21 kilómetros.Veinte minutos después, a la 01:39 hora local (12:39 p. m. del jueves en Colombia), se registró un seísmo de magnitud 3,2 en el término municipal de Kuqa, con una profundidad de 25 kilómetros.A la 01:40 hora local (12:40 p. m. del jueves en Colombia) tuvo lugar otro terremoto en Yuli, esta vez de magnitud 4,6 y con una profundidad de 19 kilómetros.Finalmente, a la 01:51 hora local (12:51 p. m. del jueves en Colombia), un cuarto temblor de magnitud 4,5 volvió a sacudir Kuqa, con una profundidad de 26 kilómetros.De acuerdo con el registro oficial, en los últimos cinco años se han producido 529 terremotos de magnitud superior a 3 en un radio de 200 kilómetros en esa área.En enero de 2024, un sismo de magnitud 7,1 sacudió la cercana localidad de Aksu, dejando tres víctimas y daños en viviendas e infraestructuras.El oeste de China (donde se encuentran las regiones autónomas del Tíbet y Xinjiang, y provincias como Gansu o Qinghai) sufre con frecuencia estos movimientos telúricos, debido a que se encuentra cerca del lugar donde friccionan las placas tectónicas de Eurasia y la India, en el Himalaya.Sin embargo, en numerosas ocasiones los temblores no causan daños de importancia, debido a la baja densidad de población de la región.
La Lotería de Bogotá volvió a captar la atención de los apostadores en Colombia con la realización de su sorteo número 2833, efectuado en la noche del jueves 12 de febrero de 2026. Con un atractivo plan de premios y múltiples categorías, esta edición dejó nuevos ganadores en distintas regiones del país.Premio mayor de $10.000 millonesEl gran protagonista de la jornada fue el número 2762 de la serie 465, correspondiente al Premio Mayor de $10.000 millones. Este billete se convirtió en el ganador principal del sorteo, marcando una noche especial para su afortunado poseedor.Premios secos completosAdemás del premio mayor, el sorteo incluyó una amplia lista de premios secos en diferentes categorías, ampliando las oportunidades para miles de jugadores:Premio Trébol Mágico – $1.000 millonesNúmero: 9708 – Serie 2732 Premios Duendes de los Deseos – $500 millones2715 – Serie 2519322 – Serie 2553 Premios Gatos de la Fortuna – $200 millones1226 – Serie 1985288 – Serie 1256597 – Serie 0496 Premios Alcancías de los Sueños – $50 millones2219 – Serie 0975012 – Serie 1326311 – Serie 1074544 – Serie 2965672 – Serie 1857642 – Serie 20710 Premios Herraduras Suertudas – $20 millones2490 – Serie 0953258 – Serie 2923429 – Serie 4084155 – Serie 3744170 – Serie 1224993 – Serie 3806410 – Serie 0247012 – Serie 1358278 – Serie 1258306 – Serie 018Premios secos de 10 millones0178 – Serie 1969114 – Serie 0197863 – Serie 4215978 – Serie 1134688 – Serie 3183535 – Serie 2581832 – Serie 3741023 – Serie 2119186 – Serie 0107891 – Serie 4676019 – Serie 2835549 – Serie 0473989 – Serie 0922093 – Serie 1991195 – Serie 3739620 – Serie 2008334 – Serie 1246391 – Serie 2615726 – Serie 2154163 – Serie 2462516 – Serie 4261220 – Serie 0889631 – Serie 0188352 – Serie 0397004 – Serie 3875927 – Serie 0094347 – Serie 3382798 – Serie 1221268 – Serie 4249999 – Serie 132Tradición y respaldo socialCon más de un siglo de historia, la Lotería de Bogotá se mantiene como uno de los juegos más tradicionales del país. Su plan de premios, la transmisión en vivo de los sorteos y la presencia de ganadores en diferentes departamentos fortalecen la confianza de los jugadores semana tras semana.Además, parte de los recursos recaudados se destinan al fortalecimiento del sistema de salud, lo que refuerza su impacto social y su relevancia dentro del panorama de las loterías en Colombia.¿Cómo reclamar los premios?La entidad recuerda que el cobro debe realizarse únicamente a través de los canales oficiales para garantizar transparencia y seguridad.Premios menores (hasta seis salarios mínimos)Con el lotero donde se adquirió el billete.En puntos de venta autorizados.Premios mayoresEl trámite debe hacerse de manera presencial en la sede principal:Carrera 32A #26-14, Bogotá.Documentos requeridosBillete original firmado.Fotocopia de la cédula.Certificación bancaria vigente.Formulario de identificación de ganadores diligenciado.Como recomendación final, se aconseja verificar siempre los resultados en los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite, evitando fraudes y garantizando un proceso seguro y confiable.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, estructuras en las que se concentraron los secuestros más complejos, prolongados y violentos del conflicto armado.En el caso del Bloque Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, la JEP los halló responsables por secuestros cometidos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.Para el Bloque Sur, las conductas investigadas ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y en sectores de Cauca y Meta.Los imputados del Bloque Oriental son: Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Darío Lee Díaz (Robledo); Luis Montes (Euclides Bermúdez); Ángel García (Hernán Benítez); Ezequiel Hueguía (Rolando Romero); y William Tovar (Franklin Smith Caicedo). Según la JEP, este bloque tuvo un papel central en secuestros con fines de canje, especialmente contra figuras políticas, entre ellas Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial, y Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial y jefa de campaña.La investigación estableció que, debido a su mayor capacidad operativa y control territorial, el Bloque Oriental recibió durante años a víctimas de secuestro provenientes del Bloque Sur, particularmente aquellas retenidas para intercambio por guerrilleros presos. Estas personas permanecieron durante largos periodos en campamentos selváticos, en condiciones extremas de cautiverio.La Sala de Reconocimiento llamó a estos comparecientes a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, así como por otros delitos cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.Además, les atribuyó crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y conductas asociadas, como desaparición forzada, asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos, los cuales, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.La investigación concluyó que los excombatientes imputados tenían control efectivo sobre su tropa y capacidad de imponer disciplina, por lo que son responsables tanto por haber impartido órdenes directas que derivaron en secuestros y asesinatos, como por no impedir los abusos cometidos contra las víctimas durante el cautiverio.Algunos de ellos, además, participaron de manera directa en crímenes graves y comandaron campamentos donde las personas permanecieron privadas de la libertad durante años.De acuerdo con la JEP, el Bloque Oriental fue responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP en todo el país, mientras que el Bloque Sur concentró el 8 %. Sin embargo, el 18 % de las víctimas acreditadas ante la JEP señalan al Bloque Sur como responsable. Entre las 4.439 víctimas acreditadas, 1.239 atribuyen su secuestro al Bloque Oriental y 771 al Bloque Sur.La JEP documentó que ambos bloques actuaron bajo tres patrones criminales: secuestros para financiar la organización, para forzar intercambios por guerrilleros presos y para ejercer control social y territorial. En este último patrón se registraron trabajos forzados, castigos colectivos y asesinatos de personas que intentaron escapar del cautiverio.Con estas imputaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la investigación del Caso 01 y dejó delimitada la lista de responsables por el secuestro en las Farc-EP. El proceso entra ahora en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, en la que los imputados deberán aceptar o rechazar los cargos en un plazo de 30 días.De haber reconocimiento, se avanzará hacia sanciones propias de carácter restaurativo; de lo contrario, los casos podrán ser remitidos al Tribunal para la Paz o a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían derivar en juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
La Coordinadora Humanitaria, que agrupa a diferentes procesos sociales en 15 territorios del país, hizo un balance sobre los procesos de cese al fuego bilateral entre el Gobierno nacional y los diferentes grupos armados.Líderes sociales de algunos departamentos como Antioquia, Arauca, Norte de Santander, Putumayo, Meta y Nariño le presentarán esta información al Gobierno, la Iglesia católica y la ONU este martes, 25 de abril.El informe evalúa las violaciones a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2023, teniendo en cuenta información de organizaciones defensoras de derechos humanos, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, y otros organismos multilaterales.Las afectaciones más frecuentes para la población son los desplazamientos y confinamientos, en Nariño, Caquetá, Chocó, Arauca y Cauca. En los 15 territorios se han reportado un total de 318 eventos violentos a nivel nacional, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2023, según este reporte.El Clan del Golfo es el que más acciones violentas tiene en Colombia"El evento violento con mayor número de veces reportado fue el de acciones en contra de la defensa y respeto de la vida por no distinción entre combatientes y no combatientes (96 eventos), el cual incluye principalmente asesinatos, homicidios, combates y masacres. En relación a las acciones violentas, se identifica que en primer lugar el Clan del Golfo con el 31,8 % (101 eventos) seguido del 'Estado Mayor Central' con 24,2 % (77 eventos), el ELN con 18,5 % (59 eventos), actor indeterminado 16,9% (54 eventos) y 'Segunda Marquetalia' con el 4,7 % (15 eventos)", son algunos de los datos que le entregará la Coordinadora al Gobierno.En Arauca se han presentado 30 eventos violentos, en Buenaventura 15, en Caquetá 14, en el Caribe 47, en Catatumbo 24 y en Córdoba 16. Solo en el Cauca se habrían registrado 45 acciones violentas y en Nariño 23."Identificamos acciones que, a nuestro juicio, violaron el cese al fuego, creemos que no hay paz total si no hay participación completa de la sociedad civil, debe haber participación de las organizaciones reconocidas en los territorios. Hasta el momento no sabemos cómo va a ser la participación (...) No tendría sentido que las organizaciones verifiquen unos protocolos que dos actores construyeron desconociendo la participación de la comunidad", manifestó José David Ortega, líder de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba.Un informe para ser tenidos en cuenta en los diálogos, dicen líderes socialesSon al menos 70 líderes sociales que presentarán este informe ante el Gobierno y la comunidad internacional asegurando que debe haber participación de la sociedad civil también en los procesos de diálogo con los diferentes grupos armados."No está produciéndose precisamente un cese al fuego y cese hostilidades para generar un mejor ambiente para los diálogos. En estos momentos en nuestras regiones lo que está sucediendo es que hay un ambiente mucho más enrarecido porque ahora los armados se sienten con más intención de intercambiar con los civiles, porque como no están en combates entonces hacen más presencia en los espacios ubicados para la civilidad, se mantienen homicidios, nos preocupan los desplazamientos forzadas y la desaparición de personas, así como la siembra de artefactos explosivos, hay aumento del reclutamiento", señaló Ani Páez, líder del Magdalena MedioLe puede interesar: 'Cómo saber cuándo cambiar las llantas'
Recientemente el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, señaló que la guerrilla del ELN estaría buscando reclutar a 12 menores de edad en las áreas rurales de municipios como Yarumal y Campamento, según información de inteligencia. "Se ha entregado información y denuncias a la Fiscalía que hablan de una intención de reclutamiento entre 10 y 12 menores por parte de este grupo al margen de la ley", informó Aníbal Gaviria.Sin embargo, el máximo cabecilla del ELN, alias 'Antonio García', aseguró que esta guerrilla no tienen ninguna intención de reclutar a 12 menores de edad de esta región y respondió al gobernador diciendo que ellos no hacen reclutamientos, pues, según él, las personas llegan al grupo voluntariamente."Hemos hecho claridad que el ELN no hace reclutamientos. Las personas se vinculan voluntariamente. No vinculamos menores de edad a nuestras filas combatientes. Si el gobernador Aníbal Gaviria tiene ubicados 12 niños que podrían ser 'reclutados' por la guerrilla, le ratificamos que no es el ELN. Me parece una buena oportunidad para que el gobernador envíe una delegación del ICBF Colombia para que les de la atención requerida y de paso les ofrezca, desde la Gobernación, estudio gratis, como debería ser", señaló García.Cabe recordar que en los próximos días empezará el tercer ciclo de diálogos entre el Gobierno nacional y la guerrilla del ELN en La Habana, Cuba. Allí, se discutirán las condiciones para pactar un cese al fuego bilateral y los mecanismos para que la sociedad civil pueda participar en el proceso.Zozobra en Antioquia por el reclutamiento forzado a menores de edadSegún la información de inteligencia recogida, estaría buscando sumar un total de 12 niños y adolescentes de las familias campesinas, como lo indica el gobernador Aníbal Gaviria.Sin embargo, la estrategia para el reclutamiento no implica ejercer violencia, debido a que se ha conocido que los subversivos se robaron los listados de los estudiantes con sus datos y los están llamando para ofrecerles pagos a cambio de que se sumen a sus filas.Le puede interesar: 'Cómo saber cuándo cambiar las llantas'
Los excombatientes de la extinta guerrilla de las Farc entregaron información sobre la posible ubicación de al menos 4.257 artefactos explosivos que estarían en diferentes zonas del país ante el Gobierno, la ONU y el Consejo Nacional de Reincorporación del Partido Comunes.Estos artefactos explosivos fueron instalados durante el conflicto armado. Este mecanismo tripartito ahora utilizará los datos para verificar si estas zonas pueden estar contaminadas en la actualidad con este tipo de artefactos.“Sabemos que sin información que de cuenta de los lugares donde artefactos explosivos fueron colocados en la guerra, y sin retirarlos será muy difícil implementar la reforma rural integral”, afirmó Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del acuerdo de paz.Esta información fue entregada, a través de 107 formularios, y da cuenta de al menos 4.122 artefactos con mecanismo de activación por presión, 114 por tensión, 20 por liberación de presión y una sin categoría establecido.El llamado del Gobierno es para que todos los grupos armados dejen de utilizar este tipo de explosivos en las zonas donde tienen presencia."La preservación de la vida y la atención para las víctimas de la guerra son ejes centrales de la política de paz total del presidente Gustavo Petro. Por tanto, hacemos un llamado urgente a todos los grupos que persisten en la violencia armada a eliminar definitivamente el uso de las minas antipersonal de sus repertorios de guerra, por ser armas indiscriminadas y violatorias del DIH que causan graves afectaciones a la población civil", señalaron desde la Unidad para la Implementación del acuerdo de paz.Le puede interesar: 'Titulares Deportivos'
Desde la Defensoría del Pueblo advierten que en el departamento de Chocó, al menos, 15 integrantes de comunidades indígenas se han quitado la vida por presiones de grupos armados que se encuentran en esta zona del país.Asimismo, la Defensoría del Pueblo asegura que en este departamento hay presencia, principalmente, del Clan del Golfo y el ELN, estructuras que, además, tienen disputas en algunas zonas. Los casos reportados sucedieron en seis municipios y se han dado bajo ahorcamiento y envenenamiento, según reporta lo entidad.“Es de suma importancia actuar cuanto antes. Las instituciones competentes deben aplicar el enfoque diferencial en esta problemática de salud mental causada por los efectos de las hostilidades a quienes están en medio del conflicto. Diez de los casos reportados corresponden a mujeres. Se requiere una atención inmediata que esté en consonancia con las prácticas tradicionales de armonización que solicitan las comunidades afectadas”, afirmó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.En el mismo sentido alertan que se están presentando casos de acoso e instrumentalización de menores de edad para la guerra, violencia sexual, confinamientos y desplazamientos recurrentes y una violencia generalizada, que está llevando a que se registren estos casos de suicidio por parte de los integrantes de las comunidades indígenas que se han registrado en Bojayá, Alto Baudó, Quibdó, Bahía Solano, Bagadó y Lloró.“Les pedimos al Ministerio de Salud, a la Secretaría de Salud del Chocó, a las alcaldías municipales y a todos los entes con competencia para casos de esta naturaleza que establezcan programas de atención y se movilicen hasta los territorios afectados. Sabemos de las afugias de las que son víctimas estas comunidades, a las que se tienen que enfrentar a diario, pero la vida tiene sentido, vale la pena vivirla, y el Estado está en la obligación de proteger sus derechos a la vida, a la libertad y a la seguridad”, enfatizó Carlos Camargo Assis.Le puede interesar: 'Titulares Deportivos'
La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, Ocha, publicó un informe sobre la situación humanitaria en Colombia durante el primer trimestre del año, en comparación con el mismo periodo del año.El reporte indica que hubo una reducción en el número de víctimas por desplazamientos y confinamientos, sin embargo, 29.000 personas fueron víctimas de este tipo de situaciones."Durante el primer trimestre del año, se registraron más de 10.300 personas afectadas durante 25 emergencia por desplazamiento masivo en diferentes departamentos del país. Si bien se observa una reducción en el número de eventos y personas en comparación con el mismo periodo del año anterior, hay que recordar que están activos el 19 % de los desplazamientos, reportados entres 2022 y 2023; es decir, cerca de 17.000 personas siguen en este problema" advierte la Ocha.Una de las principales causas de desplazamiento son los enfrentamientos entre los grupos armadosLos departamentos más afectados siguen siendo los del Pacífico, como Nariño, Valle del Cauca y Cauca. Los confinamientos se están presentando también principalmente en esta región del país, pues en Chocó, Bolívar, Arauca, Cauca y Valle del Cauca donde al menos 18.700 personas se vieron afectadas por este hecho victimizante en los primeros tres meses del año."Entre enero y marzo también se han reportado alertas en los departamentos de Arauca y Nariño debido al aumento en la presencia de minas antipersonal (MAP) y otros artefactos explosivos (TE). Se presume que esta estrategia forma parte de las acciones de los GANE para controlar territorios y limitar la movilidad de la población. La presencia de estos artefactos afecta no solo la movilidad, sino también la salud física y emocional de las personas, el acceso a alimentos, servicios de protección y educación, entre otros", se lee en el reporte.En el mismo sentido la Ocha señala que debido al control territorial que quieren ejercer los grupos armados en los territorios las comunidades están en riesgo de reclutamiento, violencia sexual, amenazas y homicidios, pero además explican que en el marco del paro minero se presentaron restricciones a la movilidad en los departamentos de Antioquia y Córdoba, afectando al menos a 1 millón de personas."Durante el primer trimestre se destacaron las restricciones a la movilidad que ocurrieron durante el Paro Minero en los departamentos de Córdoba y Antioquia donde se registró el desabastecimiento de combustible, agua potable, alimentos y medicamentos a la población. También, se destaca la persistencia de las restricciones de movilidad en el departamento de Guaviare que han impactado en el acceso a cultivos (y por ende a alimentos) de la población, lo que evidencia la importancia de garantizar el libre acceso a los bienes y servicios básicos de la población", señala la Ocha.Los diálogos están enfrentando los desplazamientos forzadosLa disminución en los eventos de desplazamiento y confinamiento se puede estar presentando debido a los diálogos y acercamientos del Gobierno con algunos grupos, pero también debido a otros factores como la falta de denuncia en las zonas donde tienen presencia algunas estructuras armadas."Hay que considerar que, a pesar de esta disminución, los enfrentamientos entre GANE continúan siendo la principal causa de las emergencias. También, se resaltan los eventos de restricción al acceso humanitario que se han focalizado en los municipios de la subregión del Catatumbo, Norte de Santander, que concentra el 51 % de los incidentes de este tipo, seguido por Guaviare, Nariño, Meta y Caquetá" aclaran desde la Ocha.Le puede interesar: 'Historias detrás de la historia'
En las últimas horas se reunieron los líderes del Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Carrizal, ubicado en Remedios, Antioquia, con la directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, Alejandra Miller, en el encuentro se acordó el traslado de las familias de excombatientes de este AETCR a algunos predios fértiles en los departamentos de Santander y otras zonas de Antioquia debido a las condiciones de seguridad de la zona.“Con los equipos territoriales se hará en primer lugar una caracterización de las personas que van a estar en la búsqueda de unos predios en Santander y otras personas que se quedarán en Antioquia, pero dependerá de esa búsqueda de los terrenos, y así avanzar en estudios de prefactibilidad para que sea la Agencia Nacional de Tierras quien pueda abordar una adquisición rápida de los predios”, aseguró Miller.Es importante recordar que en las últimas semanas las comunidades del corregimiento de Carrizal, en el municipio de Remedios, denunciaron hostigamientos, cerca de este AETCR. En esta zona del país hay presencia del Clan del Golfo, el ELN y las Disidencias, esta fue una de las razones por las que se planteó la posibilidad de trasladar el AETCR.“Sabemos que hay una circunstancia de seguridad que ha impactado sus vidas y sus proyectos productivos", señaló Miller durante este encuentro que se da en el marco de una gira regional que está haciendo la Agencia para la Reincorporación y Normalización para escuchar las a los excombatientes de la antigua guerrilla de las Farc.Le puede interesar: 'Historias detrás de la historia'