El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
La vigilancia epidemiológica en el este de la India ha dado un giro crítico. Tras permanecer un mes en estado de extrema gravedad, una enfermera de 25 años ha fallecido en el estado de Bengala Occidental debido a complicaciones derivadas del virus Nipah (NiV). Este deceso marca un hito preocupante en la salud pública local, al ser considerada la primera muerte vinculada a este patógeno en la historia reciente de dicha región.La sanitaria se encontraba bajo cuidados intensivos desde mediados de enero en un hospital privado de la localidad de Barasat, centro médico donde también desempeñaba sus funciones profesionales. Según fuentes del Ministerio de Salud citadas por la cadena India Today, el cuadro clínico de la paciente se vio severamente comprometido por la infección, lo que derivó en un fallo multiorgánico."Aunque la muerte no puede atribuirse enteramente al virus, la infección desencadenó complicaciones que llevaron a su deterioro", aclaró la fuente oficial, subrayando la agresividad con la que el patógeno actúa sobre el sistema inmunológico y respiratorio.Seguimiento y control de contactosEl caso de la enfermera no fue aislado. En el mismo periodo de enero, otro compañero de profesión dio positivo por el virus. Afortunadamente, este segundo paciente logró responder favorablemente al tratamiento y recibió el alta médica la semana pasada.Ante el riesgo de una propagación comunitaria, las autoridades sanitarias activaron de inmediato los protocolos de bioseguridad. Se procedió al aislamiento y monitoreo de más de 120 personas que mantuvieron contacto directo con los sanitarios infectados. No obstante, los resultados de las pruebas diagnósticas han arrojado un respiro a la población: todos los test realizados hasta la fecha han dado negativo, lo que sugiere que la transmisión no se ha extendido fuera del foco inicial.Un patógeno de alta letalidad bajo la lupa de la OMSEl virus Nipah es una enfermedad zoonótica (transmitida de animales a humanos) que figura en la lista de patógenos con potencial epidémico de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sus huéspedes naturales son los murciélagos fruteros (Pteropodidae) y su sintomatología es especialmente severa, pudiendo causar desde problemas respiratorios agudos hasta una encefalitis mortal.La situación en la India guarda una estrecha relación geográfica con los brotes recurrentes en el vecino Bangladés. De hecho, la OMS confirmó el pasado 6 de febrero otra víctima mortal en territorio bangladesí. En ese país, los contagios suelen estar vinculados al consumo de savia de palmera contaminada por las secreciones de los murciélagos.Contexto oficial y calma institucionalA pesar de la gravedad del fallecimiento, el Ministerio de Salud de la India ha mantenido una postura de cautela y control. Desde diciembre de 2025, solo se han notificado oficialmente estos dos casos en Bengala Occidental. Las autoridades han desestimado, por el momento, el peligro de un brote a gran escala, instando a la población a mantener la calma y a seguir las recomendaciones de higiene básicas.La comunidad científica sigue de cerca estos eventos, ya que el Nipah no cuenta actualmente con una vacuna ni tratamiento específico, dejando la atención de soporte como la única vía de supervivencia para los afectados.
Un tramo del jarillón del río Lebrija cedió nuevamente, provocando inundaciones y daños en zonas rurales de Sabana de Torres y sus alrededores, en el departamento de Santander. La ruptura de esta estructura de contención ha encendido las alarmas de las comunidades ribereñas, que denuncian el riesgo permanente ante el avance de las lluvias y la falta de mantenimiento de estas barreras protectoras en esa localidad. En el sector de Monterrojo, personal municipal y líderes comunitarios reportaron que cerca de 43 metros del jarillón colapsaron bajo la fuerza de las aguas, lo que permitió el paso directo de caudal hacia fincas y zonas habitadas. El alcalde de Sabana de Torres, Darío Buchenicow Caballero, confirmó que la rotura se presentó durante las últimas crecientes y exhortó a las autoridades departamentales y nacionales a intervenir de forma urgente para evitar un desbordamiento mayor.Residentes de los sectores afectados describen la situación como crítica, ya que el agua ha anegado cultivos y caminos vecinales, poniendo en riesgo cosechas y propiedades. Pese a que el nivel del río ha descendido en días recientes, el temor de nuevas inundaciones persiste entre las familias ubicadas en las riberas del Lebrija.Líderes sociales han advertido que no es la primera vez que esta infraestructura falla. En el corregimiento de Papayal, Rionegro, otro tramo del jarillón sufrió aperturas de hasta de 60 metros, según testimonios de pobladores. Denuncian que estas obras llevan más de ocho años sin mantenimiento adecuado, lo que agrava la vulnerabilidad ante cada temporada de lluvias.La Gobernación de Santander informó que mantiene un monitoreo permanente del río Lebrija y ha activado alertas tempranas para zonas en riesgo. El gobernador Juvenal Díaz detalló que, gracias a la reciente disminución de las lluvias, el caudal del río se ha estabilizado, pero pidió no bajar la guardia ante posibles nuevas crecientes. Además, dijo que la Oficina de Gestión del Riesgo Departamental coordina con el municipio el desplazamiento de maquinaria para la rehabilitación preventiva del jarillón.Sin embargo, desde la comunidad señalan que se requieren acciones más decididas y rápidas, pues la infraestructura afectada no solo protege viviendas, sino también terrenos agrícolas y vías de comunicación esenciales para el sustento de miles de familias.Las lluvias atípicas registradas en los últimos días en Santander han generado alertas por riesgo de crecientes súbitas e inundaciones en diferentes municipios, incluyendo la zona baja del río Lebrija, que históricamente ha sido susceptible a desbordamientos cuando los jarillones fallan o se debilitan.Organizaciones de gestión del riesgo y la misma comunidad instan a reforzar no solo la infraestructura física sino también los mecanismos de alerta temprana y educación preventiva para minimizar desastres futuros.
Un violento asalto dentro de un micromercado del barrio Monterredondo de Bucaramanga terminó con la muerte de un hombre, identificado como Sergio Andrés Suárez Ortiz, propietario del establecimiento. Al menos dos sujetos armados ingresaron al local haciéndose pasar por clientes y exigieron prendas de valor. La víctima habría intentado resistirse al robo de su cadena de oro, por lo que uno de los agresores le disparó a quemarropa dentro del negocio.Suárez Ortiz fue trasladado inicialmente a un centro médico, pero falleció debido a la gravedad de las heridas. Las autoridades desplegaron operativos policiales en la zona y revisan cámaras de seguridad para identificar a los responsables y seguirles la pista. La Alcaldía de Bucaramanga rechazó el homicidio y anunció una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quien aporte información que permita la captura de los culpables.Las autoridades reportaron que horas después en el barrio Bucaramanga, sector La Hoyada, fue asesinado a tiros un hombre. De acuerdo con la investigación se trataría de un posible ‘ajuste de cuentas’ entre bandas del microtráfico.En otro hecho delictivo ocurrido esta mañana en Piedecuesta, un hombre resultó gravemente herido tras ser víctima de un fleteo, una modalidad de robo en la que delincuentes siguen a su víctima luego de retirar dinero en una entidad bancaria.El ataque se registró en el barrio Brisas de Primavera II, cuando la víctima, quien había retirado aproximadamente 15 millones de pesos, fue interceptada por sujetos que lo perseguían en motocicleta. Los desconocidos lo intimidaron y, en medio del asalto, le dispararon en el pecho antes de huir del lugar con el efectivo.La víctima fue auxiliada por la comunidad y llevada de urgencia a un centro asistencial, donde permanece bajo pronóstico reservado mientras las autoridades analizan videos de las cámaras de seguridad para tratar de ubicar a los agresores. La Policía Nacional confirmó que se fortalecerán los operativos en puntos considerados críticos de la ciudad y su zona metropolitana, intensificando labores de inteligencia y análisis criminal para identificar y capturar a los responsables de ambos hechos. A su vez, se hace un llamado a la ciudadanía a mantener la precaución y reportar cualquier información útil para la investigación.Estos incidentes se suman a una serie de hechos de violencia que han afectado la seguridad en el área metropolitana de Bucaramanga, donde ajustes de cuentas, robos violentos y ataques armados han sido motivo de alerta para las autoridades y la comunidad.
El presidente Gustavo Petro anunció que el Gobierno nacional evalúa prohibir la exportación de carne en Colombia para contener el alza de precios internos. Durante el tercer consejo de ministros de la semana, el mandatario vinculó esta medida a la situación de emergencia económica, argumentando que el costo de este producto básico está subiendo el doble de la inflación debido a su comercialización en mercados internacionales.La decisión busca priorizar el abastecimiento nacional y proteger el bolsillo de los ciudadanos. "En época de emergencia no se puede exportar carne, necesitamos la carne en Colombia", sentenció Petro. Según el jefe de Estado, la crisis climática obliga a incentivar la producción interna de alimentos como yuca, tomate y leche en zonas que no han sido afectadas por las inundaciones, garantizando la seguridad alimentaria.Para apoyar esta transición, el Ejecutivo planea establecer una tasa de interés del 0 % para los productores en dichas áreas. El objetivo es reducir los costos financieros y de arrendamiento que, según el mandatario, ponen a los campesinos 'contra la pared'.Decretos de inversión forzosa para la bancaEn el marco de la misma emergencia, el presidente confirmó que expedirá decretos de inversión forzosa tras asegurar que el sistema financiero incumplió el 'Pacto por el Crédito' de 2024. Petro afirmó que la banca lo engañó al no dirigir los 250 billones de pesos pactados hacia sectores productivos y créditos asociativos, manteniendo el capital concentrado en el consumo."Saldrán decretos sobre la inversión forzosa porque no hay casi ningún crédito asociativo, no se centraron en la producción, se llevan la plata del país", advirtió el mandatario, señalando que la medida busca reactivar sectores estratégicos como vivienda, agricultura y turismo.Nuevo impuesto al patrimonio para empresasComplementando las medidas económicas, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, presentó un proyecto de decreto para implementar un impuesto al patrimonio dirigido exclusivamente a las 15.000 empresas más grandes del país. La iniciativa busca corregir la regresividad tributaria, estableciendo tarifas diferenciales que distingan entre empresas productivas y rentísticas, como los bancos, para elevar su tasa efectiva de tributación del 21,3 % al 28 %.
El asesinato del empresario Gustavo Andrés Aponte Fonnegra y su escolta Luis Gabriel Gutiérrez sacudió al norte de Bogotá tras conocerse un video de seguridad que muestra el momento exacto del ataque, ocurrido cuando ambos salían de un gimnasio ubicado en la calle 85 con carrera Séptima.Las imágenes, que circulan en redes sociales, registran a un hombre vestido de traje que espera mientras habla por celular. Cuando el semáforo cambia y las víctimas descienden por las escaleras del establecimiento, el atacante dispara por la espalda y huye corriendo hacia una estación de servicio cercana, perdiéndose del encuadre de las cámaras.Según la reconstrucción preliminar de los investigadores, el crimen habría sido coordinado. Un presunto cómplice vigilaba los movimientos del empresario, mientras otros atacantes esperaban en la esquina donde funciona una gasolinera. Tras los disparos —uno contra el empresario y tres contra el escolta— el sicario escapó en motocicleta por la carrera Séptima. Las autoridades analizan decenas de horas de grabaciones de seguridad y testimonios para identificar plenamente a los responsables.El alcalde Carlos Fernando Galán calificó el hecho como un crimen “milimétricamente planeado” y aseguró respaldo total a la labor de los investigadores judiciales. Aponte era reconocido por su actividad social a través de la Fundación Aponte Rojas y por su cercanía con la Iglesia Católica Colombiana, lo que incrementó la conmoción entre allegados, familiares y ciudadanos.La dimensión humana del crimen quedó reflejada en los testimonios de los familiares de las víctimas. El padre del empresario expresó su dolor tras conocer el asesinato: “Estoy muy, muy golpeado, pero el país tiene que cambiar porque mi hijo, como tantas personas, un hombre bueno, dedicado a la Virgen, dedicado a sus amigos, a su familia, porque me lo mataron. No, no podemos seguir así. No, por favor, no hagan este mal daño en este país. Ustedes no saben, estamos No entiendo, semejante hombre que era mi hijo, me lo matan de esa manera".Por su parte, el hermano del escolta aseguró que la familia desconocía cualquier amenaza previa: “No, él nunca nos manifestó que tuvieran amenazas o algo por el estilo. No, nunca, nunca nos lo mencionó. Por eso se nos hace muy extraño todo esto. De así de tan repentino es algo de no, pues, de no creer, hermano. Dos buenas personas, porque él decía que el señor era muy devoto de la Virgen, él también devoto de la Virgen.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, estructuras en las que se concentraron los secuestros más complejos, prolongados y violentos del conflicto armado.En el caso del Bloque Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, la JEP los halló responsables por secuestros cometidos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.Para el Bloque Sur, las conductas investigadas ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y en sectores de Cauca y Meta.Los imputados del Bloque Oriental son: Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Darío Lee Díaz (Robledo); Luis Montes (Euclides Bermúdez); Ángel García (Hernán Benítez); Ezequiel Hueguía (Rolando Romero); y William Tovar (Franklin Smith Caicedo). Según la JEP, este bloque tuvo un papel central en secuestros con fines de canje, especialmente contra figuras políticas, entre ellas Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial, y Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial y jefa de campaña.La investigación estableció que, debido a su mayor capacidad operativa y control territorial, el Bloque Oriental recibió durante años a víctimas de secuestro provenientes del Bloque Sur, particularmente aquellas retenidas para intercambio por guerrilleros presos. Estas personas permanecieron durante largos periodos en campamentos selváticos, en condiciones extremas de cautiverio.La Sala de Reconocimiento llamó a estos comparecientes a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, así como por otros delitos cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.Además, les atribuyó crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y conductas asociadas, como desaparición forzada, asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos, los cuales, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.La investigación concluyó que los excombatientes imputados tenían control efectivo sobre su tropa y capacidad de imponer disciplina, por lo que son responsables tanto por haber impartido órdenes directas que derivaron en secuestros y asesinatos, como por no impedir los abusos cometidos contra las víctimas durante el cautiverio.Algunos de ellos, además, participaron de manera directa en crímenes graves y comandaron campamentos donde las personas permanecieron privadas de la libertad durante años.De acuerdo con la JEP, el Bloque Oriental fue responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP en todo el país, mientras que el Bloque Sur concentró el 8 %. Sin embargo, el 18 % de las víctimas acreditadas ante la JEP señalan al Bloque Sur como responsable. Entre las 4.439 víctimas acreditadas, 1.239 atribuyen su secuestro al Bloque Oriental y 771 al Bloque Sur.La JEP documentó que ambos bloques actuaron bajo tres patrones criminales: secuestros para financiar la organización, para forzar intercambios por guerrilleros presos y para ejercer control social y territorial. En este último patrón se registraron trabajos forzados, castigos colectivos y asesinatos de personas que intentaron escapar del cautiverio.Con estas imputaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la investigación del Caso 01 y dejó delimitada la lista de responsables por el secuestro en las Farc-EP. El proceso entra ahora en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, en la que los imputados deberán aceptar o rechazar los cargos en un plazo de 30 días.De haber reconocimiento, se avanzará hacia sanciones propias de carácter restaurativo; de lo contrario, los casos podrán ser remitidos al Tribunal para la Paz o a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían derivar en juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Desde noviembre de 2022, el Gobierno nacional y la guerrilla del ELN comenzaron un diálogo de paz en Caracas, Venezuela, con el fin de incentivar la paz total que anunció el presidente Gustavo Petro, además ponerle fin al conflicto armado a las regiones más afectadas en los últimos años.La guerrilla del ELN ha sido clara en que estos diálogos deben ser itinerantes, es decir, que cada ciclo debe llevarse a cabo en una sede diferentes, teniendo en cuenta, claramente, a los países garantes de las negociaciones como lo son Cuba, Venezuela, México, Chile, Noruega y Brasil.El primer ciclo se desarrolló en Venezuela, el segundo en México y el tercero empezará en mayo en La Habana, Cuba. Sin embargo, el senador Iván Cepeda confirmó que el Gobierno nacional le propuso a la guerrilla del ELN que trasladen la mesa de diálogos a Colombia. Si este grupo acepta la propuesta, el resto de ciclo serán en Colombia."Le hemos propuesto al ELN que traigamos el proceso a Colombia, o al menos la mesa, creemos que hay condiciones para ello y ese es un tema que ponemos ahí en discusión y por supuesto el cese del fuego y hostilidades, el desarrollo de los alivios humanitarios", señaló el senador Iván Cepeda.Se espera que en este tercer ciclo de diálogos, en La Habana, se empiece a discutir el cese al fuego bilateral y de hostilidades, también las condiciones que permitan la participación de la sociedad civil en el proceso de diálogo.Le puede interesar: 'Titulares Deportivos'
Pese a que el Gobierno nacional decidió suspender el cese al fuego con el Clan del Golfo a raíz de hechos violentos en el Bajo Cauca por el paro minero, el abogado de este grupo, Ricardo Giraldo, aseguró que ya hay acercamiento entre ambas partes para pactar unos protocolos con una reglas claras que permitan retomar diálogos y evitar que se presenten este tipo de situaciones. Cabe recordar que las operaciones militares ofensivas contra esta estructura se encuentran activas debido a la suspensión en diálogo y cese al fuego entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo."Se está trabajando en la construcción del borrador inicial del protocolo de verificación al cese al fuego, este es uno de los elementos más importantes en un cese bilateral porque es el único que permite verificar que sí se esté cumpliendo. Ver qué decisiones se pueden tomar para subsanar eso y no llegar a la decisión extrema de suspender o levantar un cese al fuego que es lo que no se quiere que vuelva a pasar", señaló Giraldo.En el mismo sentido, Giraldo explicó que después de que se pacten los protocolos para un cese al fuego bilateral sería más fácil acordar las condiciones que permitan empezar un proceso de diálogo entre el Gobierno nacional y este grupo."Los protocolos están en construcción. Es necesario tener un cese bilateral al fuego para poder tener unas diferentes zonas digamos de seguridad donde se puedan plantear reuniones con la oficina del alto comisionado para la Paz y los gobiernos que han sido facilitadores y testigos de este proceso; por supuesto MAP OEA y Misión de Verificación de Naciones Unidas. Es fundamental un cese al fuego porque no se quiere caer en el mismo error de tener un cese bilateral sin protocolos y sin tener ideas claras de cual es el camino jurídico para entablar unos diálogos" explicó.Los hechos violentos que llevaron a la suspensión del cese al fuego con el Clan del Golfo En el marco de las confrontaciones entre encapuchados y miembros de la fuerza pública en el paro minero del Bajo Cauca, el Clan del Golfo se atribuyó estos hechos delictivos lo que llevó al Gobierno nacional a suspender los diálogos y el cese al fuego con este grupo armado."He ordenado a la Fuerza Pública reactivar todas las operaciones militares contra el Clan del Golfo. Se suspende el cese bilateral con este grupo al margen de la ley", dijo Petro, en un mensaje en su cuenta de Twitter.Petro ha defendido una política de "paz total" a la que pretende vincular a varios grupos armados que operan en el país para iniciar negociaciones de paz, aunque por el momento la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) es la única con la que se ha iniciado un diálogo formal, a la espera que las disidencias de la Farc tomen el mismo camino.Le puede interesar: 'Titulares Deportivos'
Con botas, camuflaje, radio teléfono y un fusil terciado se conoció la primera imagen de alias 'Iván Mordisco', el cabecilla del autodenominado Estado Mayor Central de las Farc, en el encuentro que se adelanta en Yarí, Caquetá, para el arranque de los diálogos entre el Gobierno y los disidentes de la antigua guerrilla que no que no se acogieron al proceso tras el acuerdo de paz firmado por el expresidente Juan Manuel Santos y ese grupo al margen de la ley.Por algunos segundos, ‘Mordisco’ apareció caminando por una zona rural del municipio para después subir a bordo de una camioneta que lo llevaría hasta un encuentro que tendría con cientos de personas de comunidades étnicas y campesinas en un lugar denominado Casa Roja, en esa región del país.Desde Caquetá, las disidencias de las Farc, denominada como el Estado Mayor Central, va a anunciar quienes serán sus negociadores de paz durante la mesa de diálogo que se instale con el Gobierno, además, contarán la fecha exacta para que arranque ese proceso que busca el fin de ese grupo armado ilegal.Cabe recordar que las disidencias al mando de ‘Iván Mordisco’ le propuso al Gobierno colombiano instalar la mesa de negociación en Noruega, petición que fue hecha por alias ‘Andrey’, comandante del bloque Magdalena Medio de las disidencias del frente 33 de las Farc.Disidencias de ‘Iván Mordisco’ aseguran que es “imposible” sostener protocolos de cese al fuegoLas disidencias de ‘Iván Mordisco’ darán a conocer sus voceros para los diálogos políticos con el Gobierno nacional, que empezarán en pocos días, también revelarán cuáles son las propuestas que llevarán a la mesa.Por su parte, el Gobierno nacional reveló recientemente que el 26 de abril se presentará oficialmente el mecanismo de monitoreo y verificación del cese al fuego bilateral entre las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y el Gobierno, cese que empezó el pasado 1 de enero.En este contexto las disidencias de ‘Iván Mordisco’ emitieron un comunicado enunciando lo que consideran son algunos incumplimientos por parte de la fuerza pública al cese al fuego, por lo que aseguran que es “imposible” mantener los protocolos.“Vemos con gran preocupación las recientes declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro, de dar la orden a las Fuerzas Militares de desplegarse a nivel nacional, sin considerar que estamos en un cese bilateral al fuego. Esta situación genera que sea imposible sostener los protocolos de cese bilateral, ya que nuestras unidades en estos últimos días se encuentran asediadas por diferentes unidades del Ejército”, señalaron las disidencias.Le puede interesar:
Los negociadores del proceso de diálogo que adelanta el Gobierno nacional y el ELN llegarán a la isla luego de un mes de descanso y de llevar a cabo una serie de consultas internas para iniciar la discusión de los seis puntos que se pactaron y que serán la hoja de ruta, luego de concluir el segundo ciclo que se desarrolló en México, desde el pasado 13 de febrero hasta finales de marzo.Se estima que el punto de partida de esta nueva etapa será un acuerdo para lograr el cese al fuego bilateral y participación de la sociedad en este proceso.“En primer lugar, se acordó que se va a trabajar sobre la participación de la sociedad civil para la construcción de la paz", explicó monseñor Héctor Fabio Henao, delegado de la Conferencia Episcopal de Colombia para los diálogos de paz.Eso significa, de acuerdo con Henao, que se va a hacer el diseño de la metodología y los mecanismos a través de los cuales se asegurará que la sociedad pueda participar de manera dinámica y constructiva en lo que son los distintos puntos de la agenda."Es decir en todo aquello que tenga que ver con democracia y transformaciones para la paz y otros temas que la agenda aborde", recalcó el monseñor.En su concepto, "Indudablemente el cese al fuego será de carácter nacional por la extensión de este conflicto, bilateral y tendrá un carácter transitorio, pero con vocación de renovación".En otras palabras, aclaró el delegado de la Conferencia Episcopal, "será un cese al fuego que se irá renovando en la medida en que sea oportuno de la perspectiva de ambas partes y darle continuidad".Cabe resaltar que en La Habana fue la sede de las negociaciones que se desarrollaron por cuatro años y que concluyeron con la desmovilización en el 2016 de las Farc, tras la firma del acuerdo de paz en el Teatro Colón de Bogotá.Le puede interesar:
La Cancillería de Colombia le pidió de manera formal al Consejo de Seguridad de la ONU que la misión de verificación de ese organismo en Colombia sea una de las entidades que verifique el cese al fuego que actualmente se lleva cabo con las disidencias de las Farc, denominadas Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central, al igual que con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.Fueron dos cartas enviadas durante los últimos días, una de ellas del 10 de marzo de 2023, del representante permanente de Colombia ante las Naciones Unidas, dirigida al secretario general, Antonio Guterres, y a la presidencia del Consejo de Seguridad de la entidad.Y otra por el canciller Álvaro Leyva, en la que dice “encomendar a la misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia la verificación de los ceses al fuego acordados en el marco de la política de paz total”.En el documento, Leyva informó a la ONU sobre los avances en las negociaciones con el ELN y los progresos que se han efectuado “en los diálogos políticos, así como en otras conversaciones con grupos no políticos, con el objetivo de alcanzar la paz total”.“Por lo tanto, me complace informarles que el 21 de noviembre de 2022, se reanudó el proceso entre el Gobierno de Colombia y el ELN. En este sentido, el Gobierno Nacional encomia los buenos oficios prestados por el representante especial y jefe de misión, Carlos Ruiz Massieu, con el apoyo del Secretario General, a estos efectos en carta de 8 de diciembre de 2022”, agregó el escrito.El documento fue mencionado en el informe trimestral que entregó el pasado 10 de abril la misión de verificación de la ONU sobre la implementación del acuerdo de paz. Varios de los representantes de los países miembros del Consejo de Seguridad dijeron este jueves en la sesión del organismo, en la que se presentó ese informe, que tomaban nota de la solicitud hecha por Colombia y que en los próximos días se tomará una decisión sobre este pedido."Se establece el cese al fuego nacional bilateral como órgano técnico, integrado por el Gobierno nacional (Ministerio de Defensa, Oficina del Alto Comisionado para Fuerzas de Paz y Seguridad Pública), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, Segunda Marquetalia, Comandos de la Frontera del Ejército Bolivariano, Coordinadora Guerrillera del Pacífico, social nacional Organizaciones y la Iglesia Católica", se leyó en el escrito.De acuerdo con el documento, el Consejo Mundial de Iglesias también formará parte del mecanismo de vigilancia, seguimiento y verificación, si así lo deciden; así como como el componente internacional ya mencionado, integrado por la misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia y la misión de apoyo al proceso de paz de la Organización de Estados Americanos (OEA).Es de recordar que el pasado 31 de diciembre, el presidente de la República, Gustavo Petro, anunció desde su cuenta de Twitter un cese al fuego, que está vigente desde el 1 de enero hasta el próximo 30 de julio y que en principio era con cinco estructuras en las que estaban acogidas al mismo.Eran las disidencias de las Farc de Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central, Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo; el ELN y Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN).De esas cinco agrupaciones, por ahora solo quedan tres, luego que en su momento el ELN señalara que ese punto no se trató en las mesas de diálogos de paz y de que el pasado 19 de marzo el Gobierno suspendiera el cese al fuego contra el Clan del Golfo, por las acciones armadas que adelantaron durante el paro minero en Bajo Cauca antioqueño.Le puede interesar:
Recientemente el presidente Gustavo Petro aseguró que con el presupuesto actual no se podía cumplir con las indemnizaciones a todas las víctimas del conflicto, pues se necesitan 301 billones de pesos, pero también advirtió que cumplir integralmente con el acuerdo de paz cuesta 150 billones de pesos."Yo me pregunto, ¿se firmó ese acuerdo con la intención de aplicarlo o con la intención de desarmar a las Farc y, después, a la colombiana, refundir todas las cosas? Yo sí quiero aplicar el acuerdo de paz, pero vale $150 billones. Si lo firmó el Gobierno de Santos a nombre del Estado y la sociedad queda ahí representada, entonces, díganme, ¿de dónde voy a sacar $150 billones?", explicó Petro.Carlos Ruiz Massieu, representante en Colombia del secretario general de la ONU, este jueves, 13 de abril, presentó ante el consejo de seguridad, en Nueva York, el informe trimestral que se hace sobre los avances que ha tenido la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016 con las Farc.Al finalizar, en una rueda de prensa, respondió a una pregunta frente a lo dicho por el presidente Petro. Ruiz Massieu aseguró que se están asignando recursos pero que, además, si se necesita, es necesario buscar la manera de generar los recursos restantes, con el fin de que la implementación avance."Más allá de las valoraciones en la actualidad en el tema de recursos, que se las dejamos a las instituciones del Estado, nosotros sí vemos que se están asignando recursos y esperamos que si no se tienen o si hay algunos faltantes en algún lado se busque la manera de generarlos porque es importante que el acuerdo, evidentemente, se siga implementando. Entonces estaremos siempre vigilantes y reportando e inclusive trabajando muy de cerca con las instituciones para que se puedan dar los recursos que se requieran para que siga la implementación", señaló Ruiz Massieu.Le puede interesar: