El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
La Alcaldía de Cali puso en funcionamiento una nueva Unidad Móvil de Atención en Salud que empezará a operar en la zona de ladera, con el objetivo de acercar servicios médicos a comunidades de difícil acceso.El vehículo fue adquirido a través de un proyecto financiado por la Secretaría de Salud Distrital, con una inversión cercana a los 490 millones de pesos, de los cuales la Red de Salud de Ladera aportó 70 millones.La unidad está dotada con consultorio médico y odontológico, equipos para consulta general, atención dental y jornadas de vacunación. Además, cuenta con planta eléctrica, carpa y una rampa para garantizar el acceso de personas con movilidad reducida.“Con la llegada de esta nueva unidad móvil se fortalece nuestra flota para realizar procedimientos de atención en cualquier punto del territorio, asegurando condiciones adecuadas, calidad en la prestación de los servicios y mayor cobertura para las comunidades que más lo necesitan”, aseguró Diana Carolina Velásquez, gerente de la ESE Ladera.Entre tanto, la IPS Cascajal, en la zona rural de Cali, amplió su capacidad de atención tras un proceso de remodelación. Las obras incluyeron mejoras en infraestructura, dotación médica y adecuaciones complementarias.Con estas intervenciones, las autoridades de salud buscan fortalecer los servicios para cerca de 2.600 habitantes de sectores rurales.
En diversos operativos llevados a cabo en menos de una semana y media, tropas del Ejército Nacional, con el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, y en coordinación con la Policía Nacional efectuaron en los departamentos de Antioquia y Chocó la inutilización de 88 unidades de producción minera (UPM) que harían parte de las finanzas ilícitas de estructuras criminales y del grupo armado organizado (GAO) Clan del Golfo.Las acciones militares desarrolladas por la Brigada Contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros, BRCMI, iniciaron en el corregimiento de Chintadó, municipio de Yuto, Chocó; ahí las tropas, con apoyo del Batallón de Infantería N.º 12, ubicaron 69 Unidades de Producción Minera, 22 dragas tipo buzo y 10 excavadoras, avaluadas en 4.974 millones de pesos.Entretanto, en el sector Aguacates de El Bagre y la vereda Caño la Tres, de Zaragoza Antioquia, los soldados inhabilitaron 11 Unidad de Producción Minera y 11 dragas tipo buzo, empleadas por el Clan del Golfo, Subestructura Uldar Cardona, para la extracción ilegal de oro, esto representa una afectación económica a la organización armada en 2.988 millones de pesos.Asimismo, en el sector Mandinga, de la vereda río Man de Cáceres, Antioquia, fueron inutilizadas 8 unidades de producción minera tipo cielo abierto, estimadas en 69 millones de pesos, que pertenecerían al Clan del Golfo, Subestructura Yeison Leudo Chaverra.De acuerdo con las autoridades, estas UPM ilegales generarían una extracción de 52.550 gramos de oro al mes, con un valor calculado en 26.847 millones de pesos en el comercio.
En entrevista con Mañanas 10:30, Iván Freites, secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela, aseguró que la recuperación de la industria petrolera del país no responde a decisiones del oficialismo, sino a cambios impulsados desde Estados Unidos.Freites, quien salió de Venezuela tras denunciar persecución política y cuenta con 42 años de servicio en la industria, sostuvo que el repunte productivo obedece a decisiones adoptadas por el Gobierno estadounidense. “No se está recuperando con ellos mismos. Se está recuperando por la acción de Donald Trump y su gobierno encabezado por Marco Rubio. Esa es una acción netamente de los EE.UU.”, afirmó.El dirigente sindical señaló que la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) fue “destruida a partir del año 99” y que la caída en la producción no tiene precedentes para un país con las mayores reservas probadas de crudo del mundo. Recordó que el bombeo llegó a caer hasta 400.000 barriles diarios.“Nosotros teníamos un potencial de producir en 2006 más de seis millones de barriles de petróleo. Eso lo tumbó Chávez, conjuntamente con Fidel Castro y todos sus aliados internacionales”, dijo, al responsabilizar al modelo implementado desde la llegada del chavismo al poder.Reforma legal y participación extranjeraFreites también se refirió a la reciente reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que permite mayor margen de acción a empresas transnacionales en la producción y comercialización del crudo. Según explicó, ahora las compañías podrán comercializar directamente el petróleo que produzcan, pagando impuestos al Estado.Indicó que desde 2016 el gremio había presentado propuestas para que las empresas que producen pudieran comercializar directamente el crudo, pero que esa iniciativa no prosperó en su momento. “No se logró en ese momento, se logró ahora”, señaló.Frente a críticas que advierten que esta apertura podría significar pérdida de soberanía, respondió que la industria ya estaba influenciada por otros actores internacionales. “No es que ya estaba, estaba en manos de Cuba, estaba en manos de China, estaba en manos de Irán, estaba en manos de Rusia”, afirmó.Licencias de EE.UU. y expectativas de producciónDurante la entrevista se mencionaron las licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que permiten a compañías estadounidenses y extranjeras retomar o ampliar operaciones en el sector energético venezolano.Freites aseguró que, con estos cambios, la producción podría superar el millón y medio de barriles diarios este año. “La producción de Venezuela llegó a caer a 400.000 barriles. Eso nunca se había visto en un país tan importante en materia petrolera”, subrayó.El dirigente destacó además el capital humano del sector, señalando que miles de profesionales venezolanos trabajan actualmente en el exterior y estarían dispuestos a regresar si se consolidan condiciones de estabilidad y apertura. “Venezuela es uno de los países con el mayor capital humano a nivel de petróleo y gas”, afirmó.Para Freites, el repunte no representa una recuperación impulsada por el actual modelo político venezolano, sino el resultado de un cambio en la política energética de Washington. “Es una acción del gobierno de los Estados Unidos”, reiteró.
El Chontico Día continúa consolidándose como uno de los chances más populares de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca. Su trayectoria, junto con una mecánica de juego sencilla y transparente, lo mantiene como una de las opciones preferidas por quienes buscan probar suerte de manera accesible y confiable.Número ganador del Chontico Día hoyEl número ganador del chance Chontico Día de este viernes 13 de febrero del 2026 es el 1682 - 1 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.Número ganador: 1682Dos últimas cifras: 82Tres últimas cifras: 682La quinta: 1Últimos sorteos de Chontico DíaSorteoFechaResultadoChontico Día12 febrero 20267557 - 9Chontico Día11 febrero 20262790 - 8Chontico Día10 febrero 20269258 - 7Chontico Día9 febrero 20269038 - 3Chontico Día8 febrero 20261535 - 8Chontico Día7 febrero 20266712 - 7Chontico Día6 febrero 20262122 - 3Chontico Día5 febrero 20261431 - 8Chontico Día4 febrero 20264659 - 9Chontico Día3 febrero 20260622 - 1Chontico Día2 febrero 20265204 - 2Modalidades de juego del Chontico DíaEl Chontico Día ofrece diversas modalidades de apuesta que se ajustan a distintos perfiles de jugadores y niveles de riesgo:4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.3 cifras combinado: acertar las tres cifras en cualquier orden.2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.Gracias a esta variedad, el sorteo resulta atractivo tanto para jugadores frecuentes como para quienes participan ocasionalmente.¿Cuánto cuesta jugar al Chontico Día?El valor de las apuestas es flexible y accesible. Los montos van desde $500 hasta $25.000, permitiendo que cada persona juegue de acuerdo con su presupuesto. Esta característica ha sido clave en la permanencia y popularidad del sorteo en distintas regiones del país.¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?Para cobrar un premio, los ganadores deben acudir a un punto autorizado y presentar:Tiquete original en buen estado.Documento de identidad con fotocopia legible.Dependiendo del valor del premio expresado en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden solicitarse requisitos adicionales:Menos de 48 UVT: solo documentos básicos.Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (expedida en los últimos 30 días).Cumplir con estos requisitos garantiza un proceso de pago seguro y conforme a la normativa vigente, reforzando la confianza en el Chontico Día como uno de los chances más tradicionales y confiables de Colombia.
Aunque cada defensor tendrá la oportunidad de sustentarlo, solo la abogada Astrid Carvajal, quien representa al exsecretario general de la alcaldía, Fabio Andrés García Trujillo, explicó por qué considera que la imputación presentada por la Fiscalía no fue lo suficientemente clara, individualizada, ni precisa para determinar la responsabilidad de este en el escándalo con el lote de Aguas Vivas.La diligencia se prolongó durante un poco más de dos horas ante el Juzgado 22 Penal del Circuito de Medellín en donde el candidato presidencial, Daniel Quintero, y otras 12 personas escucharían la formulación de acusación del polémico caso de Aguas Vivas y en donde estas personas habrían modificado un contrato para posteriormente pagar más de 40.000 millones de pesos.Finalmente, lo que terminó ocurriendo es que se escucharon solo los argumentos de Carvajal, por lo que la diligencia se suspendió aún faltando que los otros cuatro defensores den su punto de vista en el mismo sentido. La abogada dijo sobre la imputación de la Fiscalía que es "una construcción hipotética e inconclusa”, lo cual ya había sido anticipado en la diligencia anterior, el 21 de noviembre de 2025."Esta delegada ya indicó la motivación que hizo el doctor Fabio en las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que el señor Fabio hizo respecto de esa resolución y se basó en el pronunciamiento del Tribunal Administrativo de Antioquia en el Consejo de Estado, donde manifiesta que dicho contrato advierte nulidades", indicó. Aunque en un primer momento el precandidato Quintero no se presentó a la diligencia y su abogado Luis Hernández indicó que fue por “compromisos personales”, este finalmente sí asistió.La defensa pidió que antes de la lectura del escrito de acusación, que tiene 144 páginas y más de 4.000 pruebas que hay en este polémico caso, sea declarada nula la imputación o que se ordene repetir la audiencia con precisión de cada uno de los cargos y cómo fue su responsabilidad, para los 13 involucrados.Por ahora, la diligencia continuará el 24 de febrero y tiene otra sesión programada para el 17 de marzo.Sobre el casoHay que mencionar que el cambio del uso del suelo habría alterado el Plan de Ordenamiento Territorial, ya que dicha decisión no contó con la aprobación del Concejo de Medellín, lo que habría constituido una vulneración a las competencias del exmandatario.El presunto caso de corrupción relacionado con el lote Aguas Vivas tiene que ver con un terreno de más de 140.000 metros cuadrados en el sector El Poblado y en donde entre 2020 y 2023 se habrían expedido actos administrativos para incrementar el avalúo del terreno y facilitar que terceros accedieran a su titularidad mediante una conciliación prejudicial. Estos hechos, según la investigación, también abrían la puerta a que los particulares desarrollaran actividades urbanísticas que no estaban permitidas en esa zona.Mencionar que el ente acusador atribuye, dependiendo el grado de responsabilidad, los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos contra Daniel Quintero, exalcalde; Fabio García, exsecretario General; Ingrid González, exsecretaria de Gestión Humana; Yina Pedroza, exsubsecretaria Legal de Movilidad; Carlos Montoya, exsecretario de Gestión y Control Territorial; Karen Delgado, exsecretaria de Suministros y Servicios; Sergio López, exdirector del Departamento Administrativo de Planeación; Natalia Jiménez, exsubsecretaria de Ejecución Contractual; Alethia Arango, exsubsecretaria de Defensa y Protección de lo Público; y Leidy Jiménez, exsubsecretaria de Selección de Proveedores.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, estructuras en las que se concentraron los secuestros más complejos, prolongados y violentos del conflicto armado.En el caso del Bloque Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, la JEP los halló responsables por secuestros cometidos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.Para el Bloque Sur, las conductas investigadas ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y en sectores de Cauca y Meta.Los imputados del Bloque Oriental son: Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Darío Lee Díaz (Robledo); Luis Montes (Euclides Bermúdez); Ángel García (Hernán Benítez); Ezequiel Hueguía (Rolando Romero); y William Tovar (Franklin Smith Caicedo). Según la JEP, este bloque tuvo un papel central en secuestros con fines de canje, especialmente contra figuras políticas, entre ellas Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial, y Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial y jefa de campaña.La investigación estableció que, debido a su mayor capacidad operativa y control territorial, el Bloque Oriental recibió durante años a víctimas de secuestro provenientes del Bloque Sur, particularmente aquellas retenidas para intercambio por guerrilleros presos. Estas personas permanecieron durante largos periodos en campamentos selváticos, en condiciones extremas de cautiverio.La Sala de Reconocimiento llamó a estos comparecientes a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, así como por otros delitos cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.Además, les atribuyó crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y conductas asociadas, como desaparición forzada, asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos, los cuales, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.La investigación concluyó que los excombatientes imputados tenían control efectivo sobre su tropa y capacidad de imponer disciplina, por lo que son responsables tanto por haber impartido órdenes directas que derivaron en secuestros y asesinatos, como por no impedir los abusos cometidos contra las víctimas durante el cautiverio.Algunos de ellos, además, participaron de manera directa en crímenes graves y comandaron campamentos donde las personas permanecieron privadas de la libertad durante años.De acuerdo con la JEP, el Bloque Oriental fue responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP en todo el país, mientras que el Bloque Sur concentró el 8 %. Sin embargo, el 18 % de las víctimas acreditadas ante la JEP señalan al Bloque Sur como responsable. Entre las 4.439 víctimas acreditadas, 1.239 atribuyen su secuestro al Bloque Oriental y 771 al Bloque Sur.La JEP documentó que ambos bloques actuaron bajo tres patrones criminales: secuestros para financiar la organización, para forzar intercambios por guerrilleros presos y para ejercer control social y territorial. En este último patrón se registraron trabajos forzados, castigos colectivos y asesinatos de personas que intentaron escapar del cautiverio.Con estas imputaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la investigación del Caso 01 y dejó delimitada la lista de responsables por el secuestro en las Farc-EP. El proceso entra ahora en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, en la que los imputados deberán aceptar o rechazar los cargos en un plazo de 30 días.De haber reconocimiento, se avanzará hacia sanciones propias de carácter restaurativo; de lo contrario, los casos podrán ser remitidos al Tribunal para la Paz o a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían derivar en juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Un ataque del ELN con explosivos se registró este miércoles en zona rural de El Carmen, Norte de Santander. El atentado dejó un saldo de nueve militares muertos y siete más heridos.Entre las víctimas se encuentran dos suboficiales y siete soldados que prestaban el servicio. Los militares pertenecían al batallón Especial Energético y Vial N•10, que brinda seguridad en la vereda Villa Nueva, del corregimiento de Guamalito.El Ejército Nacional emitió un comunicado de 10 puntos en los que reveló detalles del violento ataque que se da en medio de los diálogos con esta guerrilla.“Según las primeras informaciones, con artefactos explosivos improvisados y ráfagas de fusil, por integrantes del grupo armado organizado (GAO) ELN, del autodenominado frente Camilo Torres. Producto de esta acción terrorista, que viola de manera flagrante los derechos humanos e infringe las disposiciones del derecho internacional humanitario, son asesinados nueve de nuestros militares y nueve más resultaron heridos”, señaló la institución en el texto.Además de entregar la identidad de los uniformados asesinados, el Ejército informó sobre el estado de los militares que resultaron heridos y señaló que se adelantan las investigaciones para tomar las acciones correspondientes.“A través de la unidad táctica se instaurarán las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes frente a este hecho terrorista y, al tiempo, se adelantarán las investigaciones que permitan determinar lo ocurrido. Al lugar de los hechos se desplazan el comandante del Ejército e integrantes del Estado Mayor para apoyar a las unidades, verificar la situación y tomar las acciones correspondientes”, agregó.Finalmente, la institución envió un mensaje de condolencias y enfatizó en que no escatimará esfuerzos para apoyar la recuperación de los militares heridos. Por el ataque, el presidente de la República, Gustavo Petro, citó a la delegación de paz del Gobierno para consultar negociación con esta guerrilla.Gustavo Petro citó a la delegación de paz del Gobierno para consultar negociación con el ELNEl presidente de Colombia, Gustavo Petro, llamó a consultas a la delegación gubernamental que negocia con el ELN, después del ataque de este miércoles, 29 de marzo, contra una unidad del Ejército en la región del Catatumbo que dejó nueve militares muertos y nueve heridos."He convocado a consulta a la delegación del Gobierno en la mesa del ELN, países garantes y acompañantes. Un proceso de Paz debe ser serio y responsable con la sociedad colombiana", anunció el mandatario en un mensaje en su cuenta de Twitter.Según información de Palacio de Nariño, la reunión se daría en la Presidencia el próximo lunes, 3 de abril, y a la misma asistirán no solo los negociadores del equipo de Gobierno , también los países garantes en ese proceso que son Cuba, Noruega, Venezuela, Brasil, Chile y México.Conéctese con la señal en vivo de Blu Radio:
Los firmantes del acuerdo de paz entre el Gobierno y las desmovilizadas Farc, están viviendo hoy una realidad frente a su seguridad en las regiones donde intentan construir un futuro fuera de la guerra. Así lo han denunciando los dirigentes políticos del partido Comunes como Rodrigo Londoño (Timochenko) y Pastor Alape, que en conversación con Sala de Prensa Blu, se refirió a este tema y también a cómo va la implementación del acuerdo bajo el Gobierno de Gustavo Petro. “De alguna manera en el Gobierno anterior las violencias tenían una dirección concreta sobre algunos sectores, hoy se están dirigiendo con más fuerza a los firmantes”, señaló Alape. Sobre la polémica frase que lanzó Timochenko en medio de un conversatorio en la Universidad Javeriana en el que dijo: "yo me sentía más seguro en el Gobierno Duque que en este". Para Alape la frase fue sacada de contexto puesto que lo que quería decir el exjefe guerrillero es que el gobierno pasado de Iván Duque dejó muchos problemas en la implementación del acuerdo que se derivó en el descuido de la seguridad de los firmantes. “Efectivamente el Gobierno anterior atrasó la implementación de la paz, eso no lo decimos sólo nosotras, lo dice la Corte Constitucional (…) se perdieron cuatro años que toca poner en este Gobierno”, señaló Pastor Alape. Escuche la entrevista completa aquí:
La Procuraduría General de la Nación requirió información a la Agencia para la Reincorporación y Normalización, ARN, sobre las acciones implementadas para garantizar los derechos de los firmantes del acuerdo de paz que habitan en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, ETCR, de Mesetas, Meta.Lo anterior, ante las denuncias en los últimos días que abandonarán el lugar tras recibir amenazas de las disidencias de las Farc que operan en la región.El órgano de control solicitó a la ARN indicar qué acciones tiene previstas para garantizar su traslado, así como para proteger las propiedades, maquinaria y equipos utilizados en los proyectos productivos que desarrollaban en ese espacio desde que se firmó la paz."Igualmente ha instado a estas agencias para la búsqueda e identificación de predios viables para el traslado de este colectivo y sus proyectos productivos”, señaló la procuradora delegada para seguimiento a los acuerdos de paz, Ceneida López.Asimismo, la Procuraduría pidió para que se tengan en cuenta áreas que no presenten restricciones de tipo ambiental y de seguridad que limiten esa acción, en el marco del proceso de búsqueda de predios para adelantar el procedimiento de compra directa por parte de la Agencia Nacional de Tierras.El órgano de control resaltó la importancia de que los firmantes del Acuerdo cuenten con el apoyo institucional y se briden respuestas efectivas para garantizar su seguridad de manera integral, tanto en la parte interna como externa de los ETCR.JEP ordenó al Gobierno mitigar desplazamiento masivo de excombatientes de las Farc en MesetasRecientemente, 200 familias de excombatientes de las Farc que se encuentran en el Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en Mesetas, Meta, anunciaron que se desplazarían de manera forzada ante las amenazas que han recibido por parte de las disidencias de Iván Mordisco, también argumentaban que el espacio tenía algunos problemas de infraestructura que no les permitían seguir viviendo en el lugar.Ante esta situación, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP le ordenó al Gobierno nacional que active los mecanismos de protección para garantizar la seguridad de estas 200 familias y evitar el desplazamiento masivo del lugar. Cabe recordar que entre estos firmantes de paz que están en riesgo, también hay al menos 80 menores de edad, hijos de los excombatientes.Le puede interesar:
El presidente de la República, Gustavo Petro, abrió la puerta a hacer algunas modificaciones al acuerdo de paz firmado entre la extinta guerrilla de las Farc y el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, en el año 2016. Para el mandatario nacional, este acuerdo quedó incompleto y no incluye algunas palabras que para él son clave, pero también cuestionó que no se haya tenido en cuenta en los puntos de la agenda la revisión del modelo económico en Colombia."No está escrito en los acuerdos la palabra conocimiento, la palabra saber, la palabra universidad, no está escrita la palabra industrialización, pareciera que fuera un mundo romántico, de antes, como si se pudiera mirar hacia atrás y construir una sociedad rural, que ya no somos indudablemente, con los procesos de urbanización", señaló Petro.Desde el partido Comunes, creado por los exguerrilleros de las Farc, respondieron al presidente Petro, asegurando que cualquier decisión que se tome con el acuerdo de paz y su implementación debe ser consensuada. Sin embargo, aseguran que está abierta la posibilidad a discutir algunos temas que en su momento el Gobierno decidió no incorporar a la agenda."Se pueden abordar otra serie de temas que en su momento el Estado colombiano, en cabeza de la delegación del gobierno de Juan Manuel Santos, se negaron a abordar, por ejemplo, el modelo económico neoliberal. Si como le entendemos nosotros al presidente Petro, lo que él quiere es abrir una discusión acerca de la necesidad de desmontar el neoliberalismo y avanzar en la profundización del proceso de reformas estructurales desde luego que bienvenida esa discusión", señaló Carlos Antonio Lozada, senador del partido Comunes.Conéctese a la señal de Blu Radio en vivo:
La Fiscalía General, en cabeza del fiscal Francisco Barbosa, informó este lunes, 13 de marzo, que luego de leer los nuevos argumentos presentados por el presidente de la República, Gustavo Petro, avaló la resolución con la que el mandatario pidió la suspensión de órdenes de captura contra los jefes de las disidencias de ‘Iván Mordisco’, con las que el Gobierno espera tener un diálogo político.En total fueron suspendidas las órdenes de captura contra 19 cabecillas de las disidencias que están en diferentes regiones y a las que el Gobierno ha reconocido como Estado Mayor Central.Precisamente, la explicación que dio el fiscal Barbosa sobre el porqué de su cambio de opinión, pues recordemos que había negado la primera solicitud, mencionó que fue la carta en la que el presidente Petro reconoció a los cabecillas como actores políticos."Se suspenden esas órdenes de captura con fundamento en las facultades constitucionales que tiene el presidente de la República y para él, esa organización tiene y la dota de un carácter político, para negociar acuerdos de paz con el Gobierno nacional", indicó Barbosa.Ahora lo que sigue, es que la Oficina del alto comisionado de la Paz solicite a los jueces de la República dejar sin efecto las órdenes o que se liberen a los disidentes que están en la cárcel.El fiscal Barbosa resaltó que los procesos judiciales y temas como extinción de dominio siguen vigentes contra los 19 cabecillas.Petro pide suspender órdenes:A finales del mes de febrero, el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, le pidió claridades al Gobierno nacional sobre la figura bajo la cual se requiere suspender las órdenes de captura de 11 miembros de las disidencias de las Farc al mando de Iván Mordisco.A través de una carta con fecha de 8 de marzo, el presidente Gustavo Petro aclaró que esas personas serán representantes de esas disidencias para avanzar en un proceso de paz, que les reconoce estatus político y le pide suspender la orden de captura de 19 integrantes de ese grupo armado, incluidos los 11 sobre los cuales el fiscal había presentado reparos.“Debo informarle que el día de hoy se expidió un nuevo acto administrativo por el cual se reconoce la condición de miembro representante a 19 miembros del Estado Mayor Central Farc EP, derogando a su vez la resolución 014 del 9 de noviembre, la cual acompañó a la presente para mayor información”, dice el presidente.Conéctese a la señal de Blu Radio:
El presidente de la República, Gustavo Petro, arremetió contra el Clan del Golfo por lo que ha ocurrido en el paro minero del Bajo Cauca antioqueño en los últimos días.El mandatario indicó que ese grupo armado ha sido el responsable de cortar el suministro de agua y, en general, de afectar a la población por los bloqueos y desmanes de los últimos días. Por eso señaló de forma contundente que esta organización ilegal no quiso avanzar hacia un sometimiento colectivo."El Clan del Golfo no fue capaz de dar el paso hacia un sometimiento colectivo a la justicia que se estaba preparando jurídicamente. Parece privilegiar más sus negocios y mantenerse en sus negocios y obviamente por ahí no hay una posibilidad de negociación. Hasta que eso no se vuelva voluntad política en el corazón de las personas que están en la ilicitud, entonces la paz tendrá esas dificultades", advirtió Petro.Petro fue más allá y reconoció que el Clan del Golfo está usando el cese bilateral, decretado el pasado 31 de diciembre y que entró en vigencia el 1 de enero, para seguir fortaleciendo sus economías ilícitas. Y por ese camino seguir comprando armas y endureciendo su capacidad militar, lo cual va en contravía de lo que busca la paz total.“Allí se mueve el Clan del Golfo para impedir que se les destruya sus dragas. Esa circunstancia ya demuestra un hecho contundente: usan (el Clan del Golfo) el cese al fuego para fortalecer la economía ilegal y eso no es posible porque si se va hacia la paz, la economía ilegal debe desmontarse progresivamente”, advirtió el jefe de Estado.Por tal motivo enfatizó en que este mismo lunes habrá una reunión de alto Gobierno para evaluar el futuro del cese del fuego, que ya completa dos meses y medio en el decreto que firmó el presidente a finales de 2022.Siga la señal en vivo de Blu Radio: