El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
Los habitantes de diferentes municipios del Valle del Cauca como Buenaventura, y del departamento de Córdoba, golpeados por las fuertes lluvias, necesitan de la ayuda de todos. Por eso, la Gobernación del Valle del Cauca y el Banco de Alimentos se unen en un llamado a la solidaridad con la recolección de ayudas.“En estos momentos difíciles que viven los habitantes del Departamento de Córdoba y del municipio de Buenaventura a causa de las fuertes lluvias, quiero llamar a la ciudadanía, a las empresas, a las organizaciones sociales, a las instituciones para que nos unamos en un gesto de apoyo y generosidad con estas personas. Estamos solicitando ayudas que las puedan llevar y entregar en Telepacífico y el Banco de Alimentos”, indicó la gobernadora Dilian Francisca Toro.Las donaciones se pueden realizar hasta el domingo 15 de febrero en la plazoleta de Telepacífico y en el Banco de Alimentos de Cali, ubicado en la Calle 24 #6-103, en el barrio San Nicolás, en el horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.La recolección de alimentos no perecederos será de gran ayuda para las familias afectadas.“A las familias afectadas nuestra solidaridad, quiero decirles: ¡no están solas!, vamos a estar desde el Valle del Cauca, siempre acompañándolos, trabajando duro para superar esta emergencia con solidaridad y compromiso”, concluyó la mandataria.
Las fuertes lluvias siguen cayendo sobre el Valle de Aburrá y lo más preocupante, continúan dejando emergencias como las ocurridas recientemente en Medellín, Bello y Copacabana. La situación más complicada se vivió en la vía Medellín - Bogotá donde hubo cierre por varias horas, pero ya se habilitó paso tras labores con maquinaria amarilla.En la capital de Antioquia se reportaron algunas de las afectaciones como el colapso de un parasol que dejó a dos personas lesionadas, la caída de un árbol o la inundación de varias casas por la creciente de la quebrada La Madera como indicó Juan Guillermo Usma, subcomandante de los Bomberos de Medellín."Donde se inundaron cinco viviendas, una de ellas con pérdida de enseres. Debido a la creciente súbita de una quebrada de nombre La Madera, que es zona limítrofe con el municipio de Bello", aseguró el funcionario.En el municipio de Bello también hubo crecientes en las quebradas La Loca y París, sin que hasta el momento se hayan reportado afectaciones de mayor gravedad. Además, en el barrio La Gabriela de esa zona Norte del Valle de Aburrá también se reportaron inundaciones leves.Volviendo a la quebrada La Madera, esta zona limítrofe entre Medellín y Bello fue la más golpeada por las precipitaciones e, incluso, hubo una vivienda que tuvo pérdidas de enseres."Se perdieron muebles, ropa, zapatos de la niña, bañeras. Menos mal abrimos como las puertas y el agua alcanzó como a fluir. Porque si nos atravesábamos podría pasar algo peor. Como arrastraba basura, clavos, madera, nos podíamos lesionar", manifestó una de las mujeres damnificadas.Se espera que con el fin de las lluvias, las autoridades municipales puedan atender a plenitud las emergencias provocadas en las últimas horas, centrando las acciones en la vía Medellín - Bogotá en donde aún hay material en varias partes de la autopista de carácter nacional.
En zona rural de Tuluá, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre que se encontraba desaparecido desde diciembre de 2025. La familia de la víctima había denunciado su desaparición ante las autoridades, quienes desde un inicio manejaron la hipótesis de un posible secuestro atribuido a grupos armados al margen de la ley que operan en la región.De acuerdo con el reporte preliminar, el cuerpo presentaba múltiples heridas causadas por arma de fuego. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los responsables de este crimen y esclarecer las circunstancias en las que se produjo el homicidio."Su familia había denunciado su desaparición desde diciembre , el Gaula tomo el caso pero desafortunadamente el cuerpo de la victima fue encontrado sin vida en zona rural con impactos de arma de fuego, estamos investigando quienes están detrás de estos hechos" dijo la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante Policía Valle. Una de las primeras líneas de investigación apunta a la posible participación del frente 57, estructura armada que delinque en esta zona del centro del Valle del Cauca.La víctima era un comerciante con varios años de trayectoria en el sector agrícola. Según las indagaciones preliminares, habría sido objeto de extorsiones, una hipótesis que también es materia de análisis por parte de las autoridades judiciales.
La séptima jornada de la Liga BetPlay arrancó y dejó un sabor agridulce en la afición albiazul. Tras vencer por la mínima diferencia a Águilas Doradas en la fecha anterior, en esta ocasión repitió la dosis y se impuso 2-1 sobre Llaneros, pero no todo terminó como se esperaba.En el encuentro ante la escuadra llanera, Rodrigo Contreras y Radamel Falcao se retiraron en el primer tiempo por molestias musculares. El primero fue Contreras, quien al minuto 38 abandonó el campo y fue sustituido por Stiven Vega luego de sentir dolor en la parte posterior de su pierna izquierda.Lo que ocurrió con Falcao fue minutos después. A pocos instantes de finalizar la primera parte, Radamel disputó un balón y sintió un pinchazo en el isquiotibial de la pierna derecha. Pese a las dos bajas, Millonarios llegó a 8 unidades, salió del fondo de la tabla y escaló hasta esa casilla, por encima de Cali y por debajo de Águilas Doradas.Por otra parte, Medellín igualó 1-1 con Deportivo Pereira, mientras que el juego que podía generar cambios en la cima de la tabla también terminó en empate. Pasto e Internacional de Bogotá quedaron 1-1, por lo que ambos equipos acumulan 14 unidades y se mantienen en lo más alto de la Liga BetPlay.Cabe recordar que todavía restan compromisos de la jornada 7, aunque el encuentro entre Águilas Doradas y Bucaramanga está pospuesto.Tabla de posiciones de la Liga BetPlayInternacional de Bogotá | 14 ptsPasto | 14 ptsBucaramanga | 10 ptsAmérica | 10 ptsOnce Caldas | 10 ptsAtlético Nacional | 9 ptsTolima | 9 ptsJunior | 9 ptsLlaneros | 9 ptsÁguilas Doradas | 8 ptsMillonarios | 8 ptsDeportivo Cali | 7 ptsSanta Fe | 7 ptsFortaleza | 7 ptsJaguares | 7 ptsMedellín | 6 ptsBoyacá Chicó | 4 ptsDeportivo Pereira | 3 ptsCúcuta | 2 ptsAlianza | 2 pts¿Cuáles partidos faltan de la jornada 7?La fecha 7 de la Liga BetPlay continuará hasta el próximo miércoles 18 de febrero, por lo que todavía quedan pendientes seis compromisos.Domingo 15 de febreroTolima vs Once Caldas - 4:20 p.m.Deportivo Cali vs Atlético Nacional - 6:30 p.m.Fortaleza vs Boyacá Chicó - 8:30 p.m.Martes 17 de febreroAlianza vs Cúcuta - 4:00 p.m.Jaguares vs Santa Fe - 6:00 p.m.Miércoles 18 de febreroJunior vs América - 7:30 p.m.
En una ofensiva de la Séptima División del Ejército Nacional en compañía de la Armada Nacional y la DEA, se logró la ubicación y neutralización de una embarcación tipo Go Fast que llevaba insumos pertenecientes al Clan del Golfo, esto en jurisdicción del municipio de Necoclí.El reporte de las autoridades indica que al interior de la embarcación, que era impulsada por cuatro motores y que pertenecería a la Subestructura Gabriel Poveda Ramos, fueron hallados 9.990 galones de gasolina que serían utilizados como insumos para la fabricación de alcaloides.Con esta incautación se logra afectar en más de 1.300 millones de pesos las finanzas del Clan del Golfo en la subregión del Urabá antioqueño. El coronel Diego León Grimaldos, comandante de la Brigada XVII del Ejército Nacional."En coordinación con la DEA, se hace la incautación de una lancha rápida en la parte marítima, en la cual fueron incautados más de 9.900 galones de combustible que serían usados para la producción de clorohidrato de cocaína", señaló el uniformado.Hay que mencionar que este golpe no solo afecta el accionar criminal, sino que también las rentas ilícitas, ya que el Clan del Golfo usa las actividades relacionadas con el narcotráfico como uno de sus principales métodos de financiación para el desarrollo de sus actividades terroristas.Se espera que este tipo de operativos continúen realizándose en el Urabá antioqueño, punto estratégico de las organizaciones criminales tanto para el abastecimiento de insumos como para el tráfico de estupefacientes hacia Centroamérica o los Estados Unidos.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, estructuras en las que se concentraron los secuestros más complejos, prolongados y violentos del conflicto armado.En el caso del Bloque Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, la JEP los halló responsables por secuestros cometidos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.Para el Bloque Sur, las conductas investigadas ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y en sectores de Cauca y Meta.Los imputados del Bloque Oriental son: Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Darío Lee Díaz (Robledo); Luis Montes (Euclides Bermúdez); Ángel García (Hernán Benítez); Ezequiel Hueguía (Rolando Romero); y William Tovar (Franklin Smith Caicedo). Según la JEP, este bloque tuvo un papel central en secuestros con fines de canje, especialmente contra figuras políticas, entre ellas Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial, y Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial y jefa de campaña.La investigación estableció que, debido a su mayor capacidad operativa y control territorial, el Bloque Oriental recibió durante años a víctimas de secuestro provenientes del Bloque Sur, particularmente aquellas retenidas para intercambio por guerrilleros presos. Estas personas permanecieron durante largos periodos en campamentos selváticos, en condiciones extremas de cautiverio.La Sala de Reconocimiento llamó a estos comparecientes a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, así como por otros delitos cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.Además, les atribuyó crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y conductas asociadas, como desaparición forzada, asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos, los cuales, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.La investigación concluyó que los excombatientes imputados tenían control efectivo sobre su tropa y capacidad de imponer disciplina, por lo que son responsables tanto por haber impartido órdenes directas que derivaron en secuestros y asesinatos, como por no impedir los abusos cometidos contra las víctimas durante el cautiverio.Algunos de ellos, además, participaron de manera directa en crímenes graves y comandaron campamentos donde las personas permanecieron privadas de la libertad durante años.De acuerdo con la JEP, el Bloque Oriental fue responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP en todo el país, mientras que el Bloque Sur concentró el 8 %. Sin embargo, el 18 % de las víctimas acreditadas ante la JEP señalan al Bloque Sur como responsable. Entre las 4.439 víctimas acreditadas, 1.239 atribuyen su secuestro al Bloque Oriental y 771 al Bloque Sur.La JEP documentó que ambos bloques actuaron bajo tres patrones criminales: secuestros para financiar la organización, para forzar intercambios por guerrilleros presos y para ejercer control social y territorial. En este último patrón se registraron trabajos forzados, castigos colectivos y asesinatos de personas que intentaron escapar del cautiverio.Con estas imputaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la investigación del Caso 01 y dejó delimitada la lista de responsables por el secuestro en las Farc-EP. El proceso entra ahora en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, en la que los imputados deberán aceptar o rechazar los cargos en un plazo de 30 días.De haber reconocimiento, se avanzará hacia sanciones propias de carácter restaurativo; de lo contrario, los casos podrán ser remitidos al Tribunal para la Paz o a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían derivar en juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
El presidente Gustavo Petro conversó con Nicolás Maduro y le pidió que Venezuela sea nuevamente garante en el proceso de paz con el ELN. Blu radio conoció que el mandatario colombiano realizó la comunicación por tratarse de un tema prioritario de su Gobierno.El papel de garante de Venezuela en los diálogos de paz con el ELN era llevado a cabo por la administración de Maduro cuando iniciaron las conversaciones con el gobierno de Juan Manuel Santos y se suspendió ante el quiebre de la diplomacia binacional.Fue el presidente Duque, hace 4 años, después de su primera participación en la Asamblea de Naciones Unidas, quien cerró la puerta a que el vecino país siguiera como garante.La petición es una decisión fundamental en el avance de las conversaciones entre el Gobierno y el ELN, toda vez que las dos partes estuvieron de acuerdo en que Venezuela volviera a ser garante.El propio presidente Gustavo Petro declaró que ese tipo de decisiones debían ser avaladas por las dos partes en la mesa de conversaciones.De acuerdo con el vocero ‘Pablo Beltrán’ del ELN, las negociaciones podrían comenzar en cuestión de "semanas".En una entrevista en La Habana, ‘Beltrán’ dijo que ambas partes están preparándose para iniciar los diálogos. "Yo pienso que (en cuestión) de semanas", afirmó el jefe guerrillero."Estamos en un proceso de reanudar las conversaciones", señaló Beltrán y añadió que mientras el Gobierno colombiano "está haciendo equipos de negociación", el ELN está "en proceso de evaluar el periodo que estamos cerrando y también de rehacer la delegación de diálogo".
Sergio Jaramillo, excomisionado de Paz del gobierno de Juan Manuel Santos, crítico duramente el concepto de la "paz total" del presidente Gustavo Petro y aseguró que se está degando huérfano el acuerdo con las Farc. Las declaraciones fueron hechas al director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas. "Tengo una seria preocupación con los planteamientos que se han hecho de la paz total, por lo menos con los que ha expresado el senador Cepeda que parece tener la batuta en este tema. Me parece que tiende a desplazar el proceso de paz y a dejarlo un poco huérfano. Lo que uno oye es que no se ha nombrado a nadie que se haga parte de la implementación del acuerdo, la oficina del comisionado está dedicada a hablar con organizaciones criminales, con combos, a estar en las cárceles", sostuvo Jaramillo. De acuerdo con el exfuncionario, emplear un lenguaje de paz para grupos criminales es un error por parte del senador Iván Cepeda y se le está dando un tratamiento de paz a lo que es un asunto de política criminal. "Las mismas Farc se están quejando que no les están prestando atención, ahí ya hay un problema. El senador Cepeda habla de insurgencias en plural, de organizaciones con carácter político, de quién está hablando? Del ELN, cada vez menos; de cese del fuego multilaterales. Se usa el vocabulario del fin del conflicto para lo que son en esencia organizaciones cirminales. A mi juicio ese es un gran error estratégico que tiene efectos perversos", añadió. En respuesta, el senador Iván Cepeda emitió un hilo de trinos controvirtiendo las opiniones de Sergio Jaramillo. De acuerdo con el congresista, presidente de la comisión de Paz, el acuerdo de paz con las Farc es la base y el fundamento de la política de "paz total" y que los hechos lo demostrarán. "Es falaz decir que el gobierno adelanta 'negociaciones con los narcos'. El gobierno sí tiene una visión sobre el problema del narcotráfico, su tratamiento en la construcción de la paz territorial y el acogimiento a la justicia de organizaciones ligadas a esa economía ilícita", indicó Cepeda. De acuerdo con Cepeda, es falso que los procesos de acogimiento a la justicia se lleven a cabo bajo la jurisdicción judicial y aseguró que durante el gobierno de Juan Manuel Santos los lideró el poder ejecutivo a través de la Vicepresidencia. "No corresponde a la verdad afirmar que el actual gobierno está debilitando la inteligencia y la Policía Nacional. El gobierno ha hecho cambios necesarios en los mandos y ha reemplazado la doctrina de 'seguridad nacional' por la concepción de seguridad humana", agregó Cepeda. El senador iván Cepeda extendió invitación para un "diálogo constructivo" a Sergio Jaramillo. "Su experiencia y visión serán útiles para el propósito de poner punto final a la era de violencia que ha padecido el país", sostuvo.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) colombiano confía en que las negociaciones de Paz con el Gobierno del presidente Gustavo Petro puedan comenzar en cuestión de "semanas".En una entrevista en exclusiva con Efe en La Habana que se publicará íntegra este domingo, el negociador del ELN Israel Ramírez Pineda, alias "Pablo Beltrán", explicó que ambas partes están actualmente preparándose para iniciar los diálogos."Yo pienso que (en cuestión) de semanas", afirmó uno de los máximos jefes del mayor grupo guerrillero en activo de Colombia luego de la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con el Acuerdo de Paz de 2016."Estamos en un proceso de reanudar las conversaciones", señaló Beltrán y añadió que mientras el Gobierno colombiano "está haciendo equipos de negociación", el ELN está "en proceso de evaluar el periodo que estamos cerrando y también de rehacer la delegación de diálogo"."Estamos en momentos parecidos. Una vez se complete eso, se hará un primer encuentro", agregó.Beltrán consideró además probable que se mantenga el modelo de "sedes rotativas" con el que empezaron estas conversaciones en 2017, de tal forma que aunque el diálogo comience en La Habana, pueda pasar posteriormente a algún otro país.El negociador aseguró en este sentido que se examinarán "las ofertas de acompañamiento y ayuda" de Chile y España, "que son bienvenidas" y subrayó que tanto el Gobierno colombiano como el ELN van a estudiar "cómo se atiende ese apoyo".La victoria electoral de Petro reactivó las conversaciones de Paz del Gobierno colombiano con el ELN, suspendidas en 2019 por su predecesor, Iván Duque, a raíz del atentado del grupo armado contra la Escuela de Cadetes en Bogotá, que dejó 22 muertos y 68 herido.El pasado agosto el Gobierno de Colombia y el ELN anunciaron tras un encuentro en La Habana la reanudación de las negociaciones de paz en Cuba.Escuche el podcast Ser campeón viene con manual:
Siete uniformados adscritos a la estación de Policía del corregimiento de San Luis, zona rural de Neiva, fueron víctimas de un ataque con explosivos.En el vehículo afectado se movilizaban dos intendentes, dos patrulleros y tres auxiliares de la institución quienes terminaron muertos.Aunque en un principio se habló de ocho policías asesinados, se supo que el auxiliar Gustavo Alberto Esquivel Rojas sobrevivió al ataque.Luis Octavio Sabi, padre del intendente Luis Alberto Sabi y quien además era el comandante de la estación de policía de San Luis, habló en Blu radio."Nunca imaginé que mi hijo estuviera entre las víctimas… Sabiendo que es una zona roja, no solamente con esta masacre, si no con mas que han ocurrido y han perdido la vida agentes de la policía, ¿por qué no los enviaron por helicóptero?, ¿por qué los pusieron como carne de cañón?”, indicó el adolorido padre.En el programa El Radar, con Ricardo Ospina, el locutor se refirió al dolor de familia. Siete familias quedaron destrozadas tras el atentado que cobró la vida de los uniformados. “No le puedo decir buenos días, nos sentimos destrozados desde ayer en horas de la tarde que supimos de este vil atentado, sobre este vil asesinato a todos estos muchachos, entre ellos a mi hijo Luis Alberto Sabi que era el comandante del puesto de Policía", indicó.Sabi, reconocido locutor y periodista de Neiva, se refirió a la vida profesional de su hijo.“Era comandante de esa estación aproximadamente cuatro meses cuando recibe la orden de salir a este puesto de Policía en el corregimiento de San Luis… él se fue por instrucciones de sus superiores, comentó que se entona un poco aburrido. San Luis es una zona roja, siempre le dije que tuviera cuidado”, señaló.El periodista, incluso, contó que a los policías les quitaban la luz para hostigarlos y que en algunas tiendas no les vendían productos a la Policía Nacional ubicada en ese corregimiento.“A través de Face él me decía que sentía temor, le dije que se rerirara de la Policía, pero él me dijo que no que le faltaba poco para pensionarte y no lo logró”, resaltó.El intendente Sabi Gutiérrez tenía 37 años y le faltaba un año y medio para salir pensionado de la Policía. Los uniformados se encontraban participando en una actividad de bienestar social en el Comando MENEV.
Este viernes en horas de la tarde se presentó un atentado contra una patrulla de la Policía en San Luis, Huila. Allí siete uniformados fueron asesinados y uno más resultó herido, quien es atendido en un centro clínico.El atentado fue condenado por Gilles Bertrand, embajador en Colombia de la Unión Europea, quien además pidió a los grupos armados un cese al fuego.“Condenamos el atentado que acabó con la vida de siete miembros de la policía anoche en el Huila. Nos solidarizamos con sus seres queridos. Llamamos a todos los grupos armados a cesar el fuego, respetar la vida y sumarse sin demoras al esfuerzo nacional hacia la paz total”, señaló.Es importante resaltar que la Unión Europea se ofreció para cumplir un papel de facilitador o mediador en los diálogos que el gobierno de Gustavo Petro entablará con diferentes grupos armados en el país.El rechazo a este atentado también llegó por parte de Noruega, país que fue garante de las negociaciones de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las Farc.Le puede interesar:“Condenamos y repudiamos el ataque contra patrulla de la policía en Huila. Nuestra profunda solidaridad con las víctimas y sus seres queridos. La violencia nunca será la respuesta. Seguiremos impulsando la paz”, fue el mensaje de la embajada de ese país en Colombia.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca los alcances de las declaraciones del ministro del Interior, Alfonso Prada, sobre las movilizaciones para que se apruebe la reforma tributaria:
En horas de la tarde de este viernes se presentó un atentado contra una patrulla de la Policía en San Luis, Huila que dejó siete uniformados fallecidos.Después de lo sucedido en un comunicado conjunto entre el Ministerio de Defensa y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz el Gobierno nacional rechazó lo sucedido y aseguró que es un saboteo a la paz.“La paz total va en contravía de la convivencia y el silencio ante la criminalidad. Esta acción de terror es un saboteo a los propósitos de superar estas violencias que sirven para los intereses de unos pocos”, señaló el comunicado.En el mismo sentido, le hicieron un llamado a la Fiscalía para que investigue y esclarezca lo sucedido. Asimismo, a los colombianos para que apoyen los esfuerzos de paz.Le puede interesar: “El injustificado derramamiento de sangre de estos policías colombianos lacera los anhelos de paz del pueblo colombiano. En honor de las vidas cegadas hoy, seguimos trabajando por la paz total de Colombia”, señaló.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca los alcances de las declaraciones del ministro del Interior, Alfonso Prada, sobre las movilizaciones para que se apruebe la reforma tributaria: