El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
En su reflexión dominical, monseñor Rafael de Brigard invitó a los fieles a reconocer que el verdadero alimento del ser humano es el espiritual, pues es el que da sentido, dirección y propósito a la vida. Basado en el Salmo 118, destacó que la felicidad auténtica nace de vivir según la voluntad de Dios: “Dichoso el que con vida intachable camina en la voluntad del Señor… enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón”.Monseñor explicó que Jesús, en el Evangelio de San Mateo, no vino a eliminar la ley, sino a llevarla a su plenitud, elevando el nivel de exigencia espiritual. Más allá de cumplir normas externas, el Señor invita a una transformación interior basada en el amor y la coherencia. Como afirma el Evangelio: “No crean que he venido a suprimir la ley… he venido no para deshacer, sino para traer lo definitivo”, y también enseña: “Si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio”. Finalmente, el mensaje subrayó que el verdadero cristiano está llamado a vivir con integridad, amor y verdad, reflejando a Dios en cada acción. La fe se manifiesta en el respeto por la vida, el cuidado de las relaciones y la coherencia entre lo que se dice y lo que se vive. Por ello, Jesús enseña con claridad: “Digan sí cuando es sí y no cuando es no”. Escuche la reflexión completa aquí:
Al menos una persona ha muerto y otras dos se encuentran en estado grave tras ser alcanzadas por una avalancha mientras esquiaban fuera de pista este domingo en Courmayeur, en el norte de Italia, según informó el Servicio Alpino de Emergencias.El alud se produjo esta mañana en el canal del Vesses, en la provincia de Valle de Aosta (norte), y sepultó a varios integrantes de un grupo de esquiadores.Hasta el momento, los equipos de rescate han localizado el cuerpo del fallecido y a dos heridos en estado crítico, que han sido trasladados de urgencia al hospital.La operación de rescate, en la que participan 15 especialistas, unidades caninas y dos helicópteros, continúa en curso.Aunque no se ha precisado el número total de afectados, medios locales estiman que el grupo original podría estar formado por entre tres y seis personas.Por otro lado, este domingo se registró otra avalancha en la provincia de Trentino (norte), concretamente en la zona de Tesino, donde una persona quedó parcialmente sepultada, pero logró ser rescatada por sus propios compañeros sin necesidad de asistencia médica.Las autoridades mantienen la alerta por el riesgo de aludes en la zona alpina, agravado por las recientes nevadas y las fuertes rachas de viento en cotas altas.
En su reflexión dominical, el pastor César Castellanos compartió un poderoso mensaje basado en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, donde el apóstol Juan contempla el trono de Dios y un rollo sellado que contiene el destino de las naciones. La escena revela que nadie en el cielo ni en la tierra era digno de abrirlo, lo que llevó a Juan a llorar, hasta que apareció Jesucristo como el León de Judá y el Cordero inmolado. Esta revelación muestra la supremacía y autoridad de Cristo, quien, por su sacrificio, recibió el derecho de abrir los sellos y cumplir el plan divino. El pastor enfatizó que la dignidad de Jesús proviene de su obediencia y amor por la humanidad. Aunque es el mismo Dios, aceptó venir al mundo en forma humana para cumplir la misión de redimir al ser humano del pecado. Su sacrificio en la cruz no fue un acto de derrota, sino el cumplimiento del plan de salvación. Finalmente, el mensaje resaltó el valor de la oración y la intercesión como un acto espiritual poderoso que asciende ante Dios. Las copas de oro llenas de incienso simbolizan las oraciones de los creyentes, mostrando que el clamor del pueblo tiene impacto en el ámbito espiritual. Esta verdad reafirma la identidad del creyente y su propósito eterno, tal como lo expresa la Palabra: “Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.” Escuche la reflexión completa aquí:
En una ofensiva de la Séptima División del Ejército Nacional en compañía de la Armada Nacional y la DEA, se logró la ubicación y neutralización de una embarcación tipo Go Fast que llevaba insumos pertenecientes al Clan del Golfo, esto en jurisdicción del municipio de Necoclí.El reporte de las autoridades indica que al interior de la embarcación, que era impulsada por cuatro motores y que pertenecería a la Subestructura Gabriel Poveda Ramos, fueron hallados 9.990 galones de gasolina que serían utilizados como insumos para la fabricación de alcaloides.Con esta incautación se logra afectar en más de 1.300 millones de pesos las finanzas del Clan del Golfo en la subregión del Urabá antioqueño. El coronel Diego León Grimaldos, comandante de la Brigada XVII del Ejército Nacional."En coordinación con la DEA, se hace la incautación de una lancha rápida en la parte marítima, en la cual fueron incautados más de 9.900 galones de combustible que serían usados para la producción de clorohidrato de cocaína", señaló el uniformado.Hay que mencionar que este golpe no solo afecta el accionar criminal, sino que también las rentas ilícitas, ya que el Clan del Golfo usa las actividades relacionadas con el narcotráfico como uno de sus principales métodos de financiación para el desarrollo de sus actividades terroristas.Se espera que este tipo de operativos continúen realizándose en el Urabá antioqueño, punto estratégico de las organizaciones criminales tanto para el abastecimiento de insumos como para el tráfico de estupefacientes hacia Centroamérica o los Estados Unidos.
En su reflexión dominical, el pastor Andrés Corson explicó que, así como los pilotos siguen un checklist para evitar catástrofes, Dios también ha establecido un “listado de verificación” espiritual para quienes desean influir y liderar. Basado en 1 Timoteo 3, señaló que este llamado no es solo para pastores, sino para todos los creyentes, pues Jesús afirmó: “Ustedes son la luz del mundo… dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos”.Uno de los requisitos principales es vivir con integridad, fidelidad y dominio propio. El pastor destacó que un líder debe ser “intachable” y “digno de mucho respeto,” lo que implica cumplir la palabra, ser fiel en sus relaciones y controlar sus impulsos. También subrayó que la santidad personal es fundamental, recordando que Jesús no condena, pero sí llama al cambio: “Yo tampoco te condeno… ve y no peques más.” Finalmente, el mensaje concluyó que el liderazgo espiritual requiere madurez, humildad y una vida coherente tanto en público como en privado. La reputación, el manejo de las relaciones, la familia y la fe personal son parte de este checklist que prepara a una persona para servir. Como enseña la Escritura: “Primero sean puestos a prueba, y después, si no hay nada que reprocharles, entonces que sirvan”. Escuche la reflexión completa aquí:
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, estructuras en las que se concentraron los secuestros más complejos, prolongados y violentos del conflicto armado.En el caso del Bloque Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, la JEP los halló responsables por secuestros cometidos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.Para el Bloque Sur, las conductas investigadas ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y en sectores de Cauca y Meta.Los imputados del Bloque Oriental son: Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Darío Lee Díaz (Robledo); Luis Montes (Euclides Bermúdez); Ángel García (Hernán Benítez); Ezequiel Hueguía (Rolando Romero); y William Tovar (Franklin Smith Caicedo). Según la JEP, este bloque tuvo un papel central en secuestros con fines de canje, especialmente contra figuras políticas, entre ellas Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial, y Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial y jefa de campaña.La investigación estableció que, debido a su mayor capacidad operativa y control territorial, el Bloque Oriental recibió durante años a víctimas de secuestro provenientes del Bloque Sur, particularmente aquellas retenidas para intercambio por guerrilleros presos. Estas personas permanecieron durante largos periodos en campamentos selváticos, en condiciones extremas de cautiverio.La Sala de Reconocimiento llamó a estos comparecientes a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, así como por otros delitos cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.Además, les atribuyó crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y conductas asociadas, como desaparición forzada, asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos, los cuales, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.La investigación concluyó que los excombatientes imputados tenían control efectivo sobre su tropa y capacidad de imponer disciplina, por lo que son responsables tanto por haber impartido órdenes directas que derivaron en secuestros y asesinatos, como por no impedir los abusos cometidos contra las víctimas durante el cautiverio.Algunos de ellos, además, participaron de manera directa en crímenes graves y comandaron campamentos donde las personas permanecieron privadas de la libertad durante años.De acuerdo con la JEP, el Bloque Oriental fue responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP en todo el país, mientras que el Bloque Sur concentró el 8 %. Sin embargo, el 18 % de las víctimas acreditadas ante la JEP señalan al Bloque Sur como responsable. Entre las 4.439 víctimas acreditadas, 1.239 atribuyen su secuestro al Bloque Oriental y 771 al Bloque Sur.La JEP documentó que ambos bloques actuaron bajo tres patrones criminales: secuestros para financiar la organización, para forzar intercambios por guerrilleros presos y para ejercer control social y territorial. En este último patrón se registraron trabajos forzados, castigos colectivos y asesinatos de personas que intentaron escapar del cautiverio.Con estas imputaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la investigación del Caso 01 y dejó delimitada la lista de responsables por el secuestro en las Farc-EP. El proceso entra ahora en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, en la que los imputados deberán aceptar o rechazar los cargos en un plazo de 30 días.De haber reconocimiento, se avanzará hacia sanciones propias de carácter restaurativo; de lo contrario, los casos podrán ser remitidos al Tribunal para la Paz o a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían derivar en juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
El presidente del Partido Comunes, Rodrigo Londoño, y quien era conocido en la guerra como Timochenko reveló una carta este miércoles en la cual le habló a los grupos sucesores del paramilitarismo en Colombia. El excomandante de las extintas Farc hizo un llamado a estos actores del conflicto para hacer parte de la paz en el país."Por años las extintas FARC-EP combatimos férreamente al fenómeno paramilitar, fueron nuestros enemigos a muerte. Hoy como firmantes de paz, lejos de la lógica de la guerra y convencidos de la urgencia de reconciliar esta patria adolorida, les extendemos la mano para trabajar por el silencio definitivo de sus fusiles. Compatriotas, es momento de la paz", se pudo leer en la misiva.Asimismo, Londoño explicó que la historia en Colombia estuvo marcada por diferentes guerras y que, aunque en algún momento se pensó que esto no cambiaría hoy en día hay una esperanza para poder lograr la paz en el país."Esa historia, que parecía no tener otro destino que el desangramiento del pueblo colombiano comienza a cambiar de rumbo para desterrar definitivamente la violencia", mencionó en el comunicado.También se refirió al fenómeno del paramilitarismo en Colombia y a los grupos que se armaron después de la desmovilización que tuvieron las AUC hace unos años, asegura que los paramilitares fueron producto de una decisión política del Estado y de las élites del país que sentían odio hacia la guerrilla."Su perpetuación ha sido también política de Estado que, por acción u omisión, generó las condiciones para la pervivencia de sus ilícitas actividades. Y fue ese mismo Estado el que en pasados gobiernos los traicionó y los condenó a mantenerse en la ilegalidad", indicó.Le puede interesar:Por último, se refirió al acuerdo de paz firmado entre la guerrilla de las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos, el cual él suscribió como máximo comandante de ese grupo en ese momento, para Londoño después de esta firma se desataron unas fuerzas sociales pues la ciudadanía exige un cambio que pasa por la aplicación de la paz y la justicia social."Esa paz anhelada será una realidad y en ella debe haber sitio para ustedes, las fuerzas sucesoras del paramilitarismo. El camino que seguir está dado por su acogimiento a la justicia, que debe ser transitoria, restaurativa y con aporte pleno de verdad", finalizó.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca que, pese a los problemas de estómago, demoras con los decretos y líos con algunos nombramientos, Petro ya tiene nueva cúpula militar:
En el año 2014 el ELN anunció su disposición para empezar una fase exploratoria con el gobierno de Juan Manuel Santos con el fin de instalar una mesa de diálogo y buscar una solución pacífica al conflicto. En un principio los acercamientos se dieron en Caracas, Venezuela, y allí estuvo presente alias ‘Antonio García’, primer comandante de dicha guerrilla.Fue allí donde se llegó a un acuerdo sobre la agenda que se iba a llevar a cabo en esa negociación y se estableció que las delegaciones tanto del gobierno como del ELN se trasladarían a La Habana, en Cuba, para empezar a discutir dichos puntos sobre los que se negociaría la paz.En ese momento del proceso, el jefe negociador por parte de esa guerrilla pasó a ser alias ‘Pablo Beltrán’, quien actualmente se encuentra en La Habana y fue uno de los 11 miembros del ELN a los que se les suspendieron las órdenes de captura para retomar los diálogos con el gobierno de Gustavo Petro.Según explicó el senador Iván Cepeda, quien viajó a La Habana junto a una delegación del gobierno, la ONU y la Iglesia para hacer el primer contacto con esa guerrilla con el objetivo de retomar los diálogos, el levantamiento de las órdenes de captura solamente para los que se encuentran en La Habana, sería la razón por la que García no apareció en esta lista de los delegados.Cepeda también explicó que esto no significa que no esté de acuerdo o no tenga un interés en el proceso que próximamente se podría reanudar. Ahora, también es importante aclarar que la suspensión de estas órdenes de captura también se hizo con el fin de que los miembros del ELN en Cuba puedan tomar contacto con la organización y en este sentido, si esa guerrilla lo considera, los negociadores podrían cambiar.Le puede interesar:Es importante también recordar que los diferentes grupos armados al realizar diálogos de paz no nombran necesariamente a sus máximos comandantes como los negociadores, pues, por ejemplo, Rodrigo Londoño, quien era conocido en la guerrilla como ‘Timochenko’ no hizo parte del equipo de las Farc que negoció el acuerdo con el gobierno de Juan Manuel Santos.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca que pese a los problemas de estómago, demoras con los decretos y líos con algunos nombramientos, Petro ya tiene nueva cúpula militar:
En la lista que entregó la Fiscalía General sobre los miembros negociadores del ELN a los que se les levantó órdenes de captura por tres meses, mientras se adelantan los diálogos con el Gobierno, no aparece Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias ‘Antonio García’, jefe máximo de esta guerrilla y quien expresó una serie de condiciones para sentarse con la mesa de negociaciones.Según explicó en Mañanas Blu monseñor Héctor Fabio Henao, encargado de las relaciones entre la Iglesia católica y el Estado en estos diálogos en Cuba, en la lista “están las personas que se encuentran en la Habana” y, según detalló, el Gobierno lo que hizo “fue reconocer el carácter de ellos como delegación”, la cual está nombrada ya “desde hace años”.Asimismo, aclaró que, como representante de la iglesia, no fue parte del proceso de levantar dichas órdenes de captura a los 11 miembros del ELN: “No soy jurista, no tuve ninguna participación en la lista de levantar las ordenes de capturas. Había un acuerdo con la delegación que hay actualmente”.“Esta delegación en la Habana tiene que renovar el mandato o tendrá que dárselo a las personas que el ELN decida. Hay un equipo que ha trabajado en esto, preparando estos diálogos, pero otro paso que se tendrá que dar es que se conozcan finalmente las delegaciones, tanto del Gobierno como del ELN, las cuales adelantarán los diálogos”, recalcó monseñor Henao.Sobre el avance de estas conversaciones, mencionó que “el proceso tendrá que verse con detenimientos” para así evaluar las exigencias de ambas partes.“Con el ELN hay unas particularidades, porque históricamente siempre han tendido un enfoque de participación ciudadana, que va con el enfoque del Gobierno y así abrir puerta a las múltiples y diversas expresiones”, puntualizó.Estos son los nombres en la listaEsta decisión afecta todos los que han sido reconocidos por el Gobierno como negociadores del Ejército de Liberación Nacional (ELN): Nicolas Rodríguez Bautista, Pablo Beltrán, Aurelio Carbonell, Gustavo Martínez, Silvana Guerrero, Alirio Sepúlveda, Isabel torres, María Consuelo Tapias, Tomás García, Oscar Serrano y Vivian Henao.En la suspensión de las órdenes de captura también están incluidas aquellas con fines de extradición, según explicó el fiscal general, Francisco Barbosa.Le puede interesar:
El Registro Único de Víctimas (RUV) es una base de datos de la Unidad para las Víctimas que cuenta con un registro de la población víctima del conflicto armado en Colombia, el cual permite su identificación y reconocimiento.El RUV, que hace parte de la ruta de medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas, sirve para “focalizar la Política Pública de Atención a Víctimas a sus destinatarios reales”, de acuerdo con Ramón Rodríguez, director general de la Unidad para las Víctimas.La herramienta cuenta, al 31 de julio, con 9.328.499 víctimas incluidas, de las cuales 7.410.663 fueron clasificados como sujetos de atención, lo que significa que este número de víctimas cumplen con los requisitos “para acceder a las medidas de atención y reparación integral establecidas en la ley”, según información entregada por la entidad.En búsqueda de implementar a totalidad la Política Pública de Víctimas, el registro ayuda a caracterizar a las víctimas al recoger información como género, pertenencia étnica, discapacidad, ciclo vital y hecho victimizante padecido.“No existe en el mundo un registro tan consolidado entre las experiencias de países con situaciones similares de conflicto”, aseguró su director general.¿Cómo inscribirse en el RUV?La entidad detalló que quien se encuentre interesado en inscribirse a este registro deberá rendir su declaración y explicar tiempo, lugar y modo en cómo ocurrieron los hechos victimizantes. Además, deben tener ciertos requisitos:Presentar la declaración ante el Ministerio Público, (Personería, Procuraduría, Defensoría del Pueblo) o ante un consulado de Colombia en el exterior. La información debe ser lo más completa y precisa posible para facilitar el proceso de análisis de las solicitudes de inscripción en el RUV.Aportar la información necesaria para el completo diligenciamiento del Formato Único de Declaración (FUD). Las víctimas pueden entregar documentos adicionales que consideren pertinentes para su declaración.Le puede interesar: Nuevo director de la Policía anuncia sustancial cambio en el EsmadEscuche y siga el podcast El Mundo Hoy
El congresista Iván Cepeda, presidente de la comisión de Paz del Senado, habló en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, acerca de la suspensión de las órdenes de captura y extradición contra los negociadores de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).“El ELN comienza a dar también sus propios pasos tendientes a que cuanto antes se pueda instalar oficialmente una mesa de conversaciones. Un cese del fuego bilateral depende del precisamente, del proceso de instauración o de reinicio de las conversaciones. Un alto al fuego no se da simplemente con una declaración, hay que realizar todo un despliegue logístico para que pueda ser efectivamente verificado”, sostuvo Cepeda.El senador Cepeda aseguró que podría retomarse la experiencia del gobierno de Juan Manuel Santos, cuando hubo un cese del fuego que se prolongó en el tiempo y se instauró una metodología de verificación de este.Le puede interesar:“Este es un desarrollo de lo que ya habíamos anunciado una vez que el gobierno, como lo hizo en la visita es esto a La Habana el 11 de agosto pasado, hizo un reconocimiento de la legitimidad de la delegación de paz del ELN y constató que hay una voluntad efectiva de avanzar en los diálogos que ya se habían desarrollado en la época del expresidente Juan Manuel Santos. Una vez se ha podido surtir ese procedimiento vienen pasos que son digámoslo así operativos, logísticos. El presidente ha emitido ya unas órdenes”, sostuvo el legislador.
La Comisión de Paz del Senado, encabezada por los senadores Iván Cepeda y el presidente del Senado, Roy Barreras, llegó al Cauca para empezar a trabajar en los problemas de seguridad que hay en los municipios más afectados por el conflicto armado en ese departamento.El senador Iván Cepeda, en diálogo con Noticias de la Mañana Blu, explicó el objetivo que tendrá la Comisión de Paz del Senado en ese departamento.“Aquí estamos presentes junto al ministro de Interior; Alfonso Prada, y la ministra de Medio Ambiente; Susana Muhamad, la Unidad Nacional de Protección y otras entidades, todo con el fin, de instalar el primer puesto permanente por la vida en los 12 municipios más afectados en el departamento del Cauca”, explicó.Según Cepeda, el “puesto permanente por la vida” tendrá un modelo paliativo que busque bienestar común de la ciudadanía.“La idea es crear un modelo de estado paliativo y no preventivo. Se trata de ejercer una vigilancia permanente para el cuidado del municipio. Hay autoridades de control que deben garantizar el bienestar de los líderes sociales y demás personas de la comunidad”, aseveró.Además, el senador aseguró que, hay 77 municipios en Colombia afectados por el conflicto armados, lugares a los que tratará de llegar la Comisión de Paz del Senado.“Hemos previsto 77 municipios, son los más afectador por el conflicto armado y, a la vez, son las poblaciones que presentan el mayor índice de violencia. Vamos a ir con la Comisión de Paz del Senado a instalar estos puestos para la protección de la vida en todas estas poblaciones que tiene problemas de seguridad”, precisó.Cepeda también entregó detalles de algunos temas que han dado de que hablar como la salida de la Policía Nacional del Ministerio de Defensa.“Hay que hacer unas reformas graduales pero que atiendan los problemas más serios de la Fuerza Pública. El primero de ellos que la Policía salga del Ministerio de Defensa”, dijo.Por último, el senador explicó una proposición que han incentivado en el Senado con el fin de tratar algunos temas polémicos como el salario y las vacaciones de los congresistas.“Hemos aprobado una proposición para que 65 congresistas impulsemos un bloque parlamentario para analizar algunos temas: la reducción salariar, limitar los periodos de elección, limitar vacaciones, sancionar funcionarios que reciban algo a cambio de su voto y penalizar el ausentismo”, finalizó.Le puede interesar: