El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
En la capital antioqueña se siguen conociendo aberrantes casos de violencia sexual donde las víctimas menores de edad y corren riesgos en entornos que deberían ser seguros como sus familias.Este fue el caso de un hombre de 34 años de edad capturado en las últimas horas por orden judicial al ser requerido por el delito de acceso carnal violento.Los hechos habrían ocurrido en una vivienda del barrio Zamora donde el señalado victimario sostenía una relación sentimental de unos 10 años con la madre de la víctima.Precisamente la extensión del vínculo y su rol como cuidador, además de la convivencias en el entorno familiar habrían facilitado la comisión de estas conductas de violencia sexual contra su hijastra en repetidas ocasiones. "La captura se materializó en vía pública del barrio La América y el hombre posteriormente fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará las audiencias preliminares para definir la situación jurídica y la imposición de una medida privativa de la libertad", indicó el general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.Con estos hechos la institución policial asegura que mantiene su compromiso con la protección de la población menor de edad y por eso invitó a la ciudadanía a denunciar de manera oportuna cualquier hecho que vulnere su integridad física, psicológica o sexual.
Tropas del Ejército Nacional de Colombia y la Corporación El Minuto de Dios distribuyeron mercados y elementos básicos para más de 200 familias damnificadas tras el desbordamiento del río Lebrija. La Segunda División mantendrá presencia permanente en la zona.Las ayudas humanitarias siguen llegando a Lebrija en medio de la emergencia provocada por la fuerte ola invernal. En las últimas horas se entregaron 1,5 toneladas de alimentos, kits de aseo y elementos de primera necesidad destinados a las familias que lo perdieron todo por las inundaciones y el desbordamiento del río Lebrija.La jornada se desarrolló en articulación con la administración municipal y la Corporación El Minuto de Dios, con el apoyo logístico de tropas de El Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo N.º2, que han estado desplegadas en la zona rural desde los primeros días de la emergencia, apoyando evacuaciones, transporte de ayudas y verificación de las afectaciones a familias del corregimiento Vanegas, damnificadas por el frente fríoDe acuerdo con las autoridades locales, solo en este municipio más de 200 familias resultaron damnificadas por las crecientes súbitas, pérdida de cultivos y daños en viviendas. La presencia de la fuerza pública ha sido clave para garantizar la distribución segura de la asistencia y el acompañamiento a las comunidades más golpeadas.El brigadier general Rodolfo Morales Franco, comandante de la Segunda División del Ejército Nacional, aseguró que el respaldo institucional continuará mientras persista la emergencia.“Nosotros velamos siempre por la protección de la población civil. Estamos acompañándolos desde la emergencia en la vereda Vanegas y con nuestros batallones, tropas de la Quinta Brigada y la Fuerza Aérea hemos consolidado un esfuerzo no armado. El Ejército está acompañando, diciéndole: alcalde, no está solo; la comunidad no está sola. Seguimos pendientes para atender cualquier emergencia”, afirmó.La Oficina de Gestión del Riesgo de Santander reiteró que las lluvias podrían continuar en varios sectores del departamento, por lo que no se descarta mayor atención de los organismos de socorro y despliegues humanitarios para atender a las comunidades afectadas por la temporada invernal.
La Contraloría General de Antioquia es el ente encargado de vigilar la gestión fiscal y ambiental de las entidades públicas y particulares que manejan fondos del departamento y su próximo reto será analizar la eficiencia y sostenibilidad de las empresas de desarrollo urbano en la seccional.Dentro de los objetivos que se planteó la Contraloría en este proceso se destacan, principalmente, vigilar el desempeño económico y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos de estas entidades. El enfoque inicialmente está puesto en los municipios que conforman las categorías 4, 5 y 6.Asimismo, dentro del plan de ejecución se plantea la fiscalización al marco legal y el cumplimiento de los requisitos legales para la creación de las Empresas de Desarrollo Urbano. "Nuestra intención será determinar si se está respetando el principio de economía, de eficacia y de eficiencia, y si hay una relación costo beneficio realmente eficiente en la utilización de los recursos públicos o si lo que hay lugar es a hacer un llamado de atención a estas entidades territoriales", explicó el contralor general de Antioquia, Juan Carlos Herrera Toro.Además, el contralor indicó que con el fin de establecer si estas entidades operan bajo criterios de la Contraloría, se examinará la ejecución de ingresos y gastos, el flujo de caja, los resultados financieros y la coherencia entre el objeto social de las empresas y el uso de los recursos públicosDentro del total de los 21 municipios que la Contraloría estará fiscalizando, se destacan territorios que son reconocidos por su oferta turística como lo son el municipio de Santa Fe de Antioquia, El Peñol, San Carlos, Andes y Támesis. En el Urabá Antioqueño serán fiscalizados Necoclí, San Juan de Urabá y Turbo.
Una noticia tomó por sorpresa a los ciudadanos, pues desde el pasado 12 de febrero empezó a regir en la capital el Decreto Distrital 042 de 2026, en el que se fijan las tarifas para el servicio individual de pasajeros en taxi para lo que resta del año.Según indicó el Distrito, para llegar a la tarifa los estudios técnicos se realizaron desde 2025; pese a las encuestas y la revisión de variables económicas, el impacto del salario mínimo para este año fue lo que más incidió en la decisión.La Administración de Carlos Fernando Galán aseguró que el objetivo es mantener la sostenibilidad del gremio sin perder transparencia para el usuario. Si bien en Bogotá existen múltiples medios de transporte, el taxi sigue siendo clave para millones de personas, por lo que las nuevas tarifas resultan relevantes para muchos.Estas son las nuevas tarifas de taxis en BogotáEl decreto señala un nuevo marco tarifario que funcionará durante 2026 y define los valores a partir de tablas técnicas. Allí se detallan los montos y condiciones para el sistema tradicional, así como el cobro por medio de plataformas digitales autorizadas.La idea es que, según lo consignado en el acto administrativo, se busca:Garantizar reglas claras para conductores y pasajeros.Reducir posibles desacuerdos al momento de pagar.Fortalecer la confianza en el servicio formal.Ante ello, se recomienda consultar los canales oficiales del Distrito para verificar los valores vigentes antes de iniciar un recorrido.¿Apps tendrían influencia en los cobros?Uno de los puntos que más llama la atención es la coexistencia de dos modalidades de cobro en el servicio: por un lado, el taxímetro tradicional y, por otro, el cobro por medio de plataformas autorizadas.El servicio de taxis poco a poco se ha sumado a plataformas como Cabify, DiDi o Uber. Si bien el taxímetro sigue siendo referencia en el cobro, la presencia de aplicaciones digitales permite estimar el valor del trayecto con anterioridad, ofrecer diferentes métodos de pago y mayor trazabilidad en el viaje.Por eso, muchos usuarios prefieren conocer con anticipación el costo antes de ingresar al vehículo, lo que genera mayor sensación de control. Para el gremio, implica adaptarse a nuevas herramientas tecnológicas.Decreto Distrital 042 define tarifas y reglas de cobroLa doble modalidad tiene como objetivo modernizar el servicio sin desmontar el esquema tradicional; sin embargo, primero se deben resolver algunos desafíos:Asegurar acceso a dispositivos móviles para conductores.Mantener conectividad estable.Aplicar el marco regulatorio con rigor.El Distrito insiste en que este ajuste hace parte de una estrategia más amplia de modernización del transporte; así mismo, busca ir en paralelo con obras viales y proyectos en la ciudad como el Metro.Así mismo, vale señalar que anteriormente la Secretaría de Movilidad apuntó que la carrera mínima en taxi será de $8.000 pesos; de igual manera, el recargo hacia y desde el Aeropuerto o puente aéreo será de $8.100 pesos sin el pago del factor calidad y de $8.300 con el factor calidad.
La entrega voluntaria permitió que la Policía y la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) devolvieran las tortugas a su hábitat natural. La especie está catalogada como vulnerable a la extinción.Más de 60 tortugas morrocoy regresaron a la vida silvestre luego de permanecer en cautiverio dentro de una vivienda en Barrancabermeja. El operativo fue liderado por el Grupo de Control a la Biodiversidad y Protección Ambiental de la Policía Nacional, en articulación con la CAS Regional Mares, como parte de las acciones de conservación de fauna en Santander.El intendente Juan Pablo Hernández Caballero, jefe del Grupo de Control a la Biodiversidad y Protección Animal, explicó que la intervención evitó que estas especies continuaran en condiciones inadecuadas. “Se logra la entrega voluntaria de 61 tortugas que se encontraban en una vivienda en Barrancabermeja. Desde allí son llevadas a la CAS para su valoración y posterior liberación. Invitamos a la comunidad a denunciar cualquier tráfico de flora y fauna silvestre para proteger nuestros recursos naturales”, señaló.Los animales fueron entregados voluntariamente por un ciudadano a las autoridades ambientales. Tras la recepción, los ejemplares fueron trasladados a los centros de valoración de la CAS, donde recibieron revisión médica, evaluación nutricional y verificación de condiciones físicas, con el fin de garantizar que estuvieran aptos para su retorno seguro al entorno natural.La tortuga morrocoy (Chelonoidis carbonarius) es una especie nativa de bosques y sabanas que enfrenta alta presión por el tráfico ilegal, el consumo de carne y huevos y su comercialización como mascota.De acuerdo con el Instituto Humboldt, está clasificada como vulnerable a la extinción; fuera de su ecosistema natural, estos animales suelen sufrir desnutrición, enfermedades y estrés, lo que reduce drásticamente sus posibilidades de supervivencia.Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar la tenencia y comercialización de fauna silvestre y denunciar cualquier actividad ilegal que atente contra la biodiversidad. Cada rescate, advierten, es clave para proteger el equilibrio ambiental de la región.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, estructuras en las que se concentraron los secuestros más complejos, prolongados y violentos del conflicto armado.En el caso del Bloque Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, la JEP los halló responsables por secuestros cometidos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.Para el Bloque Sur, las conductas investigadas ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y en sectores de Cauca y Meta.Los imputados del Bloque Oriental son: Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Darío Lee Díaz (Robledo); Luis Montes (Euclides Bermúdez); Ángel García (Hernán Benítez); Ezequiel Hueguía (Rolando Romero); y William Tovar (Franklin Smith Caicedo). Según la JEP, este bloque tuvo un papel central en secuestros con fines de canje, especialmente contra figuras políticas, entre ellas Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial, y Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial y jefa de campaña.La investigación estableció que, debido a su mayor capacidad operativa y control territorial, el Bloque Oriental recibió durante años a víctimas de secuestro provenientes del Bloque Sur, particularmente aquellas retenidas para intercambio por guerrilleros presos. Estas personas permanecieron durante largos periodos en campamentos selváticos, en condiciones extremas de cautiverio.La Sala de Reconocimiento llamó a estos comparecientes a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, así como por otros delitos cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.Además, les atribuyó crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y conductas asociadas, como desaparición forzada, asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos, los cuales, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.La investigación concluyó que los excombatientes imputados tenían control efectivo sobre su tropa y capacidad de imponer disciplina, por lo que son responsables tanto por haber impartido órdenes directas que derivaron en secuestros y asesinatos, como por no impedir los abusos cometidos contra las víctimas durante el cautiverio.Algunos de ellos, además, participaron de manera directa en crímenes graves y comandaron campamentos donde las personas permanecieron privadas de la libertad durante años.De acuerdo con la JEP, el Bloque Oriental fue responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP en todo el país, mientras que el Bloque Sur concentró el 8 %. Sin embargo, el 18 % de las víctimas acreditadas ante la JEP señalan al Bloque Sur como responsable. Entre las 4.439 víctimas acreditadas, 1.239 atribuyen su secuestro al Bloque Oriental y 771 al Bloque Sur.La JEP documentó que ambos bloques actuaron bajo tres patrones criminales: secuestros para financiar la organización, para forzar intercambios por guerrilleros presos y para ejercer control social y territorial. En este último patrón se registraron trabajos forzados, castigos colectivos y asesinatos de personas que intentaron escapar del cautiverio.Con estas imputaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la investigación del Caso 01 y dejó delimitada la lista de responsables por el secuestro en las Farc-EP. El proceso entra ahora en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, en la que los imputados deberán aceptar o rechazar los cargos en un plazo de 30 días.De haber reconocimiento, se avanzará hacia sanciones propias de carácter restaurativo; de lo contrario, los casos podrán ser remitidos al Tribunal para la Paz o a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían derivar en juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Las historias del conflicto armado en Colombia no dejan de ser trágicas y dolorosas, es el caso de Laura, quien desapareció en el municipio de Mesetas, Meta, en el año 1999. Ella salió a hacerle un favor a su mamá a una tienda, pero en el camino hombres armados la obligaron a ella y a otras 30 personas a subir a un camión. Desde entonces su familia le perdió el rastro.Además, su familia fue víctima de desplazamiento, por lo que tuvieron que trasladarse a Villavicencio. La insistencia de los padres por tener información que permitiera el regreso de Laura llevó a que sus hermanas menores fueran amenazadas con ser reclutadas.Lo que sabían es que Laura había sido incorporada a las filas de la guerrilla, e incluso su padre recibió información de que había muerto en la toma al municipio de Puerto Rico, Meta.Sin embargo, logró desvincularse de este grupo armado y fue entonces cuando trató de buscar a su familia, que también estaba tratando de dar con su paradero. No obstante, debido al paso del tiempo, no se había cristalizado el encuentro.César, su padre, buscó el año anterior ayuda con la Unidad de Búsqueda, que durante siete meses llevó a cabo las respectivas investigaciones y pudieron determinar que estaba en el centro del país.Su madre murió en 2006 tras sufrir consecuencias en su salud debido a los desplazamientos y el reclutamiento de su hija, pero César pudo reencontrarse con su hija.“Para mí recuperar a mi hija es como si me hubiera ganado una lotería. En realidad es una lotería, porque encontrar a una familia que esté perdida, en tantos años, desaparecida, sin tener ninguna noticia de ella y encontrarla, así como la encontré hoy en este sitio, para mí fue una cosa muy satisfactoria’’, aseguró César.Le puede interesar:Laura es la octava persona que desapareció en el marco del conflicto armado y que la Unidad de Búsqueda halló con vida. Según la entidad, en el Meta, entre 1997 y 2006 se registraron 658 reportes de desapariciones, de los cuales 122 corresponden a desapariciones por reclutamiento.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca por qué con la reforma tributaria del nuevo Gobierno ya no alcanzaría ni para un salchichón:
El senador Iván Cepeda, en conjunto con el comisionado de la paz, Danilo Rueda, y el canciller de Colombia, Álvaro Leyva, tuvieron una reunión con la delegación del ELN en Cuba, para retomar los diálogos de paz con el nuevo gobierno de Gustavo Petro.El senador y periodista Ariel Ávila, en diálogo con Sala De Prensa Blu habló sobre los pasos a seguir entre el ELN y el Gobierno de Colombia para llegar a un acuerdo de paz efectivo.“Aquí van a pasar 4 cosas: la primera, habrán 2 a 4 meses muy quietos, con algunos gestos de paz, pero sin casi movimientos. El ELN tiene que cuadrar una mesa técnica de tregua con sus representantes en Cuba. Segundo, vendrá una recomposición de las relaciones internacionales que tiene Colombia. En una época Cuba ayudó a Colombia a hacer los diálogos con el ELN y con la guerrilla y el gobierno de Duque dijo que los tenían que llevar a la justicia, por eso ese país entró nuevamente a la lista de naciones que ayudan al terrorismo, eso hay que recomponerlo. Tercero, volver a mirar la agenda del expresidente Santos. Y, por último, volver a retomar esos diálogos”, explicó.Para Ávila, la estrategia del ELN es manejar una serie de acuerdos que tenga, efectos oportunos para no tener que, con el paso dl tiempo, no se vayan a incumplir. “La estrategia de negociación del ELN es que lo que se va acordando se va implementando por miedo a que se les incumpla, por eso la importancia de Cepeda para que todo pase por el Congreso de la República. El equipo de Colombia va a tener mucha influencia en retomar estos procesos”, mencionó.Según el senador y periodista, el ELN comenzará con un cese al fuego bilateral, mensaje que sirve mucho para la sociedad tras los asesinatos a policías presenciados en diferentes regiones del país.“Aquí va a arrancar la negociación con un cese al fuego bilateral, cuando alguna de las partes de atreva a violarla, habrá repercusiones, pero por el momento, esas treguas dicen mucho. Colombia tiene mucha sensibilidad y dejar los asesinatos va a ayudar mucho a la sociedad”, aseveró.Por último, el senador Ariel Ávila explicó la famosa paz total, incentivada por el canciller Álvaro Leyva."La paz total tiene 4 pilares: la primera paz total con el ELN. La segunda es el acogimiento a la justicia. Tercero, el tema de alternatividad de coca y narcotráfico para disminuir la tregua. Por último, diálogos regionales y desarrollo en la agenda local. Por el momento, la delegación de La Habana del ELN tiene que trabajar el mandato renovado para dialogar con el gobierno de Petro", finalizó.Le puede interesar:
La profesora Sandra Barrera se prepara para hablar frente a sus estudiantes. No de geometría, su clase no es algo de cálculo exacto, ni literatura, pese a lo increíble que sea que las personas se maten por un color.“Arrancamos contando historias, como los campesinos comenzaron a ser desplazados por la violencia, inicialmente de los partidos Liberal y Conservador, y cómo está violencia en determinados pueblos no podía estar por ejemplo conservador, tenía que trasladarse a otro, o tenía que salir huyendo porque era amenazado y como esto comienza un proceso de conflictos internos, especialmente en el campo y se va trasladado a la ciudad. Entonces así hoy comenzamos, reconociendo qué fue lo que en realidad pasó”, explicó la maestra.La profesora Barrera dicta clase a cerca de 30 niños de quinto de primaria, entre los 9 y 13 años, en el colegio Tabora, en la localidad de Engativá en Bogotá. En una de las 4.300 instituciones educativas, entre públicas y privadas, que se han abierto a la iniciativa de socializar el informe final de la Comisión de la Verdad sobre el conflicto armado en Colombia.“Ellos no conocen realmente qué es lo que ha pasado en nuestro país, al iniciar a contarles a mostrarles el proceso, los resultados que se han esperado durante tantos años de la Comisión de la Verdad. Se ha generado muchas expectativas en ellos y les ha abierto los ojos, o el panorama frente a los procesos que viven muchos de nuestros pobladores, en especial los campesinos que son los que están directamente afectados por estos conflictos”, dijo la docente a El Radar de Blu Radio.La profesa es clara, no solo en no tomar partido frente a sus explicaciones y aproximaciones sobre el conflicto armado en Colombia, sino en señalar que esta socialización del informe de la Comisión de la Verdad es totalmente voluntaria y no se va a obligar a ningún alumno.“Más que una imposición, es reflexionar lo que cada uno de los docentes hacemos dentro de la institución, un reflexionar pensado desde la pedagogía y desde el saber ser y el saber hacer para nosotros y para los estudiantes... Es totalmente voluntario no podemos obligar a ningún estudiante frente a su proceso, pero si es importante hacerles conocer la historia de nuestro país. Una de las asignaturas de nuestra institución es Sociales e Historia, entonces viene vinculado prácticamente desde la asignatura. Dependiendo del enfoque en que lo tome el profesor, lo podemos ver desde la historia del país o simplemente implementarlo como la estrategia que se está llevando a cabo con el Ministerio Educación”, aseguró Barrera.Sin embargo, esta profesora de un colegio en el sur de Bogotá, como la mayor parte de los colombianos, no es indiferente frente los más de 60 años de guerra que vivió Colombia, y reflexiona frente a la violencia que ha vivido el país.“Es una verdad silenciosa que se ha callado durante mucho tiempo y ya por tantos gritos que está dando, pues está saliendo de alguna manera, y esa es la expectativa que tenemos todos nosotros, que cada una de las personas que vivieron algún tipo de violencia, pueda tener la oportunidad de saber qué pasó, por qué y cómo hacemos para reconciliarnos con ese ser que nos hizo tanto daño, qué es la parte más difícil”, manifestó la profesora Barrera.El kit de pedagogía que está llegando a varios colegios de Colombia para socializar el informe final de la Comisión de la Verdad cuenta con material didáctico diseñado para ser expuesto a niños y jóvenes de todas las edades, y con lineamientos como la importancia de la escucha plural, el enfoque étnico y la dimensión ambiental, el enfoque de género, la justicia restaurativa y el rol de la educación son varios de los ítems más importantes tenidos en cuenta.
El senador Iván Cepeda, acompañado del canciller, Álvaro Leyva, y del comisionado de la paz, Danilo Rueda, realizaron un viaje a Cuba con el fin de empezar a entablar los diálogos de paz con el ELN.El senador Iván Cepeda, quien lideró las conversaciones con el grupo armado, explicó en conversación con Noticias de la Mañana Blu, cómo van los diálogos de paz con el ELN que se realizaron en Cuba.“Fue una gestión muy exista. En el lapso de 24 horas de trabajo logramos enmendar varios problemas que se venían presentado. Gracias a la mediación de Cuba se han logrado éxito en diferentes procesos de paz. Ese territorio fue muy fructífero para avanzar en los diálogos”, dijo.Según lo comentado por Cepeda, la voluntad que tiene el ELN para entablar los diálogos es evidente, por lo que, hay que trabajar para seguir desarrollándolas.“Desde el punto de vista político las partes esta abiertas a entablar un diálogo de paz. Se harán unos pasos previos para poder comenzar de lleno las negociaciones. Hay que adecuar las cosas para hacer procesos efectivos”, explicó.Le puede interesar:Además, Cepeda aseguró que, en los diálogos con el ELN se está teniendo todo en cuenta, por lo que, hay que cuidar esa relación en la conversación.“No se ha dejado nada por fuera y mucho menos se oculta nada la opinión pública. Llegará el momento que los puntos se van a compartir para que todos conozcan el proceso. Hay un ambiente adecuado para que estas conversaciones humanas se desarrollen”, mencionó.Por último, el senador Cepeda confirmó que, el jefe de la delegación del ELN, Paulo Beltrán, le aseguró que el ELN tiene la voluntad de negociar para buscar la paz con el Gobierno Nacional.Escuche el podcast Historias detrás de la historia:
En sintonía con la orden del presidente Gustavo Petro de abrir las puertas que protegían la plazoleta entre la Plaza de Armas de la Casa de Nariño y el Patio Nuñez del Congreso, en las últimas horas fueron levantadas las rejas y vallas que protegían las escalinatas del Capitolio Nacional y que limitaban el acceso al edificio nuevo del Congreso desde la esquina de la carrera séptima con calle 10.El anuncio lo hizo el presidente del Congreso, Roy Barreras, quien el día de hoy (12 de agosto) compartió en su cuenta de Twitter el video de los trabajadores retirando las vallas fijas que rodeaban el edificio:Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, mostró el comparativo de como estaba antes el Capitolio y cómo queda ahora con el libre tránsito de la gente:Para los directivos del Congreso esta medida permitirá abrir el diálogo con los colombianos, con sus representantes, y permitirá a la gente poder conocer y disfrutar de los monumentos públicos, los cuales estaban bloqueados desde los años noventa por motivos de seguridad.Escuche el podcast El Camerino:
Avanzan las conversaciones en Cuba entre la delegación del gobierno, encabezada por el canciller Álvaro Leyva y el comisionado para la Paz, Danilo Rueda.En las últimas horas se reunió esa delegación con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel y los integrantes del ELN, que se encuentran en ese país desde 2017, entre ellos Israel Ramírez, alias ‘Pablo Beltrán’, Silvana Guerrero y Víctor Cubidas, alias ‘Aureliano Carbonel’.A través de su cuenta en Twitter, el presidente cubano expresó: “sostuve encuentro con representantes del gobierno de Colombia y del ELN, partes del proceso de paz en ese país, junto a los garantes de Noruega y Cuba y representantes del Secretario General de la ONU y de la Conferencia Episcopal colombiana”.“Ratifiqué a todos los participantes en el encuentro el invariable compromiso de Cuba y la inquebrantable voluntad de continuar contribuyendo al logro de la anhelada paz para Colombia”, agregó el presidente cubano.Escuche el podcast Historias detrás de la historia: