Un operativo conjunto el Ejército y la Policía permitió ubicar y neutralizar un arsenal de alto poder perteneciente a las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco', en zona rural del departamento del Meta. El material de guerra estaba oculto en la vereda La Floresta, jurisdicción de El Castillo, y según inteligencia, iba a ser usado en ataques contra la Fuerza Pública y comunidades de Meta y Guaviare.En el depósito ilegal fueron halladas 190 granadas adaptadas para drones, 56 granadas de mortero, 88 minas antipersonal y 100 detonadores. El hallazgo confirma la evolución de las tácticas de esta estructura armada criminal, que está apostándole al uso de explosivos lanzados desde el aire para maximizar daño y alcance.El director de la Policía, el general William Rincón Zambrano, aseguró que el resultado golpea directamente las capacidades logísticas del grupo armado y evita posibles acciones violentas. Según dijo, el arsenal representaba una amenaza directa para uniformados y población civil.Desde el departamento de Policía Meta también advirtieron que el material incautado permitiría ataques con drones cargados de explosivos, una modalidad que ha encendido alertas en varias regiones del país. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar movimientos sospechosos que permitan anticipar atentados.La operación contó con el apoyo de la Fiscalía y sigue en desarrollo para ubicar a los responsables del almacenamiento del material y debilitar la estructura 'Martín Villa', señalada de operar bajo el mando de Mordisco. Mientras tanto, las autoridades mantienen presencia reforzada en la zona ante posibles retaliaciones.
El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
Uniformados de la Policía Metropolitana de Bucaramanga lograron la captura de un hombre señalado como presunto responsable de un homicidio ocurrido en vía pública del barrio Villas de San Juan, en el municipio de Girón.Los hechos se registraron en medio de un acto de intolerancia social. Según las primeras informaciones, la víctima, un menor de 15 años, fue lesionado con arma cortopunzante durante una riña que, al parecer, se habría originado por el hurto de una gorra. Tras resultar herido, el adolescente fue trasladado inicialmente a un centro asistencial y posteriormente remitido a una clínica de mayor complejidad, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.Por información suministrada por la comunidad, el presunto agresor fue ubicado en un centro médico al que acudió para recibir atención. Allí fue capturado y dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de homicidio.Las autoridades de Santander han reiterado su preocupación por los hechos violentos derivados de situaciones de intolerancia social, que continúan cobrando vidas en el área metropolitana de Bucaramanga."Desde la institución policial insistimos en la importancia de resolver los conflictos a través del diálogo y los mecanismos legales, evitando que discusiones menores escalen a hechos lamentables", dijo el general William Quintero, comandante de la Policía de Bucaramanga.
La marca japonesa Mazda se posicionó como la marca de carros más segura del mundo en la nueva evaluación “Safety Verdict” publicada por Consumer Reports, superando incluso a fabricantes tradicionalmente asociados con la seguridad como Volvo.El nuevo informe ofrece un análisis integral sobre qué tan seguros son los vehículos modernos. No solo evalúa la protección en caso de choque, sino también el comportamiento en emergencias, las tecnologías de asistencia al conductor que vienen de serie y la facilidad de uso de los controles interiores.Según Consumer Reports, las marcas mejor calificadas son aquellas que no solo protegen en caso de accidente, sino que también ayudan a evitarlo.¿Qué modelos respaldan la reputación de seguridad de Mazda?Mazda ha obtenido múltiples reconocimientos en seguridad, incluyendo casi un conjunto completo de premios Top Safety Pick+ del IIHS, la calificación más alta de esa agencia.Modelos como el Mazda CX-70 registran puntuaciones casi perfectas tanto en evaluaciones del IIHS como de la NHTSA.Jennifer Morrison, directora de Seguridad Vehicular de Mazda North American Operations, afirmó que el reconocimiento refleja el trabajo de sus equipos globales para integrar tecnologías avanzadas de seguridad y una dinámica de conducción destacada en cada modelo.“La seguridad es un pilar fundamental de la filosofía de Mazda, y nos honra el reconocimiento de Consumer Reports a nuestro compromiso inquebrantable de proteger a conductores, pasajeros y a todos los actores en la vía. Este reconocimiento refleja el trabajo de nuestros equipos globales de ingeniería para integrar tecnologías avanzadas de seguridad y un desempeño dinámico sobresaliente en cada modelo”, puntualizó Morrison.Sin embargo, queda la duda de si el nuevo Mazda CX-5, que adoptará una interfaz más centrada en pantallas en Estados Unidos, mantendrá esta reputación, dado que Consumer Reports criticó precisamente este tipo de sistemas en otras marcas.¿Cuáles son las marcas de carros más seguras en 2026?El informe concluye que la seguridad moderna va más allá de resistir un impacto: también depende de evitar el accidente y ofrecer una experiencia de conducción que no distraiga al conductor.MazdaGenesisAcuraLincolnHyundaiHondaNissanAudiSubaruKia¿Cómo evalúa Consumer Reports la seguridad de los carros?Consumer Reports adoptó un enfoque más amplio para medir la seguridad vehicular.Nivel “Basic”Incluye vehículos que cumplen con los estándares federales de seguridad de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).Nivel “Better”Aquí se evalúan:Pruebas de manejo y frenadoCalificación Good o Acceptable en la prueba de choque frontal con pequeño solapamiento del IIHSAl menos Acceptable en la prueba de choque lateralSi la tracción delantera o total es estándar, lo que mejora el manejo en lluvia, hielo o nieveTambién se otorgan mejores puntajes a vehículos con un peso mínimo de 1.3 toneladas, ya que los autos más livianos presentan mayor riesgo en caso de colisión.A pesar de esto, Mazda superó a otras marcas aunque el Mazda MX-5 Miata es uno de los pocos vehículos con tracción trasera estándar y un peso inferior a 2.500 libras.¿Qué exige el nivel “Best” en seguridad?En el nivel más alto, Consumer Reports analiza:Qué tan distractivos son los sistemas de infoentretenimiento y los controlesSi el frenado automático de emergencia, la alerta de punto ciego y la alerta de tráfico cruzado trasero son estándarCalificación Good en la prueba de choque lateralAl menos Acceptable en la prueba frontal de solapamiento moderadoMarcas como Tesla y Volvo obtienen buenos resultados en pruebas de choque, pero fueron penalizadas en el estudio por controles interiores considerados distractivos.Emily A. Thomas, directora asociada de seguridad automotriz en Consumer Reports, explicó:“Un carro seguro tiene un manejo y frenado predecibles en la conducción diaria y en emergencias, controles que no distraigan, tecnología que pueda prevenir un choque en primer lugar y un diseño que proteja a los ocupantes si ocurre un accidente”.
Al menos 25 familias de la vereda Bambú, en el municipio de Rionegro, permanecen en riesgo tras un deslizamiento de gran magnitud que ya arrasó cerca de 10 hectáreas de montaña y amenaza con represar una quebrada, lo que podría generar una avalancha.La emergencia se registró en las últimas horas en este sector rural, donde la remoción en masa descendió por la ladera llevándose a su paso cultivos y cobertura vegetal. El movimiento de tierra avanzó hasta una fuente hídrica, lo que mantiene en alerta a la comunidad ante la posibilidad de que el cauce quede completamente obstruido.El alcalde de Rionegro, Héctor Santana, confirmó que desde la administración municipal se activaron medidas preventivas para reducir el riesgo.“Estuvimos en el Bambú, atendiendo de primera mano las afectaciones ocasionadas por el deslizamiento de tierra en masa. Desde la Gestión del Riesgo Municipal activamos el acompañamiento inmediato y continuaremos realizando monitoreo constante para garantizar la seguridad de nuestras familias”, señaló el mandatario.Según explicó, las autoridades locales trabajan de manera articulada con la comunidad para evaluar los daños, identificar puntos críticos y definir posibles evacuaciones si el terreno continúa inestable.José Izaquita, presidente de la Junta de Acción Comunal de Bambú, relató los instantes de pánico que vivieron cuando comenzó la emergencia.“Se escucharon unos ruidos, unos truenos, como detonaciones. La tierra empezó a sonar y a bajar la montaña. Sonaban los palos y la red de alta tensión se escuchaba como si explotara. Eso iba bajando con fuerza”, narró.Ante el avance del derrumbe, Izaquita alertó a los vecinos para que salieran de sus viviendas. “Empecé a llamar a la gente para que salieran de las casas. El problema es que está tapando el río. Con la comunidad estamos tratando de destapar, pero la tierra ya llegó al río”, agregó.El temor principal de los habitantes es que el represamiento genere una acumulación de agua que, de liberarse súbitamente, provoque una avalancha que afecte las viviendas ubicadas aguas abajo.Por ahora, la administración municipal mantiene monitoreo permanente en la zona y no se descarta la evacuación preventiva de las familias si las condiciones del terreno empeoran. Entretanto, la comunidad permanece en máxima alerta ante cualquier nuevo movimiento de tierra.
El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, tomó distancia del respaldo que algunos gremios han dado al aumento de 23,7% del salario mínimo, al señalar que la gran industria sí puede asumir ese nivel de incremento, pero no así la mayoría del tejido empresarial compuesto por micro, pequeñas y medianas compañías. En entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Cabal insistió en que la decisión del Gobierno de fijar ese aumento respondió a criterios políticos y no económicos, y que hoy sus efectos ya se sienten en empleo, precios y viabilidad de los negocios.El dirigente gremial respondió a las declaraciones de Bruce Mac Master, presidente de la Andi, quien se mostró de acuerdo con mantener el mínimo en 23,7% tras el reciente fallo del Consejo de Estado que suspendió provisionalmente el decreto y ordenó expedir uno nuevo. “Yo entiendo la posición de Bruce, no la comparto, porque él obviamente sabe que la gran industria puede pagar ese salario o se acomodó a pagar ese salario”, afirmó Cabal, al marcar la línea divisoria entre grandes compañías y microempresas.Solo 2,4 millones ganan mínimo y 13 millones están en la informalidadCabal contextualizó el debate recordando que el aumento del salario mínimo de 2026, fijado inicialmente en 23,7%, aplica a una porción relativamente pequeña de la población ocupada, frente a una mayoría en informalidad o desempleo. “En Colombia de los 25 millones de la población económicamente activa, solamente 2.400.000 ganan salario mínimo. Tenemos más de 13 millones de informales y de rebusques que ni siquiera llegan al mínimo”, señaló el presidente de Fenalco, al advertir que entre más alto sea el mínimo, “más difícil va a ser volverse a un trabajo formal”.El dirigente gremial añadió que el país registra “más de 2 millones de desempleados que tampoco ganan el mínimo mínimo, y que entre más caro sea el mínimo, más difícil le va a ser conseguir un trabajo formal”. A su juicio, la discusión no puede centrarse solo en quienes ya devengan el salario mínimo, sino en cómo el nivel de ese ingreso incide sobre la creación de empleo formal y la posibilidad de que trabajadores informales se vinculen al sistema laboral con prestaciones.El 93% de empresas, en riesgo por el aumento y las reformasUno de los ejes de la advertencia de Fenalco es la estructura empresarial del país. “Nosotros tenemos que pensar en todos, y además en el tejido empresarial, que es el 93%, micro, pequeñas y medianas empresas, que no pueden pagar ese incremento tan alto, y muchas de ellas van a desaparecer, van a tener que venderse”, afirmó Cabal, al subrayar que se trata de negocios intensivos en mano de obra que suelen pagar salario mínimo a sus trabajadores.Según un sondeo interno del gremio, el impacto ya empezó a reflejarse en decisiones empresariales. “En el sondeo que hicimos, que ha pasado en enero y febrero, el 71% ya está reduciendo su planta personal o la va a reducir próximamente. El 28% ya está incrementando precios”, describió. Agregó que “el 8% ya está anunciando cerrar o parcial o totalmente sus establecimientos” y que “el 27% está hablando de procesos de automatización e inteligencia artificial para poder mitigar los costos laborales”.Efecto en el costo de vida de 48 millones de colombianosMás allá del impacto directo sobre las nóminas, Fenalco advierte que el incremento de 23,7% en el salario mínimo se traduce en aumentos de tarifas, servicios y bienes que afectan a todos los hogares, incluidos quienes no se benefician del alza. Cabal sostuvo que “no solamente el efecto es pagar el salario mínimo el 23.7% a 2 millones y medio de trabajadores, el efecto es el encarecimiento a 48 millones de colombianos de la vida como se está volviendo”.El dirigente recordó que muchas tarifas indexadas al salario mínimo, como cuotas de administración, pasajes y servicios, ya han venido subiendo. “¿No han empezado ya a subir muchos precios y servicios en el mercado? Hay que preguntarle solamente a los hogares colombianos que viven administraciones, en edificios, qué ha pasado con su cuota de administración”, dijo. También llamó la atención sobre el impacto en exportadores y productores, en un contexto que calificó de “debate político” y no económico, lo que a su juicio dificulta revertir las decisiones adoptadas.Consejo de Estado, nuevo decreto y crítica a un “salario político”El escenario se modificó con la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que fijó el incremento del salario mínimo para 2026 en 23,7%, al considerar que carecía de una justificación jurídica y económica verificable y ordenar al Gobierno expedir un nuevo decreto transitorio en ocho días. Fenalco fue uno de los gremios que demandó la norma, argumentando que se desconocieron los criterios técnicos previstos en la Ley 278 de 1996 y se sustituyeron por conceptos como “salario vital” sin carácter vinculante.Cabal fue enfático en que la reunión de la Comisión de Concertación Laboral convocada tras el fallo no es para renegociar el porcentaje con los gremios, sino para vigilar que el Ejecutivo cumpla el mandato judicial. “A la Comisión de Concertación Laboral hoy no vamos a concertar. El espacio y el trámite de la concertación ya se agotó el año pasado. El Consejo de Estado fue muy claro, que es que hay que sacar un nuevo decreto. El gobierno tiene que sacar un nuevo decreto”, afirmó. “El gobierno tiene que explicar los factores económicos que nunca los explicó, de dónde se sacó de la manga ese 23.7%, qué fue lo que realmente pasó. Un salario político, no fue un salario económico”.El presidente de Fenalco explicó que ahora sí asistirá a la mesa, a diferencia de diciembre, porque existe un mandato expreso del alto tribunal. “Este es un mandato del Consejo de Estado al gobierno y señala unos factores económicos y una explicación de ellos, y nosotros seremos vigilantes de que ese mandato se cumpla. Solamente por esa razón asistiremos a la mesa de concertación”, dijo. Y reiteró la posición del gremio: “La inmensa mayoría del pueblo colombiano, de los hogares y de las micro, pequeñas y medianas empresas de Colombia, no pueden con ese 23%. Que haga el gobierno ya es su responsabilidad y su conciencia. Seguramente lo dejará así, pero nosotros no participaremos de esa decisión”.Un panorama laboral “muy complejo” para 2026Cabal subrayó que el incremento del salario mínimo no ocurre en el vacío, sino en medio de otros cambios normativos que, en conjunto, presionan los costos laborales de las empresas. Recordó los efectos de la reforma laboral, descritos como “ya fuertes” para el sector empresarial, y mencionó la reducción adicional de la jornada semanal en dos horas a partir de junio, también con incidencia en la estructura de costos de las compañías.“Hay una realidad social que no nos podemos olvidar, que este país no es de grandes empresas, este país es de microempresas pequeñas”, recalcó el presidente de Fenalco. En ese contexto, definió el panorama laboral como “muy complejo” y reiteró su preocupación por la posibilidad de mayores cierres de negocios, caída del empleo formal y aumento de la informalidad, si se mantiene sin ajustes un incremento del mínimo que considera desproporcionado frente a la situación económica y los criterios técnicos definidos en la ley.
El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, ratificó el respaldo de los sindicatos al incremento del 23,7 % del salario mínimo para el año 2026. Tras la suspensión provisional decretada por el Consejo de Estado, Arias afirmó que las movilizaciones convocadas para este jueves buscan proteger lo que consideran un acto de "justicia social" frente a las demandas de sectores empresariales.Aunque inicialmente las centrales obreras solicitaron un reajuste del 16 %, Fabio Arias explicó que la cifra final de 23,7 % responde a un informe de la OIT sobre la brecha del "salario vital" en Colombia. "El Gobierno profundizó en ella y por eso nosotros la estamos respaldando. De pronto fuimos muy conservadores y la propusimos demasiado lenta", admitió el dirigente sindical sobre la propuesta inicial de los trabajadores.Para la CUT, el decreto expedido el pasado 29 de diciembre se ajusta a la normatividad jurídica y constitucional. Arias señaló que, ante las amenazas de desmejorar el ingreso de los trabajadores y pensionados, el gremio ha decidido "cerrar filas" para asegurar que el monto no retroceda en el nuevo decreto transitorio que prepara el Ejecutivo.Convocatoria a marchas por el salario mínimo vitalA pesar de que el presidente Gustavo Petro anunció que el nuevo decreto mantendrá la esencia del salario vital de dos millones de pesos, las movilizaciones siguen en firme. "Preferimos entonces movilizarnos, aceptar obviamente la invitación que también está haciendo el presidente de la República", indicó Arias. El encuentro está pactado para este jueves a las 4:00 p. m. en las plazas públicas del país.El líder de la CUT celebró que gremios como la ANDI coincidan en la necesidad de mantener la cifra actual, aunque por motivos distintos. Según el dirigente, el objetivo central es llamar la atención del pueblo colombiano sobre la importancia de defender un ingreso que permita cubrir las necesidades básicas de la población más vulnerable.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, estructuras en las que se concentraron los secuestros más complejos, prolongados y violentos del conflicto armado.En el caso del Bloque Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, la JEP los halló responsables por secuestros cometidos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.Para el Bloque Sur, las conductas investigadas ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y en sectores de Cauca y Meta.Los imputados del Bloque Oriental son: Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Darío Lee Díaz (Robledo); Luis Montes (Euclides Bermúdez); Ángel García (Hernán Benítez); Ezequiel Hueguía (Rolando Romero); y William Tovar (Franklin Smith Caicedo). Según la JEP, este bloque tuvo un papel central en secuestros con fines de canje, especialmente contra figuras políticas, entre ellas Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial, y Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial y jefa de campaña.La investigación estableció que, debido a su mayor capacidad operativa y control territorial, el Bloque Oriental recibió durante años a víctimas de secuestro provenientes del Bloque Sur, particularmente aquellas retenidas para intercambio por guerrilleros presos. Estas personas permanecieron durante largos periodos en campamentos selváticos, en condiciones extremas de cautiverio.La Sala de Reconocimiento llamó a estos comparecientes a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, así como por otros delitos cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.Además, les atribuyó crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y conductas asociadas, como desaparición forzada, asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos, los cuales, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.La investigación concluyó que los excombatientes imputados tenían control efectivo sobre su tropa y capacidad de imponer disciplina, por lo que son responsables tanto por haber impartido órdenes directas que derivaron en secuestros y asesinatos, como por no impedir los abusos cometidos contra las víctimas durante el cautiverio.Algunos de ellos, además, participaron de manera directa en crímenes graves y comandaron campamentos donde las personas permanecieron privadas de la libertad durante años.De acuerdo con la JEP, el Bloque Oriental fue responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP en todo el país, mientras que el Bloque Sur concentró el 8 %. Sin embargo, el 18 % de las víctimas acreditadas ante la JEP señalan al Bloque Sur como responsable. Entre las 4.439 víctimas acreditadas, 1.239 atribuyen su secuestro al Bloque Oriental y 771 al Bloque Sur.La JEP documentó que ambos bloques actuaron bajo tres patrones criminales: secuestros para financiar la organización, para forzar intercambios por guerrilleros presos y para ejercer control social y territorial. En este último patrón se registraron trabajos forzados, castigos colectivos y asesinatos de personas que intentaron escapar del cautiverio.Con estas imputaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la investigación del Caso 01 y dejó delimitada la lista de responsables por el secuestro en las Farc-EP. El proceso entra ahora en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, en la que los imputados deberán aceptar o rechazar los cargos en un plazo de 30 días.De haber reconocimiento, se avanzará hacia sanciones propias de carácter restaurativo; de lo contrario, los casos podrán ser remitidos al Tribunal para la Paz o a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían derivar en juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
La Misión de Verificación de la ONU y el Equipo de País de las Naciones Unidas mostraron este jueves, 5 de mayo, su preocupación por los ataques que se han presentado en diferentes zonas del país en contra de los excombatientes de las Farc.La ONU condenó los ataques que se han presentado a las casas de la cultura en Popayán y Bogotá, donde se desarrollan diferentes proyectos productivos de reincorporados. En este sentido manifestaron que esto demuestra que los firmantes del acuerdo siguen siendo víctimas de estigmatización y señalamientos en el país.“Son evidencia de la violencia, la estigmatización, el señalamiento y la persecución que aún enfrentan los y las firmantes del acuerdo de paz. La Misión de Verificación de la ONU y el Equipo de País de las Naciones Unidas en Colombia urgen a que se investiguen estos hechos y a que no se escatimen esfuerzos para garantizar la seguridad de las y los excombatientes”, señalaron en un comunicado.Por último, también reiteraron que la ONU está comprometida con la implementación del acuerdo de paz en Colombia y que continuarán apoyando los esfuerzos de las autoridades para garantizar la seguridad de los excombatientes y de las comunidades en los territorios.Escuche el podcast El Camerino:
En las últimas horas, se ha desatado una polémica después de que el comisionado Carlos Ospina, presentara su renuncia a la Comisión de la Verdad manifestando que había sido discriminado y que los temas que él trabajaba no tenían más espacio en este organismo.Asimismo, cuestionó el informe final asegurando que, según él, tiene serios problemas argumentativos sobre la narrativa del conflicto, pues no tendría una pluralidad de voces, asimismo dijo que el informe podría tener intereses políticos.El padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, durante un foro defendió el informe y la labor de este organismo y explicó que será entregado posteriormente a las elecciones, pues no hacen parte de ningún sector político.“No tenemos nada que ver, y quiero ser claro, con la campaña política. El mismo informe y las mismas conclusiones se entregarán al presidente, sea Fico o sea Petro o el que sea, para nada estamos metidos en eso”, aseguró de Roux.Asimismo, dijo que se van a dejar meter en la campaña política y que el equipo que conforma la Comisión de la Verdad había sido elegido por un comité independiente que nada tenía que ver con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos ni con las Farc, las dos partes que firmaron el acuerdo de paz en 2016.Por otro lado, manifestó que buscando que haya una pluralidad de voces se han reunido con paramilitares y exguerrilleros así como comunidades indígenas, afro y con las víctimas de todos los actores que se vieron involucrados en el conflicto. Su llamado fue para que el país construya entre la diferencia sin importar las posiciones políticas con el fin de lograr la paz en Colombia.Finalmente, explicó que el comisionado Carlos Ospina realizó diferentes trabajos en estos años que fueron aportados a la Comisión antes de la renuncia y que van a ser tenidos en cuenta y reflejados en el informe final.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca la actualidad de los candidatos presidenciales a menos de un mes de las elecciones presidenciales:
Este lunes se conoció que el mayor retirado Carlos Ospina decidió presentar su renuncia como comisionado de la Comisión de la Verdad. Ospina, único militar retirado que hacía parte del organismo, aseguró que el informe final que se presentará en junio tendría intereses políticos y explicó que su trabajo ya no tenía espacio en la Comisión.Desde la entidad emitieron un comunicado asegurando que aceptaban su renuncia y que siempre se le dieron las herramientas necesarias para que realizara su labor como comisionado.“Cabe recordar que la Comisión, como institución de Estado y como parte de su mandato, ha realizado un amplio proceso de escucha no solo a víctimas, sino a todos los actores y sectores que, de manera voluntaria y en todas las regiones del país, han querido ofrecer su testimonio y relato sobre hechos relacionados con el conflicto armado”, indicó.Pero, asimismo, explicaron que el informe final en el cual se busca explicar lo sucedido durante el conflicto en Colombia se entregará el próximo 28 de junio, con el fin de que no hiciera parte de las confrontaciones políticas que se puedan presentar en el país. Sin embargo, resaltaron que Ospina “falta a la verdad” con su pronunciamiento.“Nuestra mayor responsabilidad y tarea colectiva y ,nuestra respuesta de fondo a las demandas de verdad, e inclusive a los cuestionamientos y a las imprecisiones o faltas a la verdad en que ha incurrido el hasta hoy comisionado Carlos Ospina, será el informe final, al cual seguiremos dedicando la totalidad de nuestro interés y energía”, señalaron desde la Comisión.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca detalles del candidato del Pacto Histórico:
Las heridas de la masacre cometida en 2002 por la entonces guerrilla de las FARC en Bojayá, una de las más cruentas del conflicto armado colombiano, siguen abiertas 20 años después y sus habitantes temen una repetición ante la violencia sinfín que hoy tiene como protagonistas a otros grupos armados.El 2 de mayo de 2002 las FARC lanzaron un cilindro bomba contra las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el explosivo cayó en la iglesia de Bojayá donde se había refugiado parte del pueblo, una matanza en la que murieron al menos 86 personas aunque otras cifras hablan de 119 asesinados y decenas de heridos.Es por ello que este lunes los pobladores de este pueblo remoto, situado a orillas del río Atrato, en el selvático departamento del Chocó, hicieron una peregrinación y otros actos en conmemoración de esta masacre que dos décadas después aún cubre de dolor y llanto a los sobrevivientes, familiares y amigos de los fallecidos y a todo el país.LA VIOLENCIA PERSISTELas FARC, convertidas en el partido político Comunes gracias al acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016, pidieron hoy perdón "a Bojayá y a toda Colombia por los hechos sucedidos hace 20 años", pero en la zona persiste la violencia de otros grupos como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), herederas de los paramilitares.El Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá, que organizó las conmemoraciones, alertó que desde enero del año pasado han ocurrido en este municipio "ocho eventos de confinamiento" que han afectado a más de 7.800 personas.Las causas de estos confinamientos son las amenazas de muerte; la existencia de minas antipersonales y munición sin explotar, y los enfrentamientos entre grupos armados, entre otras razones.Esta es la principal razón por la cual los bojayaceños temen que vuelva a ocurrir lo que sucedió hace 20 años mientras esperan "verdad, justicia, reparación y no repetición para los pueblos"."Perdimos la gente, perdimos el territorio, perdimos la voz, pero no perdemos la esperanza de ver un nuevo amanecer de paz para el Chocó", dice el Comité.Y no solo es eso, en Bojayá se cuentan por decenas los jóvenes que se han suicidado ante el temor a ser reclutados por los grupos armados ilegales armados tras la masacre de 2002.Leyner Palacios, que perdió a 32 familiares y amigos en la matanza y hoy lucha por la paz de Colombia como miembro de la Comisión de la Verdad, alertó que "más de 50 jóvenes después de la masacre han decidido ahorcarse para no ser reclutados"."El día de ayer una niña de tan solo 8 años de la comunidad (indígena) emberá tomó la fatal decisión de suicidarse para no ser víctima del reclutamiento por parte de grupos armados", añadió el comisionado, ganador en 2017 en Ottawa del Premio Pluralismo Global por reivindicar los derechos y la lucha de las víctimas del conflicto.RECUERDOS DOLOROSOSFaustino Flores Palacios, que tenía 12 años cuando fue perpetrada la masacre, dijo entre lágrimas a Efe: "Yo perdí a mi papá y a mi hermanito, unos primos y perdí muchos familiares. Para mí es muy duro y doloroso llegar acá porque me invade la nostalgia, me da mucha tristeza venir acá porque son muchos recuerdos".Es por eso que la procesión de hoy partió de Bellavista Nuevo, el pueblo que se construyó a orillas del río Atrato como cabecera municipal de Bojayá después de la matanza, y llegó hasta el Bellavista Viejo, donde están las ruinas de la iglesia.En el recorrido de unos 10 minutos en lanchas por el río Atrato, porque no hay carreteras en la zona, sobrevivientes y familiares de las víctimas, acompañados de indígenas, autoridades, diplomáticos y representantes de organismos internacionales llevaron el "Cristo Mutilado", que estaba en el altar de la iglesia destruida, y que se convirtió en símbolo de la matanza.En los actos, la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), Luz Marina Monzón, hizo un llamado a las autoridades competentes para que "se reconozca la crisis humanitaria pero con un plan de acción"."Es urgente actuar y de manera eficiente para que se cumplan las reparaciones", expresó la funcionaria.Justamente el Comité de Víctimas de Bojayá lamenta que en 20 años "no ha habido nadie que le cumpla el sueño a las víctimas de tener un sendero ecológico de la memoria que conecte a Bellavista Nuevo con el viejo, contando en la línea del tiempo los ciclos de violencia"."Cuánto no quisiéramos haber tenido el poder de congelar el tiempo y no estar aquí hablando con el corazón cargado de tristeza y de dolor, sino con el corazón lleno de alegría viendo los rostros de los 48 niños y niñas que murieron en aquel 2 de mayo de 2002", señala el Comité de Víctimas.Y a continuación agrega: "hoy muchos ya no serían niños, ya habrían hecho su bachillerato, culminado una carrera universitaria, otros quizás ya serían padres de familia", con un dolor que, pese al paso del tiempo, se mantiene.Le puede interesar: El 'Man', con Alberto Linero
Este lunes, 2 de mayo, se cumplieron 20 años de la Masacre de Bojayá, en Chocó. En el año 2002, la guerrilla de las Farc arrojó un cilindro bomba donde estaban civiles y niños, el saldo fue de, al menos, 102 personas fallecidas. Desde entonces, las comunidades han denunciado que la reparación por parte del Estado y las garantías de seguridad en la zona todavía no han llegado.En los actos de conmemoración en Bojayá estuvo la representante de la ONU en Colombia para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, y aseguró que el Estado debe reconocer su responsabilidad en estos hechos y que hasta el momento no se ha logrado contener la expansión y violencia de los grupos armados en el territorio."Mi oficina, presente en el país desde 1997, pudo comprobar lo que ocurrió e hizo pública la responsabilidad de las Farc, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el Estado Colombiano. Algunos de estos actores han reconocido su papel, otros aún no. Es fundamental que el Estado reconozca su responsabilidad para poder reparar integralmente y para hacer justicia", manifestó de Rivero.Asimismo, destacó la valentía que han tenido las víctimas de la masacre y aseguró que estos hechos fueron una atrocidad que nunca debió suceder. Además, explicó que aún la ONU sigue recibiendo denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, no solo en Bojayá, sino en diferentes zonas del departamento del Chocó."Mi oficina recorre constantemente el departamento de Chocó y ha recibido alegaciones de conductas indebidas por parte de grupos armados no estatales y agentes del Estado que pondrían en riesgo a la población y deben ser investigadas por las entidades competentes. A los denunciantes se les debe brindar las garantías de seguridad para el ejercicio de su labor de defensa de derechos humanos, en vez de cuestionamientos que vulneran sus derechos".Le puede interesar: escuche el podcast El Consultorio
El 2 de mayo del año 2002 el municipio de Bojayá, en el Chocó, fue el epicentro de unos enfrentamientos entre la guerrilla de las Farc y los paramilitares del Bloque Élmer Cárdenas. Este último grupo decidió refugiarse detrás de la iglesia del pueblo y, en ese momento, las Farc arrojaron un cilindro bomba a esta, causando la muerte de al menos 102 personas, entre ellas, niños, y dejando heridos a otros individuos que se encontraban en el lugar.20 años después de esta masacre, en Bojayá se están llevando a cabo homenajes a las víctimas de este hecho, sin embargo, sus habitantes denuncian que aún siguen esperando la reparación por parte del Estado y que la situación humanitaria continúa siendo grave, generando un ambiente de zozobra y temor, pues alertan que estos hechos podrían volver a repetirse.“Siendo franco y honesto, seguridad no hay. Han faltado muchas prebendas que el Gobierno nos prometió y no se trata solo de este, sino de muchos gobiernos anteriores que han pasado”, le dijo a Blu Radio un habitante de Bojayá.Asimismo, alertan líderes sociales de la comunidad, que en esa zona del país se sienten estigmatizados y en riesgo por la presencia de los grupos armados.“20 años después Bojayá se muestra como un municipio que sigue siendo estigmatizado y olvidado. Lo más importante que le puede pasar a Bojayá es que tenga las condiciones, y no es presencia militar, sino las condiciones dignas de seguridad”, manifestó un líder social.Por su parte, la Defensoría del Pueblo está pidiéndole a las autoridades que atiendan la crisis humanitaria generada en la zona, pues el Clan del Golfo y el ELN tienen propósitos expansivos en Bojayá, situación que está afectando especialmente a las comunidades afro e indígenas. Los niños, además, están en riesgo de reclutamiento, según informó la entidad.Partido Comunes pidió perdónTras la firma del acuerdo de paz en el año 2016, la guerrilla pasó a la política con la creación del partido Comunes.Desde este partido pidieron perdón a todo el país por lo sucedido en Bojayá y reconocieron su responsabilidad por estos hechos.“Queremos pedir el perdón de Bojayá y toda Colombia por los hechos sucedidos hace 20 años. La guerra significa un espiral de dolor, debemos ponerle fin con perdón, reparación y no repetición. Haremos todos los esfuerzos para que el dolor sane y este país sepa que violencia acabará”, manifestó el partido.El presidente del partido Comunes, Rodrigo Londoño, también se refirió a estos hechos y aseguró que sentía vergüenza por lo sucedido.“Han pasado 20 años de la terrible masacre que cometimos las desaparecidas Farc-EP en Bojayá. Sobre estos atroces hechos sentimos vergüenza y un dolor profundo por haber martirizado a nuestro pueblo. Guardamos la esperanza de algún día sanar sus heridas y recibir su perdón”, expresó Londoño.Le puede interesar: escuche el podcast El Consultorio