Un operativo conjunto el Ejército y la Policía permitió ubicar y neutralizar un arsenal de alto poder perteneciente a las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco', en zona rural del departamento del Meta. El material de guerra estaba oculto en la vereda La Floresta, jurisdicción de El Castillo, y según inteligencia, iba a ser usado en ataques contra la Fuerza Pública y comunidades de Meta y Guaviare.En el depósito ilegal fueron halladas 190 granadas adaptadas para drones, 56 granadas de mortero, 88 minas antipersonal y 100 detonadores. El hallazgo confirma la evolución de las tácticas de esta estructura armada criminal, que está apostándole al uso de explosivos lanzados desde el aire para maximizar daño y alcance.El director de la Policía, el general William Rincón Zambrano, aseguró que el resultado golpea directamente las capacidades logísticas del grupo armado y evita posibles acciones violentas. Según dijo, el arsenal representaba una amenaza directa para uniformados y población civil.Desde el departamento de Policía Meta también advirtieron que el material incautado permitiría ataques con drones cargados de explosivos, una modalidad que ha encendido alertas en varias regiones del país. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar movimientos sospechosos que permitan anticipar atentados.La operación contó con el apoyo de la Fiscalía y sigue en desarrollo para ubicar a los responsables del almacenamiento del material y debilitar la estructura 'Martín Villa', señalada de operar bajo el mando de Mordisco. Mientras tanto, las autoridades mantienen presencia reforzada en la zona ante posibles retaliaciones.
El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en el pago de la prima de mitad de año correspondientes a los periodos 2024 y 2025. La decisión se adoptó luego de un diagnóstico técnico, jurídico y financiero iniciado en noviembre de 2025 por la actual administración, tras detectar inconsistencias en la liquidación y desembolso de este beneficio.De acuerdo con el informe oficial, fueron revisados 42.400 pagos que suman $458.799 millones. Del total analizado, se identificaron posibles irregularidades por $260.437 millones, es decir, el 56,8 % de los recursos auditados. Entre los hallazgos figuran 4.405 pagos efectuados a personas que tenían sentencias judiciales en firme que negaban el derecho a la prestación, por un monto superior a $83.082 millones.La revisión también evidenció desembolsos a beneficiarios con pensión gracia o doble pensión, vinculaciones por fuera del rango legal, mesadas por encima de los topes permitidos y registros asociados a personas fallecidas. Además, el informe señala que el 15 de agosto de 2025 se emitió un concepto jurídico que modificó la interpretación aplicada para reconocer la prima, sin que existiera una reforma normativa o una sentencia de unificación que respaldara ese cambio.Otro de los puntos advertidos por el FOMAG fue la entrega, en septiembre de 2025, de una base de datos con información de más de 9.000 docentes a un abogado externo. La denuncia incluye a quienes habrían autorizado y ejecutado los pagos, así como al profesional que recibió la información. El vicepresidente del Fondo, Herman Bayona Abello, aseguró que la actuación busca “proteger los recursos del sistema y a los docentes afiliados”, y confirmó que el caso quedó en manos de las autoridades competentes.
Al menos seis personas fueron asesinadas en menos de 48 horas en cuatro municipios del Oriente de Antioquia. Este lunes habrá consejo de seguridad presidido por el gobernador para abordar la situación.Sobre las emergenciasEmergencias generadas por las lluvias no son las únicas situaciones que preocupan a las autoridades en Antioquia durante el inicio de 2026. Delitos de alto impacto como el homicidio siguen disparados en varias subregiones del departamento como el Oriente.La Policía y la Fiscalía ya investigan los crímenes de al menos seis personas en esta zona de Antioquia durante el reciente fin de semana registrados en municipios como La Ceja, Rionegro, El Carmen de Viboral y La Unión.Precisamente, en límites entre estas dos últimas localidades, en la vereda La Madera, fueron asesinados dos hombres de 23 y 29 años de edad en medio de un aparente ataque sicarial en el que resultó herida otra persona de 50 años.Casos similares, también ocasionados con impactos de arma de fuego, se produjeron en el barrio La Frontera, en La Unión; en el sector La Pola, en Rionegro y en el barrio Obreros de Cristo de La Ceja, donde las víctimas tenían entre los 30 y 40 años.Producto de esta racha violenta este 16 de febrero se llevará a cabo un consejo de seguridad extraordinario en el municipio de Rionegro presidido por el gobernador Andrés Julián Rendón; el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía en Antioquia y diferentes mandatarios de la subregión.Producto del encuentro se podrían adoptar nuevas medidas de seguridad en los municipios, así como podrían ofrecerse recompensas por los presuntos responsables de estos hechos que no se descartan estén asociados a asuntos como el microtráfico y la disputas entre grupos locales al margen de la ley por el control de otras rentas criminales.
La red social X volvió a presentar problemas este lunes 16 de febrero de 2026. Sobre las 8:30 de la mañana, usuarios en Colombia y otros países comenzaron a reportar fallas en la carga del contenido y dificultades para publicar nuevos mensajes.La plataforma, antes conocida como Twitter y propiedad de Elon Musk, mostró intermitencias tanto en su versión móvil como en la web. Al intentar actualizar el inicio, aparecía el mensaje: “los posts no se están cargando en este momento”, sin que la opción de reintentar solucionara el problema de inmediato.Problemas con X (Twitter) reportados en las últimas horasDe acuerdo con los datos de Downdetector, el pico de reportes en Colombia se registró minutos después de las 8:30 a. m. Los informes aumentaron rápidamente, reflejando una caída que afectó a miles de usuarios de manera simultánea.Entre los principales inconvenientes señalados se encuentran:54 %: conexión con el servidor.35 %: fallas en el feed o línea de tiempo.11 %: errores en la aplicación.Entre las ciudades que principalmente destacan por las afectaciones en Colombia se encuentran Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena, siendo la capital el principal lugar afectado por la caída de X.Además, la falla no solo impactó la red social principal. También se detectaron problemas en Grok, el chatbot de inteligencia artificial desarrollado por xAI, que dejó de funcionar con normalidad en varios territorios.Se volvió a caer 'X': ¿qué pasó?Esta sería la tercera caída de la plataforma en lo que va del año, pues el pasado martes 13 de enero la red social presentó fallas por cerca de una hora en varios países —entre ellos, Estados Unidos, España y Francia— por causas que no fueron esclarecidas.Los usuarios de X comunicaron a la página Downdetector problemas con el servicio, tanto en la aplicación móvil como en su versión web, según los reportes enviados al sitio. Situación similar ocurre este lunes 16 de febrero, pues al intentar recargar la página, X asegura que los 'posts' no se están cargando en el momento y pide que se intente de nuevo, sin mayor éxito.
La noche del 11 de febrero, un ataque armado en la calle 85 con carrera Séptima, en el norte de Bogotá, dejó dos personas muertas: el empresario Gustavo Andrés Aponte Fonnegra y su escolta, el intendente retirado Luis Gabriel Gutiérrez Garzón. De acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Giovanni Cristancho, el hecho fue un crimen “totalmente planeado” y ejecutado con seguimiento previo a las víctimas. El ataque ocurrió en inmediaciones de un gimnasio del sector, una de las zonas comerciales más transitadas de la capital.Las autoridades informaron que el sicario vestía traje y corbata para pasar desapercibido y permaneció alrededor de 15 minutos en el lugar antes de disparar. Según las imágenes recopiladas por cámaras de seguridad, el hombre habría recibido una llamada segundos antes de accionar el arma. Tras el doble homicidio, los responsables huyeron en motocicleta por la carrera Séptima, lo que activó un plan candado en la zona y un operativo de búsqueda apoyado en registros de video y testimonios.Aponte Fonnegra era reconocido en el sector agroindustrial como propietario de la marca Arroz Sonora y directivo de la empresa de empaques Flexo Spring. También lideraba la Fundación Aponte Rojas. Familiares del empresario aseguraron que no había reportado amenazas recientes y pidieron celeridad en las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen. "Yo necesito saber por qué mataron a nuestro hijo. Ustedes se podrán imaginar el dolor de padre, el dolor de madre. Nosotros somos una familia pequeña, dos hijos cada uno con sus nietos. Gustavo Andrés, una persona fuera de serie, todo el mundo lo quería mucho, no tenía enemigos, no sé quién hizo esta maldad", afrimó el padre de la víctima en Noticias Caracol. Una de las principales hipótesis que manejan las autoridades apunta a que el crimen estaría relacionado con un caso de extorsión, una problemática que, según el gremio arrocero, afecta de manera recurrente al sector. Representantes de esta actividad económica señalaron que los productores han estado históricamente expuestos a este tipo de presiones ilegales, especialmente en regiones donde operan estructuras armadas.De igual forma, se conoció que la víctima había sido secuestrada en la década de los años 90 por grupos guerrilleros, hecho que en su momento marcó su vida personal y empresarial. Este antecedente ahora hace parte de las líneas de investigación que adelantan las autoridades para esclarecer los móviles del crimen.Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, calificó el ataque como “milimétricamente planeado” y señaló que equipos especializados de la Policía y la Fiscalía trabajan en la identificación de al menos cuatro personas que habrían participado en la acción criminal.
La Nueva EPS y Savia Salud tienen problemas hasta con su interventor. El Ministerio de Educación busca que se paguen cerca de 160.000 millones de pesos que se le adeudan al Hospital Alma Máter. La mayoría de esos recursos se los adeuda el hospital a la Universidad de Antioquia. En medio de la crisis financiera que atraviesa hace varios meses la Universidad de Antioquia, otro factor ha cobrado especial relevancia, más si se tiene en cuenta que tiene que ver con las millonarias deudas de algunas de las EPS intervenidas por el Gobierno nacional que, a su vez, y paradójicamente, busca rescatar las finanzas de la institución de Educación Superior.Solamente la Nueva EPS y Savia Salud le adeuda cerca de 160.000 millones de pesos al Hospital Alma Máter y de ese dinero cerca de 145.000 millones de pesos le son adeudados a la Universidad de Antioquia, situación que impactan directamente a las finanzas de la institución, siendo este uno de los principales focos del déficit.El ministro de Educación, Daniel Rojas, aseguró que el pago de esa cartera es vital para el plan que adelantan para rescatar a la Universidad de Antioquia, por ello, se adelantan las conversaciones correspondientes con la Nueva EPS, que es la que adeuda más dinero.“Para agilizar el pago que le adeudan las EPS al hospital. Sabemos que uno de los principales acreedores es la nueva EPS y en ese sentido si avanzamos con el pago de esta deuda podemos ir solventando el déficit”; aseguró.Mientras avanzan las gestiones para que se paguen los recursos, hay que recordar que hace unos días el Ministerio de Educación anunció 228.000 millones de pesos de vigencias futuras para la institución de Educación Superior, además, del anuncio que para este año girarán un 11 % más de lo que la ley los obliga, es decir, cerca de 40.000 millones de pesos adicionales para el 2026.A la espera de que se solucione la cartera con las EPS intervenidas con el Gobierno nacional, mencionar que el Hospital Alma Máter hace menos de un mes había indicado que las deudas eran de 53.000 millones de pesos con la Nueva EPS y un poco más de 100.000 millones de pesos con Savia Salud.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, estructuras en las que se concentraron los secuestros más complejos, prolongados y violentos del conflicto armado.En el caso del Bloque Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, la JEP los halló responsables por secuestros cometidos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.Para el Bloque Sur, las conductas investigadas ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y en sectores de Cauca y Meta.Los imputados del Bloque Oriental son: Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Darío Lee Díaz (Robledo); Luis Montes (Euclides Bermúdez); Ángel García (Hernán Benítez); Ezequiel Hueguía (Rolando Romero); y William Tovar (Franklin Smith Caicedo). Según la JEP, este bloque tuvo un papel central en secuestros con fines de canje, especialmente contra figuras políticas, entre ellas Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial, y Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial y jefa de campaña.La investigación estableció que, debido a su mayor capacidad operativa y control territorial, el Bloque Oriental recibió durante años a víctimas de secuestro provenientes del Bloque Sur, particularmente aquellas retenidas para intercambio por guerrilleros presos. Estas personas permanecieron durante largos periodos en campamentos selváticos, en condiciones extremas de cautiverio.La Sala de Reconocimiento llamó a estos comparecientes a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, así como por otros delitos cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.Además, les atribuyó crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y conductas asociadas, como desaparición forzada, asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos, los cuales, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.La investigación concluyó que los excombatientes imputados tenían control efectivo sobre su tropa y capacidad de imponer disciplina, por lo que son responsables tanto por haber impartido órdenes directas que derivaron en secuestros y asesinatos, como por no impedir los abusos cometidos contra las víctimas durante el cautiverio.Algunos de ellos, además, participaron de manera directa en crímenes graves y comandaron campamentos donde las personas permanecieron privadas de la libertad durante años.De acuerdo con la JEP, el Bloque Oriental fue responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP en todo el país, mientras que el Bloque Sur concentró el 8 %. Sin embargo, el 18 % de las víctimas acreditadas ante la JEP señalan al Bloque Sur como responsable. Entre las 4.439 víctimas acreditadas, 1.239 atribuyen su secuestro al Bloque Oriental y 771 al Bloque Sur.La JEP documentó que ambos bloques actuaron bajo tres patrones criminales: secuestros para financiar la organización, para forzar intercambios por guerrilleros presos y para ejercer control social y territorial. En este último patrón se registraron trabajos forzados, castigos colectivos y asesinatos de personas que intentaron escapar del cautiverio.Con estas imputaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la investigación del Caso 01 y dejó delimitada la lista de responsables por el secuestro en las Farc-EP. El proceso entra ahora en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, en la que los imputados deberán aceptar o rechazar los cargos en un plazo de 30 días.De haber reconocimiento, se avanzará hacia sanciones propias de carácter restaurativo; de lo contrario, los casos podrán ser remitidos al Tribunal para la Paz o a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían derivar en juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
Este lunes, Colombia conmemora 20 años de la masacre de Bojayá con una larga serie de homenajes a las víctimas y reclamos por verdad y justicia. El líder social Leyner Palacios, testigo presencial de los hechos y quien perdió a 28 familiares en el atroz acto terrorista, reveló en Mañanas BLU que la desgracia aún ronda la población y que al menos 50 menores de edad han optado por quitarse la vida que ser obligados a integrar grupos armados ilegales en la zona. "He recibido noticias de jóvenes, más de 50, que se han suicidado ante el temor, la desesperanza y la presión que están recibiendo por la presencia de la ACG (Clan del Golfo) y ELN. Me duele mucho que la población de Bojayá siga viviendo, después de 20 años, episodios muy parecidos al contexto de la masacre", contó Palacios, quien lamentó que la masacre de Bojayá, hace dos décadas, fuera una "tragedia anunciada". Palacios contó el caso de una niña indígena que tomó la decisión acabar con su vida debido a la presión de grupos armados ilegales y la falta de oportunidades. "Venían asediándola desde hacía mucho rato para vincularla a sus filas, ella se resistió, ya no aguantó más y se mató", relató el sobreviviente. "Siento mucha impotencia, rabia e incomodidad, porque esa vez nos mataron a la población y las condiciones actuales que vive el municipio de Bojayá, de más de 11.000 habitantes, de ellos 7.000 se encuentra confinados totalmente.Hay testimonios de población que me dicen que hay una grave violación a las mujeres, a los niños, he recibido testimonios del abandono, problemas de salud y falta de educación", agregó. La masacre de Bojayá se registró el 2 de mayo de 2002, cuando guerrilleros de las Farc lanzaron un explosivo contra miembros del grupo paramilitar AUC que se escondían en la iglesia de la población junto a miembros de la comunidad. "Estamos en procesión con el Cristo mutilado, con todos los acompañantes, con líderes. Vamos a hacer una eucaristía en homenaje a las víctimas. Hablar de perdón en un contexto de tanta desigualdad y abandono es complicado. La sociedad colombiana debe comprometerse para cumplir los acuerdos de paz. Llamamos a la sociedad para que no se siga jugando con la paz", agregó el líder social.
Los habitantes de Bojayá, Chocó, conmemorarán este lunes 20 años de masacre más cruenta del conflicto armado, en la que murieron al menos 86 personas aunque otras cifras hablan de 119 asesinados y decenas de heridos.La masacre se registró el 2 de mayo de 2002 cuando la guerrilla de las Farc lanzó un cilindro bomba contra paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el explosivo cayó en la iglesia donde se había refugiado parte del pueblo, un hecho que causó mucho dolor y que los habitantes de esta localidad temen que se repita.Sin embargo y pese a la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc en noviembre de 2016, la violencia persiste en la localidad en la que hacen presencia la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las paramilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), conocidas también como Clan del Golfo.Crisis de derechos humanos El Sistema Integral para la Paz, la Iglesia Católica del Chocó, la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) alertan que hoy Bojayá sigue viviendo violaciones de derechos humanos.Estos organismos señalan que la población denuncia que persisten "homicidios, amenazas de muerte, ataques, reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, desplazamientos forzados, confinamientos, restricciones a la movilidad y desapariciones forzadas, entre otras violaciones".Para atender la situación, estas instituciones y organizaciones urgen la "presencia integral" del Estado; la reparación colectiva; la implementación "plena" del acuerdo de paz; "la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales de la población; la búsqueda de las personas desaparecidas", y "el desmantelamiento de los grupos armados no estatales"."Expresamos nuestra solidaridad a las víctimas de la violencia en el Chocó y nos comprometemos a seguir trabajando en el territorio para que cese la violencia y se proteja la vida", agregaron en un comunicado.La memoria de los dolientes Los actos para recordar a los fallecidos comenzaron este domingo con la entrega de un informe sobre lo ocurrido a los familiares de las víctimas y con una procesión nocturna por las calles del nuevo Bellavista, la cabecera municipal, con el "Cristo Mutilado", como se le conoce al Cristo de Bojayá que perdió piernas y brazos en la explosión.También serán lanzados globos en memoria de las víctimas y en el auditorio del municipio serán presentadas durante la noche obras de teatro y la película "Cantos que inundan el río", un documental de 2021 del director Germán Arango que cuenta la historia de la alabaora (cantaora del pacífico) Oneida y trata de reflejar a partir de ella la realidad que vive Bojayá tras la firma del acuerdo de paz.Este lunes, los pobladores de Bojayá harán una peregrinación desde el pueblo nuevo, construido tras la masacre, hacia Bellavista Viejo, cuyas ruinas, irónicamente, resisten el paso del tiempo y son el recuerdo de todo lo que ocurrió el fatídico 2 de mayo de 2002.También se hará una eucaristía y parte de las conmemoraciones culminarán con el coloquio "Bojayá y Chocó, conmemorando 20 años entre la guerra y el olvido", en el que participarán víctimas, organizaciones sociales, la ONU y diplomáticos, entre otros.Según el Gobierno, en Bojayá hay 38.024 víctimas del conflicto armado, de las cuales 8.025 son sujetos de atención directa principalmente por desplazamiento forzado (69,9 %), confinamiento (21,6 %) y amenazas (2,3 %), lo cual demuestra que hoy, lejos de superar el temor por lo ocurrido hace 20 años, los habitantes de este municipio temen que se repita.
Emilio Archila, saliente consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, habló en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, acerca del resultado de su gestión y la campaña que adelanta para ser decano de Derecho en la Universidad Externado.“Existe una política muy estructurada de protección a los excombatientes, de todos los procesos de desarme que ha habido en Colombia, que son muchos, es en el que menos asesinatos ha habido. Es la mitad del proceso con los paramilitares. Tratándose de muertes no puede haber nada que nos satisfaga al Gobierno, a la comunidad ni a nadie, porque habiendo un solo se muestra que hay trabajo por hacer, pero hay que ver el contexto de todo lo que se ha logrado”, sostuvo Archila.El exfuncionario del Gobierno de Iván Duque se refirió además de su postulación a la decanatura de Derecho de la Universidad Externado de Colombia y la resistencia que ha planteado el abogado Ramiro Bejarano a dicha posibilidad.“Yo nunca hice eso (aprovechar su papel en el Gobierno para llegar al cargo. Al doctor Bejarano y a todos los directores de departamento les tengo un inmenso agradecimiento y aprecio. Si logro tener el beneplácito de profesores y alumnos, además después la designación de parte del rector, él y tantos serían con quienes trabajaría. A eso no le veo mayor trascendencia”, sostuvo.“Las votaciones son el 4 de mayo. Eso le da unos elementos de juicio al rector para que él tome la decisión. Soy una persona muy optimista y tengo muy bonitas propuestas, tengo todas las capacidades para poder servirle a mi universidad y a mi facultad, me genera una ilusión fenomenal poder hacer eso”, añadió.
Excombatientes de las Farc encontraron en la confección de prendas de ropa la forma para reintegrarse a la sociedad y ayudar a la construcción de la paz en el país. Así lo plasmaron en el desfile PAZarela que se realizó el 8 de abril en conmemoración del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas.Cerca de 50 exguerrilleros, hombres y mujeres, tuvieron la oportunidad de mostrar el trabajo que han realizado en los últimos años gracias al apoyo de cinco marcas de ropa como Manifiesta Colombia, Rena C, Avanza, Chakana y La Montaña."La moda no es una cuestión superficial, queríamos enviar un mensaje de paz, de reconciliación y además contar lo más importante que tienen estas prendas que es la historia de las personas que las confeccionan", expresó la politóloga Ángela Herrera, líder del emprendimiento Manifiesta.El desfile, que terminó en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, tuvo tres momentos claves en los que se representó hechos claves de la historia reciente del país: marchas feministas, el paro nacional y las víctimas del conflicto armado.El evento también sirvió para que las personas contarán cómo ha sido su proceso de reincorporación y detallar cómo se ha trabajado para eliminar la estigmatización de excombatientes de las Farc.Asimismo, se destacó el apoyo que han recibido por parte de la Universidad de América y el Museo de Trajes.Le puede interesar: escuche el podcast de 'Tarsicio'... ¡Se está poniendo viejo!
El presidente Iván Duque defendió este martes ante el Consejo de Seguridad de la ONU los avances en la implementación del acuerdo de paz con las Farc y destacó los logros que, a su juicio, adelantó su Gobierno que concluye en cuatro meses. Sin embargo, la intervención del mandatario colombiano recibió una durísima crítica por parte del embajador de Rusia ante el organismo, que descalificó el balance.“Colombia no es un país normal, seguimos muy de cerca lo que ocurre y estamos inquietos porque su administración sistemáticamente ha evitado mencionar el acuerdo definitivo de paz y en lugar de ello ha preferido hablar del programa de paz basado en la legalidad; este programa no fue aprobado por el Consejo de Seguridad y no lo acordó la otra parte en el acuerdo definitivo”, criticó el embajador de Rusia en la ONU, Vasily Nebenzya.El diplomático, además, descalificó la implementación del acuerdo de paz en la administración Duque con un duro señalamiento: “Ustedes han dicho excombatientes, incluso el uso de ese término demuestra que una verdadera reconciliación nacional en su país, lamentablemente, todavía no se ha conseguido”.Las afirmaciones del embajador Nebenzia generaron molestia en la delegación colombiana, lo que motivó a Duque a pedir de nuevo la palabra al final de la sesión.Duque, que calificó de "genocidio" la intervención militar rusa en Ucrania, dijo "no se habla de paz por quienes están sembrando la guerra y la desolación".“No pretendan, quienes hoy están lacerando a un pueblo inerme, dar un mensaje de paz al mundo mientras están cometiendo hechos genocidas que todos rechazamos”, añadió Duque.Le puede interesar. Escuche el podcast Prueba beta:
Tras la intervención del presidente, Iván Duque, ante el Consejo de Seguridad de la ONU para defender el proceso de paz, el representante de Rusia ante el organismo de Naciones Unidas, formuló duros cuestionamientos y ataques contra la política del actual gobierno frente a la implementación del Acuerdo de Paz firmado con la guerrilla de las Farc.“Acá le dirán palabras bonitas y se evitarán también las cuestiones peliagudas, sin embargo, en Rusia nosotros decimos la verdad nuestros amigos y por lo tanto no le vamos a disimular. Colombia no es un país normal, seguimos muy de cerca lo que ocurre en el país y nosotros estamos inquietos porque su administración sistemáticamente evitado mencionar el acuerdo definitivo de paz y en lugar de ello ha preferido hablar del programa de paz basado en la legalidad; este programa no fue aprobado por el Consejo de Seguridad y no lo acordó la segunda parte en el acuerdo definitivo”, dijo el embajador de Rusia en la ONU, Vasily Nebenzya.El diplomático descalificó la implementación del acuerdo de paz en la administración Duque con un duro señalamiento: “Ustedes han dicho excombatientes, incluso el uso de ese término demuestra que una verdadera reconciliación nacional en su país, lamentablemente, todavía no se ha conseguido”.El delegado del gobierno de Vladimir Putin ante las Naciones Unidas también agregó que el principal problema del Gobierno colombiano es no ser capaz de velar por la seguridad física de los participantes en el proceso de paz, ni de los líderes comunitarios. “Hay un vacío en las autoridades del Estado en las zonas rurales”, afirmó el diplomático.Para el gobierno ruso, la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc durante el gobierno Duque “demuestra que hay fracasos importantes en el país”.“Fueron años muy poco productivos, la situación de seguridad se deterioró, se ve claramente que los últimos cuatro años fueron años muy poco productivos. El programa basado en la legalidad no busca aplicar el acuerdo de paz, sino que es una triquiñuela, es triste, pero esto demuestra la preocupación que hay por el deterioro de la situación y la nueva estabilización”, puntualizó el embajador Nebenzya.Le puede interesar: El 'Man', con Alberto Linero