El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
Un total de 200 kilogramos de carne de res fueron decomisados por la Policía durante un operativo de control sanitario en la plaza de mercado del barrio Torcoroma, en Barrancabermeja, al evidenciarse que el producto era transportado y manipulado sin cumplir las mínimas condiciones de higiene, lo que representaba un riesgo para la salud pública.El procedimiento fue adelantado por unidades del Grupo de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía del Magdalena Medio, quienes realizaban labores de vigilancia cuando detectaron un vehículo que transportaba carne sin refrigeración, sin cadena de frío y en condiciones inadecuadas de salubridad.Según explicó el intendente Juan Hernández Caballero, comandante de patrulla del Grupo de Carabineros y Protección Ambiental, al verificar el cargamento se evidenció que el producto no cumplía con las normas de inocuidad exigidas para alimentos destinados al consumo humano, por lo que se procedió de inmediato a su incautación.El operativo se llevó a cabo en la carrera 21 con calle 54, donde fue requerido el conductor del vehículo, un hombre de 49 años, quien no pudo acreditar el cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente. Las autoridades aplicaron un comparendo por infringir la Ley 9 de 1979 y el Decreto 1500 de 2007, que regulan el manejo y transporte de productos cárnicos."La carne decomisada, avaluada en aproximadamente 6 millones de pesos, fue posteriormente desnaturalizada, al determinarse que no era apta para el consumo humano", señaló el intendente Hernández.Desde la Policía reiteraron el llamado a comerciantes y transportadores de alimentos a cumplir con las normas sanitarias, y a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad que pueda poner en riesgo la salud de los consumidores.
La canciller Rosa Villavicencio está en Washington y desde allí, en conversación con Blu radio, reveló detalles de la reunión con el presidente de EE.UU Donald Trump y lo conversado en torno a Venezuela.Blu Radio: canciller, el balance de la reunión fue positivo, ¿pero, qué sigue ahora?Canciller: En esto como en una operación los más importante es el postoperatorio, ya que lograr el objetivo de que todo se encauce y vaya por buen camino. De todo lo que se habló lo más importante es que las sanciones a Venezuela no han producido ningún efecto positivo y han parado la economía en ese país. En este momento se trata de reactivar su economía para llevar bienestar a la población y aprovechar las oportunidades de hidrocarburos. Sobre esa necesidad de levantar sanciones se habló y yo le debo hacer el seguimiento dado que hay un acuerdo tácito de que no es beneficioso para el objetivo que se persigue.Blu radio: ¿Cómo se va a manejar la relación con Venezuela, hubo alguna instrucción?Vamos a hablar con Delcy Rodríguez y vamos a procurar un encuentro personal. Hay una conexión para gas que debe ser restablecida.Blu radio: ¿Colombia va a tener algún papel en una transición en el vecino país?Todo depende de los acuerdos que hagan internamente las diferentes fuerzas políticas. En este momento este tema no se ha planteado, hay estabilidad en el ejecutivo.Blu radio: ¿habrá una visita oficial de la presidenta encargada de ese país?En este momento no, pero está pendiente concretarla porque acepto la invitación del presidente.Blu radio: ¿Ve posible una visita de Trump a Colombia tras la invitación del presidente Petro?El presidente Trump no conoce América latina, creo que tiene muchas ideas de lo que le cuentan y él preguntó mucho por el tema de la violencia, le explicamos que fue crítico pero hoy en día se ha ido controlando. A la invitación del presidente se quedó pensando pero no ha dicho nada, ni que sí ni que no, esperamos que pueda venirBlu radio: ¿Qué va a pasar con su visa?Tengo que ir a Nueva York al consejo de seguridad, por ahora tengo la visa para un tiempo mucho más largo que nos permite terminar el periodo de gobierno y venir las veces que sea necesario. Después de eso no sabemos qué pasará.Blu radio: a propósito de Venezuela, ¿cuál es la propuesta sobre Ecopetrol y Monómeros?Ofrecemos que el gas lo podemos convertir en energía que se necesita para la exploración petrolera y sería un gana a gana para todos. Además tenemos la salida por Puerto ballenas por donde ellos podrían sacar su gas y poderlo vender a nivel internacional. Como eso tiene restricciones y sanciones, fue cuando se planteó por parte de Trump que era necesario levantar restricciones y esperamos que en estos meses se logre esa solución y se puedan hacer los planes de trabajo porque hay que restablecer tubería y demás, quizás en un año eso sea una realidadBlu radio: el presidente Petro ayer insistió en que no está de acuerdo con ninguna invasión, ¿Colombia insiste en que la captura de Nicolás Maduro fue un secuestro?Seguimos defendiendo la soberanía de los pueblos, el trato entre iguales y hechos como esos constituyen sobrepasar el DIH. Pero de eso no hablamos en la reunión, fue una mirada hacia adelante, ver cómo podemos activar el diálogo y restablecer las relaciones.
Con una inversión superior a los 64.000 millones de pesos con recursos de sistema general de regalías y del Ministerio de Educación Nacional, se inició el primer periodo académico del 2026 con la cobertura en un 90% del programa de alimentación escolar que beneficia a 100.000 estudiantes en las 1.440 sedes educativas del Huila.“Estos recursos iniciales garantiza un total de 111 días calendario escolar y permite a la entidad prestar el servicio hasta finales del mes de julio para este PAE convencional, que cubre las cinco subregiones del departamento”, dijo el secretario de educación Edgar Martín Lara.Explicó el secretario Lara que aún está pendiente la asignación de más recursos, por parte del ministerio, a través de la Unidad Especial de Alimentación Escolar UAPA para garantizar el programa durante todo el año lectivo 2026.“Estamos prestando la operación de este vital servicio sin ningún contratiempo en nuestras instituciones educativas oficiales, en las cinco sub regiones, la norte, sur, occidente, oriente y centro. Este importante programa tuvo el respaldo para la presente vigencia 2026, por la Asamblea del Huila que aprobó la disponibilidad de recursos para beneficiar a cerca de 100.000 estudiantes del área rural y urbana del territorio departamental” declaró el secretario.Puntualizó el funcionario que el programa PAE para la población escolar indígena del Huila está totalmente garantizado y para este primer periodo del presente año tuvo una inversión cercana a los 3.000 millones de pesos en un convenio interadministrativo entre la Gobernación del Huila y el Consejo Regional Indígena CRIHU.
En medio de un cruce de disparos en plena vía pública de Medellín, un ladrón quedó herido, luego de que dos escoltas de la UNP reaccionaran al hurto de una cadena de oro. Tres delincuentes más lograron huir del lugar y son buscados por las autoridadesLa calma del barrio Sevilla de Medellín se vio afectada por un cruce de disparos que se registró a plena luz del día y que se dio, luego de que cuatro hombres en motocicletas le robaran una cadena de oro a dos hombres que resultaron ser funcionarios de la Unidad Nacional de Protección.Al momento del robo, los dos escoltas usaron sus armas de dotación y comenzaron a disparar a los delincuentes que habían emprendido la huida. Sin embargo, los funcionarios de la UNP lograron herir a uno de los ladrones que cayó inmediatamente al piso.El reporte entregado por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá deja en evidencia que el hombre herido quedó tirado al lado de una de las motocicletas con las que se cometió el hurto y que al ser inspeccionado se encontró que tenía las placas alteradas.De momento, el delincuente herido fue trasladado a la Policlínica, en donde se recupera de las heridas, mientras es custodiado por uniformados que lo pondrán a disposición de las autoridades correspondientes una vez sea dado de alta.Por ahora, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá se encuentra buscando sin descanso a los otros tres ladrones que participaron del hurto y que lograron escapar del lugar de los hechos en el Nororiente de la capital de Antioquia.
La Asamblea General de Accionistas de Ecopetrol aprobó este jueves la conformación de la nueva Junta Directiva de la compañía para el periodo 2025 - 2029. La decisión fue avalada con el 95,17 % del quórum, gracias a la mayoría accionaria del Gobierno nacional.La nueva Junta Directiva quedó integrada por nueve miembros, de los cuales tres son nuevos. Se mantiene Ángela María Robledo como integrante independiente, al igual que Hildebrando Vélez, Lilia Tatiana Roa, Luis Felipe Henao y Alberto José Merlano. También continúan Ricardo Rodríguez Yee, en representación de los departamentos productores.Entre los cambios se destaca el ingreso de Carolina Arias Hurtado, nueva integrante independiente, quien ha participado en movimientos sociales como Ríos Vivos. También llega Juan Gonzalo Castaño Valderrama, quien no es independiente y es conocido por estudios que han respaldado la posición del Gobierno frente al negocio de fracking de Ecopetrol en Estados Unidos.El tercer cambio relevante es la llegada de César Eduardo Loza Arenas, trabajador de Ecopetrol y hasta hace unas horas presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), quien por primera vez ocupará un asiento en la Junta Directiva de la empresa. Su designación fue resaltada por representantes de los trabajadores como un paso hacia la democratización y la inclusión laboral en los espacios de decisión.Estos tres integrantes llegan a los puestos de Mónica De Greiff, Guillermo García Realpe y Álvaro Torres, quienes salieron del órgano directivo.Desde el mercado, analistas señalan que la nueva Junta Directiva enfrenta retos clave como tomar decisiones con criterios técnicos, definir el futuro del negocio de fracking en Estados Unidos, fortalecer los resultados financieros de la compañía y mejorar los indicadores de reservas.Con esta decisión, Ecopetrol inicia un nuevo ciclo de gobierno corporativo con una Junta Directiva renovada y con una mayor diversidad de perfiles en su conformación.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón La Popa, aceptó su responsabilidad ante la JEP por falsos positivos, cometidos entre 2004 y 2005 en Valledupar.La decisión se produjo luego de la imputación formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que documentó 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 casos de tortura.Durante la diligencia, Figueroa reconoció su responsabilidad por omisión, al admitir que no identificó ni detuvo a tiempo las acciones criminales cometidas por sus subalternos.“Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados”.Según la acusación de la UIA, los hechos respondieron a tres modalidades. La primera se caracterizó por asesinatos y desapariciones de personas que luego eran presentadas como supuestos resultados operacionales.La segunda modalidad correspondió a homicidios de civiles que algunos integrantes de los pelotones identificaban de manera arbitraria como “objetivos militares ilícitos”, para hacerlos pasar como miembros de grupos armados ilegales.La tercera estuvo marcada por el asesinato de combatientes que ya habían depuesto las armas o que se encontraban heridos tras enfrentamientos legítimos con tropas del batallón.En su declaración, Figueroa sostuvo que durante su mando no identificó el riesgo específico de los falsos positivos y aseguró que esto solo fue reconocido de manera general en la Fuerza Pública a partir de 2007, cuando estallaron los escándalos a nivel nacional.“Ese riesgo operacional no fue contemplado bajo mi mando porque los riesgos operacionales que para esa época se tenían eran el robo de armamento, robo de municiones, robo de equipo militar, infiltrados, penetrados, las nóminas paralelas, tráfico de información, miembros que posiblemente podían estar en concierto para delinquir con organizaciones armadas al margen de la ley”, afirmó.Con la aceptación de responsabilidad, el proceso ya no continuará por la vía del juicio adversarial. Ahora, la JEP aplicará la ruta de reconocimiento tardío, que contempla la realización de una audiencia restaurativa. Esta diligencia fue programada para el 24 de marzo a las 9:00 de la mañana, espacio en el que se abordarán las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas.Posteriormente, el tribunal deberá imponer una sanción alternativa, que implica entre 5 y 8 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que los 11 militares que reconocieron su responsabilidad por falsos positivos ocurridos entre 2007 y 2008 en Norte de Santander, cumplen las condiciones para recibir una sanción restaurativa.Según las investigaciones de la JEP, durante este periodo en el Catatumbo, hubo al menos 120 casos de falsos positivos, además de un intento de homicidio.Sin embargo, al analizar los hechos, el tribunal decidió imputar nuevos delitos a varios de los comparecientes. En ese sentido, 8 de los 11 militares serán sentenciados por el crimen de esclavitud.“La sección determinó que al menos 29 personas fueron víctimas del crimen de esclavitud en el marco de la segunda modalidad del patrón macrocriminal, al comprobarse el ejercicio de atributos propios del derecho de propiedad sobre ellas. En particular, este crimen se cometió a partir de la colaboración de organizaciones criminales y terceros reclutadores, quienes, en articulación con integrantes de unidades militares y a cambio de una remuneración económica, conseguían civiles indefensos y los entregaban a los militares para hacerlos pasar por supuestas bajas en combate”, explicó la JEP.¿Quiénes son los imputados?Los militares imputados por este delito, en calidad de coautores, son Rubén Darío Castro Gómez, Gabriel de Jesús Rincón Amado, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, Álvaro Diego Tamayo Hoyos, Juan Carlos Chaparro Chaparro, Sandro Mauricio Pérez Contreras y Alexander Carretero Díaz.Además, la JEP imputó el delito de esclavitud por omisión a Paulino Coronado Gámez, general (r) del Ejército y comandante de la Brigada 30 ubicada en Cúcuta para la época de los hechos. La JEP consideró que, desde su posición de mando, permitió que estas conductas ocurrieran sin adoptar medidas para impedirlas.Adicionalmente, los militares Santiago Herrera Fajardo, Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro Chaparro y Sandro Mauricio Pérez Contreras fueron imputados por el crimen de guerra de tortura, en relación con hechos asociados a tres víctimas.“Para adoptar esta decisión, la sección tuvo en cuenta los relatos entregados por las víctimas y sus familiares en el proceso judicial”, aseguró la JEP.El proceso continuará con la audiencia pública de verificación, en la que se confirmará si los militares cumplen con sus compromisos de verdad y reparación. Superada esta etapa, la JEP emitirá la sentencia que definirá de manera definitiva su situación jurídica.
En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo cuestionó el manejo que desde el Gobierno se le ha dado a la crisis del sistema de salud y pidió reconocer la magnitud de las afectaciones que hoy enfrentan millones de usuarios, especialmente los afiliados a la Nueva EPS.“Pedimos a @MinSaludCol mejorar los canales de comunicación y, especialmente, dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del Gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas. La falta de empatía con la angustia de quienes están al frente de la atención y deben lidiar diariamente con el sufrimiento de las personas es inadmisible y preocupante. Deja el mensaje de que las autoridades no harán nada para resolverlo. Sin embargo, hacerlo es su deber”.La Defensoría aseguró que, ante la creciente vulneración del derecho a la salud, ha participado en lo que va del año en múltiples mesas interinstitucionales con EPS, hospitales, gestores farmacéuticos, usuarios y pacientes.Estos espacios, según explicaron, han buscado garantizar la atención de casos prioritarios y críticos, avanzar en la entrega pendiente de medicamentos y avanzar en compromisos relacionados con la estabilización de pagos y la conformación de redes de prestación de servicios suficientes y operativas.No obstante, el organismo advirtió que el panorama es crítico para los afiliados de la Nueva EPS, “entidad que enfrenta una situación financiera muy delicada”. Para la Defensoría, esta medida no solo profundiza la crisis de la EPS, sino que termina afectando directamente a hospitales, clínicas y dispensarios, que enfrentan dificultades para sostener la atención y la operación diaria.Aunque la problemática se extiende a todo el país, la Defensoría alertó de manera particular sobre la situación en Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia y Tolima, donde las afectaciones al derecho a la salud se estarían profundizando.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Hector Fabio Henao, alertó sobre las afectaciones humanitarias que enfrentan comunidades rurales del Guaviare tras los enfrentamientos por la disputa territorial entre disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ registrados en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, en Guaviare.Según Monseñor, la violencia ha generado un clima de temor que limita la movilidad de la población y agrava la situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen sin acceso a la educación.“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores, y en el segundo semestre no hubo clases. Claro, hubo la propuesta de suplantar esto con actividades virtuales, pero muchos niños en sus casas no tienen acceso”, afirmó el delegado.A esta problemática se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha podido funcionar debido a las restricciones de seguridad.Monseñor, señaló además que una parte de la población rural evita desplazarse: “Hay una franja de población que no se atreve a salir de las veredas, porque tiene temor de pasar por ciertos registros o retenes que se establezcan, y tiene que dar muchas explicaciones, pero, en general, ha quedado una zozobra muy grande”, afirmó.El representante señaló que existía una alta expectativa entre los padres de familia por el posible retorno de las clases, pero “estas circunstancias que se están viviendo en el momento presente, como dijo, dan mucha incertidumbre, no hay una definitiva todavía”.Indicó que, aunque aún no hay decisiones definitivas, es necesario que “desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades más territoriales en el municipio del Retorno, se acerquen a la situación y miren cómo serían las alternativas”.Finalmente, Monseñor Henao hizo un llamado a enfocarse “en una población particularmente vulnerable”.
La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 001 de 2026 para los municipios de Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, tras identificar un riesgo alto por “graves violaciones de los derechos fundamentales a la vida, integridad y movilidad e infracciones al derecho internacional humanitario”.Según la entidad, el deterioro de la seguridad se debe a las pretensiones de consolidación territorial de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y a la expansión del Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo.En el caso del ELN, la alerta señala la actuación de su Frente Manuel Hernández 'El Boche' en Mistrató y Pueblo Rico, mientras que el EGC estaría incursionando en los tres municipios a través de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.La Defensoría explica que la presencia simultánea de estos actores armados ilegales responde al interés por controlar corredores estratégicos que comunican a Risaralda con Chocó, Antioquia, Caldas y Valle del Cauca, zonas clave para el fortalecimiento de sus estructuras y para el dominio de economías ilícitas, especialmente aquellas asociadas a actividades mineras en la región.El informe advierte que esta competencia territorial podría intensificar la violencia en el corto plazo y afectar de manera particular a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en riesgo de reclutamiento forzado; a lideresas y líderes sociales; a mujeres; autoridades locales; comunidades campesinas y pueblos étnicos, entre ellos los indígenas Embera Chami y Embera Katío. También se señala un riesgo específico para los firmantes del Acuerdo de Paz que permanecen en estos territorios.La entidad identificó afectaciones en más de 50 veredas, barrios urbanos, resguardos indígenas y consejos comunitarios de los tres municipios. En estas zonas, los grupos armados imponen normas de conducta, profieren amenazas y han provocado desplazamientos forzados y confinamientos.La Defensoría también alertó sobre el incremento de homicidios. En 2023 se registraron 15 homicidios y en 2024 otros 14 en Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 39 casos, lo que representa un incremento del 34,48 % frente al total de los dos años anteriores.Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado urgente para que las autoridades del orden nacional, departamental y municipal implementen los deberes de reacción rapida bajo la perspectiva de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
El director de Planeación Nacional, Alexander López, quien también asistió a la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU en la que se aprobó la extensión del mandato de la misión de verificación en Colombia por un año más, reconoció que la implementación de los acuerdos de paz está atravesada por dificultades fiscales serias que no permiten al Gobierno llegar a los municipios PDET con eficacia."Hemos hecho un llamado a la comunidad internacional a que acompañe una estrategia de inversión. Desde aquí seguimos insistiendo en un acuerdo nacional para salir del conflicto", dijo desde Nueva York.El director de Planeación nacional insistió en la propuesta de un acuerdo nacional entre gremios, sectores y partidos para lograr superar las violencias. También destacó que potencias que no se ponen de acuerdo para muchos temas bélicos lo hayan hecho para respaldar la paz en Colombia.Con esta decisión, Carlos Ruíz Massieu, jefe de la Misión de Verificación en Colombia, tendrá la posibilidad de continuar con el acompañamiento a temas como la implementación del acuerdo de paz de 2016, a las sanciones propias que impusiera la Jurisdicción Especial para La Paz.
Por unanimidad, con 15 votos a favor, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la extensión del mandato de misión de verificación en Colombia por un año más. Esta decisión se tomó en Nueva York, a donde llegó el canciller Luis Gilberto Murillo, en compañía del director de Planeación Nacional, Alexander López.“La extensión del mandato hasta el 31 de octubre de 2025 a través de la resolución 2754 es muy significativa para nosotros y constituye una clara demostración del apoyo de la comunidad internacional con la construcción de paz y estabilidad de este país”, dijo el canciller Murillo tras la decisión del Consejo de Seguridad y anunció que, para celebrar un aniversario más del acuerdo de paz, va a ir a Oslo, en Noruega.Con esta decisión, Carlos Ruíz Massieu, jefe de la Misión de Verificación en Colombia, tendrá la posibilidad de continuar con el acompañamiento a temas como la implementación del acuerdo de paz de 2016, a las sanciones propias que impusiera la Jurisdicción Especial para la Paz.Durante la sesión, se dio la palabra a la representante del Reino Unido, Bárbara Woodward, quien expresó su apoyo a la decisión. “Esta aprobación mantiene el apoyo del Consejo para el acuerdo de paz de 2016 y recalca los esfuerzos de representante especial que apoya los esfuerzos de Colombia de ampliar la paz a través del diálogo”, dijo Woodward.En esa misma línea se pronunció la embajadora de Guyana, Carolyn Rodrigues, quien consideró a Colombia como un caso de éxito. “El acuerdo de paz se acerca a su octavo año, los avances son dignos de elogios, consideramos que Colombia sigue siendo un caso de éxito pese a los desafíos que todavía tiene que superar. Sin embargo, para acelerar estos procesos se deben intensificar los esfuerzos para mejorar la coordinación a todos los niveles, algo que esperamos que se consiga con el plan de respuesta rápida”, esto haciendo referencia al plan de choque para acelerar la implementación de los acuerdos presentado por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.
La Sección Primera del Consejo de Estado admitió para estudio la demanda que busca la nulidad de una resolución que fue firmada por el presidente Gustavo Petro hace tres meses.El demandante, Santiago Suárez Morales, pide que se declare la nulidad de la resolución 0345 del 30 de agosto de 2024 con la que designa a cuatro disidentes de las Farc como gestores de paz, por un periodo de seis meses.Los beneficiados por esa medida son Edgar de Jesús Orrego Arango, alias 'Firu'; Wenser Sony Duque, alias 'Oliver'; Diego Armando Vargas Betancur, alias 'Boyaco'; y María Alejandra Ojeda, disidentes de las Farc y que en julio de este año fueron sorprendidos por el Ejército Nacional mientras se movilizaban armados en una caravana de vehículos asignados a la Unidad Nacional de Protección (UNP).La resolución, que fue firmada por el presidente Gustavo Petro, solicita a las autoridades judiciales que suspendan las órdenes de captura y las demás medidas judiciales de carácter penal que pesan sobre estas personas que tienen un amplio prontuario delictivo en varias regiones del país.Para Suárez Morales, el demandante, la resolución presidencial es inconstitucional porque es contraria al marco legal vigente. Según él, la designación viola los códigos penal, procedimiento penal, procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, y a los precedentes de la Corte Constitucional.La demanda solicita al Consejo de Estado que garantice la protección de los derechos de las víctimas de las disidencias de las FARC-EP, asegurando que los gestores de paz designados sean sometidos a un proceso penal justo que respete los principios de verdad, justicia y reparación.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió la Resolución de Conclusiones No. 03 en el contexto del Caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, específicamente en el Subcaso Costa Caribe. Entre enero de 2002 y julio de 2005, que involucra al batallón de artillería No. 2 llamada 'La Popa'. En este se registraron 135 crímenes en 77 eventos en varios municipios del Cesar y La Guajira, superando las cifras previamente reconocidas. La JEP identificó dos patrones de macrocriminalidad que evidencian la gravedad de estos hechos y su impacto en las comunidades.Entre las decisiones clave, la JEP incluirá el crimen internacional de tortura, lo que implica que algunos de los máximos responsables deberán ser juzgados por este delito.También se solicitó a la Sala de Reconocimiento una lista de presuntos responsables no obligados a comparecer ante la JEP, para que se inicien acciones en la justicia ordinaria.Además, se subrayó la necesidad de brindar acompañamiento psicosocial a las víctimas, respetando sus particularidades étnicas y culturales, especialmente en el caso de las comunidades indígenas, asegurando la traducción necesaria para facilitar la comprensión del proceso. Por lo anteriormente expuesto, la Sección de Primera Instancia para casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad:En dicho documento costa de más de 10 artículos donde se evidencia cual fue la decisión que tomo la JEP:En el primer artículo se confirma que la Resolución de Conclusiones No. 03 aborda los hechos, conductas, pruebas, calificaciones, responsables y propuestas de sanción establecidos por la Sala de Reconocimiento. Se reafirma que estos hallazgos se alinean con los patrones de conducta previamente determinados.Por lo que se va a ajustar la calificación jurídica para incluir el crimen internacional de tortura entre los hechos reconocidos. Los responsables deben pronunciarse sobre esta calificación en un plazo de quince días. Esto destaca la seriedad de los crímenes cometidos y amplía la responsabilidad de los implicados.Similar al anterior, se especifica que ciertos hechos configuran el crimen internacional de persecución. Se prevé que los responsables se manifiesten sobre esta nueva calificación, enfatizando la sistematicidad de las agresiones contra la población civil.Por lo que se solicitará a la Sala de Reconocimiento que proporcione una lista de presuntos responsables que no están obligados a comparecer, así como información sobre acciones legales en su contra. Esto busca asegurar que todos los posibles responsables sean identificados e investigados.También se establece que la decisión debe ser notificada al Ministerio Público y a las víctimas, garantizando su derecho a estar informadas y participar en el proceso. También se ordena un acompañamiento psicosocial para las víctimas durante el trámite judicial. Y se le ordena que se remita una copia de la providencia a la Relatoría y a la Subdirección de Comunicaciones para su divulgación ante la opinión pública. Esto busca asegurar la transparencia y el acceso a la información sobre el proceso.Finalmente, se ordena comunicar la decisión a la Secretaría Ejecutiva de la JEP, a la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia y a la UIA para los efectos pertinentes. Esto fortalece la colaboración internacional y el seguimiento del caso.
El Ejército informó que este miércoles algunos militares de la Fuerza de Tarea Conjunta Marte que se encontraban realizando operaciones en la serranía de San Lucas, municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar, cayeron en un campo minado que le causó heridas a dos uniformados, quienes fueron atendidos de manera inmediata."Nuestros soldados heridos recibieron atención inmediata por parte de nuestros enfermeros de combate, quienes les brindaron los primeros auxilios en el lugar. Posteriormente, gracias al apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, fueron evacuados vía aérea a un centro médico en Barrancabermeja, Santander, donde reciben atención especializada", explica el Ejército.En estos hechos el soldado profesional Deiver Pérez sufrió la amputación de sus dos piernas y el soldado profesional Darío Loperena resultó herido de manera leve por esquirlas en su espalda."El Ejército Nacional condena este acto terrorista, que además de violar los Derechos Humanos, infringe el Derecho Internacional Humanitario al emplear medios y métodos de guerra prohibidos, demostrando una total falta de respeto por la vida y las normas internacionales" agrega el Ejército.Es importante recordar que en el Sur de Bolívar hay presencia de estructuras de las disidencias de las Farc, también del ELN y del Clan del Golfo.
Este 22 de octubre de 2024, fue capturado un hombre identificado Nelson Reinero Burbano, alias ‘Nixon’, un peligroso miembro de las disidencias de las Farc, quien tenía a su cargo las labores de tanatología para este grupo armado ilegal. De acuerdo con las autoridades, este hombre fue capturado en el municipio de Policarpa del departamento de Nariño.“Cae tanatólogo de las disidencias! En Policarpa, Nariño, capturamos a alias ‘Nixon’, cabecilla de las redes de apoyo del frente ‘Franco Benavides’, encargado de arreglar los cuerpos de los fallecidos de esa organización para enviarlos en carrozas fúnebres a sus residencias”, indicó el general William René Salamanca, director general de la Policía.También, de acuerdo con el general Salamanca, este delincuente sería el encargado de adquirir drones para la estructura armada ‘Franco Benavides’ de las disidencias, elementos utilizados el pasado 22 de septiembre en contra de unidades del Ejército Nacional, acción que dejó una civil muerta y dos soldados heridos.De acuerdo con el expediente de la Policía judicial, este peligroso delincuente lleva cerca de cuatro años en las filas de las disidencias de las Farc, trabajando para estructura ‘Franco Benavides’, cuyos criminales delinquen bajo las órdenes de alias ‘Iván Mordisco’.