La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
Los consorcios Red Hospitalaria y Centros Guajira emitieron un comunicado en el que explican su participación en el proyecto de construcción de los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) en La Guajira, luego de denuncias públicas relacionadas con un contrato interadministrativo por cerca de 82.000 millones de pesos entre el Ministerio de Salud y ENTerritorio.Las empresas señalaron que fueron contratistas de ENTerritorio para desarrollar 12 de los 25 centros priorizados y que su intervención se dio a través de una licitación pública.Según el documento, los consorcios indicaron que su labor se concentró en la primera etapa de los contratos, correspondiente a estudios y diseños, los cuales afirman fueron entregados dentro de los plazos y condiciones establecidos. También explicaron que los contratos incluían una cláusula que supeditaba su continuidad a la vigencia del acuerdo interadministrativo entre las entidades públicas, cuya no prórroga derivó en la terminación anticipada de los contratos y en la suspensión de la fase de construcción, que ya había iniciado en seis proyectos.Las empresas manifestaron que no han recibido pagos por los trabajos realizados, pese a que los productos fueron entregados y revisados por la interventoría. Indicaron que esta situación ha generado afectaciones económicas y que existen inversiones en materiales y equipos en los sitios de ejecución. En el comunicado rechazaron señalamientos que los responsabilicen por retrasos o irregularidades y señalaron que la planeación, financiación y supervisión general del contrato correspondían a ENTerritorio.Finalmente, los consorcios expresaron su disposición a participar en una salida institucional que permita retomar el proyecto y plantearon como alternativa que el Ministerio de Salud asuma directamente la ejecución o la delegue en otra entidad pública. Señalaron que los CAPS están destinados a atender a cerca de 400.000 habitantes de varios municipios del departamento y reiteraron su compromiso con la continuidad de las obras.
Toyota nombró un nuevo director ejecutivo para "acelerar" la toma de decisiones, anunció el gigante automovilístico japonés este viernes, y además elevó sus previsiones de beneficios y ventas para el actual año fiscal pese al impacto de los aranceles de Estados Unidos.El actual director financiero, Kenta Kon, sustituirá a Koji Sato como consejero delegado el 1 de abril, tras tres años al frente, informó la empresa."Este cambio de funciones tiene como objetivo acelerar la toma de decisiones de la dirección en respuesta a los cambios en el entorno interno y externo", señaló Toyota.El anuncio se produjo mientras la empresa prevé un beneficio neto de 3,57 billones de yenes (22.800 millones de dólares) para el ejercicio que finaliza en marzo, un descenso interanual del 25,1% pero por encima de los 2,93 billones de yenes anticipados anteriormente.A pesar del "impacto negativo de los aranceles de Estados Unidos que surgió este año fiscal, hemos reducido el alcance de la caída de las ganancias mediante la implementación de reducciones de costos y esfuerzos de mercadotecnia", dijo la empresa en un comunicado.Se espera que las ventas aumenten un 4,1% interanual hasta 50 billones de yenes, una ligera revisión al alza.Sin embargo, Toyota señaló que el trimestre de septiembre a diciembre registró una caída del beneficio neto y operativo a pesar de un aumento de las ventas, en gran medida debido a un "impacto de los aranceles" que incrementó los gastos.La empresa había anunciado en enero que las ventas globales alcanzaron un nuevo récord en 2025, lo que le ayudó a mantener su título como el mayor fabricante de automóviles del mundo y a ampliar la distancia con su rival alemán Volkswagen.El aumento general se produjo a pesar de las ventas estancadas en China, un mercado crucial donde Toyota enfrenta una competencia creciente de fabricantes locales, incluido el campeón de los autos eléctricos BYD.Las ventas en el mercado clave de Estados Unidos subieron un 8% a pesar del gravamen del 25% a las exportaciones de autos japoneses impuesto por Washington entre abril y mediados de septiembre, cuando entró en vigor un tope del 15%.
Una situación de extrema urgencia se vive a esta hora en el corregimiento de Vanegas, jurisdicción de Lebrija, tras el violento desbordamiento del río que da nombre al municipio. La emergencia, que se desencadenó de forma repentina tras las intensas lluvias en la parte alta de la cuenca, ha dejado hasta el momento un saldo preliminar, según reportó la comunidad, de seis personas desaparecidas y decenas de familias damnificadas que lo han perdido todo bajo la fuerza de la corriente.El panorama en la zona es desolador, con reportes de viviendas arrasadas y la pérdida total de animales y cultivos. El clamor de los habitantes es desesperado ante la imposibilidad de ponerse a salvo por sus propios medios, puesto que el nivel del agua alcanzó alturas críticas en cuestión de minutos.“Necesitamos ayuda, que por favor el Ejército, la Defensa Civil, un helicóptero que rescate a la gente de la vereda Vanegas, porque se metió el río terrible, hubo muchos desastres, se llevaron las casas, los animales, dicen que hay gente ahogada, no encuentran las personas, hay gente encima de los techos, no pueden pasar a la otra gente. Rescatarlos, porque el río está muy fuerte, está muy crecido, se metió el río al pueblo. Y lo otro, las pocas personas que están, solamente se lograron subir a los techos, y están esperando que lo rescaten”, relató con angustia una de las residentes afectadas mientras el agua continuaba golpeando las estructuras sobrevivientes.Ante la magnitud de la tragedia, la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander confirmó que ya se ha ordenado el desplazamiento inmediato de los organismos de socorro hacia la zona de desastre. Sin embargo, las dificultades en el terreno y el ímpetu del caudal podrían complicar las labores de rescate, por lo que la comunidad insiste en la necesidad de apoyo aéreo para evacuar a quienes permanecen aislados en las partes altas de sus viviendas. Se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen un balance oficial sobre el estado de las personas desaparecidas y el censo total de damnificados en esta zona rural del departamento de Santander.Noticia en desarrollo.
El pronunciamiento se da luego del ataque a la camioneta en la que se trasladaba el esquema de protección del senador Jairo Alberto Castellanos, en la vía que comunica a los municipios de Fortul y Tame.En el atentado perdieron la vida Wilmer Antonio Leal, escolta de la Unidad Nacional de Protección, y Esmelli Manrique, patrullero de la Policía Nacional.En su comunicado, ONU DDHH pidió a las autoridades a adelantar investigaciones que permitan identificar, juzgar y sancionar a los responsables del atentado, asi como adoptar medidas urgentes para garantizar la seguridad de quienes no participan en las hostilidades.“Instamos a las autoridades competentes a investigar, juzgar y sancionar a los responsables del ataque y a tomar medidas eficaces para proteger a quienes no participan de las hostilidades”, afirmaron en su comunicado.Asimismo, señalaron que este tipo de ataques constituyen una grave violación al Derecho Internacional Humanitario. En ese sentido, reiteró a los grupos armados abstenerse de atacar a personas que no participan directamente en las hostilidades, como servidores públicos y personal de protección civil.“Reiteramos a los grupos armados no estatales que atacar a quienes no participan en las hostilidades, como servidores públicos y personal de protección civil, constituye una infracción del Derecho Internacional Humanitario DIH. Urgimos a los grupos armados no estatales a respetar la vida e integridad de la población civil, y los derechos humanos”.Finalmente, la ONU expresó sus condolencias y solidaridad con las familias, amigos y compañeros de Wilmer Antonio Leal y Esmelli Manrique.
Sigue la división de la izquierda y centroizquierda luego de la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de revocar la inscripción del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en el Frente por la Vida.Desde Sincelejo, el exministro del Interior y precandidato presidencial del Partido En Marcha, Juan Fernando Cristo, anunció que no participará en la consulta promovida por Roy Barreras.“Luego de consultar con los candidatos al congreso de En Marcha con las direcciones departamentales, con los grupos de mujeres y de jóvenes del partido, hemos tomado la firme decisión de continuar en la campaña hasta la primera vuelta presidencial el 31 de mayo y no participar en ninguna de las consultas previstas para este 8 de marzo”, aseguró Cristo.Cristo recordó que durante las últimas semanas se avanzó en la construcción de una consulta de centroizquierda amplia, plural e incluyente, con la participación de diversos sectores progresistas, liberales, socialdemócratas y reformistas del país con lo que se alcanzaron acuerdos programáticos, se redefinió el carácter de la coalición y se establecieron reglas claras de participación. Sin embargo, la reciente decisión del CNE alteró de manera sustancial el sentido político de la consulta al impedir la participación de una candidatura representativa de la izquierda en cabeza del Pacto Histórico.“Respetamos las decisiones de las autoridades electorales, pero no podemos dejar de señalar que esta determinación afecta valores democráticos y liberales esenciales: la pluralidad, la inclusión política y la posibilidad real de construir una alternativa amplia para el país. Una consulta de centroizquierda sin la participación del candidato de izquierda democrática resulta incompleta y debilita el objetivo de llegar unidos a la primera vuelta presidencial”, afirmó Cristo.Con esto la consulta quedaría por ahora con Roy Barreras y Daniel Quintero, y se espera la definición de Camilo Romero y del expresidente de la CUT, Francisco Maltés, quien fue invitado a participar.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón La Popa, aceptó su responsabilidad ante la JEP por falsos positivos, cometidos entre 2004 y 2005 en Valledupar.La decisión se produjo luego de la imputación formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que documentó 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 casos de tortura.Durante la diligencia, Figueroa reconoció su responsabilidad por omisión, al admitir que no identificó ni detuvo a tiempo las acciones criminales cometidas por sus subalternos.“Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados”.Según la acusación de la UIA, los hechos respondieron a tres modalidades. La primera se caracterizó por asesinatos y desapariciones de personas que luego eran presentadas como supuestos resultados operacionales.La segunda modalidad correspondió a homicidios de civiles que algunos integrantes de los pelotones identificaban de manera arbitraria como “objetivos militares ilícitos”, para hacerlos pasar como miembros de grupos armados ilegales.La tercera estuvo marcada por el asesinato de combatientes que ya habían depuesto las armas o que se encontraban heridos tras enfrentamientos legítimos con tropas del batallón.En su declaración, Figueroa sostuvo que durante su mando no identificó el riesgo específico de los falsos positivos y aseguró que esto solo fue reconocido de manera general en la Fuerza Pública a partir de 2007, cuando estallaron los escándalos a nivel nacional.“Ese riesgo operacional no fue contemplado bajo mi mando porque los riesgos operacionales que para esa época se tenían eran el robo de armamento, robo de municiones, robo de equipo militar, infiltrados, penetrados, las nóminas paralelas, tráfico de información, miembros que posiblemente podían estar en concierto para delinquir con organizaciones armadas al margen de la ley”, afirmó.Con la aceptación de responsabilidad, el proceso ya no continuará por la vía del juicio adversarial. Ahora, la JEP aplicará la ruta de reconocimiento tardío, que contempla la realización de una audiencia restaurativa. Esta diligencia fue programada para el 24 de marzo a las 9:00 de la mañana, espacio en el que se abordarán las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas.Posteriormente, el tribunal deberá imponer una sanción alternativa, que implica entre 5 y 8 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que los 11 militares que reconocieron su responsabilidad por falsos positivos ocurridos entre 2007 y 2008 en Norte de Santander, cumplen las condiciones para recibir una sanción restaurativa.Según las investigaciones de la JEP, durante este periodo en el Catatumbo, hubo al menos 120 casos de falsos positivos, además de un intento de homicidio.Sin embargo, al analizar los hechos, el tribunal decidió imputar nuevos delitos a varios de los comparecientes. En ese sentido, 8 de los 11 militares serán sentenciados por el crimen de esclavitud.“La sección determinó que al menos 29 personas fueron víctimas del crimen de esclavitud en el marco de la segunda modalidad del patrón macrocriminal, al comprobarse el ejercicio de atributos propios del derecho de propiedad sobre ellas. En particular, este crimen se cometió a partir de la colaboración de organizaciones criminales y terceros reclutadores, quienes, en articulación con integrantes de unidades militares y a cambio de una remuneración económica, conseguían civiles indefensos y los entregaban a los militares para hacerlos pasar por supuestas bajas en combate”, explicó la JEP.¿Quiénes son los imputados?Los militares imputados por este delito, en calidad de coautores, son Rubén Darío Castro Gómez, Gabriel de Jesús Rincón Amado, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, Álvaro Diego Tamayo Hoyos, Juan Carlos Chaparro Chaparro, Sandro Mauricio Pérez Contreras y Alexander Carretero Díaz.Además, la JEP imputó el delito de esclavitud por omisión a Paulino Coronado Gámez, general (r) del Ejército y comandante de la Brigada 30 ubicada en Cúcuta para la época de los hechos. La JEP consideró que, desde su posición de mando, permitió que estas conductas ocurrieran sin adoptar medidas para impedirlas.Adicionalmente, los militares Santiago Herrera Fajardo, Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro Chaparro y Sandro Mauricio Pérez Contreras fueron imputados por el crimen de guerra de tortura, en relación con hechos asociados a tres víctimas.“Para adoptar esta decisión, la sección tuvo en cuenta los relatos entregados por las víctimas y sus familiares en el proceso judicial”, aseguró la JEP.El proceso continuará con la audiencia pública de verificación, en la que se confirmará si los militares cumplen con sus compromisos de verdad y reparación. Superada esta etapa, la JEP emitirá la sentencia que definirá de manera definitiva su situación jurídica.
En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo cuestionó el manejo que desde el Gobierno se le ha dado a la crisis del sistema de salud y pidió reconocer la magnitud de las afectaciones que hoy enfrentan millones de usuarios, especialmente los afiliados a la Nueva EPS.“Pedimos a @MinSaludCol mejorar los canales de comunicación y, especialmente, dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del Gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas. La falta de empatía con la angustia de quienes están al frente de la atención y deben lidiar diariamente con el sufrimiento de las personas es inadmisible y preocupante. Deja el mensaje de que las autoridades no harán nada para resolverlo. Sin embargo, hacerlo es su deber”.La Defensoría aseguró que, ante la creciente vulneración del derecho a la salud, ha participado en lo que va del año en múltiples mesas interinstitucionales con EPS, hospitales, gestores farmacéuticos, usuarios y pacientes.Estos espacios, según explicaron, han buscado garantizar la atención de casos prioritarios y críticos, avanzar en la entrega pendiente de medicamentos y avanzar en compromisos relacionados con la estabilización de pagos y la conformación de redes de prestación de servicios suficientes y operativas.No obstante, el organismo advirtió que el panorama es crítico para los afiliados de la Nueva EPS, “entidad que enfrenta una situación financiera muy delicada”. Para la Defensoría, esta medida no solo profundiza la crisis de la EPS, sino que termina afectando directamente a hospitales, clínicas y dispensarios, que enfrentan dificultades para sostener la atención y la operación diaria.Aunque la problemática se extiende a todo el país, la Defensoría alertó de manera particular sobre la situación en Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia y Tolima, donde las afectaciones al derecho a la salud se estarían profundizando.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Hector Fabio Henao, alertó sobre las afectaciones humanitarias que enfrentan comunidades rurales del Guaviare tras los enfrentamientos por la disputa territorial entre disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ registrados en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, en Guaviare.Según Monseñor, la violencia ha generado un clima de temor que limita la movilidad de la población y agrava la situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen sin acceso a la educación.“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores, y en el segundo semestre no hubo clases. Claro, hubo la propuesta de suplantar esto con actividades virtuales, pero muchos niños en sus casas no tienen acceso”, afirmó el delegado.A esta problemática se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha podido funcionar debido a las restricciones de seguridad.Monseñor, señaló además que una parte de la población rural evita desplazarse: “Hay una franja de población que no se atreve a salir de las veredas, porque tiene temor de pasar por ciertos registros o retenes que se establezcan, y tiene que dar muchas explicaciones, pero, en general, ha quedado una zozobra muy grande”, afirmó.El representante señaló que existía una alta expectativa entre los padres de familia por el posible retorno de las clases, pero “estas circunstancias que se están viviendo en el momento presente, como dijo, dan mucha incertidumbre, no hay una definitiva todavía”.Indicó que, aunque aún no hay decisiones definitivas, es necesario que “desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades más territoriales en el municipio del Retorno, se acerquen a la situación y miren cómo serían las alternativas”.Finalmente, Monseñor Henao hizo un llamado a enfocarse “en una población particularmente vulnerable”.
En una rendición de cuentas, el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) Olmedo López, reveló nuevos detalles, nombres, hechos y cifras alrededor del escándalo de la entidad, incluyendo la supuesta financiación del Gobierno al ELN, lo que el senador Iván Cepeda tildó de “juego sucio”, pues aseguró que en la mesa de negociación con este grupo armado nunca se ha discutido eso y, a contrario a las varias versiones, los recursos son “exclusivamente para acciones pactadas dentro de los acuerdos y que tengan que ver con la paz”.En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el senador Cepeda aseguró que desde la delegación de paz del Gobierno desconocen por qué López habló, en su declaración ante la Corte Suprema de Justicia, sobre contratos a varios congresistas que se habrían redireccionado con el din de salvar los diálogos con el ELN en su momento, específicamente, a finales el 2023.“Es un juego, es un juego bastante perverso que nosotros nos pongamos a especular sobre cuáles serían las intenciones de ese señor (Olmedo López), no tenemos ni la menor idea. Eso lo debe determinar la justicia. Ya dimos las explicaciones a la opinión pública; no es ni mi amigo ni de la delegación del Gobierno, seamos serios en eso, no hay que equivocarse con eso”, sentenció.En ese sentido, recalcó que en la mesa de diálogos no se ha discutido la posibilidad de financiar al ELN a cambio de que dejen el secuestro. Señaló que lo que sí se ha discutido es la creación de un fondo multidonante en el cual distintas fuentes de financiación podrían entregar recursos exclusivamente para acciones pactadas dentro de los acuerdos, lo cual estaría sujeto a seguimiento y control de la comunidad internacional y los organismos de control del Estado; reiteró que el Gobierno nacional “no ha cedido ante ninguna pretensión de hacer un trueque o intercambio” asociado al secuestro.“La delegación del Gobierno nacional en la mesa con el Ejército de Liberación Nacional actúa bajo un principio absolutamente riguroso, que es el de la legalidad y la transparencia. Eso quiere decir que todas las actuaciones, los temas, los debates que da la delegación, los acuerdos que firma se rigen por el respeto de la Constitución y la ley y de absoluta transparencia. Todas las discusiones que se hacen en la mesa están debidamente protocolizados a través de actas que van firmadas no solamente por los miembros de las delegaciones, sino también por los observadores que hay en la mesa. Estas discusiones tienen una permanente presencia de acompañantes internacionales, como se sabe, hay diez países que son garantes y países acompañantes que han sido sus delegados designados por los gobiernos de esos países”, explicó.El senador Cepeda también negó tener relación alguna con la representante de la Cámara Karen Manrique, mencionada por Olmedo López, y enfatizó que su responsabilidad es responder por los diálogos y no tiene conocimiento de otros canales de comunicación fuera de la mesa de conversaciones.
El representante especial del secretario general de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, considera que el cese al fuego entre el Gobierno y el ELN, que terminará el próximo 3 de agosto, debería ser prorrogado y ampliado porque ha sido beneficioso para el país, en especial para la gente de las zonas donde opera esa guerrilla.Ruiz Massieu, que también es jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, habló en una entrevista con EFE del estado de los procesos de paz en el país y señaló que los distintos actores del conflicto armado, y en especial el Gobierno, están comprometidos con llevarlos a buen puerto."Hemos visto muchos beneficios del cese al fuego entre el ELN y el Gobierno y sería beneficioso que ese cese se extendiera, se prorrogara y ojalá también se ampliara porque tiene campo para ampliarse, para ser más benéfico para las comunidades y para el país de manera general", afirmó.El Gobierno y el ELN iniciaron en noviembre de 2022 una nueva negociación de paz y como parte de ese proceso el 3 de agosto de 2023 entró en vigor un cese el fuego bilateral de 180 días que fue prorrogado por otros 180 que deben concluir en dos semanas."Si hay voluntad política yo creo que se puede prorrogar (...) y nosotros esperamos que se hagan esfuerzos para prorrogarlo. Todavía quedan algunos días y vamos a ver si eso es posible", agregó.Ruiz Massieu destacó que dicho cese, "el más largo entre el ELN y cualquier Gobierno colombiano", ha sido "observado de manera amplia por las dos partes", lo que ha permitido construir confianza en la mesa de diálogos "pero también con efectos positivos para las comunidades y eso no hay que perderlo de vista".Sin embargo, reconoce que el estado actual de esa negociación es de "congelamiento" por "diferencias entre las partes", en particular por el malestar del ELN con la decisión del Gobierno de intentar diálogos regionales con una supuesta facción de esa guerrilla en el departamento de Nariño, limítrofe con Ecuador."No obstante eso, la mesa ha comprobado en muchas ocasiones su capacidad para resolver (problemas), su capacidad para avanzar. Nosotros seguimos confiando en que pueden, a través del diálogo, tanto el ELN como el Gobierno, tratar de resolver sus diferendos y que el proceso se vuelva a encauzar", agregó.Vínculos entre dos procesos de pazSegún el diplomático, los diálogos con el ELN tienen una interacción con la implementación del acuerdo de paz firmado de 2016 porque "hay una relación prácticamente de interdependencia", ya que los espacios que dejaron las antiguas Farc "no se llenan de Estado, no se llenan de instituciones civiles como se esperaba" sino de otros grupos armados."Para la implementación plena del acuerdo de 2016 se necesita avanzar en estos diálogos y para que estos diálogos también fructifiquen se necesita que la implementación de los acuerdos avance, entonces ya hay una mutua interdependencia" que implica "lidiar con los grupos armados que están en activo", dijo.Ruiz Massieu presentó el pasado 11 de marzo ante el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York su informe trimestral sobre el estado de la implementación del acuerdo con las FARC y señaló que aunque hay un compromiso del Gobierno con ese objetivo, "la complejidad de las dinámicas de violencia que afectan a Colombia requiere una respuesta multifacética" porque son muchos los desafíos."Hay motivos de preocupación; además de los avances que reportamos siempre hay motivos de preocupación por las áreas que todavía requieren más esfuerzo, en algunos casos coincidentes con las áreas que señala el Gobierno, como la reforma rural, por ejemplo, que a pesar de los esfuerzos de esta administración por priorizarla, todavía está muy lejos de los objetivos a alcanzar", dijo.Ruiz Massieu agregó que también "hay preocupaciones en materia de seguridad" porque "hay más de 420 firmantes de paz asesinados desde la firma del acuerdo, igual que centenares de líderes sociales, lideresas, defensores de derechos humanos", por lo que considera necesario "redoblar las medidas de seguridad precisamente para eliminar estos fenómenos".El diplomático de la ONU recordó que la implementación del acuerdo con las FARC fue proyectada a 15 años, de los cuales han transcurrido siete y medio en los que "se han tenido ya logros importantes"."Las diferentes áreas avanzan, pero no siempre al mismo ritmo (...) por diferentes razones", que van desde la falta de recursos a las prioridades políticas de los tres Gobiernos que han tenido que ver con el asunto.Por eso afirma: "Lo más importante para nosotros es que hay una voluntad política" para concretar la paz, que incluye negociaciones con dos grupos de disidencias de las antiguas Farc.
El Gobierno y las disidencias de las Farc que siguen en el proceso de paz acordaron prorrogar el cese al fuego bilateral por tres meses, irá hasta el 15 de octubre y no incluye a los frentes del Valle, Cauca y Nariño, comandados por alias ‘Iván Mordisco’.En el decreto firmado por el presidente Gustavo Petro el Gobierno aclara que el cese debe tener como marco de referencia el Derecho Internacional Humanitario y menciona algunos de los propósitos de la medida, entre los que se encuentra eliminar las extorsiones.“El cese al fuego bilateral y temporal con respeto a la población civil rige por los acuerdos y protocolos ya firmados y por los que defina la mesa de diálogos de paz. Tendrá como objetivos: (i) respetar la vida en todas sus formas, los derechos y las libertades de la población civil, el territorio y el ambiente, en particular, te los grupos de especial protección constitucional, entre ellos, los menores de edad, mujeres, defensores de derechos humanos, defensores, del ambiente, población, firmante de procesos de paz, y líderes y lideresa sociales y comunitarias; (ii) evitar afectaciones a la población civil y sus bienes protegidos según el derecho internacional humanitario (DIH); (iii) desarrollar programas de desminado humanitario para proteger la vida de la población y de las partes; (iv) permitir y facilitar la búsqueda de personas dadas por desaparecidas; (v) evitar el desplazamiento de las comunidades de su territorio y las amenazas a la vida y su integridad personal (vi) eliminar la exigencia de contribuciones financieras ilegales y arbitrarias a la población civil”, señala el decreto.Además, se estableció un mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación del cese al fuego bilateral, que emitirá reportes mensuales sobre el cumplimiento de la reglas y compromisos. En otro apartado también se habla sobre el secuestro y los casos de reclutamiento.“Eliminar la privación de la libertad de personas para exigencia de contribuciones financieras, no reclutamiento de niños y niñas, como lo establece el DIH”, advierte el decreto.
En diálogo con Mañanas Blu, Roberto Carlos Vidal, presidente de la Jurisdicción Especial de Paz en Colombia, habló sobre los avances en la justicia transicional -JEP en el país y los retos que se presentan para lograr la paz duradera. Vidal señaló que Colombia ha vivido dieciocho años de justicia transicional después de la creación de la Corte Penal Internacional. En este sentido, destacó que los tribunales de justicia y paz en la justicia ordinaria y la Jurisdicción Especial de Paz fueron creados para juzgar tanto a los paramilitares como a los miembros de la antigua guerrilla de las Farc y a los militares. Sin embargo, Vidal mencionó que aún quedan muchos conflictos armados en el país y considera que se necesitará más justicia transicional en el futuro para alcanzar la paz. Señaló que la Jurisdicción Especial de Paz está interesada en los nuevos acuerdos que puedan surgir y respeta la competencia del Gobierno y el Congreso para crear fórmulas que permitan transitar hacia la paz. En cuanto a la posibilidad de crear un tribunal superior a la Jurisdicción Especial de Paz, Vidal afirmó que es una idea interesante, pero que aún está por verse. Destacó que la arquitectura institucional para esto tendrá que ser creada por el Congreso y el Gobierno. En relación a la participación de terceros civiles en el sistema de justicia transicional, Vidal comentó que no está claro en este momento, pero es un tema que se discutirá. Además, mencionó la exclusión de los grupos de narcotraficantes en el acuerdo de paz con las Farc y la tradición jurídica que los excluye por no tener motivos políticos. Petro pide 7 años más en la ONU para aplicar acuerdos de paz y pide apoyo internacionalEl presidente Gustavo Petro pidió en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas un plazo suplementario de siete años para implementar los Acuerdos de Paz en sus tres vertientes principales: reforma agraria, inclusión territorial y unificación del sistema judicial de verdad y reconciliación.Petro dijo que esa triple reforma requerirá un pacto de Estado en Colombia, pero ante todo un decidido apoyo de la comunidad internacional, principalmente para financiar el costo que ha calculado en 50.000 millones de dólares, una cantidad que Colombia no tiene porque se encuentra endeudada.En este sentido, lanzó una doble propuesta que requerirá del apoyo internacional: por un lado, reducir el llamado "riesgo país" de Colombia y permitir así un plan de reconstrucción en las zonas más marginadas similar a la que tuvo lugar en Europa con el Plan Marshall tras la Segunda Guerra Mundial o en Corea del Sur tras la Guerra de Corea. En lugar de pedir dinero -razonó-, dijo que él opta por "potenciar la capacidad financiera del Estado colombiano".Escuche aquí la entrevista:
En diálogo con El Radar, Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, destacó la "voluntad" del Gobierno de Gustavo Petro de encontrar caminos para seguir implementando los acuerdos de paz alcanzados con las extintas Farc en 2016."Ha sido un momento muy importante para ONU, Colombia y esa alianza para temas de paz. Ese hecho manda un mensaje claro de la importancia que le da a la implementación del acuerdo de paz de 2016 y otros procesos de diálogo. Otro elemento es la primera participación de la otra parte dando su punto de vista. Nos pareció muy importante la visita del presidente y de Comunes," destacó Ruiz Massieu sobre la reciente intervención del presidente Petro ante la ONU.El jefe de la Misión de Verificación también subrayó la relevancia de las valoraciones conjuntas entre el presidente Petro y representantes de Comunes, quienes evaluaron los avances logrados en los últimos ocho años sobre la implementación."Es importante que el presidente y el representante de Comunes hicieron una valoración de los avances en ocho años, los esfuerzos de este Gobierno y también considerar retos u obstáculos quizás, para acelerar la implementación," añadió.Otro punto crucial en los acuerdo, según mencionó Massieu, es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a la que calificó de "fundamental en el acuerdo", sin dejar de reconocer que, para ese organismo, "también se tratan de buscar espacios para que trabaje con conciencia de que es un tribunal de transición del conflicto a la paz".Ruiz Massieu valoró especialmente la voluntad del presidente Petro de implementar el acuerdo y de buscar fórmulas adecuadas para ello: "Lo más valioso es su voluntad de implementar el acuerdo y de buscar fórmulas. En los cómo, obviamente, corresponde a los colombianos dentro de su institucionalidad discutir cuáles son las más adecuadas, ahí somos completamente respetuosos, pero me parece que lo más importante es la voluntad y la búsqueda de estos mecanismos, con pleno respeto de discusiones que competen a los colombianos," afirmó.Asimismo, destacó los esfuerzos del presidente para obtener los recursos necesarios para la implementación de los acuerdos, indicando que Petro "está viendo de qué otras maneras puede obtener recursos que él considera necesarios para la implementación de los acuerdos". En ese sentido, valoró, "lo más rescatable es que está buscando vías para acelerar la implementación y cumplir con los compromisos adquiridos en 2016", por lo que, según consideró, "en la medida de lo posible hay que seguirlo apoyando".Finalmente, Ruiz Massieu señaló que, aunque el Acuerdo de Paz establece un horizonte de implementación de 15 años, es importante que cualquier ajuste se discuta internamente en Colombia. "El Acuerdo de Paz señala un horizonte para la implementación de 15 años, pero si requiere un ajuste a través de los diferentes mecanismos, es completamente una discusión que se tiene que dar al interior," concluyó.
El Gobierno nacional reglamentó el programa de reincorporación integral y se creó el Sistema Nacional de Reincorporación. La idea es que al menos 40 entidades territoriales y nacionales se articulen para implementar acciones sociales, políticas y económicas para 12.081 personas firmantes del acuerdo.“El Programa de Reincorporación Integral contempla 211 acciones, diseñadas para atender las necesidades y aspiraciones de los y las firmantes, a través de la generación de capacidades y condiciones para la ciudadanía plena teniendo en cuenta la diversidad. Por eso, se incluyeron acciones diferenciales para la población con discapacidad, personas mayores, mujeres, personas con pertenencia o autorreconocimiento étnico y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas”, explican desde la Agencia para la Reincorporación y Normalización.De esta manera se verán beneficiados no solo los firmantes del acuerdo de paz del año 2016, también sus familiares y las comunidades en las zonas donde ellos viven.“El programa contempla la responsabilidad compartida del Estado y de las personas firmantes de paz, esto implica un rol activo tanto de la institucionalidad en la reducción de barreras a nivel territorial, así como la responsabilidad de los y las firmantes para avanzar en las acciones seleccionadas en sus planes acuerdo con los compromisos asumidos”, señala la Agencia para la Reincorporación.