La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El Dorado Mañana continúa posicionándose como uno de los sorteos de chance más consultados en Colombia. Cada día, miles de jugadores revisan el resultado oficial con la expectativa de saber si su número fue el ganador, convirtiendo este juego en una referencia habitual para quienes apuestan desde las primeras horas.Número ganador del Dorado Mañana hoyEl número ganador del chance Dorado Mañana de este viernes 6 de febrero de 2026, es el 5554 - 7 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor si el tiquete resultó ganador.Número ganador: 5554Dos últimas cifras: 54Tres últimas cifras: 554La quinta: 7Últimos sorteos de Dorado MañanaSorteoFechaResultadoDorado Mañana5 febrero 20266073 - 6Dorado Mañana4 febrero 20265146 - 3Dorado Mañana3 febrero 20268537 - 8Dorado Mañana2 febrero 20269801 - 6Dorado Mañana31 enero 20260909 - 9Dorado Mañana30 enero 20268632 - 7Dorado Mañana29 enero 20266425 - 9Dorado Mañana27 enero 20269135 - 5Dorado Mañana26 enero 20264228 - 4Dorado Mañana24 enero 20264504 - 0¿Cuánto paga el Dorado Mañana?Los premios del Dorado Mañana varían según la modalidad de juego y la cantidad de cifras acertadas. De acuerdo con la tabla oficial de pagos, por cada peso apostado se puede recibir:4 cifras directo: 4.500 veces lo apostado4 cifras combinado: 208 veces lo apostado3 últimas cifras directo: 400 veces lo apostado3 últimas cifras combinado: 83 veces lo apostado2 últimas cifras (pata): 50 veces lo apostadoÚltima cifra (uña): 5 veces lo apostadoDesde 2025, este sorteo incorporó una quinta balota, que amplía las posibilidades de ganar cuando coincide con otras cifras del resultado.¿A qué hora juega el Dorado Mañana?El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado, con resultados disponibles después de las 11:00 a. m. No hay sorteo los domingos ni los días festivos, lo que lo convierte en una consulta frecuente para quienes revisan resultados a primera hora.¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?Los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en puntos autorizados de Paga Todo. Para realizar el cobro, el ganador debe:Ser mayor de edad.Presentar el tiquete original en buen estado y diligenciado.Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.Cumplir con estos requisitos garantiza un proceso de pago rápido, seguro y confiable para los ganadores de este tradicional chance en Colombia.
En las últimas horas fue enviado a la cárcel un hombre señalado de abusar sexualmente de su propia sobrina, de tan solo 13 años.Los hechos sucedieron en el municipio de Villapinzón, Cundinamarca. Según informó la Policía, el hombre se aprovechaba de ser el familiar de la menor y tocarla en varias ocasiones en sus partes íntimas.Además, para evitar que la menor contara lo que le sucedía, el capturado se valía de amenazas constantes para callarla.En medio de este silencio y los reiterados abusos, el hombre terminó trasladándose hacia Fusagasugá, a tres horas de Villapinzón.Y justo cuando creyó que se libraría de la situación, una denuncia ciudadana llevó a la Policía Nacional a desarrollar una línea de investigación para destapar el aberrante caso.Por medio de entrevistas a testigos y la recopilación del material probatorio, la Policía logró concluir que el capturado si realizaba estos actos abusivos con la menor y procedieron a capturarlo para presentarlo ante la justicia.“El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente y reiteramos el llamado a los ciudadanos a no guardar silencio”, afirmó el Coronel Mauricio Herrera, Comandante del Departamento de Policía de Cundinamarca.
En la mañana de este viernes, la sala plena de la Corte Constitucional citó sorpresivamente a una sesión extraordinaria para debatir sobre el decreto 0044 que cobraba nuevos impuestos a las empresas generadoras de energía amparado bajo la emergencia económica.Blu Radio conoció detalles de esa Sala Plena que determinó por mayoría suspender provisionalmente el decreto y dejarlo sin efectos temporalmente hasta que se falle de fondo su legalidad.Aunque el expediente reposa en el despacho del magistrado Vladimir Fernández, fue Paola Meneses, recién posesionada como presidenta de ese alto tribunal, quien presentó la ponencia para suspender provisionalmente el decreto.Dos magistrados salvaron su voto, lo que en la práctica significa que se apartaron de la decisión de sus colegas de suspender el decreto. Se trata de Héctor Carvajal y Vladimir Fernández.Y es que la empresa generadora de energía Isagen envió una solicitud a la Corte Constitucional pidiendo la suspensión provisional del decreto, con el argumento de que vulneraba los principios constitucionales y legales porque trasladaba a las generadoras la carga de financiar empresas intervenidas por el Estado, sin que exista una relación directa con la emergencia económica invocada por el Gobierno.Con esta decisión, la Corte Constitucional pone un ‘freno’ provisional hasta que la Sala Plena se reúna para debatir de fondo si es o no constitucional este decreto.
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 6 de febrero de 2026:Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, se refirió acerca de la explosión de una mina en Guachetá.Sergio Fajardo, candidato presidencial, dio detalles acerca de por qué decidió no participar en ninguna consulta el próximo 8 de marzo.Daniel Quintero, precandidato presidencial, habló de su decisión de participar en la consulta del Frente por la Vida.Clara Sandoval, concejal de Bogotá, comentó sobre el proyecto que condiciona el acceso al aborto.Laura Castro, coordinadora de Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, se refirió al proyecto que aprobó el Consejo de Bogotá que condiciona al aborto.Juan Fernando Cristo, precandidato presidencial, habló de su decisión de no participar en la consulta del Frente por la Vida.Escuche el programa completo aquí:
El cáncer de cuello uterino es una de las enfermedades que más impacto tiene en la salud femenina a nivel mundial, pero también es una de las más prevenibles si se detecta a tiempo. Esta patología se origina en el cuello del útero, la parte inferior del útero que conecta con la vagina, y en la mayoría de los casos está asociada a una infección persistente por el virus del papiloma humano (VPH), según explican expertos en salud y entidades como Mayo Clinic.Aunque el VPH es muy común y suele desaparecer por sí solo, en algunos casos puede permanecer durante años en el organismo y generar cambios en las células del cuello uterino. Estos cambios, conocidos como lesiones precancerosas o displasia cervical, pueden evolucionar lentamente hasta convertirse en cáncer si no se detectan ni se tratan a tiempo. Por esta razón, las pruebas de tamizaje y la vacunación contra el VPH son claves para reducir el riesgo.Síntomas tempranos del cáncer de cuello uterinoUno de los mayores desafíos de esta enfermedad es que, en sus etapas iniciales, suele no presentar síntomas. Sin embargo, cuando aparecen señales de alerta, estas no deben ser ignoradas. El Instituto Nacional de Cáncer (NIH) reveló los síntomas más frecuentes del cáncer de cuello uterino en fase temprana:Sangrado vaginal después de las relaciones sexuales.Sangrado fuera del período menstrual o menstruaciones más abundantes y prolongadas.Sangrado después de la menopausia.Flujo vaginal acuoso, con mal olor o con presencia de sangre.Dolor pélvico o molestias durante las relaciones sexuales.Estas manifestaciones también pueden estar relacionadas con otras afecciones ginecológicas, pero siempre deben ser evaluadas por un profesional de la salud.Signos en etapas avanzadasCuando el cáncer de cuello uterino progresa y se extiende a otras partes del cuerpo, los síntomas pueden intensificarse. Algunas mujeres pueden experimentar dificultad o dolor al orinar, presencia de sangre en la orina, problemas para evacuar, dolor lumbar persistente, hinchazón en las piernas, cansancio extremo o dolor abdominal. En estos casos, acudir al médico de manera inmediata es fundamental para iniciar un tratamiento oportuno.¿Cómo se diagnostica el cáncer de cuello uterino?Ante la presencia de síntomas o resultados anormales en pruebas de detección como la citología o la prueba de VPH, los especialistas pueden recomendar estudios complementarios. Entre los procedimientos más utilizados se encuentran la colposcopia, que permite observar de cerca el cuello uterino, y la biopsia, en la que se toma una muestra de tejido para analizarla en laboratorio.Existen diferentes tipos de biopsias, como la biopsia con sacabocados, el legrado endocervical, el procedimiento LEEP o la biopsia de cono, que ayudan a confirmar el diagnóstico y determinar el estadio de la enfermedad.Prevención y detección tempranaLa mejor estrategia contra el cáncer de cuello uterino sigue siendo la prevención. La vacunación contra el VPH, el uso de métodos de protección en las relaciones sexuales y los controles ginecológicos periódicos pueden marcar la diferencia.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón La Popa, aceptó su responsabilidad ante la JEP por falsos positivos, cometidos entre 2004 y 2005 en Valledupar.La decisión se produjo luego de la imputación formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que documentó 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 casos de tortura.Durante la diligencia, Figueroa reconoció su responsabilidad por omisión, al admitir que no identificó ni detuvo a tiempo las acciones criminales cometidas por sus subalternos.“Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados”.Según la acusación de la UIA, los hechos respondieron a tres modalidades. La primera se caracterizó por asesinatos y desapariciones de personas que luego eran presentadas como supuestos resultados operacionales.La segunda modalidad correspondió a homicidios de civiles que algunos integrantes de los pelotones identificaban de manera arbitraria como “objetivos militares ilícitos”, para hacerlos pasar como miembros de grupos armados ilegales.La tercera estuvo marcada por el asesinato de combatientes que ya habían depuesto las armas o que se encontraban heridos tras enfrentamientos legítimos con tropas del batallón.En su declaración, Figueroa sostuvo que durante su mando no identificó el riesgo específico de los falsos positivos y aseguró que esto solo fue reconocido de manera general en la Fuerza Pública a partir de 2007, cuando estallaron los escándalos a nivel nacional.“Ese riesgo operacional no fue contemplado bajo mi mando porque los riesgos operacionales que para esa época se tenían eran el robo de armamento, robo de municiones, robo de equipo militar, infiltrados, penetrados, las nóminas paralelas, tráfico de información, miembros que posiblemente podían estar en concierto para delinquir con organizaciones armadas al margen de la ley”, afirmó.Con la aceptación de responsabilidad, el proceso ya no continuará por la vía del juicio adversarial. Ahora, la JEP aplicará la ruta de reconocimiento tardío, que contempla la realización de una audiencia restaurativa. Esta diligencia fue programada para el 24 de marzo a las 9:00 de la mañana, espacio en el que se abordarán las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas.Posteriormente, el tribunal deberá imponer una sanción alternativa, que implica entre 5 y 8 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que los 11 militares que reconocieron su responsabilidad por falsos positivos ocurridos entre 2007 y 2008 en Norte de Santander, cumplen las condiciones para recibir una sanción restaurativa.Según las investigaciones de la JEP, durante este periodo en el Catatumbo, hubo al menos 120 casos de falsos positivos, además de un intento de homicidio.Sin embargo, al analizar los hechos, el tribunal decidió imputar nuevos delitos a varios de los comparecientes. En ese sentido, 8 de los 11 militares serán sentenciados por el crimen de esclavitud.“La sección determinó que al menos 29 personas fueron víctimas del crimen de esclavitud en el marco de la segunda modalidad del patrón macrocriminal, al comprobarse el ejercicio de atributos propios del derecho de propiedad sobre ellas. En particular, este crimen se cometió a partir de la colaboración de organizaciones criminales y terceros reclutadores, quienes, en articulación con integrantes de unidades militares y a cambio de una remuneración económica, conseguían civiles indefensos y los entregaban a los militares para hacerlos pasar por supuestas bajas en combate”, explicó la JEP.¿Quiénes son los imputados?Los militares imputados por este delito, en calidad de coautores, son Rubén Darío Castro Gómez, Gabriel de Jesús Rincón Amado, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, Álvaro Diego Tamayo Hoyos, Juan Carlos Chaparro Chaparro, Sandro Mauricio Pérez Contreras y Alexander Carretero Díaz.Además, la JEP imputó el delito de esclavitud por omisión a Paulino Coronado Gámez, general (r) del Ejército y comandante de la Brigada 30 ubicada en Cúcuta para la época de los hechos. La JEP consideró que, desde su posición de mando, permitió que estas conductas ocurrieran sin adoptar medidas para impedirlas.Adicionalmente, los militares Santiago Herrera Fajardo, Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro Chaparro y Sandro Mauricio Pérez Contreras fueron imputados por el crimen de guerra de tortura, en relación con hechos asociados a tres víctimas.“Para adoptar esta decisión, la sección tuvo en cuenta los relatos entregados por las víctimas y sus familiares en el proceso judicial”, aseguró la JEP.El proceso continuará con la audiencia pública de verificación, en la que se confirmará si los militares cumplen con sus compromisos de verdad y reparación. Superada esta etapa, la JEP emitirá la sentencia que definirá de manera definitiva su situación jurídica.
En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo cuestionó el manejo que desde el Gobierno se le ha dado a la crisis del sistema de salud y pidió reconocer la magnitud de las afectaciones que hoy enfrentan millones de usuarios, especialmente los afiliados a la Nueva EPS.“Pedimos a @MinSaludCol mejorar los canales de comunicación y, especialmente, dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del Gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas. La falta de empatía con la angustia de quienes están al frente de la atención y deben lidiar diariamente con el sufrimiento de las personas es inadmisible y preocupante. Deja el mensaje de que las autoridades no harán nada para resolverlo. Sin embargo, hacerlo es su deber”.La Defensoría aseguró que, ante la creciente vulneración del derecho a la salud, ha participado en lo que va del año en múltiples mesas interinstitucionales con EPS, hospitales, gestores farmacéuticos, usuarios y pacientes.Estos espacios, según explicaron, han buscado garantizar la atención de casos prioritarios y críticos, avanzar en la entrega pendiente de medicamentos y avanzar en compromisos relacionados con la estabilización de pagos y la conformación de redes de prestación de servicios suficientes y operativas.No obstante, el organismo advirtió que el panorama es crítico para los afiliados de la Nueva EPS, “entidad que enfrenta una situación financiera muy delicada”. Para la Defensoría, esta medida no solo profundiza la crisis de la EPS, sino que termina afectando directamente a hospitales, clínicas y dispensarios, que enfrentan dificultades para sostener la atención y la operación diaria.Aunque la problemática se extiende a todo el país, la Defensoría alertó de manera particular sobre la situación en Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia y Tolima, donde las afectaciones al derecho a la salud se estarían profundizando.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Hector Fabio Henao, alertó sobre las afectaciones humanitarias que enfrentan comunidades rurales del Guaviare tras los enfrentamientos por la disputa territorial entre disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ registrados en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, en Guaviare.Según Monseñor, la violencia ha generado un clima de temor que limita la movilidad de la población y agrava la situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen sin acceso a la educación.“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores, y en el segundo semestre no hubo clases. Claro, hubo la propuesta de suplantar esto con actividades virtuales, pero muchos niños en sus casas no tienen acceso”, afirmó el delegado.A esta problemática se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha podido funcionar debido a las restricciones de seguridad.Monseñor, señaló además que una parte de la población rural evita desplazarse: “Hay una franja de población que no se atreve a salir de las veredas, porque tiene temor de pasar por ciertos registros o retenes que se establezcan, y tiene que dar muchas explicaciones, pero, en general, ha quedado una zozobra muy grande”, afirmó.El representante señaló que existía una alta expectativa entre los padres de familia por el posible retorno de las clases, pero “estas circunstancias que se están viviendo en el momento presente, como dijo, dan mucha incertidumbre, no hay una definitiva todavía”.Indicó que, aunque aún no hay decisiones definitivas, es necesario que “desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades más territoriales en el municipio del Retorno, se acerquen a la situación y miren cómo serían las alternativas”.Finalmente, Monseñor Henao hizo un llamado a enfocarse “en una población particularmente vulnerable”.
Diego Tovar, conocido en la extinta guerrilla de las Farc como Federico Montes, es el primer firmante del acuerdo de paz que habla de manera presencial ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Lo hizo en una sesión de este jueves 11 de julio donde se abordó el tema de la implementación del acuerdo firmado en 2016.Tovar aseguró que quienes firmaron el acuerdo mantienen un compromiso con la paz en Colombia, pero también pidió una mayor coordinación institucional para lograr la implementación integral del acuerdo, advirtiendo además que uno de los obstáculos durante estos años ha sido la violencia en algunos territorios."La violencia, en los territorios, sigue destruyendo las vidas de comunidades enteras y limitando aún más la capacidad de las autoridades presentes para cumplir con sus responsabilidades. El involucramiento de menores en el conflicto, la violencia contra mujeres reincorporadas y personas de comunidades étnicas es una preocupación mayor", señaló Tovar.Los enfrentamientos entre grupos armados también son obstáculo para la implementación del acuerdo de paz."El reciente desplazamiento forzado del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Miravalle, en el Caquetá, después del ultimátum de las disidencias del autodenominado ‘EMC’ es emblemático de la falta de implementación de las garantías de seguridad contenidas en el acuerdo, de la falta de presencia estatal en regiones, como de un proceso de reincorporación precario", señaló Tovar.Ante esta situación para los firmantes del acuerdo es importante que en los procesos de diálogo con diferentes grupos quede estipulado en los protocolos la protección de quienes firmaron el acuerdo. En el mismo sentido señaló que el éxito de la JEP, creada tras la firma del acuerdo, se basa en el beneficio que el tribunal garantice para las víctimas y las garantías que otorgue para los comparecientes."Los últimos meses, hemos podido informar al consejo, como el Estado de Colombia, de los detalles relativos a la inseguridad jurídica creada por la Jurisdicción. Si bien, hoy seguimos en diálogo con su magistratura, todavía no se ha materializado ninguna solución. Como positivo, celebramos los avances del Estado respecto a la compra y entrega de tierras en el marco de la Reforma Rural Integral, y recientemente la aprobación, por el Congreso de la Jurisdicción Agraria. También, la disposición de actualizar la principal hoja de la implementación, Plan Marco de Implementación", explicó el firmante del acuerdo de paz.
En las últimas horas Salvatore Mancuso recobró la libertad, salió de la cárcel La Picota por pena cumplida, y tras la decisión de una juez de justicia y paz.Este jueves Mancuso dio una rueda de prensa en la que aseguró que desde ya empezaba a cumplir sus funciones de gestor de paz, después de que el presidente Gustavo Petro le hiciera esta designación. Mancuso también hizo un llamado a los grupos que siguen en armas para que se desmovilicen y señaló que iba a reparar a las víctimas del conflicto.En el mismo sentido le hizo un llamado al expresidente Álvaro Uribe Vélez.“Al presidente Álvaro Uribe Vélez lo invito a que avancemos yo vi un trino de él de esta mañana que decía algo así como que me habían dado un beneficio y a los demás no les dieron un beneficio, tiene que esperar para ver lo que va a suceder, pero, yo he salido por pena cumplida, de los ocho años hice 17 años y 11 meses debí haber salido hace varios años. Al expresidente Uribe lo invito a que construyamos yo no vengo a tomar retaliaciones ni venganzas. En el paso fuimos aliados no puedo ocultarlo y hoy lo invito a que seamos aliados, él es un hombre que tiene un gran reconocimiento político y puede ayudar mucho a las bases de la construcción de la paz”, señaló Mancuso.También se refirió a la política de seguridad democrática impulsada durante el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.“La política de seguridad democrática se basó en el miedo, en la violencia, básicamente su nombre lo dice y hoy puede ser uno de los grandes artífices que apoye este gran acuerdo nacional”, agregó el exjefe paramilitar.Por otro lado, aseguró que teniendo en cuenta que el conflicto colombiano es solo uno también debe haber solo un tribunal que investigue lo sucedido.“En cuanto al cierre de negociaciones con todos los actores, es importante poder definir un sistema de justicia restaurativa que le ponga punto final, que sea una justicia de cierre para todos los actores del conflicto”, aseguró Mancuso.Por último, aceptó la invitación que le hizo el presidente Gustavo Petro para reunirse en Casa de Nariño una vez recobrara la libertad.“Me ha invitado a que cuando estuviera en libertad nos reuniéramos y yo quiero agradecerle esa invitación y poder reunirnos para hablar de la paz y de la reconciliación y de la paz total. Acepto esa invitación amable, benévola y espero que el señor presidente me diga la fecha, la hora y el lugar”, dijo Mancuso.
El excanciller Álvaro Leyva ha asegurado en diferentes ocasiones que el acuerdo de paz firmado en 2016 con la extinta guerrilla de las Farc abre la puerta a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.Rodrigo Londoño, quien fue el último comandante de la extinta guerrilla de las Farc, aseguró que en el acuerdo no quedó estipulada esta idea.“El acuerdo no mandata una constituyente, el acuerdo lo que mandata es un gran pacto nacional que de pronto en el pacto nacional entre las fuerzas políticas, las fuerzas gremiales, económicas, los sectores sociales lleguemos al acuerdo de que hay que convocar una constituyente para hacer un nuevo contrato social, que es una nueva constituyente, pero sí podemos hacerlo con los mecanismos que tenemos. Aquí hicieron un cambio profundo a la Constitución, cambiaron un artículo de la Constitución. Podemos hacer reformas a la Constitución entre las partes de la implementación, pero eso debe ser fruto de un consenso, de un pacto y por eso saludo la disposición del ministro Cristo de trabajar en función de ello”, señaló Londoño.En el mismo sentido indicó que su posición se la ha manifestado al excanciller Álvaro Leyva.“Con él permanentemente estamos hablando, él conoce cuál es mi posición; yo no me niego a que haya una Asamblea Nacional Constituyente, pero ese no es el centro del debate en este momento, el centro del debate es el gran acuerdo nacional”, aseguró el excomandante de la extinta guerrilla de las Farc.‘Timochenko’ también se refirió al papel de la JEP, pues recientemente desde el Gobierno nacional y desde el partido Comunes se han hecho algunos cuestionamientos a algunas decisiones.“Hemos iniciado un diálogo constructivo con la JEP, estamos en ese diálogo y estamos convencidos de que si trabajamos y nos mantenemos en esa ruta vamos a lograr que la jurisdicción vuelva a su espíritu y a su naturaleza”, finalizó Londoño.
Este jueves, el presidente Gustavo Petro intervendrá ante el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York. En la sesión se abordará el tema de la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016 con la extinta guerrilla de las Farc.El presidente Petro va a proponer ampliar el marco de la implementación del acuerdo, ya que, aunque en un principio lo acordado debía implementarse en 15 años, el Gobierno considera que hay algunos rezagos que no permiten cumplir en el tiempo estipulado.Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, se refirió, en diálogo con Blu Radio, a esta propuesta del Gobierno.“Todos hemos estado de acuerdo en que los tiempos no van a dar porque perdimos los 4 años de Duque y en estos 2 años de Petro es poco lo que se ha avanzado, aunque se ha avanzado mucho más que en los 4 años de Duque. Creo que esa es una decisión que tenemos que discutir aquí entre nosotros, sopesarla y buscar esa idea que está en el acuerdo de un acuerdo nacional, de un pacto nacional, y en ese marco analizar de qué manera podemos prolongar la implementación de ese acuerdo, porque este acuerdo sienta las bases para construir una paz en Colombia”, señaló.El Gobierno ha dicho que si se logra prolongar el marco de implementación se tomarían unas medidas de emergencia y se haría un plan de choque, junto a los firmantes del acuerdo, para avanzar en los puntos que están más rezagados."Mientras no haya seguridad va a ser muy difícil porque ¿qué nos ganamos con tierras, con posibilidades de proyectos productivos si no hay seguridad? Estamos viendo lo que está pasando en Miravalle, que no debió haber pasado y que estaba advertido, había alertas en ese sentido. Los funcionarios del Gobierno lo sabían y nunca se quiso actuar. Ahora nos están diciendo que es que no hay plata, si no hay plata para garantizar la seguridad a los firmantes y a los líderes sociales, ahí sí decir apague y vámonos, esta sociedad se jodió", aseguró. Ante el Consejo de Seguridad, este jueves también va a intervenir por primera vez, de manera presencial, un firmante del acuerdo que era conocido en la guerrilla como Federico Montes y quien cumplirá agenda en Estados Unidos sobre algunos temas de paz.“Hoy es un día histórico para la paz de Colombia. Hoy por primera vez hay un firmante de manera presencial en Nueva York y va a intervenir a nombre de todos los firmantes del Consejo de Seguridad, pero más allá de la intervención, en este par de días va a tener la posibilidad de intercambiar con los miembros de la comunidad internacional sobre nuestra visión frente a la implementación. Lo más importante es que el Consejo de Seguridad siga unido frente al apoyo de la paz en Colombia y que eso signifique una mayor disposición de toda la comunidad internacional para brindar el apoyo a la implementación en Colombia del acuerdo de paz”, señaló Londoño.Por último, hizo un llamado a la comunidad internacional que ha apoyado la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016 con las extintas Farc.“Mis agradecimientos a quienes hicieron posible el viaje de Federico Montes en Nueva York, al canciller que dijo que debíamos estar de manera presencial y se materializó, pero también a Naciones Unidas y a Estados Unidos”, finalizó Timochenko.
El presidente Gustavo Petro estará este jueves asistiendo al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en Nueva York, para el informe trimestral de cómo ha venido avanzando el acuerdo de paz en el país.En una entrevista con Blu Radio, Emilio Archila, exconsejero presidencial para la Estabilización y Consolidación del acuerdo de paz en Colombia, ofreció un análisis profundo y detallado de la implementación del acuerdo y los desafíos que enfrenta el país en este proceso. Archila destacó la importancia de trabajar de manera continua en la implementación del acuerdo, señalando que los temas de víctimas, sustitución de cultivos, reincorporación y reforma rural integral requieren más tiempo que el período de cuatro años de cada presidente. Sin embargo, resaltó la necesidad de construir sobre lo ya avanzado y evitar empezar de cero en cada administración, de lo contrario, cuatro años no van a alcanzar."Lo que lo que estamos desaprovechando es que si se pretende empezar de cero, si se pretende no recoger y lo muchísimo que avanzamos durante la administración del presidente Duque, si no se toman las planea detalladas que estaban previstas en los acuerdos y que nosotros dejamos, dejamos listas, pues no van a alcanzar 4 años, no van a alcanzar 8, no van a alcanzar 16 ni 100", detalló Archila. El exconsejero también se refirió sobre la eliminación de la Consejería para la Consolidación y Estabilización del acuerdo de paz, afirmando que esta institucionalidad robusta fue diseñada para coordinar y garantizar el cumplimiento de los acuerdos. La desarticulación de esta arquitectura institucional ha generado dificultades en la implementación y coordinación de los diferentes proyectos y entidades involucradas en el acuerdo, ya que "la Consejería era circunstancial. Era el resultado de un diseño institucional muy detallado".Asimismo, Archila expresó su optimismo y espera que se renueve el compromiso de cumplir con el acuerdo como estaba contemplado, aprovechando lo construido y avanzando en los temas que el país necesita abordar. También mencionó la importancia de mantener el enfoque en la justicia transicional y evitar diferir los temas necesarios bajo el rótulo de paz total. "Si uno a los acuerdos le elimina hacia un lado el tema de la justicia transicional, a la cual apoyamos decididamente en la administración del presidente Duque, y mira los demás propósitos que están ahí contemplados esos son temas que el país siempre ha sabido que tiene que hacer", expresó.Finalmente, Archila hizo una reflexión sobre el incidente en Miravalle, Caquetá, donde un grupo de excombatientes y sus familias fueron amenazados por las disidencias de las Farc, y destacó la importancia de garantizar la seguridad en las zonas de implementación.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
El Clan del Golfo le respondió al presidente Gustavo Petro luego de que el mandatario le insistiera al grupo ilegal, una vez más, que se involucraran de verdad en el proyecto de paz total.“Les mando la razón, llegó la hora de La paz, no de la viveza (…) llevamos tres generaciones de muerte y vamos a continuar, eso no deja nada, les propongo comenzar a trabajar, dejar de ser traqueteo y volverse industrial”, dijo Petro desde Chocó, donde reiteró la necesidad de garantizar la seguridad para poder avanzar con la recuperación social y la inversión en infraestructura.Ante esto, el grupo ilegal autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, le envió al presidente una carta en la que aseguran que en varias ocasiones han manifestado su intención de iniciar procesos de conversación, pero no han recibido una respuesta.Primero, refieren que el día de la posesión de Petro, el 7 de agosto de 2022, decretaron un cese al fuego unilateral de operaciones ofensivas el cual, según ellos, han mantenido hasta la fecha, “pese a muchos ataques de las fuerzas oficiales y las ventajas estratégicas que están logrando el ELN y las disidencias de las Farc con el cese al fuego bilateral”.También aseguraron que el 23 de abril enviaron una comunicación directa pidiendo suspender las órdenes de captura en contra de cabecillas del Estado Conjunto del Clan del Golfo, algo que tampoco ha sido respondido.Si bien el Clan del Golfo estuvo incluido en el decreto de cese al fuego bilateral que el presidente Petro publicó el 31 de diciembre de 2022, este solo estuvo vigente tres meses luego de que el Gobierno culpara al grupo ilegal de fomentar un paro minero en Antioquia que dejó millonarias pérdidas.