La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
Terminó la reunión entre los gobiernos de Colombia y Ecuador en Quito. En el encuentro las delgado hablaron sobre la seguridad, el control fronterizo, la energía y el comercio.Sin embargo, el Gobierno de Ecuador mantuvo su decisión de imponer aranceles del 30 % a las importaciones desde Colombia.“El Gobierno de Ecuador manifestó que evaluará esta solicitud en una etapa posterior, cuando se llegue a un acuerdo en relación con los demás temas tratados durante la reunión”, dice la Cancillería de Colombia.Es por eso que haciendo referencia a la seguridad nacional Colombia avanzará con la imposición de aranceles a Ecuador.“El Gobierno de Colombia se ve obligado a expedir el decreto de aranceles de respuesta por razones de seguridad nacional, cuya firma se había aplazado a la espera de acuerdos más inmediatos”, señaló la Cancillería.Además, el Gobierno colombiano prepara una demanda contra Ecuador.“Hoy se presentará la demanda ante la Comunidad Andina de Naciones por el desconocimiento del Ecuador de lo pactado en el Acuerdo de Cartagena, suscrito el 26 de mayo de 1969”, se lee en el comunicado del gobierno colombiano.Es importante recordar que el Gobierno ecuatoriano decidió imponer aranceles contra Colombia bajo el argumento de que no había una cooperación efectiva en la frontera para combatir las bandas delincuenciales.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, informó que en enero de 2026 la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor, IPC, fue de 1,18 %, mientras que la inflación anual se ubicó en 5.35 %, cifra superior en 0,13 puntos porcentuales a la registrada en enero de 2025, cuando fue de 5.22 %. La última variación mensual observada para el primer mes del año, superior a la registrada en 2026 (1,18 %), fue la reportada en 2023.Cabe resaltar que, los costos de producción en Colombia, subieron 1.51 %, con respecto a diciembre del 2025. Los sectores de minas e industrias manufactureras fueron los únicos en los que se presentó una desaceleración de los precios. De acuerdo con analistas, este dato podría presionar la inflación.Variación por sectoresDe acuerdo con el informe oficial, el comportamiento del IPC en el primer mes del año estuvo explicado principalmente por los incrementos en el sector de restaurantes y hoteles, que registraron una variación mensual de 2.94 % y transporte, con un aumento de 2.14 %.Entre los mayores incrementos de precios se destacan las comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio, con un alza del 3.36% , así como las bebidas calientes y las comidas preparadas fuera del hogar, reflejando un impacto directo en el gasto cotidiano de los hogares.En el caso del transporte, los aumentos más significativos se presentaron en los gastos reglamentarios relacionados con la propiedad y manejo de vehículos, el transporte urbano y los peajes, mientras que se reportaron disminuciones en el transporte aéreo de pasajeros, que cayó 11.40 %.En términos anuales, la división de restaurantes y hoteles presentó la mayor variación con 9.01 %, seguida por bebidas alcohólicas y tabaco, con 7.58 %. En contraste, Información y comunicación registró la menor variación anual, con 1.48 %. El Dane también indicó que las mayores contribuciones a la inflación anual provinieron de las comidas fuera del hogar, el arriendo imputado y el arriendo efectivo, mientras que productos como la electricidad, el arroz y la papa ayudaron a contener el incremento de precios.Inflación en regiones y principales ciudadesEn enero de 2026, la inflación mostró comportamientos diferenciados entre las principales ciudades del país. Bucaramanga registró la mayor variación mensual del IPC, con 1.87 %. Le siguieron Ibagué y Manizales, también con incrementos por encima del promedio nacional, reflejando presiones importantes en servicios y transporte. En contraste, Sincelejo presentó la menor variación mensual, con 0.66 %, gracias a caídas en precios regulados como la electricidad y en algunos alimentos, lo que ayudó a contener el aumento del costo de vida en esa ciudad.En términos de inflación anual, las mayores presiones se concentraron en Pereira, Bucaramanga y Manizales, todas con variaciones superiores al 5.5 %, por encima del promedio nacional, que se ubicó alrededor del 5.35 %. A nivel regional, las zonas del Eje Cafetero y algunas ciudades del nororiente del país se consolidaron como las más costosas, mientras que la región Caribe mostró menores niveles de inflación anual, con ciudades como Santa Marta, Valledupar y Sincelejo entre las de menor variación.Expertos aseguran que la inflación anual comenzó a acelerarse en enero y advierten que los rubros que más impulsaron este comportamiento, como restaurantes, hoteles y transporte, estarían reflejando el impacto del incremento del salario mínimo sobre el costo de vida. Según analistas, este efecto empezaría a trasladarse de manera gradual a los precios de los servicios y al gasto diario de los hogares en los primeros meses de 2026.Con estos resultados, la inflación inicia 2026 con presiones importantes en los servicios y el consumo fuera del hogar, marcando el comportamiento del costo de vida en el arranque del año.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este viernes por la noche una campaña de cinco medidas contra las redes sociales en la que auguró "responsabilidades penales" para sus dueños. "Nuestra determinación es más fuerte que sus bolsillos", aseguró.En un video de casi dos minutos difundido en su cuenta de X, Sánchez consideró que "las redes sociales, por desgracia, se han convertido en una suerte de salvaje Oeste, de Estado fallido".El presidente español dijo que hay aplicaciones que "dan refugio a actividades criminales, de pornografía, de violencia".Y en medio de su discurso se mostró un cartel que contenía el siguiente mensaje: "Los usuarios de Grok generaron tres millones de imágenes sexualizadas en X en 11 días, incluidas más de 23.000 menores"."Esta semana ha pasado un cosa inédita en nuestras democracias y es que un tecno oligarca se ha colado en el teléfono de millones de ciudadanos españoles para decirles lo que tienen que pensar", agregó Sánchez en referencia a un mensaje difundido por el fundador y consejero delegado de Telegram, Pável Dúrovel, en ese canal de comunicación telefónica criticando al Gobierno español.Las redes sociales "nos espían", "roban nuestros datos" y amplifican "el odio y la desinformción", aseguróCampaña de cinco medidas contra las redes socialesEn cuanto a las medidas que se van a tomar, Sánchez explicó: "La primera es que trabajaremos conjuntamente con el ministerio fiscal para que investigue posibles delitos cometidos en redes sociales, especialmente aquellos que afecten a menores"."La segunda es que la manipulación de algoritmos que utilice datos sin consentimiento debe ser y va a ser perseguida por la ley", continuó"La tercera es -amenazó- que esta tecno casta de las compañías tendrán responsabilidades penales si se niegan a retirar contenidos ilícitos de sus redes"."La cuarta es que vamos a crear la Primera Huella de Odio y de Polarización que nos va a permitir cuantificar y evidenciar como las plataformas digitales alimentan la división y el odio", anunció sin dar más detalles al respecto"Finalmente -concluyó- vamos a proteger a los más vulnerables al contenido tóxico limitando el acceso a los menores de 16 años". "Sabemos que esta tecno casta tiene más dinero e incluso más poder que muchos países, pero nuestra determinación es más fuerte que sus bolsillos", aseguró Sánchez."Vamos a seguir adelante pese a sus amenazas", advirtió al terminar su mensaje.
Una semana va a cumplir la subregión del Urabá antioqueño con grandes afectaciones producto de las fuertes lluvias que han caído sobre buena parte de esa zona de Colombia y ante la inmensa cantidad de personas damnificadas, la Gobernación de Antioquia tomó la decisión de declarar la alerta naranja en la red hospitalaria departamental.Según se ha podido conocer, con esta medida se busca establecer algunos lineamientos orientados a reforzar las acciones de vigilancia, preparación y respuesta en salud pública para las cerca de 9.000 familias fuertemente golpeadas por las precipitaciones.La secretaria de Salud de Antioquia, Marta Ramírez, mencionó que la decisión se tomó para poder fortalecer la capacidad operativa y así poderse articular con las IPS y autoridades locales de las zonas más afectadas del departamento."A estar alertas para la atención inmediata y el cuidado de la población. Muy especialmente a los hospitales, a que activen sus planes de emergencia, a que dispongan sus ambulancias, sus sistemas de radiocomunicaciones para proteger la vida de los antioqueños", señaló Ramírez.Explican las autoridades departamentales que con la alerta naranja se realizarán acciones como vacunación, atención psicosocial y protección de poblaciones vulnerables, acompañamiento para la detección y atención oportuna de posibles brotes por enfermedades comunes en las emergencias, así como la verificación del cumplimiento de las condiciones sanitarias de los albergues.Finalmente, se activó el Plan Hospitalario de Emergencias en que se revisará la disponibilidad y gestión de los recursos de la red hospitalaria para tener una expansión en la capacidad de atención en salud en las zonas más afectadas del departamento de Antioquia.
En un contexto global marcado por la acelerada transformación digital y la irrupción de tecnologías como la inteligencia artificial, la educación superior enfrenta uno de sus mayores desafíos históricos: adaptarse sin perder su esencia. En Colombia, este debate cobra especial relevancia en 2026, cuando universidades públicas y privadas replantean sus modelos académicos para responder a las expectativas de los estudiantes y a las demandas del mercado laboral. En ese escenario, la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG) se posiciona como uno de los actores que busca liderar el cambio desde una visión integral de tecnología, humanismo y sostenibilidad.Así lo expuso su rector, MG (R) Javier Alberto Ayala Amaya P.h.D., durante una entrevista en el programa Blu 4.0 de Blu Radio, en la que abordó los retos de la educación superior frente a la inteligencia artificial, la ciberseguridad y los nuevos escenarios de defensa, sin dejar de lado el papel social de la universidad pública. Para Ayala, el cambio tecnológico no es gradual, sino disruptivo. “El mundo ha generado un cambio en la era digital en forma disruptiva, día a día”, afirmó, subrayando que las instituciones educativas deben anticiparse al futuro y no limitarse a reaccionar ante él.Desde la perspectiva de una universidad con una misión histórica ligada a la formación de la fuerza pública, el rector explicó que incluso los escenarios de seguridad y defensa han mutado. “Hoy el escenario de batalla no es solo terrestre, marítimo o aéreo, sino el ciberespacio”, señaló, razón por la cual la UMNG anunció el lanzamiento de una maestría en ciberseguridad y ciberdefensa, así como una fuerte inversión para crear uno de los entornos digitales más avanzados de la región en esta materia. A ello se suma la próxima apertura de una maestría en inteligencia artificial y alianzas estratégicas con empresas tecnológicas globales como Google y Amazon.No obstante, Ayala insistió en que la tecnología no puede entenderse como un fin en sí mismo, sino como un eje transversal del modelo educativo. “La tecnología no es una herramienta de apoyo, es parte del ADN de la universidad”, explicó. En ese sentido, destacó que la UMNG trabaja en adaptar metodologías, contenidos y pensum a nuevas formas de aprender, en las que los estudiantes llegan al aula con acceso inmediato a información y herramientas de inteligencia artificial.Esta visión se articula con el plan rectoral “Educación neogranadina para la vida, el liderazgo y la paz”, una hoja de ruta que, según el rector, combina innovación académica con un fuerte enfoque humanístico. “Es una universidad comprometida con los derechos humanos, con la solidaridad y con los ecosistemas”, afirmó. Como ejemplo, mencionó las políticas de sostenibilidad ambiental, la protección de ecosistemas en sus campus, como el de Cajicá, y los premios de sostenibilidad entregados en 2025 a iniciativas que preservan el recurso hídrico y la biodiversidad.El bienestar universitario y la movilidad internacional son otros pilares del plan. Ayala reveló que la movilidad académica se incrementó en un 450 %, permitiendo que estudiantes de estratos 1, 2 y 3 viajen por primera vez a Europa, Asia o Estados Unidos. “Muchos de ellos sacaron su pasaporte y montaron en un avión por primera vez en su vida”, relató, destacando convenios con instituciones como la Universidad de Salamanca, el Tecnológico de Monterrey y universidades en Estados Unidos y Dinamarca.En términos académicos, la UMNG ha apostado por programas innovadores como la Licenciatura en Humanidades y Educación para la Paz, única en el hemisferio occidental, así como nuevos doctorados orientados a la innovación y el cambio disruptivo. Además, ha invertido más de $22 mil millones de pesos en investigación, lo que le ha permitido escalar posiciones en rankings internacionales como el Times Higher Education, consolidándose como una universidad pública de alto nivel.Para el rector, el mayor reto de la educación superior es seguir siendo relevante. “Las universidades se tienen que convertir en escenarios atractivos”, afirmó, resaltando que, pese al avance de la inteligencia artificial, hay un límite que no se puede delegar a la tecnología: la formación del liderazgo y el relacionamiento humano. “Nunca vamos a permitir que la inteligencia artificial eduque líderes”, enfatizó.La entrevista cerró con una invitación abierta a la ciudadanía. El MG (R) Javier Alberto Ayala Amaya P.h.D., recordó que la UMNG, como universidad pública, ofrece programas gratuitos o de bajo costo, sin límite de edad, y con una oferta amplia en pregrados, posgrados y educación continua. En medio de los grandes cambios que atraviesa la educación, la Universidad Militar Nueva Granada apuesta por un modelo que combine tecnología de punta, excelencia académica y un compromiso profundo con la sociedad y el país.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón La Popa, aceptó su responsabilidad ante la JEP por falsos positivos, cometidos entre 2004 y 2005 en Valledupar.La decisión se produjo luego de la imputación formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que documentó 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 casos de tortura.Durante la diligencia, Figueroa reconoció su responsabilidad por omisión, al admitir que no identificó ni detuvo a tiempo las acciones criminales cometidas por sus subalternos.“Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados”.Según la acusación de la UIA, los hechos respondieron a tres modalidades. La primera se caracterizó por asesinatos y desapariciones de personas que luego eran presentadas como supuestos resultados operacionales.La segunda modalidad correspondió a homicidios de civiles que algunos integrantes de los pelotones identificaban de manera arbitraria como “objetivos militares ilícitos”, para hacerlos pasar como miembros de grupos armados ilegales.La tercera estuvo marcada por el asesinato de combatientes que ya habían depuesto las armas o que se encontraban heridos tras enfrentamientos legítimos con tropas del batallón.En su declaración, Figueroa sostuvo que durante su mando no identificó el riesgo específico de los falsos positivos y aseguró que esto solo fue reconocido de manera general en la Fuerza Pública a partir de 2007, cuando estallaron los escándalos a nivel nacional.“Ese riesgo operacional no fue contemplado bajo mi mando porque los riesgos operacionales que para esa época se tenían eran el robo de armamento, robo de municiones, robo de equipo militar, infiltrados, penetrados, las nóminas paralelas, tráfico de información, miembros que posiblemente podían estar en concierto para delinquir con organizaciones armadas al margen de la ley”, afirmó.Con la aceptación de responsabilidad, el proceso ya no continuará por la vía del juicio adversarial. Ahora, la JEP aplicará la ruta de reconocimiento tardío, que contempla la realización de una audiencia restaurativa. Esta diligencia fue programada para el 24 de marzo a las 9:00 de la mañana, espacio en el que se abordarán las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas.Posteriormente, el tribunal deberá imponer una sanción alternativa, que implica entre 5 y 8 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que los 11 militares que reconocieron su responsabilidad por falsos positivos ocurridos entre 2007 y 2008 en Norte de Santander, cumplen las condiciones para recibir una sanción restaurativa.Según las investigaciones de la JEP, durante este periodo en el Catatumbo, hubo al menos 120 casos de falsos positivos, además de un intento de homicidio.Sin embargo, al analizar los hechos, el tribunal decidió imputar nuevos delitos a varios de los comparecientes. En ese sentido, 8 de los 11 militares serán sentenciados por el crimen de esclavitud.“La sección determinó que al menos 29 personas fueron víctimas del crimen de esclavitud en el marco de la segunda modalidad del patrón macrocriminal, al comprobarse el ejercicio de atributos propios del derecho de propiedad sobre ellas. En particular, este crimen se cometió a partir de la colaboración de organizaciones criminales y terceros reclutadores, quienes, en articulación con integrantes de unidades militares y a cambio de una remuneración económica, conseguían civiles indefensos y los entregaban a los militares para hacerlos pasar por supuestas bajas en combate”, explicó la JEP.¿Quiénes son los imputados?Los militares imputados por este delito, en calidad de coautores, son Rubén Darío Castro Gómez, Gabriel de Jesús Rincón Amado, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, Álvaro Diego Tamayo Hoyos, Juan Carlos Chaparro Chaparro, Sandro Mauricio Pérez Contreras y Alexander Carretero Díaz.Además, la JEP imputó el delito de esclavitud por omisión a Paulino Coronado Gámez, general (r) del Ejército y comandante de la Brigada 30 ubicada en Cúcuta para la época de los hechos. La JEP consideró que, desde su posición de mando, permitió que estas conductas ocurrieran sin adoptar medidas para impedirlas.Adicionalmente, los militares Santiago Herrera Fajardo, Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro Chaparro y Sandro Mauricio Pérez Contreras fueron imputados por el crimen de guerra de tortura, en relación con hechos asociados a tres víctimas.“Para adoptar esta decisión, la sección tuvo en cuenta los relatos entregados por las víctimas y sus familiares en el proceso judicial”, aseguró la JEP.El proceso continuará con la audiencia pública de verificación, en la que se confirmará si los militares cumplen con sus compromisos de verdad y reparación. Superada esta etapa, la JEP emitirá la sentencia que definirá de manera definitiva su situación jurídica.
En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo cuestionó el manejo que desde el Gobierno se le ha dado a la crisis del sistema de salud y pidió reconocer la magnitud de las afectaciones que hoy enfrentan millones de usuarios, especialmente los afiliados a la Nueva EPS.“Pedimos a @MinSaludCol mejorar los canales de comunicación y, especialmente, dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del Gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas. La falta de empatía con la angustia de quienes están al frente de la atención y deben lidiar diariamente con el sufrimiento de las personas es inadmisible y preocupante. Deja el mensaje de que las autoridades no harán nada para resolverlo. Sin embargo, hacerlo es su deber”.La Defensoría aseguró que, ante la creciente vulneración del derecho a la salud, ha participado en lo que va del año en múltiples mesas interinstitucionales con EPS, hospitales, gestores farmacéuticos, usuarios y pacientes.Estos espacios, según explicaron, han buscado garantizar la atención de casos prioritarios y críticos, avanzar en la entrega pendiente de medicamentos y avanzar en compromisos relacionados con la estabilización de pagos y la conformación de redes de prestación de servicios suficientes y operativas.No obstante, el organismo advirtió que el panorama es crítico para los afiliados de la Nueva EPS, “entidad que enfrenta una situación financiera muy delicada”. Para la Defensoría, esta medida no solo profundiza la crisis de la EPS, sino que termina afectando directamente a hospitales, clínicas y dispensarios, que enfrentan dificultades para sostener la atención y la operación diaria.Aunque la problemática se extiende a todo el país, la Defensoría alertó de manera particular sobre la situación en Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia y Tolima, donde las afectaciones al derecho a la salud se estarían profundizando.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Hector Fabio Henao, alertó sobre las afectaciones humanitarias que enfrentan comunidades rurales del Guaviare tras los enfrentamientos por la disputa territorial entre disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ registrados en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, en Guaviare.Según Monseñor, la violencia ha generado un clima de temor que limita la movilidad de la población y agrava la situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen sin acceso a la educación.“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores, y en el segundo semestre no hubo clases. Claro, hubo la propuesta de suplantar esto con actividades virtuales, pero muchos niños en sus casas no tienen acceso”, afirmó el delegado.A esta problemática se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha podido funcionar debido a las restricciones de seguridad.Monseñor, señaló además que una parte de la población rural evita desplazarse: “Hay una franja de población que no se atreve a salir de las veredas, porque tiene temor de pasar por ciertos registros o retenes que se establezcan, y tiene que dar muchas explicaciones, pero, en general, ha quedado una zozobra muy grande”, afirmó.El representante señaló que existía una alta expectativa entre los padres de familia por el posible retorno de las clases, pero “estas circunstancias que se están viviendo en el momento presente, como dijo, dan mucha incertidumbre, no hay una definitiva todavía”.Indicó que, aunque aún no hay decisiones definitivas, es necesario que “desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades más territoriales en el municipio del Retorno, se acerquen a la situación y miren cómo serían las alternativas”.Finalmente, Monseñor Henao hizo un llamado a enfocarse “en una población particularmente vulnerable”.
La Fundación para el Estado de Derecho demandó la resolución con la cual se le otorgó el estatus político a la Segunda Marquetalia, grupo comandando por alias ‘Iván Márquez’, quien abandonó el proceso de paz firmado en 2016 con la extinta guerrilla de las Farc.Según la demanda presentada, el acuerdo de paz “prohíbe volver a adelantar negociaciones de paz con los miembros de las Farc, que una vez desmovilizados volvieron a delinquir. El acuerdo obliga a los excombatientes a honrar sus compromisos, so pena de aplicar la regla constitucional, según la cual, no podrán adelantar nuevas negociaciones de paz con el Estado. Esta consecuencia es por incumplir el acuerdo que se estableció en la Constitución y fue ratificada por el Congreso en la ley de paz total del 20220”.Disidencias de las Farc patrullaron y amenazaron a policías en Santander de QuilichaoLas negociaciones de carácter político entre el Gobierno y las disidencias de la Segunda Marquetalia iniciarán en los primeros días del mes de junio.“Respecto a los reincidentes de este grupo armado, la ley de paz total establece que deben ser consideradas como estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto. Con esas estructuras se deben adelantar acercamientos con el fin de lograr su sometimiento a la justicia y desmantelamiento y se prohíbe adelantar nuevos acuerdos de paz”, explica la Fundación para el Estado de Derecho.JEP acredita como víctima a Vargas Lleras por dos atentados de las extintas Farc
Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, expresó en Mañanas Blu con Camila Zuluaga su “preocupación” por el documento presentado por el ELN en las negociaciones de paz. Según comentó, “excede el mandato del Comité Nacional de Participación e introduce propuestas que sustituyen la Constitución” política del país. Chacón señaló que el proceso de negociación fue concebido para promover la participación de los distintos sectores en el marco del proceso de paz, pero no para impulsar un proceso constituyente. Además, resaltó que el tiempo asignado para discutir y aprobar este tipo de documentos es insuficiente, lo cual va en contra de lo acordado previamente. “Muy preocupados porque, entre otras cosas, el documento que excede de lejos el mandato del Comité Nacional de Participación, pero que, además, quien lea ese documento entenderá que genera mucha preocupación porque básicamente estamos sustituyendo la Constitución política de Colombia, las instancias democráticas como es el Congreso, como son las cortes y como es el propio ejecutivo", explicó. En cuanto al contenido del documento, Chacón destacó que se plantean transformaciones en el régimen político, el modelo económico y la situación ambiental. Sin embargo, consideró que estas son decisiones que corresponden al Congreso y que deben tramitarse por vía legislativa. En ese sentido se refirió a su preocupación por la falta de garantías de seguridad para los participantes, especialmente, aquellos que han sido amenazados.Chacón advirtió que este tipo de proceder debilita la confianza en el proceso de negociación y pone en riesgo la legitimidad de las decisiones que se tomen. Asimismo, criticó que el documento enviado por el ELN no refleja las diversas posturas y cuestionamientos que se han planteado en las varias reuniones.Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga:
El exgobernador de Sucre Salvador Arana envió un documento a la JEP en el que responde a una solicitud que hizo esa jurisdicción para que presente un informe sobre el estado de sus bienes y su situación patrimonial.En este documento, radicado por su abogada, Salvador Arana asegura que el origen de sus propiedades tiene que ver con sus salarios como empleado público y con algunos negocios que tuvo.“Estando privado de la libertad, sus recursos se fueron menguando sensiblemente, por lo que tuvo que recurrir a múltiples préstamos de personas particulares para poder solventar las necesidades personales y las de su hogar. Actualmente, luego de más de una década de privación de libertad, carece de bienes. Sin perjuicio de lo anterior, como ya es de conocimiento público, se encuentra en un proceso de divorcio con su excónyuge”, explicó su abogada.Además, hacen una lista de cuatro bienes que están a nombre de su expareja, donde la abogada cita textualmente a Arana refiriéndose a este caso y solicitando un acercamiento con las víctimas para hablar del proceso de reparación.“No puedo comprometer en modo alguno los bienes de los cuales es titular mi excónyuge y que se encuentran en proceso de liquidación de la sociedad conyugal. Soy consciente de que el compromiso de reparación es mío y yo, exclusivamente, debo cargar con la responsabilidad de ejecutar mi proyecto. Presento esta información exclusivamente por mi compromiso de completa transparencia con la administración de justicia y máxima colaboración para que pueda ejercer cabalmente sus competencias, en la forma que corresponda”, aseguró Arana.
“Definitivamente, el Estado de Colombia no quiere cumplir el acuerdo de paz que firmó”, esa es la denuncia que el presidente Gustavo Petro dijo que llevará ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) porque, según el mandatario, en la práctica no se está ejecutando lo pactado en 2016 con la antigua guerrilla de las Farc.En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el exconsejero presidencial para la Estabilización y Consolidación Emilio José Archila, un cargo que ya no existe en el actual Gobierno, aseguró que “sería irónico que un presidente de Colombia fuera a las Naciones Unidas a convencerlos de que ellos están equivocados".Ante las críticas, comentó que durante el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos se logró incorporar los acuerdos en la Constitución sin cambiar ningún artículo, lo cual fue un hito importante para el país en ese momento. Sin embargo, señaló que la implementación de los acuerdos quedó como un mandato para los siguientes cuatro gobiernos.Añadió que eso logró que las mismas Naciones Unidas “aceptara que iban a acompañar a la JEP para la verificación de las sanciones propias cuando te cuando llegara”. Precisó que en ese período se hicieron cambios a la Constitución para que “hubiera más recursos para la para la implementación”.“En materia de políticas públicas, donde tiene el corazón, tiene que poner la plata. Eso implicaba un fortalecimiento institucional, implicaba que existían los niveles y las personas con las capacidades de tener la interlocución con todas las instancias; solo en materia de Naciones Unidas eso permitió, por ejemplo, que a los dos meses de estar en el Gobierno, logramos que la misión de verificación fuera ratificada por todo el período que íbamos a estar”, recalcó.Antiguas Farc instan a Petro a llevar a Timochenko a la ONU para denunciar incumplimiento de acuerdoAdemás, Archila resaltó los logros alcanzados durante su gestión, como la renovación de la ley de víctimas, la financiación para la reincorporación de excombatientes y la coordinación entre la Nación, los departamentos y los municipios en los planes de desarrollo con enfoque territorial. Asimismo, destacó que se trabajó en la reforma rural integral y la transformación del campo, no solo en la distribución de tierras, sino también en temas como vías, telecomunicaciones y desarrollo rural.Ante los cuestionamientos de Petro sobre la falta de financiamiento para la implementación de los acuerdos, Archila dijo que, si bien los acuerdos no estaban inicialmente financiados, se hicieron esfuerzos para conseguir recursos a través de la cooperación internacional, la creación del marcador presupuestal y el aumento del presupuesto para apoyar a las víctimas.En cuanto a la reforma agraria, explicó que esta se puede realizar sin la necesidad de un proyecto de ley específico, ya que los planes nacionales sectoriales tienen el nivel de ley. Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales:
El Comisionado de Paz, Otty Patiño, y la delegación del Gobierno en los diálogos con el ELN respondieron a la decisión de ese grupo de volver a secuestrar, la guerrilla advirtió que aún no se ha constituido el fondo multidonante que fue acordado en el marco del proceso de paz y por eso habrían tomado la decisión. El Gobierno anunció que hará los esfuerzos necesarios para que el ELN retome el compromiso.“Reiteramos nuestra posición sobre el anuncio hecho por la dirección del ELN en torno a la reanudación del secuestro con fines económicos; y anunciamos que haremos los esfuerzos necesarios para que se retome el cumplimiento del compromiso adquirido por la guerrilla en el sexto ciclo de diálogos”, señalaron el Comisionado y la delegación en un comunicado.En el mismo sentido aseguran que al frente comuneros del sur del ELN, que decidió apartarse de la guerrilla, se le dará un tratamiento distinto.“En consecuencia se dará el tratamiento a este grupo de Nariño como organización distinta a independiente de la organización nacional, con la cual se sostienen negociaciones políticas en la Mesa Nacional”, explicó el Comisionado Patiño.ELN levanta suspensión de secuestros extorsivos y acusa al Gobierno por falta de voluntadEl ELN se comprometió durante el sexto ciclo de conversaciones con el Gobierno nacional a dejar los secuestros extorsivos por seis meses. Durante esa ronda de negociaciones también se acordó la creación de un fondo multidonante que se financiaría con recursos de la comunidad internacional."En función de este proceso, basado en principios de transparencia, de respeto a la legalidad y a las normas nacionales e internacionales y, busca fortalecer y hacer sostenible este proceso en el desarrollo de los acuerdos que lo componen, en las actividades y en un ELN en construcción de paz", explicó en su momento la jefe negociadora del Gobierno, Vera Grabe.Este fondo aún no se ha creado y por eso el ELN anuncia que da por terminado su compromiso de no cometer secuestros extorsivos."A la fecha, 3 de mayo, el fondo aún no está constituido, el Gobierno muestra poca voluntad para avanzar en este campo. Dado lo anterior, el ELN da por terminado su oferta de suspensión unilateral de retenciones económicas", señaló el Comando Central de la guerrilla en un comunicado.Le puede interesar:
El presidente Gustavo Petro aseguró este martes en Barranquilla que "el camino de la paz" no es volver "el cuerpo humano una mercancía", en respuesta a la decisión de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de poner fin a la suspensión de los secuestros con fines económicos."El secuestro no lleva sino al traqueteo (narcotráfico) (...) El camino de la paz no es volver (...) el cuerpo humano una mercancía, lo esencialmente humano tiene que salir del mercado", expresó el mandatario durante la jornada del 'Gobierno con los Barrios Populares' en la capital del departamento caribeño del Atlántico.El ELN anunció el lunes que daba "por terminada" la suspensión de los secuestros con fines económicos, al considerar que el Ejecutivo ha incumplido con la creación de un "fondo multidonante para el proceso de paz", a lo que el Gobierno respondió que la "eliminación" de ese crimen no es negociable con el Estado.En ese sentido, Petro manifestó que "quienes quieren construir una nueva sociedad lo primero que tienen que sacar es al ser humano del mercado, no puede ser materia mercantil"."Un secuestro no es más que la transacción mercantil del ser humano", recalcó el jefe de Estado.El Gobierno y el ELN anunciaron en diciembre del año pasado, en el quinto ciclo de negociación, celebrado en Ciudad de México, que esa guerrilla cesaría los secuestros con fines económicos.Se tiene previsto que las delegaciones del Gobierno y el ELN se reúnan en Caracas entre el 20 y el 25 de mayo para firmar un nuevo acuerdo en el marco de la negociación de paz, que retomaron en noviembre de 2022, pero no se sabe qué pasará tras la decisión del ELN de reanudar los secuestros.