La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
La revocatoria de la lista del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca continúa generando debate jurídico y político. Luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anulara esa inscripción, el abogado y ex registrador delegado para lo electoral, Nicolás Farfán, le solicitó formalmente a la Registraduría Nacional del Estado Civil que no permita nuevas inscripciones individuales de los partidos que integraban esa coalición.La petición fue dirigida al registrador nacional, Hernán Penagos, y plantea que el tiempo para inscribir listas ya se cerró, por lo que no puede reabrirse, ni siquiera después de que una lista haya sido revocada.Según el documento, permitir nuevas inscripciones rompería las reglas del proceso electoral, afectaría la igualdad entre los candidatos y pondría en riesgo la seguridad jurídica de las elecciones al Congreso de 2026.Uno de los argumentos centrales de Farfán, es que la lista del Pacto Histórico fue el resultado de una consulta interpartidista, mecanismo cuyos resultados son obligatorios según la Constitución. En ese sentido, el solicitante advierte que permitir que los partidos se separen y se inscriban por su cuenta desconocería la decisión de los votantes.Además, sostiene que la ley solo permite modificar una lista ya inscrita por la misma organización política, pero no autoriza la creación de listas nuevas ni la división de una coalición después de vencido el plazo de inscripción.Es por esto que en la solicitud se le pide a la Registraduría que, si se presentan intentos de inscripción derivados de esta revocatoria, los rechace formalmente, retire al Pacto Histórico del tarjetón electoral en el Valle del Cauca y mantenga intacto el calendario electoral y finalmente, solicita que este mismo criterio se aplique en otros departamentos si se presentan situaciones similares.
Empezó a circular en la opinión pública un video que correspondería al día del atentado contra el esquema de seguridad del senador y candidato al Congreso Jairo Castellanos. En la pieza se pueden observar a los hombres atentando de manera indiscriminada contra el vehículo blindado en Fortul AraucaEn el video se alcanzan a contar al menos cinco hombres y sería una pieza clave para la investigación, porque se alcanza a identificar uno de los rostros de uno de los hombres, que se ve con el fusil en la mano, sonriendo, con camisa y gorra negra. También se alcanza a ver de espaldas a otro de los criminales con camisa naranja y un chaleco verde militar con municiones.Estos hechos se registraron el 5 de febrero, mientras este vehículo y otro con tres asesores del senador se desplazaban hasta Yopal (Casanare) a recoger al congresista, que se encontraba, según se ha narrado, en correrías políticas por la zona.Ese mismo día, además estuvieron retenidos los tres asesores de Castellanos, que fueron liberados esa misma tarde. Será trabajo de las autoridades hacer los cotejos para revisar las identidades de los responsables.Cabe recordar que a través de su cuenta de X, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo que este atentado podría haber sido perpetrado por el ELN y ofreció hasta $200 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables.El ministro aseguró que, por instrucciones del presidente Gustavo Petro, se activó de manera inmediata el trabajo articulado de la Policía, las Fuerzas Militares y la Fiscalía.Quienes tengan información pueden denunciar a las líneas contra el crimen y del Gaula 107, 157-147 y 165
El presidente Gustavo Petro pidió la renuncia del gerente de la hidroeléctrica Urrá y arremetió contra el sector energético, al que señaló de ser responsable de las inundaciones que afectan a Córdoba, Sucre, Bolívar y Chocó, en medio de un fenómeno climático inusual.A través de X, el mandatario afirmó que las represas estaban llenas y que las generadoras liberaron agua de forma masiva, lo que habría agravado las emergencias. Petro también cuestionó la gestión del sistema energético y el uso del gas. Incluso insinuó posibles intereses económicos en el mercado eléctrico.El presidente anunció además investigaciones inmediatas y pidió la salida del gerente de Urrá.“He ordenado una investigación inmediata a las superintendencias… El gerente de Urrá mantuvo el 27 % de los días los últimos dos meses a un nivel por encima del permitido. Debe renunciar”, afirmó.En este sentido, el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Felipe Durán Carrón, realizó una visita de inspección a la hidroeléctrica Urrá, en Córdoba, para evaluar la situación por las inundaciones en la cuenca del río Sinú. Durante la visita, la Superservicios solicitó información sobre la operación del embalse, la generación de energía, los volúmenes de vertimiento, los precios y las ofertas en bolsa, así como la activación de los protocolos de gestión del riesgo.“Estamos recopilando información sobre las condiciones operativas de la represa, la generación de energía, los vertimientos realizados y los protocolos del plan de gestión de desastres”, explicó Durán, quien agregó que estas inspecciones también se realizan en otras generadoras para verificar una gestión eficiente de los embalses, garantizar precios adecuados para los usuarios y revisar las medidas de prevención del riesgo en medio de la variabilidad climática.Expertos del gremio energético aseguran que la emergencia responde a un evento hidrológico extraordinario y atípico para la temporada seca, con lluvias intensas en la cuenca alta del río Sinú que multiplicaron el caudal por cinco en menos de 36 horas.Datos técnicos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales indican que el embalse recibió aportes equivalentes a más de 16 gigavatios hora diarios, cerca de 1.200 % por encima del promedio histórico, un comportamiento sin precedentes desde que existen registros en la zona.Según la hidroeléctrica Urrá, el aumento de las descargas y la reducción de la generación fueron maniobras controladas para mitigar el riesgo de inundaciones y no evidencian una pérdida de control del embalse. La compañía también reportó que el nivel del río Sinú, para el sábado 7 de febrero, presentó tendencia a la baja y el embalse se mantuvo estable.El fenómeno afecta no solo a Córdoba, sino a otras regiones del Caribe y del país, lo que refuerza la hipótesis de un evento climático regional.
Un paseo familiar en San Andrés terminó en tragedia cuando una mujer sufrió un grave accidente al bajar de una lancha en la playa de Johnny Cay, uno de los destinos más visitados del archipiélago colombiano. El hecho quedó registrado en video y generó preocupación entre turistas y residentes. Según versiones compartidas en redes sociales, el accidente se produjo cuando la mujer intentaba descender de la embarcación mientras el mar estaba agitado por el fuerte oleaje. En ese momento, perdió el equilibrio y fue lanzada con fuerza al agua, impactando de forma brusca contra la superficie.Testigos que presenciaron el incidente acudieron para auxiliar a la víctima, quien fue trasladada a un centro médico donde permanece bajo atención especializada debido a la gravedad de sus lesiones, que incluirían un trauma en la columna vertebral, según la versión publicada por su hermano en redes socialesEn el mensaje también pidió asistencia e incluso dirigió un mensaje al presidente Gustavo Petro, reclamando respuestas y apoyo frente a la situación. “Señor @petrogustavo, mi hermana necesita ayuda, fractura en espina dorsal. JohnnyCay San Andrés y Prov”, escribió en su cuenta.La publicación también encendió un debate amplio sobre las condiciones en las que se realizan los desembarcos de turistas en Johnny Cay. Usuarios en redes cuestionaron que, a pesar del mal clima y el fuerte oleaje, las operaciones de transporte marítimo continuaron con normalidad. Una testigo publicó imágenes y escribió: “¿Cómo es posible que siendo uno de los mayores atractivos turísticos de San Andrés no exista un control ni un embarcadero adecuado?”. Este tipo de situaciones se presenta en momentos en los que San Andrés enfrenta condiciones climáticas adversas, con un frente frío, lluvias intensas y vientos fuertes que afectan la región insular. Autoridades locales han impuesto restricciones parciales en algunas playas y en el tránsito marítimo, aunque según personas en redes las actividades turísticas seguirían sin mayores controles visibles.Hasta este momento, no hay información oficial sobre investigaciones abiertas por parte de autoridades de turismo o entes reguladores.
Con el cierre de las celebraciones de fin de año, médicos y servicios de urgencias en Colombia han empezado a notar un aumento en las consultas relacionadas con problemas cardiovasculares. Detrás de muchos de estos casos está la hipertensión arterial, una condición que avanza sin causar síntomas evidentes y que, por esa razón, suele detectarse cuando ya ha generado consecuencias graves como infartos o accidentes cerebrovasculares.El doctor Ramiro Cubillos, gerente médico de Laboratorios La Santé, explica que esta patología es considerada una de las más peligrosas precisamente porque “no duele, no avisa y no se siente”. Según el especialista, muchos pacientes llegan tarde al diagnóstico porque confunden la ausencia de molestias con buena salud.Las fiestas y sus efectos en la presión arterialDurante las vacaciones, es común relajar hábitos: se incrementa el consumo de sal, alcohol y comidas ultraprocesadas, mientras disminuye la actividad física. Estas conductas, aunque parezcan inofensivas por unos días, pueden disparar las cifras de tensión arterial y provocar descompensaciones que aparecen justo al iniciar el año.Algunos de los síntomas tempranos que pueden alertar sobre un problema son dolores de cabeza frecuentes, mareos, sangrados nasales, zumbidos en los oídos o palpitaciones. Sin embargo, los médicos insisten en que muchas personas no presentan ninguna señal clara antes de sufrir complicaciones mayores.De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte en la región, y la hipertensión está presente en más del 50 % de esos casos. En Colombia, más de cinco millones de personas fueron diagnosticadas en 2024, pero se estima que una cifra similar desconoce que padece esta condición.Los adultos mayores de 65 años, pacientes con diabetes, enfermedad renal o múltiples tratamientos farmacológicos están entre los grupos más vulnerables. Además, factores como el calor extremo, la deshidratación y el alcohol pueden desencadenar caídas abruptas de presión o mareos severos.Recomendaciones clave para proteger el corazón en 2026Especialistas en salud recomiendan retomar rutinas saludables cuanto antes y no bajar la guardia frente a esta enfermedad silenciosa. Entre las principales medidas están:Programar un control médico temprano para evaluar presión arterial y ajustar hábitos.No suspender medicamentos aunque el paciente se sienta bien, sin indicación médica.Medirse la presión a diario y llevar un registro para el seguimiento clínico.Reducir el consumo de sal, alcohol y alimentos ultraprocesados.Mantener actividad física regular e hidratación adecuada.“La hipertensión no se cura, se controla”, enfatiza Cubillos. Por eso, una medición sencilla y oportuna puede marcar la diferencia entre una vida saludable y una complicación irreversible. En este inicio de año, los expertos insisten: escuchar al cuerpo y acudir a chequeos preventivos puede salvar vidas.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón La Popa, aceptó su responsabilidad ante la JEP por falsos positivos, cometidos entre 2004 y 2005 en Valledupar.La decisión se produjo luego de la imputación formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que documentó 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 casos de tortura.Durante la diligencia, Figueroa reconoció su responsabilidad por omisión, al admitir que no identificó ni detuvo a tiempo las acciones criminales cometidas por sus subalternos.“Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados”.Según la acusación de la UIA, los hechos respondieron a tres modalidades. La primera se caracterizó por asesinatos y desapariciones de personas que luego eran presentadas como supuestos resultados operacionales.La segunda modalidad correspondió a homicidios de civiles que algunos integrantes de los pelotones identificaban de manera arbitraria como “objetivos militares ilícitos”, para hacerlos pasar como miembros de grupos armados ilegales.La tercera estuvo marcada por el asesinato de combatientes que ya habían depuesto las armas o que se encontraban heridos tras enfrentamientos legítimos con tropas del batallón.En su declaración, Figueroa sostuvo que durante su mando no identificó el riesgo específico de los falsos positivos y aseguró que esto solo fue reconocido de manera general en la Fuerza Pública a partir de 2007, cuando estallaron los escándalos a nivel nacional.“Ese riesgo operacional no fue contemplado bajo mi mando porque los riesgos operacionales que para esa época se tenían eran el robo de armamento, robo de municiones, robo de equipo militar, infiltrados, penetrados, las nóminas paralelas, tráfico de información, miembros que posiblemente podían estar en concierto para delinquir con organizaciones armadas al margen de la ley”, afirmó.Con la aceptación de responsabilidad, el proceso ya no continuará por la vía del juicio adversarial. Ahora, la JEP aplicará la ruta de reconocimiento tardío, que contempla la realización de una audiencia restaurativa. Esta diligencia fue programada para el 24 de marzo a las 9:00 de la mañana, espacio en el que se abordarán las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas.Posteriormente, el tribunal deberá imponer una sanción alternativa, que implica entre 5 y 8 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que los 11 militares que reconocieron su responsabilidad por falsos positivos ocurridos entre 2007 y 2008 en Norte de Santander, cumplen las condiciones para recibir una sanción restaurativa.Según las investigaciones de la JEP, durante este periodo en el Catatumbo, hubo al menos 120 casos de falsos positivos, además de un intento de homicidio.Sin embargo, al analizar los hechos, el tribunal decidió imputar nuevos delitos a varios de los comparecientes. En ese sentido, 8 de los 11 militares serán sentenciados por el crimen de esclavitud.“La sección determinó que al menos 29 personas fueron víctimas del crimen de esclavitud en el marco de la segunda modalidad del patrón macrocriminal, al comprobarse el ejercicio de atributos propios del derecho de propiedad sobre ellas. En particular, este crimen se cometió a partir de la colaboración de organizaciones criminales y terceros reclutadores, quienes, en articulación con integrantes de unidades militares y a cambio de una remuneración económica, conseguían civiles indefensos y los entregaban a los militares para hacerlos pasar por supuestas bajas en combate”, explicó la JEP.¿Quiénes son los imputados?Los militares imputados por este delito, en calidad de coautores, son Rubén Darío Castro Gómez, Gabriel de Jesús Rincón Amado, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, Álvaro Diego Tamayo Hoyos, Juan Carlos Chaparro Chaparro, Sandro Mauricio Pérez Contreras y Alexander Carretero Díaz.Además, la JEP imputó el delito de esclavitud por omisión a Paulino Coronado Gámez, general (r) del Ejército y comandante de la Brigada 30 ubicada en Cúcuta para la época de los hechos. La JEP consideró que, desde su posición de mando, permitió que estas conductas ocurrieran sin adoptar medidas para impedirlas.Adicionalmente, los militares Santiago Herrera Fajardo, Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro Chaparro y Sandro Mauricio Pérez Contreras fueron imputados por el crimen de guerra de tortura, en relación con hechos asociados a tres víctimas.“Para adoptar esta decisión, la sección tuvo en cuenta los relatos entregados por las víctimas y sus familiares en el proceso judicial”, aseguró la JEP.El proceso continuará con la audiencia pública de verificación, en la que se confirmará si los militares cumplen con sus compromisos de verdad y reparación. Superada esta etapa, la JEP emitirá la sentencia que definirá de manera definitiva su situación jurídica.
En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo cuestionó el manejo que desde el Gobierno se le ha dado a la crisis del sistema de salud y pidió reconocer la magnitud de las afectaciones que hoy enfrentan millones de usuarios, especialmente los afiliados a la Nueva EPS.“Pedimos a @MinSaludCol mejorar los canales de comunicación y, especialmente, dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del Gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas. La falta de empatía con la angustia de quienes están al frente de la atención y deben lidiar diariamente con el sufrimiento de las personas es inadmisible y preocupante. Deja el mensaje de que las autoridades no harán nada para resolverlo. Sin embargo, hacerlo es su deber”.La Defensoría aseguró que, ante la creciente vulneración del derecho a la salud, ha participado en lo que va del año en múltiples mesas interinstitucionales con EPS, hospitales, gestores farmacéuticos, usuarios y pacientes.Estos espacios, según explicaron, han buscado garantizar la atención de casos prioritarios y críticos, avanzar en la entrega pendiente de medicamentos y avanzar en compromisos relacionados con la estabilización de pagos y la conformación de redes de prestación de servicios suficientes y operativas.No obstante, el organismo advirtió que el panorama es crítico para los afiliados de la Nueva EPS, “entidad que enfrenta una situación financiera muy delicada”. Para la Defensoría, esta medida no solo profundiza la crisis de la EPS, sino que termina afectando directamente a hospitales, clínicas y dispensarios, que enfrentan dificultades para sostener la atención y la operación diaria.Aunque la problemática se extiende a todo el país, la Defensoría alertó de manera particular sobre la situación en Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia y Tolima, donde las afectaciones al derecho a la salud se estarían profundizando.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Hector Fabio Henao, alertó sobre las afectaciones humanitarias que enfrentan comunidades rurales del Guaviare tras los enfrentamientos por la disputa territorial entre disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ registrados en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, en Guaviare.Según Monseñor, la violencia ha generado un clima de temor que limita la movilidad de la población y agrava la situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen sin acceso a la educación.“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores, y en el segundo semestre no hubo clases. Claro, hubo la propuesta de suplantar esto con actividades virtuales, pero muchos niños en sus casas no tienen acceso”, afirmó el delegado.A esta problemática se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha podido funcionar debido a las restricciones de seguridad.Monseñor, señaló además que una parte de la población rural evita desplazarse: “Hay una franja de población que no se atreve a salir de las veredas, porque tiene temor de pasar por ciertos registros o retenes que se establezcan, y tiene que dar muchas explicaciones, pero, en general, ha quedado una zozobra muy grande”, afirmó.El representante señaló que existía una alta expectativa entre los padres de familia por el posible retorno de las clases, pero “estas circunstancias que se están viviendo en el momento presente, como dijo, dan mucha incertidumbre, no hay una definitiva todavía”.Indicó que, aunque aún no hay decisiones definitivas, es necesario que “desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades más territoriales en el municipio del Retorno, se acerquen a la situación y miren cómo serían las alternativas”.Finalmente, Monseñor Henao hizo un llamado a enfocarse “en una población particularmente vulnerable”.
La reciente fractura de las disidencias de 'Iván Mordisco' de las Farc, pone de nuevo en el 'ojo del huracán' los procesos de paz en el país. En diálogo con Mañanas Blu, Camilo González Pozo, negociador del Gobierno, entregó detalles sobre las implicaciones que tiene para el proceso la decisión del grupo insurgente de no continuar con los acercamientos. En los últimos meses, se ha evidenciado una división dentro de las disidencias de las Farc, una facción que surgió tras la firma del acuerdo de paz en 2016. El bloque del Cauca, liderado por 'Iván Mordisco' y aliados de este, han decidido no ratificar los compromisos de la mesa de negociación, lo que ha llevado a la suspensión de las conversaciones con ellos. De acuerdo con Posso, esta fractura representa un desafío para el proceso de paz, ya que los disidentes restantes en la mesa de diálogo representan aproximadamente el 40 al 45% de los integrantes totales de estas organizaciones. Aunque las conversaciones continúan con otros bloques, como el del Oriente, el futuro de los acuerdos de paz es incierto, por el momento. De acuerdo con González Posso, una de las razones principales de esta fractura es la falta de voluntad de los disidentes de avanzar hacia un acuerdo de paz y de permitir la presencia institucional en los territorios."Ellos no aceptan que se desarrolle una suspensión del cese al fuego en el Cauca.No tienen una determinación seria de avanzar en un proceso de paz", dijo en medio de la conversación. Además, la dinámica de confrontación y violencia contra las comunidades ha sido un factor determinante en la ruptura. En ese sentido, contó que considera difícil que se puedan llegara a acercamientos de paz con ellos en este momento, dadas las circunstancias y la falta de voluntad de buscar acuerdos. En cuanto al narcotráfico, que resulta un punto importante en medio de las conversaciones y el conflicto armado en Colombia, Posso enfatizó que si bien es un factor de violencia en Colombia, no es el único responsable de la guerra.Escuche aquí la entrevista completa:
La delegación del Gobierno en la mesa de conversaciones con el ELN viajó el miércoles a Caracas, Venezuela, para el inicio del séptimo ciclo de negociaciones, que se esperaba que arrancara el próximo viernes 12 de abril.Sin embargo, este jueves la delegación de diálogos del ELN publicó un comunicado en el que informa que el ciclo de conversaciones previsto para este mes se suspende, esto, por cuenta de los diálogos regionales propuestos en Nariño que ha rechazado el ELN en varias oportunidades, pero frente a los cuales el presidente expresó su apoyo en su paso por Samaniego esta semana“Durante el mes de marzo las decisiones del gobierno prosiguieron con el doble manejo del proceso de paz con el ELN, en el que asiste a esta mesa de diálogos, mientras por debajo de ella promueve la desmovilización en Nariño, conducta contraria al juego limpio y la buena fe que deben caracterizar las conversaciones de paz, con lo que ha llevado esta mesa a un estado de congelamiento”, se lee en el comunicado.Así las cosas, la delegación de diálogos del ELN llegó ayer a Caracas, para asistir a una reunión extraordinaria con los delegados del Gobierno nacional, con el propósito de escucharlos y aclarar lo que sigue.Cabe recordar que el equipo del Gobierno está encabezado por la jefa de delegación Vera Grabe, el senador Iván Cepeda, monseñor Héctor Fabio Henao, entre otros integrantes.
La Sala de Reconocimiento de la JEP llamó a rendir versión a Salvatore Mancuso, el exjefe paramilitar que deberá entregar información sobre las masacres de La Granja, ocurrida en 1996 en Antioquia, y por la masacre de El Aro, ocurrida en 1997 en Ituango."La Sala de Reconocimiento de la JEP comunicará esta decisión a las víctimas acreditadas en el Caso 08 que deseen participar a través de sus representantes judiciales. La fecha de esta diligencia se dará a conocer en las próximas semanas", explicó la JEP.Esta es la primera versión a la que deberá asistir Mancuso desde que fue aceptado por la JEP y se da en el marco de las investigaciones del caso 08, que indaga por las alianzas entre la fuerza pública y el paramilitarismo durante el conflicto armado.Mancuso fue admitido en la JEP después de varias versiones de una audiencia única de verdad, según los magistrados, hizo un aporte a la verdad que es relevante para las diferentes investigaciones de la jurisdicción.Es importante recordar que ante la JEP, el exjefe paramilitar señaló al expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta responsabilidad en el homicidio de Jesús María Valle y en la masacre del Aro."Mancuso también deberá brindar información sobre la consolidación de las ‘Convivir’ y detallar cómo a través de estos grupos de vigilancia privados se habrían ejecutado graves violaciones de derechos humanos contra integrantes de movimientos sociales. La sala trasladará a Mancuso Gómez informes de organizaciones de víctimas, sentencias de Justicia y Paz, así como de la justicia ordinaria, que contienen pruebas y testimonios sobre cómo se habrían dado estos hechos y los ocurridos en La Granja y El Aro" explica la JEP.
Este martes, 9 de abril de 2024, murió alias 'Alexa', cabecilla de las disidencias de las Farc en Casanare, en medio de los fuertes combates que se vienen presentando desde de este lunes entre las Fuerzas Militares y las disidencias de 'Iván Mordisco' en zona rural del municipio de Sácama.La cabecilla, sería la pareja sentimental de 'Antonio Medina', quien también pertenecería a las filas de las disidencias de 'Iván Mordisco' que delinquen en Arauca. Él fue expulsado en 2016 por la JEP tras incumplir con los acuerdos pactados en ese año.A través de un comunicado, las disidencias de las Farc confirmaron la muerte de la cabecilla y expresaron que seguirán los ataques contra la fuerza pública: “Pero no nos dejan más opción que las armas para luchar por la liberación de Colombia”, indicó el texto y mencionaron que un hombre perteneciente a la estructura se encuentra desaparecido.Cabe recordar lo dicho por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, que aseguró que las Fuerzas Militares deben estar preparadas y en alerta para contrarrestar los ataques por parte de las disidencias de las Farc.
El alto comisionado de Paz Otty Patiño, entregó detalles en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga sobre la situación actual de las negociaciones de paz en Colombia. Durante la entrevista, Patiño habló sobre los desafíos y retos que se están enfrentando en las conversaciones con el ELN y el Estado Mayor Central de las Farc. En relación a las negociaciones con el ELN, el comisionado explicó que actualmente se encuentran en un punto de congelamiento debido a una crisis interna dentro del grupo guerrillero. Sin embargo, destacó que se espera que una próxima reunión extraordinaria pueda ayudar a avanzar en el proceso y resolver las diferencias. Por otro lado, Patiño mencionó que también se está negociando con el Estado Mayor Central de las Farc, liderado por 'Iván Mordisco'. Sin embargo, señaló que existe fragmentación dentro de este grupo y que se está trabajando para lograr acuerdos con las partes más dispuestas a la paz. "Descongelar este proceso puede ser bueno en el sentido que se pueda avanzar a una discusión sobre el fin del conflicto", dijo sobre los diálogos de paz con el ELN.En cuanto al tema de justicia, el Comisionado destacó la importancia de buscar una solución satisfactoria para todas las partes involucradas. Afirmó que se está trabajando en diversas instancias de justicia, incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), para lograr una paz duradera y justa. En relación a la implementación del acuerdo de paz de 2016, Patiño reconoció que ha habido dificultades y que se requiere un esfuerzo conjunto para asegurar su cumplimiento. Destacó la importancia de articular los acuerdos de 2016 con las nuevas realidades y grupos armados presentes en el país. ELN pide al Gobierno una "reunión extraordinaria" por "crítico estado" del proceso de pazLa guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) pidió al Gobierno una "reunión extraordinaria" en Caracas a partir del 12 de este mes por el "crítico estado" del proceso de paz que, en opinión de ese grupo armado, está sumido en un "congelamiento".Así se desprende de la misiva publicada este lunes, en la que el ELN manifestó que "en vista del congelamiento en que ha sumido este proceso la doble política de paz del Gobierno", no encuentran "condiciones suficientes para realizar los acostumbrados ciclos de conversaciones" de paz."Para examinar el quehacer inmediato de esta mesa de diálogos de paz, le proponemos al Gobierno realizar una reunión extraordinaria en Caracas a partir del 12 de abril", dijo la guerrilla en la carta enviada a la jefa negociadora de paz del Gobierno, Vera Grabe, fechada 6 de este mes.La guerrilla, que señaló estar lista para enviar sus delegados a Caracas el próximo 11 de abril desde la frontera, propuso que a este encuentro asistan representantes de los países garantes y acompañantes permanentes para que "ejerzan su función de ayuda a las dos partes".Escuche aquí la entrevista:
Ariel Ávila, senador por el Partido Alianza Verde, habló en Sala de Prensa Blu, con Juan Roberto Vargas, sobre el proceso de paz y los atentados que ha tenido el norte del país a lo largo de la semana, esta crisis que se está presentando es una reacción mínima que demuestra que las fuerzas militares están operando, en la última semana las fuerzas militares lanzaron dos operativos militares y esta era una obvia respuesta para hacerle entender al Gobierno nacional que se debe levantar el cese al fuego y levantar la mesa de diálogo“El gobierno está incumpliendo, 30 vehículos entraron al oriente caucano por Belalcázar huyendo del operativo militar, al final el estado se va a tener que dar cuenta que había que lanzar ese operativo militar. La creación de este bloque Isaías Pardo no es parecido a las Farc porque no es una organización piramidal, es un intento de amarrar los bandos”, mencionó.Y agregó, “Es una confesión de que ‘Iván Mordisco’ no tiene el control, no entran a los Llanos porque ya no tienen el control, la paz tiene unos tiempos, y si no es el tiempo hay que levantar la mesa de negociación”, dijo.Además nombró a Otty Patiño alto comisionado del cual aseguró que no entiende los tiempos.“El alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, le dio un norte a la negociación de paz con respecto a la justicia, el Gobierno tiene la obligación de volver a evaluar este proceso de paz, hay un hueco en el modelo de paz, además de una crisis en el modelo de seguridad. El señor Otty Patiño no entiende los tiempos políticos”, afirmó el senador Ávila.