La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
La revocatoria de la lista del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca continúa generando debate jurídico y político. Luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anulara esa inscripción, el abogado y ex registrador delegado para lo electoral, Nicolás Farfán, le solicitó formalmente a la Registraduría Nacional del Estado Civil que no permita nuevas inscripciones individuales de los partidos que integraban esa coalición.La petición fue dirigida al registrador nacional, Hernán Penagos, y plantea que el tiempo para inscribir listas ya se cerró, por lo que no puede reabrirse, ni siquiera después de que una lista haya sido revocada.Según el documento, permitir nuevas inscripciones rompería las reglas del proceso electoral, afectaría la igualdad entre los candidatos y pondría en riesgo la seguridad jurídica de las elecciones al Congreso de 2026.Uno de los argumentos centrales de Farfán, es que la lista del Pacto Histórico fue el resultado de una consulta interpartidista, mecanismo cuyos resultados son obligatorios según la Constitución. En ese sentido, el solicitante advierte que permitir que los partidos se separen y se inscriban por su cuenta desconocería la decisión de los votantes.Además, sostiene que la ley solo permite modificar una lista ya inscrita por la misma organización política, pero no autoriza la creación de listas nuevas ni la división de una coalición después de vencido el plazo de inscripción.Es por esto que en la solicitud se le pide a la Registraduría que, si se presentan intentos de inscripción derivados de esta revocatoria, los rechace formalmente, retire al Pacto Histórico del tarjetón electoral en el Valle del Cauca y mantenga intacto el calendario electoral y finalmente, solicita que este mismo criterio se aplique en otros departamentos si se presentan situaciones similares.
Empezó a circular en la opinión pública un video que correspondería al día del atentado contra el esquema de seguridad del senador y candidato al Congreso Jairo Castellanos. En la pieza se pueden observar a los hombres atentando de manera indiscriminada contra el vehículo blindado en Fortul AraucaEn el video se alcanzan a contar al menos cinco hombres y sería una pieza clave para la investigación, porque se alcanza a identificar uno de los rostros de uno de los hombres, que se ve con el fusil en la mano, sonriendo, con camisa y gorra negra. También se alcanza a ver de espaldas a otro de los criminales con camisa naranja y un chaleco verde militar con municiones.Estos hechos se registraron el 5 de febrero, mientras este vehículo y otro con tres asesores del senador se desplazaban hasta Yopal (Casanare) a recoger al congresista, que se encontraba, según se ha narrado, en correrías políticas por la zona.Ese mismo día, además estuvieron retenidos los tres asesores de Castellanos, que fueron liberados esa misma tarde. Será trabajo de las autoridades hacer los cotejos para revisar las identidades de los responsables.Cabe recordar que a través de su cuenta de X, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo que este atentado podría haber sido perpetrado por el ELN y ofreció hasta $200 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables.El ministro aseguró que, por instrucciones del presidente Gustavo Petro, se activó de manera inmediata el trabajo articulado de la Policía, las Fuerzas Militares y la Fiscalía.Quienes tengan información pueden denunciar a las líneas contra el crimen y del Gaula 107, 157-147 y 165
El presidente Gustavo Petro pidió la renuncia del gerente de la hidroeléctrica Urrá y arremetió contra el sector energético, al que señaló de ser responsable de las inundaciones que afectan a Córdoba, Sucre, Bolívar y Chocó, en medio de un fenómeno climático inusual.A través de X, el mandatario afirmó que las represas estaban llenas y que las generadoras liberaron agua de forma masiva, lo que habría agravado las emergencias. Petro también cuestionó la gestión del sistema energético y el uso del gas. Incluso insinuó posibles intereses económicos en el mercado eléctrico.El presidente anunció además investigaciones inmediatas y pidió la salida del gerente de Urrá.“He ordenado una investigación inmediata a las superintendencias… El gerente de Urrá mantuvo el 27 % de los días los últimos dos meses a un nivel por encima del permitido. Debe renunciar”, afirmó.En este sentido, el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Felipe Durán Carrón, realizó una visita de inspección a la hidroeléctrica Urrá, en Córdoba, para evaluar la situación por las inundaciones en la cuenca del río Sinú. Durante la visita, la Superservicios solicitó información sobre la operación del embalse, la generación de energía, los volúmenes de vertimiento, los precios y las ofertas en bolsa, así como la activación de los protocolos de gestión del riesgo.“Estamos recopilando información sobre las condiciones operativas de la represa, la generación de energía, los vertimientos realizados y los protocolos del plan de gestión de desastres”, explicó Durán, quien agregó que estas inspecciones también se realizan en otras generadoras para verificar una gestión eficiente de los embalses, garantizar precios adecuados para los usuarios y revisar las medidas de prevención del riesgo en medio de la variabilidad climática.Expertos del gremio energético aseguran que la emergencia responde a un evento hidrológico extraordinario y atípico para la temporada seca, con lluvias intensas en la cuenca alta del río Sinú que multiplicaron el caudal por cinco en menos de 36 horas.Datos técnicos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales indican que el embalse recibió aportes equivalentes a más de 16 gigavatios hora diarios, cerca de 1.200 % por encima del promedio histórico, un comportamiento sin precedentes desde que existen registros en la zona.Según la hidroeléctrica Urrá, el aumento de las descargas y la reducción de la generación fueron maniobras controladas para mitigar el riesgo de inundaciones y no evidencian una pérdida de control del embalse. La compañía también reportó que el nivel del río Sinú, para el sábado 7 de febrero, presentó tendencia a la baja y el embalse se mantuvo estable.El fenómeno afecta no solo a Córdoba, sino a otras regiones del Caribe y del país, lo que refuerza la hipótesis de un evento climático regional.
Un paseo familiar en San Andrés terminó en tragedia cuando una mujer sufrió un grave accidente al bajar de una lancha en la playa de Johnny Cay, uno de los destinos más visitados del archipiélago colombiano. El hecho quedó registrado en video y generó preocupación entre turistas y residentes. Según versiones compartidas en redes sociales, el accidente se produjo cuando la mujer intentaba descender de la embarcación mientras el mar estaba agitado por el fuerte oleaje. En ese momento, perdió el equilibrio y fue lanzada con fuerza al agua, impactando de forma brusca contra la superficie.Testigos que presenciaron el incidente acudieron para auxiliar a la víctima, quien fue trasladada a un centro médico donde permanece bajo atención especializada debido a la gravedad de sus lesiones, que incluirían un trauma en la columna vertebral, según la versión publicada por su hermano en redes socialesEn el mensaje también pidió asistencia e incluso dirigió un mensaje al presidente Gustavo Petro, reclamando respuestas y apoyo frente a la situación. “Señor @petrogustavo, mi hermana necesita ayuda, fractura en espina dorsal. JohnnyCay San Andrés y Prov”, escribió en su cuenta.La publicación también encendió un debate amplio sobre las condiciones en las que se realizan los desembarcos de turistas en Johnny Cay. Usuarios en redes cuestionaron que, a pesar del mal clima y el fuerte oleaje, las operaciones de transporte marítimo continuaron con normalidad. Una testigo publicó imágenes y escribió: “¿Cómo es posible que siendo uno de los mayores atractivos turísticos de San Andrés no exista un control ni un embarcadero adecuado?”. Este tipo de situaciones se presenta en momentos en los que San Andrés enfrenta condiciones climáticas adversas, con un frente frío, lluvias intensas y vientos fuertes que afectan la región insular. Autoridades locales han impuesto restricciones parciales en algunas playas y en el tránsito marítimo, aunque según personas en redes las actividades turísticas seguirían sin mayores controles visibles.Hasta este momento, no hay información oficial sobre investigaciones abiertas por parte de autoridades de turismo o entes reguladores.
Con el cierre de las celebraciones de fin de año, médicos y servicios de urgencias en Colombia han empezado a notar un aumento en las consultas relacionadas con problemas cardiovasculares. Detrás de muchos de estos casos está la hipertensión arterial, una condición que avanza sin causar síntomas evidentes y que, por esa razón, suele detectarse cuando ya ha generado consecuencias graves como infartos o accidentes cerebrovasculares.El doctor Ramiro Cubillos, gerente médico de Laboratorios La Santé, explica que esta patología es considerada una de las más peligrosas precisamente porque “no duele, no avisa y no se siente”. Según el especialista, muchos pacientes llegan tarde al diagnóstico porque confunden la ausencia de molestias con buena salud.Las fiestas y sus efectos en la presión arterialDurante las vacaciones, es común relajar hábitos: se incrementa el consumo de sal, alcohol y comidas ultraprocesadas, mientras disminuye la actividad física. Estas conductas, aunque parezcan inofensivas por unos días, pueden disparar las cifras de tensión arterial y provocar descompensaciones que aparecen justo al iniciar el año.Algunos de los síntomas tempranos que pueden alertar sobre un problema son dolores de cabeza frecuentes, mareos, sangrados nasales, zumbidos en los oídos o palpitaciones. Sin embargo, los médicos insisten en que muchas personas no presentan ninguna señal clara antes de sufrir complicaciones mayores.De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte en la región, y la hipertensión está presente en más del 50 % de esos casos. En Colombia, más de cinco millones de personas fueron diagnosticadas en 2024, pero se estima que una cifra similar desconoce que padece esta condición.Los adultos mayores de 65 años, pacientes con diabetes, enfermedad renal o múltiples tratamientos farmacológicos están entre los grupos más vulnerables. Además, factores como el calor extremo, la deshidratación y el alcohol pueden desencadenar caídas abruptas de presión o mareos severos.Recomendaciones clave para proteger el corazón en 2026Especialistas en salud recomiendan retomar rutinas saludables cuanto antes y no bajar la guardia frente a esta enfermedad silenciosa. Entre las principales medidas están:Programar un control médico temprano para evaluar presión arterial y ajustar hábitos.No suspender medicamentos aunque el paciente se sienta bien, sin indicación médica.Medirse la presión a diario y llevar un registro para el seguimiento clínico.Reducir el consumo de sal, alcohol y alimentos ultraprocesados.Mantener actividad física regular e hidratación adecuada.“La hipertensión no se cura, se controla”, enfatiza Cubillos. Por eso, una medición sencilla y oportuna puede marcar la diferencia entre una vida saludable y una complicación irreversible. En este inicio de año, los expertos insisten: escuchar al cuerpo y acudir a chequeos preventivos puede salvar vidas.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón La Popa, aceptó su responsabilidad ante la JEP por falsos positivos, cometidos entre 2004 y 2005 en Valledupar.La decisión se produjo luego de la imputación formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que documentó 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 casos de tortura.Durante la diligencia, Figueroa reconoció su responsabilidad por omisión, al admitir que no identificó ni detuvo a tiempo las acciones criminales cometidas por sus subalternos.“Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados”.Según la acusación de la UIA, los hechos respondieron a tres modalidades. La primera se caracterizó por asesinatos y desapariciones de personas que luego eran presentadas como supuestos resultados operacionales.La segunda modalidad correspondió a homicidios de civiles que algunos integrantes de los pelotones identificaban de manera arbitraria como “objetivos militares ilícitos”, para hacerlos pasar como miembros de grupos armados ilegales.La tercera estuvo marcada por el asesinato de combatientes que ya habían depuesto las armas o que se encontraban heridos tras enfrentamientos legítimos con tropas del batallón.En su declaración, Figueroa sostuvo que durante su mando no identificó el riesgo específico de los falsos positivos y aseguró que esto solo fue reconocido de manera general en la Fuerza Pública a partir de 2007, cuando estallaron los escándalos a nivel nacional.“Ese riesgo operacional no fue contemplado bajo mi mando porque los riesgos operacionales que para esa época se tenían eran el robo de armamento, robo de municiones, robo de equipo militar, infiltrados, penetrados, las nóminas paralelas, tráfico de información, miembros que posiblemente podían estar en concierto para delinquir con organizaciones armadas al margen de la ley”, afirmó.Con la aceptación de responsabilidad, el proceso ya no continuará por la vía del juicio adversarial. Ahora, la JEP aplicará la ruta de reconocimiento tardío, que contempla la realización de una audiencia restaurativa. Esta diligencia fue programada para el 24 de marzo a las 9:00 de la mañana, espacio en el que se abordarán las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas.Posteriormente, el tribunal deberá imponer una sanción alternativa, que implica entre 5 y 8 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que los 11 militares que reconocieron su responsabilidad por falsos positivos ocurridos entre 2007 y 2008 en Norte de Santander, cumplen las condiciones para recibir una sanción restaurativa.Según las investigaciones de la JEP, durante este periodo en el Catatumbo, hubo al menos 120 casos de falsos positivos, además de un intento de homicidio.Sin embargo, al analizar los hechos, el tribunal decidió imputar nuevos delitos a varios de los comparecientes. En ese sentido, 8 de los 11 militares serán sentenciados por el crimen de esclavitud.“La sección determinó que al menos 29 personas fueron víctimas del crimen de esclavitud en el marco de la segunda modalidad del patrón macrocriminal, al comprobarse el ejercicio de atributos propios del derecho de propiedad sobre ellas. En particular, este crimen se cometió a partir de la colaboración de organizaciones criminales y terceros reclutadores, quienes, en articulación con integrantes de unidades militares y a cambio de una remuneración económica, conseguían civiles indefensos y los entregaban a los militares para hacerlos pasar por supuestas bajas en combate”, explicó la JEP.¿Quiénes son los imputados?Los militares imputados por este delito, en calidad de coautores, son Rubén Darío Castro Gómez, Gabriel de Jesús Rincón Amado, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, Álvaro Diego Tamayo Hoyos, Juan Carlos Chaparro Chaparro, Sandro Mauricio Pérez Contreras y Alexander Carretero Díaz.Además, la JEP imputó el delito de esclavitud por omisión a Paulino Coronado Gámez, general (r) del Ejército y comandante de la Brigada 30 ubicada en Cúcuta para la época de los hechos. La JEP consideró que, desde su posición de mando, permitió que estas conductas ocurrieran sin adoptar medidas para impedirlas.Adicionalmente, los militares Santiago Herrera Fajardo, Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro Chaparro y Sandro Mauricio Pérez Contreras fueron imputados por el crimen de guerra de tortura, en relación con hechos asociados a tres víctimas.“Para adoptar esta decisión, la sección tuvo en cuenta los relatos entregados por las víctimas y sus familiares en el proceso judicial”, aseguró la JEP.El proceso continuará con la audiencia pública de verificación, en la que se confirmará si los militares cumplen con sus compromisos de verdad y reparación. Superada esta etapa, la JEP emitirá la sentencia que definirá de manera definitiva su situación jurídica.
En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo cuestionó el manejo que desde el Gobierno se le ha dado a la crisis del sistema de salud y pidió reconocer la magnitud de las afectaciones que hoy enfrentan millones de usuarios, especialmente los afiliados a la Nueva EPS.“Pedimos a @MinSaludCol mejorar los canales de comunicación y, especialmente, dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del Gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas. La falta de empatía con la angustia de quienes están al frente de la atención y deben lidiar diariamente con el sufrimiento de las personas es inadmisible y preocupante. Deja el mensaje de que las autoridades no harán nada para resolverlo. Sin embargo, hacerlo es su deber”.La Defensoría aseguró que, ante la creciente vulneración del derecho a la salud, ha participado en lo que va del año en múltiples mesas interinstitucionales con EPS, hospitales, gestores farmacéuticos, usuarios y pacientes.Estos espacios, según explicaron, han buscado garantizar la atención de casos prioritarios y críticos, avanzar en la entrega pendiente de medicamentos y avanzar en compromisos relacionados con la estabilización de pagos y la conformación de redes de prestación de servicios suficientes y operativas.No obstante, el organismo advirtió que el panorama es crítico para los afiliados de la Nueva EPS, “entidad que enfrenta una situación financiera muy delicada”. Para la Defensoría, esta medida no solo profundiza la crisis de la EPS, sino que termina afectando directamente a hospitales, clínicas y dispensarios, que enfrentan dificultades para sostener la atención y la operación diaria.Aunque la problemática se extiende a todo el país, la Defensoría alertó de manera particular sobre la situación en Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia y Tolima, donde las afectaciones al derecho a la salud se estarían profundizando.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Hector Fabio Henao, alertó sobre las afectaciones humanitarias que enfrentan comunidades rurales del Guaviare tras los enfrentamientos por la disputa territorial entre disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ registrados en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, en Guaviare.Según Monseñor, la violencia ha generado un clima de temor que limita la movilidad de la población y agrava la situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen sin acceso a la educación.“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores, y en el segundo semestre no hubo clases. Claro, hubo la propuesta de suplantar esto con actividades virtuales, pero muchos niños en sus casas no tienen acceso”, afirmó el delegado.A esta problemática se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha podido funcionar debido a las restricciones de seguridad.Monseñor, señaló además que una parte de la población rural evita desplazarse: “Hay una franja de población que no se atreve a salir de las veredas, porque tiene temor de pasar por ciertos registros o retenes que se establezcan, y tiene que dar muchas explicaciones, pero, en general, ha quedado una zozobra muy grande”, afirmó.El representante señaló que existía una alta expectativa entre los padres de familia por el posible retorno de las clases, pero “estas circunstancias que se están viviendo en el momento presente, como dijo, dan mucha incertidumbre, no hay una definitiva todavía”.Indicó que, aunque aún no hay decisiones definitivas, es necesario que “desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades más territoriales en el municipio del Retorno, se acerquen a la situación y miren cómo serían las alternativas”.Finalmente, Monseñor Henao hizo un llamado a enfocarse “en una población particularmente vulnerable”.
El pasado 20 de febrero inició una crisis en el proceso de paz entre el Gobierno nacional y la guerrilla del ELN, pues desde el Comando Central del grupo aseguraron que las Fuerzas Militares están “adelantando acciones violatorias a lo pactado en la mesa de conversaciones”."Sin ser de nuestra responsabilidad lo acontecido, los diálogos entre el ELN y el Gobierno nacional entrarían en una fase de congelamiento mientras el Gobierno se disponga a cumplir lo acordado", manifestó el Comando Central (COCE) del ELN en un comunicado.Ante esta situación, se realizó una reunión en La Habana, Cuba, entre las dos delegaciones, a solicitud de los países garantes y acompañantes permanentes. Tras el encuentro, el Gobierno y el ELN anunciaron que continuarán con las actividades de la mesa de conversaciones."Continuaremos con las actividades previstas en los acuerdos. Realizaremos una evaluación de las gestiones y compromisos durante el séptimo ciclo que se adelantará en la República Bolivariana de Venezuela entre el 8 y el 22 de abril de 2024. Por su parte, la delegación de diálogos del ELN cumplirá las consultas internas a la que fue convocada", señala el comunicado conjunto.Las delegaciones también asumieron otros compromisos con el objetivo de evitar que estas situaciones se vuelvan a presentar."Analizamos los avances en los acuerdos y los problemas que enfrenta la mesa de diálogos para la paz, frente a los cuales cada parte ha adquirido compromisos para el buen desarrollo del proceso de paz", señalaron las delegaciones en el comunicado.
El Gobierno nacional respondió al anuncio que hizo el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de llevar a una “fase de congelamiento” los diálogos de paz ante un aparente incumplimiento de los acuerdos pactados en Cuba, durante el sexto ciclo de conversaciones.A través de un comunicado, difundido por la delegación de paz, el Gobierno responsabiliza al ELN por las decisiones unilaterales de esa guerrilla, pues estas “generan crisis innecesarias” y debilitan la confianza de los colombianos en la voluntad de paz de esa organización guerrillera.Esta reacción llega justo después de que el Comando Central del ELN llamara a consultas a su delegación por el malestar que generó en el comando central de esa guerrilla la instalación de una mesa en el departamento de Nariño.Según el ELN, el Gobierno está montando un diálogo regional en ese departamento por fuera del proceso nacional y desconociendo la delegación de esa guerrilla por lo que el proceso entra en una nueva crisis. El Comando Central de esa guerrilla salva su responsabilidad atribuyendo las acciones violatorias exclusivamente al Gobierno nacional.En respuesta, la delegación gubernamental sostiene que desde el principio ha definido como una de sus prioridades “desarrollar la paz en los territorios”. Por eso, “respeta y alienta las iniciativas que los mandatarios locales lideran para proteger a la población y realizar transformaciones sociales”.Y agrega que las conductas y las posiciones que asuman los frentes de guerra frente a estas iniciativas no dependen ni son inducidas por el Gobierno nacional como cree la guerrilla que calificó los acercamientos regionales como un “montaje” que lleva a una nueva crisis los diálogos.
El Comando Central del ELN llamó a consultas a la delegación que los representa en las conversaciones con el Gobierno nacional en medio de varios desacuerdos con los recientes anuncios en materia de diálogos regionales.Puntualmente, el malestar de la guerrilla tiene que ver con la instalación de una mesa en el departamento de Nariño, anuncio que el gobernador de ese departamento hizo en Blu Radio.Y aunque esta descentralización es una etapa que vienen pidiendo varios mandatarios donde el ELN hace presencia, para el grupo ilegal va en contra de los acuerdos logrados hasta el momento.“Habiendo pactado un proceso nacional de participación de la sociedad ahora monta un diálogo regional en Nariño por fuera dicho proceso nacional y desconociendo la delegación del ELN y la mesa donde participa la comunidad internacional y garantes como la ONU y la Conferencia Episcopal Colombiana”, detalló el comando central en un comunicado.En esa medida, dice la guerrilla, el proceso de conversación entra en una nueva crisis, pues de su parte no avanzarán hasta tener contacto con la delegación y esperar una respuesta del Gobierno.Esta decisión del ELN podría afectar los procesos de liberación de secuestrados que ya había iniciado esta misma semana o agravar la situación humanitaria que vive departamentos como el Chocó por cuenta de la confrontación con otros grupos ilegales.Comunicado del ELN:Comunicado de la delegación de paz del GobiernoEn un comunicado posterior, la delegación de paz del Gobierno Nacional con el ELN lamentó la decisión de esa guerrilla de congelar los diálogos.En armas desde 1964, el ELN tiene un pie de fuerza de unos 5.800 combatientes y una amplia red de colaboradores, según inteligencia militar.Aunque cuenta con un mando central, sus frentes son autónomos en el campo militar, lo que según expertos dificulta las negociaciones.Petro apuesta por una salida final dialogada a seis décadas de conflicto armado y violencia, luego del histórico acuerdo de paz de 2016 que desarmó el grueso de las Farc.Inspirado en la revolución cubana y la Teología de la Liberación, el ELN ha sostenido negociaciones de paz con cinco gobiernos diferentes, sin llegar nunca a un acuerdo definitivo.Las delegaciones del Gbierno y el ELN han sostenido ciclos de diálogos en Venezuela, México y Cuba con no pocos traspiés.La semana pasada la guerrilla suspendió "un paro armado" que obligó a miles de personas afro de una región pobre del Pacífico a confinarse.Entonces, la oficina del Alto Comisionado para la Paz calificó la drástica medida como un acto de "deslealtad" de cara a las negociaciones y una tregua bilateral pactada hasta agosto.Los guerrilleros replicaron diciendo que se trataba de una acción "defensiva" ante los ataques del Clan del Golfo, la mayor banda narco de Colombia, que según el ELN opera "en alianza" con integrantes del ejército.En otras regiones, la organización se enfrenta a disidentes del proceso de paz con las FARC, quienes negocian por aparte con Petro.
En horas de la noche de este 15 de febrero, la Tercera División del Ejército Nacional informó de un ataque armado por parte de disientes de las Farc en zona rural de Buenos Aires, en el noroccidente del departamento del Cauca. "En un nuevo hecho que viola el cese al fuego bilateral, tropas del Comando Específico del Cauca fueron atacadas por integrantes del grupo armado organizado residual, GAO-r, Jaime Martínez en zona rural de Buenos Aires", explicaron.En videos compartidos en redes, se oye cómo en la distancia hay un intercambio de disparos en lo que sería esta tropa del Ejército Nacional con la disidencias de las Farc que hacen presencia en esta zona del departamento del Cauca. El ataque dejó herido un militar y una civil, esta última que se vio afectada por el ataque discriminado que se dio en el Cauca. Ambos fueron trasladados vía aérea de la zona hacia la clínica Valle de Lili en Cali donde reciben atención médica."Este Comando rechaza estos actos terroristas que también afectan a la población civil e instaurará las denuncias respectivas en el marco del cese al fuego establecido y la violación a los derechos humanos y DIH", manifestó el Ejército Nacional.Este fue el comunicado del Ejército:
La exposición “Hay futuro si hay verdad, de la Colombia herida a la posible”, abrió desde este martes sus puertas al público en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, en Bogotá. Al respecto habló en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, la excomisionada de la Verdad Lucía González, quien mencionó que este informe es necesario para comprender el “horror” que vivimos como sociedad y para construir paz.“Esto es un esfuerzo enorme, que extiende ese esfuerzo de la Comisión de la Verdad para hacer comprensible el informe final, para que podamos acercarnos de manera más amable, más precisa y sensible, si se quiere, a los contenidos del informe final que no solamente son vigentes, sino necesarios. Es necesario comprender lo que nos pasó. Es necesario comprender que la guerra no es un asunto de los actores armados solamente, sino que la construimos también cotidianamente en las actitudes, en las maneras como nos relacionamos, en las maneras como definimos al otro y que tenemos que ver con la construcción de la paz”, explicó.González contó que esta exposición resume 11.000 páginas, en la que hicieron un esfuerzo “para que sea lo más comprensible posible” y, por eso, habrá una mediación para grupos especiales y “para quienes quieran venir y pues según los niveles de formación”.“Lo más importante es que podamos sensibilizarnos frente a ese horror en el que hemos construido esta nación y podamos entender que todos, desde el lugar que habitamos, que vivimos (…) Un margen de acción para resolver ese modo en que se va construyendo y anclando el conflicto en Colombia”, recalcó la comisionada.Violencia en ColombiaLucía González señaló que, ahora, el país tiene que avanzar y “no generar más divisiones ni odios”, pues, lamentó, lo más seguro es que si estas conductas de respeto no se implementan, se crearán más conflictos, pero se tienen que poder resolver.“En los factores culturales de la violencia, está muy claro que el racismo, el clasismo, el patriarcado, esa construcción del enemigo interno, nos ha pedido vivir en paz. Entonces, todos los discursos, especialmente los del establecimiento, los del Estado, los de las autoridades, tendrían que ser respetuosos, influyentes, valorativos del lugar de cada uno y no generar más divisiones ni generar más odios porque a más contenciosa que sean las relaciones, a más confrontativa y estigmatizantes, pues con seguridad habrá más conflicto y más difícil va a ser resolver los asuntos que como sociedad tenemos que resolver”, indicó.Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Camilo Zuluaga:
La Defensoría del Pueblo reveló que, debido a los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN, al menos 40 familias se vieron obligadas a desplazarse desde el municipio de Sipí hacia Istmina, en el Chocó, justo en esa zona del país se anunció un paro armado que empezó hace cuatro días y terminará este 14 de febrero."Los núcleos familiares afectados, compuestos por 31 adultos, 28 menores de edad y cuatro madres lactantes, llegaron hasta el territorio de la comunidad Negría, en inmediaciones de municipio de Istmina. El conflicto armado en esa zona de la subregión del San Juan ha derivado en la vulneración de derechos, puesto que los pobladores no pueden ejercer sus actividades diarias, incluidas las laborales, tampoco pueden transportar sus alimentos. Hay restricciones a la movilidad terrestre y fluvial", señaló la Defensoría.Además, desde la entidad advirtieron que la comunidad de Doidó, un territorio adscrito a Istmina, también se está viendo afectada por los enfrentamientos entre estos dos grupos ilegales, por lo que las comunidades se podrían ver también en la obligación de desplazarse."Es prioritario que la institucionalidad gubernamental, incluidas las fuerzas de seguridad del Estado, atienda las recomendaciones formuladas en nuestras dos Alertas Tempranas. No es una situación nueva la que están padeciendo las comunidades de Chambacú y Doidó, razón por la que urge un trabajo armonioso y decidido entre los distintos entes estatales, para que sean puestas en marcha acciones desde una perspectiva de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, porque el propósito es evitar nuevos riesgos para quienes en este momento están siendo víctimas del rigor del conflicto armado”, aseguró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.