La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
La activista iraní y Premio Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi, recibió una nueva condena de seis años de prisión por los cargos de reunión y colusión, y un año y medio adicional por conspiración y propaganda contra el Estado, según informó su abogado, Mostafa Nili, a través de la red social X. La medida incluye una sanción que le prohíbe salir del país durante dos años.La nueva condena se produce tras su arresto más reciente, ocurrido en diciembre de 2025, durante el funeral del abogado de derechos humanos Khosrow Alikordi, aparentemente relacionado con unas declaraciones públicas que dio la activista tras la sospechosa muerte de un abogado y activista iraní de derechos humanos, según informó un miembro de su equipo al medio de comunicación The Guardian.La familia de Mohammadi denunció que, durante ese procedimiento, se registraron episodios de violencia física, amenazas y golpes que llevaron a la activista al hospital, así como la falta de acceso a asesoría legal y condiciones de detención preocupantes. Estos hechos motivaron llamados internacionales a su liberación por parte de organismos como la Unión Europea, el Comité Noruego del Nobel y Amnistía Internacional, así como pronunciamientos de otras figuras reconocidas con el Premio Nobel de la Paz, como la líder opositora venezolana María Corina Machado.Mohammadi ha sido detenida en trece ocasiones, condenada en nueve procesos judiciales y ha pasado más de diez años de su vida en prisión. Su encarcelamiento más reciente fue entre noviembre de 2021 y diciembre de 2024, como parte de sentencias que en conjunto superan los 13 años. Organizaciones de derechos humanos sostienen que estos procesos responden al uso del sistema judicial para castigar la disidencia pacífica.Sobre la nueva condena, la Fundación Narges se pronunció en X y advirtió que dictar sentencias “vengativas” en el marco de juicios injustos constituye una violación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de los pactos internacionales y de la dignidad humana. La organización señaló que la privación de derechos fundamentales, junto con la imposición de condenas severas, representa un ejemplo de tortura y represión selectiva contra defensores de derechos humanos.La fundación alertó, además, que la continua detención ilegal y la presión judicial adicional sobre Mohammadi se producen en un contexto en el que su estado de salud ha alcanzado un nivel alarmante, lo que pone su vida en peligro.La Fundación Narges, que lleva el nombre de la propia Nobel de la Paz, hizo un llamado a las Naciones Unidas, a las instituciones internacionales de derechos humanos, a los gobiernos democráticos y a la comunidad internacional para que adopten medidas urgentes y decisivas que permitan la liberación inmediata de todos los presos políticos en Irán.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Jhon Alexander Mora Mora, señalado de estafar a los ciudadanos mediante falsas ofertas de adjudicación de Viviendas de Interés Social (VIS) en Villavicencio, Meta. Según el ente acusador, el hombre se hacía pasar como líder religioso y como funcionario de entidades gubernamentales, con el propósito de ganarse la confianza de las víctimas y persuadirlas.De acuerdo con la investigación, entre los años 2022 y 2025 el procesado habría convencido, por lo menos, a 34 personas de entregarle diferentes sumas de dinero con el fin de acceder a un supuesto cupo que les garantizaría la adquisición de una casa nueva en proyectos de urbanización que, aparentemente, se abrirían en distintas zonas de la ciudad.La Fiscalía estableció que, a través de este mecanismo, el hombre habría recibido más de $22 millones. Durante la audiencia, el fiscal del caso señaló que el procesado, “mediante la ejecución de maniobras engañosas exigió y recibió dinero en provecho suyo a sus 34 víctimas determinadas, quienes fueron inducidas en error, recibiendo un total de 22 millones 379 mil pesos aproximadamente, actuando dolosamente y sin justa causa”.Por estos hechos, un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Meta presentó al señalado ante un juez penal de control de garantías y le imputó los delitos de estafa agravada en la modalidad de masa y simulación de investidura o cargo. El procesado no aceptó los cargos y fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario.
El Juzgado 14 Penal del Circuito con función de conocimiento de Bucaramanga programó para este 9 de febrero a las 8:30 de la mañana la audiencia de sentido de fallo contra Giovanny Vega Blanco, exentrenador de la Liga Santandereana de Atletismo, procesado por presuntos delitos sexuales contra deportistas.De acuerdo con la citación judicial, Vega Blanco deberá responder por los delitos de acceso carnal violento agravado y acto sexual violento agravado, en concurso homogéneo y sucesivo, cargos relacionados con denuncias presentadas por varias atletas que aseguraron haber sido víctimas cuando eran menores de edad.Durante el proceso, las deportistas señalaron que el entrenador habría aprovechado su posición de autoridad para cometer abusos y mantenerlas bajo amenazas. El caso ya había tenido antecedentes disciplinarios: en 2022 la Federación Colombiana de Atletismo lo sancionó con cinco años de suspensión, tras hallarlo responsable de conductas de violencia sexual, física y de género.Puesto que aprovechaba su posición de autoridad para cometer abusos repetidos, manteniendo a las jóvenes bajo amenazas y manipulación. Las denuncias fueron presentadas por varias atletas, entre ellas Martha Jazmín Guerrero, María Alejandra Salas, Ximena Restrepo y Geraldine Medina, quienes relataron episodios de tocamientos indebidos y violencia durante entrenamientos y competencias nacionales e internacionalesSin embargo, en la justicia penal el trámite ha estado marcado por demoras. Según las víctimas, la audiencia de juicio fue aplazada en repetidas ocasiones, lo que prolongó la espera por una decisión judicial. “Nos han dejado completamente solas y él sigue dilatando los juicios”, expresó una de las denunciantes.Una de las víctimas, tras recibir la citación para la audiencia programada este 9 de febrero, afirmó: “Lo único que pido es que se haga justicia y que el acompañamiento lo brinden la Procuraduría y la Defensoría, como se habían comprometido. A él lo vemos en la calle, en supermercados, como si nada, y supuestamente tiene casa por cárcel, mientras nosotras sí llevamos años de traumas y tratamientos por culpa de él”.La diligencia de este lunes corresponde al sentido de fallo, etapa en la que el juez anuncia si el acusado es condenado o absuelto con base en las pruebas y testimonios presentados durante el juicio. Posteriormente, de ser hallado culpable, se fijará la pena en una audiencia de lectura de sentencia.Las víctimas y sus familias esperan que esta decisión marque un paso definitivo hacia la justicia y la reparación.El caso sigue generando polémica y preocupación en el deporte colombiano, al evidenciar la brecha entre sanciones disciplinarias en federaciones y la efectividad de la justicia penal, así como la vulnerabilidad de las atletas frente a abusos cometidos por entrenadores. Las víctimas y organizaciones defensoras del deporte seguro continúan exigiendo una sentencia judicial que garantice justicia y reparación integral.
La ola invernal continúa generando emergencias en Colombia, con más de 100 municipios afectados y cerca de 43.000 familias damnificadas. Aunque enero y febrero suelen ser meses de baja precipitación, este año el país enfrenta un comportamiento climático inusual, explicado por una combinación de fenómenos atmosféricos, según la directora general del Ideam, Ghisliane Echeverry.En entrevista con Blu Radio, la funcionaria señaló que “históricamente, el mes de enero y febrero son meses de menos lluvias, especialmente para la región Caribe y la región Andina”, pero aclaró que en 2024 se presentó “una alteración de esos patrones climatológicos por incidencia de diferentes fenómenos”. Entre ellos, mencionó condiciones asociadas a La Niña a finales del año pasado, que aunque no se consolidaron oficialmente, sí favorecieron la ocurrencia de lluvias continuas.Lluvias consecutivas y frentes fríosEcheverry explicó que el impacto no se debe a un solo evento, sino a la acumulación de varios. “Hemos tenido lluvia tras lluvia por diferentes fenómenos, pero de manera continua, y eso por supuesto exacerba los efectos”, afirmó. A esto se sumaron dos frentes fríos que generaron los picos más altos de precipitación. “Nuestros registros indican que los primeros seis días de febrero llovió lo que debía llover todo el mes”, precisó, calificando la situación como “bastante inusual”.La directora del Ideam indicó que estos frentes fríos, aunque no llegan directamente a Colombia, sí influyen en los vientos y la nubosidad. “Esa incidencia hace que se aumenten las lluvias en el territorio nacional”, explicó, detallando que se rompieron récords de precipitación en varios municipios del Caribe.Alertas vigentes y respuesta hidrológicaSobre la situación actual, Echeverry confirmó que persisten los efectos del segundo frente frío. “Quedó un coletazo, un rezago que todavía nos está trayendo lluvias”, señaló, advirtiendo sobre posibles picos en el embalse de Urrá y el aumento del caudal del río Sinú. En ese sentido, recordó que “la respuesta hidrológica no es inmediata, hay un rezago entre la lluvia y el aumento del caudal”.Asimismo, el Ideam mantiene alertas meteomarinas. “Seguimos en una alerta naranja para el archipiélago y para la costa Caribe”, indicó, aclarando que estas se actualizan diariamente y que las decisiones operativas corresponden a las autoridades territoriales.Pronóstico para las próximas semanasDe acuerdo con los modelos climáticos, las lluvias continuarán durante la segunda semana de febrero, aunque con menor intensidad. “No estamos esperando unos picos como los de la semana pasada”, afirmó Echeverry. Hacia finales del mes, se prevé una disminución y un retorno a condiciones más típicas de la época, antes de la transición a la primera temporada de lluvias en marzo.Escuche la entrevista completa acá:
El Sinuano Día sigue siendo uno de los chances más tradicionales y consultados de la Costa Caribe colombiana. Su presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico lo ha convertido en una opción confiable para miles de jugadores que revisan sus resultados a diario.Número ganador del Sinuano Día hoyEl número ganador del chance Sinuano Día de este domingo 8 de febrero de 2026 es el 7642 - 1 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.Número ganador: 7642Dos últimas cifras: 42Tres últimas cifras: 642La quinta: 1Últimos sorteos de Sinuano DíaSorteoFechaResultadoSinuano Día7 de febrero 20265852 - 5Sinuano Día6 de febrero 20268866 - 0Sinuano Día5 de febrero 20262996 - 6Sinuano Día4 de febrero 20264195 - 6Sinuano Día3 de febrero 20269230 - 0Sinuano Día2 de febrero 20267063 - 6Sinuano Día1 de febrero 20260905 - 5Sinuano Día31 enero 20260297 - 9Sinuano Día30 enero 20263548 - 6Sinuano Día29 enero 20268047 - 6¿A qué hora juega el Sinuano Día?El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días, y los resultados oficiales se publican después de las 2:30 p. m. La puntualidad en la difusión ha fortalecido la confianza de los jugadores en este reconocido chance del Caribe colombiano.Modalidades de apuesta del Sinuano DíaEste juego ofrece varias formas de participar, adaptadas a distintos presupuestos y estilos de apuesta:4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.3 cifras combinado: acertar las tres cifras sin importar el orden.2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.Esta variedad convierte al Sinuano Día en una alternativa versátil tanto para jugadores ocasionales como para apostadores frecuentes.¿Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día?Las apuestas están disponibles desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación de personas con diferentes presupuestos y explica su amplia popularidad en varias regiones del país.¿Qué se necesita para reclamar un premio del Sinuano Día?Para cobrar un premio, el ganador debe presentar:Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.Documento de identidad original.Fotocopia legible del documento de identidad.Según el valor del premio en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden solicitarse requisitos adicionales:Menores a 48 UVT: documentos básicos.Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (expedida en los últimos 30 días). En estos casos, el pago se realiza por transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.Con este proceso, el Sinuano Día garantiza pagos seguros y transparentes, reafirmando su posición como uno de los chances más importantes del Caribe colombiano.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón La Popa, aceptó su responsabilidad ante la JEP por falsos positivos, cometidos entre 2004 y 2005 en Valledupar.La decisión se produjo luego de la imputación formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que documentó 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 casos de tortura.Durante la diligencia, Figueroa reconoció su responsabilidad por omisión, al admitir que no identificó ni detuvo a tiempo las acciones criminales cometidas por sus subalternos.“Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados”.Según la acusación de la UIA, los hechos respondieron a tres modalidades. La primera se caracterizó por asesinatos y desapariciones de personas que luego eran presentadas como supuestos resultados operacionales.La segunda modalidad correspondió a homicidios de civiles que algunos integrantes de los pelotones identificaban de manera arbitraria como “objetivos militares ilícitos”, para hacerlos pasar como miembros de grupos armados ilegales.La tercera estuvo marcada por el asesinato de combatientes que ya habían depuesto las armas o que se encontraban heridos tras enfrentamientos legítimos con tropas del batallón.En su declaración, Figueroa sostuvo que durante su mando no identificó el riesgo específico de los falsos positivos y aseguró que esto solo fue reconocido de manera general en la Fuerza Pública a partir de 2007, cuando estallaron los escándalos a nivel nacional.“Ese riesgo operacional no fue contemplado bajo mi mando porque los riesgos operacionales que para esa época se tenían eran el robo de armamento, robo de municiones, robo de equipo militar, infiltrados, penetrados, las nóminas paralelas, tráfico de información, miembros que posiblemente podían estar en concierto para delinquir con organizaciones armadas al margen de la ley”, afirmó.Con la aceptación de responsabilidad, el proceso ya no continuará por la vía del juicio adversarial. Ahora, la JEP aplicará la ruta de reconocimiento tardío, que contempla la realización de una audiencia restaurativa. Esta diligencia fue programada para el 24 de marzo a las 9:00 de la mañana, espacio en el que se abordarán las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas.Posteriormente, el tribunal deberá imponer una sanción alternativa, que implica entre 5 y 8 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que los 11 militares que reconocieron su responsabilidad por falsos positivos ocurridos entre 2007 y 2008 en Norte de Santander, cumplen las condiciones para recibir una sanción restaurativa.Según las investigaciones de la JEP, durante este periodo en el Catatumbo, hubo al menos 120 casos de falsos positivos, además de un intento de homicidio.Sin embargo, al analizar los hechos, el tribunal decidió imputar nuevos delitos a varios de los comparecientes. En ese sentido, 8 de los 11 militares serán sentenciados por el crimen de esclavitud.“La sección determinó que al menos 29 personas fueron víctimas del crimen de esclavitud en el marco de la segunda modalidad del patrón macrocriminal, al comprobarse el ejercicio de atributos propios del derecho de propiedad sobre ellas. En particular, este crimen se cometió a partir de la colaboración de organizaciones criminales y terceros reclutadores, quienes, en articulación con integrantes de unidades militares y a cambio de una remuneración económica, conseguían civiles indefensos y los entregaban a los militares para hacerlos pasar por supuestas bajas en combate”, explicó la JEP.¿Quiénes son los imputados?Los militares imputados por este delito, en calidad de coautores, son Rubén Darío Castro Gómez, Gabriel de Jesús Rincón Amado, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, Álvaro Diego Tamayo Hoyos, Juan Carlos Chaparro Chaparro, Sandro Mauricio Pérez Contreras y Alexander Carretero Díaz.Además, la JEP imputó el delito de esclavitud por omisión a Paulino Coronado Gámez, general (r) del Ejército y comandante de la Brigada 30 ubicada en Cúcuta para la época de los hechos. La JEP consideró que, desde su posición de mando, permitió que estas conductas ocurrieran sin adoptar medidas para impedirlas.Adicionalmente, los militares Santiago Herrera Fajardo, Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro Chaparro y Sandro Mauricio Pérez Contreras fueron imputados por el crimen de guerra de tortura, en relación con hechos asociados a tres víctimas.“Para adoptar esta decisión, la sección tuvo en cuenta los relatos entregados por las víctimas y sus familiares en el proceso judicial”, aseguró la JEP.El proceso continuará con la audiencia pública de verificación, en la que se confirmará si los militares cumplen con sus compromisos de verdad y reparación. Superada esta etapa, la JEP emitirá la sentencia que definirá de manera definitiva su situación jurídica.
En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo cuestionó el manejo que desde el Gobierno se le ha dado a la crisis del sistema de salud y pidió reconocer la magnitud de las afectaciones que hoy enfrentan millones de usuarios, especialmente los afiliados a la Nueva EPS.“Pedimos a @MinSaludCol mejorar los canales de comunicación y, especialmente, dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del Gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas. La falta de empatía con la angustia de quienes están al frente de la atención y deben lidiar diariamente con el sufrimiento de las personas es inadmisible y preocupante. Deja el mensaje de que las autoridades no harán nada para resolverlo. Sin embargo, hacerlo es su deber”.La Defensoría aseguró que, ante la creciente vulneración del derecho a la salud, ha participado en lo que va del año en múltiples mesas interinstitucionales con EPS, hospitales, gestores farmacéuticos, usuarios y pacientes.Estos espacios, según explicaron, han buscado garantizar la atención de casos prioritarios y críticos, avanzar en la entrega pendiente de medicamentos y avanzar en compromisos relacionados con la estabilización de pagos y la conformación de redes de prestación de servicios suficientes y operativas.No obstante, el organismo advirtió que el panorama es crítico para los afiliados de la Nueva EPS, “entidad que enfrenta una situación financiera muy delicada”. Para la Defensoría, esta medida no solo profundiza la crisis de la EPS, sino que termina afectando directamente a hospitales, clínicas y dispensarios, que enfrentan dificultades para sostener la atención y la operación diaria.Aunque la problemática se extiende a todo el país, la Defensoría alertó de manera particular sobre la situación en Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia y Tolima, donde las afectaciones al derecho a la salud se estarían profundizando.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Hector Fabio Henao, alertó sobre las afectaciones humanitarias que enfrentan comunidades rurales del Guaviare tras los enfrentamientos por la disputa territorial entre disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ registrados en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, en Guaviare.Según Monseñor, la violencia ha generado un clima de temor que limita la movilidad de la población y agrava la situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen sin acceso a la educación.“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores, y en el segundo semestre no hubo clases. Claro, hubo la propuesta de suplantar esto con actividades virtuales, pero muchos niños en sus casas no tienen acceso”, afirmó el delegado.A esta problemática se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha podido funcionar debido a las restricciones de seguridad.Monseñor, señaló además que una parte de la población rural evita desplazarse: “Hay una franja de población que no se atreve a salir de las veredas, porque tiene temor de pasar por ciertos registros o retenes que se establezcan, y tiene que dar muchas explicaciones, pero, en general, ha quedado una zozobra muy grande”, afirmó.El representante señaló que existía una alta expectativa entre los padres de familia por el posible retorno de las clases, pero “estas circunstancias que se están viviendo en el momento presente, como dijo, dan mucha incertidumbre, no hay una definitiva todavía”.Indicó que, aunque aún no hay decisiones definitivas, es necesario que “desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades más territoriales en el municipio del Retorno, se acerquen a la situación y miren cómo serían las alternativas”.Finalmente, Monseñor Henao hizo un llamado a enfocarse “en una población particularmente vulnerable”.
No paran las críticas contra la nueva condición que puso 'Antonio García', el máximo comandante del ELN, para suspender los secuestros extorsivos, a cambio de que el Gobierno le de recursos para financiar a ese grupo armado a cambio de no cometer ese crimen."Una desfachatez del ELN. Ya lo habíamos señalado inicialmente: uno no se puede sentar en una mesa de negociación a que le garanticen cómo va a reemplazar el lucro criminal que ha tenido en los últimos años", expresó el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, que cuestionó la posición de 'Antonio Garcia'.Asimismo, el fiscal Barbosa aseguró que al presidente Petro "le quedó grande el país", pues el Gobierno "no pudo con el orden público y el control del territorio"; además, criticó también programa ‘Jóvenes en Paz’, el cual le da un millón de pesos a jóvenes para no matar.A la condición del secuestro, desde el ELN, también anunciaron la creación de condiciones para la prórroga a partir de enero próximo del cese el fuego de 180 días vigente desde el 3 de agosto, y la búsqueda de condiciones económicas y financieras para la materialización del acuerdo.El máximo jefe del ELN recordó: "Una vez discutidos los temas, se construyeron acuerdos que se dieron a conocer en el comunicado conjunto número 19 del 17 de diciembre. Junto con dicho comunicado se redactaron y firmaron siete acuerdos".Le puede interesar
El máximo cabecilla del ELN, alias 'Antonio García', se refirió a los acuerdos logrados en el quinto ciclo de diálogos entre el Gobierno y la guerrilla en Ciudad de México, allí se acordó que a partir de el 30 de enero ese grupo ilegal dejaría de cometer secuestros extorsivos, sin embargo, García asegura que este punto no se puede cumplir sin la financiación de los combatientes."Es de sentido común que estos tres asuntos mencionados están relacionados, tal como aparecen redactados en los textos: 1) prórroga del cese el fuego temporal, 2) suspensión de retenciones con fines económicos y 3) la financiación; donde el punto 2 no podrá darse sin el 3, mejor dicho simultáneamente, para que todos seamos interpretados" señaló García.José Felix lafaurie hace parte de la delegación de diálogos del Gobierno y explicó que durante el quinto ciclo de diálogos no se acordó el financiamiento para los combatientes del ELN."En México no se pactó que el financiamiento sea para mantener hombres en armas, por el contrario, lo que se pactó es que si hay financiamiento internacional, y también podrá haber financiamiento del Gobierno de Colombia, es para hacer transformaciones del territorio que mejores las condiciones de vida de las poblaciones afectadas" explicó Lafaurie.El presidente de Fedegán también explicó que se han definido ocho regiones donde hay una actividad de violencia muy alta, por lo que el financiamiento debe es ir a esas zonas del país para lograr una transformación de los territorios."En el sur de Bolívar, en la zona de Pasto, Nariño, si ahí hay intervención del territorio que obligue a financiamiento, se puede buscar financiamiento, pero bajo ningún punto de vista como compensación del no secuestro, son financiamientos para la paz" explicó Lafaurie.Le puede interesar:
El comandante del ELN, alias 'Antonio García', aseguró que la suspensión de los secuestros con fines económicos está condicionada al cese al fuego y a la búsqueda de financiación para la supervivencia de ese grupo armado que negocia la paz con el Gobierno colombiano.Así lo expresó en una columna titulada 'El V ciclo y los puntos críticos', en la que manifestó su posición con respecto a esa reunión realizada en México y que concluyó el pasado 17 de diciembre.En esa ocasión, las partes anunciaron que el ELN dejaba los secuestros con fines económicos.También anunciaron la creación de condiciones para la prórroga a partir de enero próximo del cese el fuego de 180 días vigente desde el 3 de agosto, y la búsqueda de condiciones económicas y financieras para la materialización del acuerdo.El máximo jefe del ELN recordó que "una vez discutidos los temas, se construyeron acuerdos que se dieron a conocer en el comunicado conjunto número 19 del 17 de diciembre. Junto con dicho comunicado se redactaron y firmaron siete acuerdos".Igualmente señaló que el cese del secuestro depende de la consecución de recursos de financiamiento para sus hombres.En ocasiones anteriores, el ELN y particularmente García han planteado la posibilidad de que la financiación de esa guerrilla se haga con dinero de la comunidad internacional.Por otro lado, García fue crítico de algunas situaciones del cese al fuego y recordó que aún no se ha llegado a un acuerdo relacionado con el fin del conflicto.Igualmente afirmó que a la "buena voluntad" del ELN para cumplir este cese "siguen las masacres y asesinatos de dirigentes sociales, así como la persecución contra ellos".Finalmente, dejó claro que, por el momento, no existe ningún acuerdo sustancial sobre la paz."El proceso de participación de la sociedad que construirá una agenda de cambios para el país aún está en su fase inicial. Por ahora, lo acordado es una agenda de discusión y apenas se está diseñando cómo será la participación de la sociedad", puntualizó. Le puede interesar:
El general (r) Mauricio Santoyo fue aceptado por la JEP y solicitó su libertad condicional, sin embargo, le pidieron un documento en el que debía explicar cuál es la información que va a aportar en esta jurisdicción, aunque hace unos meses lo entregó, los magistrados le pidieron corregirlo al considerar que no era detallado.Cabe recordar que Santoyo fue condenado en Estados Unidos por “conspiración para proveer apoyo material y recursos a una organización terrorista extranjera, Autodefensas Unidas de Colombi (AUC)”, sin embargo en dicho documento no aportaba información sobre el tema, aunque insistía en que ese proceso tenía relación con el conflicto armado y por eso la JEP debía asumir conocimiento.A su vez, Santoyo cumplió varios roles en la Policía Nacional, pues fue subdirector antisecuestro y antiextorsión entre diciembre de 1999 y mayo de 2001, comandante del cuerpo de élite antiterrorista de la ciudad de Medellín desde mayo 2001 hasta diciembre del mismo año y jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe entre 2002 y 2005.Santoyo también ha sido vinculado a los casos de desaparición forzada de Claudia Patricia Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, el 6 de diciembre de 2001 en Medellín, pero el general en retiro señaló que esta vinculación era equivocada.Pero además, Santoyo señaló que el hecho de haber aceptado responsabilidad ante la justicia de Estados Unidos se dio, en parte, por una estrategia jurídica."Aceptación de cargos frente a los que debo precisar a la JEP que no obedecieron a hechos jurídicamente relevantes específicos con circunstancias exactas de tiempo modo y lugar, de tal suerte que corresponden al periodo de tiempo que fungí como oficial de la Policía Nacional de Colombia y mi relación con el servicio Policial, obedeciendo a hechos generales y su posible relación con las AUC, y no algún acontecimiento especifico, todo ello se surtió ante el fiscal del caso a efectos de no afrontar mi causa en juicio público, toda vez que la estrategia de defensa técnica y su asesoría frente a mi caso siempre fue evitar a toda costa el juicio, independientemente de mi ausencia o no de responsabilidad frente a los cargos" dijo Santoyo a la JEP.Esta respuesta fue calificada por los magistrados como desconcertante, ya que señala que su condena no obedeció a un hecho concreto y especifico, sino única y aisladamente a su vinculación con la Policía, insinuando su inocencia a pesar de que en su momento aceptó cargos."Contrario a lo insinuado por el señor Santoyo Velasco, no es lógico que una autoridad judicial procese, aleatoriamente, a un ciudadano por el simple hecho de estar vinculado a una entidad sin que exista pruebas en su contra en las que se fundamente la investigación. Este tipo de respuestas, reiteradas ya en dos ocasiones, refuerzan la convicción respecto a la renuencia del compareciente de aportar verdad en el presente trámite", señalan los magistrados.Ante esta situación, la JEP decidió citarlo a una audiencia de aporte a la verdad, el próximo 21 de marzo para que amplíe la información sobre la cual tiene conocimiento, pues hasta ahora consideran que ha sido insuficiente. Si lo que cuenta en esta diligencia no es detallado podría ser expulsado de la justicia transicional.Las preguntas que se le harán están relacionadas con ejecuciones extrajudiciales que podrían ser responsabilidad del Gaula Medellín, también, si la tuvo, deberá describir cómo funcionó su presunta vinculación con las Autodefensas, deberá hablar sobre su incremento patrimonial y también deberá señalar a miembros de la Policía que pudieron tener alguna vinculación con el paramilitarismo.Por su parte, algunos exjefes paramilitares como Carlos Mario Jiménez, alias 'Macaco', han dicho que entre 1998 y 2006 se hicieron alianzas entre las Autodefensas, la Oficina de Envigado y oficiales de la fuerza pública, entre los que estaría, supuestamente, Santoyo.Le puede interesar:
El comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo, reveló el domingo 24 de diciembre que las disidencias de las Farc Segunda Marquetalia y el ELN tienen intenciones claras de atentar contra la fuerza pública, infraestructura crítica del país y ejecutar secuestros."Hemos recibido comunicados por parte del ELN en los que advierten sobre su intención de atacar a la Fuerza Pública”, indicó Giraldo, en medio de su saludo navideño a los integrantes de las diferentes tropas.El alto oficial agregó que no se puede descartar el desarrollo de otras acciones en contra de los uniformados. “Especialmente durante el periodo de descanso de fin de año, cuando muchos de ustedes y sus familias se desplazan por las vías nacionales”, agregó.Asimismo, Giraldo manifestó que también existe el riesgo de que estas acciones se dirijan a personalidades que se encuentren en desplazamientos, que podrían ser objeto de secuestros o atentados contra su integridad. Pero además contra la infraestructura crítica del país."Es importante enfatizar que la segunda Marquetalia continúa con su intención terrorista y podemos esperar acciones de impacto contra la infraestructura crítica del país, incluyendo unidades militares, puentes, redes eléctricas, puertos, aeropuertos y, por supuesto, los peajes, que son puntos particularmente vulnerables”, manifestó el comandante de las FF. MM.Del mismo modo, el general Giraldo también reveló que la Segunda Marquetalia tiene una clara intención de retomar el control en el centro del país."Es importante tener en cuenta que este grupo tiene la intención de recuperar el control del centro del país, especialmente en la carretera que une a los llanos orientales, que es la principal despensa alimentaria de Bogotá”, enfatizó en su discurso a las diferentes fuerzas.A pesar de que el alto oficial señaló que se enfrentan a estos "grandes y serios desafios”, hay una fuerza pública a su juicio sólida, con presencia en todos los corredores del territorio colombiano para proteger a la población civil en estas fiestas navideñas y de fin de año.Le podría interesar:
Las bandas Shottas y Espartanos que tienen presencia en Buenaventura, están en conversaciones sociojurídicas con el Gobierno, y además, anunciaron una tregua en medio de los diálogos, sin embargo en los últimos días se han presentado tensiones por casos de violencia y homicidios. Ha circulado un comunicado en las redes sociales donde los 'Espartanos' manifiestan su consideración de no seguir con los diálogos, pues en lo corrido de diciembre ya se han registrado siete homicidios en la ciudad.La delegación de diálogos del Gobierno acaba de emitir un comunicado en el que rechaza los recientes hechos de violencia y piden a la Policía y Fiscalía intensificar esfuerzos para mantener la seguridad de las comunidades.“Hacemos un llamado a las estructuras armadas Shottas y Espartanos, para que se mantengan en su disposición al diálogo y a cumplir con la tregua pactada y ratificada en la pasada reunión del 15 de diciembre de 2023, con el fin de lograr la tranquilidad y la paz en nuestra comunidad de Buenaventura" señala la delegación en un comunicado.No obstante, hace algunos meses, la Iglesia Católica instó a un cese urgente de los enfrentamientos en Buenaventura, con el objetivo de facilitar el avance en los diálogos de paz propuestos por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.Cabe mencionar que en el mes de agosto por medio de operativos de la fuerza pública realizados en el Distrito Especial de Buenaventura , se logró ubicar a tres personas quienes serían los responsables del crimen contra una menor de 14 años, perteneciente al resguardo indígena Chagpien Tordo, en hechos que se registraron en junio pasado."Los detenidos pertenecen a la banda criminal Los Shottas, grupo que ejerce control en el territorio. Los hombre eran conocidos en el mundo delincuencial con los alias de "Podrido", "Capo" y "Mecanico", dijo el coronel Jesús Quintero, comandante Policía Valle.Le puede interesar: