Desde la Escuela José Maria Córdova, el presidente Gustavo Petro se refirió al balance de las Fuerzas Militares durante este año. El mandatario aseguró que la guerra se ha modificado y ahora los ataques vienen desde herramientas tecnológicas como el uso de drones, reconoció que la fuerza pública no ha tenido la capacidad para responder.“Ahora ha cambiado la guerra, es una guerra de drones y antidrones. Llevo tres años pidiendo antidrones. Un muerto y diez heridos de la Armada, 36 de la Policía, aquí ajustando, casi 300 heridos y 58 muertos por fuego de drones. Aquí estamos ante la ventaja que tenía el Ejército y las fuerzas militares, que era aérea, ahora es al revés, la tiene el narcotráfico que puede comprar eso en efectivo y por miles y nuestro aparato administrativo no lo hace”, dijo.En respuesta el general Hugo López, comandante de las FFMM, aseguró que este año se destinaron 800.000 millones para adquirir antidrones. “Tenemos más o menos 1.500 equipos por todo el territorio nacional. De acuerdo a la instrucción del presidente, asignó 800.000 al Ejército para este año para que cada pelotón y unidad táctica tenga la capacidad de protegerse. Para el año 2026 hay asignado 1 billón para fortalecer la inteligencia, dron y antidrones”.Cabe mencionar que las finanzas del sector de Defensa se verá afectadas por el aumento del salario mínimo pues el Gobierno prometió pagar este monto a uniformados por lo que los cálculos con los que se hizo el presupuesto para el 2026 no son correctos. El presidente Gustavo Petro pidió una reunión de los ministros de Hacienda y Defensa para evaluar modificaciones y mencionó que utilizaría la emergencia económica para hacer los ajuste
El aumento del salario mínimo para 2026 fue celebrado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Su presidente, Fabio Arias, aseguró que la organización sindical está “de fiesta” tras la decisión del Gobierno Nacional, al considerar que se trata de un hecho histórico que responde a una demanda sostenida de la clase trabajadora en Colombia.En declaraciones a Recap de Blu Radio, Arias afirmó que el incremento marca un punto de quiebre frente a gobiernos anteriores. “Para nosotros es estar de fiesta: recibir muy positivamente que un Gobierno, por primera vez de manera importante, reciba el clamor de la clase trabajadora”, señaló el dirigente sindical, quien recordó que en el pasado las decisiones se alineaban, principalmente, con las posiciones de los sectores empresariales.El presidente de la CUT insistió en que el actual Ejecutivo ha mostrado voluntad política para mejorar los ingresos laborales. “Está bien que un Gobierno esté respaldando acciones para mejorar los ingresos de los trabajadores, que es a los que está favoreciendo”, afirmó, al destacar que el salario mínimo impacta directamente a millones de hogares en el país.Durante la concertación, Arias resaltó el peso de los datos técnicos presentados por el DANE. Según explicó, los gremios no lograron controvertir las cifras oficiales. “En la concertación el DANE llevó cifras y los gremios no pudieron refutarlas, porque dato mata relato”, aseguró, defendiendo el sustento técnico del incremento aprobado.El dirigente sindical también enfatizó en el efecto económico del aumento del salario mínimo para 2026. “El comercio, al tener trabajadores con más ingresos, hace que demanden más bienes y servicios”, explicó, al señalar que esto se traduce en un crecimiento del consumo interno de los hogares. En esa línea, reiteró: “Creemos que con este incremento los trabajadores van a tener más dinero y vamos a consumir mucho más”.Arias subrayó que el fortalecimiento del consumo contradice los argumentos que advierten impactos negativos sobre la economía. “Incrementando los salarios se incrementa la capacidad de consumo de los hogares”, insistió, reiterando que los datos respaldan esta afirmación.Finalmente, el presidente de la CUT planteó el aumento del salario mínimo como un paso hacia una mayor equidad. “El empresario se ha venido quedando con la mayor parte de la producción; es benéfico que nos den un poquito más a los trabajadores”, dijo, al recordar que “Colombia es uno de los países más desiguales del planeta”. Para el sindicalismo, este ajuste empieza a marcar un camino para reducir brechas sociales y avanzar hacia una distribución más justa del ingreso.
Finalmente, se confirmó el aumento del salario mínimo para el 2026 por parte del Gobierno nacional. El anuncio lo hizo el presidente Gustavo Petro confirmando un incremento del 23 %, es decir, un monto de 1.750.905 pesos y de $2.000.000 con subsidio de transporte.No obstante, algunos sectores han expresado cierta preocupación en torno a este anuncio por parte del Gobierno; por ejemplo, según la presidenta de Acopi, María Elena Ospina, en diálogo con Recap de Blu Radio, esto también afecta el crecimiento empresarial al aumentar el costo y lo difícil que puede llegar a ser mantener algunas nóminas."Hacemos un llamado al Gobierno nacional para que de manera urgente, además, que se adopten políticas complementarias que mitiguen el impacto del incremento salarial sobre las MiPymes, que promuevan la productividad y que eviten efectos adversos sobre el empleo formal. Esto, yo pienso que aquí tienen que haber unas líneas de crédito especiales para las MiPymes, entre otras cosas, tiene que haber unas políticas complementarias, como por ejemplo, tarifas diferenciales de renta. La otra cosa es alivios tributarios. Pueden suceder, lo que pasa es que no vemos la voluntad de este Gobierno para hacerlo", indicó.Al igual que dijo el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya, que pone en riesgo la economía de miles familias colombianas para el 2026 y el impacto sobre el consumo de la canasta familiar."En nuestro caso, resulta complejo poner este tema sobre la mesa, teniendo en cuenta que la Sociedad de Agricultores de Colombia agrupa a 21 sectores productivos. Además, es importante recordar que la tasa de informalidad laboral en el campo supera el 83 %. Por esta razón, cualquier medida que termine alejando a las personas de la formalidad laboral no solo afecta al sector, sino que perjudica directamente a los trabajadores. Por otro lado, también es necesario analizar lo que ocurre con los sectores que dependen del mercado internacional", dijo.Por otro lado, sectores políticos se han pronunciado en torno a este anuncio. Por ejemplo, cercanos al presidente como el ministro del Interior, Armando Benedetti, celebraron la noticia al asegurar que "la gente podrá comer" gracias a esta decisión del Gobierno. Mismo apoyo que manifestó Germán Bahamón, presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, al decir que es un desarrollo para las familias colombianas."Salario mínimo en 2 millones de pesos porque la canasta familiar vale 3.2 millones de pesos. Luego es un salario mínimo vital para que la gente pueda comer. Felicitaciones a la clase trabajadora y obrera de este país. @petrogustavo es un berraco! #SalarioVitalDigno", dijo el ministro del Interior.Sin embargo, otros mostraron preocupación, como la Andi que ve como un riesgo este incremento en el futuro del empleo en Colombia y la sostenibilidad de las empresas. "Se generan riesgos significativos para los hogares colombianos y para la economía del país, particularmente en lo relacionado con el aumento de la inflación y de los precios de múltiples bienes y servicios, el impacto sobre el empleo y las finanzas públicas. La inflación, sin duda, es una de las variables que más afecta a los ciudadanos en condición de mayor vulnerabilidad", expresaron.
Luego de varias semanas de especulación, en las que las centrales obreras y las agremiaciones empresariales no lograron un acuerdo sobre el incremento del salario mínimo para 2026, este lunes 29 de diciembre el Gobierno de Gustavo Petro confirmó que el alza será del 23 %. La decisión se tomó por decreto y fija el salario mínimo en $1,750,905 a partir del 1 de enero.Por su parte, el auxilio de transporte quedó establecido en $249.095, para un total de $2.000.000. Cabe recordar que este subsidio, por ley, se entrega a los trabajadores que devenguen hasta dos salarios mínimos.El anuncio se dio durante una alocución presidencial a las 7:00 de la noche, en la que el presidente Petro confirmó el porcentaje definitivo, luego de que a comienzos de mes se hablara de un incremento del 12 % y, posteriormente, de una cifra cercana al 19 %. Con esta decisión, se pone fin a la incertidumbre que marcó la recta final de las negociaciones.Ahora, los trabajadores que dependen directamente del salario mínimo, que representan poco más del 10 % de la población ocupada del país, podrán ajustar sus cuentas de cara al próximo año. No obstante, el aumento también traerá consigo incrementos en bienes y servicios que suelen ajustarse desde el primero de enero.Del lado empresarial, las compañías deberán recalcular sus presupuestos para asumir el aumento en nóminas, así como los mayores costos asociados a seguridad social, primas, vacaciones y cesantías, que se liquidan con base en el salario mínimo.Aumento del salario mínimo amplía beneficiados con auxilio de transporteCon el nuevo salario mínimo, algunos trabajadores que antes no recibían el auxilio de transporte ahora sí podrán acceder a este beneficio. Esto aplica para quienes en 2025 ganaban más de dos salarios mínimos, pero que con el nuevo ajuste quedan por debajo del nuevo tope.Por ejemplo, una persona que actualmente percibe $2.847.000 mensuales empezará a recibir el auxilio de transporte desde enero de 2026.¿Por qué el salario mínimo subió 23 % en 2026?Según explicó el Gobierno Nacional, el incremento del 23 % responde a la intención de avanzar hacia el llamado Salario Mínimo Vital, un concepto que se incluyó por primera vez de manera formal en la discusión salarial. La medida busca reducir la brecha entre los ingresos reales de los trabajadores y el salario que permitiría cubrir las necesidades básicas.De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el salario debe ser suficiente para garantizar condiciones mínimas de bienestar a los trabajadores y sus familias. Bajo ese cálculo, el Gobierno señaló que el salario mínimo debería ubicarse en $1.826.190 sin auxilio de transporte.Sin embargo, la administración aclaró que alcanzar ese nivel debe hacerse de forma progresiva y no mediante un solo ajuste anual, razón por la cual el aumento del 23 % se plantea como un primer paso en esa dirección.
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, proyectaron este domingo un mensaje de avances hacia la paz tras reunirse durante más de tres horas en Florida, aunque no cerraron el pacto y persisten "cuestiones espinosas" por resolver.El encuentro, que tuvo lugar en la residencia de Mar-a-Lago (Florida) de Trump, llegó después de una llamada entre Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin y tras varias reuniones entre Zelenski y funcionarios del gobierno de Trump.A pesar de que ambos líderes insistieron en que más del "95%", del plan de paz de 20 puntos, está resuelto. El presidente Trump reconoció que aún quedan cuestiones "espinosas" por resolver, incluyendo el futuro de la región del Donbás o un cese al fuego.En una rueda de prensa tras la reunión, en la que intervinieron también varios líderes europeos, los líderes adelantaron que tanto Rusia como Ucrania acordaron crear "grupos de trabajo" compuesto por los principales colaboradores del presidente estadounidense para finalizar un acuerdo de paz sobre el conflicto en Ucrania "en las próximas semanas".Sin embargo, no especificaron fechas para las reuniones de estos grupos, ni tampoco lugares.La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, indicó hoy que sostuvo una llamada de una hora con Trump y Zelenski, junto a otros líderes europeos, para analizar "el estado de las negociaciones de paz", según indicó la funcionaria en su cuenta de la plataforma X.Von der Leyen señaló que Europa está dispuesta a seguir trabajando con Ucrania y con sus socios estadounidenses para consolidar ese progreso y subrayó que es fundamental contar con garantías de seguridad sólidas desde el primer día.El Kremlin, por su lado, indicó en un comunicado, que en la llamada de más de una hora de hoy con Trump, Putin "accedió a la propuesta estadounidense de resolver la situación en Ucrania a través del establecimiento de grupos de trabajo. Uno que se encargará de la dimensión de seguridad y otro de asuntos económicos".El plan de paz de 20 puntos, que Moscú ha rechazado, incluye un pacto de no agresión con Rusia y garantías de seguridad estadounidenses para Ucrania similares a las de la OTAN.En cuanto a la situación territorial, Kiev propone dos opciones: congelar la actual línea del frente o establecer una zona desmilitarizada en partes de la región de Donetsk que Ucrania todavía controla y que Rusia reclama.Ucrania ya ha iniciado preparativos para celebrar elecciones presidenciales. Un grupo de trabajo formado por representantes de varios partidos -de acuerdo con las instrucciones de Zelenski- ha celebrado su primera reunión para discutir los obstáculos legales, de seguridad y organizativos.Según Zelenski, Ucrania podría celebrar de forma simultánea las elecciones y un referéndum sobre el documento de 20 puntos. Celebrar las elecciones en tiempos de guerra ha sido una opción impopular en Ucrania, rechazada por todas las principales fuerzas políticas, y requeriría cambiar la legislación.Sin embargo, ante la insistencia de Trump, Kiev se ha abierto recientemente a la idea, en lo que se percibe como un intento de privar a Moscú y Washington del argumento de que el gobierno ucraniano es ilegítimo.
El departamento de Antioquia sigue liderando la lista de personas quemadas con pólvora y, lo más preocupante, es que cada día la cifra aumenta de manera alarmante para las autoridades que ya tienen el registro de 136 lesionados con elementos pirotecnia o lo que sería lo mismo, 30 casos más o un 28,3 % de incremento en comparación con el año inmediatamente anterior.El reporte más reciente entregado por la Gobernación de Antioquia muestra que, de los 136 quemados: 13 personas han necesitado amputación, mientras que 41 menores de edad han resultado heridos. El municipio más afectado es Medellín con 61 reportes, seguido por Itagüí con 9 casos y Bello con 5 personas lesionadas.La secretaria de Salud de Antioquia, Martha Ramírez, alertó sobre el uso de pólvora teniendo en cuenta que se acerca una de las fechas en donde las personas suelen quemar más pólvora en el departamento."Sin duda, la noche del 31 de diciembre para amanecer del 1 de enero es el pico más alto, muy superior al 24 de diciembre. Eso nos preocupa. Y hay una población que de verdad está siendo muy vulnerable, son los jóvenes, entre catorce y diecisiete años. Están apropiando de una práctica peligrosa, jugar con voladores", destacó la funcionaria.Según las cifras entregadas por las autoridades departamentales, más de 80 personas han resultado quemadas con elementos pirotécnicos en el Valle de Aburrá, siendo la subregión antioqueña más golpeada por la problemática. Por su parte, aseguran desde Antioquia que las heridas más recurrentes son en la mano con 52 casos, seguido por lesiones en la cara con 26 reportes.Finalmente, hay que recordar que en el caso de la capital de Antioquia son 61 quemados con pólvora, es decir, 21 casos más si se tienen en cuenta los registros de 2024. Los datos de la Alcaldía Distrital dejan en evidencia que 18 personas necesitaron hospitalización, mientras que hay casi que un empate técnico, ya que 29 personas han resultado lesionadas por manipular pirotecnia y 28 casos sucedieron cuando la persona estaba como observador.
La decisión de Israel de reconocer formalmente a Somalilandia como Estado independiente activó una cadena de reacciones diplomáticas y políticas que van mucho más allá del Cuerno de África. Gobiernos, organizaciones regionales y actores armados se pronunciaron en contra o a favor de una medida que reabre un debate de más de tres décadas sobre soberanía, derecho internacional y equilibrios geopolíticos en una zona estratégica del mundo.La controversia no se limita a un desacuerdo bilateral. Involucra a Somalia, China, países árabes, actores armados respaldados por Irán y potencias occidentales, en un contexto marcado por las tensiones en Medio Oriente, el mar Rojo y el golfo de Adén.¿Qué es Somalilandia?Somalilandia es un territorio ubicado en el Cuerno de África, con salida al golfo de Adén y fronteras con Yibuti, Etiopía y la región somalí de Puntlandia. Tiene una superficie cercana a los 176.000 kilómetros cuadrados —similar a la de Uruguay— y una población estimada en 6,2 millones de habitantes para 2024. Su capital es Hargeisa.Aunque se autodenomina oficialmente República de Somalilandia, su reconocimiento internacional ha sido limitado. El territorio declaró su independencia en 1991, tras el colapso del Estado somalí y la caída del régimen de Siad Barre. Antes de eso, fue un protectorado británico que obtuvo su independencia el 26 de junio de 1960, antes de unirse voluntariamente a Somalia.Desde entonces, Somalilandia ha mantenido un gobierno propio y estructuras estatales separadas, pero para la comunidad internacional sigue siendo, en términos legales, parte de Somalia.¿Qué dice Somalia por el reconocimiento?El presidente de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, condenó el reconocimiento israelí y lo calificó como una “agresión ilegal” que, según afirmó, contraviene el derecho internacional. En un mensaje publicado en X, sostuvo que el acto de Israel constituye una injerencia en los asuntos internos de Somalia.Durante una sesión extraordinaria conjunta del Parlamento somalí, Mohamud reiteró que Somalilandia es una “parte integral” del país y aseguró que su gobierno está adoptando todas las medidas diplomáticas necesarias para defender la unidad nacional. Según el mandatario, el daño causado por la decisión israelí “no tiene precedentes”.Reacciones de la comunidad internacional a SomalilandiaEl Gobierno chino expresó su “grave preocupación” y su “firme oposición” al reconocimiento de Somalilandia por parte de Israel. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Lin Jian, afirmó en rueda de prensa que, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, Somalilandia es una parte inseparable del territorio somalí.Lin señaló que China apoya la soberanía, la unidad y la integridad territorial de Somalia y recalcó que la cuestión de Somalilandia es un asunto interno que debe resolverse conforme a la Constitución somalí y la voluntad de su población.La polémica también escaló al plano de la seguridad regional. Abdelmalek al Huti, líder de los rebeldes chiíes hutíes de Yemen —grupo respaldado por Irán—, amenazó con atacar Somalilandia ante cualquier presencia israelí en ese territorio.En un discurso televisado, Al Huti declaró que su grupo consideraría “objetivo militar” cualquier presencia de Israel en Somalilandia y calificó el reconocimiento como una agresión contra Somalia y Yemen. Además, advirtió que la medida representa una amenaza para la seguridad del mar Rojo y el golfo de Adén, rutas clave para el comercio marítimo global.El líder hutí acusó a Israel de buscar un punto de apoyo estratégico para actividades hostiles en la región y vinculó el reconocimiento con lo que describió como planes más amplios para fragmentar países del área.La decisión israelí también fue rechazada por la Liga Árabe, que la calificó como un atentado contra la seguridad regional. Países como Turquía, Yibuti, Egipto y la Autoridad Palestina expresaron su oposición al reconocimiento.La Unión Europea llamó a respetar la unidad, soberanía e integridad territorial de Somalia. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump afirmó que Washington no seguiría el mismo camino que Israel, pese a la histórica alianza entre ambos países.
La tragedia vuelve a golpear al municipio de Rionegro, Santander, tras confirmarse el segundo caso de un menor fallecido por inmersión en menos de una semana, en medio de paseos familiares durante la temporada de vacaciones.El más reciente hecho se registró el fin de semana en la vereda El Cocal, zona rural de Rionegro, donde un niño de cinco años perdió la vida luego de caer a una piscina ubicada en una finca campestre del sector. De acuerdo con la información preliminar, el menor fue auxiliado por las personas que se encontraban en el lugar; sin embargo, pese a los esfuerzos, falleció.Este lamentable episodio se suma a otro ocurrido el pasado 25 de diciembre, cuando una niña de seis años murió ahogada en el balneario El Cristalito, ubicado sobre la vía que comunica a Rionegro con el municipio de El Playón. Según el reporte de la Policía de Santander, la emergencia se presentó hacia las 12:25 del mediodía y fue alertada mediante una llamada al cuadrante policial.En ese caso, la menor fue trasladada en un vehículo particular al Hospital San Antonio de Rionegro, donde el personal médico confirmó que ingresó sin signos vitales. Un familiar indicó a las autoridades que la niña se encontraba en la piscina del balneario al momento del hecho.Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de ambos sucesos y reiteraron el llamado a padres y cuidadores para extremar las medidas de vigilancia y prevención en espacios acuáticos, especialmente durante paseos familiares y en temporada de vacaciones, con el fin de evitar nuevas tragedias.
En Colombia, la expectativa por el rumbo del sistema de salud sigue latente tras el hundimiento de la reforma impulsada por el Gobierno Nacional, que prometía mejoras tanto para los usuarios como para los trabajadores del sector. En medio de ese escenario de incertidumbre, un nuevo frente de inconformidad se abre paso desde las universidades y los hospitales del país a pesar de ser aprobado en la reforma laboral.Los estudiantes de medicina anunciaron un plantón nacional para este 29 de diciembre, con el objetivo de exigir que el Gobierno garantice los recursos necesarios para el pago de los médicos internos a partir de 2026. La movilización busca que lo aprobado en el papel se traduzca en una realidad concreta para quienes hoy cumplen extensas jornadas sin recibir remuneración.La iniciativa fue presentada por la representante a la Cámara por Bogotá, Jennifer Pedraza, y quedó aprobada dentro de la reforma laboral. Sin embargo, aunque la norma ya existe, los estudiantes advierten que aún falta la reglamentación y, sobre todo, la asignación presupuestal para que el pago sea efectivo.Pago a internos de medicina: estudiantes saldrán a las callesActualmente, los internos de medicina deben cumplir jornadas de tiempo completo en hospitales y clínicas, sin recibir ningún pago durante su último año de formación. Ante esa situación, estudiantes de medicina se concentrarán en 17 ciudades del país, desde el mediodía, en centros de salud, edificios gubernamentales y plazas públicas.Las protestas se realizarán sin afectar la atención en servicios críticos. Quienes estén asignados a urgencias u otros procedimientos vitales no participarán de manera presencial, mientras que quienes no puedan salir a las calles se sumarán a la jornada a través de redes sociales con el numeral #InternosConPagoYa.Estos serán algunos de los puntos de concentración:Bogotá: Ministerio de SaludCartagena: Hospital Universitario del CaribeBarranquilla: Clínica General del NorteCali: Hospital Universitario del ValleMedellín: Hospital Fundación San Vicente de PaulBucaramanga: Hospital Los ComunerosCúcuta: Hospital Erasmo MeozA ellos se suman ciudades como Villavicencio, Ibagué, Manizales, Popayán, Santa Marta, Neiva, Pasto, Pereira, Sincelejo y Valledupar.¿Qué dice la ley sobre el pago a internos de medicina?De acuerdo con Andrés Salcedo, médico y promotor de la iniciativa, el reconocimiento económico ya es ley, pero aún no se ha convertido en una garantía real. “El pago a internos ya es ley, pero falta reglamentación para que sea realidad en 2026. Nos movilizamos pacíficamente para exigir que MinHacienda autorice a MinSalud garantizar el pago”, aseguró.Con la reforma laboral, los médicos internos, que cursan su último año universitario y prestan servicio en hospitales y clínicas con jornadas extensas, recibirán un apoyo económico equivalente a un salario mínimo mensual. Además, serán afiliados a los sistemas de salud y pensión, ya que actualmente solo cuentan con cobertura de ARL.El pago estará a cargo del Estado a través del Adres. Según las estimaciones, la inversión superaría los 146.000 millones de pesos para beneficiar a cerca de 8.600 internos, provenientes de 67 facultades de medicina en todo el país. Mientras tanto, los estudiantes insisten en que la movilización es clave para que la norma no se quede, una vez más, en el papel.
En un nuevo cuestionamiento a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, el presidente Gustavo Petro habló de una supuesta inacción de la entidad para pedir la extradición de alias el 'Mono Arley', señalado de ser lavador de activos del ELN y capturado en España.“Otra vez una Fiscalía política. Perdí mi tiempo en eso. Velasco ahora es víctima de su propio invento. La Fiscalía debe ser independiente de la política para ser garantía de seguridad de la ciudadanía. Extrañamente ahora no piden la extradición del capo del ELN, ¿será para decir que yo soy su aliado? Yo no soy aliado de ellos, que asesinan sistemáticamente campesinos por codicia”, escribió en X.El mandatario se refirió a los diálogos suspendidos con esta organización criminal, insistiendo en un llamado para que dejen de delinquir, y concluyó su mensaje pidiendo a la Fiscalía solicitar la extradición de este criminal.“Gerly Sánchez Villamizar está ingresado en la prisión de Soto del Real, a la espera de ejecutar la extradición que está tramitando Interpol. En este momento todavía no he podido localizar a nadie en las oficinas de Interpol para conocer fechas o datos más concretos. Sigo haciendo llamadas y, en cuanto averigüe algo más, informo”, dijo.La Fiscalía General de la Nación respondió desmintiendo al mandatario y explicando que el pasado 28 de noviembre, por medio de la Dirección de Asuntos Internacionales, se presentó una solicitud formal de extradición contra Gerly Sánchez Villamizar, conocido como ‘Mono Gerley’, a quien señalan como articulador de una red de lavado de activos al servicio del ELN.Señalan, además, que esta persona fue capturada en España gracias al trabajo coordinado entre la Fiscalía General de la Nación, la Dijín de la Policía Nacional y la Guardia Civil española; asimismo, aclaran que todo el procedimiento de extradición se ha tramitado conforme a las vías legales y diplomáticas correspondientes, sin que se hayan presentado omisiones ni dilaciones.
Bajo observación médica permanece recluido en el Hospital Universitario de Neiva un bebé de tan solo cinco meses de nacido, que resultó herido en medio de un hecho de atraco cometido por delincuentes motorizados en un sector del barrio La Trinidad, en el norte de la ciudad.De acuerdo con versiones de las autoridades, la pareja, al oponer resistencia al atraco, fue atacada por los asaltantes con armas traumáticas. Uno de los disparos impactó al menor, quien por fortuna se encuentra fuera de peligro, según el parte médico entregado por el centro asistencial.“Dos personas que se movilizaban en motocicleta junto a un menor de brazos fueron víctimas de hurto en el barrio La Trinidad. Las víctimas, al oponer resistencia, resultaron lesionadas con armas traumáticas, incluido el bebé de brazos, quien actualmente continúa en un centro asistencial y, gracias a Dios, la herida que recibió no es de gravedad”, dijo el coronel Héctor Jairo Betancourt, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva.Agregó el oficial que, con el apoyo de la comunidad del sector, las pertenencias que les fueron hurtadas a las víctimas de este hecho de inseguridad fueron recuperadas horas después por los uniformados y entregadas a sus propietarios.Entre tanto, funcionarios de la Sijín adelantan las investigaciones, verificando cámaras de seguridad y otras evidencias, con el fin de identificar y dar con la ubicación de los responsables del atraco, que por poco termina en tragedia. No obstante, los habitantes del sector piden mayor presencia policial y mejoras en el sistema de alumbrado público, ante los reiterados casos de robo que se han registrado, principalmente en horas de la noche.
La Defensoría del Pueblo alertó sobre la grave crisis humanitaria que atraviesa la subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, donde los enfrentamientos entre grupos armados ilegales han provocado más de 78.000 desplazamientos forzados durante 2025. Tibú y El Tarra figuran entre los municipios más afectados por un conflicto que no da tregua y que ha generado confinamientos, amenazas y violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).El organismo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 017 de 2025 ante el recrudecimiento de la violencia entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las extintas Farc —Frente 33 y Bloque Magdalena Medio—, así como por el control territorial ejercido por el ELN en amplias zonas rurales. En este escenario confluyen economías ilegales, débil presencia estatal y una estructura de poder paralelo que impone restricciones de movilidad, normas de conducta y prácticas de coerción social sobre la población civil.En mayo, el Gobierno nacional autorizó la creación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) para miembros del Frente 33 en Tibú, medida que fue prorrogada el 23 de diciembre sin que hasta la fecha existan los protocolos necesarios para su funcionamiento. La Defensoría advirtió que la persistencia del conflicto armado en el área hace inviable esta iniciativa y podría aumentar los riesgos humanitarios para las comunidades cercanas.Los hechos más recientes agravan el panorama. Desde el 14 de diciembre se registran nuevos enfrentamientos en Tibú y El Tarra, que han dejado decenas de familias desplazadas y miles confinadas. Solo en el corregimiento de Pachelli, cerca de 1.500 familias —unas 6.000 personas— permanecen sin acceso a alimentos ni servicios básicos por los combates y el paro armado del ELN. En la vereda Kilómetro 16, 223 personas tuvieron que abandonar sus hogares, mientras que los ataques con drones en Filo Gringo mantienen aisladas a varias comunidades rurales.La Defensoría alertó además que las alcaldías de Cúcuta y Tibú no tienen la capacidad operativa ni presupuestal para responder a la emergencia, debido al vencimiento de contratos del personal de atención y del operador logístico. La falta de seguridad en el territorio ha impedido verificar de manera directa los nuevos desplazamientos, por lo que se presume un subregistro significativo.Ante esta situación, el organismo pidió al Gobierno nacional y a las autoridades locales fortalecer las rutas de atención humanitaria, garantizar el envío de ayuda inmediata y activar corredores humanitarios para las zonas más afectadas. También llamó a los grupos armados ilegales a cesar las hostilidades y respetar el Derecho Internacional Humanitario, para evitar que la crisis siga cobrando víctimas en el Catatumbo.Al llamado de la Defensoría del Pueblo se suma la alerta que emiten cerca de 28 organizaciones sociales de la región del Catatumbo en la que claman acciones inmediatas por parte de los grupos armados ilegales y los organismos del Estado."Alertamos sobre la grave escalada de la crisis humanitaria en el Catatumbo en los últimos días. Las confrontaciones armadas han generado más de 300 personas desplazadas, cierre de vías, presencia de artefactos explosivos, bloqueo a misiones médicas y graves afectaciones a la población civil", indicaron.Agregaron que la actual situación que ya había sido advertida por la mesa humanitaria desde noviembre, pone en alto riesgo a las comunidades campesinas e indígenas, especialmente a niñas, niños, personas mayores y líderes sociales."Exigimos acciones inmediatas de protección y atención humanitaria por parte del Estado y el respeto al DIH por los actores armados. Seguiremos acompañando a las comunidades por la vida, la paz y la permanencia digna en el Catatumbo".La crisis humanitaria que vive actualmente el Catatumbo empezó el 16 de enero de este año.
En Colombia, la llegada del Año Nuevo no siempre se recibe con brindis, ropa interior amarilla o las tradicionales doce uvas. En muchas regiones del país, especialmente en zonas rurales, el cambio de calendario se vive de otra manera: con rituales cargados de simbolismo, heredados de generación en generación y alejados de lo que suele verse en las grandes ciudades.Para miles de familias, el inicio del nuevo año está marcado por agüeros poco conocidos, pero profundamente arraigados en la vida cotidiana. Son prácticas que combinan creencias, memoria colectiva y una relación cercana con la naturaleza, y que aún hoy se mantienen vivas en distintos rincones del país.Agüeros de Año Nuevo que se practican en zonas rurales de ColombiaEn corregimientos de Santander y Norte de Santander existe la costumbre de dormir con una cebolla partida en cuatro partes, colocada en un plato sin sal debajo de la cama. Al amanecer, cada trozo se observa con atención, pues su estado representa un presagio para el año que comienza.Si alguno aparece oscuro, se asocia con enfermedad o traición. En ese caso, el plato se desecha lejos de la vivienda y no se vuelve a usar el lugar donde se cortó la cebolla.En sectores rurales del Meta y Casanare, el fogón se convierte en el centro del ritual. Antes de la medianoche, algunas familias amarran una cuerda roja alrededor del lugar donde se cocina, como símbolo de protección contra la escasez. La cuerda solo se retira después del primer desayuno del año. Si se rompe durante la noche, se interpreta como una señal de dificultades económicas.Rituales de Año Nuevo para protección y limpieza espiritualEn pueblos del sur de Bolívar, los espejos se cubren desde las 11:00 de la noche. La creencia indica que mirarse en el reflejo durante el cambio de año puede hacer que las cargas del pasado permanezcan en el cuerpo. Por eso, los espejos se destapan únicamente al amanecer.Algo similar ocurre en varios municipios del Magdalena Medio, donde durante las campanadas se guarda silencio absoluto. No hay abrazos ni brindis inmediatos. La primera palabra del año solo puede pronunciarse después de beber agua, como una forma de comenzar el ciclo sin discusiones ni malos augurios.Estos agüeros buscan soltar lo negativo del año que terminaEn zonas rurales de Nariño, algunas personas se amarran una hoja de plátano en el tobillo izquierdo antes de la medianoche. La hoja debe caer sola mientras se camina o se baila. Si permanece atada después de las 12, se interpreta como estancamiento.En veredas del Cauca, se quema sal gruesa en una cuchara metálica, mientras que en comunidades afrodescendientes del Pacífico se esconde una pequeña piedra en la boca para luego escupirla en la tierra, como símbolo de liberar rencores.Estos rituales revelan que, en Colombia, el Año Nuevo también se recibe con silencios, gestos mínimos y una profunda conexión con aquello que todavía no se puede controlar.
A escasos ocho meses de finalizar el mandato del presidente Gustavo Petro, el debate sobre una Asamblea Nacional Constituyente ha vuelto al centro de la discusión pública. Tras la reciente inscripción de un comité promotor para recolectar firmas, analistas y expertos constitucionales advierten que el camino jurídico es extremadamente complejo y que la iniciativa podría responder más a una táctica de movilización política que a una posibilidad institucional real.El abogado constitucionalista Juan Manuel Charry se ha mostrado pesimista frente a la viabilidad de esta propuesta, calificando los requisitos legales como "monumentales" bajo el marco de la Constitución de 1991."En mi opinión no estamos para una constituyente. Las condiciones son muy distintas a las que se dieron en 1990. Allá teníamos una guerra declarada de los carteles de la droga contra el Estado y hubo un consenso muy amplio. Hoy las circunstancias son muy diferentes. La Constitución del año 91 reguló cómo deben ser las asambleas constituyentes, como una vía de reforma y establece varios requisitos", dijo Charry.Le puede interesar: No se hará en época electoral”: Petro sobre Asamblea Nacional ConstituyenteA su vez, dijo que "se debe superar un umbral de algo más de 13,300,000 participantes en la votación para que genere efectos jurídicos". "Se busca recolectar las firmas para impulsar lo que sería una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Desde el gobierno han dicho que esto es una iniciativa ciudadana. Si se llega a recolectar un 20% del censo electoral en firmas, es obligatorio el trámite. Serían cerca de 8 millones de firmas que, en mi opinión, son muy difíciles de recaudar y de revisar", aseveró. Charry rechazó el argumento del Gobierno sobre la "obstrucción institucional" en el Congreso como justificación para una constituyente, señalando que es normal en democracia que un presidente deba hacer coaliciones cuando no tiene mayorías propias."Me parece a mí que es más una estrategia de movilización de las bases simpatizantes de la tendencia política del gobierno para darles un propósito de movilización y de cohesión", dijo. Escuche la entrevista aquí:
El pasado 21 de diciembre, Bogotá recibió una noticia que conmovió a muchos. Se confirmó la muerte de la presentadora y comunicadora social venezolana Margiory Fiaschi, quien falleció tras una larga lucha contra una lesión cerebral sufrida en 2023. Fue una batalla que enfrentó con discreción, valentía y una fortaleza que mantuvo hasta el final, lejos del ruido mediático y centrada en su proceso personal y familiar.Días antes de su fallecimiento, Fiaschi había compartido un mensaje en redes sociales que despertó preocupación entre sus seguidores. En la publicación se dirigía a su hija de cuatro años y reflexionaba sobre las dificultades de la maternidad, el aprendizaje constante y el “caos” que atravesaba debido a su estado de salud. Sus palabras, sinceras y cargadas de emoción, fueron interpretadas por muchos como una despedida anticipada.Aun en medio de la enfermedad, la presentadora dejó claro que su mayor motor siempre fue su hija, a quien intentó darle lo mejor “entre ensayo y error”. Ese mensaje, que hoy cobra un significado más profundo, generó una ola de reacciones y mensajes de apoyo por parte de quienes siguieron su carrera y su historia personal.Bogotá, la ciudad donde dio su última batallaTras recibir su diagnóstico, Margiory Fiaschi inició un tratamiento médico que la llevó a tomar una decisión difícil: renunciar a Globovisión a finales de 2024 para concentrarse por completo en su recuperación. Bogotá fue la ciudad que la acogió durante esta etapa, donde adelantó su proceso médico acompañada de sus seres queridos.Desde la capital colombiana, la comunicadora continuó compartiendo mensajes de esperanza, reflexión y gratitud, manteniendo un vínculo cercano con sus seguidores. Aunque su estado de salud era reservado, sus publicaciones transmitían serenidad y una mirada honesta sobre la fragilidad de la vida.Tras conocerse su fallecimiento, Globovisión le rindió un sentido homenaje, destacando su legado en el periodismo venezolano y recordándola como una mujer comprometida, luchadora y apasionada por su oficio. El canal resaltó que su voz y su ejemplo seguirán presentes en la memoria de colegas y audiencias.Una carrera sólida en la televisión venezolanaMargiory Fiaschi era graduada de la Universidad Bicentenaria de Aragua y construyó una trayectoria reconocida en la televisión venezolana. Durante más de una década fue uno de los rostros principales de "Entre Noticias", espacio informativo en el que se ganó el respeto del gremio y la confianza de los televidentes.Quienes trabajaron con ella la describen como una profesional rigurosa, cercana y siempre comprometida con el periodismo serio. Hoy, su historia deja una huella que trasciende la pantalla y se conecta con la fortaleza humana con la que enfrentó sus últimos años.
En una audiencia reservada, la juez 131 Penal Municipal con función de control de garantías decidió dejar en libertad, mientras avanza el proceso judicial, a tres de los presuntos implicados en el entramado de corrupción que habría direccionado de manera irregular un contrato cercano a los 32 millones de dólares para el mantenimiento de la flota de helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional. Los hechos investigados se habrían presentado entre septiembre y octubre de 2024.La decisión cobijó al exfuncionario de la Secretaría General del Ministerio de Defensa, Hugo Alejandro Mora Tamayo; al exasesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación del Ministerio de Defensa, Diego Alejandro Manrique Cabezas; y al coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, adscrito a la Brigada de Aviación No. 32 del Ejército Nacional. La juez consideró que, pese a los señalamientos formulados por la Fiscalía, no se acreditaron antecedentes ni factores que permitieran concluir que los procesados representan un peligro para el proceso, razón por la cual negó la imposición de medida de aseguramiento privativa de la libertad.Para el abogado Juan Felipe Criollo, defensa del coronel Rincón, tras la decisión del juzgado “se perdurará y se insistirá en la inocencia del coronel Rincón, y esto se llevará a las etapas ulteriores hasta demostrarlo en su totalidad”.Durante el proceso, la Fiscalía, a través de un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, expuso los presuntos roles que habrían desempeñado los investigados en el proceso contractual. En el caso del coronel Rincón Ricaurte, señaló que, en su condición de gerente del proyecto, habría generado de manera irregular prórrogas para la presentación de cotizaciones, participado indebidamente en la etapa precontractual y certificado, sin soporte, que la empresa Vertol Systems Company contaba con la experiencia e idoneidad técnica requeridas, pese a que el comité evaluador había descartado a ese oferente. También se le atribuye haber intervenido para modificar los estudios financieros y avalar condiciones que impidieron verificar la real capacidad económica del contratista.Respecto a Diego Alejandro Manrique Cabezas, la Fiscalía indicó que presuntamente intervino en la elaboración y evaluación del estudio económico previo, además de modificar los requisitos financieros. Estas actuaciones, según el ente acusador, permitieron aprobar una propuesta sin que fuera posible establecer indicadores clave como liquidez, rentabilidad y capacidad organizacional, exigidos por la normativa vigente para este tipo de contratos.En cuanto a Hugo Alejandro Mora, la investigación sostiene que, pese a conocer las irregularidades del proceso y el incumplimiento de los requisitos legales, habría suscrito el contrato No. 012 de 2024 el 31 de diciembre de ese año. Posteriormente, habría viabilizado la modificación de la forma de pago, autorizando un anticipo del 50 % del valor total del contrato, equivalente a más de 16 millones de dólares, recursos que fueron consignados en una cuenta del contratista en Estados Unidos.
Un total de 2.882 nuevos soldados profesionales del Ejército comenzarán a operar en distintas regiones del país tras culminar su proceso de formación en la Escuela de Soldados Profesionales SL Pedro Pascasio Martínez Rojas, con el objetivo de fortalecer las capacidades de seguridad y control territorial.Los uniformados hacen parte del Curso Extraordinario N.° 81 SLP Salamanca Rodríguez Edinson, que cerró su ciclo académico con una ceremonia presidida por el general Federico Mejía, director del Centro Nacional de Entrenamiento. Durante el acto, la formación militar recordó la batalla de Ayacucho como referente histórico del Ejército.La preparación de los nuevos soldados se desarrolló durante dos meses e incluyó entrenamiento táctico, operacional y formación en derechos y deberes, con énfasis en las tareas que deberán cumplir en las diferentes unidades a las que serán asignados en el territorio nacional.Dentro de este grupo, 122 soldados obtuvieron certificación como Socorristas Militares, lo que les permitirá apoyar la atención de emergencias, labores humanitarias y la protección de civiles en zonas donde el Ejército mantiene presencia operativa.La institución también informó que cuatro integrantes del curso —Henry Javier Córdova Moreno, Gilmar Yesid Furnieles Vásquez, Brayan Stiven Quiroga Guzmán y Sergio Armando Téllez Navarrete— obtuvieron los mejores resultados académicos y operacionales del proceso de formación.Con esta incorporación, el Ejército amplía su pie de fuerza en un contexto marcado por retos de seguridad en varias regiones del país, donde las autoridades buscan mejorar la presencia institucional y la capacidad de respuesta frente a amenazas armadas y emergencias humanitarias.
La paz en Colombia dejó de ser una promesa abstracta para convertirse en una realidad tangible en distintos territorios del país. Así lo demuestra el balance presentado por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), que durante 2025 impulsó iniciativas, proyectos productivos e inversiones clave para fortalecer la reincorporación y evitar la repetición del conflicto armado.El siguiente video recoge los principales hitos de este proceso y evidencia cómo el trabajo articulado entre el Estado, las comunidades y las personas firmantes de paz ha permitido abrir nuevas oportunidades y sembrar arraigo a la vida civil.Durante el año, la educación se consolidó como uno de los principales pilares de la construcción de paz. Más de 10.200 personas en proceso de reincorporación lograron elevar su nivel de escolaridad, mientras que firmantes del Acuerdo de Paz y sus hijos e hijas accedieron a educación superior, gracias a convenios estratégicos como el firmado con el Icetex. Estas acciones no solo fortalecen las capacidades individuales, sino que también impactan de manera directa la sostenibilidad económica de las familias.En materia productiva, la ARN impulsó 6.097 proyectos —tanto individuales como colectivos— que recibieron inversiones superiores a los 104.000 millones de pesos. A esto se suman los convenios con el Fondo Emprender del SENA y el Banco Agrario, que abrieron nuevas puertas para el emprendimiento, el acceso a crédito y la generación de ingresos en los territorios.Sin embargo, el avance hacia la paz no se limita a lo económico. La reconstrucción del tejido social fue otro eje fundamental en 2025. A través de las agendas comunitarias, diálogos para el futuro, se promovieron espacios de reconciliación y convivencia pacífica en 66 territorios, con la participación de más de 9.540 personas entre comunidades y firmantes de paz.El año también marcó un hito histórico en el cumplimiento de compromisos: cerca de 18.500 hectáreas adquiridas y 347 viviendas entregadas o en proceso de entrega desde la firma del Acuerdo de Paz, fortaleciendo el arraigo territorial y los proyectos de vida de quienes apostaron por dejar las armas.Para 2026, la ARN y el Gobierno del Cambio reiteran su compromiso de seguir llegando a los territorios históricamente marginados, entendiendo que la paz crece cuando la reincorporación se fortalece desde lo local y se traduce en transformaciones reales para Colombia.
La Defensoría del Pueblo advirtió que entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2025 se registraron 165 asesinatos de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos en el país. Del total de casos confirmados, 143 corresponden a hombres y 22 a mujeres, lo que refleja una grave y sostenida vulneración a quienes promueven la defensa de los derechos y la paz en los territorios.Los datos revelan que los meses con mayor número de homicidios fueron marzo (20 casos), julio (19) y noviembre (18). Desde enero de 2016 hasta noviembre de 2025, la Defensoría ha documentado 1.653 asesinatos de líderes y defensores, una cifra que pone en evidencia la magnitud de la crisis y la necesidad de reforzar la protección institucional.A las cifras de la Defensoría se suman los datos de Indepaz, que confirman la persistencia de un patrón sistemático de violencia y silenciamiento contra quienes defienden la vida, los derechos humanos y la implementación del Acuerdo de Paz. El instituto señala que el asesinato de líderes sociales, de firmantes de paz y la repetición de masacres en distintos departamentos no solo responde a la acción de grupos armados ilegales, sino también a profundas fallas estructurales del Estado en materia de prevención, protección y garantías de no repetición.Las organizaciones defensoras de derechos humanos coinciden en que el Estado colombiano sigue en deuda con las comunidades rurales y los procesos sociales que, a pesar de los riesgos, continúan promoviendo la reconciliación y la defensa del territorio.Mientras tanto, colectivos como las Tejedoras de Vida del Putumayo mantienen viva la voz de resistencia con una pregunta que se repite en cada marcha y conmemoración: “¿Por qué nos matan?”.El llamado de las entidades es urgente: fortalecer los mecanismos de seguridad para los líderes sociales, garantizar justicia frente a los crímenes y avanzar en una política integral de protección que ponga fin a la impunidad y al miedo que sigue acechando a quienes defienden la paz.
El Ministerio de Transporte solicitó a la Aeronáutica Civil exigir a las aerolíneas que se autorregulen en los precios de los tiquetes durante la temporada de fin de año y adopten un techo tarifario, en medio del aumento en la demanda de vuelos nacionales e internacionales.Según proyecciones del Ministerio, entre el 19 de diciembre de 2025 y el 5 de enero de 2026 se movilizarán más de 3,2 millones de pasajeros por vía aérea. De ese total, cerca de dos millones corresponden a vuelos nacionales y más de 1,2 millones a trayectos internacionales.La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, advirtió que no se permitirán incrementos desproporcionados en los precios y cuestionó el comportamiento reciente de algunas tarifas.“No puede ser, como lo comprobamos esta mañana, que un tiquete a Cartagena cueste lo mismo que un tiquete a Miami”, afirmó, al recordar que las aerolíneas reciben incentivos, rutas y beneficios que deberían reflejarse en precios razonables para los usuarios.Por su parte, el presidente Gustavo Petro advirtió que, además de la autorregulación, es necesario aumentar la competencia en el sector aéreo para evitar que pocas empresas concentren los vuelos y puedan fijar precios elevados. “La solución es más competencia, es decir, más aerolíneas, incluida Satena, la verdadera empresa nacional de aviación civil, teniendo derecho a slots”, señaló.Al mismo tiempo, entre el 25 de diciembre y el 1 de enero, se estima que 2.307.130 pasajeros se desplacen desde las terminales terrestres del país en más de 215.000 vehículos. A esto se suma el flujo por carretera: solo entre el 1 y el 28 de diciembre, más de 25,4 millones de vehículos transitaron por los peajes nacionales, superando las cifras del mismo periodo del año anterior.Desde el Gobierno advirtieron que “las empresas que se autorregulen, cumplan la norma y garanticen transparencia al usuario contarán con el respaldo e incentivos del Gobierno Nacional”.
La situación fiscal del país volvió al centro del debate público tras una serie de denuncias hechas por el representante a la Cámara Andrés Forero, del Centro Democrático, en entrevista con Blu Radio este 29 de diciembre de 2025. Aunque el diálogo abordó varios temas políticos y económicos, uno de los puntos más sensibles fue el manejo de los recursos del Fondo del Magisterio y las decisiones de gasto del Gobierno en medio de lo que denomina una “emergencia económica”.Forero sostuvo que, pese a las confrontaciones políticas entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense Donald Trump, ese choque no ha tenido un impacto real en la popularidad del mandatario colombiano. Sin embargo, advirtió que el verdadero riesgo está en la economía, especialmente si se toman decisiones que terminen afectando directamente a los ciudadanos.Traslado de recursos del FOMAC genera alarma entre maestrosEl congresista confirmó que recibió respuesta oficial de la Fiduprevisora sobre el traslado de recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAC). “Lo que me confirma hoy la Fiduprevisora es que fueron 1.2 billones de pesos (…) que provenían de las cesantías y de las pensiones de los maestros”, dijo Forero, al señalar que ese dinero se usó para cubrir un faltante en el sistema de salud.Según explicó, el problema se originó por falta de planeación en el nuevo modelo de salud del magisterio. “En lugar de ver mejorías, lo que hemos visto es que tristemente se ha deteriorado sensiblemente”, afirmó, recordando que incluso Fecode ha salido a criticar el modelo.“Es como tapar un hueco abriendo otro”, afirmó Andrés Forero Uno de los momentos más contundentes de la entrevista llegó cuando Forero usó una metáfora doméstica para explicar la situación. “Esto es como hacerse un préstamo dentro de la misma casa”, señaló, y luego remató: “Están tapando un hueco con otro, abriendo otro hueco dentro de su misma casa”.El representante alertó que, cuatro meses después del traslado, el Ministerio de Hacienda aún no ha repuesto los recursos. “La preocupación que uno tiene es que estos recursos (…) posiblemente se van a evaporar”, advirtió.Gastos del Gobierno bajo la lupa en plena emergencia económicaForero también cuestionó otros gastos del Ejecutivo, como el pago de una residencia diplomática en Arabia Saudita. “Son más o menos 1.000 millones de pesos al año”, dijo, al considerar incoherente ese tipo de erogaciones mientras miles de contratistas no reciben su salario. “Si el gobierno habla de una emergencia económica, lo primero que tiene que hacer es ajustarse el cinturón”, concluyó.Las denuncias dejan abierto un debate de fondo sobre prioridades fiscales y el impacto real de las decisiones económicas en sectores clave como la educación y la salud.
En la mañana de este lunes 29 de diciembre se conoció nueva información sobre la definición del salario mínimo en Colombia. Según reveló Blu Radio, el Ministerio del Trabajo le habría propuesto al presidente Gustavo Petro un incremento del 23 %, lo que llevaría el salario mínimo mensual a $1.746.882, sin incluir el auxilio de transporte. La propuesta tendría como objetivo reducir la brecha entre los ingresos de los trabajadores y el salario vital estimado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).Este planteamiento marca un giro en las negociaciones de este año, ya que por primera vez se incluyó como variable el concepto de salario vital. De acuerdo con el documento citado, la estimación parte del principio de que la remuneración laboral debe ser suficiente para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores y de sus familias, garantizando condiciones mínimas de bienestar.Propuesta del Gobierno: salario mínimo en 2026Desde el Gobierno Nacional se ha señalado que, si Colombia adoptara plenamente los estándares de la OIT, el salario mínimo debería fijarse en $1.826.190, sin auxilio de transporte. No obstante, aclararon que este sería un ajuste progresivo y no una medida que se implemente en un solo año.Según el Ejecutivo, la mejora en los indicadores de crecimiento económico y la reducción del desempleo serían factores clave para avanzar hacia ese objetivo. Sin embargo, esta propuesta no ha sido bien recibida por sectores empresariales ni por voces opositoras, que advierten sobre los posibles impactos en el empleo y en la sostenibilidad de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas.Pese a las críticas, el Ministerio del Trabajo insiste en que el aumento busca fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores y acercar el salario mínimo a un ingreso que permita cubrir gastos esenciales.¿Quiénes recibirían el auxilio de transporte en 2026?En caso de que el salario mínimo se fije en $1.746.882, el auxilio de transporte también tendría una modificación importante. Aunque aún no se ha decretado oficialmente su valor, se espera que el incremento sea proporcional al aumento del salario mínimo legal vigente.Actualmente, el auxilio de transporte es de $200.000. Expertos estiman que podría ubicarse entre $220.000 y $280.000, a la espera del anuncio oficial del Gobierno. Este beneficio se entrega a quienes devengan hasta dos salarios mínimos, por lo que, con el nuevo ajuste, las personas que ganen menos de $3.493.764 tendrían derecho a recibirlo.Esto implica que trabajadores que en 2025 no accedían al auxilio por superar el tope ($2.847.000), en 2026 podrían empezar a recibir este ingreso adicional, lo que representaría un alivio inesperado para su presupuesto mensual.Cuándo se anunciará el aumento del salario mínimoDesde el viernes 27 de diciembre se ha mencionado que el presidente Gustavo Petro confirmará el incremento del salario mínimo entre el lunes 29 y el martes 30 de diciembre. No obstante, en la mañana de este lunes se conoció que el mandatario realizaría una alocución a las 7:00 de la noche, momento en el que se espera que revele oficialmente el aumento que regirá para 2026.
Diciembre es sinónimo de primas, compras y retiros constantes de dinero en efectivo. Sin embargo, también se convierte en el mes preferido para los delincuentes, que aprovechan el afán y la congestión en los cajeros automáticos para vaciar cuentas bancarias. En medio del aumento de transacciones, una modalidad de hurto conocida como la “trampa del billete” volvió a encender las alertas de las autoridades y de las entidades financieras en todo el país.Este tipo de estafa, que no es nueva, suele pasar desapercibida entre los usuarios, especialmente en temporada de fin de año, cuando las filas son largas y la presión por retirar rápido juega en contra de la seguridad.Cómo funciona la estafa de la trampa del billete en cajerosDe acuerdo con lo revealedo por las autoridades, el engaño inicia cuando la persona llega a un cajero automático y nota un billete aparentemente atascado en la ranura por donde sale el efectivo. Al intentar retirarlo o manipularlo, el cajero presenta una falla, se bloquea o no entrega el dinero solicitado.En medio de la confusión, muchos usuarios optan por cancelar la transacción o se retiran del lugar creyendo que el retiro no se completó. Sin embargo, el billete fue colocado de manera intencional por los delincuentes para distraer a la víctima y dejar la sesión abierta. En cuestión de minutos, los estafadores regresan al cajero y realizan retiros sin necesidad de la tarjeta.Las autoridades advierten que este método es especialmente efectivo cuando la persona no espera el cierre total de la operación ni verifica que la sesión haya finalizado correctamente.Por qué diciembre es el mes con más riesgo de estafasLas entidades financieras han insistido en que esta modalidad se incrementa en diciembre debido al mayor flujo de dinero. El pago de primas, salarios y los gastos propios de la temporada hacen que las personas retiren sumas más altas y, en muchos casos, bajen la guardia por el afán, las largas filas o la congestión en los cajeros.A esto se suma que muchos usuarios no revisan de inmediato los movimientos de su cuenta, lo que permite que el fraude pase desapercibido durante varias horas. Además, los cajeros ubicados en vías principales o en zonas alejadas de oficinas bancarias suelen ser más vulnerables para este tipo de delitos.Recomendaciones para evitar la trampa del billeteLas entidades bancarias reiteran una serie de recomendaciones básicas para no caer en esta estafa:No tocar ni retirar billetes que sobresalgan del cajero.Cancelar completamente la operación ante cualquier anomalía.Retirar siempre la tarjeta antes de abandonar el cajero.Revisar de inmediato los movimientos de la cuenta.Preferir cajeros ubicados dentro de bancos o centros comerciales.Mantener la calma y seguir estas recomendaciones puede marcar la diferencia entre un retiro seguro y una pérdida innecesaria de dinero.
El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, reveló los datos que le entregaron desde la Cancillería sobre los costos de la embajada de Colombia en Arabia Saudita. Forero reveló que el costo mensual del canon de arrendamiento supera los 19.300 dólares."Por decisión unánime del comité se recomendó la opción presentada para la Embajada de Colombia en Arabia Saudita, Villa Zona de Al Nuzha: valor del canon mensual USD 19.333,33, para un total anual de USD 232.000", dice el derecho de petición revelado por Forero.El representante a la Cámara revela estos datos en respuesta a un trino en el que la defensora del Pueblo, Iris Marín, asegura que el presupuesto que le dio el Gobierno a la Defensoría para el 2026 es menor al solicitado y menor al asignado para el 2025."En diciembre nos notifican que no contaremos con los recursos para pagar a más de 5.160 contratistas y defensores públicos. Esto, a pesar de que estos recursos estaban asignados a nuestra entidad en la ley de presupuesto y comprometidos a través de los contratos de prestación de servicios suscritos y cumplidos por los contratistas", dice Marín.Es por esto que el representante a la Cámara, Andrés Forero, cuestiona las prioridades del Gobierno con la asignación de recursos."Mientras el presidente Gustavo Petro deja sin pago decembrino a los contratistas de la Defensoría, se gasta casi $1.000 M anuales en el arrendamiento de la lujosa y extravagante embajada en Arabia Saudita. Cuesta entender las prioridades del Gobierno en medio de la emergencia económica", señala Forero.