El Gobierno nacional anunció la prórroga de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), creadas originalmente mediante la Resolución Ejecutiva 161 de 2025, firmada por el presidente Gustavo Petro el 23 de mayo. Estas zonas fueron concebidas como espacios transitorios de concentración y diálogo con el Frente 33 de las disidencias de las Farc-Ep, en el marco de la política de paz total.Según el documento, la primera ZUT se estableció en la zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander, en pleno Catatumbo, con una vigencia inicial de siete meses y un plazo de 45 días para el traslado de los miembros acreditados. La resolución incluyó la suspensión temporal de las órdenes de captura y extradición contra los integrantes reconocidos oficialmente como parte del proceso, con el fin de facilitar su participación en los mecanismos de negociación y verificación.La ampliación anunciada por el Ejecutivo busca replicar el modelo en otras regiones donde las disidencias mantienen presencia activa y extender la vigencia de las zonas actuales mientras se evalúan los avances de los diálogos. Sin embargo, el Gobierno no ha ofrecido información clara sobre el número de integrantes concentrados, los mecanismos de control ni las garantías de seguridad para las comunidades que habitan cerca de las áreas delimitadas.El anuncio ocurre en un contexto especialmente delicado. En las últimas semanas, los enfrentamientos entre el Frente 33 y el ELN se han intensificado en los municipios de Tibú, El Tarra y Sardinata, dejando nuevos desplazamientos masivos y una creciente crisis humanitaria. La Defensoría del Pueblo ha advertido que miles de personas se encuentran en riesgo por el fuego cruzado y la ausencia de una respuesta institucional efectiva.Mientras el Gobierno insiste en que las ZUT son una herramienta de transición hacia la paz y el desarme, en el terreno predomina la incertidumbre. Las comunidades del Catatumbo reclaman transparencia y resultados tangibles, mientras la violencia, los confinamientos y el desplazamiento forzado siguen marcando el día a día de una región que continúa esperando que la paz deje de ser solo una promesa.
Con el aumento del salario mínimo para 2026, decretado por el presidente Gustavo Petro con un incremento del 23 %, el ingreso mensual quedó fijado en $1.750.905. Al sumarse el auxilio de transporte, el total para quienes tienen derecho a este beneficio asciende a $2.000.000. Este anuncio, aunque esperado, abrió de inmediato una inquietud recurrente entre los colombianos: qué bienes y servicios subirán de precio el próximo año.Durante varios años, buena parte de los costos cotidianos estuvieron atados directamente al Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV). Sin embargo, en la actualidad, varios servicios clave dejaron de depender de este indicador y ahora se ajustan con base en otros mecanismos, principalmente la inflación. Esto significa que el aumento salarial no se traduce, de forma automática, en un alza generalizada de todos los gastos.Servicios que no subirán con el salario mínimo en 2026De acuerdo con la información oficial, algunos de los gastos más frecuentes de los hogares ya no están conectados al salario mínimo. Un caso claro es el de los arriendos de vivienda. Por ley, los cánones solo pueden incrementarse con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), una medida que busca evitar aumentos desproporcionados y dar mayor estabilidad a los arrendatarios.Algo similar ocurre con los peajes en vías nacionales y concesionadas. Estos valores se ajustan según la inflación o lo establecido en los contratos de concesión, sin una relación directa con el SMLMV. Por esta razón, el alza del salario mínimo no impactará de manera inmediata los costos de viajar por carretera.Multas, servicios públicos y educación no dependen del SMLMVOtro punto que suele generar preocupación son las sanciones de tránsito. Aunque afectan el bolsillo de millones de conductores, estas multas se calculan en Unidades de Valor Básico (UVB), que se actualizan con base en la inflación y no en el salario mínimo.En cuanto a los servicios públicos domiciliarios, como agua, energía, gas y aseo, las tarifas se determinan mediante esquemas técnicos. Estos tienen en cuenta costos de operación, regulación sectorial e inflación. Si bien pueden presentar incrementos, no lo hacen de manera automática por el aumento del SMLMV.La educación privada también se rige por criterios distintos. Matrículas y pensiones se fijan con base en presupuestos internos y ajustes inflacionarios. Aunque cada institución define sus incrementos, estos deben mantenerse dentro de los límites legales y no dependen directamente del salario mínimo.Qué sí podría subir tras el aumento del salario mínimoAunque muchos servicios no están atados al SMLMV, el impacto del aumento salarial puede sentirse de forma indirecta. Sectores intensivos en mano de obra, como la vigilancia y el aseo en conjuntos residenciales, podrían ajustar sus tarifas si los mayores costos laborales se trasladan a los usuarios.De igual forma, algunos servicios privados, como consultas médicas particulares o trabajos profesionales independientes, podrían encarecerse por ajustes generales de costos, aun cuando no exista una obligación legal de ligarlos al salario mínimo.
Desde la Escuela José Maria Córdova, el presidente Gustavo Petro se refirió al balance de las Fuerzas Militares durante este año. El mandatario aseguró que la guerra se ha modificado y ahora los ataques vienen desde herramientas tecnológicas como el uso de drones, reconoció que la fuerza pública no ha tenido la capacidad para responder.“Ahora ha cambiado la guerra, es una guerra de drones y antidrones. Llevo tres años pidiendo antidrones. Un muerto y diez heridos de la Armada, 36 de la Policía, aquí ajustando, casi 300 heridos y 58 muertos por fuego de drones. Aquí estamos ante la ventaja que tenía el Ejército y las fuerzas militares, que era aérea, ahora es al revés, la tiene el narcotráfico que puede comprar eso en efectivo y por miles y nuestro aparato administrativo no lo hace”, dijo.En respuesta el general Hugo López, comandante de las FFMM, aseguró que este año se destinaron 800.000 millones para adquirir antidrones. “Tenemos más o menos 1.500 equipos por todo el territorio nacional. De acuerdo a la instrucción del presidente, asignó 800.000 al Ejército para este año para que cada pelotón y unidad táctica tenga la capacidad de protegerse. Para el año 2026 hay asignado 1 billón para fortalecer la inteligencia, dron y antidrones”.Cabe mencionar que las finanzas del sector de Defensa se verá afectadas por el aumento del salario mínimo pues el Gobierno prometió pagar este monto a uniformados por lo que los cálculos con los que se hizo el presupuesto para el 2026 no son correctos. El presidente Gustavo Petro pidió una reunión de los ministros de Hacienda y Defensa para evaluar modificaciones y mencionó que utilizaría la emergencia económica para hacer los ajuste
El aumento del salario mínimo para 2026 fue celebrado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Su presidente, Fabio Arias, aseguró que la organización sindical está “de fiesta” tras la decisión del Gobierno Nacional, al considerar que se trata de un hecho histórico que responde a una demanda sostenida de la clase trabajadora en Colombia.En declaraciones a Recap de Blu Radio, Arias afirmó que el incremento marca un punto de quiebre frente a gobiernos anteriores. “Para nosotros es estar de fiesta: recibir muy positivamente que un Gobierno, por primera vez de manera importante, reciba el clamor de la clase trabajadora”, señaló el dirigente sindical, quien recordó que en el pasado las decisiones se alineaban, principalmente, con las posiciones de los sectores empresariales.El presidente de la CUT insistió en que el actual Ejecutivo ha mostrado voluntad política para mejorar los ingresos laborales. “Está bien que un Gobierno esté respaldando acciones para mejorar los ingresos de los trabajadores, que es a los que está favoreciendo”, afirmó, al destacar que el salario mínimo impacta directamente a millones de hogares en el país.Durante la concertación, Arias resaltó el peso de los datos técnicos presentados por el DANE. Según explicó, los gremios no lograron controvertir las cifras oficiales. “En la concertación el DANE llevó cifras y los gremios no pudieron refutarlas, porque dato mata relato”, aseguró, defendiendo el sustento técnico del incremento aprobado.El dirigente sindical también enfatizó en el efecto económico del aumento del salario mínimo para 2026. “El comercio, al tener trabajadores con más ingresos, hace que demanden más bienes y servicios”, explicó, al señalar que esto se traduce en un crecimiento del consumo interno de los hogares. En esa línea, reiteró: “Creemos que con este incremento los trabajadores van a tener más dinero y vamos a consumir mucho más”.Arias subrayó que el fortalecimiento del consumo contradice los argumentos que advierten impactos negativos sobre la economía. “Incrementando los salarios se incrementa la capacidad de consumo de los hogares”, insistió, reiterando que los datos respaldan esta afirmación.Finalmente, el presidente de la CUT planteó el aumento del salario mínimo como un paso hacia una mayor equidad. “El empresario se ha venido quedando con la mayor parte de la producción; es benéfico que nos den un poquito más a los trabajadores”, dijo, al recordar que “Colombia es uno de los países más desiguales del planeta”. Para el sindicalismo, este ajuste empieza a marcar un camino para reducir brechas sociales y avanzar hacia una distribución más justa del ingreso.
En Santander, las autoridades se encuentran en alerta debido al aumento de lesionados con pólvora, hasta la fecha ya son 10 los menores de 18 años y 22 los adultos reportados.“A toda la comunidad santandereana, para que evitemos la manipulación de la pólvora y en especial a los padres de familia para que los menores de edad no manipulen la pólvora, la mitad de los lesionados en Colombia están asociados a menores de edad”, afirmo Edwin Prada, secretario de Salud de Santander.De acuerdo con el sistema de vigilancia en salud pública, entre las personas quemadas hay un menor de edad que se encontraba en compañía de un adulto en estado de embriaguez.Entre los municipios donde se han registrado quemados están: Mogotes, Sabana de Torres y Floridablanca. Frente a las cifras, Orlando Quintero, subgerente del Hospital Universitario de Santander (HUS) invitó al no uso de juegos pirotécnicos, “la pólvora no es un juego, la mejor decisión es no manipularla”.Las autoridades hacen un llamado a tener cuidado con el uso de voladores en especial, con los totes, lo que llamamos quintos, ya que cualquier manipulación indebida de pólvora puede presentar alguna alteración.Cabe destacar, que las sanciones por la manipulación de la pólvora son de hasta 32 salarios mínimos diarios vigentes, alrededor de un millón quinientos mil pesos.Según la información reportada por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, en la capital santandereana no se registraron quemados por manipulación de pólvora el 24 de diciembre.
Desarticulan en corregimiento San Antonio de Prado de Medellín una red criminal dedicada al secuestro y la extorsión. Tras siete meses de investigación, nueve personas fueron capturadas por su presunta participación en amenazas y cobros ilegales que afectan a comerciantes y trabajadores del sectorUn operativo del Gaula de la Policía Nacional permitió desarticular una red criminal dedicada al secuestro y la extorsión que operaba en el corregimiento de San Antonio de Prado y otros sectores del suroccidente de Medellín. La acción fue el resultado de una investigación que se extendió durante siete meses y que permitió identificar la estructura y el modo de operación del grupo conocido como ‘El Limonar’.Durante el procedimiento fueron capturadas nueve personas, señaladas de integrar este grupo delincuencial organizado. Entre los detenidos se encuentran dos presuntos coordinadores, conocidos con los alias de 'Orejas' y 'Camilo', quienes, según el material probatorio recopilado por las autoridades, serían los encargados de dirigir las actividades criminales de la organización.Las extorsiones y presiones ejercidas por el grupo se convirtieron en un problema recurrente para quienes desarrollan actividades económicas en la zona, lo que motivó el fortalecimiento de las labores investigativas por parte del Gaula. Las autoridades lograron recolectar información clave que permitió ubicar a los presuntos responsables y ejecutar las capturas de manera simultánea, como lo destacó el general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana.“Son requeridas por los delitos de secuestro, extorsión, concierto para delinquir, desplazamiento forzado, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de sustancias. Este grupo de delincuencia común organizada estaría alineado a un grupo de delincuencia organizada denominado Los Trian y venían afectando a comerciantes, residentes, parqueados y trabajadores”, dijo el general Castaño.Durante el operativo también fueron incautados cinco teléfonos celulares, los cuales quedaron a disposición de la autoridad judicial. Estos dispositivos serán sometidos a análisis técnico con el fin de obtener información que refuerce el proceso investigativo y la judicialización de los capturados.Por lo pronto, los nueve detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. En las audiencias de control de garantías se definirá su situación jurídica, mientras avanzan los procesos judiciales relacionados con los hechos que se les atribuyen.
En diálogo con Mañanas Blu, el presidente del Senado de la República, Lidio García, se pronunció de manera contundente sobre la reciente declaratoria de emergencia económica por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro. García advirtió que el Congreso iniciará un riguroso control político a esta medida, la cual considera innecesaria y potencialmente perjudicial para las finanzas de los colombianos,.Control político a la emergencia económicaEl presidente del Legislativo informó que, aunque las sesiones extraordinarias estaban inicialmente programadas para debatir los ascensos de militares y policías, la agenda se extendió debido a la polémica que rodea el decreto de emergencia económica. "Vamos a empezar el control político de la emergencia económica", afirmó García, señalando que el país tiene derecho a conocer qué hay detrás de esta decisión.García explicó que el Congreso tiene la potestad legal de revisar este informe, a pesar de que el gobierno cuenta con un plazo de hasta 40 días para presentarlo formalmente. Según el senador, el debate es urgente porque existe la sospecha de que el Ejecutivo busca implementar, vía decreto, reformas o cargas tributarias que no fueron aprobadas previamente en el legislativo. "El país tiene que saber todo lo que está pasando", enfatizó el presidente del Senado."No más impuestos" y la baja ejecución presupuestalUno de los puntos más críticos de la intervención de Lidio García fue su rechazo a la posibilidad de que la emergencia económica derive en nuevos gravámenes. "Este país no aguanta un impuesto más", sentenció, argumentando que una emergencia de este tipo suele traer consigo nuevas cargas fiscales.Además, el senador cuestionó la justificación de la medida al señalar que el gobierno actual cuenta con una cantidad significativa de recursos sin ejecutar. Para García, resulta "inconcebible" que se hable de una emergencia económica cuando hay "tanta plata sin ejecutar" en las arcas del Estado, sugiriendo que el problema no es de falta de recursos, sino de gestión.Asamblea ConstituyenteGarcía no dudó en calificar estas movidas del Ejecutivo como una "jugada política" de cara a los próximos ciclos electorales. Según su visión, tanto la emergencia económica como la propuesta de convocar a una Asamblea Constituyente son herramientas para mantener la presencia del gobierno en las calles durante el debate electoral para el Congreso y la Presidencia.Escuche aquí la entrevista:
El almirante Francisco Cubides se despidió del comando general de las Fuerzas Militares, luego del nombramiento del general Hugo López como nuevo comandante. A su salida, el almirante destacó el sacrificio, la vocación de servicio y la unidad operacional de soldados, marinos y aviadores que integran la institución a lo largo y ancho del país.Cubides aseguró que su paso por el comando general estuvo marcado por el orgullo de liderar a hombres y mujeres que, incluso en los rincones más apartados del país, custodian la soberanía y velan por la seguridad de los colombianos. “Fui testigo diario de la esencia misma del heroísmo colombiano”, afirmó el oficial, al tiempo que agradeció el esfuerzo incansable del personal militar y el respaldo de sus familias.El almirante resaltó que los resultados operacionales alcanzados durante su gestión no obedecen al liderazgo de una sola persona, sino al trabajo conjunto y a la valentía de toda la Fuerza Pública. “Los colombianos reconocen su entrega, su coraje, su compromiso y su disciplina”, señaló, subrayando que ese sacrificio constituye la columna vertebral de la institucionalidad del país.Uno de los ejes centrales de su mensaje fue la importancia de la conjuntez como pilar estratégico. Cubides agradeció de manera especial a los generales y almirantes de la cúpula militar saliente por haber creído en el trabajo articulado entre las fuerzas. Según indicó, esa unidad de criterio y de acción permitió enfrentar con éxito los desafíos más complejos que amenazan la estabilidad de Colombia.En su despedida, el oficial naval extendió un mensaje directo a la nueva cúpula militar que asume el mando, a la que deseó éxito y sabiduría en la conducción de la institución. “Queda en sus manos el tesoro más grande de Colombia: sus soldados, marinos y aviadores”, expresó, al tiempo que los instó a preservar el legado de honor y disciplina.“Me retiro con la satisfacción del deber cumplido. Servir a Colombia ha sido el mayor honor de mi vida. Tengo la plena certeza de que nuestras Fuerzas Militares que a partir de ahora serán lideradas por el señor general Hugo López, seguirán siendo el bastión que sostiene la patria, firmes en la defensa de la soberanía, la paz y la esperanza de cada hogar colombiano”, indicó.Cubides también hizo un llamado a todo el personal de las Fuerzas Militares para continuar trabajando por la paz, manteniendo la mística, la convicción y el compromiso con la defensa de la democracia, las instituciones y el pueblo colombiano. “Sigan siendo los guardianes de la soberanía nacional”, enfatizó.Finalmente, el almirante se despidió asegurando que, aunque deja el cargo, el servicio a la nación no termina. “El compromiso con Colombia jamás acaba”, concluyó, cerrando su gestión con un mensaje de gratitud, admiración y reconocimiento hacia quienes continúan portando el uniforme de la Patria.
El Ministerio de Salud y Protección Social anunció que a partir de 2026 se hará efectivo el pago de una remuneración mensual a los estudiantes de medicina que cursan su año de internado obligatorio. De acuerdo con la entidad, los recursos permitirán cubrir un salario mínimo mensual y la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud para más de 8.000 internos en todo el país.Según el comunicado oficial, para la vigencia 2026 se destinarán más de 200.000 millones de pesos, los cuales serán girados directamente a los estudiantes beneficiarios. El Ministerio explicó que esta medida se enmarca en lo dispuesto por la reforma laboral, que modificó normas laborales y estableció el reconocimiento económico para los internos de medicina durante su práctica clínica obligatoria.Este anuncio se conoce en medio de las movilizaciones convocadas por estudiantes de medicina, quienes anunciaron un plantón en 17 ciudades del país este lunes 29 de diciembre. Los organizadores de la protesta han señalado que, aunque la reforma laboral contempla el pago a los internos, aún persiste la preocupación por la asignación presupuestal necesaria para garantizar estos recursos durante 2026.Recordemos que Andrés Salcedo, médico y promotor de las movilizaciones, indicó que la manifestación busca llamar la atención del Gobierno sobre la necesidad de asegurar de manera efectiva los recursos que permitan cumplir con lo establecido en la ley y evitar retrasos en los pagos a los estudiantes que realizan su internado médico obligatorio.
La Superintendencia de Transporte impuso una medida administrativa a la aerolínea Wingo, ordenando a la compañía modificar de inmediato los contenidos de la página web, al analizar que no cumplen con los parámetros legales de claridad, precisión y accesibilidad exigidos por la normativa vigente.“No podemos permitir que la desinformación o la falta de claridad en los procesos se conviertan en nuevas barreras para la movilidad. Cada persona, sin excepción, debe poder ejercer su derecho a moverse con dignidad y en igualdad de condiciones”, denunció la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.El caso se da luego de que tres ciudadanas en condición de discapacidad denunciaran el pasado 1 de octubre de 2025 que en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, se les impidiera abordar un vuelo con destino a Medellín. Tras conocer la denuncia, se comenzó con la investigación por parte de la Delegatura para la Protección de los Usuarios, que posteriormente evidenció falencias en el proceso de compra en línea de la aerolínea.“Negar o dificultar el acceso a información clara, accesible y suficiente sobre las condiciones del transporte implica perpetuar la exclusión y vulnerar los derechos fundamentales a la igualdad, la movilidad y la dignidad humana de las personas con discapacidad.Con esta medida administrativa les cumplimos con dignidad a las ciudadanías, ya que es un mensaje contundente para las empresas del modo aéreo”, señaló Alfredo Enrique Piñeres Olave, superintendente de Transporte.Por lo que, en la página, mientras el usuario hace el proceso de compra de tiquete, se debe brindar la información y opciones necesarias para que el viajero pueda especificar su condición y características, con el fin de establecer los tipos de asistencias a brindar, como: “Necesito silla de ruedas, puedo caminar”, “Necesito silla de ruedas, no puedo subir escaleras”, “Soy completamente inmóvil” y “Tengo otra discapacidad”.Además, señalando que las categorías se acomoden a las necesidades especiales de los pasajeros, como: “silla de ruedas de rampa”, “silla de ruedas de escaleras” y “silla de ruedas de cabina”.Adicionalmente, se deberá adjuntar la Política de Pasajeros con Necesidades Especiales, que no solo especificará el servicio para las personas en silla de ruedas, sino que su contenido debe tener los requisitos del viaje para otras personas con diferentes discapacidades y la necesidad de un acompañante.Para realizar este cambio, SuperTransporte dio un plazo de cinco días hábiles para que la empresa implemente las modificaciones necesarias en su página web. De lo contrario, el incumplimiento de esta orden podría acarrear multas de hasta 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, según lo que establece la Ley 1437 de 2011.
El exalcalde de Bogotá y precandidato presidencial, Enrique Peñalosa, se refirió a las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, contra la magistrada de la Corte Suprema Cristina Lombana.Benedetti aseguró que Lombana era delincuente y loca, lo anterior, tras un allanamiento a su vivienda en Barranquilla.El precandidato presidencial Enrique Peñalosa aseguró que Benedetti debe enfrentar consecuencias por sus declaraciones.“Benedetti posa de muy respetuoso con su perro, pero cree que puede violentar física o verbalmente a todas las mujeres, en esta ocasión insultó a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia”, aseguró Peñalosa.Es importante recordar que la Procuraduría abrió una indagación preliminar contra Benedetti por este hecho.“Ojalá las consecuencias sean lo suficientemente duras para que aprenda que tiene que respetar a todas las mujeres y que tiene que respetar a la justicia en Colombia”, agregó Peñalosa.
El asesinato de líderes sociales no se detiene en Colombia. Con el crimen de José Efrén Vallejo Ruiz, ocurrido el 11 de noviembre de 2025 en el municipio de Patía, Cauca, ya son 166 los líderes y defensores de derechos humanos asesinados en lo que va del año. Vallejo Ruiz era un reconocido dirigente comunitario, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del corregimiento de El Hoyo, y promovía procesos de organización rural y convivencia en su comunidad.Riesgos advertidos por la Defensoría del PuebloLa Defensoría del Pueblo había advertido del peligro en la zona a través de la Alerta Temprana 013 de 2025, que incluye al municipio de Patía por el avance de grupos armados y la imposición de formas de gobernanza ilegal. La entidad señaló que la presencia del Frente Carlos Patiño —estructura del Bloque Occidental Jacobo Arenas de las disidencias de las Farc—, así como el posible ingreso de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y células del ELN, generan un riesgo permanente de violaciones a los derechos humanos.Esta advertencia se suma a la Alerta Temprana 008 de 2025, que ya documentaba amenazas, desplazamientos individuales y control social ejercido por actores armados en el sur del Cauca, y a la AT 019 de 2023, que resalta la vulnerabilidad de quienes ejercen liderazgo social en el país.Violencia persistente en el sur del CaucaLos hechos en Patía se enmarcan en un contexto de reconfiguración armada y disputa territorial entre el Frente Carlos Patiño, el ELN y bandas locales. En esta zona, bajo la jurisdicción de la Tercera División del Ejército Nacional, las comunidades rurales conviven entre la presión de los grupos ilegales y la limitada presencia institucional.Organizaciones de derechos humanos han reiterado que la ausencia de garantías y la falta de respuesta efectiva del Estado han dejado a los líderes comunitarios expuestos a la violencia y la persecución.Un país que sigue perdiendo a sus líderesEl homicidio de José Efrén Vallejo Ruiz vuelve a poner en evidencia la grave situación de riesgo que enfrentan los líderes sociales en Colombia. En lo que va de 2025, cada semana ha sido asesinada al menos una persona comprometida con la defensa de los derechos humanos, la participación ciudadana o el trabajo comunitario.La muerte de Vallejo Ruiz no solo representa una pérdida para su comunidad en Patía, sino también un llamado urgente a fortalecer las medidas de protección, presencia institucional y acciones concretas que garanticen el derecho a la vida y al liderazgo social en todo el territorio nacional.
En la Corte Constitucional hay una ‘papa caliente’ hace más de un año y es decidir sobre si la reforma pensional se ajusta o no a la Constitución, por ello, han pasado un sinfín de situaciones que han puesto en aprietos a los magistrados que integran la Sala Plena del alto tribunal.Blu Radio conoció una carta de 7 páginas firmada de puño y letra por el magistrado Héctor Carvajal, donde hace duras críticas a su colega el magistrado Jorge Enrique Ibáñez por la manera en que ha manejado el tema de su recusación formulada por la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia que pide sacarlo de la discusión de la pensional por un presunto conflicto de interés tras haber conceptuado como contratista de Colpensiones sobre la Ley 2381 de 2024.En el documento, Carvajal advierte que por primera vez en la historia de la Corte se interrumpió el término de traslado probatorio para introducir actuaciones “sin sustento legal”, como la tacha y descalificación de pruebas, la exigencia de nuevos requisitos técnicos y la modificación de términos procesales.El magistrado cuestiona en particular el auto del 6 de noviembre de 2025, proferido por el despacho del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, en el que se consideró que los documentos remitidos por Colpensiones no cumplían los estándares de autenticidad e integridad digital requeridos. Según la decisión, la entidad envió copias en formato de imagen sin metadatos, lo que impide verificar su origen.Carvajal rechaza esos argumentos y asegura que los documentos cuestionados son de su autoría, fueron reconocidos como auténticos y están publicados en el SECOP, la plataforma oficial de contratación pública. En su concepto, exigir “pruebas para probar lo probado” constituye una violación al debido proceso y al principio de buena fe.El magistrado Carvajal también sostiene que, con esas actuaciones, el presidente de la Corte quién es sustanciador en la demanda que pide tumbar la pensional “podría estarse arrogando las facultades propias de las partes, lo cual bien podría convertirlo en juez y parte, afectando la imparcialidad y generando una dilación injustificada”.Incluso Héctor Carvajal, criticó la manera en que el magistrado Ibáñez ha hecho manejo de su caso cuando se refiere al mismo ante los medios de comunicación."Pero, más allá de todas las irregularidades formales que se han cometido en el trámite de la recusación, quiero hacer un llamado de atención sobre dos aspectos que me resultan sumamente preocupantes el primero, es que el respeto por el buen nombre y la dignidad de los integrantes de esta Sala es un deber de cada uno de nosotros para con la Corporación […] La segunda preocupación, es el rigor que la Corte y sus funcionarios deben guardar en el manejo de la información ante los medios de comunicación”, señaló Carvajal en su misiva.Por último, el magistrado Héctor Carvajal conminó a sus colegas de la Sala Plena adoptar la decisión que corresponda para que la Corte Constitucional tome una decisión de fondo sobre una de las reformas de mayor interés para el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Al término de la reunión de la bancada de Cambio Radical, este 11 de noviembre, quedó claro que el partido sí tendrá candidato presidencial aunque tal vez no sea Germán Vargas Lleras.Esa reunión, en la que participaron Fuad Char, el Director Nacional, Germán Córdoba Ordóñez, y los congresistas del partido, se hizo con el propósito de definir los lineamientos para la conformación de las listas al Senado y la Cámara de Representantes para el próximo periodo.En tal sentido, el exvicepresidente podría decidir en los próximos días su aspiración al Senado de la República para jalar la lista de su partido a la cámara alta del Congreso y desistir de su aspiración a la Presidencia.Así se desprende de un comunicado compartido por esa colectividad en el que se advierte que está abierta la opción de que Vargas Lleras "participe en la contienda legislativa, en caso de no aspirar a la Presidencia”.“Se acordó que, en los próximos días, se dará a conocer la decisión de Germán Vargas Lleras sobre su candidatura. La consigna es clara: presentar al país la mejor propuesta de liderazgo para el 2026”, señaló el partido.En un mensaje en su cuenta de X, Vargas Lleras hizo énfasis en que desde Cambio Radical “nos preparamos para enfrentar al petrismo en 2026 y recuperar unidos el rumbo de Colombia”.Vargas Lleras cuenta con el apoyo de todos los congresistas de su bancada quienes consideran que su jefe natural está en plenas condiciones para asumir con plenitud la contienda electoral del año entrante “resaltando su buen estado de salud, su liderazgo, energía, carácter y claridad frente a los retos electorales del 2026”.
Finalmente, se confirmó el aumento del salario mínimo para el 2026 por parte del Gobierno nacional. El anuncio lo hizo el presidente Gustavo Petro confirmando un incremento del 23 %, es decir, un monto de 1.750.905 pesos y de $2.000.000 con subsidio de transporte.No obstante, algunos sectores han expresado cierta preocupación en torno a este anuncio por parte del Gobierno; por ejemplo, según la presidenta de Acopi, María Elena Ospina, en diálogo con Recap de Blu Radio, esto también afecta el crecimiento empresarial al aumentar el costo y lo difícil que puede llegar a ser mantener algunas nóminas."Hacemos un llamado al Gobierno nacional para que de manera urgente, además, que se adopten políticas complementarias que mitiguen el impacto del incremento salarial sobre las MiPymes, que promuevan la productividad y que eviten efectos adversos sobre el empleo formal. Esto, yo pienso que aquí tienen que haber unas líneas de crédito especiales para las MiPymes, entre otras cosas, tiene que haber unas políticas complementarias, como por ejemplo, tarifas diferenciales de renta. La otra cosa es alivios tributarios. Pueden suceder, lo que pasa es que no vemos la voluntad de este Gobierno para hacerlo", indicó.Al igual que dijo el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya, que pone en riesgo la economía de miles familias colombianas para el 2026 y el impacto sobre el consumo de la canasta familiar."En nuestro caso, resulta complejo poner este tema sobre la mesa, teniendo en cuenta que la Sociedad de Agricultores de Colombia agrupa a 21 sectores productivos. Además, es importante recordar que la tasa de informalidad laboral en el campo supera el 83 %. Por esta razón, cualquier medida que termine alejando a las personas de la formalidad laboral no solo afecta al sector, sino que perjudica directamente a los trabajadores. Por otro lado, también es necesario analizar lo que ocurre con los sectores que dependen del mercado internacional", dijo.Por otro lado, sectores políticos se han pronunciado en torno a este anuncio. Por ejemplo, cercanos al presidente como el ministro del Interior, Armando Benedetti, celebraron la noticia al asegurar que "la gente podrá comer" gracias a esta decisión del Gobierno. Mismo apoyo que manifestó Germán Bahamón, presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, al decir que es un desarrollo para las familias colombianas."Salario mínimo en 2 millones de pesos porque la canasta familiar vale 3.2 millones de pesos. Luego es un salario mínimo vital para que la gente pueda comer. Felicitaciones a la clase trabajadora y obrera de este país. @petrogustavo es un berraco! #SalarioVitalDigno", dijo el ministro del Interior.Sin embargo, otros mostraron preocupación, como la Andi que ve como un riesgo este incremento en el futuro del empleo en Colombia y la sostenibilidad de las empresas. "Se generan riesgos significativos para los hogares colombianos y para la economía del país, particularmente en lo relacionado con el aumento de la inflación y de los precios de múltiples bienes y servicios, el impacto sobre el empleo y las finanzas públicas. La inflación, sin duda, es una de las variables que más afecta a los ciudadanos en condición de mayor vulnerabilidad", expresaron.
Luego de varias semanas de especulación, en las que las centrales obreras y las agremiaciones empresariales no lograron un acuerdo sobre el incremento del salario mínimo para 2026, este lunes 29 de diciembre el Gobierno de Gustavo Petro confirmó que el alza será del 23 %. La decisión se tomó por decreto y fija el salario mínimo en $1,750,905 a partir del 1 de enero.Por su parte, el auxilio de transporte quedó establecido en $249.095, para un total de $2.000.000. Cabe recordar que este subsidio, por ley, se entrega a los trabajadores que devenguen hasta dos salarios mínimos.El anuncio se dio durante una alocución presidencial a las 7:00 de la noche, en la que el presidente Petro confirmó el porcentaje definitivo, luego de que a comienzos de mes se hablara de un incremento del 12 % y, posteriormente, de una cifra cercana al 19 %. Con esta decisión, se pone fin a la incertidumbre que marcó la recta final de las negociaciones.Ahora, los trabajadores que dependen directamente del salario mínimo, que representan poco más del 10 % de la población ocupada del país, podrán ajustar sus cuentas de cara al próximo año. No obstante, el aumento también traerá consigo incrementos en bienes y servicios que suelen ajustarse desde el primero de enero.Del lado empresarial, las compañías deberán recalcular sus presupuestos para asumir el aumento en nóminas, así como los mayores costos asociados a seguridad social, primas, vacaciones y cesantías, que se liquidan con base en el salario mínimo.Aumento del salario mínimo amplía beneficiados con auxilio de transporteCon el nuevo salario mínimo, algunos trabajadores que antes no recibían el auxilio de transporte ahora sí podrán acceder a este beneficio. Esto aplica para quienes en 2025 ganaban más de dos salarios mínimos, pero que con el nuevo ajuste quedan por debajo del nuevo tope.Por ejemplo, una persona que actualmente percibe $2.847.000 mensuales empezará a recibir el auxilio de transporte desde enero de 2026.¿Por qué el salario mínimo subió 23 % en 2026?Según explicó el Gobierno Nacional, el incremento del 23 % responde a la intención de avanzar hacia el llamado Salario Mínimo Vital, un concepto que se incluyó por primera vez de manera formal en la discusión salarial. La medida busca reducir la brecha entre los ingresos reales de los trabajadores y el salario que permitiría cubrir las necesidades básicas.De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el salario debe ser suficiente para garantizar condiciones mínimas de bienestar a los trabajadores y sus familias. Bajo ese cálculo, el Gobierno señaló que el salario mínimo debería ubicarse en $1.826.190 sin auxilio de transporte.Sin embargo, la administración aclaró que alcanzar ese nivel debe hacerse de forma progresiva y no mediante un solo ajuste anual, razón por la cual el aumento del 23 % se plantea como un primer paso en esa dirección.
En un nuevo cuestionamiento a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, el presidente Gustavo Petro habló de una supuesta inacción de la entidad para pedir la extradición de alias el 'Mono Arley', señalado de ser lavador de activos del ELN y capturado en España.“Otra vez una Fiscalía política. Perdí mi tiempo en eso. Velasco ahora es víctima de su propio invento. La Fiscalía debe ser independiente de la política para ser garantía de seguridad de la ciudadanía. Extrañamente ahora no piden la extradición del capo del ELN, ¿será para decir que yo soy su aliado? Yo no soy aliado de ellos, que asesinan sistemáticamente campesinos por codicia”, escribió en X.El mandatario se refirió a los diálogos suspendidos con esta organización criminal, insistiendo en un llamado para que dejen de delinquir, y concluyó su mensaje pidiendo a la Fiscalía solicitar la extradición de este criminal.“Gerly Sánchez Villamizar está ingresado en la prisión de Soto del Real, a la espera de ejecutar la extradición que está tramitando Interpol. En este momento todavía no he podido localizar a nadie en las oficinas de Interpol para conocer fechas o datos más concretos. Sigo haciendo llamadas y, en cuanto averigüe algo más, informo”, dijo.La Fiscalía General de la Nación respondió desmintiendo al mandatario y explicando que el pasado 28 de noviembre, por medio de la Dirección de Asuntos Internacionales, se presentó una solicitud formal de extradición contra Gerly Sánchez Villamizar, conocido como ‘Mono Gerley’, a quien señalan como articulador de una red de lavado de activos al servicio del ELN.Señalan, además, que esta persona fue capturada en España gracias al trabajo coordinado entre la Fiscalía General de la Nación, la Dijín de la Policía Nacional y la Guardia Civil española; asimismo, aclaran que todo el procedimiento de extradición se ha tramitado conforme a las vías legales y diplomáticas correspondientes, sin que se hayan presentado omisiones ni dilaciones.
Bajo observación médica permanece recluido en el Hospital Universitario de Neiva un bebé de tan solo cinco meses de nacido, que resultó herido en medio de un hecho de atraco cometido por delincuentes motorizados en un sector del barrio La Trinidad, en el norte de la ciudad.De acuerdo con versiones de las autoridades, la pareja, al oponer resistencia al atraco, fue atacada por los asaltantes con armas traumáticas. Uno de los disparos impactó al menor, quien por fortuna se encuentra fuera de peligro, según el parte médico entregado por el centro asistencial.“Dos personas que se movilizaban en motocicleta junto a un menor de brazos fueron víctimas de hurto en el barrio La Trinidad. Las víctimas, al oponer resistencia, resultaron lesionadas con armas traumáticas, incluido el bebé de brazos, quien actualmente continúa en un centro asistencial y, gracias a Dios, la herida que recibió no es de gravedad”, dijo el coronel Héctor Jairo Betancourt, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva.Agregó el oficial que, con el apoyo de la comunidad del sector, las pertenencias que les fueron hurtadas a las víctimas de este hecho de inseguridad fueron recuperadas horas después por los uniformados y entregadas a sus propietarios.Entre tanto, funcionarios de la Sijín adelantan las investigaciones, verificando cámaras de seguridad y otras evidencias, con el fin de identificar y dar con la ubicación de los responsables del atraco, que por poco termina en tragedia. No obstante, los habitantes del sector piden mayor presencia policial y mejoras en el sistema de alumbrado público, ante los reiterados casos de robo que se han registrado, principalmente en horas de la noche.
La Defensoría del Pueblo alertó sobre la grave crisis humanitaria que atraviesa la subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, donde los enfrentamientos entre grupos armados ilegales han provocado más de 78.000 desplazamientos forzados durante 2025. Tibú y El Tarra figuran entre los municipios más afectados por un conflicto que no da tregua y que ha generado confinamientos, amenazas y violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).El organismo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 017 de 2025 ante el recrudecimiento de la violencia entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las extintas Farc —Frente 33 y Bloque Magdalena Medio—, así como por el control territorial ejercido por el ELN en amplias zonas rurales. En este escenario confluyen economías ilegales, débil presencia estatal y una estructura de poder paralelo que impone restricciones de movilidad, normas de conducta y prácticas de coerción social sobre la población civil.En mayo, el Gobierno nacional autorizó la creación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) para miembros del Frente 33 en Tibú, medida que fue prorrogada el 23 de diciembre sin que hasta la fecha existan los protocolos necesarios para su funcionamiento. La Defensoría advirtió que la persistencia del conflicto armado en el área hace inviable esta iniciativa y podría aumentar los riesgos humanitarios para las comunidades cercanas.Los hechos más recientes agravan el panorama. Desde el 14 de diciembre se registran nuevos enfrentamientos en Tibú y El Tarra, que han dejado decenas de familias desplazadas y miles confinadas. Solo en el corregimiento de Pachelli, cerca de 1.500 familias —unas 6.000 personas— permanecen sin acceso a alimentos ni servicios básicos por los combates y el paro armado del ELN. En la vereda Kilómetro 16, 223 personas tuvieron que abandonar sus hogares, mientras que los ataques con drones en Filo Gringo mantienen aisladas a varias comunidades rurales.La Defensoría alertó además que las alcaldías de Cúcuta y Tibú no tienen la capacidad operativa ni presupuestal para responder a la emergencia, debido al vencimiento de contratos del personal de atención y del operador logístico. La falta de seguridad en el territorio ha impedido verificar de manera directa los nuevos desplazamientos, por lo que se presume un subregistro significativo.Ante esta situación, el organismo pidió al Gobierno nacional y a las autoridades locales fortalecer las rutas de atención humanitaria, garantizar el envío de ayuda inmediata y activar corredores humanitarios para las zonas más afectadas. También llamó a los grupos armados ilegales a cesar las hostilidades y respetar el Derecho Internacional Humanitario, para evitar que la crisis siga cobrando víctimas en el Catatumbo.Al llamado de la Defensoría del Pueblo se suma la alerta que emiten cerca de 28 organizaciones sociales de la región del Catatumbo en la que claman acciones inmediatas por parte de los grupos armados ilegales y los organismos del Estado."Alertamos sobre la grave escalada de la crisis humanitaria en el Catatumbo en los últimos días. Las confrontaciones armadas han generado más de 300 personas desplazadas, cierre de vías, presencia de artefactos explosivos, bloqueo a misiones médicas y graves afectaciones a la población civil", indicaron.Agregaron que la actual situación que ya había sido advertida por la mesa humanitaria desde noviembre, pone en alto riesgo a las comunidades campesinas e indígenas, especialmente a niñas, niños, personas mayores y líderes sociales."Exigimos acciones inmediatas de protección y atención humanitaria por parte del Estado y el respeto al DIH por los actores armados. Seguiremos acompañando a las comunidades por la vida, la paz y la permanencia digna en el Catatumbo".La crisis humanitaria que vive actualmente el Catatumbo empezó el 16 de enero de este año.
En Colombia, la llegada del Año Nuevo no siempre se recibe con brindis, ropa interior amarilla o las tradicionales doce uvas. En muchas regiones del país, especialmente en zonas rurales, el cambio de calendario se vive de otra manera: con rituales cargados de simbolismo, heredados de generación en generación y alejados de lo que suele verse en las grandes ciudades.Para miles de familias, el inicio del nuevo año está marcado por agüeros poco conocidos, pero profundamente arraigados en la vida cotidiana. Son prácticas que combinan creencias, memoria colectiva y una relación cercana con la naturaleza, y que aún hoy se mantienen vivas en distintos rincones del país.Agüeros de Año Nuevo que se practican en zonas rurales de ColombiaEn corregimientos de Santander y Norte de Santander existe la costumbre de dormir con una cebolla partida en cuatro partes, colocada en un plato sin sal debajo de la cama. Al amanecer, cada trozo se observa con atención, pues su estado representa un presagio para el año que comienza.Si alguno aparece oscuro, se asocia con enfermedad o traición. En ese caso, el plato se desecha lejos de la vivienda y no se vuelve a usar el lugar donde se cortó la cebolla.En sectores rurales del Meta y Casanare, el fogón se convierte en el centro del ritual. Antes de la medianoche, algunas familias amarran una cuerda roja alrededor del lugar donde se cocina, como símbolo de protección contra la escasez. La cuerda solo se retira después del primer desayuno del año. Si se rompe durante la noche, se interpreta como una señal de dificultades económicas.Rituales de Año Nuevo para protección y limpieza espiritualEn pueblos del sur de Bolívar, los espejos se cubren desde las 11:00 de la noche. La creencia indica que mirarse en el reflejo durante el cambio de año puede hacer que las cargas del pasado permanezcan en el cuerpo. Por eso, los espejos se destapan únicamente al amanecer.Algo similar ocurre en varios municipios del Magdalena Medio, donde durante las campanadas se guarda silencio absoluto. No hay abrazos ni brindis inmediatos. La primera palabra del año solo puede pronunciarse después de beber agua, como una forma de comenzar el ciclo sin discusiones ni malos augurios.Estos agüeros buscan soltar lo negativo del año que terminaEn zonas rurales de Nariño, algunas personas se amarran una hoja de plátano en el tobillo izquierdo antes de la medianoche. La hoja debe caer sola mientras se camina o se baila. Si permanece atada después de las 12, se interpreta como estancamiento.En veredas del Cauca, se quema sal gruesa en una cuchara metálica, mientras que en comunidades afrodescendientes del Pacífico se esconde una pequeña piedra en la boca para luego escupirla en la tierra, como símbolo de liberar rencores.Estos rituales revelan que, en Colombia, el Año Nuevo también se recibe con silencios, gestos mínimos y una profunda conexión con aquello que todavía no se puede controlar.
A escasos ocho meses de finalizar el mandato del presidente Gustavo Petro, el debate sobre una Asamblea Nacional Constituyente ha vuelto al centro de la discusión pública. Tras la reciente inscripción de un comité promotor para recolectar firmas, analistas y expertos constitucionales advierten que el camino jurídico es extremadamente complejo y que la iniciativa podría responder más a una táctica de movilización política que a una posibilidad institucional real.El abogado constitucionalista Juan Manuel Charry se ha mostrado pesimista frente a la viabilidad de esta propuesta, calificando los requisitos legales como "monumentales" bajo el marco de la Constitución de 1991."En mi opinión no estamos para una constituyente. Las condiciones son muy distintas a las que se dieron en 1990. Allá teníamos una guerra declarada de los carteles de la droga contra el Estado y hubo un consenso muy amplio. Hoy las circunstancias son muy diferentes. La Constitución del año 91 reguló cómo deben ser las asambleas constituyentes, como una vía de reforma y establece varios requisitos", dijo Charry.Le puede interesar: No se hará en época electoral”: Petro sobre Asamblea Nacional ConstituyenteA su vez, dijo que "se debe superar un umbral de algo más de 13,300,000 participantes en la votación para que genere efectos jurídicos". "Se busca recolectar las firmas para impulsar lo que sería una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Desde el gobierno han dicho que esto es una iniciativa ciudadana. Si se llega a recolectar un 20% del censo electoral en firmas, es obligatorio el trámite. Serían cerca de 8 millones de firmas que, en mi opinión, son muy difíciles de recaudar y de revisar", aseveró. Charry rechazó el argumento del Gobierno sobre la "obstrucción institucional" en el Congreso como justificación para una constituyente, señalando que es normal en democracia que un presidente deba hacer coaliciones cuando no tiene mayorías propias."Me parece a mí que es más una estrategia de movilización de las bases simpatizantes de la tendencia política del gobierno para darles un propósito de movilización y de cohesión", dijo. Escuche la entrevista aquí:
El pasado 21 de diciembre, Bogotá recibió una noticia que conmovió a muchos. Se confirmó la muerte de la presentadora y comunicadora social venezolana Margiory Fiaschi, quien falleció tras una larga lucha contra una lesión cerebral sufrida en 2023. Fue una batalla que enfrentó con discreción, valentía y una fortaleza que mantuvo hasta el final, lejos del ruido mediático y centrada en su proceso personal y familiar.Días antes de su fallecimiento, Fiaschi había compartido un mensaje en redes sociales que despertó preocupación entre sus seguidores. En la publicación se dirigía a su hija de cuatro años y reflexionaba sobre las dificultades de la maternidad, el aprendizaje constante y el “caos” que atravesaba debido a su estado de salud. Sus palabras, sinceras y cargadas de emoción, fueron interpretadas por muchos como una despedida anticipada.Aun en medio de la enfermedad, la presentadora dejó claro que su mayor motor siempre fue su hija, a quien intentó darle lo mejor “entre ensayo y error”. Ese mensaje, que hoy cobra un significado más profundo, generó una ola de reacciones y mensajes de apoyo por parte de quienes siguieron su carrera y su historia personal.Bogotá, la ciudad donde dio su última batallaTras recibir su diagnóstico, Margiory Fiaschi inició un tratamiento médico que la llevó a tomar una decisión difícil: renunciar a Globovisión a finales de 2024 para concentrarse por completo en su recuperación. Bogotá fue la ciudad que la acogió durante esta etapa, donde adelantó su proceso médico acompañada de sus seres queridos.Desde la capital colombiana, la comunicadora continuó compartiendo mensajes de esperanza, reflexión y gratitud, manteniendo un vínculo cercano con sus seguidores. Aunque su estado de salud era reservado, sus publicaciones transmitían serenidad y una mirada honesta sobre la fragilidad de la vida.Tras conocerse su fallecimiento, Globovisión le rindió un sentido homenaje, destacando su legado en el periodismo venezolano y recordándola como una mujer comprometida, luchadora y apasionada por su oficio. El canal resaltó que su voz y su ejemplo seguirán presentes en la memoria de colegas y audiencias.Una carrera sólida en la televisión venezolanaMargiory Fiaschi era graduada de la Universidad Bicentenaria de Aragua y construyó una trayectoria reconocida en la televisión venezolana. Durante más de una década fue uno de los rostros principales de "Entre Noticias", espacio informativo en el que se ganó el respeto del gremio y la confianza de los televidentes.Quienes trabajaron con ella la describen como una profesional rigurosa, cercana y siempre comprometida con el periodismo serio. Hoy, su historia deja una huella que trasciende la pantalla y se conecta con la fortaleza humana con la que enfrentó sus últimos años.
En una audiencia reservada, la juez 131 Penal Municipal con función de control de garantías decidió dejar en libertad, mientras avanza el proceso judicial, a tres de los presuntos implicados en el entramado de corrupción que habría direccionado de manera irregular un contrato cercano a los 32 millones de dólares para el mantenimiento de la flota de helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional. Los hechos investigados se habrían presentado entre septiembre y octubre de 2024.La decisión cobijó al exfuncionario de la Secretaría General del Ministerio de Defensa, Hugo Alejandro Mora Tamayo; al exasesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación del Ministerio de Defensa, Diego Alejandro Manrique Cabezas; y al coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, adscrito a la Brigada de Aviación No. 32 del Ejército Nacional. La juez consideró que, pese a los señalamientos formulados por la Fiscalía, no se acreditaron antecedentes ni factores que permitieran concluir que los procesados representan un peligro para el proceso, razón por la cual negó la imposición de medida de aseguramiento privativa de la libertad.Para el abogado Juan Felipe Criollo, defensa del coronel Rincón, tras la decisión del juzgado “se perdurará y se insistirá en la inocencia del coronel Rincón, y esto se llevará a las etapas ulteriores hasta demostrarlo en su totalidad”.Durante el proceso, la Fiscalía, a través de un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, expuso los presuntos roles que habrían desempeñado los investigados en el proceso contractual. En el caso del coronel Rincón Ricaurte, señaló que, en su condición de gerente del proyecto, habría generado de manera irregular prórrogas para la presentación de cotizaciones, participado indebidamente en la etapa precontractual y certificado, sin soporte, que la empresa Vertol Systems Company contaba con la experiencia e idoneidad técnica requeridas, pese a que el comité evaluador había descartado a ese oferente. También se le atribuye haber intervenido para modificar los estudios financieros y avalar condiciones que impidieron verificar la real capacidad económica del contratista.Respecto a Diego Alejandro Manrique Cabezas, la Fiscalía indicó que presuntamente intervino en la elaboración y evaluación del estudio económico previo, además de modificar los requisitos financieros. Estas actuaciones, según el ente acusador, permitieron aprobar una propuesta sin que fuera posible establecer indicadores clave como liquidez, rentabilidad y capacidad organizacional, exigidos por la normativa vigente para este tipo de contratos.En cuanto a Hugo Alejandro Mora, la investigación sostiene que, pese a conocer las irregularidades del proceso y el incumplimiento de los requisitos legales, habría suscrito el contrato No. 012 de 2024 el 31 de diciembre de ese año. Posteriormente, habría viabilizado la modificación de la forma de pago, autorizando un anticipo del 50 % del valor total del contrato, equivalente a más de 16 millones de dólares, recursos que fueron consignados en una cuenta del contratista en Estados Unidos.
Un total de 2.882 nuevos soldados profesionales del Ejército comenzarán a operar en distintas regiones del país tras culminar su proceso de formación en la Escuela de Soldados Profesionales SL Pedro Pascasio Martínez Rojas, con el objetivo de fortalecer las capacidades de seguridad y control territorial.Los uniformados hacen parte del Curso Extraordinario N.° 81 SLP Salamanca Rodríguez Edinson, que cerró su ciclo académico con una ceremonia presidida por el general Federico Mejía, director del Centro Nacional de Entrenamiento. Durante el acto, la formación militar recordó la batalla de Ayacucho como referente histórico del Ejército.La preparación de los nuevos soldados se desarrolló durante dos meses e incluyó entrenamiento táctico, operacional y formación en derechos y deberes, con énfasis en las tareas que deberán cumplir en las diferentes unidades a las que serán asignados en el territorio nacional.Dentro de este grupo, 122 soldados obtuvieron certificación como Socorristas Militares, lo que les permitirá apoyar la atención de emergencias, labores humanitarias y la protección de civiles en zonas donde el Ejército mantiene presencia operativa.La institución también informó que cuatro integrantes del curso —Henry Javier Córdova Moreno, Gilmar Yesid Furnieles Vásquez, Brayan Stiven Quiroga Guzmán y Sergio Armando Téllez Navarrete— obtuvieron los mejores resultados académicos y operacionales del proceso de formación.Con esta incorporación, el Ejército amplía su pie de fuerza en un contexto marcado por retos de seguridad en varias regiones del país, donde las autoridades buscan mejorar la presencia institucional y la capacidad de respuesta frente a amenazas armadas y emergencias humanitarias.