A las 4:00 de la tarde está citada una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad, convocada en medio de la controversia por la presunta utilización del software de espionaje Pegasus en Colombia. El encuentro contará con la presencia del presidente Gustavo Petro, así como de la cúpula militar y policial y varios altos funcionarios del Gobierno.En la reunión participarán los ministros de Defensa y de Justicia, los directores de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y de la Unidad Nacional de Protección (UNP), además del comisionado para la Paz, Otty Patiño. El primer punto de la agenda será la denuncia presentada por el secretario de Transparencia de la Presidencia y ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, quien aseguró haber sido víctima de interceptaciones ilegales mediante el uso de Pegasus.La denuncia generó un cruce de versiones al interior del Gobierno. Aunque el Ministerio de Defensa salió públicamente a negar el uso de este software por parte de la Fuerza Pública, para el Ministerio de Justicia las explicaciones entregadas hasta ahora no son suficientes, lo que ha incrementado la tensión entre ambos despachos.En ese escenario aparece el nombre de Augusto Rodríguez, director de la UNP. De acuerdo con fuentes cercanas al Ministerio de Justicia, Rodríguez estaría adelantando investigaciones propias y, en ese proceso, habría recurrido a herramientas como Pegasus. Sin embargo, el funcionario desmintió esta versión, pero reconoció que ha hablado con el presidente Gustavo Petro sobre Idárraga, cuestionando su gestión.El debate alrededor de Pegasus no es nuevo en el país. Desde 2021 se han conocido reportes internacionales que señalan a Colombia como uno de los lugares donde el software habría sido adquirido, aunque hasta ahora no existe una confirmación oficial sobre su utilización por parte del Estado. Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, ha sido cuestionado a nivel mundial por su uso para espiar a periodistas, activistas y funcionarios públicos.
Avianca lanzó una fuerte advertencia frente al preocupante incremento de comportamientos inadecuados, agresivos y disruptivos por parte de pasajeros contra el personal aeronáutico en Colombia. La aerolínea alertó que estos hechos no solo vulneran los derechos de sus empleados, sino que también ponen en riesgo la seguridad operacional, por lo que solicitó al Congreso de la República avanzar con urgencia en el Proyecto de Ley 153 de 2025.Según cifras reveladas por la compañía, durante 2025 se han registrado 572 incidentes protagonizados por pasajeros disruptivos, lo que representa un aumento del 27,1 % frente a los 450 casos reportados en 2024. El incremento ha encendido las alertas dentro del sector aéreo, que advierte una tendencia creciente de irrespeto y violencia en aeropuertos y vuelos.En medio de esta ola de denuncias, Avianca recordó uno de los episodios más graves ocurridos el pasado 13 de enero en el aeropuerto de Cali, cuando una pasajera agredió físicamente a empleados de la aerolínea durante un procedimiento operativo en tierra. Ante la situación, la empresa activó de inmediato los protocolos de atención y seguridad: brindó primeros auxilios a la trabajadora afectada, canceló el contrato de transporte de la pasajera y dio inicio a un proceso judicial en su contra.Para la aerolínea, este y otros casos evidencian la necesidad de endurecer las sanciones legales contra quienes incurren en malas conductas, amenazan la integridad del personal o comprometen la seguridad de los vuelos. Por ello, reiteró su llamado al Congreso para respaldar el Proyecto de Ley 153 de 2025, iniciativa que busca fortalecer el marco legal y enviar un mensaje claro de cero tolerancia frente a la violencia en la aviación civil.Avianca fue enfática en rechazar este tipo de actos y aseguró que continuará aplicando todas las medidas legales disponibles contra los pasajeros que incumplan las normas, al tiempo que reafirmó su compromiso con la protección de sus empleados y la seguridad de los viajeros.
En pleno año electoral, Blu Radio conoció en primicia un concepto de 29 páginas que envió la Procuraduría General de la Nación a la Corte Constitucional, en el que fija su postura frente a la demanda que busca declarar inexequible la Ley de Encuestas.Fue en septiembre del año pasado cuando la Corte Constitucional decidió admitir para su estudio una demanda que pide “tumbar” la Ley 2494 de 2025, norma que regula la elaboración, publicación y divulgación de encuestas en Colombia. La acción fue presentada por Juan Manuel López, quien sostiene que la ley debió tramitarse como estatutaria, al afectar derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de información y la participación política.¿Qué pide la demanda?Según el demandante, la norma impone restricciones que podrían limitar la pluralidad informativa y concentrar el control en pocos actores, al prohibir los sondeos no probabilísticos y exigir condiciones técnicas estrictas para la publicación de encuestas electorales. Además, advierte que varias disposiciones asignan nuevas funciones al Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que, a su juicio, modificaría su diseño institucional.La demanda también cuestiona la ausencia de un análisis de impacto fiscal y señala que la creación de órganos técnicos, el registro nacional de firmas encuestadoras y las auditorías previstas en la ley implican gastos permanentes que no fueron evaluados, en contravía del principio de sostenibilidad fiscal.La postura de la Procuraduría ante la Corte ConstitucionalPara el ente de control, ninguno de los cargos prospera. En su análisis, la Procuraduría concluyó que la Ley de Encuestas no regula el núcleo esencial de los derechos fundamentales, sino que establece reglas técnicas y de transparencia orientadas a garantizar la calidad, la rigurosidad metodológica y la responsabilidad en la divulgación de encuestas políticas.“De otro modo, tampoco se observa una afectación del núcleo esencial del derecho a la participación política. La regulación contenida en la Ley 2494 de 2025 no altera las condiciones para elegir o ser elegido, no regula circunscripciones, umbrales, mecanismos de representación, conteo de votos ni procedimientos de escrutinio, ni modifica los elementos estructurales del sistema electoral. Las disposiciones cuestionadas recaen sobre instrumentos estadísticos que anteceden al debate político, sin interferir con la manera en que el voto ciudadano se traduce en representación”, señaló la Procuraduría.En ese sentido, el Ministerio Público sostuvo que la regulación de encuestas no constituye censura ni una prohibición absoluta, sino un desarrollo legítimo del deber constitucional de informar de manera veraz e imparcial, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional.La demanda también alega una presunta vulneración al impacto fiscal. Frente a este punto, la Procuraduría explicó que, al tratarse de una ley de iniciativa congresional, no era exigible un estudio técnico detallado, como ocurre con los proyectos del Gobierno. Además, señaló que la norma no ordena de manera directa e imperativa nuevas erogaciones presupuestales, sino que asigna funciones que pueden desarrollarse dentro del marco institucional existente.Por estas razones, la Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional declarar exequible la Ley de Encuestas, lo que en la práctica significa que el ente de control respalda la iniciativa y considera que puede mantenerse vigente.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) dejó en libertad este lunes a los cinco policías que mantenía secuestrados desde hace aproximadamente dos semanas en la región del Catatumbo. Blu Radio confirmó que los uniformados ya fueron entregados a una comisión humanitaria y se encuentran bajo protección tras el operativo de liberación en zona rural de Norte de Santander.Los policías, identificados como Daniel de Jesús Granada Quiroz, Ramón Alberto Coronel Medina, Edwin Fabián Manosalva Contreras, José Ricardo Carrillo Romero y Carlos Eduardo Barrera, habían sido interceptados por el grupo armado cuando se desplazaban vestidos de civil en un bus de servicio público. El secuestro ocurrió en la vía que comunica a El Zulia con Tibú, específicamente en el sector conocido como El Tablazo, mientras los agentes se dirigían hacia la ciudad de Cúcuta.Aunque el ELN había manifestado a través de un comunicado su intención de liberar a los miembros de la institución, el proceso se demoró 14 días. La retención de estos uniformados había generado una fuerte tensión en la zona, debido a que se produjo en medio de la compleja situación de orden público que atraviesa el departamento y los acercamientos de paz con el Gobierno Nacional.Tras la entrega formal a los delegados humanitarios, se espera que los cinco policías sean trasladados a un centro asistencial para verificar su estado de salud antes de reencontrarse con sus familias. Las autoridades regionales y la Fuerza Pública aún no han entregado un balance oficial sobre las condiciones en las que fueron recibidos los agentes.Este fue el comunicado con el que la guerrilla del ELN informó que había secuestrado a los policías:
Cinco personas fueron capturadas en Medellín e Itagüí tras una investigación que permitió desmantelar una red dedicada al contrabando de cigarrillos, un negocio ilegal que se movía desde hace meses en el Valle de Aburrá.Los operativos se realizaron de manera simultánea en el municipio de Itagüí y en el corregimiento de San Antonio de Prado, al suroccidente de Medellín. En estos puntos, las autoridades practicaron allanamientos que terminaron con la detención de los presuntos integrantes de la estructura, quienes deberán responder por concierto para delinquir y por facilitar el ingreso y la venta de mercancía ilegal al país.De acuerdo con la investigación, el grupo se encargaba de comercializar y distribuir cigarrillos de contrabando en distintos sectores de Medellín. La mercancía, al parecer, ingresaba a Colombia desde Panamá y Venezuela y era transportada en vehículos de servicio público, una modalidad que les permitía mover grandes cantidades sin levantar sospechas.A la par, las autoridades determinaron que el negocio no solo se sostenía en la venta directa al consumidor, sino también en el abastecimiento de pequeños comercios, donde los cigarrillos eran ofrecidos a menor precio frente a los productos legales. Esta práctica, además de representar un riesgo para la salud de los compradores, habría generado un fuerte golpe económico.Las estimaciones indican que la red habría causado un daño superior a los 2.000 millones de pesos, producto de impuestos que dejaron de pagarse y de la circulación de productos sin ningún tipo de control sanitario.Por lo pronto, con estas capturas, la investigación entra en una nueva etapa para establecer si hay más personas involucradas en la red y si el contrabando se extendía a otros municipios del área metropolitana. Mientras tanto, los cinco detenidos quedaron a disposición de las autoridades judiciales.
El próximo 27 de enero comenzarán los cierres durante cinco horas diarias y por al menos 10 meses en el sector Las Areneras con el fin de que se haga la construcción del Retorno 2 - Paso Nivel en la vía Pacífico 1; no obstante, la medida anunciada por la concesión Covipacífico sigue generando molestia entre los alcaldes de los municipios del Suroeste antioqueño y la misma Gobernación de Antioquia.Recientemente, las autoridades departamentales y locales mostraron nuevamente su rechazo al cierre en el municipio de Amagá, ya que esto generaría graves afectaciones a la movilidad de la subregión, el turismo y el transporte de pasajeros y productos. El alcalde de Jericó, Sebastián Garcés, aseguró que, de hacerse el cierre, sería un duro golpe para todos los municipios del suroeste antioqueño."No podemos tolerar más cierres en estas vías, en las areneras, lo que pasó en el Repecho de la Cianifana. Hoy en día es una odisea usted viajar a la ciudad de Medellín. Si a esto le sumamos un cierre tan prolongado en las areneras, creo que sería una verdadera pandemia", indicó.Aunque aún no se ha conocido un pronunciamiento por parte de la Concesión Covipacífico ni de la Agencia Nacional de Infraestructura, desde la Gobernación de Antioquia se hizo una propuesta para aprovechar una vía veredal con la que se podría retirar el material de las obras sin afectar la movilidad de vehículos y que, eventualmente, solamente se necesitarían unos cierres temporales o parciales durante un corto tiempo.Mientras las entidades correspondientes estudian las alternativas, el secretario de Infraestructura, Horacio Gallón, cuestionó el cierre de cinco horas y aseguró que cree que las medidas pueden ser más cortas para no afectar económicamente al Suroeste antioqueño."Este cierre que está proponiendo Pacífico 1, nosotros lo vemos exagerado de acuerdo a los trabajos que se vienen haciendo en el sector. Podemos disminuir el tiempo del cierre, sabemos que hay momentos en que se tienen que hacer los cierres, pero que no sean tan prolongados", aseguró.Por ahora, la Gobernación de Antioquia reiteró al Gobierno nacional, a través de la ANI, que avancen en las labores sobre la vía Pacífico 1, que ha tenido serios retrasos y que sigue generando afectaciones graves para el desarrollo de la subregión antioqueña.
En entrevista en Sala de Prensa el decano de la facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia, Juan Pablo Herrera, expresó fuertes reparos frente a las recientes decisiones económicas del Gobierno nacional, especialmente la declaratoria de emergencia económica, el aumento del salario mínimo, los cambios tributarios sobre licores y tabaco, y la política de endeudamiento.Herrera recordó que el artículo 215 de la Constitución solo permite declarar una emergencia económica cuando existen hechos “extraordinarios, imprevisibles y sobrevinientes”, condiciones que, según él, no se cumplen en este caso. “Difícilmente se puede catalogar como un hecho sorpresivo que el Congreso no haya aprobado los recursos del presupuesto, porque el Gobierno sabía desde el primer momento que eso podía suceder”, afirmó. Incluso usó una metáfora doméstica: “Es como hacer el presupuesto de la casa con un crédito que el banco aún no ha aprobado”.El economista también cuestionó que el déficit fiscal sea presentado como un hecho inesperado. Recordó que fue el propio Gobierno el que activó la cláusula de escape de la regla fiscal. “Desde junio ya se sabía que esto iba a generar una presión de déficit cercana al 6,8 % del PIB”, subrayó.Sobre el impuesto al consumo de licores y cigarrillos, Herrera alertó por el impacto directo en las finanzas regionales. “Menos rentas departamentales afectan directamente la salud y la educación”, señaló, pero además advirtió sobre el efecto en los hogares: “El consumo de estos bienes es inelástico; la gente seguirá comprándolos y eso reducirá su capacidad de pago para otros productos esenciales”.En cuanto al aumento del salario mínimo del 23,7 %, el decano expresó preocupación por el análisis presentado por el presidente. “No se puede concluir que no habrá inflación mirando precios de Corabastos solo durante 15 días”, afirmó. Además, destacó que el impacto real se verá cuando las empresas enfrenten el alza en sus estructuras de costos: “Estamos hablando de incrementar el salario casi en una cuarta parte, lo que afecta transversalmente las cadenas productivas y de servicios”.Otro punto crítico fue la emisión de bonos del Tesoro. Herrera explicó que se trata de deuda y no de un logro automático: “Uno puede colocar bonos porque ofrece tasas muy altas, pero eso no significa necesariamente confianza; es como cuando el banco presta, pero cobra más interés porque percibe mayor riesgo”. Según él, Colombia “se sigue endeudando sin resolver el problema de fondo”.Sobre la caída del dólar, señaló que obedece, entre otros factores, al ingreso de divisas por deuda, remesas y posibles flujos ilícitos, lo que podría estar generando una tasa “artificialmente baja”.Finalmente, cuestionó que el Gobierno atribuya la situación actual únicamente a la administración anterior. “Llama la atención que, faltando seis meses para terminar el mandato, se sigan tomando decisiones improvisadas y mirando solo por el espejo retrovisor”, dijo. Y concluyó: “La Superintendencia de Industria y Comercio no está para controlar precios; su función es proteger la libre competencia. En una economía de mercado, lo que necesitamos es dinamizar la oferta y la demanda”.
Blu 4.0 del domingo 18 de enero de 2026 puso el foco en el uso inteligente de la tecnología para mejorar la vida cotidiana, combinando educación financiera y avances en dispositivos móviles. El programa ofreció herramientas prácticas para iniciar el año con mejores decisiones económicas y un mayor aprovechamiento de la innovación.Karen Suárez: La experta en educación financiera explicó cómo organizar las finanzas personales en 2026, destacando que escribir las metas aumenta significativamente la probabilidad de cumplirlas. Recomendó automatizar el ahorro, optimizar gastos recurrentes y apoyarse en herramientas digitales con inteligencia artificial para llevar un control diario del dinero.Kenneth Segura: El gerente de relaciones públicas de Honor en Colombia abordó el rendimiento de los teléfonos móviles, explicando cómo la capacidad de la batería influye en la autonomía del dispositivo. Compartió consejos clave para extender la vida útil del celular y destacó los avances que permiten varios días de uso continuo.Un episodio pensado para entender cómo la tecnología y la planificación financiera pueden trabajar juntas para un año más eficiente y organizado.Escuche el programa completo aquí:
La Presidencia de la República firmó un contrato por cerca de 10.000 millones de pesos con la firma de abogados Amadeus Consultancy Limited para la defensa jurídica internacional de Gustavo Petro frente a las sanciones financieras de Estados Unidos, luego de su inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como la Lista Clinton.El mandatario defendió el uso de recursos públicos y lanzó duros señalamientos contra sectores de la oposición, mientras la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación para establecer la legalidad del proceso.A través de su cuenta en X, Petro afirmó que el contrato es consecuencia de gestiones de la oposición en el exterior, es decir, él señala que las sanciones fueron por diligencias de críticos en Estados Unidos que llevaron a su inclusión en la lista.“Eso nos costó las consecuencias de las visitas de la oposición a Washington y a Miami buscando invasiones y muertos y cárceles. Ufff. Querían hasta invasión y extracción y no sé cuántas cosas más, apátridas”, escribió Petro.El pronunciamiento se dio en medio de cuestionamientos por la contratación y tras responder a críticas de la periodista Salud Hernández Mora sobre el contrato y el monto.El contrato fue suscrito a inicios de enero por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) bajo la modalidad de contratación directa, con cargo al Presupuesto General de la Nación. El objeto del acuerdo es “prestar servicios profesionales de asesoría altamente especializada en defensa jurídica internacional, orientada al análisis normativo, doctrinal y procedimental del régimen de sanciones financieras internacionales aplicado por autoridades extranjeras”. La ejecución del contrato está prevista entre el 9 de enero y el 30 de abril de 2026.La oposición ha advertido que los servicios contratados corresponden a una defensa personal del presidente y su núcleo familiar, lo que, a su juicio, no debería financiarse con recursos públicos.En respuesta a las quejas, la Procuraduría General abrió una indagación previa contra el Dapre para verificar si en la celebración del contrato se cumplieron los principios y requisitos de la contratación estatal. El Ministerio Público solicitó copias del contrato y de los estudios previos, y busca establecer si hubo o no irregularidades o un eventual detrimento patrimonial.La actuación disciplinaria se activó tras una denuncia presentada por la representante a la Cámara Katherine Miranda, quien cuestionó que un servicio que, según versiones previas, habría sido ofrecido de manera gratuita por el abogado Daniel Kovalik, terminara convertido en un contrato multimillonario financiado con recursos del Estado.“Se suscribió un contrato por $10.000 millones sin una explicación clara sobre su necesidad, su cuantía ni el procedimiento de contratación”, sostuvo la congresista.El Gobierno insiste en que la contratación responde a un asunto de interés institucional frente a sanciones internacionales, mientras la oposición mantiene que se trata de una defensa personal pagada con recursos públicos.
A la Corte Suprema de Justicia ya llegaron los recursos de casación que interpusieron las víctimas y la Fiscalía dentro del proceso por presunta manipulación de testigos contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, con los que buscan tumbar la absolución del exmandatario proferida en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá. Por sorteo, el estudio sobre si se admiten o no las demandas de casación le correspondió al magistrado Carlos Solórzano.La Fiscalía General de la Nación había radicado ante la Corte Suprema de Justicia la demanda de casación con la que busca que se revoquen las absoluciones y, en su lugar, se condene al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.Con este recurso extraordinario, el ente acusador cuestiona de fondo la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que dejó en libertad al exmandatario y lo absolvió, al considerar que no existían pruebas suficientes para acreditar que ordenó ofrecer beneficios a exparamilitares con el fin de que no lo vincularan con la conformación de un grupo armado ilegal.El antecedente inmediato del caso se remonta a agosto pasado, cuando la jueza Sandra Heredia profirió una sentencia de primera instancia que condenó a Uribe Vélez a 12 años de prisión domiciliaria. Sin embargo, esa decisión fue revertida por el Tribunal Superior de Bogotá, que concluyó que la prueba recaudada no permitía demostrar, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad penal del expresidente en los hechos investigados.Ahora, el recurso de casación que viene por parte de la bancada de víctimas reconocidas en este proceso fue interpuesto por los abogados Reinaldo Villalba, Miguel Ángel del Río y Juan David León, en representación del senador Iván Cepeda; la médica Deyanira Gómez; y los exfiscales Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo.Según la representación de las víctimas, el Tribunal Superior de Bogotá incurrió en errores de valoración probatoria, desconoció reglas de la sana crítica y llegó a conclusiones que no se desprenden del acervo probatorio practicado durante el juicio oral.
Carlos Ramón González no planea regresar a Colombia, incluso si la Corte Suprema de Justicia lo condena. Así lo dejó claro su abogado, Iván Cancino, al confirmar que su defendido continuará en Nicaragua bajo la figura de asilo político, una decisión que, según explicó, dependerá del gobierno de ese país.En entrevista en Mañanas Blu, Cancino habló sin rodeos sobre el escenario que enfrenta el exdirector del DAPRE, quien será acusado formalmente el próximo 29 de enero. González, cercano al presidente Gustavo Petro, seguirá el proceso de manera virtual desde Managua, donde reside desde hace varios meses.La frase que marcó la conversación fue directa y sin ambigüedades: “Si lo condenan y el asilo sigue vigente, pues él tomará la decisión que creo será la de seguir asilado en Nicaragua”, afirmó el abogado, dejando claro que el regreso a Colombia no está en los planes inmediatos.¿Carlos Ramón González volvería al país si hay condena?Para Cancino, la respuesta es clara. Mientras el asilo político se mantenga, Colombia no tendría herramientas para obligar su regreso. “Si se mantiene el asilo, pues obviamente no podrán traerlo”, explicó, aunque reconoció que, si Nicaragua decide levantar esa protección, la justicia colombiana podría actuar.El abogado reiteró que, desde su perspectiva, González sigue siendo inocente. “Para mí sigue siendo inocente”, insistió, señalando que la acusación no cambia la estrategia de defensa ni su convicción sobre el resultado del proceso.González comparecerá virtualmente desde NicaraguaCancino confirmó que su cliente asistirá a las audiencias de manera virtual. “Él se comunicará virtualmente con la audiencia y atenderá las audiencias que se sigan de aquí en adelante por ese medio”, dijo.Sobre la posibilidad de que fiscales o autoridades viajen a Nicaragua para interrogarlo, fue tajante: “Perderían el tiempo”. Según explicó, su recomendación es clara: “Mi recomendación para Carlos Ramón será guardar silencio”.El abogado aseguró no tener información sobre un eventual acompañamiento del Gobierno colombiano o de la Cancillería. “No tengo ni idea si lo están apoyando”, afirmó.Mientras se acerca la fecha clave ante la Corte Suprema, la defensa deja un mensaje claro: González no regresará al país y, si hay condena, su permanencia en Nicaragua seguirá siendo la carta principal. El proceso avanzará, pero a distancia.
La reunión entre algunos gobernadores del país y el ministro de Hacienda culminó sin acuerdos, luego de que no se lograran conciliar las diferencias sobre la aplicación de los decretos de emergencia económica expedidos en medio de la crisis fiscal que enfrentan las regiones.Tras el encuentro, varios mandatarios departamentales expresaron su preocupación por el impacto que estas medidas podrían tener sobre el recaudo tributario y la sostenibilidad financiera de los territorios. En entrevista con Mañanas Blu 10:30 AM, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, aseguró que la reunión no dejó acuerdos de fondo y reiteró la preocupación de los departamentos por el impacto fiscal de los decretos de emergencia. Según explicó, aunque el ministro del Interior propuso la creación de una mesa técnica, los gobernadores mantienen su posición frente a la afectación de las rentas cedidas. “Él sigue insistiendo en que no se afectan los ingresos, pero nosotros decimos que sí, porque tenemos las pruebas de cómo se van a disminuir. Nuestra posición es que vamos a seguir defendiendo esos derechos constitucionales”, afirmó, al señalar que los recursos provenientes de licores y cigarrillos son fundamentales para garantizar salud, educación y deporte en las regiones.Toro advirtió que el aumento de impuestos podría incentivar el contrabando y generar una caída en el recaudo, con consecuencias directas sobre el sistema de salud. En el caso del Valle del Cauca, recordó que los recursos del cigarrillo se destinan al régimen subsidiado. “Nosotros tenemos que obligatoriamente pagar el régimen subsidiado. Yo le pregunté al ministro: ¿usted me va a pagar esos 120.000 millones de pesos que yo no tengo con qué pagarlos? Eso no me lo contestó”, señaló la mandataria, quien alertó que, de no cubrirse ese faltante, los departamentos tendrían que usar recursos de libre destinación para cumplir con esas obligaciones.La gobernadora también insistió en que una eventual disminución del recaudo afectaría otros programas esenciales que hoy asumen las regiones ante la falta de recursos nacionales. “¿Con qué vamos a pagar el PAE, con qué vamos a pagar el transporte escolar, con qué vamos a pagar lo que no nos manda la Nación?”, cuestionó. En ese sentido, subrayó que estos recursos no son para los gobernadores, sino para la ciudadanía. “Son para darle educación, salud, deporte, para alejarlos de la violencia y de las drogas. Si nos disminuyen los recursos, no vamos a poder garantizar esos derechos fundamentales”, concluyó.Escuche la entrevista completa aquí:En la misma línea, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, calificó la reunión como “llena de humo” y aseguró que la situación quedó en manos de la Corte Constitucional. Según explicó, el departamento solicitará una medida temprana de excepción de inconstitucionalidad para que se suspendan los efectos tributarios del decreto de emergencia.“En cualquier caso, si terminado el mes la Corte no se ha pronunciado, el departamento se sostiene en lo que ratificamos: haremos uso del instrumento de excepción de inconstitucionalidad”, afirmó Rendón.Desde el Gobierno nacional, sin embargo, el balance fue distinto. El ministro del Interior, Armando Benedetti, dio por superadas las tensiones con los gobernadores y aseguró que las diferencias sobre la aplicación de los decretos de emergencia económica quedaron resueltas.Minutos antes, Benedetti había señalado que, tras la reunión, se acordó que si los impuestos a licores y tabaco afectan la recaudación de las regiones, la Nación asumirá el déficit que se genere. Según el ministro, el Gobierno del presidente Gustavo Petro se comprometió a compensar cualquier faltante que deje el recaudo tributario en los departamentos.
En medio de un nuevo remezón en el gabinete del presidente Gustavo Petro, el Gobierno nacional confirmó que José Raúl Moreno, actual jefe de Despacho de la Presidencia, quedará como ministro encargado del Ministerio de Igualdad y Equidad (MinIgualdad).El nombramiento se da luego de que el pasado 15 de enero, el mandatario solicitara la carta de renuncia al entonces ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián, marcando un nuevo ajuste dentro del equipo de Gobierno.Hay que recordar que Moreno había sido nombrado oficialmente como jefe de Despacho de la Presidencia mediante el Decreto 1424 de 2025, firmado el martes 24 de diciembre. El documento fue suscrito por la directora del Dapre, Angie Rodríguez, y confirmó su llegada al cargo, según informó la Unidad Nacional de Protección (UNP).Ahora, con este nuevo encargo, José Raúl Moreno asume la dirección de una de las carteras más polémicas del Gobierno.En desarrollo...
El próximo 23 de enero, en Nueva York, se realizará una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la que Colombia participará como miembro no permanente, mandato que asumió recientemente. Para este encuentro, la canciller Rosa Villavicencio viajará a Estados Unidos tras obtener una visa especial, gestionada con el apoyo de la Embajada de EE. UU. en Colombia.De acuerdo con fuentes diplomáticas, el encargado de negocios de Estados Unidos en Bogotá, John McNamara, facilitó las gestiones necesarias para que la ministra obtuviera el permiso de ingreso, luego de que el gobierno de Donald Trump retirara la visa a Villavicencio, al presidente Gustavo Petro y a varios funcionarios cercanos al mandatario colombiano.La decisión de retirar las visas se produjo en medio de tensiones diplomáticas entre ambos gobiernos, marcadas por diferencias políticas y declaraciones cruzadas, una de ellas la del presidente Petro pidiéndole al Ejército de EE. UU. que no siguiera las órdenes de Trump.La visa otorgada a la canciller no será utilizada únicamente para la sesión del Consejo de Seguridad. Villavicencio también la empleará para su viaje a Washington el próximo 1 de febrero, con el objetivo de preparar la reunión bilateral entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo, Donald Trump, prevista para el 3 de febrero.Ese encuentro es considerado clave para recomponer la relación entre ambos países y abordar temas como cooperación en seguridad, lucha contra el narcotráfico, migración y la agenda regional.
La representante a la Cámara de la Alianza Verde, Catherine Juvinao, denunció un presunto “cartel de títulos falsos” entre el Gobierno y la Fundación Universitaria San José.Según Juvinao, seis personas que se graduaron de ese centro educativo no realizaron las pruebas Saber Pro e igual recibieron el título y posteriormente obtuvieron contratos en diferentes entidades.“La investigación pudo determinar que hay dos tipos de irregularidades en la expedición de estos títulos: la primera corresponde a personas que, a pesar de haber obtenido el diploma, no reportan la presentación de la Prueba Saber Pro en ninguna fecha verificable, evidenciando similitudes con el caso de la joven Juliana Guerrero. En este primer grupo, el equipo investigativo de la representante Juvinao identificó seis casos”, dijo Juvinao.Además, habría el caso de 18 personas que realizaron la Prueba Saber Pro después de recibir su título universitario y también habrían tenido contratos en algunas entidades.“Las entidades involucradas que vincularon a estas personas son: Sena (10 casos), Unidad Nacional de Protección (2 casos), Invima (2 casos), MinTransporte (1 caso), Dian (1 caso), Dane (2 casos), SuperServicios (1 caso), Dapre (1 caso), Corporación Aeronáutica Colombiana (1 caso), Aerocivil (2 casos), MinSalud (1 caso) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (1 caso). Se reporta una persona que tiene contratos en más de una entidad”, dijo Juvinao.
Las capitales de Colombia y los departamentos pidieron a la Corte Constitucional suspender el decreto de emergencia económica de Petro: dicen que “elude los límites democráticos”El pasado 15 de enero de 2025, la Asociación de Ciudades Capitales de Colombia (Asocapitales) formalizó una solicitud a la Corte Constitucional para que suspenda de manera inmediata el decreto con el que el gobierno del presidente Gustavo Petro declaró la emergencia económica en el país. La petición se fundamenta en los posibles efectos jurídicos graves e irreparables que, según la organización, pueden afectar a los sectores económicos gravados por las medidas tributarias adoptadas bajo el amparo del decreto, medida considerada por la asociación como carente de “fundamento constitucional válido”.Andrés Santamaría, director general de Asocapitales, habló en Blu Radio sobre esta situación y la posición del gremio."Asocapitales tomó la decisión de acompañar esta medida porque creemos que estos decretos de emergencia económica no son procedentes. Lo que hemos solicitado es la suspensión temporal, acompañando y coadyuvando esta iniciativa inicial que tomó la ciudad de Medellín", indicó Santamaría.Asimismo, dijo que "el caso que ha fundamentado el Gobierno nacional no es un caso sobreviniente, sino por lo contrario, porque está fundamentada en una crisis fiscal ya conocida de tiempo atrás".Santa María calificó de "ilógico" que el Gobierno declare una crisis de excepción mientras promueve simultáneamente un aumento del 23% en el salario mínimo."Es muy ilógico que se esté promoviendo un aumento también del salario mínimo del 23% y, al mismo tiempo, se esté diciendo y mandando el mensaje que se necesita una excepción de crisis económica en el país", manifestó.Desde Asocapitales, Santamaría advierte que el uso de mecanismos excepcionales para resolver problemas de planeación presupuestal sienta un antecedente perjudicial para el país. "Cada vez que haya una situación que no pudo regular el Ejecutivo, pues acude a un mecanismo excepcional", criticó el director Santa María.Escuche la entrevista aquí:
El Gobierno del presidente Gustavo Petro está en el centro de una nueva polémica por la decisión de revivir un acuerdo comercial con Brasil que, según denunció la senadora Paloma Valencia, ha perjudicado gravemente a la industria automotriz colombiana.La congresista aseguró que esa decisión habría sido tomada para asegurar la visita del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a la cumbre de la Celac realizada en noviembre de 2025 en Santa Marta.De acuerdo con Valencia, en 2017 Colombia y Brasil firmaron un acuerdo para el comercio de vehículos sin aranceles, conocido como el Apéndice 5.1 del ACE-72. Sin embargo, Brasil habría modificado sus reglamentos técnicos internos, impidiendo en la práctica el ingreso de vehículos colombianos a su mercado, pese a que cerca del 19 % de los carros que se venden en Colombia provienen de ese país.La senadora afirmó que esta situación generó un fuerte desbalance comercial. Mientras entre 2018 y 2025 Colombia exportó a Brasil, en promedio, apenas 1,5 millones de dólares en vehículos, las importaciones desde ese país superaron los 775 millones de dólares.En paralelo, la industria automotriz nacional sufrió una fuerte caída. Según cifras citadas por Valencia, la producción pasó de 123.615 vehículos en 2018 a 30.736 en 2024, una reducción del 75 %. Además, la participación de vehículos producidos en Colombia cayó del 32 % en 2014 al 8 % en 2024, año en el que General Motors Colmotores cerró sus operaciones en el país.Por estas asimetrías, en septiembre de 2024 el propio Gobierno Petro, a través del entonces ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, anunció el retiro de Colombia del acuerdo, decisión que debía hacerse efectiva un año después. No obstante, días antes de la cumbre de la Celac, el Gobierno suspendió esa denuncia y revivió el acuerdo.Según la senadora Valencia, la razón fue política: la cumbre no contaba con la asistencia de mandatarios de peso y el Gobierno necesitaba una presencia relevante. Con esta decisión, Brasil podrá seguir vendiendo hasta 50.000 vehículos al año en Colombia sin aranceles, mientras la producción nacional continúa en caída.La información detallada por Valencia es oficial, es decir, proviene del mismo Gobierno, específicamente de la respuesta a un derecho de petición del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Las campañas para la consulta del Pacto Histórico de Iván Cepeda y Carolina Corcho han generado polémica tras la revisión de los documentos de financiación.En el caso de Corcho, los documentos señalan que obtuvo un préstamo por 737 millones de pesos provenientes de un restaurante ubicado en el sur de Bogotá, identificado como Gusteau Chefcito. De acuerdo con consultas en la Cámara de Comercio, este establecimiento se encuentra en proceso de liquidación y no ha actualizado su información comercial en los últimos cuatro años.La ahora candidata al Senado se refirió al tema, negando cualquier irregularidad.“Durante la ejecución de la campaña se contrataron y recibieron exclusivamente los servicios necesarios para el desarrollo de sus actividades, prestados por empresas y proveedores legalmente constituidos y habilitados para tal fin, en el marco de relaciones comerciales regulares y ajustadas plenamente a la ley”, señala la aspirante al Senado en un comunicado.Además, señaló que se estaban haciendo acusaciones irresponsables, temerarias y carentes de sustento contra su campaña.“Dichos servicios fueron gestionados conforme a los procedimientos administrativos y de verificación previstos, sin que ello implique la existencia de préstamos, donaciones o mecanismos financieros distintos a operaciones comerciales ordinarias. La totalidad de los gastos ejecutados objeto de reposición, así como las donaciones y aportes, fueron registrados de manera íntegra y oportuna en la plataforma dispuesta por el Consejo Nacional Electoral, dejando constancia completa y verificable de los movimientos financieros de la campaña”, agregó Corcho.
A raíz de las constantes denuncias de cientos de usuarios de la Nueva EPS por fallas en la entrega de medicamentos en Neiva, las autoridades de salud y los entes de control se reunieron para analizar y buscar medidas urgentes con el Gobierno nacional para que se les garantice el derecho a los afiliados.La secretaria de salud municipal, Lilibeth Johana Galván, dijo que esta situación hace parte de la grave crisis estructural que enfrentan las EPS en el país, especialmente, en el suministro de medicamentos por parte de los gestores farmacéuticos entre esos Discolmets y Colsubisidio.“Esta situación hace parte de una crisis estructural en la prestación de los servicios de salud, que no es reciente y que ha venido afectando de manera progresiva, especialmente, en el suministro de medicamentos. Frente a este panorama, la Secretaría de Salud Municipal ha adelantado mesas de trabajo y reportes permanentes con la Secretaría de Salud Departamental y la Supersalud. Con Nueva EPS hemos venido surtiendo algunas acciones de vigilancia toda la situación que ha venido afectando a la población”, indicó la secretaria de salud de Neiva.Le puede interesar: “Hoy hay muerte, dolor y ruina”: pacientes denuncian colapso de la Nueva EPSDurante la reunión que se cumplió este fin de semana con la Supersalud, Procuraduría y Personería municipal, la secretaria de salud municipal, la médica Lilibeth Galván, informó que uno de los compromisos del gestor farmacéutico Discolmets es hacer entrega de medicamentos correspondientes a fórmulas expedidas a partir del 6 de diciembre del año 2025.¿Qué dicen los usuarios?Blu Radio también consultó con los usuarios de la Nueva EPS y esto fue lo que respondieron con respecto a la entrega de medicamentos en Discolmets."Mi nombre es Domingo Mahecha, yo he venido solicitando los medicamentos para mi esposa que le hicieron una cirugía de cráneo, vine hace 20 días y la respuesta es que los medicamentos siguen pendientes y así me tienen", dijo uno de los afiliados a Blu Radio.Gloria González, otra afiliada, dijo que lleva seis meses reclamando los medicamentos para su esposo que es diabético y no le han entregado, igual que Argenis Ledesma, quien lleva el mismo tiempo intentando recibir los medicamentos de diabetes e hipertensión.Por último, el personero de Neiva, Jerson Andrés Bastidas, le hizo un llamado al Ministerio de Salud buscar soluciones de fondo ante esta grave situación que padecen los usuarios de la Nueva EPS, donde hay pacientes con enfermedades de alto riesgo que necesitan urgente el suministro de los medicamentos.“En nuestro despacho, entre el 2025 y a la fecha, llevamos 118 tutelas radicadas solo en casos de salud, es decir, de usuarios y personas que llevan meses reclamando medicamentos y citas con especialistas. Nosotros hemos estado muy vigilantes de este tema de la salud, son más de 130.000 afiliados de la Nueva EPS en Neiva y en el Huila. Esta situación requiere una solución de fondo y por eso le hacemos el llamado al Gobierno nacional para que actúe bajo los parámetros legales”, concluyó el personero de Neiva.
Comprar vivienda propia en Colombia se está convirtiendo en una meta cada vez más difícil de alcanzar y, lejos de aliviarse, todo indica que su costo será más alto en 2026. El reciente aumento del salario mínimo, que quedó en $2.000.000, incluido el auxilio de transporte, impacta de forma directa el valor de la Vivienda de Interés Social (VIS) y de Interés Prioritario (VIP), lo que volvió a encender las alarmas para quienes sueñan con estrenar casa este año.En ciudades como Bogotá, por ejemplo, el precio de un apartamento VIS puede llegar hasta los 150 salarios mínimos, es decir, cerca de $262 millones, una cifra que para muchos hogares se siente cada vez más lejana. Por ello, cada ajuste termina afectando de manera directa al comprador.Salario mínimo impacta la compra de vivienda VIS y VIPLa relación entre el salario mínimo y la vivienda VIS y VIP es estrecha y, con el tiempo, castiga más el bolsillo de los colombianos. Con el aumento del ingreso base, el tope máximo de estas viviendas sube de inmediato, reduciendo el margen de maniobra para quienes dependen de subsidios o créditos hipotecarios.Ante este panorama, el Gobierno nacional puso sobre la mesa una propuesta que ha generado debate: desvincular el valor de la vivienda VIS y VIP del salario mínimo. La idea es que los precios no continúen creciendo al mismo ritmo del ingreso base del país, lo que podría convertirse en una alternativa para evitar sobrecostos en los inmuebles.Construcción también afecta la compra de viviendaSin embargo, el problema no se limita únicamente al incremento del salario mínimo. Los costos de construcción siguen siendo un factor determinante. Si bien el DANE reportó una variación moderada del 0,13 % en noviembre en el índice de costos de obras civiles, otros rubros continúan presionando al sector:Transporte, con un aumento del 1,61 %Herramientas menoresEquipos utilizados en obraAunque los materiales, que representan más del 50 % de la estructura de costos, tuvieron un alza leve, siguen siendo el componente que más pesa al momento de definir el precio final de la vivienda.“Los resultados de noviembre confirman que el sector continúa enfrentando presiones de costos, y el reto para 2026 será implementar soluciones que mejoren la eficiencia sin comprometer la calidad ni la sostenibilidad de las obras”, afirma Patricio Zapata, Customer Success Manager LATAM de Graphisoft.¿Se puede comprar casa más barato?En medio de este escenario, las constructoras buscan estrategias para no trasladar todo el impacto al comprador. La digitalización y el uso de herramientas como el modelado BIM aparecen como aliados para mejorar la eficiencia, reducir reprocesos y anticipar sobrecostos.Pese a ello, mientras no se defina con claridad qué ocurrirá con el Gobierno frente a la indexación del salario mínimo, la compra de vivienda sigue siendo un dolor de cabeza para miles de familias en Colombia.
En diálogo con Mañanas Blu, el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, habló sobre la tensa situación que se vive en el municipio de Necoclí tras las protestas de familias que se sienten excluidas de la adjudicación de un predio de aproximadamente 1.143 hectáreas. Harman fue enfático al señalar que, contrario a lo que circula en versiones locales, la entidad aún no ha formalizado la entrega de las tierras, ya que actualmente se adelanta un operativo de desalojo contra un ocupante indebido.Desinformación y sabotaje políticoSegún el director de la ANT, existe una "desinformación profunda" que busca sabotear las diligencias legales de la agencia. Harman identificó directamente al exalcalde de Necoclí, Adalberto Baena Oyola, como el presunto responsable de promover invasiones y difundir falsos rumores, como la supuesta entrega de tierras a personas foráneas provenientes del Catatumbo. "Él es el que está promoviendo las invasiones para sabotear el desalojo y que este señor [el ocupante actual] no desocupe la finca", afirmó el funcionario.El objetivo de esta narrativa, según el Gobierno, sería favorecer a una empresa ganadera que ha ocupado el predio durante los últimos tres años sin pagar contraprestación alguna al Estado.El origen y futuro del predioLa finca en disputa tiene una carga histórica significativa, pues Harman la describió como una de las propiedades más poderosas de la región, donde anteriormente se reunían figuras paramilitares como Rito Alejo del Río y 'El Alemán' para coordinar acciones criminales en el Golfo de Urabá. El terreno formaba parte de los bienes de Justicia y Paz entregados por paramilitares en 2005.Respecto al destino de las hectáreas recuperadas, el director explicó que se ha llegado a un acuerdo institucional para beneficiar a la comunidad local. El municipio de Necoclí contará con un banco de suelo para vivienda urbana, mientras que el resto del terreno será destinado a campesinos seleccionados a través del Comité Municipal de Reforma Agraria.Proceso de desalojo en cursoHarman aclaró que lo ocurrido el pasado viernes no fue una entrega oficial, sino una "diligencia de aprehensión" y una asamblea informativa con 120 familias locales para definir las reglas de postulación. Actualmente, el ocupante ilegal dispone de un plazo de cinco días para retirar su ganado y bienes del lugar. "Seríamos absolutamente irresponsables de entregar una finca con unos bienes de un indebido ocupante... eso sí que generaría más conflicto en la región", puntualizó el director, quien también confirmó una próxima reunión con el actual alcalde para finiquitar el saneamiento del predio. Escuche aquí la entrevista:
El Ejército colombiano confirmó este lunes, 19 de enero, la muerte de 26 guerrilleros en combates entre dos de las principales disidencias de las antiguas Farc que tuvieron lugar el pasado viernes en el departamento del Guaviare, en el centro-sur del país."En este momento se han recuperado 26 cadáveres" a los que ya se les está haciendo "el proceso correspondiente en la parte judicial", dijo el comandante de la IV División del Ejército, general Ricardo Roque en diálogo con Mañanas Blu.El enfrentamiento tuvo lugar el pasado viernes en una zona rural del municipio de El Retorno entre el Bloque Amazonas del Estado Mayor Central (EMC) y el Bloque Jorge Suárez Briceño, que hace parte del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), a su vez una disidencia del EMC.El EMC, es liderado por Néstor Gregorio Vera, 'alias Iván Mordisco', el hombre más buscado de Colombia, por quien el Gobierno ofrece una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos, mientras que el jefe del EMBF es Alexander Díaz Mendoza, 'alias Calarcá'."Por el momento se tiene la información de que los cadáveres son o pertenecen a la facción del Estado Mayor Central", agregó el general Roque.En fotos y videos publicados el sábado por medios locales se ven varios cadáveres uniformados tendidos sobre una carretera del Guaviare, donde hace solo doce días el Ejército activó la Fuerza de Despliegue Rápido No. 10 con el fin de combatir a los distintos grupos armados ilegales que operan en la zona.Según el oficial, desde el viernes "no hay más confrontaciones" entre los dos grupos de las disidencias que están enfrascados en una disputa territorial por las zonas cocaleras de El Guaviare, que definió como "un conflicto por el control de las economías ilícitas"."Ya las tropas están en el terreno retomando el control de la situación (...) protegiendo la población civil que se encuentra en la zona", agregó.Ante la delicada situación de orden público en El Retorno, la Procuraduría General (Ministerio Público) pidió a las autoridades "protección inmediata a sus comunidades, así como la activación de canales gubernamentales para asistencia humanitaria ante un eventual desplazamiento forzado o confinamiento de sus habitantes".
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla emitió sentencia condenatoria contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez por su responsabilidad en 117 hechos delictivos cometidos contra la población indígena wayúu y otras comunidades del departamento de La Guajira.De acuerdo con la decisión judicial, los crímenes fueron ejecutados entre los años 2002 y 2006 por integrantes del autodenominado Frente Contrainsurgencia Wayúu, una estructura armada adscrita al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que actuó siguiendo los lineamientos definidos por sus máximos cabecillas, entre ellos Mancuso. Durante ese periodo, el grupo ilegal perpetró homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, hechos de violencia basada en género y otras graves conductas ilícitas contra la población civil.La sentencia atribuyó de manera específica la incursión armada a la ranchería Manaki, ubicada en el municipio de Uribia, ocurrida el 10 de octubre de 2003. En ese hecho, varios indígenas wayúu fueron golpeados y sometidos a maltratos durante aproximadamente cuatro horas. Además, los hombres armados destruyeron y se apropiaron de bienes simbólicos de la cultura wayúu, como chinchorros, mochilas, sombreros y mantas bordadas, elementos que constituían el sustento económico y cultural de las familias afectadas.Asimismo, el tribunal estableció la responsabilidad del Frente Contrainsurgencia Wayúu en el homicidio de dos indígenas ocurrido el 17 de marzo de 2002 en la ranchería Kepischon, también en jurisdicción de Uribia. Estos hechos, junto con otros documentados en el proceso, evidenciaron un patrón de violencia sistemática contra comunidades indígenas en distintas zonas del departamento.Según lo probado en el proceso, el Frente Contrainsurgencia Wayúu fue creado en marzo de 2002 y, en sus inicios, contó con aproximadamente 150 integrantes. Esta estructura permitió a las AUC ampliar su presencia y accionar armado hacia sectores de La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta, con el objetivo de consolidar el control territorial.En su decisión, la Sala de Justicia y Paz reconoció como sujetos de reparación colectiva a las comunidades indígenas wayúu asentadas en las regiones de Carraipia, Majayura y Malaki, en el municipio de Uribia, así como a la comunidad de Matitas, en Riohacha. El tribunal concluyó que estas poblaciones fueron afectadas de manera directa y reiterada por el accionar del grupo paramilitar.Por estos hechos, Salvatore Mancuso Gómez fue condenado a una pena de 40 años de prisión, al pago de una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo. No obstante, en aplicación de los beneficios previstos en la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, la sentencia contempla una pena alternativa de ocho años de prisión, condicionada al cumplimiento de las obligaciones de verdad, reparación y no repetición establecidas en el fallo.
Finalmente se confirmó cuál sería la reducción en el precio de la gasolina para el año 2026. A partir del 1 de febrero, el valor por galón bajará $300 pesos, como parte de un proceso ordenado por el Gobierno nacional. Según explicó la entidad, la disminución obedece al saneamiento del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) y a la caída de los precios internacionales del petróleo y del dólar.Si bien, inicialmente la baja se explica por una disminución superior al 17 % en el precio del dólar, que pasó de $4.400 en 2025 a rondar los $3.700 actuales, también se suma la caída del precio del petróleo, que tuvo una baja cercana al 23 % y hoy se ubica alrededor de los 62 dólares.Así mismo, el cierre gradual del déficit del FEPC permite que estos ajustes se realicen sin asumir una nueva deuda fiscal. Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, han señalado que la medida busca alinear los precios locales con el mercado internacional de manera responsable.Pese a ello, datos revelados en Mañanas Blu han abierto el debate sobre la estrategia del Gobierno nacional, al advertir que la reducción del precio de la gasolina debería hacerse de forma más gradual desde ahora.Precio de la gasolina en 2026: en cuánto debería quedar el galónLa validación del precio de la gasolina, según expertos, debería asumirse con recortes progresivos, similares a los aplicados durante el periodo de incrementos que llevaron el combustible a superar los $16.000 pesos por galón.Sin embargo, durante el programa Mañanas Blu, analistas como Sergio Cabrales y Felipe Campos señalaron que la gasolina debería tener una disminución mucho mayor. De acuerdo con los valores actuales del petróleo y del dólar, la baja tendría que estar entre $3.000 y $3.500 pesos, y no limitarse a los $300 pesos confirmados recientemente por el Gobierno.Por lo tanto, se estima que, con base en estos datos, el precio de la gasolina debería ubicarse alrededor de los $13.000 pesos. No obstante, los expertos consideran que la reducción podría ser progresiva a lo largo de 2026, sin afectar la sostenibilidad fiscal ni recurrir a distorsiones como la gasolina subsidiada. “Para estar alineados con el precio internacional debería estar hoy un 18 o 19 % abajo; es decir, deberíamos pagar alrededor de 13 mil pesos”, señalaron en Mañanas Blu.El anuncio llega en el arranque de 2026Con apenas 19 días transcurridos del año 2026, el anuncio se conoce luego de incrementos como el de 90 pesos por galón aplicado en enero. La decisión responde a la promesa del presidente Gustavo Petro de bajar los precios una vez se ordenaran las cuentas del FEPC, una noticia que sorprende tras más de dos años en los que los colombianos pagaron entre $2.000 y $3.000 pesos adicionales en el valor final del combustible.