El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó este viernes que hubo "lancheros" que sobrevivieron a uno de los ataques perpetrados por EE.UU. contra supuestos narcotraficantes en aguas del Pacífico como parte de la operación militar Lanza del Sur, que también se lleva a cabo en el mar Caribe."Aviso a todos los gobiernos de la zona. Esta parece ser la zona exacta donde cayeron los lancheros que se arrojaron de embarcaciones que fueron bombardeadas. Se sabe que tres personas murieron, el resto quedó viva porque se arrojaron al mar", expresó el mandatario en X, donde publicó el mapa del punto -cercano a México y Guatemala- donde supuestamente fue lanzado el ataque de EE.UU.En el mensaje, Petro dijo que la información fue conseguida por la Armada colombiana, que está "dispuesta a colaborar" a los países que así lo requieran y señaló que el punto del ataque está ubicado a 384,33 millas náuticas del estado mexicano de Oaxaca, aunque no precisó cuando ocurrió.Estados Unidos dio a conocer un nuevo ataque lanzado el 31 de diciembre contra dos lanchas también en aguas internacionales, sin dar más información, en el que murieron cinco personas.Esto ocurrió un día después de haber hundido otras tres embarcaciones que supuestamente transportaban droga en el Pacífico o en el Caribe, lo que dejó tres muertos.El país norteamericano mantiene desde el verano un amplio despliegue aeronaval en el Caribe, cerca de aguas venezolanas. Según afirma Washington, el objetivo es combatir el narcotráfico; sin embargo, Caracas interpreta estas acciones como "amenazas" y un intento de propiciar un cambio de régimen.Las tensiones escalaron tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre un bloqueo a los buques petroleros sancionados que se trasladen desde y hacia el país caribeño, sumado a la reciente confiscación de dos embarcaciones que transportaban crudo venezolano.En ese sentido Estados Unidos afirmó haber destruido al menos 35 embarcaciones y causado más de cien muertes en el Caribe y el Pacífico como parte de una ofensiva antidrogas que se prolongó durante los últimos cinco meses.Tanto el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela como el de Gustavo Petro, ambos acusados por Trump de mantener vínculos con el narcotráfico, han denunciado estos ataques como asesinatos y ejecuciones extrajudiciales.
Un video que se ha viralizado en redes sociales muestra el momento en que dos presuntos delincuentes son capturados por agentes de la Policía Metropolitana de Popayán, en el sur del país, durante la noche del pasado 31 de diciembre de 2025.Las imágenes, compartidas inicialmente por usuarios y replicadas en plataformas como X e Instagram, evidencian cómo, mientras los uniformados proceden a la detención, uno de los hombres implora que no lo arresten alegando a las autoridades que “es 31 de diciembre", y que les "colaboren".El hecho fue capturado por un transeúnte de la zona, quien posteriormente fue amenazado por uno de los detenidos, quien expresó, en tono intimidante: "Cuando me lo encuentre...". Además, los hombres acompañaron la amenaza con un gesto obsceno, mostrando el dedo medio a la cámara mientras eran filmados. En ese instante, los agentes cierran la puerta de la camioneta para llevar a los dos hombres a la comisaría.Pese a que, hasta el momento, no se ha divulgado un pronunciamiento oficial de la Policía Metropolitana de Popayán ni de la Fiscalía General de la Nación que detalle el motivo específico de la captura de los dos hombres, como el delito por el cual los individuos estaban siendo requisados o si existieron denuncias previas que motivaran la intervención, ya son varias las reacciones a este hecho en redes sociales.Hasta el momento, la Policía no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre los cargos que enfrentarían los dos hombres capturados, ni se ha confirmado si ya fueron judicializados o puestos a disposición de un juez de control de garantías.
La justicia envió a prisión a John Jairo Leguia González, pastor de una comunidad religiosa en San Andrés Islas, señalado de haber abusado sexualmente de varias mujeres que asistían a su iglesia, aprovechándose de su rol como guía espiritual y de la confianza que las víctimas depositaban en él.De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el hoy procesado habría utilizado la posición de reconocimiento y liderazgo que ostentaba dentro de la congregación para engañar y manipular a las feligresas, a quienes citaba de manera individual con el pretexto de realizar supuestos rituales de sanación o “liberación espiritual”.Durante estas reuniones, según el material probatorio recaudado por el ente acusador, el pastor les proponía realizar rituales en los que debían desnudarse, bajo el argumento de aplicarles un “aceite ungido” como parte del proceso espiritual. En ese contexto de fe, confianza e indefensión, las mujeres eran presuntamente presionadas y coaccionadas para permitir tocamientos y actos de carácter sexual, haciéndoles creer que hacían parte del rito religioso.La investigación da cuenta de que al menos cuatro mujeres, todas mayores de edad, habrían sido víctimas de estos hechos. Para la Fiscalía, las agresiones ocurrieron en un entorno especialmente sensible, en el que el procesado se valía de su investidura religiosa para someter a las víctimas.Durante la audiencia, el fiscal del caso sostuvo que se trató de un “aberrante abuso sexual”, cometido por quien fungía como líder espiritual de la iglesia. Según explicó, Leguia González citaba a las feligresas con el pretexto de realizar oraciones y rituales, mientras les aplicaba aceite de oliva en todo el cuerpo, incluidas partes íntimas.Por estos hechos, un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional San Andrés imputó al pastor los delitos de acceso carnal violento agravado y acto sexual violento.El procesado no aceptó los cargos. Sin embargo, una juez penal de control de garantías consideró que existían los requisitos legales para imponerle medida de aseguramiento en centro carcelario, decisión con la que continuará vinculado al proceso mientras avanzan las etapas judiciales correspondientes.
El aumento del salario mínimo para 2026 tendría un impacto directo y significativo en el mercado inmobiliario colombiano, especialmente en la vivienda de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP). Así lo advirtió Mario Andrés Ramírez, presidente de la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas), durante una entrevista en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.De acuerdo con Ramírez, el encarecimiento de los costos laborales y de construcción llevaría a que una vivienda de interés prioritario registre incrementos cercanos a los 30 millones de pesos, mientras que una vivienda de interés social podría aumentar alrededor de 50 millones de pesos frente a los valores actuales. Esto, señaló, dificultará aún más el acceso a vivienda para los hogares que planean adquirir casa propia en 2026.El dirigente gremial explicó que, aunque el Gobierno ha insistido en que los topes de precio establecidos para VIS y VIP no obligan a los constructores a vender al máximo permitido, en la práctica los mayores costos asociados al salario mínimo, la inflación y una eventual subida de tasas de interés presionan al alza los precios finales. En ese contexto, Fedelonjas considera complejo que las empresas asuman esos incrementos sin afectar su rentabilidad o reducir la oferta de vivienda social.Ramírez también alertó sobre el impacto en el costo de vida de quienes ya son propietarios. Según indicó, las cuotas de administración en conjuntos residenciales podrían incrementarse de manera importante, debido a que rubros como vigilancia y aseo, que representan entre el 60 % y el 70 % de los presupuestos de las copropiedades, están directamente ligados al salario mínimo. Esto obligaría a las administraciones a subir cuotas o, en algunos casos, a reducir servicios.En cuanto a los trámites inmobiliarios, el presidente de Fedelonjas señaló que escrituras y otros costos asociados también podrían aumentar a partir de enero de 2026, dependiendo de las condiciones pactadas en cada contrato. Mientras los acuerdos a precio fijo se respetarían, aquellos indexados al salario mínimo sí reflejarían los nuevos incrementos.Finalmente, Ramírez afirmó que el mayor impacto se sentirá en los nuevos proyectos y lanzamientos a partir de este año, y cuestionó la falta de concertación técnica en un aumento del salario mínimo que, a su juicio, genera incertidumbre y presiones adicionales sobre sectores como el inmobiliario y las pequeñas y medianas empresas.
Año Nuevo y muchos buscan desde el primer día cumplir con uno de sus deseos del 2026: conseguir un empleo para así mejorar su situación económica y empezar con pie derechos sus finanzas.Por eso, la Alcaldía Mayor, a través de la Agencia Distrital de Empleo y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), anunció la disponibilidad de 535 vacantes durante los primeros días de enero, como parte de la estrategia ‘Talento Capital’, una iniciativa orientada a conectar a las empresas con personas que están en búsqueda de trabajo formal.¿Hasta cuándo puede aplicar?Las oportunidades estarán disponibles hasta el sábado 3 de enero de 2026 y abarcan una amplia variedad de perfiles. De acuerdo con el Distrito, hay cargos para diferentes niveles de formación, que van desde puestos operativos y comerciales hasta vacantes para técnicos, tecnólogos y profesionales, lo que amplía las posibilidades para quienes desean iniciar el año con estabilidad laboral.Los sectores que concentran la mayor demanda de personal incluyen comercio, servicios, logística, industria y atención al cliente, áreas que tradicionalmente generan un alto volumen de empleo en la capital. Esta diversidad permite que personas con formación básica, media o especializada encuentren opciones acordes con su experiencia y aspiraciones profesionales.Cargos y vacantes disponiblesAuxiliar de cocina.Oficiales de obra.Chef.Auxiliar de producción - cocina.Cajera.Operario de producción y empaque.Jefe de enfermería extramural.Auxiliar de bodega.Auxiliar de enfermería extramural.Meseros.Tecnólogo en radiología e imágenes diagnósticas.Auxiliar de odontología.Practicante de SST - acondicionamiento deportivo.Técnico eléctrico.Conductor sector construcción.Tramitador de aduanas.Solucionador.Asesor de cartera.Profesional I contabilidad.Profesional II contabilidad.Asesor.Coordinador de operaciones de carteras.Conductor C2.Auxiliar de mecánica automotriz.Auxiliar de distribución.Ingeniero civil.Ayudante de obra.Brigadista.Banderero.Auxiliar logístico para punto de venta.Esteticista.Asesor de cobranza (cartera castigada).Auxiliar y gestor operativo.Operador de bus zonal.Cómo postularsePara postularse, el proceso es completamente virtual. Los interesados deben registrarse en la plataforma oficial www.serviciodeempleo.gov.co, diligenciar su hoja de vida y aplicar a las vacantes que se ajusten a su perfil. Desde allí, el sistema permite que las hojas de vida sean revisadas y, en caso de cumplir con los requisitos, remitidas directamente a las empresas que están contratando.Quienes prefieran atención presencial también pueden acudir al punto de la Agencia Distrital de Empleo, ubicado en la carrera 13 # 27-00, local 12, donde se brinda orientación de lunes a viernes entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. Allí, los usuarios reciben apoyo para registrar su perfil en la plataforma, mejorar sus competencias laborales y desarrollar habilidades blandas clave como la comunicación y el liderazgo para aumentar sus posibilidades de acceder a una de las vacantes disponibles en este inicio de 2026.
Llegó el 2026, una nueva oportunidad para que miles de personas puedan cumplir sus sueños y propósitos. Uno de los más comunes suele ser la formación académica, pues algunos se trazan completar sus estudios o fortalecer sus hojas de vida por medio de educación profesional.Ante esto, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) anunció convocatorias para este 2026 en diversas modalidades totalmente gratis, tanto presencial como virtual. Entre las ofertas hay formación técnica, tecnológica y cursos cortos para algunas áreas productivas.Cursos del Sena: esta es la oferta gratuita para este 2026Actividad FísicaAgente de Tránsito y TransporteAgricultura de PrecisiónAgrobiotecnologíaAgroindustria AlimentariaAgroindustria PaneleraAgrotrónicaAlistamiento de CargasAlistamiento de Laboratorios de Análisis y Ensayos para la IndustriaAlistamiento de Laboratorios de Microbiología y BiotecnologíaAlmacenamiento, Empaque y Embalaje de ObjetosAnálisis de Glosa y Cartera de Cuentas MédicasAnálisis y Desarrollo de SoftwareAnimación 3DAplicación de Procedimientos de Laboratorio QuímicoApoyo Administrativo en SaludAseguramiento de la Calidad del Café en la FincaAseguramiento Metrológico IndustrialAsesoría ComercialAsistencia AdministrativaAsistencia en la Función PúblicaAsistencia en Organización de ArchivosAsistencia para la Inteligencia EmpresarialBarismoBisutería ArtesanalCarpinteríaCarpintería de AluminioCarpintería MetálicaCatastro MultipropósitoCervecería ArtesanalChocolateríaCocinaComercialización de AlimentosDecoración de Espacios InterioresDesarrollo Creativo de Productos para la IndustriaDesarrollo de Componentes MecánicosDibujo ArquitectónicoDibujo MecánicoEbanisteríaEjecución de la DanzaElaboración de AudiovisualesImpresión Digital¿Cómo inscribirse en los cursos del Sena de este 2026?Para conocer toda la oferta de manera detallada, los interesados deberán inscribirse en la plataforma Betowa en donde podrán revisar todos los requisitos, además la entidad ofrecer instrumentos de orientación vocacional para entender mejor cuál formación se adapta mejor a las necesidades de los estudiantes.No obstante, muchas ofertas se habilitarán hasta finales de enero de 2026, en especial para la oferta presencial, por eso, invitaron a los interesados a hacer el registro y seguir los canales oficiales para conocer el calendario académico. Pero al estar habilitado les saldrá en la plataforma la sección ‘Nuestra oferta educativa’.Los requisitos varían según el programa académica, los cuales encontrará en la plataforma y todo el proceso es 100 % gratuito.
Son 51 niños, niñas y adolescentes Emberá asentados en la Upi La Rioja y La Florida, en Bogotá, que fueron trasladados a Centros Amar luego de que la Secretaría de Integración Social y la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación identificara vulneraciones a los menores durante las festividades de Fin de Año, entre la noche del 31 de diciembre y el 1 de enero.Los niños recibieron atención, alimentación y espacios seguros, alejados de contextos de violencia y consumo de sustancias. De manera simultánea, y, en respuesta a las alertas emitidas desde el PMU, el Distrito reforzó la presencia institucional permanente en las UPI La Rioja y La Florida, en articulación con varias entidades."Se reforzó la presencia institucional permanente en las UPI La Rioja y la Florida, en articulación con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, y el IDIPRON. Estas acciones tuvieron como objetivo prevenir hechos de mayor gravedad, garantizar el control de riesgos y activar de manera inmediata las rutas de atención", indicó en un comunicado la Alcaldía de Bogotá.Las autoridades reforzaron la presencia institucional en las UPI y rechazaron las agresiones contra funcionarios. Además, alertaron sobre el uso de menores para el ingreso de alcohol y elementos peligrosos, además, recordaron que, en 2025, se denunciaron 42 casos de violencia basada en género en estos espacios.La administración hizo un llamado a la comunidad Emberá a adelantar sus celebraciones en paz y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 44 de la Constitución Política.
El régimen de Venezuela confirmó este jueves la excarcelación de 88 personas que habían sido detenidas en un contexto de crisis política que se desató tras las elecciones presidenciales de 2024, cuando el presidente Nicolás Maduro fue proclamado reelecto para un tercer mandato en medio de denuncias de fraude de la oposición.En un comunicado publicado en Instagram, el Ministerio para el Servicio Penitenciario indicó que en las últimas horas se produjeron "88 nuevas excarcelaciones" de "personas privadas de libertad por delitos cometidos en el marco de acciones violentas de sectores extremistas, tras el proceso electoral del 28 de julio de 2024, orientados a generar desestabilización y a desconocer la voluntad soberana del pueblo venezolano".El ministerio también explicó que estas excarcelaciones se dieron luego de un proceso de "revisión integral" en el cual el Estado "evalúa de manera individual cada situación y adopta, conforme a la Ley, medidas cautelares, como parte de una política de justicia con enfoque humanista y de preservación de la paz"."El Estado venezolano garantiza a las personas privadas de libertad un trato digno, el respeto a sus derechos humanos y la atención integral", apuntó el despacho en el texto.Más temprano, el Comité de Madres en Defensa de la Verdad informó que durante la madrugada de este año nuevo las autoridades excarcelaron a 87 personas que permanecían recluidas en el penal de Tocorón, en el estado Aragua, tras ser detenidas en el contexto de las manifestaciones.Otro de los colectivos integrados por familiares, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp), dijo en X que había "confirmado" la excarcelación de 54 detenidos en Tocorón y uno en la cárcel de El Rodeo I, en el estado Miranda.Entretanto, las ONG venezolanas Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) dijeron a EFE que se encontraban verificando el total de las excarcelaciones.Después de las presidenciales del 28 de julio de 2024, se desató una crisis en Venezuela, a raíz de la controvertida reelección de Maduro, proclamada por el ente electoral -controlado por funcionarios afines al chavismo-, y de la denuncia de "fraude" por parte de la oposición mayoritaria, que reclama la victoria de Edmundo González Urrutia.En este contexto, más de 2.400 personas fueron detenidas -la mayoría de ellas excarceladas- y acusadas de "terroristas", según la Fiscalía, aunque varias ONG y partidos opositores las defienden como inocentes y aseguran que son presos políticos.Foro Penal contabilizaba, hasta el 15 de diciembre, 902 presos políticos en Venezuela, 86 de ellos extranjeros o venezolanos con otra nacionalidad, mientras que JEP los cifraba en más de 1.000.El Ejecutivo de Maduro asegura que el país está "libre de presos políticos" y que los señalados como tal están encarcelados por la "comisión de terribles hechos punibles".
Rusia presentó una solicitud diplomática ante EE.UU. para que abandone la persecución de un petrolero sancionado que se dirigía a Venezuela hace diez días, según publica este jueves el diario The New York Times citando dos fuentes cercanas al asunto.Moscú envió solicitudes formales el miércoles al Departamento de Estado y al Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, según explicaron las citadas fuentes.Desde el domingo 21 de diciembre el Bella 1, que navega ahora por aguas del Atlántico, ha sido el objetivo de la Guardia Costera estadounidense, que ese día trató de abordar, blandiendo una orden de incautación, el buque en el Caribe cuando éste se dirigía a cargar crudo en Venezuela.El episodio se produjo pocos días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que Washington incautaría buques que transporten crudo de Venezuela, a quien acusó de robar activos petrolíferos estadounidenses en el país caribeño.EE.UU. cumplió en diciembre con estas amenazas e incautó dos petroleros en el Caribe, el Skipper y el Centuries.Sin embargo, la tripulación del Bella 1 rechazó las órdenes estadounidenses y dio media vuelta, forzando a que la Guardia Costera tuviera que perseguir el buque.El propio The New York Times ya informó esta semana que, durante la huida, los tripulantes del Bella 1, que aparentemente viajaba sin bandera, pintaron una enseña rusa en el casco y en los días siguientes contactaron a la Guardia Costera por radio para identificarse como un petrolero de nacionalidad rusa.La intervención diplomática de Rusia puede complicar el intento de EE.UU. de incautar el petrolero, algo que se enmarca en la campaña de presión del Gobierno Trump sobre Venezuela.Desde el verano, Washington mantiene un enorme despliegue militar en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico desde Colombia y Venezuela, mientras urge al mismo tiempo la salida del Gobierno venezolano de Nicolás Maduro, al que acusa de liderar el Cartel de los Soles.A su vez, esta solicitud diplomática rusa puede añadir un nuevo obstáculo a las complejas negociaciones en las que media Trump para lograr un acuerdo de paz entre Moscú y Kiev.
La Registraduría Nacional del Estado Civil adelantará dos jornadas especiales de inscripción de ciudadanos en los puestos de votación, con el propósito de facilitar la actualización de datos a quienes han cambiado su lugar de residencia y garantizar su participación en las elecciones de 2026. Estas jornadas se desarrollarán durante cuatro días consecutivos en dos periodos: del 6 al 9 de noviembre y del 27 al 30 de noviembre del presente año.En total, más de 11.000 puestos de votación estarán habilitados en todo el territorio nacional, los cuales funcionarán en horario continuo de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Los ciudadanos podrán consultar el punto más cercano ingresando al portal web oficial de la entidad,, seleccionando la opción ‘Electoral’ y luego el banner ‘Votar cerca, te acerca’.El trámite de inscripción puede realizarse presentando la cédula amarilla con hologramas o la cédula digital, tanto en su versión física como desde dispositivos móviles. La entidad recordó que este proceso solo debe realizarse por quienes cambiaron de residencia, retornaron al país de manera permanente o cuentan con una cédula expedida antes de 1988 y aún no aparecen en el censo electoral.Antes de acudir al puesto de votación, se recomienda consultar el lugar actual de votación a través del enlace https://wsp.registraduria.gov.co/censo/consultar/. Al ingresar el número de cédula, el sistema informará si el ciudadano hace parte del censo electoral y cuál es su puesto de votación vigente.De acuerdo con los calendarios electorales, el periodo de inscripción para las elecciones de Congreso vence el 8 de enero de 2026, mientras que para las elecciones presidenciales culminará el 31 de marzo de 2026.Estas jornadas en puestos de votación complementan los 400 puntos de inscripción permanentes habilitados desde el 1 de septiembre de 2025 y las 514 campañas móviles de inscripción (CMI) que recorren universidades, plazas, centros comerciales y sedes regionales de la Registraduría en todo el país.
Colombia conmemora el 40 aniversario de la toma guerrillera del Palacio de Justicia con las heridas aún abiertas y un debate sobre la responsabilidad del M-19 y de la fuerza pública en ese episodio sangriento que terminó con 94 muertos, entre ellos once magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, y un número por establecer de desaparecidos.El 6 de noviembre de 1985, minutos antes del mediodía, 35 guerrilleros del M-19 se tomaron el Palacio de Justicia para exigir el cumplimiento de los acuerdos de paz de 1984 y hacer un juicio al presidente Belisario Betancur (1982-1986), lo que desató una batalla en pleno centro de Bogotá que se prolongó por 28 horas al cabo de las cuales el interior del edificio, consumido durante la noche por un incendio, quedó reducido a cenizas."El 6 y el 7 de noviembre de 1985, Colombia renunció a la palabra y dejó que las armas, en su feroz e irracional intercambio, reemplazaran el Estado de derecho y los valores ciudadanos esenciales", señaló el informe publicado en 2010 por la Comisión de la Verdad, creada para investigar esa tragedia que marcó la historia política colombiana.El día de la toma, la Sala Constitucional de la Corte Suprema iba a debatir el tratado de extradición con Estados Unidos, razón por la cual el magistrado ponente, Manuel Gaona Cruz, había recibido amenazas de muerte de los narcotraficantes y hay testimonios que indican que la acción del M-19 fue financiada por Pablo Escobar.Cuarenta años después, el país homenajeará a las víctimas del Palacio de Justicia, cuya sede, reconstruida años después, lleva el nombre de Alfonso Reyes Echandía, el presidente de la Corte Suprema asesinado en la toma y cuyo clamor "Que cese el fuego", en las primeras horas del sangriento ataque, no fue atendido por quienes debían escucharlo, pero aún resuena en la memoria colectiva.Polémica políticaLa conmemoración ha estado marcada por la polémica sobre los relatos de lo sucedido, en la cual ha intervenido incluso el presidente Gustavo Petro, quien hizo parte del M-19 y tiene su visión particular de la operación, cuestionada por familiares de las víctimas que consideran que esa guerrilla, que firmó la paz con el Gobierno en 1990, es responsable directa de la tragedia."Desde el día uno hubo una manipulación de la información o incluso una censura a la información, y después, pasado el tiempo, ha habido abuso en la memoria de los dos actores que empuñaron las armas", dijo en una entrevista Helena Urán Bidegain, cuyo padre, Carlos Horacio Urán, magistrado auxiliar del Consejo de Estado, salió vivo del palacio, fue desaparecido por agentes del Estado y apareció asesinado al día siguiente.Urán Bidegain respondió así a unas afirmaciones de Petro, quien dijo en X que "el magistrado Urán era amigo de (Andrés) Almarales", uno de los jefes guerrilleros en la toma del Palacio de Justicia.Petro se pronunció luego de que el jurista y académico Mauricio Gaona recordara que su padre, el magistrado Gaona Cruz, fue asesinado por el M-19, aunque haya relatos que quieren "borrar" ese crimen."El asesinato de Manuel Gaona Cruz a manos del M-19 fue un crimen de lesa humanidad. Hoy, lo quieren justificar y borrar", escribió en X Gaona, mientras Petro insiste en otra versión, basada en relatos de supuestos testigos que dicen que Almarales dejó salir a los civiles que tenían retenidos, argumento que en su momento fue rechazado por la Comisión de la Verdad por considerarlo "completamente infundado y contrario a las pruebas directas".Búsqueda de la verdadLos actos conmemorativos incluyen la apertura este miércoles de la instalación artística 'Sintiendo la memoria' en la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, y el jueves por la noche, en la fachada de la sede judicial, se hará la proyección de mapping 'El Palacio cobra vida', un gesto de esperanza y memoria.El homenaje central será el viernes 7 cuando el Poder Judicial en pleno, distanciado de Petro, celebrará un acto solemne en memoria de las víctimas y para reclamar una verdad completa."No se ha contado la verdad histórica y se ha querido deformar la historia de lo ocurrido. La toma del Palacio no fue una acción genial, sino una acción demencial, un acto terrorista, según lo calificaron varias sentencias del Consejo de Estado", señaló ayer el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez.
Habitantes de un sector de Cundinamarca viven momentos de angustia, luego de que la corriente del río Blanco del municipio de Gutiérrez arrastrara a una niña de 11 años de edad el pasado lunes.Según declaraciones de los familiares, la familia viajó al lugar para pasar unos días de descanso. Sin embargo, la creciente del afluente sorprendió a las dos menores que se encontraban en el agua.Una niña de 8 años de edad logró salir con vida gracias a que llevaba un flotador, pero la menor de 11 años, lamentablemente fue arrastrada metros más abajo y hasta el momento no ha sido localizada.Por medio de un comunicado, la Gobernación de Cundinamarca informó que este miércoles autoridades del municipio, en articulación con la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca (UAEGRD) y organismos de socorro, continúan las labores de búsqueda para hallar a la niña desaparecida.Actualmente, bomberos voluntarios de Ubaque se encuentran en el sitio adelantando las labores de rastreo sobre el cauce del río, con apoyo de unidades de la Policía de reacción de Cáqueza.Buzos se suman a la búsqueda de menor de edad desaparecidaPara la búsqueda, la administración ha implementado drones para el monitoreo aéreo río abajo. Asimismo, la UAEGRD gestionó un apoyo adicional a Polnasar y el cuerpo de Bomberos de Sopó, para que buzos especializados intervengan en la gestión.Lo anterior, debido a la presencia de dos pozos de considerable profundidad dentro del afluente, los cuales no han podido ser inspeccionados con los equipos disponibles en la zona.La comunidad también se encuentra colaborando con las autoridades en puntos estratégicos para tratar de hallar a la menor de 11 años de edad.
La Defensoría del Pueblo advirtió que la mayoría de estos crímenes estarían relacionados con el conflicto armado, lo que refleja un grave deterioro en la protección de los derechos de las mujeres en la región.La entidad recordó que las víctimas estaban amparadas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y reiteró que, según los diez mínimos humanitarios establecidos para Arauca, “el cuerpo de la mujer no es territorio de guerra”.La Defensoría instó a las autoridades competentes a aplicar las recomendaciones de la Alerta Temprana 014 de 2025, en la que se advierte sobre los riesgos específicos que enfrentan las mujeres por el conflicto y las violencias basadas en género, incluyendo la instrumentalización física y emocional.Asimismo, pidió la adopción inmediata de medidas que permitan prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres.Finalmente, la Defensoría hizo un llamado a los grupos armados para que respeten la vida y la libertad de las mujeres, especialmente en las zonas rurales, y puedan construir un futuro libre de violencia.
El Hangar Rincón Quiñones, ubicado en el Cantón Norte de Bogotá, podría perder su reconocimiento como bien de interés cultural, pese a su estrecha relación con uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente de Colombia: la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985.La museóloga y experta en patrimonio Diana Pérez, quien impulsó el proceso de declaratoria ante el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), advirtió que el Comando de Ingenieros del Ejército ha manifestado su oposición, argumentando que en el terreno se proyecta la construcción de un nuevo edificio militar.“El hangar fue declarado patrimonio con apoyo del IDPC y el Consejo Distrital de Patrimonio Cultural decidió de forma unánime protegerlo. Sin embargo, el Comando de Ingenieros no está de acuerdo, porque en ese lugar quieren levantar un proyecto inmobiliario moderno”, según lo explicado por Pérez.Un lugar clave en la historia militar y del conflictoEl Hangar Rincón Quiñones fue parte del antiguo Batallón Rincón Quiñones, unidad adscrita a la escuela motorizada del Ejército, encargada de operar los vehículos mecanizados que participaron en la retoma del Palacio de Justicia.“El hangar era el abrigo de los tanques de guerra; de allí salieron hacia el Palacio y allí regresaron cuando terminó la operación”, detalló la museóloga.Este espacio militar, construido hace 85 años, fue nombrado en honor al general Ramón Arturo Rincón Quiñones, asesinado en la década de 1970. Con el paso del tiempo, el batallón fue retirado del área urbana, pero la estructura —hecha en duroaluminio— permanece dentro del Cantón Norte como un símbolo de memoria histórica.Pérez aseguró que se planea trasladar el hangar a La Guajira, o "chatarrizarlo", pero insiste en que se puede construir a su alrededor sin la necesidad de tumbarlo porque, de ser trasladado, no podría sobrevivir a las condiciones climáticas de La Guajira.Un patrimonio convertido en parqueaderoActualmente, el hangar no recibe el trato que corresponde a su valor patrimonial. Según Pérez, el espacio funciona como un parqueadero para vehículos y motocicletas de funcionarios del Cantón Norte, pese a su potencial como sitio de memoria y espacio educativo.“No es que esté abandonado, pero no tiene el uso que le corresponde. Podría ser un centro de memoria, un museo para veteranos o un lugar de archivo histórico del Ejército”, señaló.La experta agregó que el inmueble podría integrarse arquitectónicamente con nuevas construcciones sin necesidad de derrumbarlo: “En muchos lugares del mundo se conservan las estructuras patrimoniales y se diseñan edificios modernos a su alrededor. Aquí también podría hacerse”.Entre la memoria y el olvidoEl Hangar Rincón Quiñones no solo tiene un valor arquitectónico e institucional, sino también un profundo significado para las víctimas del conflicto. Según testimonios documentados por la Comisión de la Verdad, en ese espacio habrían estado personas retenidas durante la retoma del Palacio de Justicia.“El hangar guarda memoria para las víctimas, pero también para la institución militar. Sería lamentable que se derribe, porque con él se derrumbaría también una parte de la historia y la credibilidad del sistema patrimonial del distrito”, advirtió Pérez.“Aquí están en juego muchas cosas además de la memoria. Si tumban la declaratoria, se tumba también la confianza en las instituciones encargadas de proteger nuestro patrimonio”, concluyó Pérez.Escuche la entrevista completa aquí:
El mercado de motocicletas en Colombia cerró el 2025 con un balance ampliamente positivo. De acuerdo con el más reciente informe de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi y Fenalco, durante diciembre se registraron 112.310 motocicletas nuevas, lo que representa un crecimiento del 30,86% frente al mismo mes de 2024.En el acumulado entre enero y diciembre de 2025, el sector alcanzó un crecimiento del 34,94%, superando el millón cien mil unidades matriculadas en todo el año. El informe destaca que este comportamiento reafirma el papel de la motocicleta como un medio de transporte esencial, especialmente en zonas donde facilita el acceso al trabajo, la educación y servicios básicos.Por marcas, Bajaj, AKT y Suzuki lideraron el ranking de registros en diciembre, con Bajaj a la cabeza al alcanzar una participación del 16,43%. En cuanto a segmentos, la mayor demanda se concentró en motocicletas de 101 a 125 centímetros cúbicos, que representaron el 46,02% del total del mercado.A nivel territorial, Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca concentraron el 45,76% de los registros del país. En el ámbito municipal, Sabaneta (Antioquia), Funza (Cundinamarca) y El Cerrito (Valle del Cauca) fueron las localidades con mayor número de motocicletas nuevas matriculadas durante el mes.El informe concluye que la motocicleta continúa siendo un vehículo clave para la movilidad y la generación de ingresos en los hogares colombianos, particularmente en los de menores recursos.
La reciente discusión sobre el impacto del aumento del salario mínimo en el servicio doméstico abrió un nuevo frente de debate político y social. En Mañanas Blu, Jenny Hurtado, presidenta del Sindicato de Trabajadoras Domésticas de Colombia, cuestionó duramente el papel que ha desempeñado la vicepresidenta Francia Márquez frente a las problemáticas del gremio, pese a que en el pasado aseguró haber sido trabajadora doméstica y representar a este sector desde el Gobierno.Para Hurtado, el incremento del salario mínimo, aunque positivo en el papel, está generando efectos adversos en el empleo del sector. Sin embargo, el momento más crítico de la entrevista se dio cuando se le preguntó por el respaldo real de la Vicepresidencia a las trabajadoras del hogar.“Nunca nos llamó, nunca nos escuchó”La líder sindical aseguró que, pese a la visibilidad política de Francia Márquez, no ha existido un acercamiento real con las organizaciones del servicio doméstico. “Ella jamás nos llamó para preguntarnos nada. Cuando pedí una cita, tenía la agenda llena por dos años y nunca nos atendió”, afirmó Hurtado.Según su testimonio, ni ella ni otras representantes del gremio lograron ser recibidas por el equipo de la Vicepresidencia. “Sus asistentes no nos dejaron pasar. Intentamos por varios medios y nunca fue posible”, señaló, al tiempo que puso en duda el relato de representación que, según dijo, se ha usado en escenarios políticos.Hurtado fue más allá y cuestionó el discurso de identificación de Márquez con el servicio doméstico. “Espero que las compañeras no vuelvan a caer en la trampa de creer que porque dijo que fue empleada doméstica nos representa. Si de verdad lo fuera, se habría interesado más por este gremio”, expresó.En uno de los momentos más duros de la entrevista, la líder sindical afirmó: “Para mí eso es puro cuento. Nunca la vi interesada en las trabajadoras del hogar y ahora, como vienen elecciones, vuelve a hablar del tema”.Sin voz en las decisiones claveLa presidenta del sindicato también denunció que las trabajadoras domésticas no participan en las mesas donde se negocia el salario mínimo, pese a ser uno de los sectores más impactados. “Nunca nos preguntan qué pensamos. Nos dicen que nos representan centrales obreras a las que muchas ni siquiera estamos afiliadas”, explicó.Adicionalmente, Hurtado advirtió que el discurso oficial sobre “trabajo digno” no se refleja en la realidad del sector. “Eso no se está aplicando con las trabajadoras del hogar. Van a quedar muchas desempleadas y no vemos una salida”, concluyó.Las declaraciones reavivan el debate sobre el papel de la Vicepresidencia y la representación efectiva de uno de los gremios más invisibilizados del país, en un momento clave para el futuro laboral de miles de trabajadoras domésticas en Colombia.Escuche la entrevista completa acá:
El más reciente informe entregado por las autoridades de salud, entre la noche de 31 de diciembre y durante la celebración de Año Nuevo se reportaron 13 personas quemadas con pólvora en varios municipios del Huila, en su mayoría adultos, donde también resultó afectado un menor de edad.El secretario de salud departamental, el médico César Germán Roa, confirmó que entre el primero de diciembre y en lo que va de la temporada de fiestas, la cifra es de 41 personas lesionadas por la manipulación de elementos pirotécnicos, entre los afectados hay siete menores de edad.“Entre la noche del 31 y el 1 de enero de Año Nuevo se presentaron 13 casos en el Huila, un caso en Algeciras, El Agrado, La Plata, dos casos en Aipe, dos en Pitalito y seis quemados en Neiva, de los seis lesionados en Neiva, uno de ellos es un menor de 13 años de edad. En total se consolidan 41 personas afectadas por pólvora de las cales siete son menores de edad en lo que va de la temporada de fiestas”, anotó el médico Roa Trujillo.Le puede interesar: Aumenta a 1.419 los quemados por pólvora en Colombia; más de 400 casos son menores de edadAgregó el funcionario de la Gobernación del Huila que la mayoría de las personas lesionadas por el uso irresponsable de pólvora, al parecer, se encontraban bajo los efectos del alcohol, mientras que los menores afectados están bajo vigilancia del Bienestar Familiar.“Los municipios donde se han presentado eventos de lesionados por pólvora son El Agrado, Gigante, La Argentina, Algeciras, Suaza, Tarqui, Timaná, Acevedo, Aipe, Guadalupe, La Plata, Oporapa, entre tanto, Pitalito y Neiva son los municipios que más registran casos de quemados, solo Neiva tiene 17 casos” añadió el secretario de salud César Roa.A propósito, el funcionario de salud departamental hizo un fuerte llamado a los ciudadanos en el Huila a evitar la manipulación de estos elementos pirotécnicos, teniendo en cuenta que falta la celebración de Reyes Magos.
El incremento del salario mínimo en Colombia, fijado en un 23 % y defendido por el presidente Gustavo Petro como una medida para proteger el ingreso de los trabajadores, genera preocupación en el gremio del servicio doméstico. Así lo expresó Yenny Hurtado, presidenta del Sindicato de Trabajadoras Domésticas, en Mañanas Blu, en la que advirtió que la medida podría traducirse en despidos y mayor informalidad.El salario mínimo para el 2026 quedará en $2.000.000 si se suma el subsidio de transporte. Sin embargo, desde el sector del trabajo doméstico aseguran que el impacto real va más allá del ingreso mensual.“El aumento me parece muy chévere, muy bueno, pero debería haber mecanismos que se hagan cumplir esas normas. Nadie cumple nada”, afirmó Hurtado. Según explicó, el costo real de tener una trabajadora del hogar formalmente vinculada supera ampliamente el salario base. “Los análisis que hicimos con mis compañeras muestran que el costo puede quedar más o menos en 3 millones 25 mil pesos”, señaló, al incluir seguridad social, prestaciones y demás obligaciones.La dirigente sindical advirtió que esta situación ya está generando decisiones por parte de los empleadores. “Hablé con unas diez patronas y ya dijeron que no van a tener más empleada sino una vez a la semana. Eso es terrible, porque muchas compañeras sobreviven con cuatro o cinco días de trabajo”, aseguró. En su concepto, solo quienes tengan altos ingresos podrán asumir ese costo: “Da la impresión de que en Colombia solo van a tener empleadas domésticas quienes puedan pagar más de 3 millones de pesos”.Hurtado cuestionó, además, las cifras oficiales sobre el número de personas que trabajan en este sector. Mientras el DANE habla de alrededor de 700.000, ella sostiene que la cifra real es mucho mayor. “Según lo que manejamos los sindicatos, hay casi cuatro millones de trabajadores y trabajadoras del hogar en Colombia”, dijo, y agregó que “el Gobierno no tiene una cifra clara porque nunca ha hecho un estudio serio casa por casa”.Uno de los grupos más afectados sería el de quienes trabajan por días. De acuerdo con la presidenta del sindicato, unas 350.000 personas laboran bajo esta modalidad. “La que más gana por día recibe 100.000 pesos y ahí va todo: no hay contrato, no hay prestaciones y muchas veces ni siquiera les dan alimentación”, explicó. También denunció que, tras la pandemia, muchas empleadoras exigen que el trabajo de varios días se haga en una sola jornada.Sobre la posibilidad de reclamar derechos, Hurtado fue contundente: “Si no hay contrato firmado, no hay una ley que defienda a la trabajadora. ¿A dónde va a denunciar? Ir al Ministerio de Trabajo es muy complicado; yo llevo un año acompañando un caso y no hemos logrado que nos atiendan”.La situación de las trabajadoras internas tampoco es clara, según indicó. “Hay que esperar con qué van a salir las patronas. Muchas van a decir que tres millones es mucha plata y la empleada termina aceptando lo que le den para no quedarse sin trabajo”, afirmó, al tiempo que expresó su preocupación por el posible aumento del desempleo en el sector.Finalmente, Hurtado cuestionó la falta de representación del gremio en la negociación del salario mínimo. “Nunca nos han llamado a preguntarnos qué pensamos. Nos representan centrales obreras a las que ni siquiera pertenecemos”, señaló. También criticó la falta de apoyo institucional: “El trabajo digno del que tanto habla el Gobierno no se está aplicando con las trabajadoras del hogar”.
Andrés Velasco, presidente de Asofondos, en diálogo con Mañanas Blu, ha emitido una contundente alerta sobre las consecuencias del Decreto 1485 del 31 de diciembre, el cual modifica la fórmula para el cálculo de las pensiones en Colombia. Según Velasco, esta medida, tomada tras un aumento significativo del salario mínimo, traslada la carga financiera del Estado directamente a los hombros de los trabajadores, alejando la posibilidad de jubilación para millones de ciudadanos.El costo de pensionarse aumenta radicalmenteHasta finales del año pasado, un trabajador en el régimen de ahorro individual necesitaba acumular aproximadamente 350 millones de pesos para adquirir una renta vitalicia de un salario mínimo. Sin embargo, bajo las nuevas reglas y el efecto del incremento salarial, esa cifra se ha disparado. Velasco explica que ahora se requerirán cerca de 550 millones de pesos para el mismo fin: un incremento de 200 millones que surge de la combinación del aumento salarial y la decisión del Gobierno de no compensar los efectos de dicha subida sobre las pensiones.Este cambio implica que el "sueño de la pensión" para cerca de 20 millones de afiliados en fondos privados se ha vuelto mucho más costoso y difícil de alcanzar. Para quienes no logren este capital, el panorama se inclina hacia la devolución de saldos, a menos que cumplan con los requisitos de semanas y edad para acceder al Fondo de Garantía de Pensión Mínima.Una década más de trabajo para los colombianosLa consecuencia más directa para el ciudadano de a pie es el tiempo. Velasco estima que, para cubrir ese nuevo faltante de capital, un trabajador promedio tendría que laborar al menos una década adicional. "El cambio de esa fórmula implica que a los colombianos los alejamos de la pensión por lo menos una década", afirmó el directivo, señalando que esta decisión no fue concertada en mesas técnicas con los sectores afectados.Riesgos en el seguro previsional y sostenibilidad fiscalEl decreto no solo afecta la jubilación por vejez, sino también los seguros de invalidez y sobrevivencia. La ley establece que el costo de estos seguros no debe superar el 3% de la cotización; sin embargo, con los nuevos cálculos, este costo podría subir al 3.2%, quedando por encima de lo legalmente permitido. Esto genera un vacío donde los trabajadores podrían quedar desprotegidos ante accidentes o fallecimientos si el Gobierno no diseña un mecanismo de compensación.Además, Velasco advierte sobre un "tiro por la culata" fiscal. Al agotarse más rápido el Fondo de Garantía de Pensión Mínima —que cuenta con unos 55 billones de pesos—, será el propio Estado quien deba asumir estos pagos en el futuro con los impuestos de todos los colombianos, lo que anularía cualquier ahorro a corto plazo que el Gobierno pretenda lograr.La polémica repatriación de capitalesFinalmente, el presidente de Asofondos criticó la idea del Gobierno de repatriar los ahorros pensionales invertidos en el exterior. Velasco argumenta que obligar a vender estas inversiones internacionales para traer los dólares a Colombia provocaría una caída en la tasa de cambio y una pérdida de rentabilidad para los ahorradores, ya que se verían obligados a "vender barato" afuera y "comprar caro" activos locales. Actualmente, cerca del 50% de los 520 billones de pesos administrados están en el exterior para garantizar la diversificación y seguridad del ahorro.Para entender esta situación, imagine que usted ha estado ahorrando durante años para comprar una casa y, de repente, el vendedor le informa que el precio subió drásticamente. Ahora, usted no solo debe ahorrar mucho más dinero del previsto, sino que se ve obligado a trabajar muchos más años de los que planeaba simplemente para mantener la misma meta que antes sentía al alcance de su mano.Escuche aquí la entrevista:
En su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro aseguró: “Disponemos de un billón y medio para la compra de una flota eléctrica para Bogotá, que baja los costos de transporte por pasajero, si Transmilenio quiere”.El jefe de Estado explicó que su objetivo es mantener el precio del tiquete para aumentar el número de pasajeros en Transmilenio, reducir la congestión y disminuir el déficit del sistema. Señaló que el diésel sigue subsidiado, pues es el principal costo operativo, y advirtió que subir el pasaje solo reduciría la demanda de usuarios y empeoraría la situación financiera del sistema.Y agregó la siguiente explicación: “El aumento de salario de los conductores de buses no impacta la tarifa técnica si la Nación ha decidió ayudar financieramente para que se cambie por tecnologías más eficientes los buses”.Frente a este anuncio, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, explicó que esos recursos podrían evitar una alza en la tarifa durante 2026, siempre y cuando se trate de un aporte adicional a los $938.000 millones ya comprometidos por la Nación en el convenio vigente y que se paguen este año.“Respuesta rápida, presidente. El convenio de cofinanciación de la Nación con el Distrito para Flota Eléctrica, Buses Eléctricos, contempla un aporte de la Nación por 938.000 millones de pesos. No los 1,5 millones que usted anuncia en su trino y manifiesta disponer para esos efectos, sino 938.000 millones de pesos. De esos recursos no recibiremos nada en 2026. Empezarán a entrar en 2027 vía vigencias futuras y así gradualmente hasta el 2040. Este año no entrará nada”, indicó Galán.El alcalde agregó que, de confirmarse el aporte adicional, es decir, 562 mil millones de pesos adicionales a los del convenio ya firmado, sería “es una gran noticia porque eso nos permite no aumentar la tarifa de Transmilenio este año, 2026”.Galán explicó que, usando el artículo 183 del Plan de Desarrollo aprobado en 2023, la Nación podría financiar hasta el 50 por ciento de la flota eléctrica en operación. Con más de 1.480 buses eléctricos, parte del costo de Bogotá podría cubrirse con el aporte adicional, dejando la decisión en manos del presidente.Asocapitales advirtió esta semana que el aumento del 23,7 % del salario mínimo podría generar un incremento de cerca de $200 por pasaje en los sistemas de transporte público urbano, afectando tanto a grandes sistemas masivos como el MIO en Cali, Transmilenio en Bogotá y el sistema de transporte público en Medellín, así como a ciudades intermedias como Cartagena. Por ello, el gremio hizo un llamado al Gobierno para establecer reglas claras de corresponsabilidad y cofinanciación, garantizando un transporte público accesible y sostenible.
El uso de pólvora durante las celebraciones de Fin de Año volvió a dejar un saldo preocupante en Colombia. De acuerdo con el más reciente reporte preliminar del Instituto Nacional de Salud (INS), entre el 1 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026, con corte a las 2:00 de la tarde, se han registrado 1.419 personas lesionadas por artefactos pirotécnicos en todo el país, lo que representa un incremento del 10,4 % frente al mismo periodo del año anterior.Las cifras evidencian que el mayor número de casos se presentó durante las horas de mayor celebración. Solo entre la tarde del 31 de diciembre y la tarde del 1 de enero se reportaron 391 nuevos lesionados, lo que confirma que la noche de Año Nuevo sigue siendo uno de los momentos de mayor riesgo por la manipulación inadecuada de pólvora.Preocupación con los menores de edadUno de los datos que más alarma a las autoridades sanitarias es la afectación a niños y adolescentes. Del total de casos reportados, 428 corresponden a menores de 18 años, es decir, cerca del 30 % de los lesionados. Además, el informe señala que 52 de estos menores se encontraban acompañados por adultos bajo los efectos del alcohol, un factor que incrementa el riesgo de accidentes graves.Por regiones, Antioquia lidera el número de casos con 182 lesionados, seguida por Nariño (131), Bogotá (104), Norte de Santander (84) y Cauca (81). En el listado también figuran Cundinamarca, Córdoba, Tolima, Atlántico y Santander, entre otros departamentos. En cuanto a ciudades, Medellín encabeza el registro con 72 casos, seguida de Pasto, Cúcuta y Neiva, lo que refleja una dispersión del problema en todo el territorio nacional.El INS indicó que los totes continúan siendo el artefacto más peligroso, al estar involucrados en el 30,7 % de las lesiones, seguidos por otros elementos pirotécnicos no especificados y los voladores. Estas cifras reafirman las advertencias de las autoridades sobre el alto riesgo que implica el uso de pólvora, especialmente cuando no se cuenta con medidas de seguridad ni supervisión adecuada.Pese a la gravedad del panorama, el reporte preliminar señala que no se han registrado fallecimientos asociados a lesiones por pólvora pirotécnica en este periodo. Sin embargo, las autoridades mantienen el llamado a la prevención, especialmente para proteger a los menores de edad, y recordaron que también se han notificado siete casos de intoxicación por fósforo blanco, lo que refuerza la necesidad de evitar la manipulación de estos elementos durante las celebraciones.
Colombia comenzó oficialmente este 1 de enero de 2026 su mandato como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el período 2026-2027, tras haber sido elegida por la Asamblea General el pasado 3 de junio de 2025 con 180 votos.Durante los próximos dos años, Colombia tendrá voz y voto en el órgano más poderoso del sistema multilateral de la ONU, participando en decisiones relacionadas con conflictos armados, crisis humanitarias, operaciones de mantenimiento de la paz y otros asuntos prioritarios para la seguridad internacional.En el comunicado donde se comunicó el inicio de la participación del país en el Consejo Superior, se hizo hincapié en que la participación colombiana estará guiada por los principios históricos de su política exterior: el respeto al Derecho Internacional y a los Derechos Humanos, la defensa de la soberanía de los Estados, el principio de no intervención y la resolución pacífica de las controversias.Asimismo, el país promoverá la diplomacia como herramienta fundamental para la construcción de la paz, con un enfoque centrado en las personas.Esta será la octava ocasión en la que Colombia ocupa un asiento en el Consejo de Seguridad, luego de su más reciente participación en el período 2011-2012, lo que reafirma su compromiso sostenido con el multilateralismo y la promoción de la paz internacional.
El 2026 comenzó movido para varios colombianos en el norte del país, pues sobre las 07:37 de la mañana de este 1 de enero se registró un fuerte temblor de magnitud de 4.6, según el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC).Si bien el epicentro de este hecho se dio en Venezuela, según el reporte se alcanzó a sentir en zonas de La Guajira, Norte de Santander, César y Atlántico, por supuesto, a una menor escala en comparación a las zonas más cercanas de este fenómeno."Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-01-01, 07:37 hora local. Magnitud 4.6, Profundidad superficial, Venezuela", indicó el SGC en su reporte oficial. Cabe recordar que el 24 de diciembre también se registró un sismo que ocurrió a las 6:23 de la tarde y tuvo una magnitud de 3.0, con epicentro en el municipio de Chachagüí, en el departamento de Nariño.En Colombia se pueden llegar a registrar hasta más de 50 temblores por día de hasta magnitud de 3.7. Según el SGC, el primero del 1 de enero se dio en el Meta de manera superficial y uno de los "más fuertes" en Zapatoca, Santander, cerca a la Mesa de Los Santos, en donde tiembla casi todo el día entre 2.0 a 3.0.Colombia se encuentra en una zona de alta actividad sísmica debido a la interacción de varias placas tectónicas. En particular, la región de Los Santos es reconocida por su constante liberación de energía, lo que genera eventos diarios, la mayoría imperceptibles para la población. El SGC reiteró que conocer estos procesos permite fortalecer la preparación ciudadana ante futuros movimientos.
Un policía colombiano fue asesinado en la madrugada de este jueves en la ciudad de Villavicencio (centro) cuando "atendía un procedimiento" durante la celebración del Año Nuevo, informaron las autoridades."Con profunda tristeza informo que la violencia irracional le arrebató la vida a nuestro subintendente Jeferson Orlando Fernández Orduz, adscrito al CAI (comando de atención inmediata) Barzal de Villavicencio, cuando atendía un procedimiento policial y protegía a la comunidad. Criminales segaron su vida", expresó el director de la Policía colombiana, general William Rincón, en X.El oficial explicó que durante el procedimiento resultó lesionado un hombre conocido con el alias de 'Polo', quien supuestamente causó la muerte al subintendente Fernández."También fue capturado su hermano, alias 'Richard', quien tenía en su poder el arma de fuego con la que le presuntamente le quitaron la vida a nuestro valiente policía", agregó.El general Rincón recordó al uniformado asesinado como un policía "que salió a servir y no regresó a casa"."Rechazamos de manera firme y absoluta este acto criminal y exigimos justicia. Que nadie olvide que detrás del uniforme hay vidas, sueños y familias que hoy sufren", concluyó Rincón.