Las recientes inspecciones de la Fiscalía a Indumil y al Comando de Personal del Ejército han desatado un nuevo capítulo de cuestionamientos políticos y judiciales sobre el general Juan Miguel Huertas. El operativo, ordenado por un fiscal delegado ante la Corte Suprema, busca recopilar documentos, inventarios, registros de armamento y archivos digitales que permitirían esclarecer los presuntos nexos entre altos mandos de la fuerza pública y las disidencias de alias 'Calarcá'. Todo esto, luego de las revelaciones divulgadas por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, que alertaron sobre posibles infiltraciones y acuerdos clandestinos entre estructuras criminales y funcionarios del Estado.En Recap Blu, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, planteó dos hipótesis sobre la postura del presidente Gustavo Petro para defender al general Huertas, pese a la suspensión de la Procuraduría aunque el mandatario aún no ha firmado el decreto que oficializa la medida.“Uno tendría que pensar, o que el presidente Petro es de una ingenuidad superior, que no es posible creerlo, o que esto también era un acuerdo de campaña", comentó la senadora.En ese sentido, Valencia recordó episodios como el llamado “Pacto de La Picota” y las declaraciones de Juan Fernando Petro sobre apoyos electorales desde las cárceles, para sostener que la presunta cercanía entre sectores criminales y el proyecto político del actual Gobierno no sería nueva. A su juicio, las decisiones recientes en materia de seguridad y justicia apuntarían a consolidar un “salvoconducto para delinquir” en el marco de la llamada paz total.Investigación y denuncias contra HuertasEsta semana, la senadora expuso las denuncias contra el general en el Congreso. Recordó que toda esta trama comenzó cuando la fuerza pública capturó a siete cabecillas, incluido alias 'Calarcá', en un operativo en Antioquia hace más de un año. Cuatro de estos detenidos fueron liberados y los otros tres nombrados “gestores de paz”, lo que, según Valencia, abrió la puerta a un manto de impunidad. La senadora aseguró que los datos contenidos en esos dispositivos apuntan a un entramado de oficiales “pagados por las disidencias”, dedicados a facilitar sus operaciones y a “limpiar” la fuerza pública sacando a quienes obtenían resultados contra estos grupos. Incluso, afirmó que habría referencias a supuestos apoyos políticos y económicos a la campaña de Gustavo Petro provenientes de estructuras criminales."Finalmente, parece que hay una información relacionada a los presuntos apoyos que había recibido la campaña de Gustavo Petro, no solo económico, sino político, por parte de las estructuras narcoterroristas que esta gente representa", afirmó.Sobre por qué Huertas no terminó siendo comandante del Ejército, Valencia señaló que el Gobierno del expresidente Iván Duque lo retiró tras recibir alertas internacionales sobre sus presuntos vínculos con narcoterroristas. Sin embargo, el oficial reapareció en la campaña presidencial de Petro y estuvo cerca de ser nombrado en el máximo cargo de la institución. Según la senadora, solo la advertencia de agencias de inteligencia detuvo la designación. Las investigaciones avanzan y las inspecciones continúan. Pero mientras la Fiscalía recoge más pruebas, el debate público y político se intensifica.
Las tiendas de barrio representan para muchos una solución inmediata cuando en el hogar falta algo. La gente suele comprar en estos pequeños comercios por la cercanía, horarios amplios, atención personalizada y la opción de fiado.Algunos de estos establecimientos también venden alcohol y en su interior cuentan con mesas y sillas para la comodidad de los clientes. Una práctica, que es muy común en las tiendas de barrios, está en la mira de las autoridades y de descubrirla causaría el sellamiento del local.Autoridades pueden sellar tiendas por esta práctica comúnEn medio de una megatoma hecha por la Policía Metropolitana de Bogotá, en la localidad de Engativá, sector Las Ferias, uniformados llegaron a un establecimiento y se encontraron con una situación que generó preocupación.Un niño de 9 años de edad estaba sentado al lado de su padre, mientras varios adultos, incluido su padre, consumían cerveza.El hecho fue descubierto en medio de las acostumbradas rondas de las autoridades a los comercios abiertos al público. Funcionarios de la Secretaría de Seguridad que acompañaban los registros identificaron que "el menor estaba sentado junto a su padre, quien compartía bebidas alcohólicas con otros amigos”.Los policías interrumpieron al grupo de hombres y verificaron el estado del niño. Además, solicitaron la presencia de la madre para que se llevara al menor.Luego de ello, los padres tuvieron que hacer un compromiso formal en el que prometieron no volver a exponer a su hijo a este tipo de situaciones.Sin embargo, el dueño del local se llevó la peor parte, pues la permanencia de niños en locales expendedores de licor no está permitido, según la Ley 124 de 1994.Por lo cual, la tienda “fue suspendida temporalmente por permitir el ingreso y permanencia del menor mientras los adultos consumían alcohol”, manifestó la Secretaría de Seguridad.
Tristeza y dolor causó en el sur del Huila la muerte de los jóvenes Camilo Andrés Figueroa Quisaboni y Stiven Orlando Cardozo Quisaboni, quienes fallecieron en un accidente de tránsito que se registró en el casco urbano del municipio de Pitalito.Según versiones oficiales, los dos jóvenes se movilizaban en una motocicleta y, en el sector conocido como La Bombonera, fueron arrollados por un vehículo tipo camioneta marca Toyota, de placa JBT-302 y color blanco. Debido al fuerte impacto, murieron en el lugar de los hechos.De acuerdo con las hipótesis de las autoridades, el conductor de la camioneta, quien resultó ileso del accidente, al parecer se encontraba en estado de embriaguez y habría omitido el semáforo en rojo.“De lo que se ha indagado hasta el momento, al parecer uno de los vehículos involucrados omitió la señal del semáforo en rojo y tanto el conductor de la camioneta como las dos víctimas de la motocicleta manejaban bajo los efectos del alcohol”, relató la directora de Tránsito y Transporte de Pitalito, Jessica Porras.Entre tanto, los agentes de movilidad continúan recolectando evidencias que les permitan esclarecer las causas que originaron el siniestro vial que terminó en tragedia, donde perdieron la vida los primos Camilo Andrés y Stiven Orlando, de 23 y 24 años, respectivamente.No obstante, en otro accidente de tránsito ocurrido en el centro de Neiva, perdió la vida un hombre que laboraba como domiciliario, quien al parecer fue arrollado por un vehículo particular tipo camioneta. Las autoridades recomiendan conducir con responsabilidad en esta temporada de Navidad, cuando aumenta el flujo vehicular.
La Superintendencia de Vigilancia de Seguridad Privada y la Aeronáutica Civil emitieron una circular que establece las reglas para el uso de drones en actividades de vigilancia privada. La medida busca unificar criterios y fijar un marco claro para la operación de estas aeronaves no tripuladas, cuyo uso ha crecido de forma acelerada en el sector.De acuerdo con la circular, las empresas solo podrán operar drones si cuentan con una licencia de funcionamiento vigente y con la autorización de medio tecnológico otorgada por la Supervigilancia. Además, deberán certificarse como explotadores UAS (Sistema de Aeronave no Tripulada) ante la Aerocivil y garantizar que tanto los equipos como los pilotos cumplan con los requisitos técnicos y de formación exigidos por la autoridad aeronáutica. Cada dron deberá ser registrado ante la Supervigilancia antes de entrar en operación.“Los drones sólo podrán emplearse para actividades de vigilancia y seguridad privada orientadas a la captura de imágenes o datos. Queda prohibido su uso para transporte de artículos, traslado de armas, manejo de mercancías peligrosas o cualquier actividad que no esté contemplada en la normativa aeronáutica”, explicó Miguel De la Hoz García, jefe de la Oficina Jurídica de la Supervigilancia.La circular también incluye un régimen de transición para facilitar la implementación, es decir que la norma vigente seguirá aplicándose según lo disponga la Aerocivil. Las empresas que no cuenten con certificación deberán iniciar los trámites, mientras que quienes ya la tengan deberán registrar formalmente sus equipos ante la Supervigilancia para continuar operando dentro del marco legal.Las entidades reiteraron la importancia de que todas las empresas del sector revisen la circular, verifiquen el cumplimiento de los requisitos y realicen los trámites necesarios para garantizar un uso seguro y responsable de esta tecnología.
Las autoridades civiles del oriente del país prendieron las alarmas ante un eventual incremento en el flujo de migrantes venezolanos hacia Colombia, como consecuencia de las recientes tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela.El alcalde designado de Bucaramanga, Javier Sarmiento, confirmó que la Administración Municipal está convocando a una reunión extraordinaria con la Gobernación de Santander, la Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de Cúcuta, con el fin de definir un plan regional de contingencia que permita atender un posible éxodo.Según Sarmiento, aunque no se ha registrado un aumento significativo de ciudadanos venezolanos ingresando a la ciudad, sí se están adelantando monitoreos permanentes en los principales puntos de acceso. Uno de ellos es el sector del Parque del Agua, por donde tradicionalmente se movilizan caminantes y familias migrantes que llegan desde la frontera.“Éxodo migratorio de población venezolana y de connacionales colombianos que, si se llega a desatar alguna confrontación u operación en Venezuela, puedan llegar a Colombia. De esta manera, la decisión que hemos adoptado con el señor gobernador es solicitar a nuestros homólogos de Norte de Santander y Cúcuta una cumbre del Gran Santander para tomar medidas anticipativas”, afirmó el mandatario local.La Administración Municipal señaló que el objetivo es alistar protocolos de atención humanitaria, transporte, albergue temporal y articulación con Migración Colombia, ante cualquier eventualidad que pueda generar un incremento en el tránsito de personas por esta zona del país.Aunque por ahora la situación es estable, las autoridades insistieron en que el monitoreo continuará de manera permanente. La cumbre regional se realizaría en los próximos días y buscará unificar criterios frente a la capacidad de respuesta del territorio, considerando que el Gran Santander ha sido históricamente la principal puerta de entrada de ciudadanos venezolanos hacia Colombia.
Estados Unidos quiere reajustar su presencia global para centrarse más en América Latina y en la lucha contra la migración, según la nueva estrategia de la administración de Donald Trump publicada a primera hora del viernes.El documento, titulado "Estrategia Nacional de Seguridad", expone con firmeza el objetivo de de reforzar la influencia de Estados Unidos en América Latina, donde la administración Trump está atacando a presuntas narcolanchas, está inmersa en una confrontación con el mandatario izquierdista Nicolás Maduro, y busca tomar el control de recursos clave como el Canal de Panamá.Concebido para desarrollar la visión "America First" (Estados Unidos Primero) de Trump, la nueva estrategia estadounidense marca una reorientación de su política de los últimos años que se centró en Asia, aunque sigue identificando a China como su principal competidor.El documento presenta a Trump como el modernizador de la Doctrina Monroe, proclamada hace dos siglos, en la que Estados Unidos declaró a América Latina fuera del alcance de potencias rivales, entonces europeas.Washington reajustará su "presencia militar global para hacer frente a amenazas urgentes en nuestro Hemisferio, y alejarnos de escenarios cuya importancia relativa para la seguridad nacional estadounidense ha disminuido en las últimas décadas o años", reza el texto.Washington quiere además, bajo la presidencia de Trump, poner fin a las migraciones masivas en el mundo y hacer del control de las fronteras "el elemento principal de la seguridad" estadounidense, de acuerdo al documento."La era de las migraciones masivas debe llegar a su fin. La seguridad de las fronteras es el elemento principal de la seguridad nacional", señala la nueva estrategia."Debemos proteger a nuestro país contra las invasiones, no solo contra las migraciones descontroladas, sino también contra las amenazas transfronterizas como el terrorismo, las drogas, el espionaje y la trata de personas", agrega.En el documento, Washington también critica duramente a los aliados europeos y señala que Estados Unidos respaldará a quienes se opongan a los valores promovidos por la Unión Europea, especialmente en materia de inmigración.El texto añade que Estados Unidos también impediría que otras potencias dominen, pero precisó: "Esto no significa desperdiciar sangre y recursos para limitar la influencia de todas las grandes y medianas potencias del mundo".
El reciente borrador de decreto del Gobierno Nacional sobre el ajuste al deslizamiento del salario mínimo encendió las alarmas en el sistema pensional privado. Según Andrés Velasco, presidente de Asofondos, la implementación de esta medida implicaría que los trabajadores colombianos tendrían que laborar hasta diez años adicionales para lograr una pensión de un salario mínimo, debido al aumento en el costo de las rentas vitalicias y la disminución del respaldo financiero por parte del Estado.En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, Velasco explicó con detalle los impactos fiscales y previsionales del borrador y advirtió que, en caso de aplicarse, “habría menos pensionados y se pondría en riesgo el aseguramiento previsional, que cubre invalidez, incapacidad y sobrevivencia”.Un descalce creciente por el deslizamiento del salario mínimoEl eje de la controversia está en la diferencia entre el aumento anual concertado del salario mínimo y las variables técnicas que deberían fundamentarlo —inflación y productividad—. Velasco detalló que esta brecha genera un descalce que debe ser compensado por el Gobierno a las aseguradoras que pagan rentas vitalicias.“El aumento del salario mínimo tiene un componente discrecional y político que genera un descalce en las bolsas de las aseguradoras. Eso debe ser compensado”, explicó. Pero el borrador de decreto busca reducir ese monto de compensación, lo que para Asofondos “pone en riesgo las promesas de pago a los pensionados”.Para este año, la compensación que debe girar el Gobierno asciende a 2 billones de pesos, cifra que se vería reducida si el decreto entra en vigor.Afectación a millones de afiliadosVelasco advirtió que la medida afectaría no solo a las aseguradoras y fondos privados, sino a la estabilidad futura de 18 a 20 millones de afiliados al régimen de ahorro individual.“Estamos hablando de los colombianos que han confiado en los administradores de fondos de pensiones… El decreto haría más difícil pensionarse”, señaló.De acuerdo con sus cálculos, mientras hoy una persona necesita ahorrar alrededor de 350 millones de pesos para financiar una renta vitalicia equivalente a un salario mínimo, con la medida el monto ascendería a 450 millones. En sus palabras: “Una persona tendría que acumular 100 millones adicionales. Eso significa cotizar diez años más”.El impacto también se traduciría en una reducción del 20% de las mesadas para quienes aspiran a una pensión superior al salario mínimo.Riesgo para las pensiones por invalidez y sobrevivenciaUno de los puntos más sensibles es el efecto sobre el seguro previsional, que cubre invalidez, incapacidad y muerte. Según Velasco, la prima necesaria para financiar este seguro se volvería impagable bajo el esquema propuesto:En tal escenario, el Gobierno tendría que asumir directamente estas coberturas, lo que implicaría un costo fiscal estimado de 2 billones de pesos anuales durante la próxima década.Además, Velasco recordó que en los últimos años se han pensionado alrededor de 141.000 colombianos bajo el sistema privado. Sin embargo, de haberse aplicado el decreto, “solo 6.000 habrían podido pensionarse”.Impacto indirecto en Colpensiones y en el pasivo pensionalAunque Colpensiones afirmó que el decreto no afecta directamente a los afiliados al régimen de prima media, Velasco aclaró que los aumentos del salario mínimo por encima de la inflación impactan el pasivo pensional del Estado: “Colpensiones tiene un pasivo cercano al 100% del PIB, que crece cada vez que el salario mínimo sube por encima de criterios técnicos”.Por ello, si bien los pensionados de Colpensiones no sufrirían directamente los ajustes del decreto, sí lo harían los contribuyentes a través de mayores cargas fiscales a futuro.Una advertencia técnica y un llamado al diálogoPara Asofondos, los efectos potenciales del decreto justifican la apertura de una mesa técnica con el Gobierno Nacional. “Queremos mostrar nuestros números y que entiendan que esto tiene efectos”, insistió Velasco al cierre de la entrevista.
La estatal Ecopetrol inició la operación de la Granja Solar La Iguana, un complejo fotovoltaico ubicado en Yondó (Antioquia) que aportará 26 megavatios pico (MWp) de capacidad instalada para respaldar las operaciones industriales de la compañía en el Magdalena Medio. El proyecto, levantado sobre 26 hectáreas, reúne 42.840 paneles solares capaces de producir cerca de 42,2 gigavatios-hora (GWh) anuales.La energía generada será destinada al autoabastecimiento de la Refinería de Barrancabermeja y de los campos de producción Casabe y Llanito, lo que permitirá sustituir aproximadamente el 6% de la electricidad que estos activos demandan.De acuerdo con la empresa, la entrada en funcionamiento del complejo liberará 1,09 GBTUD de gas natural, hoy utilizado para autogeneración, y evitará la emisión de unas 26.000 toneladas de CO₂ al año, equivalente al consumo energético anual de 23.500 viviendas.Con la puesta en marcha de este proyecto, Ecopetrol continúa ampliando su matriz de autogeneración renovable, que tiene como meta alcanzar 900 MW instalados en 2025. La compañía destacó que la iniciativa se alinea con sus planes de eficiencia energética y descarbonización en un segmento altamente intensivo en consumo eléctrico.Durante la fase de construcción se generaron 286 empleos, de los cuales 221 correspondieron a mano de obra local. Entre ellos participaron 39 mujeres, incluidas 29 cabeza de hogar. El proyecto también impulsó programas de formación y apoyo educativo en la zona: un curso técnico en alianza con el Sena para 120 mujeres, acompañamiento académico para 160 estudiantes de grado 11 y la intervención de la cubierta de la Institución Educativa La Patria, con una inversión cercana a los 800 millones de pesos.“Esta Granja Solar es un paso firme en nuestra visión de buscar que Ecopetrol sea cada vez más eficiente, enfocada en garantizar la seguridad y la soberanía energética del país, y la transición hacia combustibles más limpios, con un importante compromiso con el desarrollo de las regiones para avanzar hacia un futuro más sostenible en Colombia”, afirmó el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán.La Granja Solar La Iguana se suma a las iniciativas de generación renovable que Ecopetrol ha desplegado en distintas regiones del país, en momentos en que el sector energético enfrenta el desafío simultáneo de garantizar seguridad en el suministro y avanzar hacia la reducción de emisiones.
Venezuela eligió el jueves a su reina de belleza en una noche cargada de luces, música y muchas lentejuelas que algunos en la audiencia vieron como un respiro ante la tensión por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.La candidata del estado Miranda, Clara Vegas Goetz, representará a Venezuela en el certamen de Miss Universo en 2026. Sucede a Stephany Abasali, que terminó segunda finalista en este concurso internacional de hace dos semanas.Uno de los espectáculos de mayor tradición en Venezuela, el Miss Venezuela se celebró por tercer año consecutivo en la terraza de un centro comercial de Caracas, lejos del lujo de los grandes escenarios del pasado en este país en crisis.Muchos en el público acudieron con vestidos largos de lentejuelas y tacones altos, o esmoquin.Un petardo sonó de repente a lo lejos. "¡Ay, nos invadieron!", bromeó una mujer. Es un chiste recurrente desde que Estados Unidos movilizó al Caribe al mayor portaviones del mundo junto a buques de guerra, aviones caza y miles de soldados.Washington sostiene que el despliegue forma parte de operaciones contra el narcotráfico, aunque el presidente Nicolás Maduro insiste que el objetivo es derrocarlo y apoderarse de las riquezas del país.Jorge Guillén y Jean Piero Torrealba, maquilladores de 52 y 45 años, asisten religiosamente al Miss Venezuela. Desde la tribuna de cemento, aplaudieron, comentaron, hicieron sus pronósticos."Esto te saca de esa realidad", dijo Torrealba a la AFP sin referirse directamente a la crisis con Estados Unidos. Es un tema delicado en Venezuela."En Venezuela primero es el Miss Venezuela, luego el béisbol y tercero el fútbol", señaló por su parte Oswan Vegas, estudiante de 23 años.El desfile en traje de baño celebró "la venezolaneidad", según el presentador. Y en el último desfile de Abasali hubo música dedicada a Venezuela con trajes típicos y muchas banderas.Vegas Goetz es hija de Andreína Goetz, Miss Venezuela 1990, y figuraba entre las favoritas."Nosotros como venezolanos trabajamos por el futuro", dijo en inglés para remendar una torpe respuesta en español. "Trabajamos por un futuro más brillante. Amor, paz y felicidad".El Miss Venezuela ha debido reinventarse tras las dificultades económicas de este país caribeño y un grave escándalo de explotación sexual.
El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo en Bogotá acogió la gala número 10 de los premios Titanes Caracol, que reconoció iniciativas forjadas desde los territorios para mejorar la calidad de vida en diferentes ámbitos.Se reconocieron cinco categorías: ciencia, tecnología e innovación, sostenibilidad y economías ambientales, educación ambiental y desarrollo de capacidades, salud y bienestar, e integración, inclusión y reconciliación.A María Teresa Sinisterra hace 10 años le dijeron que no tenía sentido su labor; hoy ella demuestra lo contrario, al recibir el reconocimiento por su trabajo desde la asociación Asogesampa en Buenaventura, Valle del Cauca."Hemos rescatado 2.000 toneladas de residuos sólidos aprovechables y 132 toneladas de plásticos", resalta con orgullo, al asegurar que "sigue valiendo la pena".El proyecto, de Caracol Televisión, tiene como consigna "Hacer el bien, marca la diferencia", al destacar el trabajo que deja impacto social. Ese lema va en sintonía con el trabajo de Camila Cooper en la fundación Fruto Bendito y su programa Cunas con Amor.La iniciativa está inspirada en una tradición finlandesa de hace 89 años y que cuenta con certificación de la embajada de ese país en Colombia."Tenemos nuestras cunas 100 % colombianas, con un cartón corrugado, las tintas son a base de agua", comentó Cooper, quien complementa esa labor con un plan de educación, lo cual contribuye al bienestar de muchos niños y de sus familias.La votación fue definida en línea, a través de la página web del programa, por el público en general que decidió participar, y la evaluación del jurado que hizo seguimiento a los proyectos.Con ese mecanismo de escogencia, también resultó ganador Jhon Anderson Soledad, quien se fijó en la exclusión en la formación de niños con discapacidad en algunas áreas, por lo que con su proyecto Innvition, ejecutado en Neiva, Huila, se centra en enseñar electrónica a pequeños ciegos o música a menores sordos. "Eso es lo que queremos impactar en 2026", le dijo a Blu Radio después de la ceremonia.Las iniciativas ganadoras resaltan por su constancia, a pesar del entorno y las complejidades de la Colombia profunda; tal es el caso de Ruby Flórez, quien se postuló por tercera vez exponiendo su labor en la periferia de Cartagena con la corporación Ruleli y la atención a niños con capacidades diferentes."Llevar a mi barrio este premio va a ser un orgullo", expresó emocionada.Los premios buscan sacar del anonimato esas historias que construyen país, por medio de las cuales cientos de ciudadanos son favorecidos de manera directa, como la labor de la profesora Luz Mary Herrera en la fundación Semillas & Raíces, que trabaja en la loma entre Cazucá y Ciudad Bolívar, Bogotá, donde además de educación popular se impulsa la resignificación de espacios con murales y otras expresiones artísticas que son de utilidad para jóvenes y niños.La premiación se dio al ritmo de interpretaciones musicales de los cantantes Gusi, Felipe Peláez y el Grupo Enkelé.
A seis meses de la primera vuelta presidencial, que se realizará el 31 de mayo de 2026, la encuesta Colombia Opina de Invamer para Noticias Caracol y Blu Radio revela que Iván Cepeda lidera la intención de voto con 31,9%, seguido por Abelardo de la Espriella con 18,2% y Sergio Fajardo con 8,5%.Tras la publicación de los datos, el presidente Gustavo Petro respondió en X dejando claros sus puntos de vista sobre la encuesta y la situación política del país. En siete trinos, Petro criticó interpretaciones que consideró equivocadas, defendió los logros de su gobierno y en particular señaló a Sergio Fajardo como la última opción del uribismo.“Uribe terminará escogiendo a Fajardo, su última opción. Fajardo verá que hace con su conciencia”, anotó Petro en su cuenta de X en donde empezó cuestionando la legalidad de su publicación con base en la Ley 2494 de 2025, la norma que regula las encuestas de intención de voto con una pregunta: “Y la ley?”.Para estar ajustado a la norma, la encuesta se realizó entre 3.800 personas en 148 municipios de Colombia, con un margen de error general de 1,81% y un nivel de confianza del 95%.En un trino respondió a la congresista Lina María Garrido: “Te equivocaste, así de simple”, corrigiendo cálculos de segunda vuelta que, según él, no reflejaban la realidad política.Más adelante, en un retuit del exsenador Gustavo Bolívar, Petro insistió en defender su proyecto político en materia de la reforma agraria, la política salarial y el trabajo para las madres comunitarias.Finalmente, en su séptimo trino, recordó los resultados de la encuesta para reiterar la relevancia de Ivàn Cepeda como principal aspirante del sector progresista.
Es un documento de la multinacional sueca Saab que defiende la transparencia del contrato firmado con el Gobierno colombiano para la compra de un total de 17 aviones de combate Gripen. Aunque por el momento no está revelando el costo de las aeronaves, sí afirma que no hubo intermediarios ni personas externas en el proceso y pide no comparar la oferta hecha a Colombia con la realizada a otros países.La compañía sueca aclara esta mañana los principales puntos técnicos y éticos del acuerdo, especialmente los relacionados con el paquete de aeronaves y la transparencia del proceso. Saab detalla, entonces, que el contrato contempla 17 aviones de última generación, de los cuales 15 serán Gripen E (monoplaza) y 2 Gripen F (biplaza).Cada aeronave, destaca la compañía, llegará al país acompañada de sensores avanzados, radares de alta precisión, equipos de autoprotección, armamento moderno y sistemas integrados de simulación y entrenamiento. La oferta incluye, además, soporte logístico integral, componentes y repuestos para garantizar su operación continua.La empresa también destacó que el acuerdo incorpora un esquema financiero escalonado a siete años, lo que permitirá que Colombia no realice pagos inmediatos y quede protegida ante fluctuaciones inflacionarias o variaciones del mercado internacional de aeronaves.Otro punto central del comunicado fue la insistencia de Saab en que este proceso se desarrolló bajo estrictos estándares de transparencia y ética. La compañía aseguró que mantiene una política de tolerancia cero frente a la corrupción, alineada con las directrices de la OCDE, y que cuenta con mecanismos rigurosos de control interno, auditorías y supervisión externa destinados a prevenir cualquier conducta indebida.Según Saab, estos principios guiaron todas las etapas de la negociación, que —según enfatiza la firma— se desarrolló sin intermediarios, únicamente entre representantes oficiales de la empresa, autoridades designadas por el Estado colombiano y con el acompañamiento del Gobierno de Suecia.Con este documento, la compañía busca despejar dudas sobre el proceso y recalcar que la adquisición corresponde a una capacidad integral y de vanguardia que Colombia incorpora por primera vez a la Fuerza Aérea.
Los resultados de la más reciente encuesta de Invamer de noviembre de 2025, realizada para Blu Radio y Noticias Caracol, arrojan una considerable preocupación entre la población colombiana respecto al rumbo económico y social del país. A la frase: "Colombia en un futuro puede estar en la misma situación en la que está Venezuela en este momento" así respondieron los colombianos.De acuerdo con los datos, el 51,7% de los encuestados manifestó estar en desacuerdo con esta afirmación, lo que indica que, si bien una parte significativa no ve un paralelismo directo o inminente con la crisis venezolana, una considerable porción del país, el 45,0%, sí expresó estar de acuerdo con el temor de una posible "Venezualización" del país. Este balance de opiniones subraya la polarización y la ansiedad existente en el debate público nacional sobre la estabilidad económica y democrática.Desaprobación a estrategias antinarcóticos y diplomáticasEl estudio también consultó la opinión de los ciudadanos sobre dos temas sensibles en la agenda política y de seguridad: el combate al narcotráfico y la política exterior del presidente Gustavo Petro.En cuanto a la estrategia para combatir el narcotráfico, específicamente sobre la frase: "Con la estrategia de Estados Unidos de bombardear lanchas en aguas internacionales como mecanismo para combatir el narcotráfico", el 58,3% de los colombianos encuestados se mostró en desacuerdo. Solo el 36,2% expresó estar de acuerdo con la posible implementación de una medida de seguridad de esta naturaleza. El amplio rechazo a una medida tan drástica puede interpretarse como una postura que prioriza soluciones menos bélicas o un escepticismo sobre la efectividad de tales acciones en aguas internacionales.Por otra parte, la gestión de las relaciones bilaterales con el régimen venezolano de Nicolás Maduro por parte del gobierno del presidente Petro también fue objeto de un fuerte escrutinio. La frase: "Con el manejo que el gobierno del presidente Gustavo Petro le ha dado a las relaciones con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela" obtuvo una contundente desaprobación. El 75,4% de los encuestados manifestó estar en desacuerdo con la manera en que se ha gestionado este tema, mientras que solo el 17,7% expresó estar de acuerdo. Este dato sugiere un amplio descontento con el enfoque diplomático adoptado, el cual ha estado marcado por la normalización de las relaciones tras años de tensión y ruptura.Cuestionamiento al manejo de gabinete y viajes presidencialesOtros puntos de coyuntura evaluados reflejan una crítica ciudadana hacia la estabilidad del gabinete y la actividad internacional del jefe de Estado.El cambio permanente de ministros, que ya suma más de 60 durante los más de 3 años de gobierno de Gustavo Petro, es una situación que genera una percepción negativa generalizada. Al consultarse sobre la frase: "Con el cambio permanente de ministros, que ya suma más de 60 durante los más de 3 años del gobierno de Gustavo Petro", el 68,8% de los encuestados se declaró en desacuerdo, frente a un escaso 24,6% que manifestó estar de acuerdo. Esta cifra resalta una preocupación por la inestabilidad en las carteras ministeriales y la falta de continuidad en las políticas públicas.Similarmente, la frase sobre los viajes al exterior del presidente, aunque no entra en detalles sobre su costo o frecuencia, indica una recepción crítica. El 58,6% está en desacuerdo con los "viajes del presidente Gustavo Petro al exterior", contra un 34,6% que está de acuerdo.Finalmente, una de las mayores desaprobaciones se concentra en el episodio en el que supuestamente el presidente habría salido a una calle de Nueva York a pedir a soldados estadounidenses que desobedecieran a su presidente Donald Trump. La afirmación: "Con que el presidente Gustavo Petro haya salido a una calle de Nueva York a pedir a soldados estadounidenses que desobedezcan a su presidente Donald Trump" obtuvo un 78,4% de desacuerdo, la cifra más alta de todo el sondeo, y solo un 15,4% de acuerdo. El sondeo de Invamer se realizó con una base de 3.800 encuestas y presenta un margen de error del 1,81%; proporciona una fotografía robusta y actualizada del sentir de los colombianos sobre los temas que marcan la agenda política nacional e internacional en noviembre de 2025.
La más reciente encuesta Invamer, realizada para Blu Radio y Noticias Caracol en noviembre de 2025, muestra un panorama marcado por la preocupación ciudadana frente a la seguridad y la viabilidad del proyecto de Paz Total del Gobierno Nacional. Los datos evidencian un aumento en la percepción de inseguridad y un temor creciente de que el país pueda volver a los niveles de violencia vividos en décadas pasadas.Según el estudio, el 61,5% de los colombianos cree que el país está muy cerca de regresar a la violencia del pasado, una percepción que, si bien disminuyó frente al 67% registrado en agosto, continúa siendo mayoritaria. Solo el 32% considera que Colombia está mejorando y alejándose de esa violencia, mientras que un 4% afirma que ninguna de las dos afirmaciones refleja su opinión.En materia de seguridad ciudadana, la encuesta señala que el 28,6% de los encuestados fue víctima de algún delito en los últimos 12 meses, cifra similar a mediciones anteriores. El 71,4% dijo no haber sido víctima, lo que mantiene estable la tendencia observada durante los meses previos. Entre los delitos reportados se incluyen hurto, extorsión, riñas, violencia intrafamiliar, amenazas, entre otros.La confianza en la capacidad del Estado para enfrentar a los grupos armados también registra preocupación. Frente a la pregunta sobre si las fuerzas armadas han perdido el control de los territorios donde operan estructuras ilegales, el 73,7% respondió que sí han perdido el control, mientras que solo el 21,6% considera que no lo han perdido.Aunque la mayoría de colombianos continúa creyendo que las Fuerzas Militares sí tienen la capacidad de derrotar militarmente a la guerrilla —un 61,9% en esta medición—, este porcentaje registra una ligera disminución frente a marzo, cuando alcanzó el 65%.En cuanto a la Paz Total, los resultados muestran un amplio escepticismo. El 64,9% opina que el proyecto va por mal camino, mientras que solo el 28,5% considera que va por buen camino. Además, el 66,2% afirma que dicha política los ha hecho sentir más inseguros, frente a un 26,5% que dice sentirse más seguro.Al consultar sobre los resultados que podría tener la Paz Total en lo que resta del gobierno del presidente Gustavo Petro, los encuestados expresaron expectativas bajas: solo el 21,8% cree que habrá un resultado positivo, mientras el 24% anticipa uno negativo y el 50,8% estima que no habrá ningún resultado.La encuesta, realizada a 3.800 personas, tiene un margen de error cercano al 1,7% en la mayoría de los módulos. Los resultados evidencian que la seguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y que persiste un clima de desconfianza frente a las políticas gubernamentales en esta materia.
El excomandante guerrillero Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, conocido como Simón Trinidad, presentó el 5 de diciembre de 2025 una solicitud formal ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En el documento, su abogada Sara María Triana Lesmes pidió su acreditación como víctima dentro del macrocaso 06, que investiga los crímenes cometidos contra los miembros y simpatizantes de la Unión Patriótica (UP), en lo que se ha descrito como un exterminio político.Según la solicitud, Trinidad sostiene que antes de su vinculación a las FARC-EP fue un académico y dirigente cívico en Valledupar. En la década de 1980, explica, trabajaba como economista, fue docente en la Universidad Popular del Cesar y participó en la creación del Movimiento Cívico Popular “Causa Común”, que luego se articuló con la Unión Patriótica tras los acuerdos de tregua entre el Gobierno de Belisario Betancur y las Farc.El documento relata que, entre 1985 y 1987, se intensificaron las amenazas, asesinatos y actos de persecución contra los militantes de izquierda y los líderes sociales del Cesar, en un contexto de creciente estigmatización política. Trinidad afirma haber recibido mensajes de amenaza contra él y su familia, lo que lo obligó a exiliarse en México. Señala como presuntos responsables al Batallón La Popa, autoridades locales y al extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), a quienes atribuye acciones y omisiones que propiciaron la violencia contra los integrantes de la UP.La defensa argumenta que estos hechos constituyeron una violación a sus derechos a la vida, la libertad de expresión, la participación política y la asociación, lo que derivó en un exilio forzado y, posteriormente, en su decisión de ingresar a las FARC-EP como una forma de resistencia ante la persecución estatal. En el documento, Trinidad plantea que el exterminio de la Unión Patriótica no solo aniquiló un proyecto político, sino que también forzó a muchos de sus miembros a abandonar el país o integrarse a la insurgencia.El reconocimiento que solicita ante la JEP no implica beneficios judiciales ni económicos, sino un acto de verdad, memoria y reparación simbólica, en el marco del macrocaso 06, abierto en 2022 para esclarecer la responsabilidad del Estado, de actores armados y de particulares en los crímenes cometidos contra la UP. Este caso es considerado uno de los más importantes de la justicia transicional, pues documenta más de 6.000 asesinatos, desapariciones y desplazamientos de militantes, familiares y simpatizantes del movimiento.Actualmente, Simón Trinidad cumple una condena de 60 años de prisión en Estados Unidos, en la penitenciaría federal de máxima seguridad ADX Florence, en el estado de Colorado. Fue capturado en Ecuador en 2004, extraditado a territorio estadounidense en 2005 y posteriormente condenado por el secuestro de tres contratistas norteamericanos. Desde entonces, diversos sectores sociales y de derechos humanos han solicitado que pueda participar, aunque sea de manera virtual, en los procesos de verdad y reconocimiento de la JEP, argumentando que su testimonio sería fundamental para reconstruir la historia de la violencia política en Colombia y las causas del conflicto armado.
“Nosotros creamos eso”, fueron las palabras con las que se refirió desde Barranquilla el expresidente Álvaro Uribe Vélez acerca de la reducción de la jornada laboral que se dio en el país, remarcando que esta surgió mucho antes que la reforma laboral adelantada por el presente gobierno de Gustavo Petro.Uribe se refirió exactamente a la Ley 2101 del 2021, aprobada durante el gobierno de Iván Duque cuando la impulsó siendo senador del Centro Democrático, y en la que se pasó de 46 a 44 horas. Por lo tanto, para él es incorrecto que ahora eso sea catalogado como la “Hora Petro”.“¿Cómo le parece la Hora Petro? A la que le tengo miedo es a la de los domingos, cuando se despierta y empieza a insultarme. Esa sí es queridos amigos”, dijo inicialmente.“Mire este problemita, el partido tiene que hacer un esfuerzo muy grande. Ahora se le dio por decir embustes, que la Hora Petro, cuando nosotros creamos eso. Hay que hacer una gran publicidad para recordar que la Hora Petro es cuando se despierta los domingos, y no sé con qué diablos se despierta, que se le da por insultarme”, agregóEl exjefe de Estado, contrario a lo que dice Gustavo Petro, afirmó que Colombia sí tenía recargos dominicales y nocturnos cuando culminó su vigencia. Asimismo, apunta que los cambios aprobados no generan un gran beneficio, sino un “daño a las empresas”."Aquí había recargos el domingo y el día de fiesta del 75%, él lo subió al 100%”, remarcó insistiendo en que hay que apuntarle a bajar los impuestos.Estas palabras del expresidente Álvaro Uribe Vélez fueron dichas en la capital del Atlántico desde la presentación de la lista de la coalición de los partidos Centro Democrático, Nuevo Liberalismo y Mira, hacia la cámara de representantes por el Atlántico.Allí el exmandatario también envió críticas a la reforma de Salud que intenta mantener viva en Gobierno en el Congreso, argumentando que que las medidas de Gustavo Petro quebraron el sistema.Que durante su mandato se iniciaron con 10 millones de ciudadanos en el régimen subsidiado, los cuales terminaron siendo según él más de 21 millones. En el contributivo también habló de un crecimiento de ocho millones de personas.
El gobierno de Colombia realizó un llamado urgente a Estados Unidos para que cese cualquier operación militar extraterritorial que afecte a países de la región, entre ellos Colombia y Venezuela. La canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy rechazó de manera contundente cualquier insinuación de emplear la fuerza militar dentro del territorio colombiano o de otros Estados soberanos, en respuesta a la reciente escalada de acciones y declaraciones provenientes de Washington.Este llamado se da luego de que el pasado martes 2 de diciembre, el presidente Donald Trump anunciara que su ofensiva antidrogas podría ampliarse a operaciones terrestres en países como Venezuela y Colombia.El mandatario aseguró que naciones que produzcan o envíen drogas hacia EE. UU. estarán expuestas a ataques y mencionó directamente a Colombia al afirmar que posee “fábricas enteras de cocaína”.La canciller recordó que ningún Estado puede realizar operaciones armadas en el territorio de otro sin su consentimiento expreso, señalando que tales actos violan directamente la Carta de las Naciones Unidas y los principios que sostienen la paz internacional.La funcionaria advirtió que la normalización de intervenciones extraterritoriales, como los bombardeos realizados recientemente en el Caribe, ha dejado decenas de víctimas y constituye un precedente peligroso en una región que históricamente se ha reconocido como zona de paz.A pesar de que Washington ha defendido sus acciones argumentando que buscan “eliminar amenazas” ligadas al narcotráfico, las cifras divulgadas por el Departamento de Guerra han sido calificadas por Venezuela como “ejecuciones extrajudiciales”.La canciller Villavicencio reiteró que Colombia ha enfrentado el narcotráfico con rigor, sacrificio y cooperación internacional, por lo que ninguna acción unilateral puede justificarse bajo este pretexto.“Nada de ello puede ser utilizado para justificar amenazas, injerencias o acciones que contravienen el derecho internacional”, sostuvo.El gobierno colombiano insistió en que la estabilidad regional depende del respeto pleno a la soberanía, la resolución pacífica de controversias y el cumplimiento estricto de las normas internacionales, principios que, advierte, no pueden ser vulnerados por ningún Estado.
El acuerdo establece que estas zonas se ubicarán en los municipios de Belén de Bajirá y Unguía (Chocó), y Tierralta (Córdoba). Su puesta en marcha será gradual y progresiva a partir del 1 de marzo de 2026, bajo la supervisión de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA), que acompañará las tareas de verificación y apoyo técnico, logístico y financiero.Las partes acordaron además respetar el proceso electoral en curso y ampliar a 15 municipios el plan piloto de consolidación de acciones para la paz, la transformación territorial y el desescalamiento de las violencias.Antes del 3 de febrero de 2026 deberán definirse los protocolos de funcionamiento de las zonas, que incluirán los mecanismos de seguridad, tránsito, verificación, control de material de guerra y gestión de controversias. De igual manera, el acuerdo contempla la suspensión temporal de las órdenes de captura y extradición contra los miembros del grupo armado que ingresen a las zonas de ubicación conforme a los términos establecidos.El documento fue firmado como parte de los avances del proceso que se desarrolla en el marco de la política de “Paz Total” del gobierno colombiano, cuyo objetivo es abrir espacios de diálogo con los diferentes actores armados y avanzar hacia la transformación de los territorios más afectados por la violencia.Los grupos de trabajo municipales que han venido operando en las zonas priorizadas desde noviembre de 2025 serán los encargados de preparar las condiciones administrativas y logísticas para la instalación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT). Además, podrán presentar propuestas de nuevas zonas de ubicación, bajo criterios de gradualidad y progresividad acordados entre las partes.Este nuevo paso en las conversaciones entre el Gobierno y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo, representa un avance en el propósito de desescalar el conflicto armado, generar condiciones de confianza y abrir el camino hacia una eventual dejación de armas y la reintegración de los combatientes.
En una de las incautaciones más grandes del año, tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales, en coordinación con la Policía Nacional, decomisaron 5.680 kilogramos de clorhidrato de cocaína en zona rural de Nariño. El hallazgo se produjo en dos laboratorios ubicados en áreas selváticas, conformados por 10 subestructuras que operaban como centros de producción de alto rendimiento.La primera operación se adelantó en la vereda Tres Bocas, en El Charco, donde fue ubicado un complejo cocalero con seis subestructuras capaces de producir hasta tres toneladas mensuales. Según la inteligencia militar, estas instalaciones pertenecían a la Estructura 30 ‘Rafael Aguilera’, facción bajo el mando de alias Iván Mordisco. Allí se hallaron 2.846 kilogramos de clorhidrato de cocaína, además de 8.746 galones de insumos líquidos, 136 galones de droga en suspensión y maquinaria utilizada para el procesamiento del alcaloide.Horas después, en la vereda Cordillera del municipio de Córdoba, las tropas localizaron otro laboratorio compuesto por cuatro estructuras adicionales. En este punto fueron incautados 2.834 kilogramos de cocaína y 385 galones de insumos líquidos, completando el total de más de cinco toneladas y media del estupefaciente.De acuerdo con información de inteligencia, este brazo de las disidencias enviaba la droga hacia Centroamérica y Europa, lo que representa un golpe a sus finanzas ilegales estimado en 28.873 millones de pesos. En términos operativos, la incautación evitó la circulación de aproximadamente 5.680.000 dosis.
El Gobierno, a través de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, calificó como un sabotaje tecnológico las recientes alteraciones registradas en el espacio aéreo venezolano por parte de Estados Unidos."Se están emitiendo señales engañosas, ciberataques, señales que pretenden engañar a los equipos de posicionamiento, a los GPS. Eso ya creo que sobrepasa cualquier límite. Y creo que aquí debe haber un pronunciamiento, ojalá el día de hoy, de la OACI y de instancias internacionales, porque hacer un saboteo, hoy en día, tecnológico, a una operación aérea en cualquier lugar del mundo es un crimen".Rojas añadió que este tipo de acciones no solo comprometen la operación en Venezuela, sino que podrían afectar en cualquier momento a Colombia u otro país, razón por la cual afirmó que el tema será tratado directamente con el presidente de la República, Gustavo Petro.Por su parte, el director encargado de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez, rechazó "las manifestaciones de incertidumbre de los cielos de la soberanía venezolana" y afirmó que ha estado en constante diálogo con aerolíneas venezolanas que estarian dispuestas a operar luego de la suspensión de vuelos de Satena y Wingo."Nos ofrecieron, inclusive, unas aseguradoras importantísimas, de mucho reconocimiento, en el cual ellos dicen que si, de pronto, Wingo, Satena y las demás aerolíneas quieren que no se les dé un tema con base a lo de las aseguradoras, ellos hacen el contacto directo con la misma aseguradora para que ellos puedan hacer la tarea".Martínez agregó que la Aerocivil mantiene comunicación directa con las autoridades venezolanas y con las compañías afectadas. Además, dijo que se está verificando la situación de pasajeros para garantizar transbordos inmediatos en caso de requerirse.
En una decisión calificada como histórica, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP anunció la acreditación del territorio de los Montes de María como víctima del conflicto armado. La providencia responde a la solicitud del colectivo Organizaciones de Población Desplazada Étnicas y Campesinas (OPDs), conformado por más de 25 comunidades campesinas, negras, afrodescendientes e indígenas que habitan esta región del Caribe colombiano.El reconocimiento permitirá al territorio, a través de sus representantes, participar en todas las etapas del proceso, aportar pruebas, intervenir en las audiencias y acceder a medidas restaurativas. La JEP determinó que los daños sufridos por los Montes de María trascienden la dimensión humana, afectando también los ecosistemas, los vínculos espirituales y culturales que sostienen la vida colectiva.Según la magistrada María del Pilar Valencia, relatora del subcaso, existen pruebas suficientes de la victimización derivada de hechos ocurridos con ocasión del conflicto. La violencia provocó desplazamientos, despojo y abandono forzado de tierras, además de la destrucción del bosque seco tropical, uno de los ecosistemas más amenazados del país.El alto tribunal destacó que los Montes de María comparten afectaciones con el Canal del Dique y el río Magdalena, ambos ya reconocidos como víctimas, y que la reparación debe incluir la restauración ambiental y espiritual del territorio. Esta visión, según la JEP, materializa un ejercicio de pluralismo jurídico y descolonización del derecho, al integrar las cosmovisiones indígenas, afrodescendientes y campesinas.La decisión resalta la resistencia y las acciones de cuidado ambiental desarrolladas por las comunidades, consideradas actores fundamentales en la conservación de la naturaleza. En la región se han restituido más de 16.000 hectáreas, se registran 230.565 víctimas y 85 sujetos de reparación colectiva.Durante el acto de notificación realizado en Ovejas (Sucre), los representantes de las comunidades celebraron el fallo como un triunfo colectivo. “Este auto es una victoria para la región y para el país; nos convoca a fortalecer la acción colectiva y a seguir defendiendo nuestro territorio montemariano”, expresó uno de los voceros.
Los grupos armados que operan en el departamento del Putumayo, fronterizo con Perú y Ecuador, están utilizando las negociaciones de paz con el Gobierno para reforzar su control sobre la población civil y han cometido graves abusos contra comunidades indígenas, alertó este viernes, 5 de diciembre Human Rights Watch (HRW)."Los grupos armados de Putumayo están utilizando las negociaciones de paz como una oportunidad para reforzar su control sobre la población", aseguró la directora de la División de las Américas de HRW, Juanita Goebertus, citada en un comunicado de su despacho.La funcionaria explicó que, "mientras las negociaciones de paz se centran en la reducción de los cultivos de coca, los grupos armados imponen sus propias reglas en Putumayo y castigan severamente a quienes las desobedecen".Desde 2023, el Gobierno colombiano ha estado en negociaciones de paz con varios grupos armados que controlan partes de Putumayo, en la frontera con Ecuador.Pese a que algunas mesas de diálogo han llegado a acuerdos para destruir armas y sustituir los cultivos de coca, varias disidencias de las extintas FARC, como Comandos de la Frontera y los frentes Raúl Reyes y Carolina Ramírez, siguen estableciendo control territorial y cometiendo abusos contra los habitantes de la zona."Los grupos armados han asesinado a líderes comunitarios, reclutado a niños, confinado a la población y castigado a quienes violan sus normas con multas y trabajos forzados", añadió HRW.En septiembre de 2025, HRW visitó varias poblaciones del Putumayo, y entrevistó a 45 personas, entre ellas víctimas, líderes y defensores de derechos humanos, autoridades indígenas, trabajadores humanitarios y autoridades gubernamentales.El común denominador es que la mayoría de esas personas "teme represalias por parte de los grupos armados y habló bajo condición de anonimato".Putumayo es un lugar estratégico para la producción y el tráfico de drogas y es el departamento que tiene la segunda mayor producción de coca, solo superado por el departamento vecino de Nariño.Actualmente, dos de los tres grupos armados presentes en Putumayo están en negociaciones de paz con el Gobierno. Por un lado, los Comandos de la Frontera, parte de una coalición conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), que opera a lo largo de la frontera con Ecuador.Por otro, el Frente Raúl Reyes, que forma parte del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) y tiene fuerte presencia en el norte de Putumayo, en la frontera con los departamentos de Caquetá y Cauca.Mientras tanto, el Frente Carolina Ramírez, que forma parte de un grupo conocido como Estado Mayor Central (EMC) y opera al oriente de Putumayo, estuvo en diálogos de paz con el Gobierno entre noviembre de 2023 y abril de 2024, pero actualmente no forma parte de las negociaciones.
En hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades judiciales, una menor de 14 años de edad, fue atacada con arma de fuego al parecer por un adolescente al interior de un conjunto residencial del barrio Cuarto Centenario en el sur de Neiva.Según información oficial, la menor alcanzó a ser llevada con vida a un centro hospitalario de la ciudad donde horas después falleció como consecuencia del disparo que, al parecer, recibió en la cabeza, mientras que el agresor otro menor de edad fue aprehendido por la policía.“La comunidad informa a las unidades policiales requiriendo la presencia de los uniformados en el sector del barrio Neiva Cuarto Centenario, donde una menor de edad había sido evacuada desde el interior de un apartamento con una lesión de arma de fuego, lastimosamente en horas de la madrugada a raíz de dicha lesión la menor pierde la vida” informó el coronel Héctor Jairo Betancourt, comandante de la policía Metropolitana de Neiva.Asimismo, las autoridades también investigan un hecho de violencia que se presentó en el barrio Villa Café oriente de Neiva, donde fue asesinado un hombre identificado como Luis Alberto Cabrera de 54 años de edad.De acuerdo con versiones oficiales, la víctima iba saliendo de su casa, donde hombres a bordo de una motocicleta lo interceptaron y sin mediar palabra le dispararon
El Gobierno nacional está cerca de expedir una circular con la cual la Superintendencia de Industria y Comercio tendría información sobre la forma en que se 'cocinan' las campañas políticas en redes sociales y con la que buscará que no se hagan perfiles ideológicos de los votantes con el argumento de que la publicidad política segmentada puede "fragmentar el debate" y llevar a que se creen burbujas informativas lo que al final del día es un riesgo para la democracia.Para nadie es un secreto que una publicidad efectiva en redes sociales puede ser la clave de una campaña política ganadora y por eso las campañas buscan identificar a sus posibles votantes y entregarles un mensaje personalizado según criterios como la edad, la ciudad en la que viven, el celular que usan e incluso los intereses que tienen en redes sociales.A eso se llama 'segmentar' al público. Hoy un colombiano gasta en promedio 3.25 minutos al día en las redes sociales, según un ranking de Global World Index que deja a nuestro país como uno de los más enganchados a las pantallas.En ese contexto la Superintencia de Industria y Comercio está publicando para comentarios un proyecto de circular con instrucciones para las campañas políticas. Entre esas instrucciones está prohibición de "elaborar perfiles que clasifiquen, evalúen o busquen predecir la ideología política de los titulares, así como cualquier perfilamiento basado en inferencias que permitan revelar dicha condición, incluidas categorías como religión, orientación política u otros datos sensibles definidos por la ley".La otra orden es esta. Las campañas políticas, o las agencias de marketing digilal, deben llevar un registro "de los criterios de segmentación utilizados en cada campaña digital", ese registro debe estar a disposición de la Superintendencia de Industria y Comercio y además coincidir con la información de las bibliotecas públicas de anuncios, como las que tiene Meta (Facebook, e Instagram).Hay otras órdenes más tradicionales, digamos, como la prohibición de incluir números de teléfono en listas o grupos de Whatsappp y de otras plataformas sin autorización previa, expresa e informada. Además los ciudadanos deberían poder acceder a información sobre cómo los clasificaron para entregarles el mensaje político y si en ese proceso se usaron algorirmos de inteligencia artificial.La Superindustria advierte también que es un delito el uso del Deepfake. Es decir de generar audios, imágenes o videos falsos con inteligencia artifical para suplantar su identidad.La justificación de la Superindustria en su comunicado de prensa es que busca "proteger la libertad de electoras y electores, los derechos de la ciudadanía y la democracia representativa" y que "en una época en la que el tratamiento de datos personales es central para los procesos electorales, la SIC recuerda que las normas sobre protección de datos personales son fundamentales en una sociedad abierta, respetuosa de los principios rectores del Estado social de derecho y de las vías de formación de la voluntad popular".