Minutos de pánico y terror vivieron los habitantes del municipio de Tesalia, luego de que presuntos integrantes del frente Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc atacaran con explosivos y ráfagas de fusil la estación de Policía de esa localidad, en el occidente del Huila.De acuerdo con información oficial, al menos diez uniformados de la estación de Policía, entre ellos una mujer, repelieron por cerca de media hora el ataque de los hombres armados. El hecho de orden público dejó varios vehículos incinerados, daños materiales en algunos locales de comercio y grafitis alusivos a ese grupo armado ilegal.El coronel Carlos Eduardo Téllez, comandante de la Policía Huila, entregó detalles del ataque armado que, por fortuna, no dejó víctimas ni personas lesionadas. “Delincuentes del grupo armado Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc atacaron con artefactos explosivos improvisados, con cilindros y con armas de fuego a las instalaciones y a los hombres y mujeres de la estación de Policía de Tesalia. Estos valerosos policías repelieron el ataque y evitaron una afectación mayor. No tenemos policías heridos; todos están sanos y salvos”, aseguró.Asimismo, los disidentes, luego de perpetrar el ataque contra la estación de Policía, dejaron abandonado un cilindro, al parecer con explosivos, al interior de una entidad bancaria de la población, donde, según las autoridades, pretendían hurtar el dinero del establecimiento financiero.Entre tanto, el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea hacen presencia en esa zona del departamento, garantizando el orden y la seguridad de sus habitantes. Hay operativos con el fin de dar con la ubicación de los disidentes que incursionaron en el municipio de Tesalia.
Las recientes inspecciones de la Fiscalía a Indumil y al Comando de Personal del Ejército han desatado un nuevo capítulo de cuestionamientos políticos y judiciales sobre el general Juan Miguel Huertas. El operativo, ordenado por un fiscal delegado ante la Corte Suprema, busca recopilar documentos, inventarios, registros de armamento y archivos digitales que permitirían esclarecer los presuntos nexos entre altos mandos de la fuerza pública y las disidencias de alias 'Calarcá'. Todo esto, luego de las revelaciones divulgadas por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, que alertaron sobre posibles infiltraciones y acuerdos clandestinos entre estructuras criminales y funcionarios del Estado.En Recap Blu, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, planteó dos hipótesis sobre la postura del presidente Gustavo Petro para defender al general Huertas, pese a la suspensión de la Procuraduría aunque el mandatario aún no ha firmado el decreto que oficializa la medida.“Uno tendría que pensar, o que el presidente Petro es de una ingenuidad superior, que no es posible creerlo, o que esto también era un acuerdo de campaña", comentó la senadora.En ese sentido, Valencia recordó episodios como el llamado “Pacto de La Picota” y las declaraciones de Juan Fernando Petro sobre apoyos electorales desde las cárceles, para sostener que la presunta cercanía entre sectores criminales y el proyecto político del actual Gobierno no sería nueva. A su juicio, las decisiones recientes en materia de seguridad y justicia apuntarían a consolidar un “salvoconducto para delinquir” en el marco de la llamada paz total.Investigación y denuncias contra HuertasEsta semana, la senadora expuso las denuncias contra el general en el Congreso. Recordó que toda esta trama comenzó cuando la fuerza pública capturó a siete cabecillas, incluido alias 'Calarcá', en un operativo en Antioquia hace más de un año. Cuatro de estos detenidos fueron liberados y los otros tres nombrados “gestores de paz”, lo que, según Valencia, abrió la puerta a un manto de impunidad. La senadora aseguró que los datos contenidos en esos dispositivos apuntan a un entramado de oficiales “pagados por las disidencias”, dedicados a facilitar sus operaciones y a “limpiar” la fuerza pública sacando a quienes obtenían resultados contra estos grupos. Incluso, afirmó que habría referencias a supuestos apoyos políticos y económicos a la campaña de Gustavo Petro provenientes de estructuras criminales."Finalmente, parece que hay una información relacionada a los presuntos apoyos que había recibido la campaña de Gustavo Petro, no solo económico, sino político, por parte de las estructuras narcoterroristas que esta gente representa", afirmó.Sobre por qué Huertas no terminó siendo comandante del Ejército, Valencia señaló que el Gobierno del expresidente Iván Duque lo retiró tras recibir alertas internacionales sobre sus presuntos vínculos con narcoterroristas. Sin embargo, el oficial reapareció en la campaña presidencial de Petro y estuvo cerca de ser nombrado en el máximo cargo de la institución. Según la senadora, solo la advertencia de agencias de inteligencia detuvo la designación. Las investigaciones avanzan y las inspecciones continúan. Pero mientras la Fiscalía recoge más pruebas, el debate público y político se intensifica.
Las tiendas de barrio representan para muchos una solución inmediata cuando en el hogar falta algo. La gente suele comprar en estos pequeños comercios por la cercanía, horarios amplios, atención personalizada y la opción de fiado.Algunos de estos establecimientos también venden alcohol y en su interior cuentan con mesas y sillas para la comodidad de los clientes. Una práctica, que es muy común en las tiendas de barrios, está en la mira de las autoridades y de descubrirla causaría el sellamiento del local.Autoridades pueden sellar tiendas por esta práctica comúnEn medio de una megatoma hecha por la Policía Metropolitana de Bogotá, en la localidad de Engativá, sector Las Ferias, uniformados llegaron a un establecimiento y se encontraron con una situación que generó preocupación.Un niño de 9 años de edad estaba sentado al lado de su padre, mientras varios adultos, incluido su padre, consumían cerveza.El hecho fue descubierto en medio de las acostumbradas rondas de las autoridades a los comercios abiertos al público. Funcionarios de la Secretaría de Seguridad que acompañaban los registros identificaron que "el menor estaba sentado junto a su padre, quien compartía bebidas alcohólicas con otros amigos”.Los policías interrumpieron al grupo de hombres y verificaron el estado del niño. Además, solicitaron la presencia de la madre para que se llevara al menor.Luego de ello, los padres tuvieron que hacer un compromiso formal en el que prometieron no volver a exponer a su hijo a este tipo de situaciones.Sin embargo, el dueño del local se llevó la peor parte, pues la permanencia de niños en locales expendedores de licor no está permitido, según la Ley 124 de 1994.Por lo cual, la tienda “fue suspendida temporalmente por permitir el ingreso y permanencia del menor mientras los adultos consumían alcohol”, manifestó la Secretaría de Seguridad.
Tristeza y dolor causó en el sur del Huila la muerte de los jóvenes Camilo Andrés Figueroa Quisaboni y Stiven Orlando Cardozo Quisaboni, quienes fallecieron en un accidente de tránsito que se registró en el casco urbano del municipio de Pitalito.Según versiones oficiales, los dos jóvenes se movilizaban en una motocicleta y, en el sector conocido como La Bombonera, fueron arrollados por un vehículo tipo camioneta marca Toyota, de placa JBT-302 y color blanco. Debido al fuerte impacto, murieron en el lugar de los hechos.De acuerdo con las hipótesis de las autoridades, el conductor de la camioneta, quien resultó ileso del accidente, al parecer se encontraba en estado de embriaguez y habría omitido el semáforo en rojo.“De lo que se ha indagado hasta el momento, al parecer uno de los vehículos involucrados omitió la señal del semáforo en rojo y tanto el conductor de la camioneta como las dos víctimas de la motocicleta manejaban bajo los efectos del alcohol”, relató la directora de Tránsito y Transporte de Pitalito, Jessica Porras.Entre tanto, los agentes de movilidad continúan recolectando evidencias que les permitan esclarecer las causas que originaron el siniestro vial que terminó en tragedia, donde perdieron la vida los primos Camilo Andrés y Stiven Orlando, de 23 y 24 años, respectivamente.No obstante, en otro accidente de tránsito ocurrido en el centro de Neiva, perdió la vida un hombre que laboraba como domiciliario, quien al parecer fue arrollado por un vehículo particular tipo camioneta. Las autoridades recomiendan conducir con responsabilidad en esta temporada de Navidad, cuando aumenta el flujo vehicular.
Estos fueron los temas tratados y debatidos este jueves, 4 de diciembre, en Bla Bla Blu:En la sección #TBT 'Astrología para entender el mundo', el experto en temas conspirativos Raúl Solarte aclaró a los oyentes varios momentos de la vida que están ligados con el estudio de los astros. Además, realizó la lectura de la carta astral a varios oyentes para solucionarles algunas inquietudes.
Dos hombres capturados en flagrancia con armas de fuego de alta capacidad y munición restringida quedaron en libertad tras una decisión judicial adoptada horas después de su detencion. El caso ocurrió en la madrugada del 3 de diciembre de 2025 en el Hotel Kafir, en el barrio El Recuerdo, localidad de Teusaquillo.Según el reporte oficial de la Policía Metropolitana de Bogotá, unidades del grupo de Turismo realizaban labores de inspección en hoteles de la zona cuando detectaron a dos personas en actitud evasiva dentro de la habitación 322. Los hombres evitaron identificarse y, desde el área de ingreso, los policías vieron un proveedor de arma de fuego sobre una de las camas.Durante la verificación del lugar, los policías hallaron dos armas ocultas dentro de una lámpara desprendida, una pistola FN Five-Seven calibre 5.7x28, con un proveedor cargado con 30 cartuchos, conocida como ‘mata policías’ porque su munición fue diseñada originalmente para penetrar chalecos antibalas de nivel básico e intermedio, los mismos que utilizan la mayoría de policías en servicio. También se les encontró una pistola Glock 19 calibre 9 mm, con un proveedor con 20 cartuchos, un proveedor adicional con 30 cartuchos calibre 9 mm y un proveedor adicional con munición calibre 5.7x28.La munición 5.7x28 es considerada de alta penetración y está sujeta a restricciones internacionales, incluidas observaciones de la ONU sobre su circulación. Este mismo tipo de arma y cartucho fue utilizado en el asesinato de Miguel Uribe Turbay, hecho que activó las alertas de las autoridades por su potencial letal y su uso común en estructuras criminales.Los capturados, ambos naturales de Cali, no presentaron permisos de porte o tenencia, por lo que se les informaron sus derechos y fueron trasladados a la URI para su judicialización. A pesar de la incautación en flagrancia, del tipo de armamento y de que portaban munición prohibida, un juez ordenó su liberación después de la audiencia inicial.
El exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón oficializó su intención de ir a una consulta interpartidista en marzo con diferentes sectores y candidatos opositores al Gobierno Petro. Pinzón asegura que los dos partidos que avalan su candidatura, Oxígeno y ADA, presentarán ante el Consejo Nacional Electoral la carta de intención para participar en la consulta."El objetivo es construir una Gran Coalición Democrática, que defienda el orden, la seguridad, la democracia, las instituciones, y proteja los derechos de nuestras familias. Esta consulta es indispensable. Colombia necesita un candidato fuerte, legítimo, respaldado por la mayoría de los ciudadanos. Un liderazgo capaz de ganar en primera vuelta y de cerrar definitivamente el camino al continuismo y a quienes pretenden imponer en Colombia una narco-régimen que amenaza con destruir nuestro país", dijo Pinzón.Es importante recordar que esta semana el partido Liberal le ofreció a Héctor Olimpo avalar su candidatura presidencial, en el documento enviado al exgobernador de Sucre el partido señalaba que la idea es participar en la consulta de marzo."En el marco de los diálogos adelantados con diversas colectividades para realizar una Consulta Popular Interpartidista en marzo de 2026 —mecanismo democrático que permitirá escoger un candidato único presidencial— el Partido Liberal considera indispensable contar en ese proceso con liderazgos que inspiren confianza, construyan unidad y representen una alternativa renovada para Colombia", decía la carta enviada a Olimpo.Es importante recordar que en las últimas horas el abogado Abelardo de la Espriella descartó las posibilidad de ir a la consulta de marzo. Por otro lado, Sergio Fajardo, quien aparece de tercero en la intención de voto de la encuesta Invamer, ha descartado alianzas con De la Espriella.Mientras que desde le Centro Democrático han dicho que es importante ir a la consulta de marzo, incluso, el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha planteado la idea de buscar una alianza desde Fajardo hasta De la Espriella.
Netflix adquirirá Warner Bros. Discovery (WBD), incluyendo los estudios de cine y televisión, así como HBO y HBO Max, por 82.700 millones de dólares, anunciaron este viernes las dos compañías en un comunicado conjuntoLa oferta final de Netflix ha sido de 27,75 dólares por acción de WBD, frente a los 24 que había propuesto Paramount, que junto a Cromcast eran los tres interesados en la adquisición de Warner Bros. Discovery.Se espera que la transacción se cierre tras la anunciada separación de Discovery Global, la compañía centrada en la televisión, que englobará a CNN, TNT Sports, Discovery+ y canales en abierto en Europa. Se espera que esta operación se complete en el tercer trimestre de 2026.Las ofertas por la totalidad o parte de WBD comenzaron en octubre con una oferta de Paramount de 27 dólares por acción por el cien por cien de la compañía.Netflix y Comcast se sumaron después a la pujas, que ha tenido dos rondas, la última el pasado 1 de diciembre. Pero sus ofertas eran solo por una parte de la compañía, sin incluir Discovery Global.Paramount denunció ayer en una carta abierta parcialidad en el proceso, alegando que favorecía a Netflix.¿Cómo será la fusión de Netflix y HBO?La compra de WBD por Netflix supone la fusión de dos de las principales compañías de entretenimiento audiovisual.El catálogo incluirá producciones de HBO como 'The Big Bang Theory', 'The Soprano' o 'Game of Thrones', o películas como 'The Wyzard of Oz' y del universo DC, que se unirán a series de Netflix como 'Wednesday', 'Money Heist', 'Bridgerton' o 'Adolescence'."Nuestra misión siempre ha sido entretener al mundo", afirmó en el comunicado Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix. "Al combinar la increíble colección de series y películas de Warner Bros. -desde clásicos atemporales como 'Casablanca' y 'Ciudadano Kane' hasta clásicos modernos como la saga de Harry Potter- con títulos que definen la cultura como 'Stranger Things', 'KPop Demon Hunters' y 'The Squid Game'".Mientras que el presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, aseguró que "el anuncio de hoy une a dos de las compañías de narrativa más importantes del mundo para llevar a aún más personas el entretenimiento que más disfrutan"
El Centro Internacional de Especialistas (CIE), ubicado en la capital santandereana, en alianza con la Fundación Cardiovascular de Colombia (FCV), inauguró este viernes el primer monumento en Santander dedicado a los trabajadores de la salud que perdieron la vida durante la pandemia de Covid-19. La obra busca rendir un homenaje permanente a quienes enfrentaron, en la primera línea, la emergencia sanitaria más desafiante del siglo.Durante el acto, representantes del sector salud y líderes empresariales destacaron la valentía y entrega del personal médico, de enfermería y de apoyo asistencial que trabajó sin descanso en los momentos de mayor incertidumbre. También hubo espacio para reconocer a las familias que acompañaron, muchas veces en silencio, las largas jornadas y la carga emocional que dejaron aquellos meses críticos.El monumento, una escultura de 3,5 metros de altura tallada en piedra Villanueva, pretende simbolizar la solidez, resistencia y dignidad del personal homenajeado. Su elaboración tomó tres meses y requirió la colaboración de artistas y artesanos de Villanueva y Barichara, quienes aportaron técnicas tradicionales y una lectura sensible de lo que representó la pandemia para el país y el mundo.La estatua, nombrada como ‘Eco de la vocación’, representa a un profesional de la salud, quien incluso usa un tapabocas. En el fondo se divisan unas alas y en la parte inferior hay una placa, también tallada, que dice “En memoria de quienes sanaron hasta el final. Su entrega no se olvida”.Ubicada en el campus del Centro Internacional de Especialistas, la obra se convierte en un nuevo punto de memoria para Santander, una región que, como el resto del país, vivió de cerca el impacto de la crisis sanitaria. Con esta iniciativa, las instituciones organizadoras buscan preservar el legado de quienes dieron su vida en el cumplimiento de su labor y mantener vivo el reconocimiento social hacia el personal de salud.
La más reciente encuesta Invamer, realizada para Blu Radio y Noticias Caracol en noviembre de 2025, muestra un panorama marcado por la preocupación ciudadana frente a la seguridad y la viabilidad del proyecto de Paz Total del Gobierno Nacional. Los datos evidencian un aumento en la percepción de inseguridad y un temor creciente de que el país pueda volver a los niveles de violencia vividos en décadas pasadas.Según el estudio, el 61,5% de los colombianos cree que el país está muy cerca de regresar a la violencia del pasado, una percepción que, si bien disminuyó frente al 67% registrado en agosto, continúa siendo mayoritaria. Solo el 32% considera que Colombia está mejorando y alejándose de esa violencia, mientras que un 4% afirma que ninguna de las dos afirmaciones refleja su opinión.En materia de seguridad ciudadana, la encuesta señala que el 28,6% de los encuestados fue víctima de algún delito en los últimos 12 meses, cifra similar a mediciones anteriores. El 71,4% dijo no haber sido víctima, lo que mantiene estable la tendencia observada durante los meses previos. Entre los delitos reportados se incluyen hurto, extorsión, riñas, violencia intrafamiliar, amenazas, entre otros.La confianza en la capacidad del Estado para enfrentar a los grupos armados también registra preocupación. Frente a la pregunta sobre si las fuerzas armadas han perdido el control de los territorios donde operan estructuras ilegales, el 73,7% respondió que sí han perdido el control, mientras que solo el 21,6% considera que no lo han perdido.Aunque la mayoría de colombianos continúa creyendo que las Fuerzas Militares sí tienen la capacidad de derrotar militarmente a la guerrilla —un 61,9% en esta medición—, este porcentaje registra una ligera disminución frente a marzo, cuando alcanzó el 65%.En cuanto a la Paz Total, los resultados muestran un amplio escepticismo. El 64,9% opina que el proyecto va por mal camino, mientras que solo el 28,5% considera que va por buen camino. Además, el 66,2% afirma que dicha política los ha hecho sentir más inseguros, frente a un 26,5% que dice sentirse más seguro.Al consultar sobre los resultados que podría tener la Paz Total en lo que resta del gobierno del presidente Gustavo Petro, los encuestados expresaron expectativas bajas: solo el 21,8% cree que habrá un resultado positivo, mientras el 24% anticipa uno negativo y el 50,8% estima que no habrá ningún resultado.La encuesta, realizada a 3.800 personas, tiene un margen de error cercano al 1,7% en la mayoría de los módulos. Los resultados evidencian que la seguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y que persiste un clima de desconfianza frente a las políticas gubernamentales en esta materia.
Una reciente encuesta de percepción país, llevada a cabo por Invamer, ha arrojado luz sobre las principales inquietudes de los ciudadanos colombianos en el corte de noviembre de 2023. Los resultados indican un cambio significativo en la jerarquía de los problemas que, a juicio de los encuestados, afronta la nación. El orden público y la inseguridad han escalado a la primera posición. Son señalados por el 35,3% de los consultados como el principal problema de Colombia en este momento.Este dato no solo subraya una creciente preocupación por la seguridad ciudadana y el conflicto armado, sino que también marca un hito en la serie histórica de la medición. Al observar la evolución de la percepción desde mayo de 2017 hasta noviembre de 2023, la variable de "Orden público" (línea roja) muestra un repunte sostenido en los últimos meses de 2023, alcanzando su pico en la medición más reciente.Históricamente, el binomio Desempleo/Economía (línea azul) se había mantenido como la inquietud dominante, especialmente en períodos de desaceleración económica o crisis. No obstante, en esta última medición, la preocupación por el estado de la economía y el desempleo se sitúa en el segundo lugar, con un 19,2% de las menciones. Pese a que esta cifra representa una disminución frente a mediciones anteriores (llegando a superar el 41% en abril de 2022), el porcentaje sigue siendo considerable y refleja las dificultades que atraviesa un sector de la población para acceder a oportunidades laborales estables o enfrentar el costo de vida.Corrupción y Gestión de Gobierno en el Foco de la CríticaDetrás de la inseguridad y la economía, otros problemas estructurales mantienen su relevancia en el panorama nacional. La corrupción (línea morada), que en momentos previos llegó a ser la principal preocupación, se ubica ahora en un tercer lugar con el 11,8%. Este porcentaje, si bien ha descendido de sus máximos históricos, indica que la desconfianza en la transparencia de la gestión pública sigue siendo un tema sensible para la ciudadanía.Así mismo, la mala función del gobierno/Sistema político (línea morada) concentra el 9,4% de las respuestas, cerrando la lista de las problemáticas que superan la barrera del 9% de menciones. Esta variable, que refleja el descontento con la eficacia y la dirección de las políticas estatales y la clase dirigente, ha mostrado fluctuaciones notables a lo largo de los años, reflejando el pulso político del país. En el periodo analizado, las Necesidades básicas se mencionaron por el 10,9% de los encuestados y Otras problemáticas por el 10,6%.Persistencia del pesimismo sobre el rumbo del paísEn paralelo a la identificación de los principales problemas, la encuesta también exploró la percepción general de los colombianos sobre el rumbo que está tomando el país. La pregunta clave, "¿En general, cree usted que las cosas en Colombia van por buen camino o por mal camino?", revela un panorama de persistente pesimismo.La opción "Mal Camino" (línea roja punteada) predominó significativamente con el 59,8% de las respuestas. Aunque esta cifra representa una mejora frente a los picos de desazón observados en momentos críticos (llegando al 79,2% en noviembre de 2021), el hecho de que casi seis de cada diez colombianos crean que el país va por una dirección equivocada es un indicador de la desaprobación de la situación actual.Por otro lado, la percepción de que las cosas van por "Buen Camino" (línea azul punteada) se sitúa en el 34,4%, mostrando una ligera variación positiva respecto a la medición anterior. El 5,7% restante se distribuye entre quienes "No saben/No responden".Los datos históricos de esta serie muestran que la percepción de que el país va por "Mal Camino" ha sido la predominante a lo largo de casi todo el período entre mayo de 2017 y noviembre de 2023, con la excepción de un breve periodo al inicio del segundo semestre de 2018. Esto sugiere que, independientemente del gobierno de turno, existe una base de crítica ciudadana a la gestión de los desafíos nacionales.La encuesta se realizó con una base de 3.800 encuestados y un margen de error reportado de 1,73% para la medición de problemas y 1,81% para la percepción del camino del país, lo que confiere a los resultados un alto nivel de confiabilidad estadística. Los resultados de este sondeo son fundamentales para entender las prioridades ciudadanas y orientar el debate público en el país.
En diálogo con Sala de Prensa Blu, el precandidato presidencial Roy Barreras presentó los pilares de su propuesta para las elecciones de 2026, centrada —según dijo— en la urgencia de recuperar la seguridad y fortalecer la protección social en el país. El excongresista afirmó que, tras recorrer varias regiones, dos inquietudes dominan entre los ciudadanos: la exigencia de “seguridad total” y las dificultades del sistema de salud.Barreras explicó que su iniciativa de Seguridad Total abarca seguridad física en ciudades y zonas rurales, seguridad jurídica para promover la inversión y seguridad social. Además, advirtió sobre la infiltración criminal en las instituciones del Estado e insistió en la necesidad de ejercer autoridad con firmeza.“El Estado prevalece siempre frente a la criminalidad, pero no puede ocurrir que se permita esa infiltración. Ya ha ocurrido en Colombia: acuérdese que hubo cerca de 40 o 50 senadores narcoparapolíticos y que recientemente, en el gobierno anterior, también estaban el Ñeñe y Matamba. La mafia siempre pretende infiltrar al Estado para sacar provecho. Por eso un jefe de Estado tiene que tomar decisiones con carácter y atacarlos con todo”, señaló.Críticas al enfoque de Paz TotalEl expresidente del Congreso cuestionó la estrategia de paz del actual gobierno y aseguró que los procesos de diálogo han fallado por falta de método. Aseguró que no se puede ofrecer justicia transicional a organizaciones dedicadas al narcotráfico y criticó la apertura de múltiples mesas de negociación en paralelo.“Fue un error, sin duda de buena fe, haber arrancado 20 mesas de diálogo con todo tipo de delincuentes, desde el ELN hasta bandas urbanas en Medellín o Buenaventura, como si se tratara de los mismos fenómenos. Falta de método, de rigor… probablemente falta de experiencia. Pero no basta la buena voluntad porque fracasan los procesos”, afirmó.Barreras reiteró que las mafias deben someterse a la justicia y propuso ajustes normativos para equilibrar las garantías, asegurando que “800 de cada 1.000 delincuentes capturados en flagrancia son liberados al día siguiente”.Panorama electoral 2026: “Solo habrá dos sillas en segunda vuelta”Sobre el escenario político para 2026, Barreras aseguró que la contienda presidencial se definirá entre dos proyectos: uno de derecha y el suyo, que calificó como una propuesta “que una al país”. Dijo identificarse con un centro liberal de corte socialdemócrata y alejado de los extremos ideológicos.Al referirse a su distancia con la izquierda pura, mencionó al senador Iván Cepeda como representante legítimo de ese sector, pero aclaró que él proviene de otra orilla política.“Iván Cepeda representa una cosa absolutamente respetable y legítima: es el candidato de la izquierda pura o de las izquierdas. Yo lo hago desde la orilla liberal de centro, donde he estado toda la vida, desde hace 16 años”, afirmó.
El gobierno de Colombia hizo un llamado al respeto del orden jurídico internacional y a la preservación de la seguridad aérea en la región, luego de que se conocieran advertencias desde el exterior, específicamente del gobierno americano, sobre el cierre del espacio aéreo venezolano.El Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil aclararon que, tras verificaciones técnicas, el espacio aéreo de la República Bolivariana de Venezuela “permanece abierto, operativo y sin restricciones que afecten a la navegación aérea civil” y, que no existe ninguna situación que comprometa la seguridad operacional.“Estas señales, divulgadas a nivel internacional, no tienen validez dentro del marco del Convenio de Chicago ni de los estándares de la OACI, y generan confusión e incertidumbre entre operadores y usuarios. Solo el Estado responsable puede declarar restricciones en su espacio aéreo, y Venezuela no ha emitido ninguna”, se lee en el comunicado emitido por el Ministerio de Transporte.En ese sentido, recuerdan que el presidente Gustavo Petro reiteró que cualquier intento externo de declarar un cierre carece de sustento legal, pues no existe autorización del Consejo de Seguridad de la ONU ni del Senado estadounidense para medidas de carácter militar o intervenciones aéreas. Además, ordenó a todas las aerolíneas a no acatar instrucciones ajenas a la normatividad internacional, asegurando que en Colombia las empresas deben operar únicamente bajo las directrices de la OACI y de la autoridad aeronáutica nacional.El país respaldó el llamado presidencial para que la OACI convoque de inmediato a su asamblea, con el fin de evaluar la situación; que la Unión Europea normalice los vuelos hacia Venezuela y adopte medidas frente a aerolíneas que desconocen la normativa internacional y; que los países de América Latina y el Caribe mantengan sus operaciones con normalidad.“Las advertencias externas sin competencia ni coordinación carecen de validez y generan incertidumbre innecesaria. Colombia respalda el llamado del presidente Petro a defender el derecho internacional y la estabilidad aérea de la región”, aseguró la ministra de transporte, María Fernanda Rojas.El Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil seguirán monitoreando la situación y reiteraron que la seguridad operacional y el respeto al orden jurídico internacional son esenciales para un sistema aéreo seguro, confiable y abierto al mundo.
En medio de un momento clave para el pulso político del país, y con la salida del presidente Gustavo Petro a seis meses de la primera vuelta presidencial de 2026, la firma Invamer dio a conocer los resultados de su más reciente Encuesta Colombia Opina, en alianza con Blu Radio y Noticias Caracol.El estudio, realizado entre el 15 y el 27 de noviembre de 2025, aplicó una de las muestras más grandes de los últimos años: 3.800 encuestados en 148 municipios, incluidos 26 capitales de departamento. La medición se desarrolló bajo la nueva normativa electoral, que según Martín Orozco, gerente de Invamer, en Noticias Caracol, obligó a triplicar el tamaño de la muestra y los costos, pero que a la vez limitó la posibilidad de entregar resultados segmentados por región o edad. Según Invamer, el ejercicio estadístico cuenta con un margen de error del 1,81 % y un nivel de confianza del 95 %.Iván Cepeda lidera intención de voto a la Presidencia, según encuesta InvamerLos resultados confirman un panorama definido en la intención de voto presidencial. Iván Cepeda encabeza la medición con un 31,9 %. En el segundo lugar aparece el abogado Abelardo de la Espriella, con un 18,2 %, mientras que Sergio Fajardo se ubica más abajo con un 8,5 %. Entre los demás aspirantes figuran Miguel Uribe Londoño (4,2 %), Claudia López (4,1 %) y Vicky Dávila (3,7 %). La encuesta se publica en un momento determinante, justo cuando los partidos ultiman las listas al Congreso para las elecciones legislativas de 2026. Desaprobación de Gustavo Petro se mantieneLa encuesta también midió la aprobación de la gestión del presidente Gustavo Petro. Según explicó Orozco, no se registraron variaciones significativas frente a mediciones anteriores.Un 37,7 % de los colombianos aprueba la gestión del mandatario, mientras que el 56,7 % la desaprueba. En agosto, fecha de la última encuesta realizada por Invamer bajo la nueva ley, Petro registró un 37,0 % de aprobación y un 57,8 % de desaprobación.En cuanto al pesimismo y optimismo de los ciudadanos, el estudio muestra que un 34,4 % considera que el país va por buen camino, mientras que un 59,8 % opina que va por mal camino.La firma aclaró que esta medición alcanzó a cubrir solo algunos días después del escándalo de los archivos de alias ‘Calarcá’, revelados por Noticias Caracol, donde se exponen presuntos nexos entre funcionarios del Gobierno y las disidencias.
La Superintendencia de Vigilancia de Seguridad Privada y la Aeronáutica Civil emitieron una circular que establece las reglas para el uso de drones en actividades de vigilancia privada. La medida busca unificar criterios y fijar un marco claro para la operación de estas aeronaves no tripuladas, cuyo uso ha crecido de forma acelerada en el sector.De acuerdo con la circular, las empresas solo podrán operar drones si cuentan con una licencia de funcionamiento vigente y con la autorización de medio tecnológico otorgada por la Supervigilancia. Además, deberán certificarse como explotadores UAS (Sistema de Aeronave no Tripulada) ante la Aerocivil y garantizar que tanto los equipos como los pilotos cumplan con los requisitos técnicos y de formación exigidos por la autoridad aeronáutica. Cada dron deberá ser registrado ante la Supervigilancia antes de entrar en operación.“Los drones sólo podrán emplearse para actividades de vigilancia y seguridad privada orientadas a la captura de imágenes o datos. Queda prohibido su uso para transporte de artículos, traslado de armas, manejo de mercancías peligrosas o cualquier actividad que no esté contemplada en la normativa aeronáutica”, explicó Miguel De la Hoz García, jefe de la Oficina Jurídica de la Supervigilancia.La circular también incluye un régimen de transición para facilitar la implementación, es decir que la norma vigente seguirá aplicándose según lo disponga la Aerocivil. Las empresas que no cuenten con certificación deberán iniciar los trámites, mientras que quienes ya la tengan deberán registrar formalmente sus equipos ante la Supervigilancia para continuar operando dentro del marco legal.Las entidades reiteraron la importancia de que todas las empresas del sector revisen la circular, verifiquen el cumplimiento de los requisitos y realicen los trámites necesarios para garantizar un uso seguro y responsable de esta tecnología.
El excomandante guerrillero Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, conocido como Simón Trinidad, presentó el 5 de diciembre de 2025 una solicitud formal ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En el documento, su abogada Sara María Triana Lesmes pidió su acreditación como víctima dentro del macrocaso 06, que investiga los crímenes cometidos contra los miembros y simpatizantes de la Unión Patriótica (UP), en lo que se ha descrito como un exterminio político.Según la solicitud, Trinidad sostiene que antes de su vinculación a las FARC-EP fue un académico y dirigente cívico en Valledupar. En la década de 1980, explica, trabajaba como economista, fue docente en la Universidad Popular del Cesar y participó en la creación del Movimiento Cívico Popular “Causa Común”, que luego se articuló con la Unión Patriótica tras los acuerdos de tregua entre el Gobierno de Belisario Betancur y las Farc.El documento relata que, entre 1985 y 1987, se intensificaron las amenazas, asesinatos y actos de persecución contra los militantes de izquierda y los líderes sociales del Cesar, en un contexto de creciente estigmatización política. Trinidad afirma haber recibido mensajes de amenaza contra él y su familia, lo que lo obligó a exiliarse en México. Señala como presuntos responsables al Batallón La Popa, autoridades locales y al extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), a quienes atribuye acciones y omisiones que propiciaron la violencia contra los integrantes de la UP.La defensa argumenta que estos hechos constituyeron una violación a sus derechos a la vida, la libertad de expresión, la participación política y la asociación, lo que derivó en un exilio forzado y, posteriormente, en su decisión de ingresar a las FARC-EP como una forma de resistencia ante la persecución estatal. En el documento, Trinidad plantea que el exterminio de la Unión Patriótica no solo aniquiló un proyecto político, sino que también forzó a muchos de sus miembros a abandonar el país o integrarse a la insurgencia.El reconocimiento que solicita ante la JEP no implica beneficios judiciales ni económicos, sino un acto de verdad, memoria y reparación simbólica, en el marco del macrocaso 06, abierto en 2022 para esclarecer la responsabilidad del Estado, de actores armados y de particulares en los crímenes cometidos contra la UP. Este caso es considerado uno de los más importantes de la justicia transicional, pues documenta más de 6.000 asesinatos, desapariciones y desplazamientos de militantes, familiares y simpatizantes del movimiento.Actualmente, Simón Trinidad cumple una condena de 60 años de prisión en Estados Unidos, en la penitenciaría federal de máxima seguridad ADX Florence, en el estado de Colorado. Fue capturado en Ecuador en 2004, extraditado a territorio estadounidense en 2005 y posteriormente condenado por el secuestro de tres contratistas norteamericanos. Desde entonces, diversos sectores sociales y de derechos humanos han solicitado que pueda participar, aunque sea de manera virtual, en los procesos de verdad y reconocimiento de la JEP, argumentando que su testimonio sería fundamental para reconstruir la historia de la violencia política en Colombia y las causas del conflicto armado.
“Nosotros creamos eso”, fueron las palabras con las que se refirió desde Barranquilla el expresidente Álvaro Uribe Vélez acerca de la reducción de la jornada laboral que se dio en el país, remarcando que esta surgió mucho antes que la reforma laboral adelantada por el presente gobierno de Gustavo Petro.Uribe se refirió exactamente a la Ley 2101 del 2021, aprobada durante el gobierno de Iván Duque cuando la impulsó siendo senador del Centro Democrático, y en la que se pasó de 46 a 44 horas. Por lo tanto, para él es incorrecto que ahora eso sea catalogado como la “Hora Petro”.“¿Cómo le parece la Hora Petro? A la que le tengo miedo es a la de los domingos, cuando se despierta y empieza a insultarme. Esa sí es queridos amigos”, dijo inicialmente.“Mire este problemita, el partido tiene que hacer un esfuerzo muy grande. Ahora se le dio por decir embustes, que la Hora Petro, cuando nosotros creamos eso. Hay que hacer una gran publicidad para recordar que la Hora Petro es cuando se despierta los domingos, y no sé con qué diablos se despierta, que se le da por insultarme”, agregóEl exjefe de Estado, contrario a lo que dice Gustavo Petro, afirmó que Colombia sí tenía recargos dominicales y nocturnos cuando culminó su vigencia. Asimismo, apunta que los cambios aprobados no generan un gran beneficio, sino un “daño a las empresas”."Aquí había recargos el domingo y el día de fiesta del 75%, él lo subió al 100%”, remarcó insistiendo en que hay que apuntarle a bajar los impuestos.Estas palabras del expresidente Álvaro Uribe Vélez fueron dichas en la capital del Atlántico desde la presentación de la lista de la coalición de los partidos Centro Democrático, Nuevo Liberalismo y Mira, hacia la cámara de representantes por el Atlántico.Allí el exmandatario también envió críticas a la reforma de Salud que intenta mantener viva en Gobierno en el Congreso, argumentando que que las medidas de Gustavo Petro quebraron el sistema.Que durante su mandato se iniciaron con 10 millones de ciudadanos en el régimen subsidiado, los cuales terminaron siendo según él más de 21 millones. En el contributivo también habló de un crecimiento de ocho millones de personas.
El gobierno de Colombia realizó un llamado urgente a Estados Unidos para que cese cualquier operación militar extraterritorial que afecte a países de la región, entre ellos Colombia y Venezuela. La canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy rechazó de manera contundente cualquier insinuación de emplear la fuerza militar dentro del territorio colombiano o de otros Estados soberanos, en respuesta a la reciente escalada de acciones y declaraciones provenientes de Washington.Este llamado se da luego de que el pasado martes 2 de diciembre, el presidente Donald Trump anunciara que su ofensiva antidrogas podría ampliarse a operaciones terrestres en países como Venezuela y Colombia.El mandatario aseguró que naciones que produzcan o envíen drogas hacia EE. UU. estarán expuestas a ataques y mencionó directamente a Colombia al afirmar que posee “fábricas enteras de cocaína”.La canciller recordó que ningún Estado puede realizar operaciones armadas en el territorio de otro sin su consentimiento expreso, señalando que tales actos violan directamente la Carta de las Naciones Unidas y los principios que sostienen la paz internacional.La funcionaria advirtió que la normalización de intervenciones extraterritoriales, como los bombardeos realizados recientemente en el Caribe, ha dejado decenas de víctimas y constituye un precedente peligroso en una región que históricamente se ha reconocido como zona de paz.A pesar de que Washington ha defendido sus acciones argumentando que buscan “eliminar amenazas” ligadas al narcotráfico, las cifras divulgadas por el Departamento de Guerra han sido calificadas por Venezuela como “ejecuciones extrajudiciales”.La canciller Villavicencio reiteró que Colombia ha enfrentado el narcotráfico con rigor, sacrificio y cooperación internacional, por lo que ninguna acción unilateral puede justificarse bajo este pretexto.“Nada de ello puede ser utilizado para justificar amenazas, injerencias o acciones que contravienen el derecho internacional”, sostuvo.El gobierno colombiano insistió en que la estabilidad regional depende del respeto pleno a la soberanía, la resolución pacífica de controversias y el cumplimiento estricto de las normas internacionales, principios que, advierte, no pueden ser vulnerados por ningún Estado.
El acuerdo establece que estas zonas se ubicarán en los municipios de Belén de Bajirá y Unguía (Chocó), y Tierralta (Córdoba). Su puesta en marcha será gradual y progresiva a partir del 1 de marzo de 2026, bajo la supervisión de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA), que acompañará las tareas de verificación y apoyo técnico, logístico y financiero.Las partes acordaron además respetar el proceso electoral en curso y ampliar a 15 municipios el plan piloto de consolidación de acciones para la paz, la transformación territorial y el desescalamiento de las violencias.Antes del 3 de febrero de 2026 deberán definirse los protocolos de funcionamiento de las zonas, que incluirán los mecanismos de seguridad, tránsito, verificación, control de material de guerra y gestión de controversias. De igual manera, el acuerdo contempla la suspensión temporal de las órdenes de captura y extradición contra los miembros del grupo armado que ingresen a las zonas de ubicación conforme a los términos establecidos.El documento fue firmado como parte de los avances del proceso que se desarrolla en el marco de la política de “Paz Total” del gobierno colombiano, cuyo objetivo es abrir espacios de diálogo con los diferentes actores armados y avanzar hacia la transformación de los territorios más afectados por la violencia.Los grupos de trabajo municipales que han venido operando en las zonas priorizadas desde noviembre de 2025 serán los encargados de preparar las condiciones administrativas y logísticas para la instalación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT). Además, podrán presentar propuestas de nuevas zonas de ubicación, bajo criterios de gradualidad y progresividad acordados entre las partes.Este nuevo paso en las conversaciones entre el Gobierno y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo, representa un avance en el propósito de desescalar el conflicto armado, generar condiciones de confianza y abrir el camino hacia una eventual dejación de armas y la reintegración de los combatientes.
En una de las incautaciones más grandes del año, tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales, en coordinación con la Policía Nacional, decomisaron 5.680 kilogramos de clorhidrato de cocaína en zona rural de Nariño. El hallazgo se produjo en dos laboratorios ubicados en áreas selváticas, conformados por 10 subestructuras que operaban como centros de producción de alto rendimiento.La primera operación se adelantó en la vereda Tres Bocas, en El Charco, donde fue ubicado un complejo cocalero con seis subestructuras capaces de producir hasta tres toneladas mensuales. Según la inteligencia militar, estas instalaciones pertenecían a la Estructura 30 ‘Rafael Aguilera’, facción bajo el mando de alias Iván Mordisco. Allí se hallaron 2.846 kilogramos de clorhidrato de cocaína, además de 8.746 galones de insumos líquidos, 136 galones de droga en suspensión y maquinaria utilizada para el procesamiento del alcaloide.Horas después, en la vereda Cordillera del municipio de Córdoba, las tropas localizaron otro laboratorio compuesto por cuatro estructuras adicionales. En este punto fueron incautados 2.834 kilogramos de cocaína y 385 galones de insumos líquidos, completando el total de más de cinco toneladas y media del estupefaciente.De acuerdo con información de inteligencia, este brazo de las disidencias enviaba la droga hacia Centroamérica y Europa, lo que representa un golpe a sus finanzas ilegales estimado en 28.873 millones de pesos. En términos operativos, la incautación evitó la circulación de aproximadamente 5.680.000 dosis.
El Gobierno, a través de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, calificó como un sabotaje tecnológico las recientes alteraciones registradas en el espacio aéreo venezolano por parte de Estados Unidos."Se están emitiendo señales engañosas, ciberataques, señales que pretenden engañar a los equipos de posicionamiento, a los GPS. Eso ya creo que sobrepasa cualquier límite. Y creo que aquí debe haber un pronunciamiento, ojalá el día de hoy, de la OACI y de instancias internacionales, porque hacer un saboteo, hoy en día, tecnológico, a una operación aérea en cualquier lugar del mundo es un crimen".Rojas añadió que este tipo de acciones no solo comprometen la operación en Venezuela, sino que podrían afectar en cualquier momento a Colombia u otro país, razón por la cual afirmó que el tema será tratado directamente con el presidente de la República, Gustavo Petro.Por su parte, el director encargado de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez, rechazó "las manifestaciones de incertidumbre de los cielos de la soberanía venezolana" y afirmó que ha estado en constante diálogo con aerolíneas venezolanas que estarian dispuestas a operar luego de la suspensión de vuelos de Satena y Wingo."Nos ofrecieron, inclusive, unas aseguradoras importantísimas, de mucho reconocimiento, en el cual ellos dicen que si, de pronto, Wingo, Satena y las demás aerolíneas quieren que no se les dé un tema con base a lo de las aseguradoras, ellos hacen el contacto directo con la misma aseguradora para que ellos puedan hacer la tarea".Martínez agregó que la Aerocivil mantiene comunicación directa con las autoridades venezolanas y con las compañías afectadas. Además, dijo que se está verificando la situación de pasajeros para garantizar transbordos inmediatos en caso de requerirse.
En una decisión calificada como histórica, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP anunció la acreditación del territorio de los Montes de María como víctima del conflicto armado. La providencia responde a la solicitud del colectivo Organizaciones de Población Desplazada Étnicas y Campesinas (OPDs), conformado por más de 25 comunidades campesinas, negras, afrodescendientes e indígenas que habitan esta región del Caribe colombiano.El reconocimiento permitirá al territorio, a través de sus representantes, participar en todas las etapas del proceso, aportar pruebas, intervenir en las audiencias y acceder a medidas restaurativas. La JEP determinó que los daños sufridos por los Montes de María trascienden la dimensión humana, afectando también los ecosistemas, los vínculos espirituales y culturales que sostienen la vida colectiva.Según la magistrada María del Pilar Valencia, relatora del subcaso, existen pruebas suficientes de la victimización derivada de hechos ocurridos con ocasión del conflicto. La violencia provocó desplazamientos, despojo y abandono forzado de tierras, además de la destrucción del bosque seco tropical, uno de los ecosistemas más amenazados del país.El alto tribunal destacó que los Montes de María comparten afectaciones con el Canal del Dique y el río Magdalena, ambos ya reconocidos como víctimas, y que la reparación debe incluir la restauración ambiental y espiritual del territorio. Esta visión, según la JEP, materializa un ejercicio de pluralismo jurídico y descolonización del derecho, al integrar las cosmovisiones indígenas, afrodescendientes y campesinas.La decisión resalta la resistencia y las acciones de cuidado ambiental desarrolladas por las comunidades, consideradas actores fundamentales en la conservación de la naturaleza. En la región se han restituido más de 16.000 hectáreas, se registran 230.565 víctimas y 85 sujetos de reparación colectiva.Durante el acto de notificación realizado en Ovejas (Sucre), los representantes de las comunidades celebraron el fallo como un triunfo colectivo. “Este auto es una victoria para la región y para el país; nos convoca a fortalecer la acción colectiva y a seguir defendiendo nuestro territorio montemariano”, expresó uno de los voceros.
Los grupos armados que operan en el departamento del Putumayo, fronterizo con Perú y Ecuador, están utilizando las negociaciones de paz con el Gobierno para reforzar su control sobre la población civil y han cometido graves abusos contra comunidades indígenas, alertó este viernes, 5 de diciembre Human Rights Watch (HRW)."Los grupos armados de Putumayo están utilizando las negociaciones de paz como una oportunidad para reforzar su control sobre la población", aseguró la directora de la División de las Américas de HRW, Juanita Goebertus, citada en un comunicado de su despacho.La funcionaria explicó que, "mientras las negociaciones de paz se centran en la reducción de los cultivos de coca, los grupos armados imponen sus propias reglas en Putumayo y castigan severamente a quienes las desobedecen".Desde 2023, el Gobierno colombiano ha estado en negociaciones de paz con varios grupos armados que controlan partes de Putumayo, en la frontera con Ecuador.Pese a que algunas mesas de diálogo han llegado a acuerdos para destruir armas y sustituir los cultivos de coca, varias disidencias de las extintas FARC, como Comandos de la Frontera y los frentes Raúl Reyes y Carolina Ramírez, siguen estableciendo control territorial y cometiendo abusos contra los habitantes de la zona."Los grupos armados han asesinado a líderes comunitarios, reclutado a niños, confinado a la población y castigado a quienes violan sus normas con multas y trabajos forzados", añadió HRW.En septiembre de 2025, HRW visitó varias poblaciones del Putumayo, y entrevistó a 45 personas, entre ellas víctimas, líderes y defensores de derechos humanos, autoridades indígenas, trabajadores humanitarios y autoridades gubernamentales.El común denominador es que la mayoría de esas personas "teme represalias por parte de los grupos armados y habló bajo condición de anonimato".Putumayo es un lugar estratégico para la producción y el tráfico de drogas y es el departamento que tiene la segunda mayor producción de coca, solo superado por el departamento vecino de Nariño.Actualmente, dos de los tres grupos armados presentes en Putumayo están en negociaciones de paz con el Gobierno. Por un lado, los Comandos de la Frontera, parte de una coalición conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), que opera a lo largo de la frontera con Ecuador.Por otro, el Frente Raúl Reyes, que forma parte del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) y tiene fuerte presencia en el norte de Putumayo, en la frontera con los departamentos de Caquetá y Cauca.Mientras tanto, el Frente Carolina Ramírez, que forma parte de un grupo conocido como Estado Mayor Central (EMC) y opera al oriente de Putumayo, estuvo en diálogos de paz con el Gobierno entre noviembre de 2023 y abril de 2024, pero actualmente no forma parte de las negociaciones.
En hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades judiciales, una menor de 14 años de edad, fue atacada con arma de fuego al parecer por un adolescente al interior de un conjunto residencial del barrio Cuarto Centenario en el sur de Neiva.Según información oficial, la menor alcanzó a ser llevada con vida a un centro hospitalario de la ciudad donde horas después falleció como consecuencia del disparo que, al parecer, recibió en la cabeza, mientras que el agresor otro menor de edad fue aprehendido por la policía.“La comunidad informa a las unidades policiales requiriendo la presencia de los uniformados en el sector del barrio Neiva Cuarto Centenario, donde una menor de edad había sido evacuada desde el interior de un apartamento con una lesión de arma de fuego, lastimosamente en horas de la madrugada a raíz de dicha lesión la menor pierde la vida” informó el coronel Héctor Jairo Betancourt, comandante de la policía Metropolitana de Neiva.Asimismo, las autoridades también investigan un hecho de violencia que se presentó en el barrio Villa Café oriente de Neiva, donde fue asesinado un hombre identificado como Luis Alberto Cabrera de 54 años de edad.De acuerdo con versiones oficiales, la víctima iba saliendo de su casa, donde hombres a bordo de una motocicleta lo interceptaron y sin mediar palabra le dispararon