Minutos de pánico y terror vivieron los habitantes del municipio de Tesalia, luego de que presuntos integrantes del frente Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc atacaran con explosivos y ráfagas de fusil la estación de Policía de esa localidad, en el occidente del Huila.De acuerdo con información oficial, al menos diez uniformados de la estación de Policía, entre ellos una mujer, repelieron por cerca de media hora el ataque de los hombres armados. El hecho de orden público dejó varios vehículos incinerados, daños materiales en algunos locales de comercio y grafitis alusivos a ese grupo armado ilegal.El coronel Carlos Eduardo Téllez, comandante de la Policía Huila, entregó detalles del ataque armado que, por fortuna, no dejó víctimas ni personas lesionadas. “Delincuentes del grupo armado Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc atacaron con artefactos explosivos improvisados, con cilindros y con armas de fuego a las instalaciones y a los hombres y mujeres de la estación de Policía de Tesalia. Estos valerosos policías repelieron el ataque y evitaron una afectación mayor. No tenemos policías heridos; todos están sanos y salvos”, aseguró.Asimismo, los disidentes, luego de perpetrar el ataque contra la estación de Policía, dejaron abandonado un cilindro, al parecer con explosivos, al interior de una entidad bancaria de la población, donde, según las autoridades, pretendían hurtar el dinero del establecimiento financiero.Entre tanto, el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea hacen presencia en esa zona del departamento, garantizando el orden y la seguridad de sus habitantes. Hay operativos con el fin de dar con la ubicación de los disidentes que incursionaron en el municipio de Tesalia.
Las recientes inspecciones de la Fiscalía a Indumil y al Comando de Personal del Ejército han desatado un nuevo capítulo de cuestionamientos políticos y judiciales sobre el general Juan Miguel Huertas. El operativo, ordenado por un fiscal delegado ante la Corte Suprema, busca recopilar documentos, inventarios, registros de armamento y archivos digitales que permitirían esclarecer los presuntos nexos entre altos mandos de la fuerza pública y las disidencias de alias 'Calarcá'. Todo esto, luego de las revelaciones divulgadas por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, que alertaron sobre posibles infiltraciones y acuerdos clandestinos entre estructuras criminales y funcionarios del Estado.En Recap Blu, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, planteó dos hipótesis sobre la postura del presidente Gustavo Petro para defender al general Huertas, pese a la suspensión de la Procuraduría aunque el mandatario aún no ha firmado el decreto que oficializa la medida.“Uno tendría que pensar, o que el presidente Petro es de una ingenuidad superior, que no es posible creerlo, o que esto también era un acuerdo de campaña", comentó la senadora.En ese sentido, Valencia recordó episodios como el llamado “Pacto de La Picota” y las declaraciones de Juan Fernando Petro sobre apoyos electorales desde las cárceles, para sostener que la presunta cercanía entre sectores criminales y el proyecto político del actual Gobierno no sería nueva. A su juicio, las decisiones recientes en materia de seguridad y justicia apuntarían a consolidar un “salvoconducto para delinquir” en el marco de la llamada paz total.Investigación y denuncias contra HuertasEsta semana, la senadora expuso las denuncias contra el general en el Congreso. Recordó que toda esta trama comenzó cuando la fuerza pública capturó a siete cabecillas, incluido alias 'Calarcá', en un operativo en Antioquia hace más de un año. Cuatro de estos detenidos fueron liberados y los otros tres nombrados “gestores de paz”, lo que, según Valencia, abrió la puerta a un manto de impunidad. La senadora aseguró que los datos contenidos en esos dispositivos apuntan a un entramado de oficiales “pagados por las disidencias”, dedicados a facilitar sus operaciones y a “limpiar” la fuerza pública sacando a quienes obtenían resultados contra estos grupos. Incluso, afirmó que habría referencias a supuestos apoyos políticos y económicos a la campaña de Gustavo Petro provenientes de estructuras criminales."Finalmente, parece que hay una información relacionada a los presuntos apoyos que había recibido la campaña de Gustavo Petro, no solo económico, sino político, por parte de las estructuras narcoterroristas que esta gente representa", afirmó.Sobre por qué Huertas no terminó siendo comandante del Ejército, Valencia señaló que el Gobierno del expresidente Iván Duque lo retiró tras recibir alertas internacionales sobre sus presuntos vínculos con narcoterroristas. Sin embargo, el oficial reapareció en la campaña presidencial de Petro y estuvo cerca de ser nombrado en el máximo cargo de la institución. Según la senadora, solo la advertencia de agencias de inteligencia detuvo la designación. Las investigaciones avanzan y las inspecciones continúan. Pero mientras la Fiscalía recoge más pruebas, el debate público y político se intensifica.
Las tiendas de barrio representan para muchos una solución inmediata cuando en el hogar falta algo. La gente suele comprar en estos pequeños comercios por la cercanía, horarios amplios, atención personalizada y la opción de fiado.Algunos de estos establecimientos también venden alcohol y en su interior cuentan con mesas y sillas para la comodidad de los clientes. Una práctica, que es muy común en las tiendas de barrios, está en la mira de las autoridades y de descubrirla causaría el sellamiento del local.Autoridades pueden sellar tiendas por esta práctica comúnEn medio de una megatoma hecha por la Policía Metropolitana de Bogotá, en la localidad de Engativá, sector Las Ferias, uniformados llegaron a un establecimiento y se encontraron con una situación que generó preocupación.Un niño de 9 años de edad estaba sentado al lado de su padre, mientras varios adultos, incluido su padre, consumían cerveza.El hecho fue descubierto en medio de las acostumbradas rondas de las autoridades a los comercios abiertos al público. Funcionarios de la Secretaría de Seguridad que acompañaban los registros identificaron que "el menor estaba sentado junto a su padre, quien compartía bebidas alcohólicas con otros amigos”.Los policías interrumpieron al grupo de hombres y verificaron el estado del niño. Además, solicitaron la presencia de la madre para que se llevara al menor.Luego de ello, los padres tuvieron que hacer un compromiso formal en el que prometieron no volver a exponer a su hijo a este tipo de situaciones.Sin embargo, el dueño del local se llevó la peor parte, pues la permanencia de niños en locales expendedores de licor no está permitido, según la Ley 124 de 1994.Por lo cual, la tienda “fue suspendida temporalmente por permitir el ingreso y permanencia del menor mientras los adultos consumían alcohol”, manifestó la Secretaría de Seguridad.
Tristeza y dolor causó en el sur del Huila la muerte de los jóvenes Camilo Andrés Figueroa Quisaboni y Stiven Orlando Cardozo Quisaboni, quienes fallecieron en un accidente de tránsito que se registró en el casco urbano del municipio de Pitalito.Según versiones oficiales, los dos jóvenes se movilizaban en una motocicleta y, en el sector conocido como La Bombonera, fueron arrollados por un vehículo tipo camioneta marca Toyota, de placa JBT-302 y color blanco. Debido al fuerte impacto, murieron en el lugar de los hechos.De acuerdo con las hipótesis de las autoridades, el conductor de la camioneta, quien resultó ileso del accidente, al parecer se encontraba en estado de embriaguez y habría omitido el semáforo en rojo.“De lo que se ha indagado hasta el momento, al parecer uno de los vehículos involucrados omitió la señal del semáforo en rojo y tanto el conductor de la camioneta como las dos víctimas de la motocicleta manejaban bajo los efectos del alcohol”, relató la directora de Tránsito y Transporte de Pitalito, Jessica Porras.Entre tanto, los agentes de movilidad continúan recolectando evidencias que les permitan esclarecer las causas que originaron el siniestro vial que terminó en tragedia, donde perdieron la vida los primos Camilo Andrés y Stiven Orlando, de 23 y 24 años, respectivamente.No obstante, en otro accidente de tránsito ocurrido en el centro de Neiva, perdió la vida un hombre que laboraba como domiciliario, quien al parecer fue arrollado por un vehículo particular tipo camioneta. Las autoridades recomiendan conducir con responsabilidad en esta temporada de Navidad, cuando aumenta el flujo vehicular.
A pocas horas del sorteo oficial del Mundial de 2026, un análisis desarrollado por el estadístico colombiano Daniel Eduardo Castro, de la Universidad Nacional y candidato a PhD en Ciencias de la Computación en Purdue University, ofrece una mirada anticipada a los posibles escenarios que enfrentará la Selección Colombia. Con un software diseñado para replicar todas las reglas del sorteo (incluidas las restricciones de confederaciones, distribución de europeos y ubicación de sedes) se ejecutaron más de 300.000 simulaciones Montecarlo, suficientes para estabilizar tendencias y proyectar probabilidades confiables.El sorteo, que se realizará este 5 de diciembre desde Washington, definirá los 12 grupos de una Copa del Mundo con 48 selecciones. Aunque cada equipo del bombo 2, como Colombia, podría ubicarse teóricamente en cualquiera de las zonas, en la práctica las restricciones y los anfitriones generan escenarios más frecuentes que otros.Francia e Inglaterra, los rivales más probables del bombo 1El modelo revela que Colombia no distribuye de forma uniforme sus opciones en los 12 grupos. La presencia de Argentina y Brasil como cabezas de serie elimina cualquier posibilidad de enfrentarlos en fase de grupos, lo que reduce el número de zonas posibles y altera la frecuencia de aparición.De acuerdo con las simulaciones, la Selección tiene un 73,63 % de probabilidades de enfrentar a un europeo cabeza de serie. Los escenarios más comunes incluyen choques con Francia o Inglaterra, mientras que España es el europeo menos probable. En contraste, solo en un 26,37 % de los casos Colombia inicia el torneo enfrentando a uno de los anfitriones: México, Estados Unidos o Canadá.Bombo 3: dominan África y AsiaLas restricciones de confederación también impactan los rivales del bombo 3. El análisis muestra que las probabilidades se concentran así:42,11 % África37,79 % Asia13,32 % Europa6,78 % NorteaméricaUn hipotético enfrentamiento con Noruega, la selección de Erling Haaland, resulta estadísticamente poco frecuente.Bombo 4: más opciones de Jordania o ganador de repechajePara el bombo 4, las simulaciones indican que las opciones más repetidas para Colombia son Jordania o el ganador de la repesca A, que saldrá entre Nueva Caledonia, República Democrática del Congo o Jamaica. La probabilidad de cruzarse con un europeo de este bombo es baja.La combinación de rivales que más se repite en el estudio es Europa + Concacaf + África, presente en el 30,68 % de las simulaciones.¿Qué grupo le conviene más a Colombia? Más allá del nivel de los rivales, el análisis también evaluó factores logísticos: distancias de viaje, sedes y tiempos de descanso. Este Mundial, con 16 ciudades distribuidas en Estados Unidos, México y Canadá, será el más extenso geográficamente de la historia, con desplazamientos de hasta 5.000 km entre sedes.Según la FIFA, los equipos del bombo 2 tienen siete grupos (B, D, E, F, G, I y K) en los que deberán viajar a tres ciudades diferentes, mientras que en cinco (A, C, H, J y L) jugarán en solo dos sedes.¿Colombia podría ganar el Mundial?El estudio también evaluó la probabilidad de que Colombia gane el Mundial, la cual se ubica en 2 %, cifras inferiores a las de potencias como España, Francia, Argentina y Brasil, que superan el 10 %. Aun así, las simulaciones solo cuentan parte de la historia.El partido inaugural será el 11 de junio en Ciudad de México y enfrentará al anfitrión frente a un europeo, posiblemente Escocia o Noruega. Desde allí comenzará a rodar un torneo tan impredecible como extenso.
A diario se registran cientos de robos en distintas ciudades del mundo, muchos de los cuales terminan en tragedia, ya sea por la muerte de algún delincuente o por otras circunstancias. En esta ocasión, un atraco ocurrido en Argentina se volvió tendencia.El hecho tuvo lugar en la localidad de José C. Paz y quedó registrado gracias a las cámaras de seguridad del sector. En el video se observa el momento en que un hombre llega a su casa en motocicleta, sin darse cuenta de que era seguido por dos delincuentes que se movilizaban en el mismo tipo de vehículo.Cuando el hombre se disponía a ingresar a su vivienda, uno de los ladrones descendió de la motocicleta y lo interceptó con un arma de fuego. Lo que siguió fue un violento forcejeo que tuvo un giro inesperado: la víctima logró arrebatarle el arma al asaltante.El delincuente incluso alcanzó a resultar herido por los disparos del hombre. Sin embargo, por ahora se desconoce su estado de salud. Tras el forcejeo, los asaltantes huyeron rápidamente en la motocicleta.En la grabación también se observa que otro hombre sale de la casa con lo que parece ser una escopeta para apoyar a la víctima, pero su intervención fue en vano, pues los ladrones ya habían emprendido la huida. El video fue compartido el pasado 5 de diciembre en X y, hasta el momento, no se conoce qué ocurrió posteriormente.“Y otro sale con una escopeta, es hermoso todo jaja”, “El que salió era el verdadero ‘no podemos esperar que Dios haga todo’” y “El verdadero en defensa propia” son algunos de los comentarios que dejó la publicación.
La Fiscalía llamó a interrogatorio al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, para que explique las presuntas irregularidades en la compra de un penthouse en Bogotá, que habría sido vendido por una empresa controlada por el conocido empresario del sector de los hidrocarburos, Serafino Iácono.Blu Radio estableció que la diligencia de interrogatorio en calidad de indiciado que tendrá que cumplir Roa ante la Dirección Contra la Corrupción de la Fiscalía se realizará antes de finalizar este año, en el marco de la línea investigativa sobre las presuntas irregularidades en contratos entregados por la estatal petrolera.Lo que busca establecer la Fiscalía es si la compra del apartamento que hizo Roa a una empresa de Serafino Iácono, se hizo de manera legal o si detrás existía una estrategia para comprometer presuntamente contratos de Ecopetrol antes de que Roa asumiera la presidencia de la compañía.La línea de tiempo que investiga la Fiscalía es la siguiente: la transacción del apartamento 901 fue realizada en diciembre de 2022, Ricardo Roa fue nombrado presidente de Ecopetrol por parte del presidente Gustavo Petro en abril de 2023 y en marzo de 2024, una empresa ligada a Serafino Iácono recibió los derechos de exploración del bloque Sinú 9.De acuerdo con las investigaciones periodísticas, Ricardo Roa compró el apartamento 901 en un edificio en el sector del Museo del Chicó en Bogotá por 1.800 millones de pesos, un valor que estaría por debajo del precio del mercado teniendo en cuenta el tamaño y la ubicación del predio.
El niño indio Sarwagya Singh Kushwaha, de apenas tres años, se convirtió en el ajedrecista más joven del mundo en ingresar a la clasificación de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), tras obtener este viernes su primera valoración oficial en torneos homologados.Con tres años, siete meses y 20 días, el pequeño alcanzó un puntaje inicial de 1.572 unidades en la modalidad rápida, luego de derrotar a varios jugadores ya ranqueados en recientes competiciones disputadas en la India.Hasta ahora, el récord pertenecía a otro niño indio, Anish Sarkar, quien lo había establecido en noviembre de 2024 con tres años, ocho meses y 19 días, en medio de una sucesión de marcas de precocidad en el país asiático.El padre del menor, Siddharth Singh Kushwaha, expresó la satisfacción de la familia por el logro. “Es un enorme orgullo y un honor para nosotros que nuestro hijo se haya convertido en el ajedrecista más joven del mundo en obtener una clasificación de la FIDE”, declaró al canal indio ETV Bharat. “Queremos que llegue a ser gran maestro”.Según contó la familia, el niño comenzó a familiarizarse con el ajedrez como una estrategia para disminuir el tiempo que pasaba frente a las pantallas.La clasificación de la FIDE es el sistema internacional que determina el nivel de los jugadores a partir de sus resultados en torneos oficiales. El título de gran maestro es el mayor reconocimiento del ajedrez profesional y está reservado a una reducida élite mundial.El caso de Sarwagya se suma al creciente grupo de talentos que consolidan a la India como una de las potencias emergentes del ajedrez, con referentes históricos como Viswanathan Anand y una nueva generación de prodigios en ascenso.En noviembre, el país también fue sede de la Copa Mundial de la FIDE, disputada durante casi un mes con más de 200 jugadores de élite, y que terminó con el triunfo del uzbeko Javokhir Sindarov, vencedor en la final ante el chino Wei Yi.
La Veeduría Ciudadana del Aeropuerto Ernesto Cortissoz denunció que las obras de modernización del lado tierra de la terminal aérea registran un 90% de atraso, situación que mantiene en estado crítico la infraestructura y la calidad del servicio para los usuarios.La Aeronáutica Civil confirmó los retrasos y anunció que adelanta ocho procesos de incumplimiento contra el contratista, Consorcio Infraestructura AIEC 2026, que podrían derivar en multas superiores a $12.000 millones.Los principales retrasos, de acuerdo con el informe de la veeduría, se concentran en la sala de maletas nacional, debido a demoras en la importación e instalación de equipos esenciales como escaleras eléctricas, ascensores, aires acondicionados, bandas transportadoras y pisos."En la reunión de la mesa técnica, realizada esta mañana en el aeropuerto, quedó claro que los incumplimientos se concentran en aspectos claves en la sala de maletas nacional y tienen que ver con las demoras en la importación de las escaleras eléctricas, los ascensores, los aires acondicionados, las bandas transportadoras de maletas, y los pisos", indicó la veeduría a través de un comunicado de prensa. Héctor Carbonell, director ejecutivo de la Cámara Colombiana de Infraestructura capítulo norte, señaló que ante esta situación han pedido la intervención de la Contraloría y la Procuraduría.Los retrasos significativos en la ejecución de las actividades programadas han afectado el cumplimiento del cronograma contractual, a tal punto que la entrada en operación de esos equipos sólo se estaría dando en el primer trimestre del próximo año, si el contratista cumple efectivamente con un plan de choque que acordó con la Aerocivil y que debe ser entregado la próxima semana.
En medio del pulso político de cara a las elecciones de 2026, especialmente hacia el fin del mandato del primer presidente de izquierda, Gustavo Petro, surge un nuevo panorama electoral.La última encuesta Colombia Opina de 2025, realizada por la firma Invamer en alianza con Noticias Caracol y Blu Radio, refleja la intención de voto de los colombianos. Estos datos salen a la luz a pocos días de la definición de las listas al Congreso para las elecciones legislativas del próximo año. El plazo máximo es el 8 de diciembre; sin embargo, hay posibilidad de cambiarlas hasta el 15 de diciembre.Colombia está a la expectativa de las posibles consultas interpartidistas para definir los candidatos únicos que competirán en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el 31 de mayo de 2026.El gerente de Invamer, Martín Orozco, habló en Noticias Caracol sobre la encuesta bajo la nueva ley. “La nueva ley implicó triplicar la muestra, los costos y perder detalles. Porque, tristemente, con una muestra que es tres veces más grande no vamos a poder publicar resultados por región o por edades, porque el máximo margen de error según la ley es del 3 %”.Esta encuesta tuvo una muestra de 3.800 encuestados en 148 municipios a nivel nacional, entre ellos 122 municipios pequeños, medianos y grandes, y 26 capitales de departamento. Cabe resaltar que el margen de error general es de 1,81 %, el nivel de confianza es del 95 % y la fecha de realización fue del 15 al 27 de noviembre de 2025.Iván Cepeda lidera intención de voto a la Presidencia, según encuesta Invamer Los cuatro candidatos que puntean en la encuesta sonIván Cepeda – 31,9 %Abelardo de la Espriella – 18,2 %Sergio Fajardo – 8,5 %Miguel Uribe Londoño – 4,2 %Por su parte, los demás candidatos se ubican de la siguiente manera:Claudia López, 4,1 %Vicky Dávila, 3,7 %Juan Carlos Pinzón, 2,9 %Germán Vargas Lleras, 2,1 %Santiago Botero, 1,8 %Juan Manuel Galán, 1,6 %Aníbal Gaviria, 1,3 %Enrique Peñalosa, 1,1 %María Fernanda Cabal, 1,1 %Paloma Valencia, 1,1 %Camilo Romero, 1,0 %
La Defensoría del Pueblo lanzó una fuerte advertencia tras las recientes declaraciones del Estado Mayor Central liderado por alias 'Calarcá', en contra de Noticias Caracol a quienes señalan como un supuesto actor del conflicto armado.Según el organismo, estas afirmaciones son “absolutamente inadmisibles”, desconocen principios básicos del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y ponen en grave riesgo la integridad del equipo periodístico.El ente de control recordó que, al catalogar a un medio de comunicación como actor del conflicto, las disidencias desconocen su condición de población civil protegida y vulnera el principio de distinción, eje central del DIH.“La labor periodistica, en ocasiones incómoda para quienes están inmersos en las hostilidades, es esencial para el Estado de Derecho, y debe ser respetada integralmente por los actores del conflicto armado”, se lee en el comunicado.En su pronunciamiento, la Defensoría solicitó al a las disidencias de alias 'Calarcá', retractarse de sus declaraciones, especialmente del señalamiento hecho al equipo que realizó la investigación emitida por Noticias Caracol el pasado 23 de noviembre.Además, instó al Gobierno nacional, en particular al Ministerio del Interior y a la Unidad Nacional de Protección (UNP), a adelantar las medidas de prevención y protección necesarias frente a estas amenazas.Finalmente, llamó a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz a exigir el cumplimiento estricto de los compromisos de respeto al DIH pactados en el más reciente ciclo de negociación.
La Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC) recomendó a la aerolínea Copa Airlines suspender algunos vuelos que mantiene en horario diurno hacia Venezuela, ante el riesgo por las operaciones militares contra los narcotraficantes en la región."Copa Airlines también se encuentra en permanente comunicación con la Federal Aviation Administration (FAA), la cual ha reiterado que no ha modificado su nivel oficial de alerta ni posición regulatoria", indicó Copa el pasado sábado 29 de noviembre.La Asociación Colombiana de Aviadores Civiles sostiene que el ambiente en el cielo bolivariano cada vez es más tenso por lo que ve con preocupación la decisión de Copa Airlines.“Desde nuestra organización hacemos un respetuoso y firme llamado a Copa Airlines para que analice la situación con la mayor profundidad posible y adopte las medidas necesarias para garantizar la protección de sus pasajeros y tripulaciones”, aseguró ACDAC.La entidad aseguró también que la seguridad operacional debe prevalecer como principio esencial, especialmente en un contexto de incertidumbre y riesgo creciente.
El exregistrador delegado para lo electoral, Alfonso Portela, analizó en entrevista en Sala de Prensa a fondo la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de imponer sanciones a la campaña Petro Presidente 2022, un hecho que calificó como histórico, no solo por su impacto político sino por las consecuencias administrativas y penales que se desprenden.Portela explicó que, a diferencia de investigaciones previas a campañas presidenciales, como las de Juan Manuel Santos u Óscar Iván Zuluaga, esta es la primera vez que el CNE materializa una sanción de esta naturaleza. “Aquí el gerente termina sancionado, y en las campañas anteriores (…) las investigaciones fueron archivadas”, recordó.Sin embargo, aclaró que en el caso Santos, aunque la investigación electoral no produjo sanciones, su gerente de campaña, Roberto Prieto, sí fue condenado posteriormente, aunque por hechos que no correspondían directamente a financiación electoral. “No creo que resulta sancionado penalmente por otros asuntos, pero directamente por el tema de campaña no”, puntualizó.¿Qué tan grave es la sanción?A juicio de Portela, la sanción impuesta por el CNE —limitada en este caso a multas económicas— no representa el mayor riesgo para los responsables financieros de la campaña. Asegura que lo verdaderamente delicado está en el plano penal.“La parte más gravosa tiene que ver con la sanción penal, cuando ya los temas los toma la Fiscalía (…) estamos hablando de una situación mucho más compleja”, advirtió, subrayando que tanto el gerente Ricardo Roa, como la tesorera y la auditora, enfrentan posibles responsabilidades por delitos como financiación prohibida, violación de topes y ocultamiento de información.Portela insistió en que la Fiscalía ya tenía abierta una investigación al respecto: “Eso es una obligación del Consejo Nacional Electoral. Si encontró irregularidades, debe compulsar copias”. Recordó que delitos como acudir a fuentes prohibidas —incluyendo aportes de personas jurídicas, como sindicatos— pueden acarrear penas de 4 a 9 años de prisión.Claves de la investigaciónEl exregistrador explicó que la ley es explícita al prohibir aportes de personas jurídicas a campañas presidenciales. “Aquí no es narcotráfico ni minería ilegal. Es una plata legal, pero la ley lo prohíbe”, dijo en referencia a las donaciones de sindicatos.Sobre el pago de testigos electorales, sostuvo que existe un debate jurídico pendiente, pues estos no buscan votos, sino que vigilan el proceso. Aun así, subrayó que el no reporte de recursos constituye en sí una falta grave.Consultado sobre la eventual responsabilidad del presidente Gustavo Petro, Portela fue categórico en recordar que el fuero presidencial obliga a que cualquier proceso pase por el Congreso. “La financiación prohibida sí involucra al presidente (…) pero el juicio lo adelanta la Comisión de Acusaciones”, explicó. El Congreso no sanciona penalmente, sino que decide si levanta el fuero para que intervenga la Corte.Finalmente, Portela anticipó una discusión jurídica compleja. Señaló que la defensa del presidente y del Pacto Histórico probablemente alegará la caducidad de la acción sancionatoria, contemplada en el artículo 52 del CEPACA. “Si en tres años no hay sanción, caducó”, recordó, aunque aclaró que el CNE argumenta que hubo eventos que suspendieron el término.
La Fiscalía General de la Nación avanzó en la investigación en contra de Brayan Alexander Restrepo Parra, quien atentó contra la vida de tres perras el 31 de agosto de 2024 en la localidad de Kennedy, al suroccidente de Bogotá.Según las investigaciones, el sujeto habría maltratado por medio quirúrgico a tres perras: Princesa, Luna y Bella. El fiscal encargado del caso señaló que el hombre no se encontraba capacitado para realizar este tipo de procedimientos, por lo que se le podría atribuir el delito de maltrato animal, debido a que las intervenciones trajeron complicaciones fuertes a la salud de los animales.Lamentablemente, Princesa no sobrevivió, lo que llevó a sus dueños a tomar la decisión de aplicar eutanasia. Aunque se le imputaron cargos al sujeto por maltrato agravado, estos no fueron aceptados en el proceso judicial.En Antioquia, específicamente en el barrio Las Brisas de Dabeiba, otro caso estremeció a la comunidad. José Álvaro Restrepo fue señalado por agredir a tres perros que presentaban signos de desnutrición, deshidratación y evidencias de violencia física y sexual. Las autoridades dictaron una medida de aseguramiento que no implica privación de la libertad mientras avanza la investigación.Por último, en Pereira, un fiscal presentó cargos contra Jorge Andrés Marín Henao, miembro activo del Ejército Nacional, tras dispararle a un perro criollo de ocho años llamado Tony. Según la investigación, el hecho ocurrió luego de que el animal ladrara, y se determinó que no representaba ninguna amenaza para el uniformado.
La Superintendencia de Vigilancia de Seguridad Privada y la Aeronáutica Civil emitieron una circular que establece las reglas para el uso de drones en actividades de vigilancia privada. La medida busca unificar criterios y fijar un marco claro para la operación de estas aeronaves no tripuladas, cuyo uso ha crecido de forma acelerada en el sector.De acuerdo con la circular, las empresas solo podrán operar drones si cuentan con una licencia de funcionamiento vigente y con la autorización de medio tecnológico otorgada por la Supervigilancia. Además, deberán certificarse como explotadores UAS (Sistema de Aeronave no Tripulada) ante la Aerocivil y garantizar que tanto los equipos como los pilotos cumplan con los requisitos técnicos y de formación exigidos por la autoridad aeronáutica. Cada dron deberá ser registrado ante la Supervigilancia antes de entrar en operación.“Los drones sólo podrán emplearse para actividades de vigilancia y seguridad privada orientadas a la captura de imágenes o datos. Queda prohibido su uso para transporte de artículos, traslado de armas, manejo de mercancías peligrosas o cualquier actividad que no esté contemplada en la normativa aeronáutica”, explicó Miguel De la Hoz García, jefe de la Oficina Jurídica de la Supervigilancia.La circular también incluye un régimen de transición para facilitar la implementación, es decir que la norma vigente seguirá aplicándose según lo disponga la Aerocivil. Las empresas que no cuenten con certificación deberán iniciar los trámites, mientras que quienes ya la tengan deberán registrar formalmente sus equipos ante la Supervigilancia para continuar operando dentro del marco legal.Las entidades reiteraron la importancia de que todas las empresas del sector revisen la circular, verifiquen el cumplimiento de los requisitos y realicen los trámites necesarios para garantizar un uso seguro y responsable de esta tecnología.
El excomandante guerrillero Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, conocido como Simón Trinidad, presentó el 5 de diciembre de 2025 una solicitud formal ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En el documento, su abogada Sara María Triana Lesmes pidió su acreditación como víctima dentro del macrocaso 06, que investiga los crímenes cometidos contra los miembros y simpatizantes de la Unión Patriótica (UP), en lo que se ha descrito como un exterminio político.Según la solicitud, Trinidad sostiene que antes de su vinculación a las FARC-EP fue un académico y dirigente cívico en Valledupar. En la década de 1980, explica, trabajaba como economista, fue docente en la Universidad Popular del Cesar y participó en la creación del Movimiento Cívico Popular “Causa Común”, que luego se articuló con la Unión Patriótica tras los acuerdos de tregua entre el Gobierno de Belisario Betancur y las Farc.El documento relata que, entre 1985 y 1987, se intensificaron las amenazas, asesinatos y actos de persecución contra los militantes de izquierda y los líderes sociales del Cesar, en un contexto de creciente estigmatización política. Trinidad afirma haber recibido mensajes de amenaza contra él y su familia, lo que lo obligó a exiliarse en México. Señala como presuntos responsables al Batallón La Popa, autoridades locales y al extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), a quienes atribuye acciones y omisiones que propiciaron la violencia contra los integrantes de la UP.La defensa argumenta que estos hechos constituyeron una violación a sus derechos a la vida, la libertad de expresión, la participación política y la asociación, lo que derivó en un exilio forzado y, posteriormente, en su decisión de ingresar a las FARC-EP como una forma de resistencia ante la persecución estatal. En el documento, Trinidad plantea que el exterminio de la Unión Patriótica no solo aniquiló un proyecto político, sino que también forzó a muchos de sus miembros a abandonar el país o integrarse a la insurgencia.El reconocimiento que solicita ante la JEP no implica beneficios judiciales ni económicos, sino un acto de verdad, memoria y reparación simbólica, en el marco del macrocaso 06, abierto en 2022 para esclarecer la responsabilidad del Estado, de actores armados y de particulares en los crímenes cometidos contra la UP. Este caso es considerado uno de los más importantes de la justicia transicional, pues documenta más de 6.000 asesinatos, desapariciones y desplazamientos de militantes, familiares y simpatizantes del movimiento.Actualmente, Simón Trinidad cumple una condena de 60 años de prisión en Estados Unidos, en la penitenciaría federal de máxima seguridad ADX Florence, en el estado de Colorado. Fue capturado en Ecuador en 2004, extraditado a territorio estadounidense en 2005 y posteriormente condenado por el secuestro de tres contratistas norteamericanos. Desde entonces, diversos sectores sociales y de derechos humanos han solicitado que pueda participar, aunque sea de manera virtual, en los procesos de verdad y reconocimiento de la JEP, argumentando que su testimonio sería fundamental para reconstruir la historia de la violencia política en Colombia y las causas del conflicto armado.
“Nosotros creamos eso”, fueron las palabras con las que se refirió desde Barranquilla el expresidente Álvaro Uribe Vélez acerca de la reducción de la jornada laboral que se dio en el país, remarcando que esta surgió mucho antes que la reforma laboral adelantada por el presente gobierno de Gustavo Petro.Uribe se refirió exactamente a la Ley 2101 del 2021, aprobada durante el gobierno de Iván Duque cuando la impulsó siendo senador del Centro Democrático, y en la que se pasó de 46 a 44 horas. Por lo tanto, para él es incorrecto que ahora eso sea catalogado como la “Hora Petro”.“¿Cómo le parece la Hora Petro? A la que le tengo miedo es a la de los domingos, cuando se despierta y empieza a insultarme. Esa sí es queridos amigos”, dijo inicialmente.“Mire este problemita, el partido tiene que hacer un esfuerzo muy grande. Ahora se le dio por decir embustes, que la Hora Petro, cuando nosotros creamos eso. Hay que hacer una gran publicidad para recordar que la Hora Petro es cuando se despierta los domingos, y no sé con qué diablos se despierta, que se le da por insultarme”, agregóEl exjefe de Estado, contrario a lo que dice Gustavo Petro, afirmó que Colombia sí tenía recargos dominicales y nocturnos cuando culminó su vigencia. Asimismo, apunta que los cambios aprobados no generan un gran beneficio, sino un “daño a las empresas”."Aquí había recargos el domingo y el día de fiesta del 75%, él lo subió al 100%”, remarcó insistiendo en que hay que apuntarle a bajar los impuestos.Estas palabras del expresidente Álvaro Uribe Vélez fueron dichas en la capital del Atlántico desde la presentación de la lista de la coalición de los partidos Centro Democrático, Nuevo Liberalismo y Mira, hacia la cámara de representantes por el Atlántico.Allí el exmandatario también envió críticas a la reforma de Salud que intenta mantener viva en Gobierno en el Congreso, argumentando que que las medidas de Gustavo Petro quebraron el sistema.Que durante su mandato se iniciaron con 10 millones de ciudadanos en el régimen subsidiado, los cuales terminaron siendo según él más de 21 millones. En el contributivo también habló de un crecimiento de ocho millones de personas.
El gobierno de Colombia realizó un llamado urgente a Estados Unidos para que cese cualquier operación militar extraterritorial que afecte a países de la región, entre ellos Colombia y Venezuela. La canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy rechazó de manera contundente cualquier insinuación de emplear la fuerza militar dentro del territorio colombiano o de otros Estados soberanos, en respuesta a la reciente escalada de acciones y declaraciones provenientes de Washington.Este llamado se da luego de que el pasado martes 2 de diciembre, el presidente Donald Trump anunciara que su ofensiva antidrogas podría ampliarse a operaciones terrestres en países como Venezuela y Colombia.El mandatario aseguró que naciones que produzcan o envíen drogas hacia EE. UU. estarán expuestas a ataques y mencionó directamente a Colombia al afirmar que posee “fábricas enteras de cocaína”.La canciller recordó que ningún Estado puede realizar operaciones armadas en el territorio de otro sin su consentimiento expreso, señalando que tales actos violan directamente la Carta de las Naciones Unidas y los principios que sostienen la paz internacional.La funcionaria advirtió que la normalización de intervenciones extraterritoriales, como los bombardeos realizados recientemente en el Caribe, ha dejado decenas de víctimas y constituye un precedente peligroso en una región que históricamente se ha reconocido como zona de paz.A pesar de que Washington ha defendido sus acciones argumentando que buscan “eliminar amenazas” ligadas al narcotráfico, las cifras divulgadas por el Departamento de Guerra han sido calificadas por Venezuela como “ejecuciones extrajudiciales”.La canciller Villavicencio reiteró que Colombia ha enfrentado el narcotráfico con rigor, sacrificio y cooperación internacional, por lo que ninguna acción unilateral puede justificarse bajo este pretexto.“Nada de ello puede ser utilizado para justificar amenazas, injerencias o acciones que contravienen el derecho internacional”, sostuvo.El gobierno colombiano insistió en que la estabilidad regional depende del respeto pleno a la soberanía, la resolución pacífica de controversias y el cumplimiento estricto de las normas internacionales, principios que, advierte, no pueden ser vulnerados por ningún Estado.
El acuerdo establece que estas zonas se ubicarán en los municipios de Belén de Bajirá y Unguía (Chocó), y Tierralta (Córdoba). Su puesta en marcha será gradual y progresiva a partir del 1 de marzo de 2026, bajo la supervisión de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA), que acompañará las tareas de verificación y apoyo técnico, logístico y financiero.Las partes acordaron además respetar el proceso electoral en curso y ampliar a 15 municipios el plan piloto de consolidación de acciones para la paz, la transformación territorial y el desescalamiento de las violencias.Antes del 3 de febrero de 2026 deberán definirse los protocolos de funcionamiento de las zonas, que incluirán los mecanismos de seguridad, tránsito, verificación, control de material de guerra y gestión de controversias. De igual manera, el acuerdo contempla la suspensión temporal de las órdenes de captura y extradición contra los miembros del grupo armado que ingresen a las zonas de ubicación conforme a los términos establecidos.El documento fue firmado como parte de los avances del proceso que se desarrolla en el marco de la política de “Paz Total” del gobierno colombiano, cuyo objetivo es abrir espacios de diálogo con los diferentes actores armados y avanzar hacia la transformación de los territorios más afectados por la violencia.Los grupos de trabajo municipales que han venido operando en las zonas priorizadas desde noviembre de 2025 serán los encargados de preparar las condiciones administrativas y logísticas para la instalación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT). Además, podrán presentar propuestas de nuevas zonas de ubicación, bajo criterios de gradualidad y progresividad acordados entre las partes.Este nuevo paso en las conversaciones entre el Gobierno y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo, representa un avance en el propósito de desescalar el conflicto armado, generar condiciones de confianza y abrir el camino hacia una eventual dejación de armas y la reintegración de los combatientes.
En una de las incautaciones más grandes del año, tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales, en coordinación con la Policía Nacional, decomisaron 5.680 kilogramos de clorhidrato de cocaína en zona rural de Nariño. El hallazgo se produjo en dos laboratorios ubicados en áreas selváticas, conformados por 10 subestructuras que operaban como centros de producción de alto rendimiento.La primera operación se adelantó en la vereda Tres Bocas, en El Charco, donde fue ubicado un complejo cocalero con seis subestructuras capaces de producir hasta tres toneladas mensuales. Según la inteligencia militar, estas instalaciones pertenecían a la Estructura 30 ‘Rafael Aguilera’, facción bajo el mando de alias Iván Mordisco. Allí se hallaron 2.846 kilogramos de clorhidrato de cocaína, además de 8.746 galones de insumos líquidos, 136 galones de droga en suspensión y maquinaria utilizada para el procesamiento del alcaloide.Horas después, en la vereda Cordillera del municipio de Córdoba, las tropas localizaron otro laboratorio compuesto por cuatro estructuras adicionales. En este punto fueron incautados 2.834 kilogramos de cocaína y 385 galones de insumos líquidos, completando el total de más de cinco toneladas y media del estupefaciente.De acuerdo con información de inteligencia, este brazo de las disidencias enviaba la droga hacia Centroamérica y Europa, lo que representa un golpe a sus finanzas ilegales estimado en 28.873 millones de pesos. En términos operativos, la incautación evitó la circulación de aproximadamente 5.680.000 dosis.
El Gobierno, a través de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, calificó como un sabotaje tecnológico las recientes alteraciones registradas en el espacio aéreo venezolano por parte de Estados Unidos."Se están emitiendo señales engañosas, ciberataques, señales que pretenden engañar a los equipos de posicionamiento, a los GPS. Eso ya creo que sobrepasa cualquier límite. Y creo que aquí debe haber un pronunciamiento, ojalá el día de hoy, de la OACI y de instancias internacionales, porque hacer un saboteo, hoy en día, tecnológico, a una operación aérea en cualquier lugar del mundo es un crimen".Rojas añadió que este tipo de acciones no solo comprometen la operación en Venezuela, sino que podrían afectar en cualquier momento a Colombia u otro país, razón por la cual afirmó que el tema será tratado directamente con el presidente de la República, Gustavo Petro.Por su parte, el director encargado de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez, rechazó "las manifestaciones de incertidumbre de los cielos de la soberanía venezolana" y afirmó que ha estado en constante diálogo con aerolíneas venezolanas que estarian dispuestas a operar luego de la suspensión de vuelos de Satena y Wingo."Nos ofrecieron, inclusive, unas aseguradoras importantísimas, de mucho reconocimiento, en el cual ellos dicen que si, de pronto, Wingo, Satena y las demás aerolíneas quieren que no se les dé un tema con base a lo de las aseguradoras, ellos hacen el contacto directo con la misma aseguradora para que ellos puedan hacer la tarea".Martínez agregó que la Aerocivil mantiene comunicación directa con las autoridades venezolanas y con las compañías afectadas. Además, dijo que se está verificando la situación de pasajeros para garantizar transbordos inmediatos en caso de requerirse.
En una decisión calificada como histórica, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP anunció la acreditación del territorio de los Montes de María como víctima del conflicto armado. La providencia responde a la solicitud del colectivo Organizaciones de Población Desplazada Étnicas y Campesinas (OPDs), conformado por más de 25 comunidades campesinas, negras, afrodescendientes e indígenas que habitan esta región del Caribe colombiano.El reconocimiento permitirá al territorio, a través de sus representantes, participar en todas las etapas del proceso, aportar pruebas, intervenir en las audiencias y acceder a medidas restaurativas. La JEP determinó que los daños sufridos por los Montes de María trascienden la dimensión humana, afectando también los ecosistemas, los vínculos espirituales y culturales que sostienen la vida colectiva.Según la magistrada María del Pilar Valencia, relatora del subcaso, existen pruebas suficientes de la victimización derivada de hechos ocurridos con ocasión del conflicto. La violencia provocó desplazamientos, despojo y abandono forzado de tierras, además de la destrucción del bosque seco tropical, uno de los ecosistemas más amenazados del país.El alto tribunal destacó que los Montes de María comparten afectaciones con el Canal del Dique y el río Magdalena, ambos ya reconocidos como víctimas, y que la reparación debe incluir la restauración ambiental y espiritual del territorio. Esta visión, según la JEP, materializa un ejercicio de pluralismo jurídico y descolonización del derecho, al integrar las cosmovisiones indígenas, afrodescendientes y campesinas.La decisión resalta la resistencia y las acciones de cuidado ambiental desarrolladas por las comunidades, consideradas actores fundamentales en la conservación de la naturaleza. En la región se han restituido más de 16.000 hectáreas, se registran 230.565 víctimas y 85 sujetos de reparación colectiva.Durante el acto de notificación realizado en Ovejas (Sucre), los representantes de las comunidades celebraron el fallo como un triunfo colectivo. “Este auto es una victoria para la región y para el país; nos convoca a fortalecer la acción colectiva y a seguir defendiendo nuestro territorio montemariano”, expresó uno de los voceros.
Los grupos armados que operan en el departamento del Putumayo, fronterizo con Perú y Ecuador, están utilizando las negociaciones de paz con el Gobierno para reforzar su control sobre la población civil y han cometido graves abusos contra comunidades indígenas, alertó este viernes, 5 de diciembre Human Rights Watch (HRW)."Los grupos armados de Putumayo están utilizando las negociaciones de paz como una oportunidad para reforzar su control sobre la población", aseguró la directora de la División de las Américas de HRW, Juanita Goebertus, citada en un comunicado de su despacho.La funcionaria explicó que, "mientras las negociaciones de paz se centran en la reducción de los cultivos de coca, los grupos armados imponen sus propias reglas en Putumayo y castigan severamente a quienes las desobedecen".Desde 2023, el Gobierno colombiano ha estado en negociaciones de paz con varios grupos armados que controlan partes de Putumayo, en la frontera con Ecuador.Pese a que algunas mesas de diálogo han llegado a acuerdos para destruir armas y sustituir los cultivos de coca, varias disidencias de las extintas FARC, como Comandos de la Frontera y los frentes Raúl Reyes y Carolina Ramírez, siguen estableciendo control territorial y cometiendo abusos contra los habitantes de la zona."Los grupos armados han asesinado a líderes comunitarios, reclutado a niños, confinado a la población y castigado a quienes violan sus normas con multas y trabajos forzados", añadió HRW.En septiembre de 2025, HRW visitó varias poblaciones del Putumayo, y entrevistó a 45 personas, entre ellas víctimas, líderes y defensores de derechos humanos, autoridades indígenas, trabajadores humanitarios y autoridades gubernamentales.El común denominador es que la mayoría de esas personas "teme represalias por parte de los grupos armados y habló bajo condición de anonimato".Putumayo es un lugar estratégico para la producción y el tráfico de drogas y es el departamento que tiene la segunda mayor producción de coca, solo superado por el departamento vecino de Nariño.Actualmente, dos de los tres grupos armados presentes en Putumayo están en negociaciones de paz con el Gobierno. Por un lado, los Comandos de la Frontera, parte de una coalición conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), que opera a lo largo de la frontera con Ecuador.Por otro, el Frente Raúl Reyes, que forma parte del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) y tiene fuerte presencia en el norte de Putumayo, en la frontera con los departamentos de Caquetá y Cauca.Mientras tanto, el Frente Carolina Ramírez, que forma parte de un grupo conocido como Estado Mayor Central (EMC) y opera al oriente de Putumayo, estuvo en diálogos de paz con el Gobierno entre noviembre de 2023 y abril de 2024, pero actualmente no forma parte de las negociaciones.
En hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades judiciales, una menor de 14 años de edad, fue atacada con arma de fuego al parecer por un adolescente al interior de un conjunto residencial del barrio Cuarto Centenario en el sur de Neiva.Según información oficial, la menor alcanzó a ser llevada con vida a un centro hospitalario de la ciudad donde horas después falleció como consecuencia del disparo que, al parecer, recibió en la cabeza, mientras que el agresor otro menor de edad fue aprehendido por la policía.“La comunidad informa a las unidades policiales requiriendo la presencia de los uniformados en el sector del barrio Neiva Cuarto Centenario, donde una menor de edad había sido evacuada desde el interior de un apartamento con una lesión de arma de fuego, lastimosamente en horas de la madrugada a raíz de dicha lesión la menor pierde la vida” informó el coronel Héctor Jairo Betancourt, comandante de la policía Metropolitana de Neiva.Asimismo, las autoridades también investigan un hecho de violencia que se presentó en el barrio Villa Café oriente de Neiva, donde fue asesinado un hombre identificado como Luis Alberto Cabrera de 54 años de edad.De acuerdo con versiones oficiales, la víctima iba saliendo de su casa, donde hombres a bordo de una motocicleta lo interceptaron y sin mediar palabra le dispararon