Minutos de pánico y terror vivieron los habitantes del municipio de Tesalia, luego de que presuntos integrantes del frente Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc atacaran con explosivos y ráfagas de fusil la estación de Policía de esa localidad, en el occidente del Huila.De acuerdo con información oficial, al menos diez uniformados de la estación de Policía, entre ellos una mujer, repelieron por cerca de media hora el ataque de los hombres armados. El hecho de orden público dejó varios vehículos incinerados, daños materiales en algunos locales de comercio y grafitis alusivos a ese grupo armado ilegal.El coronel Carlos Eduardo Téllez, comandante de la Policía Huila, entregó detalles del ataque armado que, por fortuna, no dejó víctimas ni personas lesionadas. “Delincuentes del grupo armado Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc atacaron con artefactos explosivos improvisados, con cilindros y con armas de fuego a las instalaciones y a los hombres y mujeres de la estación de Policía de Tesalia. Estos valerosos policías repelieron el ataque y evitaron una afectación mayor. No tenemos policías heridos; todos están sanos y salvos”, aseguró.Asimismo, los disidentes, luego de perpetrar el ataque contra la estación de Policía, dejaron abandonado un cilindro, al parecer con explosivos, al interior de una entidad bancaria de la población, donde, según las autoridades, pretendían hurtar el dinero del establecimiento financiero.Entre tanto, el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea hacen presencia en esa zona del departamento, garantizando el orden y la seguridad de sus habitantes. Hay operativos con el fin de dar con la ubicación de los disidentes que incursionaron en el municipio de Tesalia.
Las recientes inspecciones de la Fiscalía a Indumil y al Comando de Personal del Ejército han desatado un nuevo capítulo de cuestionamientos políticos y judiciales sobre el general Juan Miguel Huertas. El operativo, ordenado por un fiscal delegado ante la Corte Suprema, busca recopilar documentos, inventarios, registros de armamento y archivos digitales que permitirían esclarecer los presuntos nexos entre altos mandos de la fuerza pública y las disidencias de alias 'Calarcá'. Todo esto, luego de las revelaciones divulgadas por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, que alertaron sobre posibles infiltraciones y acuerdos clandestinos entre estructuras criminales y funcionarios del Estado.En Recap Blu, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, planteó dos hipótesis sobre la postura del presidente Gustavo Petro para defender al general Huertas, pese a la suspensión de la Procuraduría aunque el mandatario aún no ha firmado el decreto que oficializa la medida.“Uno tendría que pensar, o que el presidente Petro es de una ingenuidad superior, que no es posible creerlo, o que esto también era un acuerdo de campaña", comentó la senadora.En ese sentido, Valencia recordó episodios como el llamado “Pacto de La Picota” y las declaraciones de Juan Fernando Petro sobre apoyos electorales desde las cárceles, para sostener que la presunta cercanía entre sectores criminales y el proyecto político del actual Gobierno no sería nueva. A su juicio, las decisiones recientes en materia de seguridad y justicia apuntarían a consolidar un “salvoconducto para delinquir” en el marco de la llamada paz total.Investigación y denuncias contra HuertasEsta semana, la senadora expuso las denuncias contra el general en el Congreso. Recordó que toda esta trama comenzó cuando la fuerza pública capturó a siete cabecillas, incluido alias 'Calarcá', en un operativo en Antioquia hace más de un año. Cuatro de estos detenidos fueron liberados y los otros tres nombrados “gestores de paz”, lo que, según Valencia, abrió la puerta a un manto de impunidad. La senadora aseguró que los datos contenidos en esos dispositivos apuntan a un entramado de oficiales “pagados por las disidencias”, dedicados a facilitar sus operaciones y a “limpiar” la fuerza pública sacando a quienes obtenían resultados contra estos grupos. Incluso, afirmó que habría referencias a supuestos apoyos políticos y económicos a la campaña de Gustavo Petro provenientes de estructuras criminales."Finalmente, parece que hay una información relacionada a los presuntos apoyos que había recibido la campaña de Gustavo Petro, no solo económico, sino político, por parte de las estructuras narcoterroristas que esta gente representa", afirmó.Sobre por qué Huertas no terminó siendo comandante del Ejército, Valencia señaló que el Gobierno del expresidente Iván Duque lo retiró tras recibir alertas internacionales sobre sus presuntos vínculos con narcoterroristas. Sin embargo, el oficial reapareció en la campaña presidencial de Petro y estuvo cerca de ser nombrado en el máximo cargo de la institución. Según la senadora, solo la advertencia de agencias de inteligencia detuvo la designación. Las investigaciones avanzan y las inspecciones continúan. Pero mientras la Fiscalía recoge más pruebas, el debate público y político se intensifica.
Las tiendas de barrio representan para muchos una solución inmediata cuando en el hogar falta algo. La gente suele comprar en estos pequeños comercios por la cercanía, horarios amplios, atención personalizada y la opción de fiado.Algunos de estos establecimientos también venden alcohol y en su interior cuentan con mesas y sillas para la comodidad de los clientes. Una práctica, que es muy común en las tiendas de barrios, está en la mira de las autoridades y de descubrirla causaría el sellamiento del local.Autoridades pueden sellar tiendas por esta práctica comúnEn medio de una megatoma hecha por la Policía Metropolitana de Bogotá, en la localidad de Engativá, sector Las Ferias, uniformados llegaron a un establecimiento y se encontraron con una situación que generó preocupación.Un niño de 9 años de edad estaba sentado al lado de su padre, mientras varios adultos, incluido su padre, consumían cerveza.El hecho fue descubierto en medio de las acostumbradas rondas de las autoridades a los comercios abiertos al público. Funcionarios de la Secretaría de Seguridad que acompañaban los registros identificaron que "el menor estaba sentado junto a su padre, quien compartía bebidas alcohólicas con otros amigos”.Los policías interrumpieron al grupo de hombres y verificaron el estado del niño. Además, solicitaron la presencia de la madre para que se llevara al menor.Luego de ello, los padres tuvieron que hacer un compromiso formal en el que prometieron no volver a exponer a su hijo a este tipo de situaciones.Sin embargo, el dueño del local se llevó la peor parte, pues la permanencia de niños en locales expendedores de licor no está permitido, según la Ley 124 de 1994.Por lo cual, la tienda “fue suspendida temporalmente por permitir el ingreso y permanencia del menor mientras los adultos consumían alcohol”, manifestó la Secretaría de Seguridad.
Tristeza y dolor causó en el sur del Huila la muerte de los jóvenes Camilo Andrés Figueroa Quisaboni y Stiven Orlando Cardozo Quisaboni, quienes fallecieron en un accidente de tránsito que se registró en el casco urbano del municipio de Pitalito.Según versiones oficiales, los dos jóvenes se movilizaban en una motocicleta y, en el sector conocido como La Bombonera, fueron arrollados por un vehículo tipo camioneta marca Toyota, de placa JBT-302 y color blanco. Debido al fuerte impacto, murieron en el lugar de los hechos.De acuerdo con las hipótesis de las autoridades, el conductor de la camioneta, quien resultó ileso del accidente, al parecer se encontraba en estado de embriaguez y habría omitido el semáforo en rojo.“De lo que se ha indagado hasta el momento, al parecer uno de los vehículos involucrados omitió la señal del semáforo en rojo y tanto el conductor de la camioneta como las dos víctimas de la motocicleta manejaban bajo los efectos del alcohol”, relató la directora de Tránsito y Transporte de Pitalito, Jessica Porras.Entre tanto, los agentes de movilidad continúan recolectando evidencias que les permitan esclarecer las causas que originaron el siniestro vial que terminó en tragedia, donde perdieron la vida los primos Camilo Andrés y Stiven Orlando, de 23 y 24 años, respectivamente.No obstante, en otro accidente de tránsito ocurrido en el centro de Neiva, perdió la vida un hombre que laboraba como domiciliario, quien al parecer fue arrollado por un vehículo particular tipo camioneta. Las autoridades recomiendan conducir con responsabilidad en esta temporada de Navidad, cuando aumenta el flujo vehicular.
La lucha de la violencia contra la mujer tiene un nuevo capítulo en el departamento del Atlántico, donde la Asamblea departamental aprobó el 'Sello Morado', una distinción única en su tipo para premiar a las empresas y a los colegios que se destaquen por implementar protocolos y rutas de atención para avanzar en una mayor equidad de género. La distinción se entregaría a partir de una verificación que se realizaría a las instituciones con sede en este departamento que demuestren implementar protocolos de prevención, detección temprana, atención adecuada y activación de la ruta sancionatoria que corresponda, ante escenarios de violencia basada en género. Le puede interesar: Seis municipios en rojo por feminicidios: Santander registra 13 casos en lo que va del año“Para el caso de colegios, importará mucho la incorporación de prácticas formativas y acciones preventivas creativas, evidenciados en el Plan de Convivencia Escolar, en la escuela de padres y también en el servicio social obligatorio de los alumnos de los dos últimos grados. Además, para el caso de empresas, interesará la igualdad salarial, la conciliación familiar, el liderazgo de mujeres, entre otras prácticas laborales incluyentes”, explicó la diputada Alejandra Moreno Astwood, quien fue la autora de esta ordenanza que ya fue aprobada. A su vez, esto debe acompañarse con campañas pedagógicas para socializar programas de formación y sensibilización, que incluyan el violentómetro, el ciclo de las relaciones de pareja, los tipos de violencia, tipología de agresores y pasos para recibir rutas de atención y reparación. Lo anterior, permitirá que tanto entornos en colegios como empresas, sean seguros ante el desarrollo de estas buenas prácticas.“Esta ordenanza fue resultado del trabajo conjunto con los colectivos de mujeres del Atlántico. la psicóloga Ruth Pareja fue vital en el desarrollo del contenido de esta, ante la violencia que observó en los entornos escolares, desde su labor como psicopedagoga. A fecha de hoy, el en el Atlántico, 52 mujeres han sido asesinadas, de las cuales 14 han sido tipificadas como feminicidio. El feminicidio es una muerte prevenible, que se combate desde la educación y la salud mental. Queremos que las niñas, las adolescentes y las profesionales se sientan seguras y que no resulten victimizadas por la violencia basada en género”, indicó la Diputada Moreno Astwood.
La excongresista Aida Merlano Rebolledo fue condenada a tres años y seis meses de prisión, además de igual período de inhabilidad para ejercer funciones públicas, tras aceptar su responsabilidad en los hechos relacionados con su fuga durante una cita odontológica en el norte de Bogotá el 1 de octubre de 2019. La decisión fue adoptada por la juez 18 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, quien avaló el preacuerdo logrado entre la Fiscalía General de la Nación y la excongresista por el delito de fuga de presos. La pena quedó fijada en 42 meses y un día de prisión.Durante la diligencia la Juez informó que además de la condena se ordena “negar a la señora Aida Merlano Rebolledo, los sustitutos penales de la suspensión condicionante de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria conforme a los antecedentes e intento de fuga y, en consecuencia, una vez quede en firme la sentencia, se dispone a oficiar al INPEC para que, una vez quede en libertad por cuenta de los otros procesos, se deje a disposición para el cumplimiento de la presente sentencia”.La fuga, ocurrida en 2019, se convirtió en uno de los episodios más recordados de la historia judicial reciente. Merlano, trasladada desde su lugar de reclusión a un consultorio odontológico en el norte de la ciudad, se lanzó por una ventana utilizando una cuerda improvisada. Tras caer al primer piso, fue recogida por un hombre, quien la ayudó a escapar en motocicleta. Ese hecho derivó en la apertura de un nuevo proceso penal y, finalmente, en la negociación del preacuerdo que la excongresista firmó con la Fiscalía.Durante la diligencia judicial de aprobación del acuerdo, la juez también reconoció al INPEC como víctima institucional. El abogado del Instituto sostuvo que la fuga afectó la confianza ciudadana y deterioró la reputación de la entidad encargada de la custodia de personas privadas de la libertad. La juez acogió esa solicitud y señaló que la credibilidad pública del INPEC se vio comprometida, así como la percepción de posibles irregularidades internas derivadas del episodio.Durante la diligencia, Aida Merlano aprovechó para ofrecer disculpas públicas a las personas que, según dijo, resultaron afectadas por su fuga. Señaló que su decisión respondió al miedo y a la necesidad de protegerse, y aseguró haber sido víctima de abusos dentro del INPEC, hechos que , afirmó, están denunciados. Merlano pidió perdón a la Administración de Justicia, al odontólogo involucrado en la cita del día de la fuga y al capitán Álvarez, a quien considera injustamente condenado. También extendió disculpas a su familia, en especial a sus hijos Aida Victoria y Esteban José, por las afectaciones emocionales que les generó el episodio.Merlano, quien hoy suma esta nueva sentencia, cumple otras condenas en su contra por hechos de corrupción. En septiembre de 2019, la Corte Suprema de Justicia la condenó a cinco años y seis meses de prisión por superar los topes electorales durante su campaña al Congreso en 2018, proceso que marcó el inicio de su situación judicial. Con la decisión adoptada este viernes, queda en firme su responsabilidad penal por la cinematográfica fuga registrada hace cinco años.
La espera terminó y este 5 de diciembre se conocerán los 12 grupos, de 48 selecciones, que enfrentarán el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en 2026. Desde Washington, EE.UU., la FIFA llevará a cabo el sorteo oficial de la competencia con la presencia de leyendas del fútbol mundial. Ver EN VIVO sorteo Mundial 2026 gratisDesde las 11:00 de la mañana (hora colombiana), vea en directo todo el cubrimiento del equipo de Blog Deportivo de Blu Radio de este sorteo del Mundial. Podrá verlo totalmente gratis a través de su celular a través de la señal de YouTube, o conectándose a 89.9 FM al igual que la app oficial de la emisora. ¿Cuáles son los bombos del Mundial 2026?Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudí y Sudáfrica.Bombo 4: Jordán, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Playoff UEFA 1, Playoff UEFA 2, Playoff UEFA 3, Playoff UEFA 4, Playoff FIFA 1 y Playoff FIFA 2.¿A qué hora es el sorteo del Mundial 2026?A partir del mediodía (hora colombiana), FIFA dará inicio a la ceremonia del sorteo de esta Copa del Mundo. Un evento clave para el fútbol mundial, del que, según algunos, es uno de los torneos más importantes de todo el planeta.¿Cómo se hará el sorteo del Mundial 2026?En esta ocasión, no se sorteará el orden de cada selección en la zona, sino que esto quedó determinado para todos los grupos, por ejemplo, México, uno de los anfitriones sabe que irá al Grupo A de la siguiente manera:México.Selección del Bombo 3.Selección del Bombo 2.Selección del Bombo 4.Asimismo, FIFA confirmó que México debutará en el estadio Azteca frente a una selección del bombo 3 en las cuales se encuentran: Noruega, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita o Sudáfrica.Por otro lado, como es habitual, si una selección de una misma federación sale, esta será movida automáticamente al siguiente grupo, por ejemplo, Colombia sale en el grupo E con Brasil (hipotéticamente), iría directamente al F.Los únicos que conocen sus grupos son los anfitriones: México irá al A; Canadá al B y Estados Unidos al D. Al igual que los dos mejores del ranking FIFA quedarán sí o sí en lados opuesto del cuadro, que en este caso son Argentina y España para evitar que se enfrenten antes de semifinales.Los equipos que NO se cruzará la Selección Colombia en la fase de gruposBrasil.Argentina.Croacia.Marruecos.Uruguay.Suiza.Senegal.Japón.Irán.Corea del Sur.Ecuador.Austria.Australia.Paraguay.Estos serán los presentadores del sorteo del Mundial 2026Al mejor estilo de Estados Unidos -como si fuese la gala de los Oscar-, los presentadores serán la modelo Heidi Klum y el comediante Kevin Hart, acompañados del colombo-estadounidense Danny Ramírez, reconocido por ser actor de Marvel Studios y con padres colombianos, incluso, confesando ser hincha de Atlético Nacional.También habrá artistas como Andrea Bocelli, Robbie Williams y Nicole Schrezinger.
En una decisión calificada como histórica, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP anunció la acreditación del territorio de los Montes de María como víctima del conflicto armado. La providencia responde a la solicitud del colectivo Organizaciones de Población Desplazada Étnicas y Campesinas (OPDs), conformado por más de 25 comunidades campesinas, negras, afrodescendientes e indígenas que habitan esta región del Caribe colombiano.El reconocimiento permitirá al territorio, a través de sus representantes, participar en todas las etapas del proceso, aportar pruebas, intervenir en las audiencias y acceder a medidas restaurativas. La JEP determinó que los daños sufridos por los Montes de María trascienden la dimensión humana, afectando también los ecosistemas, los vínculos espirituales y culturales que sostienen la vida colectiva.Según la magistrada María del Pilar Valencia, relatora del subcaso, existen pruebas suficientes de la victimización derivada de hechos ocurridos con ocasión del conflicto. La violencia provocó desplazamientos, despojo y abandono forzado de tierras, además de la destrucción del bosque seco tropical, uno de los ecosistemas más amenazados del país.El alto tribunal destacó que los Montes de María comparten afectaciones con el Canal del Dique y el río Magdalena, ambos ya reconocidos como víctimas, y que la reparación debe incluir la restauración ambiental y espiritual del territorio. Esta visión, según la JEP, materializa un ejercicio de pluralismo jurídico y descolonización del derecho, al integrar las cosmovisiones indígenas, afrodescendientes y campesinas.La decisión resalta la resistencia y las acciones de cuidado ambiental desarrolladas por las comunidades, consideradas actores fundamentales en la conservación de la naturaleza. En la región se han restituido más de 16.000 hectáreas, se registran 230.565 víctimas y 85 sujetos de reparación colectiva.Durante el acto de notificación realizado en Ovejas (Sucre), los representantes de las comunidades celebraron el fallo como un triunfo colectivo. “Este auto es una victoria para la región y para el país; nos convoca a fortalecer la acción colectiva y a seguir defendiendo nuestro territorio montemariano”, expresó uno de los voceros.
Empezó la carrera por la presdiencia del Consejo Gremial Nacional y la primera candidata es la presidente de Acolgen, Natalia Gutiérrez.Gutiérrez se postula de la mano con el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, quien sería vicepresidente durante su gestión.La postulación cuenta con el apoyo de seis de los 32 gremios que forman parte del Consejo Gremial Nacional. En la lista están Fenalco, Asocodis, Colfecar, Fasecolda y Asofiduciarias."Su capacidad para construir consensos, impulsar agendas técnicas y liderar procesos intergremiales la convierte en una candidata idónea para guiar al Consejo en un año que exigirá diálogo permanente, rigor técnico y fortaleza institucional", señala la comunicación.La elección del presidente del CGN debe darse antes de que termine el año.
La revelación presentada por Noticias Caracol dejó al país frente a un caso que marca un antes y un después en materia de seguridad nacional. El hallazgo en los computadores del jefe de las disidencias Calarcá confirma una infiltración sin precedentes en entidades como el Ejército y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). La Procuraduría ya separó provisionalmente de sus cargos a un general y a un alto funcionario de la DNI, lo que da una primera dimensión de la gravedad.El escándalo abrió una semana cargada de reflexiones, como lo advirtió Juan Roberto Vargas en Sala de Prensa, sobre coherencia política, eficacia de la justicia y, especialmente, sobre el papel del periodismo en un país donde, según dijo un columnista esta semana, “los reporteros parecieran haberse convertido en la nueva fiscalía”. Desde ese punto de partida se desarrolló la conversación con los invitados del domingo: el analista de seguridad Daniel Mejía Londoño y el exmagistrado Jaime Arrubla Paucar.Daniel Mejía alertó crisis en la Seguridad nacional El experto en seguridad Daniel Mejía Londoño inició con un panorama amplio: la criminalidad crece en casi todos los frentes y los grupos armados expanden su presencia territorial y su capacidad operativa. En ese contexto, la filtración de información sensible —frecuencias de radio, localización de operaciones y movimientos de tropas— no sorprende, pero sí explica parte del deterioro acelerado de la seguridad.Mejía calificó como “inexplicable” la actuación de la Fiscalía frente a la evidencia hallada. Mientras la entonces fiscal general exigió en cuestión de horas la liberación de Calarcá, tardó 16 meses en iniciar el análisis de los computadores y las USB incautadas. Para el analista, esta diferencia temporal revela un problema estructural: “Lo más grave es que las autoridades lo sabían y no hicieron nada”, afirmó.El experto también alertó sobre la desmoralización dentro de la fuerza pública, especialmente de quienes combaten en terreno, al ver que oficiales especializados fueron retirados sin claridad y reemplazados por personas sin trayectoria. Esto, sumado al uso del estatus de “gestores de paz” como salvoconducto, aumenta las dudas sobre la coherencia del gobierno en su política de seguridad.Filtración de inteligencia: impacto jurídico y riesgo institucionalEl exmagistrado Jaime Arrubla Paucar centró su análisis en el plano jurídico. Señaló que la filtración compromete no solo responsabilidades individuales, sino la estabilidad de organismos que deberían garantizar independencia y rigor. A su juicio, la reacción tardía de la Fiscalía abre dudas sobre la cadena de custodia, posibles omisiones y la obligación del Estado de proteger la información estratégica.Arrubla advirtió que la Dirección Nacional de Inteligencia y la UIAF —ambas dependientes del Ejecutivo— requieren una revisión profunda para impedir que se conviertan en “entidades opacas” sin control ciudadano. Recordó que el país ya vivió una crisis similar con el DAS y que “no puede repetir un ciclo donde la inteligencia estatal termina capturada o manipulada”.Según el exmagistrado, este caso no solo expone fallas operativas: obliga a revisar la arquitectura institucional del Estado frente a la delincuencia organizada. La transparencia, afirmó, será indispensable para recuperar la confianza ciudadana y evitar que la infiltración siga avanzando.
Por medio de un comunicado de prensa, la Cancillería de Colombia se pronunció ante las recientes declaraciones de Estados Unidos de cerrar por completo el espacio aéreo de Venezuela, atribuyendo la decisión a las actividades militares que se realizan en el Pacífico.La entidad advierte que el reciente NOTAM emitido por Washington se hizo sin coordinar con la autoridad venezolana competente. Según los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional y el Convenio de Chicago, cualquier decisión que afecte un espacio aéreo debe gestionarse con el Estado responsable. Saltarse este procedimiento, señala la Cancillería, genera incertidumbre operativa y pone en riesgo la seguridad de la aviación civil internacional.El comunicado también recalca que América Latina y el Caribe son una región de paz. Por ello, las medidas unilaterales de carácter militar o con impacto sobre la navegación aérea elevan tensiones, afectan la estabilidad y contradicen el espíritu de cooperación y respeto entre los Estados.El país aseguró que seguirá monitoreando la situación y liderará en los espacios multilaterales el llamado a respetar las normas internacionales, la soberanía y la solución pacífica de controversias, pilares esenciales para proteger la seguridad aérea en toda la región.Ante este hecho, también se pronunció el presidente Gustavo Petro, quien, por medio de su cuenta de X, cuestionó la legalidad del cierre del espacio aéreo venezolano y pidió que la Organización de Aviación Civil Internacional analice de inmediato la situación.El mandatario también llamó a preservar el orden internacional y recordó que las decisiones sobre la democracia en Venezuela corresponden a sus propias instituciones y a su población.
Once personas que habían sido secuestradas por el ELN desde inicios de este año, en medio de la guerra que enfrentan con las disidencias de las Farc desde el 16 de enero, fueron liberadas tras 10 meses y 15 días de cautiverio.En total son, nueve hombres, uno de ellos firmante de paz y dos mujeres quienes fueron entregados a una comisión humanitaria conformada por la Cruz Roja Internacional, la Iglesia Católica, la ONU y la Defensoría del Pueblo.Las víctimas, en su mayoría habitantes de zonas rurales pertenecientes a los municipios de Tibú y El Tarra, corazón del Catatumbo, regresaron con sus familias. Sin embargo en medio de la entrega no se dieron a conocer mayores detalles sobre las razones del secuestro.En el territorio permanecen más personas en poder de los grupos armados y se espera que en los próximos días se puedan presentar otras liberaciones.
La exministra de Justicia y exfiscal delegada ante la Corte Suprema, Ángela María Buitrago, analizó la presunta infiltración de las disidencias de las Farc en el Ejército y en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), un escándalo revelado por Noticias Caracol y que ha generado alarma nacional. En diálogo con El Radar, la experta advirtió sobre la complejidad y los riesgos que representa este hecho para la seguridad del Estado.Una infiltración “de la mayor seriedad”Buitrago calificó la situación como extremadamente delicada, al señalar que la presencia de miembros de grupos armados en instituciones públicas expone información estratégica y pone en riesgo la vida de uniformados y civiles. “Esto revela una complejidad muy fuerte. Cualquier clase de infiltración en el Estado… genera incluso que esas personas sirvan de informantes y generen violencia contra los mismos miembros del Ejército”, afirmó.La exfiscal recordó casos anteriores en los que funcionarios infiltrados alertaron sobre allanamientos, provocando la muerte de servidores públicos. “Esto es de la mayor seriedad… significa que pueden acceder a información que de otra manera sería desconocida y contar las operaciones militares en curso”, añadió.Retrasos en la investigación: 16 meses sin avancesUno de los puntos críticos señalados por Buitrago es el tiempo que la información permaneció sin ser investigada, pese a su relevancia. Noticias Caracol reveló que los datos estuvieron más de un año y cuatro meses en los archivos de la Fiscalía y la DIJÍN.“En estos casos debe haber actos urgentes… 16 meses significan que había que haber realizado acciones claras para asegurarse de que la información era seria y fiable”, explicó. Además, destacó el papel de los medios: “La prensa hace un trabajo importante en poner alerta sobre estos temas que pasan desapercibidos”.Lo que debe pasar ahoraLa exfiscal insistió en que el país necesita respuestas rápidas. Para ella, la prioridad es identificar a los responsables y sacarlos de sus cargos mientras avanzan las investigaciones. “Lo primero que hay que hacer es mover a esas personas del lugar, tenerlas bajo investigación y saber qué información han podido comunicar”, indicó.Buitrago advirtió que los riesgos incluyen comprometer operaciones militares actuales y futuras. También pidió esclarecer cómo lograron infiltrarse y qué participación habrían tenido en hechos que dejaron muertos o heridos entre miembros de la fuerza pública.La experta concluyó resaltando nuevamente la importancia de la vigilancia periodística: “Los medios son fundamentales… permiten poner alertas para que la Fiscalía retome apoyos y ayudas que se dan inicialmente”.El país espera ahora avances concretos en un caso que compromete la seguridad nacional y la confianza en las instituciones.Escuche la entrevista completa acá:
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dio un parte de las operaciones militares realizadas en el departamento del Meta, específicamente en la vereda Guaymaral en las que fueron capturadas dos personas, una de ellas resultó herida. Además, un civil murió producto de los combates, situación que se encuentra en investigación.“En ninguna parte de la Constitución Política de Colombia menciona que pueden existir carteles del narcotráfico o grupos criminales. Por ello, en operaciones militares nuestro Ejército, sostuvo combate contra integrantes del grupo armado criminal al servicio de alias ‘Calarca’, que delinquen en esta zona del país”, indicó el jefe de cartera a través de X.Mientras avanzaba la maniobra de retiro de las tropas del Ejército, un civil fue herido en un punto cercano donde varias personas se habían agrupado para intentar interrumpir la operación militar. La persona fue trasladada, pero falleció debido a la gravedad de las heridas. El Ejército confirmó que se abrió una investigación inmediata para esclarecer lo ocurrido y establecer responsabilidades.En el lugar también fue incautado material de guerra e intendencia que pertenecería a esa organización, lo que según el ministro, afecta directamente su capacidad logística.
La Superintendencia de Vigilancia de Seguridad Privada y la Aeronáutica Civil emitieron una circular que establece las reglas para el uso de drones en actividades de vigilancia privada. La medida busca unificar criterios y fijar un marco claro para la operación de estas aeronaves no tripuladas, cuyo uso ha crecido de forma acelerada en el sector.De acuerdo con la circular, las empresas solo podrán operar drones si cuentan con una licencia de funcionamiento vigente y con la autorización de medio tecnológico otorgada por la Supervigilancia. Además, deberán certificarse como explotadores UAS (Sistema de Aeronave no Tripulada) ante la Aerocivil y garantizar que tanto los equipos como los pilotos cumplan con los requisitos técnicos y de formación exigidos por la autoridad aeronáutica. Cada dron deberá ser registrado ante la Supervigilancia antes de entrar en operación.“Los drones sólo podrán emplearse para actividades de vigilancia y seguridad privada orientadas a la captura de imágenes o datos. Queda prohibido su uso para transporte de artículos, traslado de armas, manejo de mercancías peligrosas o cualquier actividad que no esté contemplada en la normativa aeronáutica”, explicó Miguel De la Hoz García, jefe de la Oficina Jurídica de la Supervigilancia.La circular también incluye un régimen de transición para facilitar la implementación, es decir que la norma vigente seguirá aplicándose según lo disponga la Aerocivil. Las empresas que no cuenten con certificación deberán iniciar los trámites, mientras que quienes ya la tengan deberán registrar formalmente sus equipos ante la Supervigilancia para continuar operando dentro del marco legal.Las entidades reiteraron la importancia de que todas las empresas del sector revisen la circular, verifiquen el cumplimiento de los requisitos y realicen los trámites necesarios para garantizar un uso seguro y responsable de esta tecnología.
El excomandante guerrillero Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, conocido como Simón Trinidad, presentó el 5 de diciembre de 2025 una solicitud formal ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En el documento, su abogada Sara María Triana Lesmes pidió su acreditación como víctima dentro del macrocaso 06, que investiga los crímenes cometidos contra los miembros y simpatizantes de la Unión Patriótica (UP), en lo que se ha descrito como un exterminio político.Según la solicitud, Trinidad sostiene que antes de su vinculación a las FARC-EP fue un académico y dirigente cívico en Valledupar. En la década de 1980, explica, trabajaba como economista, fue docente en la Universidad Popular del Cesar y participó en la creación del Movimiento Cívico Popular “Causa Común”, que luego se articuló con la Unión Patriótica tras los acuerdos de tregua entre el Gobierno de Belisario Betancur y las Farc.El documento relata que, entre 1985 y 1987, se intensificaron las amenazas, asesinatos y actos de persecución contra los militantes de izquierda y los líderes sociales del Cesar, en un contexto de creciente estigmatización política. Trinidad afirma haber recibido mensajes de amenaza contra él y su familia, lo que lo obligó a exiliarse en México. Señala como presuntos responsables al Batallón La Popa, autoridades locales y al extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), a quienes atribuye acciones y omisiones que propiciaron la violencia contra los integrantes de la UP.La defensa argumenta que estos hechos constituyeron una violación a sus derechos a la vida, la libertad de expresión, la participación política y la asociación, lo que derivó en un exilio forzado y, posteriormente, en su decisión de ingresar a las FARC-EP como una forma de resistencia ante la persecución estatal. En el documento, Trinidad plantea que el exterminio de la Unión Patriótica no solo aniquiló un proyecto político, sino que también forzó a muchos de sus miembros a abandonar el país o integrarse a la insurgencia.El reconocimiento que solicita ante la JEP no implica beneficios judiciales ni económicos, sino un acto de verdad, memoria y reparación simbólica, en el marco del macrocaso 06, abierto en 2022 para esclarecer la responsabilidad del Estado, de actores armados y de particulares en los crímenes cometidos contra la UP. Este caso es considerado uno de los más importantes de la justicia transicional, pues documenta más de 6.000 asesinatos, desapariciones y desplazamientos de militantes, familiares y simpatizantes del movimiento.Actualmente, Simón Trinidad cumple una condena de 60 años de prisión en Estados Unidos, en la penitenciaría federal de máxima seguridad ADX Florence, en el estado de Colorado. Fue capturado en Ecuador en 2004, extraditado a territorio estadounidense en 2005 y posteriormente condenado por el secuestro de tres contratistas norteamericanos. Desde entonces, diversos sectores sociales y de derechos humanos han solicitado que pueda participar, aunque sea de manera virtual, en los procesos de verdad y reconocimiento de la JEP, argumentando que su testimonio sería fundamental para reconstruir la historia de la violencia política en Colombia y las causas del conflicto armado.
“Nosotros creamos eso”, fueron las palabras con las que se refirió desde Barranquilla el expresidente Álvaro Uribe Vélez acerca de la reducción de la jornada laboral que se dio en el país, remarcando que esta surgió mucho antes que la reforma laboral adelantada por el presente gobierno de Gustavo Petro.Uribe se refirió exactamente a la Ley 2101 del 2021, aprobada durante el gobierno de Iván Duque cuando la impulsó siendo senador del Centro Democrático, y en la que se pasó de 46 a 44 horas. Por lo tanto, para él es incorrecto que ahora eso sea catalogado como la “Hora Petro”.“¿Cómo le parece la Hora Petro? A la que le tengo miedo es a la de los domingos, cuando se despierta y empieza a insultarme. Esa sí es queridos amigos”, dijo inicialmente.“Mire este problemita, el partido tiene que hacer un esfuerzo muy grande. Ahora se le dio por decir embustes, que la Hora Petro, cuando nosotros creamos eso. Hay que hacer una gran publicidad para recordar que la Hora Petro es cuando se despierta los domingos, y no sé con qué diablos se despierta, que se le da por insultarme”, agregóEl exjefe de Estado, contrario a lo que dice Gustavo Petro, afirmó que Colombia sí tenía recargos dominicales y nocturnos cuando culminó su vigencia. Asimismo, apunta que los cambios aprobados no generan un gran beneficio, sino un “daño a las empresas”."Aquí había recargos el domingo y el día de fiesta del 75%, él lo subió al 100%”, remarcó insistiendo en que hay que apuntarle a bajar los impuestos.Estas palabras del expresidente Álvaro Uribe Vélez fueron dichas en la capital del Atlántico desde la presentación de la lista de la coalición de los partidos Centro Democrático, Nuevo Liberalismo y Mira, hacia la cámara de representantes por el Atlántico.Allí el exmandatario también envió críticas a la reforma de Salud que intenta mantener viva en Gobierno en el Congreso, argumentando que que las medidas de Gustavo Petro quebraron el sistema.Que durante su mandato se iniciaron con 10 millones de ciudadanos en el régimen subsidiado, los cuales terminaron siendo según él más de 21 millones. En el contributivo también habló de un crecimiento de ocho millones de personas.
El gobierno de Colombia realizó un llamado urgente a Estados Unidos para que cese cualquier operación militar extraterritorial que afecte a países de la región, entre ellos Colombia y Venezuela. La canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy rechazó de manera contundente cualquier insinuación de emplear la fuerza militar dentro del territorio colombiano o de otros Estados soberanos, en respuesta a la reciente escalada de acciones y declaraciones provenientes de Washington.Este llamado se da luego de que el pasado martes 2 de diciembre, el presidente Donald Trump anunciara que su ofensiva antidrogas podría ampliarse a operaciones terrestres en países como Venezuela y Colombia.El mandatario aseguró que naciones que produzcan o envíen drogas hacia EE. UU. estarán expuestas a ataques y mencionó directamente a Colombia al afirmar que posee “fábricas enteras de cocaína”.La canciller recordó que ningún Estado puede realizar operaciones armadas en el territorio de otro sin su consentimiento expreso, señalando que tales actos violan directamente la Carta de las Naciones Unidas y los principios que sostienen la paz internacional.La funcionaria advirtió que la normalización de intervenciones extraterritoriales, como los bombardeos realizados recientemente en el Caribe, ha dejado decenas de víctimas y constituye un precedente peligroso en una región que históricamente se ha reconocido como zona de paz.A pesar de que Washington ha defendido sus acciones argumentando que buscan “eliminar amenazas” ligadas al narcotráfico, las cifras divulgadas por el Departamento de Guerra han sido calificadas por Venezuela como “ejecuciones extrajudiciales”.La canciller Villavicencio reiteró que Colombia ha enfrentado el narcotráfico con rigor, sacrificio y cooperación internacional, por lo que ninguna acción unilateral puede justificarse bajo este pretexto.“Nada de ello puede ser utilizado para justificar amenazas, injerencias o acciones que contravienen el derecho internacional”, sostuvo.El gobierno colombiano insistió en que la estabilidad regional depende del respeto pleno a la soberanía, la resolución pacífica de controversias y el cumplimiento estricto de las normas internacionales, principios que, advierte, no pueden ser vulnerados por ningún Estado.
El acuerdo establece que estas zonas se ubicarán en los municipios de Belén de Bajirá y Unguía (Chocó), y Tierralta (Córdoba). Su puesta en marcha será gradual y progresiva a partir del 1 de marzo de 2026, bajo la supervisión de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA), que acompañará las tareas de verificación y apoyo técnico, logístico y financiero.Las partes acordaron además respetar el proceso electoral en curso y ampliar a 15 municipios el plan piloto de consolidación de acciones para la paz, la transformación territorial y el desescalamiento de las violencias.Antes del 3 de febrero de 2026 deberán definirse los protocolos de funcionamiento de las zonas, que incluirán los mecanismos de seguridad, tránsito, verificación, control de material de guerra y gestión de controversias. De igual manera, el acuerdo contempla la suspensión temporal de las órdenes de captura y extradición contra los miembros del grupo armado que ingresen a las zonas de ubicación conforme a los términos establecidos.El documento fue firmado como parte de los avances del proceso que se desarrolla en el marco de la política de “Paz Total” del gobierno colombiano, cuyo objetivo es abrir espacios de diálogo con los diferentes actores armados y avanzar hacia la transformación de los territorios más afectados por la violencia.Los grupos de trabajo municipales que han venido operando en las zonas priorizadas desde noviembre de 2025 serán los encargados de preparar las condiciones administrativas y logísticas para la instalación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT). Además, podrán presentar propuestas de nuevas zonas de ubicación, bajo criterios de gradualidad y progresividad acordados entre las partes.Este nuevo paso en las conversaciones entre el Gobierno y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo, representa un avance en el propósito de desescalar el conflicto armado, generar condiciones de confianza y abrir el camino hacia una eventual dejación de armas y la reintegración de los combatientes.
En una de las incautaciones más grandes del año, tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales, en coordinación con la Policía Nacional, decomisaron 5.680 kilogramos de clorhidrato de cocaína en zona rural de Nariño. El hallazgo se produjo en dos laboratorios ubicados en áreas selváticas, conformados por 10 subestructuras que operaban como centros de producción de alto rendimiento.La primera operación se adelantó en la vereda Tres Bocas, en El Charco, donde fue ubicado un complejo cocalero con seis subestructuras capaces de producir hasta tres toneladas mensuales. Según la inteligencia militar, estas instalaciones pertenecían a la Estructura 30 ‘Rafael Aguilera’, facción bajo el mando de alias Iván Mordisco. Allí se hallaron 2.846 kilogramos de clorhidrato de cocaína, además de 8.746 galones de insumos líquidos, 136 galones de droga en suspensión y maquinaria utilizada para el procesamiento del alcaloide.Horas después, en la vereda Cordillera del municipio de Córdoba, las tropas localizaron otro laboratorio compuesto por cuatro estructuras adicionales. En este punto fueron incautados 2.834 kilogramos de cocaína y 385 galones de insumos líquidos, completando el total de más de cinco toneladas y media del estupefaciente.De acuerdo con información de inteligencia, este brazo de las disidencias enviaba la droga hacia Centroamérica y Europa, lo que representa un golpe a sus finanzas ilegales estimado en 28.873 millones de pesos. En términos operativos, la incautación evitó la circulación de aproximadamente 5.680.000 dosis.
El Gobierno, a través de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, calificó como un sabotaje tecnológico las recientes alteraciones registradas en el espacio aéreo venezolano por parte de Estados Unidos."Se están emitiendo señales engañosas, ciberataques, señales que pretenden engañar a los equipos de posicionamiento, a los GPS. Eso ya creo que sobrepasa cualquier límite. Y creo que aquí debe haber un pronunciamiento, ojalá el día de hoy, de la OACI y de instancias internacionales, porque hacer un saboteo, hoy en día, tecnológico, a una operación aérea en cualquier lugar del mundo es un crimen".Rojas añadió que este tipo de acciones no solo comprometen la operación en Venezuela, sino que podrían afectar en cualquier momento a Colombia u otro país, razón por la cual afirmó que el tema será tratado directamente con el presidente de la República, Gustavo Petro.Por su parte, el director encargado de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez, rechazó "las manifestaciones de incertidumbre de los cielos de la soberanía venezolana" y afirmó que ha estado en constante diálogo con aerolíneas venezolanas que estarian dispuestas a operar luego de la suspensión de vuelos de Satena y Wingo."Nos ofrecieron, inclusive, unas aseguradoras importantísimas, de mucho reconocimiento, en el cual ellos dicen que si, de pronto, Wingo, Satena y las demás aerolíneas quieren que no se les dé un tema con base a lo de las aseguradoras, ellos hacen el contacto directo con la misma aseguradora para que ellos puedan hacer la tarea".Martínez agregó que la Aerocivil mantiene comunicación directa con las autoridades venezolanas y con las compañías afectadas. Además, dijo que se está verificando la situación de pasajeros para garantizar transbordos inmediatos en caso de requerirse.
Los grupos armados que operan en el departamento del Putumayo, fronterizo con Perú y Ecuador, están utilizando las negociaciones de paz con el Gobierno para reforzar su control sobre la población civil y han cometido graves abusos contra comunidades indígenas, alertó este viernes, 5 de diciembre Human Rights Watch (HRW)."Los grupos armados de Putumayo están utilizando las negociaciones de paz como una oportunidad para reforzar su control sobre la población", aseguró la directora de la División de las Américas de HRW, Juanita Goebertus, citada en un comunicado de su despacho.La funcionaria explicó que, "mientras las negociaciones de paz se centran en la reducción de los cultivos de coca, los grupos armados imponen sus propias reglas en Putumayo y castigan severamente a quienes las desobedecen".Desde 2023, el Gobierno colombiano ha estado en negociaciones de paz con varios grupos armados que controlan partes de Putumayo, en la frontera con Ecuador.Pese a que algunas mesas de diálogo han llegado a acuerdos para destruir armas y sustituir los cultivos de coca, varias disidencias de las extintas FARC, como Comandos de la Frontera y los frentes Raúl Reyes y Carolina Ramírez, siguen estableciendo control territorial y cometiendo abusos contra los habitantes de la zona."Los grupos armados han asesinado a líderes comunitarios, reclutado a niños, confinado a la población y castigado a quienes violan sus normas con multas y trabajos forzados", añadió HRW.En septiembre de 2025, HRW visitó varias poblaciones del Putumayo, y entrevistó a 45 personas, entre ellas víctimas, líderes y defensores de derechos humanos, autoridades indígenas, trabajadores humanitarios y autoridades gubernamentales.El común denominador es que la mayoría de esas personas "teme represalias por parte de los grupos armados y habló bajo condición de anonimato".Putumayo es un lugar estratégico para la producción y el tráfico de drogas y es el departamento que tiene la segunda mayor producción de coca, solo superado por el departamento vecino de Nariño.Actualmente, dos de los tres grupos armados presentes en Putumayo están en negociaciones de paz con el Gobierno. Por un lado, los Comandos de la Frontera, parte de una coalición conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), que opera a lo largo de la frontera con Ecuador.Por otro, el Frente Raúl Reyes, que forma parte del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) y tiene fuerte presencia en el norte de Putumayo, en la frontera con los departamentos de Caquetá y Cauca.Mientras tanto, el Frente Carolina Ramírez, que forma parte de un grupo conocido como Estado Mayor Central (EMC) y opera al oriente de Putumayo, estuvo en diálogos de paz con el Gobierno entre noviembre de 2023 y abril de 2024, pero actualmente no forma parte de las negociaciones.
En hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades judiciales, una menor de 14 años de edad, fue atacada con arma de fuego al parecer por un adolescente al interior de un conjunto residencial del barrio Cuarto Centenario en el sur de Neiva.Según información oficial, la menor alcanzó a ser llevada con vida a un centro hospitalario de la ciudad donde horas después falleció como consecuencia del disparo que, al parecer, recibió en la cabeza, mientras que el agresor otro menor de edad fue aprehendido por la policía.“La comunidad informa a las unidades policiales requiriendo la presencia de los uniformados en el sector del barrio Neiva Cuarto Centenario, donde una menor de edad había sido evacuada desde el interior de un apartamento con una lesión de arma de fuego, lastimosamente en horas de la madrugada a raíz de dicha lesión la menor pierde la vida” informó el coronel Héctor Jairo Betancourt, comandante de la policía Metropolitana de Neiva.Asimismo, las autoridades también investigan un hecho de violencia que se presentó en el barrio Villa Café oriente de Neiva, donde fue asesinado un hombre identificado como Luis Alberto Cabrera de 54 años de edad.De acuerdo con versiones oficiales, la víctima iba saliendo de su casa, donde hombres a bordo de una motocicleta lo interceptaron y sin mediar palabra le dispararon
El Gobierno nacional está cerca de expedir una circular con la cual la Superintendencia de Industria y Comercio tendría información sobre la forma en que se 'cocinan' las campañas políticas en redes sociales y con la que buscará que no se hagan perfiles ideológicos de los votantes con el argumento de que la publicidad política segmentada puede "fragmentar el debate" y llevar a que se creen burbujas informativas lo que al final del día es un riesgo para la democracia.Para nadie es un secreto que una publicidad efectiva en redes sociales puede ser la clave de una campaña política ganadora y por eso las campañas buscan identificar a sus posibles votantes y entregarles un mensaje personalizado según criterios como la edad, la ciudad en la que viven, el celular que usan e incluso los intereses que tienen en redes sociales.A eso se llama 'segmentar' al público. Hoy un colombiano gasta en promedio 3.25 minutos al día en las redes sociales, según un ranking de Global World Index que deja a nuestro país como uno de los más enganchados a las pantallas.En ese contexto la Superintencia de Industria y Comercio está publicando para comentarios un proyecto de circular con instrucciones para las campañas políticas. Entre esas instrucciones está prohibición de "elaborar perfiles que clasifiquen, evalúen o busquen predecir la ideología política de los titulares, así como cualquier perfilamiento basado en inferencias que permitan revelar dicha condición, incluidas categorías como religión, orientación política u otros datos sensibles definidos por la ley".La otra orden es esta. Las campañas políticas, o las agencias de marketing digilal, deben llevar un registro "de los criterios de segmentación utilizados en cada campaña digital", ese registro debe estar a disposición de la Superintendencia de Industria y Comercio y además coincidir con la información de las bibliotecas públicas de anuncios, como las que tiene Meta (Facebook, e Instagram).Hay otras órdenes más tradicionales, digamos, como la prohibición de incluir números de teléfono en listas o grupos de Whatsappp y de otras plataformas sin autorización previa, expresa e informada. Además los ciudadanos deberían poder acceder a información sobre cómo los clasificaron para entregarles el mensaje político y si en ese proceso se usaron algorirmos de inteligencia artificial.La Superindustria advierte también que es un delito el uso del Deepfake. Es decir de generar audios, imágenes o videos falsos con inteligencia artifical para suplantar su identidad.La justificación de la Superindustria en su comunicado de prensa es que busca "proteger la libertad de electoras y electores, los derechos de la ciudadanía y la democracia representativa" y que "en una época en la que el tratamiento de datos personales es central para los procesos electorales, la SIC recuerda que las normas sobre protección de datos personales son fundamentales en una sociedad abierta, respetuosa de los principios rectores del Estado social de derecho y de las vías de formación de la voluntad popular".