El general retirado del Ejército Jorge Enrique Mora Rangel, excomandante de las Fuerzas Militares de Colombia, que también hizo parte del equipo del Gobierno que negoció la paz con la antigua guerrilla de las FARC, falleció este sábado en Bogotá a los 80 años de edad."La Dirección General del Hospital Militar Central lamenta informar a la opinión pública que, en la mañana de hoy, 06 de diciembre de 2025, falleció en las instalaciones de esta institución el señor General (R) Jorge Enrique Mora Rangel", informó en un comunicado el Hospital Militar Central de Bogotá (Homil), a donde el alto militar ingresó hace algunas semanas por quebrantos de salud.El general retirado nació en 1945 en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela. Se desempeñó como comandante del Ejército y comandante general de las Fuerzas Militares durante el primer gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006).El actual comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo, lamentó "profundamente" el fallecimiento el general Mora Rangel, "hijo de Cúcuta y soldado de la patria durante más de 42 años"."Su liderazgo firme, su vocación de servicio y su legado marcaron una generación de militares. Acompaño a su familia, compañeros y amigos en este difícil momento", agregó el general Cardozo en su cuenta de X.En la década pasada, estando ya retirado, Mora fue integrante del equipo del Gobierno colombiano que negoció la paz con las Farc junto con el exvicepresidente Humberto de la Calle, el empresario Luis Carlos Villegas y el comisionado de Paz Sergio Jaramillo.Fue también uno de los responsables de implementar el llamado Plan Patriota, la primera ofensiva contra la insurgencia del Gobierno de Uribe, financiada por Estados Unidos con fondos del Plan Colombia. En 2003, tras 42 años al servicio del Ejército, pidió su retiro y fue nombrado embajador en Corea y Filipinas.
Minutos de pánico y terror vivieron los habitantes del municipio de Tesalia, luego de que presuntos integrantes del frente Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc atacaran con explosivos y ráfagas de fusil la estación de Policía de esa localidad, en el occidente del Huila.De acuerdo con información oficial, al menos diez uniformados de la estación de Policía, entre ellos una mujer, repelieron por cerca de media hora el ataque de los hombres armados. El hecho de orden público dejó varios vehículos incinerados, daños materiales en algunos locales de comercio y grafitis alusivos a ese grupo armado ilegal.El coronel Carlos Eduardo Téllez, comandante de la Policía Huila, entregó detalles del ataque armado que, por fortuna, no dejó víctimas ni personas lesionadas. “Delincuentes del grupo armado Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc atacaron con artefactos explosivos improvisados, con cilindros y con armas de fuego a las instalaciones y a los hombres y mujeres de la estación de Policía de Tesalia. Estos valerosos policías repelieron el ataque y evitaron una afectación mayor. No tenemos policías heridos; todos están sanos y salvos”, aseguró.Asimismo, los disidentes, luego de perpetrar el ataque contra la estación de Policía, dejaron abandonado un cilindro, al parecer con explosivos, al interior de una entidad bancaria de la población, donde, según las autoridades, pretendían hurtar el dinero del establecimiento financiero.Entre tanto, el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea hacen presencia en esa zona del departamento, garantizando el orden y la seguridad de sus habitantes. Hay operativos con el fin de dar con la ubicación de los disidentes que incursionaron en el municipio de Tesalia.
Las recientes inspecciones de la Fiscalía a Indumil y al Comando de Personal del Ejército han desatado un nuevo capítulo de cuestionamientos políticos y judiciales sobre el general Juan Miguel Huertas. El operativo, ordenado por un fiscal delegado ante la Corte Suprema, busca recopilar documentos, inventarios, registros de armamento y archivos digitales que permitirían esclarecer los presuntos nexos entre altos mandos de la fuerza pública y las disidencias de alias 'Calarcá'. Todo esto, luego de las revelaciones divulgadas por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, que alertaron sobre posibles infiltraciones y acuerdos clandestinos entre estructuras criminales y funcionarios del Estado.En Recap Blu, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, planteó dos hipótesis sobre la postura del presidente Gustavo Petro para defender al general Huertas, pese a la suspensión de la Procuraduría aunque el mandatario aún no ha firmado el decreto que oficializa la medida.“Uno tendría que pensar, o que el presidente Petro es de una ingenuidad superior, que no es posible creerlo, o que esto también era un acuerdo de campaña", comentó la senadora.En ese sentido, Valencia recordó episodios como el llamado “Pacto de La Picota” y las declaraciones de Juan Fernando Petro sobre apoyos electorales desde las cárceles, para sostener que la presunta cercanía entre sectores criminales y el proyecto político del actual Gobierno no sería nueva. A su juicio, las decisiones recientes en materia de seguridad y justicia apuntarían a consolidar un “salvoconducto para delinquir” en el marco de la llamada paz total.Investigación y denuncias contra HuertasEsta semana, la senadora expuso las denuncias contra el general en el Congreso. Recordó que toda esta trama comenzó cuando la fuerza pública capturó a siete cabecillas, incluido alias 'Calarcá', en un operativo en Antioquia hace más de un año. Cuatro de estos detenidos fueron liberados y los otros tres nombrados “gestores de paz”, lo que, según Valencia, abrió la puerta a un manto de impunidad. La senadora aseguró que los datos contenidos en esos dispositivos apuntan a un entramado de oficiales “pagados por las disidencias”, dedicados a facilitar sus operaciones y a “limpiar” la fuerza pública sacando a quienes obtenían resultados contra estos grupos. Incluso, afirmó que habría referencias a supuestos apoyos políticos y económicos a la campaña de Gustavo Petro provenientes de estructuras criminales."Finalmente, parece que hay una información relacionada a los presuntos apoyos que había recibido la campaña de Gustavo Petro, no solo económico, sino político, por parte de las estructuras narcoterroristas que esta gente representa", afirmó.Sobre por qué Huertas no terminó siendo comandante del Ejército, Valencia señaló que el Gobierno del expresidente Iván Duque lo retiró tras recibir alertas internacionales sobre sus presuntos vínculos con narcoterroristas. Sin embargo, el oficial reapareció en la campaña presidencial de Petro y estuvo cerca de ser nombrado en el máximo cargo de la institución. Según la senadora, solo la advertencia de agencias de inteligencia detuvo la designación. Las investigaciones avanzan y las inspecciones continúan. Pero mientras la Fiscalía recoge más pruebas, el debate público y político se intensifica.
Las tiendas de barrio representan para muchos una solución inmediata cuando en el hogar falta algo. La gente suele comprar en estos pequeños comercios por la cercanía, horarios amplios, atención personalizada y la opción de fiado.Algunos de estos establecimientos también venden alcohol y en su interior cuentan con mesas y sillas para la comodidad de los clientes. Una práctica, que es muy común en las tiendas de barrios, está en la mira de las autoridades y de descubrirla causaría el sellamiento del local.Autoridades pueden sellar tiendas por esta práctica comúnEn medio de una megatoma hecha por la Policía Metropolitana de Bogotá, en la localidad de Engativá, sector Las Ferias, uniformados llegaron a un establecimiento y se encontraron con una situación que generó preocupación.Un niño de 9 años de edad estaba sentado al lado de su padre, mientras varios adultos, incluido su padre, consumían cerveza.El hecho fue descubierto en medio de las acostumbradas rondas de las autoridades a los comercios abiertos al público. Funcionarios de la Secretaría de Seguridad que acompañaban los registros identificaron que "el menor estaba sentado junto a su padre, quien compartía bebidas alcohólicas con otros amigos”.Los policías interrumpieron al grupo de hombres y verificaron el estado del niño. Además, solicitaron la presencia de la madre para que se llevara al menor.Luego de ello, los padres tuvieron que hacer un compromiso formal en el que prometieron no volver a exponer a su hijo a este tipo de situaciones.Sin embargo, el dueño del local se llevó la peor parte, pues la permanencia de niños en locales expendedores de licor no está permitido, según la Ley 124 de 1994.Por lo cual, la tienda “fue suspendida temporalmente por permitir el ingreso y permanencia del menor mientras los adultos consumían alcohol”, manifestó la Secretaría de Seguridad.
Este viernes el Pacto Histórico inscribió sus candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes por Bogotá. En el mismo sentido, se inscribió la lista de La Fuerza, el partido del precandidato Roy Barreras, quien le pidió al Consejo Nacional Electoral que permita la participación de Iván Cepeda en la consulta interpartidista del 8 de marzo.“La unidad es la victoria. Y la unidad implica que estos dos caminos que hay para garantizar que el deseo de cambio de las familias colombianas, de cambio real, de avance, de progreso, de crecimiento, de seguridad y paz, se tramite el domingo 8 de marzo. Es lo ideal, en una consulta presidencial en que podremos unirnos. Vamos a competir para unirnos, es lo que espero. Y por eso he dicho públicamente que deseo que, respetando la autonomía del Consejo Nacional Electoral, el compañero mío de muchos años en el Senado, Iván Cepeda, pueda participar en la consulta, competir conmigo y garantizar que estos dos caminos se unan”, dijo el precandidato Roy Barreras.Por otro lado el senador Iván Cepeda manifestó su intención de ir a la consulta del frente amplio.“Así es, estamos en ese proceso, unas conversaciones intensas con otras fuerzas políticas, vamos a estructurar el Frente Amplio y vamos a hacer los trámites el próximo 8 de diciembre. Según el calendario electoral debemos solicitar a los partidos políticos esta consulta, así que lo haremos nosotros también”, dijo el senador Iván Cepeda.Por su parte el partido En Marcha, del precandidato Juan Fernando Cristo, envió una carta al Consejo Nacional Electoral en la que también manifiesta su intención de ir a la consulta de marzo.
Gran conmoción se vive en São Paulo, Brasil tras el hallazgo del cuerpo de una mujer que había sido abandonado dentro de un carro de supermercado, cuidadosamente envuelto en una bolsa plástica y una sábana. El caso salió a la luz en la madrugada del pasado 2 de diciembre, cuando un residente del sector, que buscaba a un hombre señalado de robar bicicletas, terminó encontrando una escena macabra.De acuerdo con las autoridades, el individuo que empujaba el carro fue identificado como Erick Pereira dos Santos, conocido entre los vecinos por el apodo de 'Cicatriz', debido a dos marcas visibles en su rostro. El residente que lo estaba siguiendo decidió grabar parte del recorrido con cámaras de seguridad después de notar su comportamiento sospechoso.El video que reveló todoEn las imágenes se observa a Pereira dos Santos desplazándose por una calle desolada mientras empuja el carrito con evidente esfuerzo. Cuando el residente se acercó, el sospechoso se percató de que estaba siendo observado y huyó, dejando caer el carro en plena vía.El residente, quien lo seguía en un intento por recuperar las bicicletas robadas, se acercó al carrito creyendo que allí podría encontrarlas. Sin embargo, al levantar la bolsa plástica encontró algo completamente distinto: el cuerpo de una mujer envuelto cuidadosamente. El hallazgo lo dejó en shock. La víctima fue posteriormente identificada como Angélica Alves Camargo, de 43 años.Vecinos de la zona aseguraron haber visto a “Cicatriz” dos días antes en compañía de dos mujeres, una de ellas la víctima identificada, quien era rubia. Aunque las autoridades aún no han determinado si Pereira dos Santos es el autor del homicidio, sí es considerado el principal sospechoso por la ocultación del cadáver, ya que fue registrado trasladando el cuerpo por la vía pública.La Policía Civil de São Paulo continúa investigando los hechos para establecer cómo murió la mujer, en qué circunstancias ocurrió el crimen y cuál fue la participación exacta del hombre captado en el video.
Conectar a Barranquilla con Nueva York, Madrid, Barcelona y otras importantes ciudades del mundo a través de vuelos directos hace parte de los proyectos en los que está trabajando la Alcaldía Distrital, que, incluso, ya empezó a tocar las puertas de las aerolíneas para materializar esta apuesta."Estamos pensando en un vuelo Barranquilla a Madrid, ya estamos haciendo gestiones desde la Alcaldía de Barranquilla y lo que estamos buscando es que nuestra industria de entretenimiento cada día siga creciendo", informó Ana María Aljure, gerente de ciudad, desde el aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz."Con cada ruta nueva se generan más empleos para nuestra gente, se llenan los restaurantes, se llenan los hoteles y esto se convierte en un círculo virtuoso en el que todo ganamos", sostuvo.Por lo pronto, desde este fin de semana Barranquilla estrena vuelos directos a Montería, Valledupar, Aguachica y Bucaramanga, como parte del nuevo hub Caribe que ha creado la aerolínea estatal Satena para conectar a toda la región.El primer vuelo desde Montería a Barranquilla aterrizó la mañana de este viernes en el Cortissoz con 55 pasajeros a bordo, lo que confirma la buena acogida que ha tenido la apuesta, indicó el general Óscar Zuluaga, presidente de Satena."Esa conectividad es parte de la apuesta macro hacia la extensión del servicio esencial que está haciendo la aerolínea. Hoy hacemos presencia en 30 de los 32 departamentos, es un hito y hoy, conectando la región Caribe, estamos cumpliendo esa apuesta de poder desarrollarla de tal manera que se mejoren las condiciones de movilidad", expresó el oficial.El general Zuluaga agregó que el próximo plan de expansión de Satena estaba previsto desarrollarse en oriente, pero hubo algunos inconvenientes en infraestructura y otros temas, que trasladaron este proyecto al Caribe, donde ahora esperan atender las poblaciones donde no hay conectividad aérea.A su vez, Carlos Rodríguez, director regional de Aerocivil, destacó que esta es una nueva etapa de conectividad aérea que representa la oportunidad de impulsar el turismo, fortalecer el comercio y promover el intercambio cultural en la región Caribe.
El acuerdo establece que estas zonas se ubicarán en los municipios de Belén de Bajirá y Unguía (Chocó), y Tierralta (Córdoba). Su puesta en marcha será gradual y progresiva a partir del 1 de marzo de 2026, bajo la supervisión de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA), que acompañará las tareas de verificación y apoyo técnico, logístico y financiero.Las partes acordaron además respetar el proceso electoral en curso y ampliar a 15 municipios el plan piloto de consolidación de acciones para la paz, la transformación territorial y el desescalamiento de las violencias.Antes del 3 de febrero de 2026 deberán definirse los protocolos de funcionamiento de las zonas, que incluirán los mecanismos de seguridad, tránsito, verificación, control de material de guerra y gestión de controversias. De igual manera, el acuerdo contempla la suspensión temporal de las órdenes de captura y extradición contra los miembros del grupo armado que ingresen a las zonas de ubicación conforme a los términos establecidos.El documento fue firmado como parte de los avances del proceso que se desarrolla en el marco de la política de “Paz Total” del gobierno colombiano, cuyo objetivo es abrir espacios de diálogo con los diferentes actores armados y avanzar hacia la transformación de los territorios más afectados por la violencia.Los grupos de trabajo municipales que han venido operando en las zonas priorizadas desde noviembre de 2025 serán los encargados de preparar las condiciones administrativas y logísticas para la instalación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT). Además, podrán presentar propuestas de nuevas zonas de ubicación, bajo criterios de gradualidad y progresividad acordados entre las partes.Este nuevo paso en las conversaciones entre el Gobierno y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo, representa un avance en el propósito de desescalar el conflicto armado, generar condiciones de confianza y abrir el camino hacia una eventual dejación de armas y la reintegración de los combatientes.
La FIFA otorgó este viernes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el recién creado Premio de la Paz, una distinción presentada en noviembre por el máximo organismo del fútbol para reconocer a figuras que aporten a la unión global.El galardón fue entregado durante el sorteo del Mundial de 2026, que organizarán Estados Unidos, Canadá y México, en un evento realizado en el Centro Cultural Kennedy, en Washington.“Es uno de los grandes honores de mi vida”, afirmó el mandatario al recibir el reconocimiento de manos del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.Al anunciar la creación del premio, la FIFA señaló que su objetivo es destacar a personas que, “con su compromiso inquebrantable y acciones especiales, hayan contribuido a unir a las personas en todo el mundo en un espíritu de paz”.Trump, de 79 años, ha abogado abiertamente por recibir el Nobel de Paz, que finalmente fue otorgado en octubre a la opositora venezolana María Corina Machado.El presidente estadounidense mantiene una relación cercana con Infantino, quien lo ha respaldado en su propósito de impulsar la popularidad del soccer en Estados Unidos. En esa línea, además del Mundial de 2026, el país albergó el pasado verano boreal la primera edición del Mundial de Clubes ampliado. También se proyecta que Estados Unidos pueda organizar, junto con México y Costa Rica, la Copa Mundial Femenina de 2031.Infantino ha expresado además su apoyo a las iniciativas de paz promovidas por Trump en Oriente Medio.Sin embargo, la FIFA enfrenta críticas por su postura frente a la federación israelí de fútbol en medio de la ofensiva de Israel en Gaza. Diversos sectores cuestionan que el organismo no haya tomado medidas similares a las aplicadas contra Rusia, cuya selección fue excluida de las competencias internacionales tras la invasión a Ucrania, una sanción que continúa vigente.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dio un parte de las operaciones militares realizadas en el departamento del Meta, específicamente en la vereda Guaymaral en las que fueron capturadas dos personas, una de ellas resultó herida. Además, un civil murió producto de los combates, situación que se encuentra en investigación.“En ninguna parte de la Constitución Política de Colombia menciona que pueden existir carteles del narcotráfico o grupos criminales. Por ello, en operaciones militares nuestro Ejército, sostuvo combate contra integrantes del grupo armado criminal al servicio de alias ‘Calarca’, que delinquen en esta zona del país”, indicó el jefe de cartera a través de X.Mientras avanzaba la maniobra de retiro de las tropas del Ejército, un civil fue herido en un punto cercano donde varias personas se habían agrupado para intentar interrumpir la operación militar. La persona fue trasladada, pero falleció debido a la gravedad de las heridas. El Ejército confirmó que se abrió una investigación inmediata para esclarecer lo ocurrido y establecer responsabilidades.En el lugar también fue incautado material de guerra e intendencia que pertenecería a esa organización, lo que según el ministro, afecta directamente su capacidad logística.
La Policía ecuatoriana detuvo este sábado a un hombre que transportaba en un camión "grandes cantidades de material explosivo de alto poder destructivo" que provenía de Perú y que tenía como destino final Colombia, señaló el ministro del Interior, John Reimberg.El hombre fue detenido en el municipio de Ibarra, de la provincia norteña de Imbabura, y, según explicó Reimberg, la modalidad de adquisición de dichos explosivos está dentro de "un esquema de tráfico internacional ilícito de armas, municiones y explosivos no autorizados".Los explosivos son ingresados clandestinamente a Ecuador desde Perú y posteriormente cruzan todo el país hacia la provincia norteña de Carchi, en la frontera con Colombia."Finalmente (van) a territorio colombiano, donde serían empleados por grupos armados irregulares en la ejecución de acciones terroristas", precisó el ministro en su cuenta de la red social X.Al hombre se le incautó emulsión encartuchada que está clasificado como "explosivo inestable y de alta peligrosidad", según indicó el ministro, que agregó que el detenido fue llevado ante la justicia para su debido procesamiento.Ecuador se encuentra desde 2024 bajo un "conflicto armado interno" declarado por el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que se le atribuye la escalada de violencia que vive en los últimos años el país andino.Estos grupos están dedicados principalmente al narcotráfico, pero en los últimos años han diversificado sus operaciones hacia las extorsiones, los secuestros, la minería ilegal y el tráfico de armas y explosivos.
El municipio de Puracé, en el departamento del Cauca, inició una fase crítica dentro de su plan de gestión del riesgo luego del incremento reciente de actividad volcánica en el macizo Puracé, clasificado en alerta Naranja.El Comité Extraordinario de Manejo de Desastres recomendó la evacuación inmediata de la Zona 1, reconocida como área de amenaza alta, debido a movimientos sísmicos frecuentes, emisiones significativas de gases y presencia constante de ceniza en distintos puntos del territorio.En ese sector viven cerca de 70 personas, quienes recibieron comunicación directa de las autoridades municipales para emprender una salida ordenada y preventiva. La responsabilidad de emitir esa orden recae exclusivamente en el municipio, siguiendo los lineamientos que cobijan su autonomía administrativa frente a situaciones de este tipo.Gobierno central y entidades de respuesta activan protocolos Mientras el municipio implementa su plan de acción, el Gobierno nacional junto con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres inició un proceso de alistamiento y preposicionamiento de recursos para atender cualquier escenario posible. Equipos operativos, logísticos y técnicos se mantienen en estado de disponibilidad para fortalecer la respuesta local si el comportamiento del volcán muestra variaciones adicionales.La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres enviará una comisión técnica especializada con el propósito de reforzar el monitoreo directo, estudiar el entorno y revisar necesidades inmediatas relacionadas con rutas de evacuación, puntos seguros, comunicación comunitaria y medidas de protección.Recomendaciones para la comunidadNo acercarse al cráter ni a zonas de amenaza alta.Usar tapabocas y proteger ojos y piel ante caída de ceniza.Cubrir fuentes de agua.Consultar y seguir únicamente fuentes oficiales.Atender indicaciones del SGC, la UNGRD y autoridades locales.Tener listo el kit de emergencias.
El soldado profesional Víctor Andrés Barragán Valderrama, guía canino del Ejército Nacional, llegará a la Décimo Tercera Noche de Honor, en el Parque del Café en Armenia, Quindío, con una historia que resume disciplina, humanidad y un servicio silencioso que ha marcado la diferencia en algunos de los momentos más críticos del país.Con 18 años de servicio, Barragán se ha convertido en uno de los rostros más representativos de las operaciones de búsqueda y localización de personas vivas y fallecidas. No trabaja solo: lo acompaña Urco, un perro entrenado en el Centro Canino del Ejército, con quien formó equipo hace siete años y desde entonces se han convertido en una pareja inseparable en el campo de rescate.A lo largo de este tiempo, el binomio ha sido desplegado en emergencias causadas por sismos, deslizamientos y remociones en masa en diferentes regiones del país. Su labor, según Barragán, es crucial para complementar el trabajo de organismos de socorro como Bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja, que también cuentan con grupos de búsqueda K9 (caninos). “Llegamos a lugares donde las familias lo necesitan todo, incluso una esperanza. Y muchas veces esa esperanza la brinda un perro entrenado”, explica el soldado.El guía reconoce que el trabajo no es solo técnico, sino profundamente emocional. “Yo tengo hijos. Lo más duro es ver abuelos y niños afectados, algunos fallecidos. Eso golpea, pero también reafirma la misión”, cuenta. Pese a las dificultades, asegura que cada operación fortalece su compromiso y reafirma el valor del entrenamiento que ambos reciben para darle una respuesta rápida a quienes esperan noticias de sus seres queridos.Barragán destaca, además, la importancia histórica de los perros en las labores de rescate tanto en Colombia como en el mundo. Subraya que estos animales necesitan bienestar, respeto y un trato que reconozca su papel como parte esencial de las misiones humanitarias. “Ellos piensan como perros, pero están dispuestos a lo que muchos no: entregar la vida por nosotros”, afirma.Por esa entrega, por las vidas encontradas y por las historias que han acompañado desde primera línea, Barragán y Urco subirán al escenario de la Noche de Honor, donde su labor será exaltada ante el país. Una ceremonia que busca reconocer a quienes, sin protagonismo, han sido vitales en momentos decisivos para cientos de familias.
De “infundadas, irresponsables y calumniosas”, calificó Armando Novoa, jefe de la delegación de paz del Gobierno, las declaraciones de la precandidata presidencial Claudia López quien aseguro que “toda la mesa de negociación de este gobierno debe terminarse ya porque sería un concierto para delinquir contra el país”.Novoa dijo a Blu Radio que las “afirmaciones de López no tienen ningún sustento probatorio y son temerarias porque ella no ha visto los avances que se han logrado en la reducción de la violencia”, en donde la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano tiene una amplia presencia en Nariño y Putumayo.El jefe de la delegación aseguró que “ya se instauró la denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de injuria y calumnia”. Ahora, Claudia López deberá demostrar ante el ente investigador las pruebas que sustenten sus acusaciones en contra de la delegación “porque su condición de precandidata presidencial no la habilita a hacer graves señalamientos irresponsables sobre delitos que la delegación no ha cometido”.Lo anterior, según Novoa, “demuestra la degradación a la que ha llegado la calidad del debate electoral”.Además, advirtió que desde junio del 2024, cuando el Gobierno autorizó oficialmente la instalación de la mesa de diálogos de paz con la entonces Segunda Marquetalia hoy Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, “la delegación ha condenado cualquier conducta de corrupción que se comete e intente cometer a instancias de la mesa de paz y solicito a las autoridades judiciales que adelanten las investigaciones necesarias”.Novoa manifestó que ya presentaron ante la Fiscalía todas las actas que contienen los acuerdos que hasta el momento se han suscrito en un año y seis meses de conversaciones de paz.“Nuestra delegación en la mesa de diálogos de paz no ha incurrido ni incurrirá en actos contrarios a la constitución y a la ley”, preciso el jefe negociador del gobierno.“La precandidata presidencial Claudia López está desconociendo los avances que se han concretado en la mesa de diálogos de paz y que se traducen en unas condiciones de menor violencia hacia las comunidades en las zonas donde ese grupo ilegal tienen presencia, Nariño y Putumayo”, agregó.De igual forma, el jefe de la delegación indicó: “recibimos todas las críticas constructivas que hay hacia la política de paz total, pero no vamos a permitir que se injurie y se nos calumnie”Novoa pidió a López corregir sus afirmaciones y le extendió una invitación a Tumaco para reunirse con la delegación y “constatar la realidad y los avances de la mesa de paz en el territorio”.
Tristeza y dolor causó en el sur del Huila la muerte de los jóvenes Camilo Andrés Figueroa Quisaboni y Stiven Orlando Cardozo Quisaboni, quienes fallecieron en un accidente de tránsito que se registró en el casco urbano del municipio de Pitalito.Según versiones oficiales, los dos jóvenes se movilizaban en una motocicleta y, en el sector conocido como La Bombonera, fueron arrollados por un vehículo tipo camioneta marca Toyota, de placa JBT-302 y color blanco. Debido al fuerte impacto, murieron en el lugar de los hechos.De acuerdo con las hipótesis de las autoridades, el conductor de la camioneta, quien resultó ileso del accidente, al parecer se encontraba en estado de embriaguez y habría omitido el semáforo en rojo.“De lo que se ha indagado hasta el momento, al parecer uno de los vehículos involucrados omitió la señal del semáforo en rojo y tanto el conductor de la camioneta como las dos víctimas de la motocicleta manejaban bajo los efectos del alcohol”, relató la directora de Tránsito y Transporte de Pitalito, Jessica Porras.Entre tanto, los agentes de movilidad continúan recolectando evidencias que les permitan esclarecer las causas que originaron el siniestro vial que terminó en tragedia, donde perdieron la vida los primos Camilo Andrés y Stiven Orlando, de 23 y 24 años, respectivamente.No obstante, en otro accidente de tránsito ocurrido en el centro de Neiva, perdió la vida un hombre que laboraba como domiciliario, quien al parecer fue arrollado por un vehículo particular tipo camioneta. Las autoridades recomiendan conducir con responsabilidad en esta temporada de Navidad, cuando aumenta el flujo vehicular.
La Superintendencia de Vigilancia de Seguridad Privada y la Aeronáutica Civil emitieron una circular que establece las reglas para el uso de drones en actividades de vigilancia privada. La medida busca unificar criterios y fijar un marco claro para la operación de estas aeronaves no tripuladas, cuyo uso ha crecido de forma acelerada en el sector.De acuerdo con la circular, las empresas solo podrán operar drones si cuentan con una licencia de funcionamiento vigente y con la autorización de medio tecnológico otorgada por la Supervigilancia. Además, deberán certificarse como explotadores UAS (Sistema de Aeronave no Tripulada) ante la Aerocivil y garantizar que tanto los equipos como los pilotos cumplan con los requisitos técnicos y de formación exigidos por la autoridad aeronáutica. Cada dron deberá ser registrado ante la Supervigilancia antes de entrar en operación.“Los drones sólo podrán emplearse para actividades de vigilancia y seguridad privada orientadas a la captura de imágenes o datos. Queda prohibido su uso para transporte de artículos, traslado de armas, manejo de mercancías peligrosas o cualquier actividad que no esté contemplada en la normativa aeronáutica”, explicó Miguel De la Hoz García, jefe de la Oficina Jurídica de la Supervigilancia.La circular también incluye un régimen de transición para facilitar la implementación, es decir que la norma vigente seguirá aplicándose según lo disponga la Aerocivil. Las empresas que no cuenten con certificación deberán iniciar los trámites, mientras que quienes ya la tengan deberán registrar formalmente sus equipos ante la Supervigilancia para continuar operando dentro del marco legal.Las entidades reiteraron la importancia de que todas las empresas del sector revisen la circular, verifiquen el cumplimiento de los requisitos y realicen los trámites necesarios para garantizar un uso seguro y responsable de esta tecnología.
El excomandante guerrillero Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, conocido como Simón Trinidad, presentó el 5 de diciembre de 2025 una solicitud formal ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En el documento, su abogada Sara María Triana Lesmes pidió su acreditación como víctima dentro del macrocaso 06, que investiga los crímenes cometidos contra los miembros y simpatizantes de la Unión Patriótica (UP), en lo que se ha descrito como un exterminio político.Según la solicitud, Trinidad sostiene que antes de su vinculación a las FARC-EP fue un académico y dirigente cívico en Valledupar. En la década de 1980, explica, trabajaba como economista, fue docente en la Universidad Popular del Cesar y participó en la creación del Movimiento Cívico Popular “Causa Común”, que luego se articuló con la Unión Patriótica tras los acuerdos de tregua entre el Gobierno de Belisario Betancur y las Farc.El documento relata que, entre 1985 y 1987, se intensificaron las amenazas, asesinatos y actos de persecución contra los militantes de izquierda y los líderes sociales del Cesar, en un contexto de creciente estigmatización política. Trinidad afirma haber recibido mensajes de amenaza contra él y su familia, lo que lo obligó a exiliarse en México. Señala como presuntos responsables al Batallón La Popa, autoridades locales y al extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), a quienes atribuye acciones y omisiones que propiciaron la violencia contra los integrantes de la UP.La defensa argumenta que estos hechos constituyeron una violación a sus derechos a la vida, la libertad de expresión, la participación política y la asociación, lo que derivó en un exilio forzado y, posteriormente, en su decisión de ingresar a las FARC-EP como una forma de resistencia ante la persecución estatal. En el documento, Trinidad plantea que el exterminio de la Unión Patriótica no solo aniquiló un proyecto político, sino que también forzó a muchos de sus miembros a abandonar el país o integrarse a la insurgencia.El reconocimiento que solicita ante la JEP no implica beneficios judiciales ni económicos, sino un acto de verdad, memoria y reparación simbólica, en el marco del macrocaso 06, abierto en 2022 para esclarecer la responsabilidad del Estado, de actores armados y de particulares en los crímenes cometidos contra la UP. Este caso es considerado uno de los más importantes de la justicia transicional, pues documenta más de 6.000 asesinatos, desapariciones y desplazamientos de militantes, familiares y simpatizantes del movimiento.Actualmente, Simón Trinidad cumple una condena de 60 años de prisión en Estados Unidos, en la penitenciaría federal de máxima seguridad ADX Florence, en el estado de Colorado. Fue capturado en Ecuador en 2004, extraditado a territorio estadounidense en 2005 y posteriormente condenado por el secuestro de tres contratistas norteamericanos. Desde entonces, diversos sectores sociales y de derechos humanos han solicitado que pueda participar, aunque sea de manera virtual, en los procesos de verdad y reconocimiento de la JEP, argumentando que su testimonio sería fundamental para reconstruir la historia de la violencia política en Colombia y las causas del conflicto armado.
“Nosotros creamos eso”, fueron las palabras con las que se refirió desde Barranquilla el expresidente Álvaro Uribe Vélez acerca de la reducción de la jornada laboral que se dio en el país, remarcando que esta surgió mucho antes que la reforma laboral adelantada por el presente gobierno de Gustavo Petro.Uribe se refirió exactamente a la Ley 2101 del 2021, aprobada durante el gobierno de Iván Duque cuando la impulsó siendo senador del Centro Democrático, y en la que se pasó de 46 a 44 horas. Por lo tanto, para él es incorrecto que ahora eso sea catalogado como la “Hora Petro”.“¿Cómo le parece la Hora Petro? A la que le tengo miedo es a la de los domingos, cuando se despierta y empieza a insultarme. Esa sí es queridos amigos”, dijo inicialmente.“Mire este problemita, el partido tiene que hacer un esfuerzo muy grande. Ahora se le dio por decir embustes, que la Hora Petro, cuando nosotros creamos eso. Hay que hacer una gran publicidad para recordar que la Hora Petro es cuando se despierta los domingos, y no sé con qué diablos se despierta, que se le da por insultarme”, agregóEl exjefe de Estado, contrario a lo que dice Gustavo Petro, afirmó que Colombia sí tenía recargos dominicales y nocturnos cuando culminó su vigencia. Asimismo, apunta que los cambios aprobados no generan un gran beneficio, sino un “daño a las empresas”."Aquí había recargos el domingo y el día de fiesta del 75%, él lo subió al 100%”, remarcó insistiendo en que hay que apuntarle a bajar los impuestos.Estas palabras del expresidente Álvaro Uribe Vélez fueron dichas en la capital del Atlántico desde la presentación de la lista de la coalición de los partidos Centro Democrático, Nuevo Liberalismo y Mira, hacia la cámara de representantes por el Atlántico.Allí el exmandatario también envió críticas a la reforma de Salud que intenta mantener viva en Gobierno en el Congreso, argumentando que que las medidas de Gustavo Petro quebraron el sistema.Que durante su mandato se iniciaron con 10 millones de ciudadanos en el régimen subsidiado, los cuales terminaron siendo según él más de 21 millones. En el contributivo también habló de un crecimiento de ocho millones de personas.
El gobierno de Colombia realizó un llamado urgente a Estados Unidos para que cese cualquier operación militar extraterritorial que afecte a países de la región, entre ellos Colombia y Venezuela. La canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy rechazó de manera contundente cualquier insinuación de emplear la fuerza militar dentro del territorio colombiano o de otros Estados soberanos, en respuesta a la reciente escalada de acciones y declaraciones provenientes de Washington.Este llamado se da luego de que el pasado martes 2 de diciembre, el presidente Donald Trump anunciara que su ofensiva antidrogas podría ampliarse a operaciones terrestres en países como Venezuela y Colombia.El mandatario aseguró que naciones que produzcan o envíen drogas hacia EE. UU. estarán expuestas a ataques y mencionó directamente a Colombia al afirmar que posee “fábricas enteras de cocaína”.La canciller recordó que ningún Estado puede realizar operaciones armadas en el territorio de otro sin su consentimiento expreso, señalando que tales actos violan directamente la Carta de las Naciones Unidas y los principios que sostienen la paz internacional.La funcionaria advirtió que la normalización de intervenciones extraterritoriales, como los bombardeos realizados recientemente en el Caribe, ha dejado decenas de víctimas y constituye un precedente peligroso en una región que históricamente se ha reconocido como zona de paz.A pesar de que Washington ha defendido sus acciones argumentando que buscan “eliminar amenazas” ligadas al narcotráfico, las cifras divulgadas por el Departamento de Guerra han sido calificadas por Venezuela como “ejecuciones extrajudiciales”.La canciller Villavicencio reiteró que Colombia ha enfrentado el narcotráfico con rigor, sacrificio y cooperación internacional, por lo que ninguna acción unilateral puede justificarse bajo este pretexto.“Nada de ello puede ser utilizado para justificar amenazas, injerencias o acciones que contravienen el derecho internacional”, sostuvo.El gobierno colombiano insistió en que la estabilidad regional depende del respeto pleno a la soberanía, la resolución pacífica de controversias y el cumplimiento estricto de las normas internacionales, principios que, advierte, no pueden ser vulnerados por ningún Estado.
En una de las incautaciones más grandes del año, tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales, en coordinación con la Policía Nacional, decomisaron 5.680 kilogramos de clorhidrato de cocaína en zona rural de Nariño. El hallazgo se produjo en dos laboratorios ubicados en áreas selváticas, conformados por 10 subestructuras que operaban como centros de producción de alto rendimiento.La primera operación se adelantó en la vereda Tres Bocas, en El Charco, donde fue ubicado un complejo cocalero con seis subestructuras capaces de producir hasta tres toneladas mensuales. Según la inteligencia militar, estas instalaciones pertenecían a la Estructura 30 ‘Rafael Aguilera’, facción bajo el mando de alias Iván Mordisco. Allí se hallaron 2.846 kilogramos de clorhidrato de cocaína, además de 8.746 galones de insumos líquidos, 136 galones de droga en suspensión y maquinaria utilizada para el procesamiento del alcaloide.Horas después, en la vereda Cordillera del municipio de Córdoba, las tropas localizaron otro laboratorio compuesto por cuatro estructuras adicionales. En este punto fueron incautados 2.834 kilogramos de cocaína y 385 galones de insumos líquidos, completando el total de más de cinco toneladas y media del estupefaciente.De acuerdo con información de inteligencia, este brazo de las disidencias enviaba la droga hacia Centroamérica y Europa, lo que representa un golpe a sus finanzas ilegales estimado en 28.873 millones de pesos. En términos operativos, la incautación evitó la circulación de aproximadamente 5.680.000 dosis.
El Gobierno, a través de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, calificó como un sabotaje tecnológico las recientes alteraciones registradas en el espacio aéreo venezolano por parte de Estados Unidos."Se están emitiendo señales engañosas, ciberataques, señales que pretenden engañar a los equipos de posicionamiento, a los GPS. Eso ya creo que sobrepasa cualquier límite. Y creo que aquí debe haber un pronunciamiento, ojalá el día de hoy, de la OACI y de instancias internacionales, porque hacer un saboteo, hoy en día, tecnológico, a una operación aérea en cualquier lugar del mundo es un crimen".Rojas añadió que este tipo de acciones no solo comprometen la operación en Venezuela, sino que podrían afectar en cualquier momento a Colombia u otro país, razón por la cual afirmó que el tema será tratado directamente con el presidente de la República, Gustavo Petro.Por su parte, el director encargado de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez, rechazó "las manifestaciones de incertidumbre de los cielos de la soberanía venezolana" y afirmó que ha estado en constante diálogo con aerolíneas venezolanas que estarian dispuestas a operar luego de la suspensión de vuelos de Satena y Wingo."Nos ofrecieron, inclusive, unas aseguradoras importantísimas, de mucho reconocimiento, en el cual ellos dicen que si, de pronto, Wingo, Satena y las demás aerolíneas quieren que no se les dé un tema con base a lo de las aseguradoras, ellos hacen el contacto directo con la misma aseguradora para que ellos puedan hacer la tarea".Martínez agregó que la Aerocivil mantiene comunicación directa con las autoridades venezolanas y con las compañías afectadas. Además, dijo que se está verificando la situación de pasajeros para garantizar transbordos inmediatos en caso de requerirse.
En una decisión calificada como histórica, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP anunció la acreditación del territorio de los Montes de María como víctima del conflicto armado. La providencia responde a la solicitud del colectivo Organizaciones de Población Desplazada Étnicas y Campesinas (OPDs), conformado por más de 25 comunidades campesinas, negras, afrodescendientes e indígenas que habitan esta región del Caribe colombiano.El reconocimiento permitirá al territorio, a través de sus representantes, participar en todas las etapas del proceso, aportar pruebas, intervenir en las audiencias y acceder a medidas restaurativas. La JEP determinó que los daños sufridos por los Montes de María trascienden la dimensión humana, afectando también los ecosistemas, los vínculos espirituales y culturales que sostienen la vida colectiva.Según la magistrada María del Pilar Valencia, relatora del subcaso, existen pruebas suficientes de la victimización derivada de hechos ocurridos con ocasión del conflicto. La violencia provocó desplazamientos, despojo y abandono forzado de tierras, además de la destrucción del bosque seco tropical, uno de los ecosistemas más amenazados del país.El alto tribunal destacó que los Montes de María comparten afectaciones con el Canal del Dique y el río Magdalena, ambos ya reconocidos como víctimas, y que la reparación debe incluir la restauración ambiental y espiritual del territorio. Esta visión, según la JEP, materializa un ejercicio de pluralismo jurídico y descolonización del derecho, al integrar las cosmovisiones indígenas, afrodescendientes y campesinas.La decisión resalta la resistencia y las acciones de cuidado ambiental desarrolladas por las comunidades, consideradas actores fundamentales en la conservación de la naturaleza. En la región se han restituido más de 16.000 hectáreas, se registran 230.565 víctimas y 85 sujetos de reparación colectiva.Durante el acto de notificación realizado en Ovejas (Sucre), los representantes de las comunidades celebraron el fallo como un triunfo colectivo. “Este auto es una victoria para la región y para el país; nos convoca a fortalecer la acción colectiva y a seguir defendiendo nuestro territorio montemariano”, expresó uno de los voceros.
Los grupos armados que operan en el departamento del Putumayo, fronterizo con Perú y Ecuador, están utilizando las negociaciones de paz con el Gobierno para reforzar su control sobre la población civil y han cometido graves abusos contra comunidades indígenas, alertó este viernes, 5 de diciembre Human Rights Watch (HRW)."Los grupos armados de Putumayo están utilizando las negociaciones de paz como una oportunidad para reforzar su control sobre la población", aseguró la directora de la División de las Américas de HRW, Juanita Goebertus, citada en un comunicado de su despacho.La funcionaria explicó que, "mientras las negociaciones de paz se centran en la reducción de los cultivos de coca, los grupos armados imponen sus propias reglas en Putumayo y castigan severamente a quienes las desobedecen".Desde 2023, el Gobierno colombiano ha estado en negociaciones de paz con varios grupos armados que controlan partes de Putumayo, en la frontera con Ecuador.Pese a que algunas mesas de diálogo han llegado a acuerdos para destruir armas y sustituir los cultivos de coca, varias disidencias de las extintas FARC, como Comandos de la Frontera y los frentes Raúl Reyes y Carolina Ramírez, siguen estableciendo control territorial y cometiendo abusos contra los habitantes de la zona."Los grupos armados han asesinado a líderes comunitarios, reclutado a niños, confinado a la población y castigado a quienes violan sus normas con multas y trabajos forzados", añadió HRW.En septiembre de 2025, HRW visitó varias poblaciones del Putumayo, y entrevistó a 45 personas, entre ellas víctimas, líderes y defensores de derechos humanos, autoridades indígenas, trabajadores humanitarios y autoridades gubernamentales.El común denominador es que la mayoría de esas personas "teme represalias por parte de los grupos armados y habló bajo condición de anonimato".Putumayo es un lugar estratégico para la producción y el tráfico de drogas y es el departamento que tiene la segunda mayor producción de coca, solo superado por el departamento vecino de Nariño.Actualmente, dos de los tres grupos armados presentes en Putumayo están en negociaciones de paz con el Gobierno. Por un lado, los Comandos de la Frontera, parte de una coalición conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), que opera a lo largo de la frontera con Ecuador.Por otro, el Frente Raúl Reyes, que forma parte del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) y tiene fuerte presencia en el norte de Putumayo, en la frontera con los departamentos de Caquetá y Cauca.Mientras tanto, el Frente Carolina Ramírez, que forma parte de un grupo conocido como Estado Mayor Central (EMC) y opera al oriente de Putumayo, estuvo en diálogos de paz con el Gobierno entre noviembre de 2023 y abril de 2024, pero actualmente no forma parte de las negociaciones.
En hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades judiciales, una menor de 14 años de edad, fue atacada con arma de fuego al parecer por un adolescente al interior de un conjunto residencial del barrio Cuarto Centenario en el sur de Neiva.Según información oficial, la menor alcanzó a ser llevada con vida a un centro hospitalario de la ciudad donde horas después falleció como consecuencia del disparo que, al parecer, recibió en la cabeza, mientras que el agresor otro menor de edad fue aprehendido por la policía.“La comunidad informa a las unidades policiales requiriendo la presencia de los uniformados en el sector del barrio Neiva Cuarto Centenario, donde una menor de edad había sido evacuada desde el interior de un apartamento con una lesión de arma de fuego, lastimosamente en horas de la madrugada a raíz de dicha lesión la menor pierde la vida” informó el coronel Héctor Jairo Betancourt, comandante de la policía Metropolitana de Neiva.Asimismo, las autoridades también investigan un hecho de violencia que se presentó en el barrio Villa Café oriente de Neiva, donde fue asesinado un hombre identificado como Luis Alberto Cabrera de 54 años de edad.De acuerdo con versiones oficiales, la víctima iba saliendo de su casa, donde hombres a bordo de una motocicleta lo interceptaron y sin mediar palabra le dispararon