El secretario de Gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas, confirmó que, de acuerdo a la verificación de cámaras de seguridad y testimonios de algunos habitantes, durante el ataque armado por disidentes del bloque “Isaías Pardo” de las Farc contra la estación de Policía del municipio de Tesalia, dos presuntos integrantes de ese grupo ilegal murieron en los enfrentamientos con los uniformados.Según registros del Ejército y de la Policía, los cuerpos de los dos disidentes abatidos los subieron en camionetas por los mismos insurgentes cuando huyeron hacia la zona montañosa de la cordillera Central, luego de perpetrar la acción terrorista.“También tenemos un reporte que, a través de un registro de cámaras de videovigilancia, que producto del cruce de disparos se logró neutralizar, al parecer, dos sujetos que hacían parte del grupo armado ilegal, cuyos cuerpos fueron trasladados en tres camionetas y dos motocicletas que huyeron hacia la zona del centro poblado de Pacarní”, expuso el secretario de Gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas.Entre tanto, expertos antiexplosivos de la Policía, en coordinación con el Ejército, lograron desactivar de manera controlada un cilindro aparentemente cargado con explosivos que fue dejado abandonado por los insurgentes al interior de una entidad bancaria del municipio.Asimismo, las autoridades y la administración municipal adelantan un censo de los daños materiales causados durante la incursión armada, donde varios vehículos, incluyendo una motocicleta, fueron incinerados por los disidentes de las Farc.
El general retirado del Ejército Jorge Enrique Mora Rangel, excomandante de las Fuerzas Militares de Colombia, que también hizo parte del equipo del Gobierno que negoció la paz con la antigua guerrilla de las FARC, falleció este sábado en Bogotá a los 80 años de edad."La Dirección General del Hospital Militar Central lamenta informar a la opinión pública que, en la mañana de hoy, 06 de diciembre de 2025, falleció en las instalaciones de esta institución el señor General (R) Jorge Enrique Mora Rangel", informó en un comunicado el Hospital Militar Central de Bogotá (Homil), a donde el alto militar ingresó hace algunas semanas por quebrantos de salud.El general retirado nació en 1945 en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela. Se desempeñó como comandante del Ejército y comandante general de las Fuerzas Militares durante el primer gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006).El actual comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo, lamentó "profundamente" el fallecimiento el general Mora Rangel, "hijo de Cúcuta y soldado de la patria durante más de 42 años"."Su liderazgo firme, su vocación de servicio y su legado marcaron una generación de militares. Acompaño a su familia, compañeros y amigos en este difícil momento", agregó el general Cardozo en su cuenta de X.En la década pasada, estando ya retirado, Mora fue integrante del equipo del Gobierno colombiano que negoció la paz con las Farc junto con el exvicepresidente Humberto de la Calle, el empresario Luis Carlos Villegas y el comisionado de Paz Sergio Jaramillo.Fue también uno de los responsables de implementar el llamado Plan Patriota, la primera ofensiva contra la insurgencia del Gobierno de Uribe, financiada por Estados Unidos con fondos del Plan Colombia. En 2003, tras 42 años al servicio del Ejército, pidió su retiro y fue nombrado embajador en Corea y Filipinas.
Minutos de pánico y terror vivieron los habitantes del municipio de Tesalia, luego de que presuntos integrantes del frente Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc atacaran con explosivos y ráfagas de fusil la estación de Policía de esa localidad, en el occidente del Huila.De acuerdo con información oficial, al menos diez uniformados de la estación de Policía, entre ellos una mujer, repelieron por cerca de media hora el ataque de los hombres armados. El hecho de orden público dejó varios vehículos incinerados, daños materiales en algunos locales de comercio y grafitis alusivos a ese grupo armado ilegal.El coronel Carlos Eduardo Téllez, comandante de la Policía Huila, entregó detalles del ataque armado que, por fortuna, no dejó víctimas ni personas lesionadas. “Delincuentes del grupo armado Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc atacaron con artefactos explosivos improvisados, con cilindros y con armas de fuego a las instalaciones y a los hombres y mujeres de la estación de Policía de Tesalia. Estos valerosos policías repelieron el ataque y evitaron una afectación mayor. No tenemos policías heridos; todos están sanos y salvos”, aseguró.Asimismo, los disidentes, luego de perpetrar el ataque contra la estación de Policía, dejaron abandonado un cilindro, al parecer con explosivos, al interior de una entidad bancaria de la población, donde, según las autoridades, pretendían hurtar el dinero del establecimiento financiero.Entre tanto, el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea hacen presencia en esa zona del departamento, garantizando el orden y la seguridad de sus habitantes. Hay operativos con el fin de dar con la ubicación de los disidentes que incursionaron en el municipio de Tesalia.
Las recientes inspecciones de la Fiscalía a Indumil y al Comando de Personal del Ejército han desatado un nuevo capítulo de cuestionamientos políticos y judiciales sobre el general Juan Miguel Huertas. El operativo, ordenado por un fiscal delegado ante la Corte Suprema, busca recopilar documentos, inventarios, registros de armamento y archivos digitales que permitirían esclarecer los presuntos nexos entre altos mandos de la fuerza pública y las disidencias de alias 'Calarcá'. Todo esto, luego de las revelaciones divulgadas por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, que alertaron sobre posibles infiltraciones y acuerdos clandestinos entre estructuras criminales y funcionarios del Estado.En Recap Blu, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, planteó dos hipótesis sobre la postura del presidente Gustavo Petro para defender al general Huertas, pese a la suspensión de la Procuraduría aunque el mandatario aún no ha firmado el decreto que oficializa la medida.“Uno tendría que pensar, o que el presidente Petro es de una ingenuidad superior, que no es posible creerlo, o que esto también era un acuerdo de campaña", comentó la senadora.En ese sentido, Valencia recordó episodios como el llamado “Pacto de La Picota” y las declaraciones de Juan Fernando Petro sobre apoyos electorales desde las cárceles, para sostener que la presunta cercanía entre sectores criminales y el proyecto político del actual Gobierno no sería nueva. A su juicio, las decisiones recientes en materia de seguridad y justicia apuntarían a consolidar un “salvoconducto para delinquir” en el marco de la llamada paz total.Investigación y denuncias contra HuertasEsta semana, la senadora expuso las denuncias contra el general en el Congreso. Recordó que toda esta trama comenzó cuando la fuerza pública capturó a siete cabecillas, incluido alias 'Calarcá', en un operativo en Antioquia hace más de un año. Cuatro de estos detenidos fueron liberados y los otros tres nombrados “gestores de paz”, lo que, según Valencia, abrió la puerta a un manto de impunidad. La senadora aseguró que los datos contenidos en esos dispositivos apuntan a un entramado de oficiales “pagados por las disidencias”, dedicados a facilitar sus operaciones y a “limpiar” la fuerza pública sacando a quienes obtenían resultados contra estos grupos. Incluso, afirmó que habría referencias a supuestos apoyos políticos y económicos a la campaña de Gustavo Petro provenientes de estructuras criminales."Finalmente, parece que hay una información relacionada a los presuntos apoyos que había recibido la campaña de Gustavo Petro, no solo económico, sino político, por parte de las estructuras narcoterroristas que esta gente representa", afirmó.Sobre por qué Huertas no terminó siendo comandante del Ejército, Valencia señaló que el Gobierno del expresidente Iván Duque lo retiró tras recibir alertas internacionales sobre sus presuntos vínculos con narcoterroristas. Sin embargo, el oficial reapareció en la campaña presidencial de Petro y estuvo cerca de ser nombrado en el máximo cargo de la institución. Según la senadora, solo la advertencia de agencias de inteligencia detuvo la designación. Las investigaciones avanzan y las inspecciones continúan. Pero mientras la Fiscalía recoge más pruebas, el debate público y político se intensifica.
No es alentador el panorama de lesionados con pirotecnia en Antioquia, pues en tan solo los primeros días del mes de diciembre ya acumula 33 casos, misma cantidad que el año anterior, pero centra la mitad de las víctimas a nivel nacional, con una marcada diferencia con quienes le siguen en la lista, como Valle del Cauca, que registra 6 casos, Caldas y Cauca con de a tres y Córdoba, Norte de Santander, Quindío y Risaralda y Sucre, con solo de a dos casos por departamento.De momento, según el reporte de la Gobernación, hay dos lesionados con pólvora nuevos reportados. Se trata de una menor de 9 años con quemadura de primer grado en su cara con papeletas, mientras observaba, en el municipio de Segovia, mientras que en Remedios una mujer de 21 años años quedó con quemadura de segundo grado y laceración de miembros inferiores, con voladores.El coronel Óscar Rico, comandante de la Policía Antioquia, manifestó que las autoridades promueven la campaña Cero Pólvora durante estas festividades."La Policía Nacional presenta el Escuadrón Antipólvora, donde el mensaje es cero quemados y la protección todos a favor de la niñez, orientada a evitar los incidentes por la manipulación y uso de pólvora, evitando quemaduras, almacenaje y demás que pueden presentar daños irreparables para la salud de las personas", expuso.De los 33 lesionados por pólvora en lo que va de la temporada 2025–2026, Medellín concentra la mayoría de los casos, con 21 reportes, seguida de municipios como Nechí, Bello y El Bagre. Del total de afectados, seis son menores de edad, 27 adultos y se han documentado dos amputaciones.Las autoridades departamentales resaltan que no se han presentado intoxicaciones por fósforo blanco ni por licor adulterado, manteniendo una variación del 0 %. Además, las partes del cuerpo más afectadas siguen siendo la cara, las manos y los pies, lo que refuerza la petición de las autoridades de evitar el uso de pólvora y a promover prácticas seguras durante las celebraciones decembrinas.
Las autoridades de Estados Unidos confirmaron la captura de tres personas en Medellín, durante un operativo multinacional que desarticuló una red dedicada al fraude de visas y al lavado de dinero.Los ahora capturados son señalados de conformar una organización que, según autoridades estadounidenses, engañó a miles de ciudadanos en América Latina y serían operadores directos de los call centers clandestinos desde los cuales se ejecutaba el esquema que ofrecía visas de trabajo falsas para ingresar legalmente a Estados Unidos.La Dijín y la Fiscalía realizaron allanamientos en tres centros de llamadas ubicados en Medellín, donde los involucrados, presuntamente, suplantaban a funcionarios consulares estadounidenses mediante videollamadas, correos electrónicos y documentos falsificados. Desde estas oficinas, al parecer, se coordinaba el contacto con las víctimas, la creación de sitios web fraudulentos y la elaboración de supuestas aprobaciones de visas y autorizaciones de empleo con sellos adulterados. El dinero que las personas pagaban, convencidas de que avanzaban en un trámite real, era enviado a intermediarios en al menos 16 estados de Estados Unidos, para luego regresar a los líderes del esquema mediante maniobras de lavado de activos.Las víctimas eran procedentes de más de 15 países y llegaban, incluso, a presentarse en embajadas estadounidenses para citas inexistentes, después de recibir comunicaciones falsas en las que se les aseguraba que sus solicitudes estaban aprobadas. Hasta ahora, las autoridades han entrevistado a 700 víctimas y estiman que más de 7.000 habrían sido contactadas por la red entre 2021 y 2025.Según el reporte oficial, durante esos cuatro años los miembros de la organización recibieron más de 2,5 millones de dólares enviados por personas que creían estar pagando tarifas migratorias legítimas para obtener una visa de trabajo en Estados Unidos.En cuanto a los ya judicializados por autoridades federales del Estado de Florida, se han imputado cargos a seis integrantes clave de la organización: Edwin Alberto Correa, quien supervisó ocho oficinas de centros de llamadas en Medellín; Andrés Giraldo, responsable de crear los sitios web fraudulentos; Dana Pamela Porras, quien administró un centro de llamadas y apoyó la operación de otros; Esteban Robledo, que inició como intermediario financiero en EE.UU. y luego ayudó a administrar call centers en Medellín; Julián Giraldo, coordinador de intermediarios para mover el dinero; y Viviana Urrego, señalada de gestionar el envío de los recursos ilícitos hacia Colombia.
El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, aseguró este viernes que la Albiceleste llegará al Mundial de 2026 con la determinación de “no dar nada por perdido” y con el objetivo de defender el título obtenido en Catar 2022.Durante el sorteo de la Copa del Mundo celebrado en Washington, Scaloni fue el encargado de presentar el trofeo que Argentina levantó hace dos años.“Recuerdo aquella final como algo inolvidable. Ocurrieron muchísimas cosas, pero el equipo nunca dejó de creer y jamás pensamos que ese partido pudiera terminar mal”, afirmó.De cara a la próxima cita mundialista, el técnico adelantó que mantendrán la misma mentalidad: “Seguiremos compitiendo y sin dar nada por perdido. Eso es lo que nuestra gente espera y lo que intentaremos repetir”.
Apenas ayer la Corte Suprema de Justicia estaba condenando a 7 años de prisión por el delito de tráfico de influencias al general (r) Rodolfo Palomino, y aunque ya se conocía el monto de la pena e incluso la orden que dio el alto tribunal de emitir orden de captura en su contra, hoy está vigente un debate jurídico al rededor de la tutela con la que Palomino busca revocar esa orden.En las últimas horas se conoció una petición que elevó el magistrado de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Emilio Caldas, a su colega Fernando Augusto Jiménez, magistrado de la Sala de Casación Civil, Agraria Y Rural donde le pide declarar improcedente (rechazar) la tutela que presentó la defensa de Palomino.Si bien el magistrado Caldas salvó su voto, lo que quiere decir que tuvo una posición contraria a la de sus colegas a la hora de decidir sobre la captura de Palomino, sí aclaró que existen otros mecanismos distintos al de la tutela para este tipo de casos como son los recursos ordinarios contra la orden de captura.Rodolfo Palomino habría intervenido de manera irregular para solicitar a la entonces fiscal especializada Sonia Lucero Velásquez Patiño la suspensión de la orden de captura que pesaba sobre el empresario Luis Gonzalo Gallo Restrepo, por esa razón fue condenado a 7 años de cárcel que deberá cumplir recluido en las instalaciones de la Escuela de Postgrados de la Policía, CESPO (Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional).Habrá que esperar la respuesta del despacho del magistrado de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural sobre la pertinencia del recurso interpuesto por la defensa de Palomino.
El gobierno de Colombia realizó un llamado urgente a Estados Unidos para que cese cualquier operación militar extraterritorial que afecte a países de la región, entre ellos Colombia y Venezuela. La canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy rechazó de manera contundente cualquier insinuación de emplear la fuerza militar dentro del territorio colombiano o de otros Estados soberanos, en respuesta a la reciente escalada de acciones y declaraciones provenientes de Washington.Este llamado se da luego de que el pasado martes 2 de diciembre, el presidente Donald Trump anunciara que su ofensiva antidrogas podría ampliarse a operaciones terrestres en países como Venezuela y Colombia.El mandatario aseguró que naciones que produzcan o envíen drogas hacia EE. UU. estarán expuestas a ataques y mencionó directamente a Colombia al afirmar que posee “fábricas enteras de cocaína”.La canciller recordó que ningún Estado puede realizar operaciones armadas en el territorio de otro sin su consentimiento expreso, señalando que tales actos violan directamente la Carta de las Naciones Unidas y los principios que sostienen la paz internacional.La funcionaria advirtió que la normalización de intervenciones extraterritoriales, como los bombardeos realizados recientemente en el Caribe, ha dejado decenas de víctimas y constituye un precedente peligroso en una región que históricamente se ha reconocido como zona de paz.A pesar de que Washington ha defendido sus acciones argumentando que buscan “eliminar amenazas” ligadas al narcotráfico, las cifras divulgadas por el Departamento de Guerra han sido calificadas por Venezuela como “ejecuciones extrajudiciales”.La canciller Villavicencio reiteró que Colombia ha enfrentado el narcotráfico con rigor, sacrificio y cooperación internacional, por lo que ninguna acción unilateral puede justificarse bajo este pretexto.“Nada de ello puede ser utilizado para justificar amenazas, injerencias o acciones que contravienen el derecho internacional”, sostuvo.El gobierno colombiano insistió en que la estabilidad regional depende del respeto pleno a la soberanía, la resolución pacífica de controversias y el cumplimiento estricto de las normas internacionales, principios que, advierte, no pueden ser vulnerados por ningún Estado.
De “infundadas, irresponsables y calumniosas”, calificó Armando Novoa, jefe de la delegación de paz del Gobierno, las declaraciones de la precandidata presidencial Claudia López quien aseguro que “toda la mesa de negociación de este gobierno debe terminarse ya porque sería un concierto para delinquir contra el país”.Novoa dijo a Blu Radio que las “afirmaciones de López no tienen ningún sustento probatorio y son temerarias porque ella no ha visto los avances que se han logrado en la reducción de la violencia”, en donde la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano tiene una amplia presencia en Nariño y Putumayo.El jefe de la delegación aseguró que “ya se instauró la denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de injuria y calumnia”. Ahora, Claudia López deberá demostrar ante el ente investigador las pruebas que sustenten sus acusaciones en contra de la delegación “porque su condición de precandidata presidencial no la habilita a hacer graves señalamientos irresponsables sobre delitos que la delegación no ha cometido”.Lo anterior, según Novoa, “demuestra la degradación a la que ha llegado la calidad del debate electoral”.Además, advirtió que desde junio del 2024, cuando el Gobierno autorizó oficialmente la instalación de la mesa de diálogos de paz con la entonces Segunda Marquetalia hoy Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, “la delegación ha condenado cualquier conducta de corrupción que se comete e intente cometer a instancias de la mesa de paz y solicito a las autoridades judiciales que adelanten las investigaciones necesarias”.Novoa manifestó que ya presentaron ante la Fiscalía todas las actas que contienen los acuerdos que hasta el momento se han suscrito en un año y seis meses de conversaciones de paz.“Nuestra delegación en la mesa de diálogos de paz no ha incurrido ni incurrirá en actos contrarios a la constitución y a la ley”, preciso el jefe negociador del gobierno.“La precandidata presidencial Claudia López está desconociendo los avances que se han concretado en la mesa de diálogos de paz y que se traducen en unas condiciones de menor violencia hacia las comunidades en las zonas donde ese grupo ilegal tienen presencia, Nariño y Putumayo”, agregó.De igual forma, el jefe de la delegación indicó: “recibimos todas las críticas constructivas que hay hacia la política de paz total, pero no vamos a permitir que se injurie y se nos calumnie”Novoa pidió a López corregir sus afirmaciones y le extendió una invitación a Tumaco para reunirse con la delegación y “constatar la realidad y los avances de la mesa de paz en el territorio”.
La aerolínea Avianca emitió un comunicado sobre el avance en la actualización de sus aeronaves, con el fin de cumplir las modificaciones requeridas por Airbus. En ella la entidad afirma que avanzan en estos momentos a un buen ritmo pues en estos momentos se ha actualizado el software en un 51% de sus aviones en donde se espera que se prevé que el trabajo de los técnicos especializados se pueda completar durante los próximos días.Adicionalmente, la aerolínea reiteró en su comunicado las recomendaciones para los pasajeros afectados por la actualización de software. Avianca recordó que quienes tenían vuelos programados para el 29 de noviembre cuentan con opciones de reacomodación, ya sea con la misma compañía o con aerolíneas con las que mantiene acuerdos comerciales.Para quienes estas alternativas no se ajusten a sus planes, la compañía ofrece dos caminos: Reprogramar sin penalidad ni diferencia tarifaria, según disponibilidad, para viajar hasta 180 días después de la fecha original; o solicitar el reembolso de los trayectos no utilizados. El trámite se gestiona según el canal de compra: directamente en avianca.com si adquirieron con la compañía, o con la agencia si fue una compra por terceros.La aerolínea también insiste en tres puntos clave: Revisar las comunicaciones enviadas al correo asociado a la reserva, consultar el estado del vuelo en avianca.com y, muy importante, no ir a los aeropuertos si el vuelo no está confirmado.Finalmente, Avianca recuerda que las ventas siguen cerradas para fechas de viaje hasta el 8 de diciembre, con el objetivo de evitar mayores afectaciones y priorizar la reacomodación de los pasajeros ya afectados.
El evento, liderado por la Fundación Mariquita Xplora Travel en alianza con la Asociación de Caballistas del Tolima (ASOCATOL) y con apoyo de la Alcaldía Municipal, reúne a los 12 municipios de la región entre ellos Honda, Fresno, Armero Guayabal, Lérida, Venadillo y Herveo, en torno a actividades de salud animal, adopción, educación y recreación.Las actividades iniciaron en la Casa de la Segunda Expedición Botánica, donde se discutieron avances y retos de las principales normas de bienestar animal en el país. Entre ellas se destacan:Ley Kiara , que regula los servicios de cuidado en guarderías y hoteles para mascotas.Ley Lorenzo , que impulsa el reemplazo progresivo de perros de seguridad por tecnología.Ley Ángel , que endurece las sanciones contra el maltrato animal.El foro abierto al público busca fortalecer la pedagogía alrededor de los derechos y la protección de los animales en Colombia, “El día de ayer iniciamos nuestro (gran evento en el norte del Tolima, en la ciudad de San Sebastián de Mariquita, hablando acerca del bienestar animal, de las cualidades y características de los animales y sobre todo en la parte emocional, un profesional etólogo nos habló de las diversas características y cualidades que tienen los animales y cómo se comportan y cómo nosotros desde el punto y de la orilla del ser humano los tratamos de una manera incorrecta, sabiendo que ellos tienen una personalidad propia” expresó Giovanny Prada Pachón, presidente de la Fundación Mariquita Xplora Travel.Salud, adopción y actividades familiaresEl sábado 29, en la Granja Municipal, se concentrará el grueso de la programación con una agenda orientada a beneficiar a perros, gatos y otras mascotas del norte tolimense. Entre las actividades destacan:Caminata “Mi Mascota y Yo” , con recorrido de un kilómetro desde el centro del municipio.Jornadas gratuitas de salud animal, que incluyen vacunación antirrábica, desparasitación, consultas veterinarias y un banco de sangre.Primera jornada masiva de adopción , como estrategia para reducir el abandono en la región.Shows de Agility Canino, concursos y actividades recreativas para toda la familia.Procesos de esterilización y zonas pedagógicas sobre tenencia responsable.“Comenzamos a hacer trabajo a nivel rural, en las veredas, con los presidentes de la Junta de Acción Comunal y en los barrios de escasos recursos, con animales en condición de calle y de abandono y de personas vulnerables. Y a la fecha actual llevamos cerca de 1.700 animales esterilizados, entre perras, perros, gatos y gatas. Adicionalmente, hemos prestado atención a las urgencias que se presentan, atropellamientos, ataques contra animales”, manifestó David Noza, médico veterinario de la alcaldía de MariquitaUna iniciativa que busca trascenderSegún los organizadores, esta Segunda Jornada de Bienestar Animal no solo pretende ofrecer servicios gratuitos, sino consolidar a Mariquita como destino turístico responsable y comprometido con el trato digno hacia los animales.“Este evento es el reflejo de una comunidad que entiende que el progreso también se mide por la forma en que protegemos a quienes no pueden defenderse”, señalaron voceros de la Fundación Mariquita Xplora Travel.
En la mañana de este 29 de noviembre, el peaje de Tuta, en Boyacá, vivió una escena que estremeció a miles de personas. En la ruta que conecta a Duitama con Tunja, un camión de una reconocida empresa de bebidas perdió el control y terminó montado sobre una de las casetas del peaje, lo que provocó un choque que también involucró al menos tres vehículos y generó preocupación entre los conductores que presenciaron el siniestro.Las imágenes difundidas en redes sociales muestran la magnitud del impacto, donde se observan varios automóviles destruidos y el camión atravesado sobre las estructuras del peaje. Aunque las autoridades aún no confirman si hay heridos o fallecidos, el estado en el que quedaron los vehículos evidencia que se trató de un accidente de grandes proporciones. Los videos grabados por los usuarios de la vía reflejan el momento de angustia que se vivió en cuestión de segundos.Qué se sabe del accidente en Tuta: primeras hipótesis oficialesLa primera versión apunta a una posible falla mecánica. Según los reportes iniciales, el camión habría perdido los frenos en plena vía, avanzando sin control hasta arrollar a los carros que esperaban en la fila del peaje y estrellarse de frente contra las casetas. Esta hipótesis tomó fuerza por el rastro de frenado inexistente y por el testimonio de algunos conductores que afirmaron haber visto el vehículo descender a alta velocidad.Minutos después del incidente, la cuenta @TuiterosBoyaca en X señaló que el camión habría embestido al menos dos vehículos antes del choque final. Las fotografías publicadas mostraron estructuras colapsadas, carros completamente deformados y personal de emergencia intentando rescatar a los posibles afectados. En redes sociales, varios ciudadanos pidieron claridad sobre el estado de los ocupantes de los vehículos, aunque la información oficial sigue en desarrollo.Los organismos de socorro, entre ellos Bomberos Paipa y la Defensa Civil, llegaron rápidamente al lugar para asegurar la zona, revisar los automotores y evitar nuevos riesgos, principalmente por el combustible que quedó regado tras la colisión.Estado de la vía Tunja–Paipa tras el accidente en el peaje de TutaEl accidente ocurrió en un tramo clave del corredor Tunja–Paipa, una vía altamente transitada y fundamental para la movilidad del departamento. Por ahora, los organismos de emergencia trabajan en remover los restos del camión y de los vehículos implicados con el fin de habilitar el paso lo más pronto posible, aunque el tráfico en la zona permanece restringido.El Instituto Nacional de Vías (Invías) confirmó que está verificando el hecho junto a las autoridades y pidió a los viajeros mantenerse informados. “Cualquier novedad se publicará en nuestros canales oficiales”, indicó la entidad.La emergencia continúa en atención mientras se determina exactamente qué provocó el siniestro y cuál es el balance de personas afectadas.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) adoptará medidas durante los próximos tres años para promover la contratación de gas importado a largo plazo, tras el inicio de importaciones el pasado 1.º de diciembre de 2024. El objetivo es asegurar precios más competitivos, fortalecer la oferta y controlar el impacto en las tarifas del servicio público domiciliario.La entidad anunció dos decisiones clave para el funcionamiento del mercado de gas natural. La primera, contenida en la Resolución CREG 102 022 de 2025, permite pactar eventos eximentes adicionales en los contratos de suministro de gas importado, alineándolos con los acuerdos internacionales de compraventa de gas natural licuado o “LNG Sales and Purchase Agreements (SPAs)”.Esta medida elimina barreras que actualmente desincentivan la importación y busca impulsar contratos más estables que garanticen precio, suministro y cobertura a largo plazo, protegiendo tanto a usuarios regulados como no regulados.La segunda medida, contemplada en la Resolución CREG 102 021 de 2025, prorroga la posibilidad de contratar capacidad de transporte en cualquier momento del periodo de negociación. Esto permite movilizar gas contratado a corto plazo de manera más ágil y habilita el registro de contratos de capacidad en el mercado secundario, lo que dinamiza el sistema y evita cuellos de botella logísticos.Adicionalmente, la CREG reiteró su compromiso con construir una regulación eficiente y estable para el sector. La entidad afirmó que continuará evaluando nuevas medidas, tomando en cuenta análisis técnicos, comentarios de la industria y aportes recibidos en el marco de la Circular 195 y la Circular 207 de 2025.
Las tiendas de barrio representan para muchos una solución inmediata cuando en el hogar falta algo. La gente suele comprar en estos pequeños comercios por la cercanía, horarios amplios, atención personalizada y la opción de fiado.Algunos de estos establecimientos también venden alcohol y en su interior cuentan con mesas y sillas para la comodidad de los clientes. Una práctica, que es muy común en las tiendas de barrios, está en la mira de las autoridades y de descubrirla causaría el sellamiento del local.Autoridades pueden sellar tiendas por esta práctica comúnEn medio de una megatoma hecha por la Policía Metropolitana de Bogotá, en la localidad de Engativá, sector Las Ferias, uniformados llegaron a un establecimiento y se encontraron con una situación que generó preocupación.Un niño de 9 años de edad estaba sentado al lado de su padre, mientras varios adultos, incluido su padre, consumían cerveza.El hecho fue descubierto en medio de las acostumbradas rondas de las autoridades a los comercios abiertos al público. Funcionarios de la Secretaría de Seguridad que acompañaban los registros identificaron que "el menor estaba sentado junto a su padre, quien compartía bebidas alcohólicas con otros amigos”.Los policías interrumpieron al grupo de hombres y verificaron el estado del niño. Además, solicitaron la presencia de la madre para que se llevara al menor.Luego de ello, los padres tuvieron que hacer un compromiso formal en el que prometieron no volver a exponer a su hijo a este tipo de situaciones.Sin embargo, el dueño del local se llevó la peor parte, pues la permanencia de niños en locales expendedores de licor no está permitido, según la Ley 124 de 1994.Por lo cual, la tienda “fue suspendida temporalmente por permitir el ingreso y permanencia del menor mientras los adultos consumían alcohol”, manifestó la Secretaría de Seguridad.
Tristeza y dolor causó en el sur del Huila la muerte de los jóvenes Camilo Andrés Figueroa Quisaboni y Stiven Orlando Cardozo Quisaboni, quienes fallecieron en un accidente de tránsito que se registró en el casco urbano del municipio de Pitalito.Según versiones oficiales, los dos jóvenes se movilizaban en una motocicleta y, en el sector conocido como La Bombonera, fueron arrollados por un vehículo tipo camioneta marca Toyota, de placa JBT-302 y color blanco. Debido al fuerte impacto, murieron en el lugar de los hechos.De acuerdo con las hipótesis de las autoridades, el conductor de la camioneta, quien resultó ileso del accidente, al parecer se encontraba en estado de embriaguez y habría omitido el semáforo en rojo.“De lo que se ha indagado hasta el momento, al parecer uno de los vehículos involucrados omitió la señal del semáforo en rojo y tanto el conductor de la camioneta como las dos víctimas de la motocicleta manejaban bajo los efectos del alcohol”, relató la directora de Tránsito y Transporte de Pitalito, Jessica Porras.Entre tanto, los agentes de movilidad continúan recolectando evidencias que les permitan esclarecer las causas que originaron el siniestro vial que terminó en tragedia, donde perdieron la vida los primos Camilo Andrés y Stiven Orlando, de 23 y 24 años, respectivamente.No obstante, en otro accidente de tránsito ocurrido en el centro de Neiva, perdió la vida un hombre que laboraba como domiciliario, quien al parecer fue arrollado por un vehículo particular tipo camioneta. Las autoridades recomiendan conducir con responsabilidad en esta temporada de Navidad, cuando aumenta el flujo vehicular.
La Superintendencia de Vigilancia de Seguridad Privada y la Aeronáutica Civil emitieron una circular que establece las reglas para el uso de drones en actividades de vigilancia privada. La medida busca unificar criterios y fijar un marco claro para la operación de estas aeronaves no tripuladas, cuyo uso ha crecido de forma acelerada en el sector.De acuerdo con la circular, las empresas solo podrán operar drones si cuentan con una licencia de funcionamiento vigente y con la autorización de medio tecnológico otorgada por la Supervigilancia. Además, deberán certificarse como explotadores UAS (Sistema de Aeronave no Tripulada) ante la Aerocivil y garantizar que tanto los equipos como los pilotos cumplan con los requisitos técnicos y de formación exigidos por la autoridad aeronáutica. Cada dron deberá ser registrado ante la Supervigilancia antes de entrar en operación.“Los drones sólo podrán emplearse para actividades de vigilancia y seguridad privada orientadas a la captura de imágenes o datos. Queda prohibido su uso para transporte de artículos, traslado de armas, manejo de mercancías peligrosas o cualquier actividad que no esté contemplada en la normativa aeronáutica”, explicó Miguel De la Hoz García, jefe de la Oficina Jurídica de la Supervigilancia.La circular también incluye un régimen de transición para facilitar la implementación, es decir que la norma vigente seguirá aplicándose según lo disponga la Aerocivil. Las empresas que no cuenten con certificación deberán iniciar los trámites, mientras que quienes ya la tengan deberán registrar formalmente sus equipos ante la Supervigilancia para continuar operando dentro del marco legal.Las entidades reiteraron la importancia de que todas las empresas del sector revisen la circular, verifiquen el cumplimiento de los requisitos y realicen los trámites necesarios para garantizar un uso seguro y responsable de esta tecnología.
El excomandante guerrillero Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, conocido como Simón Trinidad, presentó el 5 de diciembre de 2025 una solicitud formal ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En el documento, su abogada Sara María Triana Lesmes pidió su acreditación como víctima dentro del macrocaso 06, que investiga los crímenes cometidos contra los miembros y simpatizantes de la Unión Patriótica (UP), en lo que se ha descrito como un exterminio político.Según la solicitud, Trinidad sostiene que antes de su vinculación a las FARC-EP fue un académico y dirigente cívico en Valledupar. En la década de 1980, explica, trabajaba como economista, fue docente en la Universidad Popular del Cesar y participó en la creación del Movimiento Cívico Popular “Causa Común”, que luego se articuló con la Unión Patriótica tras los acuerdos de tregua entre el Gobierno de Belisario Betancur y las Farc.El documento relata que, entre 1985 y 1987, se intensificaron las amenazas, asesinatos y actos de persecución contra los militantes de izquierda y los líderes sociales del Cesar, en un contexto de creciente estigmatización política. Trinidad afirma haber recibido mensajes de amenaza contra él y su familia, lo que lo obligó a exiliarse en México. Señala como presuntos responsables al Batallón La Popa, autoridades locales y al extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), a quienes atribuye acciones y omisiones que propiciaron la violencia contra los integrantes de la UP.La defensa argumenta que estos hechos constituyeron una violación a sus derechos a la vida, la libertad de expresión, la participación política y la asociación, lo que derivó en un exilio forzado y, posteriormente, en su decisión de ingresar a las FARC-EP como una forma de resistencia ante la persecución estatal. En el documento, Trinidad plantea que el exterminio de la Unión Patriótica no solo aniquiló un proyecto político, sino que también forzó a muchos de sus miembros a abandonar el país o integrarse a la insurgencia.El reconocimiento que solicita ante la JEP no implica beneficios judiciales ni económicos, sino un acto de verdad, memoria y reparación simbólica, en el marco del macrocaso 06, abierto en 2022 para esclarecer la responsabilidad del Estado, de actores armados y de particulares en los crímenes cometidos contra la UP. Este caso es considerado uno de los más importantes de la justicia transicional, pues documenta más de 6.000 asesinatos, desapariciones y desplazamientos de militantes, familiares y simpatizantes del movimiento.Actualmente, Simón Trinidad cumple una condena de 60 años de prisión en Estados Unidos, en la penitenciaría federal de máxima seguridad ADX Florence, en el estado de Colorado. Fue capturado en Ecuador en 2004, extraditado a territorio estadounidense en 2005 y posteriormente condenado por el secuestro de tres contratistas norteamericanos. Desde entonces, diversos sectores sociales y de derechos humanos han solicitado que pueda participar, aunque sea de manera virtual, en los procesos de verdad y reconocimiento de la JEP, argumentando que su testimonio sería fundamental para reconstruir la historia de la violencia política en Colombia y las causas del conflicto armado.
“Nosotros creamos eso”, fueron las palabras con las que se refirió desde Barranquilla el expresidente Álvaro Uribe Vélez acerca de la reducción de la jornada laboral que se dio en el país, remarcando que esta surgió mucho antes que la reforma laboral adelantada por el presente gobierno de Gustavo Petro.Uribe se refirió exactamente a la Ley 2101 del 2021, aprobada durante el gobierno de Iván Duque cuando la impulsó siendo senador del Centro Democrático, y en la que se pasó de 46 a 44 horas. Por lo tanto, para él es incorrecto que ahora eso sea catalogado como la “Hora Petro”.“¿Cómo le parece la Hora Petro? A la que le tengo miedo es a la de los domingos, cuando se despierta y empieza a insultarme. Esa sí es queridos amigos”, dijo inicialmente.“Mire este problemita, el partido tiene que hacer un esfuerzo muy grande. Ahora se le dio por decir embustes, que la Hora Petro, cuando nosotros creamos eso. Hay que hacer una gran publicidad para recordar que la Hora Petro es cuando se despierta los domingos, y no sé con qué diablos se despierta, que se le da por insultarme”, agregóEl exjefe de Estado, contrario a lo que dice Gustavo Petro, afirmó que Colombia sí tenía recargos dominicales y nocturnos cuando culminó su vigencia. Asimismo, apunta que los cambios aprobados no generan un gran beneficio, sino un “daño a las empresas”."Aquí había recargos el domingo y el día de fiesta del 75%, él lo subió al 100%”, remarcó insistiendo en que hay que apuntarle a bajar los impuestos.Estas palabras del expresidente Álvaro Uribe Vélez fueron dichas en la capital del Atlántico desde la presentación de la lista de la coalición de los partidos Centro Democrático, Nuevo Liberalismo y Mira, hacia la cámara de representantes por el Atlántico.Allí el exmandatario también envió críticas a la reforma de Salud que intenta mantener viva en Gobierno en el Congreso, argumentando que que las medidas de Gustavo Petro quebraron el sistema.Que durante su mandato se iniciaron con 10 millones de ciudadanos en el régimen subsidiado, los cuales terminaron siendo según él más de 21 millones. En el contributivo también habló de un crecimiento de ocho millones de personas.
El acuerdo establece que estas zonas se ubicarán en los municipios de Belén de Bajirá y Unguía (Chocó), y Tierralta (Córdoba). Su puesta en marcha será gradual y progresiva a partir del 1 de marzo de 2026, bajo la supervisión de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA), que acompañará las tareas de verificación y apoyo técnico, logístico y financiero.Las partes acordaron además respetar el proceso electoral en curso y ampliar a 15 municipios el plan piloto de consolidación de acciones para la paz, la transformación territorial y el desescalamiento de las violencias.Antes del 3 de febrero de 2026 deberán definirse los protocolos de funcionamiento de las zonas, que incluirán los mecanismos de seguridad, tránsito, verificación, control de material de guerra y gestión de controversias. De igual manera, el acuerdo contempla la suspensión temporal de las órdenes de captura y extradición contra los miembros del grupo armado que ingresen a las zonas de ubicación conforme a los términos establecidos.El documento fue firmado como parte de los avances del proceso que se desarrolla en el marco de la política de “Paz Total” del gobierno colombiano, cuyo objetivo es abrir espacios de diálogo con los diferentes actores armados y avanzar hacia la transformación de los territorios más afectados por la violencia.Los grupos de trabajo municipales que han venido operando en las zonas priorizadas desde noviembre de 2025 serán los encargados de preparar las condiciones administrativas y logísticas para la instalación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT). Además, podrán presentar propuestas de nuevas zonas de ubicación, bajo criterios de gradualidad y progresividad acordados entre las partes.Este nuevo paso en las conversaciones entre el Gobierno y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo, representa un avance en el propósito de desescalar el conflicto armado, generar condiciones de confianza y abrir el camino hacia una eventual dejación de armas y la reintegración de los combatientes.
En una de las incautaciones más grandes del año, tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales, en coordinación con la Policía Nacional, decomisaron 5.680 kilogramos de clorhidrato de cocaína en zona rural de Nariño. El hallazgo se produjo en dos laboratorios ubicados en áreas selváticas, conformados por 10 subestructuras que operaban como centros de producción de alto rendimiento.La primera operación se adelantó en la vereda Tres Bocas, en El Charco, donde fue ubicado un complejo cocalero con seis subestructuras capaces de producir hasta tres toneladas mensuales. Según la inteligencia militar, estas instalaciones pertenecían a la Estructura 30 ‘Rafael Aguilera’, facción bajo el mando de alias Iván Mordisco. Allí se hallaron 2.846 kilogramos de clorhidrato de cocaína, además de 8.746 galones de insumos líquidos, 136 galones de droga en suspensión y maquinaria utilizada para el procesamiento del alcaloide.Horas después, en la vereda Cordillera del municipio de Córdoba, las tropas localizaron otro laboratorio compuesto por cuatro estructuras adicionales. En este punto fueron incautados 2.834 kilogramos de cocaína y 385 galones de insumos líquidos, completando el total de más de cinco toneladas y media del estupefaciente.De acuerdo con información de inteligencia, este brazo de las disidencias enviaba la droga hacia Centroamérica y Europa, lo que representa un golpe a sus finanzas ilegales estimado en 28.873 millones de pesos. En términos operativos, la incautación evitó la circulación de aproximadamente 5.680.000 dosis.
El Gobierno, a través de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, calificó como un sabotaje tecnológico las recientes alteraciones registradas en el espacio aéreo venezolano por parte de Estados Unidos."Se están emitiendo señales engañosas, ciberataques, señales que pretenden engañar a los equipos de posicionamiento, a los GPS. Eso ya creo que sobrepasa cualquier límite. Y creo que aquí debe haber un pronunciamiento, ojalá el día de hoy, de la OACI y de instancias internacionales, porque hacer un saboteo, hoy en día, tecnológico, a una operación aérea en cualquier lugar del mundo es un crimen".Rojas añadió que este tipo de acciones no solo comprometen la operación en Venezuela, sino que podrían afectar en cualquier momento a Colombia u otro país, razón por la cual afirmó que el tema será tratado directamente con el presidente de la República, Gustavo Petro.Por su parte, el director encargado de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez, rechazó "las manifestaciones de incertidumbre de los cielos de la soberanía venezolana" y afirmó que ha estado en constante diálogo con aerolíneas venezolanas que estarian dispuestas a operar luego de la suspensión de vuelos de Satena y Wingo."Nos ofrecieron, inclusive, unas aseguradoras importantísimas, de mucho reconocimiento, en el cual ellos dicen que si, de pronto, Wingo, Satena y las demás aerolíneas quieren que no se les dé un tema con base a lo de las aseguradoras, ellos hacen el contacto directo con la misma aseguradora para que ellos puedan hacer la tarea".Martínez agregó que la Aerocivil mantiene comunicación directa con las autoridades venezolanas y con las compañías afectadas. Además, dijo que se está verificando la situación de pasajeros para garantizar transbordos inmediatos en caso de requerirse.
En una decisión calificada como histórica, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP anunció la acreditación del territorio de los Montes de María como víctima del conflicto armado. La providencia responde a la solicitud del colectivo Organizaciones de Población Desplazada Étnicas y Campesinas (OPDs), conformado por más de 25 comunidades campesinas, negras, afrodescendientes e indígenas que habitan esta región del Caribe colombiano.El reconocimiento permitirá al territorio, a través de sus representantes, participar en todas las etapas del proceso, aportar pruebas, intervenir en las audiencias y acceder a medidas restaurativas. La JEP determinó que los daños sufridos por los Montes de María trascienden la dimensión humana, afectando también los ecosistemas, los vínculos espirituales y culturales que sostienen la vida colectiva.Según la magistrada María del Pilar Valencia, relatora del subcaso, existen pruebas suficientes de la victimización derivada de hechos ocurridos con ocasión del conflicto. La violencia provocó desplazamientos, despojo y abandono forzado de tierras, además de la destrucción del bosque seco tropical, uno de los ecosistemas más amenazados del país.El alto tribunal destacó que los Montes de María comparten afectaciones con el Canal del Dique y el río Magdalena, ambos ya reconocidos como víctimas, y que la reparación debe incluir la restauración ambiental y espiritual del territorio. Esta visión, según la JEP, materializa un ejercicio de pluralismo jurídico y descolonización del derecho, al integrar las cosmovisiones indígenas, afrodescendientes y campesinas.La decisión resalta la resistencia y las acciones de cuidado ambiental desarrolladas por las comunidades, consideradas actores fundamentales en la conservación de la naturaleza. En la región se han restituido más de 16.000 hectáreas, se registran 230.565 víctimas y 85 sujetos de reparación colectiva.Durante el acto de notificación realizado en Ovejas (Sucre), los representantes de las comunidades celebraron el fallo como un triunfo colectivo. “Este auto es una victoria para la región y para el país; nos convoca a fortalecer la acción colectiva y a seguir defendiendo nuestro territorio montemariano”, expresó uno de los voceros.
Los grupos armados que operan en el departamento del Putumayo, fronterizo con Perú y Ecuador, están utilizando las negociaciones de paz con el Gobierno para reforzar su control sobre la población civil y han cometido graves abusos contra comunidades indígenas, alertó este viernes, 5 de diciembre Human Rights Watch (HRW)."Los grupos armados de Putumayo están utilizando las negociaciones de paz como una oportunidad para reforzar su control sobre la población", aseguró la directora de la División de las Américas de HRW, Juanita Goebertus, citada en un comunicado de su despacho.La funcionaria explicó que, "mientras las negociaciones de paz se centran en la reducción de los cultivos de coca, los grupos armados imponen sus propias reglas en Putumayo y castigan severamente a quienes las desobedecen".Desde 2023, el Gobierno colombiano ha estado en negociaciones de paz con varios grupos armados que controlan partes de Putumayo, en la frontera con Ecuador.Pese a que algunas mesas de diálogo han llegado a acuerdos para destruir armas y sustituir los cultivos de coca, varias disidencias de las extintas FARC, como Comandos de la Frontera y los frentes Raúl Reyes y Carolina Ramírez, siguen estableciendo control territorial y cometiendo abusos contra los habitantes de la zona."Los grupos armados han asesinado a líderes comunitarios, reclutado a niños, confinado a la población y castigado a quienes violan sus normas con multas y trabajos forzados", añadió HRW.En septiembre de 2025, HRW visitó varias poblaciones del Putumayo, y entrevistó a 45 personas, entre ellas víctimas, líderes y defensores de derechos humanos, autoridades indígenas, trabajadores humanitarios y autoridades gubernamentales.El común denominador es que la mayoría de esas personas "teme represalias por parte de los grupos armados y habló bajo condición de anonimato".Putumayo es un lugar estratégico para la producción y el tráfico de drogas y es el departamento que tiene la segunda mayor producción de coca, solo superado por el departamento vecino de Nariño.Actualmente, dos de los tres grupos armados presentes en Putumayo están en negociaciones de paz con el Gobierno. Por un lado, los Comandos de la Frontera, parte de una coalición conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), que opera a lo largo de la frontera con Ecuador.Por otro, el Frente Raúl Reyes, que forma parte del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) y tiene fuerte presencia en el norte de Putumayo, en la frontera con los departamentos de Caquetá y Cauca.Mientras tanto, el Frente Carolina Ramírez, que forma parte de un grupo conocido como Estado Mayor Central (EMC) y opera al oriente de Putumayo, estuvo en diálogos de paz con el Gobierno entre noviembre de 2023 y abril de 2024, pero actualmente no forma parte de las negociaciones.