Una mujer de 42 años resultó gravemente herida luego que un disparo de mortero cayera al parecer de manera accidental sobre su vivienda durante el desarrollo de ejercicios en polígono en el batallón de entrenamiento de la Novena Brigada del Ejército del municipio de La Plata en el occidente del Huila.Tan pronto se presentó el incidente, soldados enfermeros de la unidad militar se desplazaron al lugar de los hechos, donde le brindaron los primeros auxilios a la persona lesionada. Posteriormente fue llevada al hospital departamental San Antonio de Padua de La Plata donde recibió atención médica.Por la gravedad de las heridas fue necesario su traslado en helicóptero por parte del Ejército hasta el hospital universitario de Neiva, donde es atendida por especialistas y sometida a cirugía de ortopedia.El Ejército explica la situaciónEn desarrollo de un ejercicio de instrucción y entrenamiento en polígono de mortero realizado en las instalaciones del Batallón de Entrenamiento y Reentrenamiento N.° 9, con sede en el municipio de La Plata, Huila, se presentó un incidente que ocasionó afectaciones a una vivienda cercana a la unidad militar y que dejó como resultado heridas a una mujer, habitante del sector.Una vez conocido el hecho, unidades militares se desplazaron de manera inmediata al lugar, donde brindaron los primeros auxilios a la persona lesionada y posteriormente la trasladaron al hospital municipal, donde recibió atención médica y posteriormente trasladada vía aérea a la ciudad de Neiva e ingresada al Hospital Universitario.El Comando de la Novena Brigada ordenó de manera inmediata la apertura de las investigaciones correspondientes, con el fin de establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos y esclarecer plenamente lo sucedido.Así mismo, el Ejército Nacional ordenó el desplazamiento de una comisión inspectora conformada por un equipo interdisciplinario, la cual se trasladará a la unidad para adelantar el proceso investigativo y adoptar las medidas administrativas y operacionales a que haya lugar, conforme a la normatividad vigente.La unidad militar ha dispuesto todo el apoyo institucional, así como el acompañamiento permanente a la persona afectada y a su núcleo familiar.
El sindicato del SENA, Sinsindesena, está denunciando que el director general de la entidad, Jorge Londoño Ulloa, estaría actuando como "jefe de debate" del Pacto Histórico y otros partidos como la alianza verde. Según la denuncia, los directores regionales del SENA, en los centros de formación profesional estarían constriñendo a algunos funcionarios y buscando que hagan campaña por unos partidos políticos en especial."En los Centros de Formación Profesional del SENA de la región Caribe, Pacífica, Andina, Amazonía, Orinoquia e Insular, los ordenadores del gasto, algunos coordinadores misionales y académicos más un representante de cada partido político quienes ejercen la función de "testigos electorales" están constriñendo al sufragante, al momento de requerirle los documentos éstos personajes nefastos le verifican la filiación política sin importarle la experiencia, conocimiento y los años de vida que han entregado a la institución lo único que les interesa son los guarismos, de ahí que están exigiendo cuarenta (40) votos verificables a los contratistas para aprobarle el contrato de prestación de servicios vigencia 2026", señala el sindicato en un comunicado.Además señalan que habría contratistas que llegaron por "recomendación política" y estarían teniendo ingresos que superan la tabla de honorarios."Caso puntual un técnico y un tecnólogo sin recomendación politiquera honorarios de $2.300.000 y el mismo técnico y tecnólogo con recomendación politiquera $2.900.000 y hasta $3.150.000 con el agravamiento que este último es una corbata", se lee en la denuncia.Además en algunos casos, en los Centros de Formación Profesional, estarían disminuyendo los honorarios a los contratistas."Sinsindesena, tiene información que saldrán una cifra significativa de los Centros de Formación Profesional del SENA, entre las cuales están los contratistas amparados por el retén social con condición de vulnerabilidad y estado de debilidad manifiesta, como consecuencia de la complicidad del doctor Jorge Londoño Ulloa, director general del SENA", dice el sindicato.
El Ministerio de Transporte denunció graves fallas en el reporte de información tarifaria del transporte intermunicipal de pasajeros en el país. Tras revisar los datos correspondientes al último trimestre de 2025, la entidad detectó que la mayoría de las empresas no ha cumplido con la obligación legal de informar sus tarifas y estructuras de costos, un requisito que es clave para garantizar transparencia y proteger a los usuarios.De las 519 empresas habilitadas para operar cerca de 16.000 rutas en el territorio nacional, solo 52 han reportado la información exigida, lo que representa apenas el 10 % del total.Ante esto, la Superintendencia de Transporte prepara un requerimiento masivo y urgente dirigido a todas las empresas habilitadas, con el fin de exigir el cumplimiento inmediato de las obligaciones de reporte, como parte de las labores de control y vigilancia que buscan frenar posibles abusos en el cobro de pasajes intermunicipales.“Las empresas entrarán en un proceso de revisión e investigación por parte de la Superintendencia. Estas medidas son muy importantes para proteger a los usuarios del servicio de transporte intermunicipal además algunos mandatarios locales y ciudadanos y ciudadanas nos han solicitado abrir estos procesos de reconocimiento e investigación”, contó la ministra María Fernanda Rojas.Finalmente, el Gobierno habilitó un módulo público en la página web de la Superintendencia de Transporte, donde la ciudadanía podrá consultar desde cuándo ha reportado cada empresa y cuál era la tarifa registrada en ese momento.Esta investigación inicia luego de que el Ministerio de Transporte también instara a las empresas del sector, como a TransMilenio, a no aumentar significativamente sus tarifas por el incremento del salario mínimo.
Están agitados los ánimos entre el Gobierno nacional y 17 gobernadores tras el anuncio de Andrés Julián Rendón de acudir a la excepción por inconstitucionalidad para no aplicar en el departamento el decreto 1474 de 2025 que establece medidas tributarias y nuevos impuestos en el marco de la emergencia económica expedida por el Gobierno, la mayoría de gobernadores del país se sumaron a esta "rebelión".Ante esta situación, el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, calificó esa postura como un “exabrupto jurídico” y advirtió que de los actos administrativos que expidan las gobernaciones se derivarán acciones legales por parte del Ejecutivo.“De entrada, lo pretendido usurpa la competencia exclusiva de la Corte Constitucional, para estudiar y definir la constitucionalidad del decreto cuestionado”, dijo Idárraga.Quien también le salió al paso a este anuncio de los gobernadores fue el ministro de Minas, Edwin Palma, quien a través de su cuenta de X aseguró que esa decisión tenía motivaciones políticas y que estarían incurriendo en prevaricato.“La excepción de inconstitucionalidad es eso, una excepción. No una medida caprichosa. Hacerlo como lo plantea el gobernador aquí ya es una confesión de que su acto administrativo lo hace con desviación de poder y falsa motivación. Sus motivos son políticos. No constitucionales”, dijo minminas.
La compra de Groenlandia por parte de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, podría ascender a hasta los 700.000 millones de dólares, según un análisis de expertos reportado por la cadena NBC News. La estimación fue elaborada por académicos y exfuncionarios estadounidenses debido a la aspiración de Trump de adquirir la isla ártica, un territorio autónomo danés, alegando motivos de seguridad nacional frente al avance de China y Rusia en el Ártico. Las autoridades de Dinamarca y de Groenlandia descartaron que la isla esté a la venta, mientras que Trump no descarta el uso de la fuerza militar para controlar ese territorio, en el que viven 56.000 personas. La estimación de 700.000 millones de dólares supone más de la mitad del presupuesto anual del Departamento de Guerra de Estados Unidos, detalló la NBC. Otra opción sobre la mesa, según la misma cadena, sería un pacto de libre asociación con Groenlandia, como los que tiene Estados Unidos con las Islas Marshall o los Estados Federados de Micronesia, por el que Washington daría asistencia financiera a la isla a cambio de permitirle mayor presencia de seguridad en ese territorio. La reunión celebrada este miércoles en Washington entre representantes de Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia finalizó sin lograr un acuerdo sobre el futuro de la isla. El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, recibieron en la Casa Blanca al ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, y a su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, pero tras un encuentro de aproximadamente 50 minutos, las autoridades danesas confirmaron que las posiciones permanecen enfrentadas. Aunque Rasmussen calificó la discusión de franca y constructiva, admitió que no ha podido cambiar la postura de Washington y anunció la creación de un grupo de trabajo de alto nivel para seguir las conversaciones. Horas antes de la cita diplomática, el Ministerio de Defensa de Dinamarca anunció un incremento inmediato de su presencia militar en Groenlandia y las maniobras en este territorio autónomo danés, en colaboración con sus aliados de la OTAN, debido al incremento de las tensiones en el Ártico.
La Lotería de Manizales volvió a ser protagonista en el inicio de 2026 tras la realización de su sorteo número 4938, llevado a cabo el miércoles 14 de enero, una jornada que renovó la expectativa de miles de jugadores en distintas regiones del país.En esta edición, el tradicional juego de azar dejó múltiples ganadores y una amplia distribución de premios, reafirmando su vigencia dentro del panorama de las loterías colombianas y su impacto social gracias al respaldo que brinda a programas de salud.Premio Mayor del sorteo 4938El Premio Mayor de la Lotería de Manizales correspondió al número 6379 de la serie 023, con una bolsa principal de $2.600 millones, consolidándose como el premio más destacado de la jornada.Premios secos del sorteo 4938Además del premio principal, el sorteo incluyó una completa estructura de premios secos, lo que amplió de forma significativa las posibilidades de ganar para los participantes:Gana Siempre (sin serie) – $1.500.000Número: 61432 secos de $300 millones5916 – Serie: 230 – Despachado a: Bogotá1671 – Serie: 254 – Despachado a: Popayán3 secos de $200 millones5217 – Serie: 1424470 – Serie: 2281061 – Serie: 0045 secos de $100 millones7916 – Serie: 3347847 – Serie: 1425070 – Serie: 2820036 – Serie: 0724395 – Serie: 01610 secos de $80 millones4724 – Serie: 1539054 – Serie: 3100852 – Serie: 3265477 – Serie: 2019079 – Serie: 0394965 – Serie: 1795066 – Serie: 0874450 – Serie: 1310012 – Serie: 0791519 – Serie: 00910 secos de $60 millones5287 – Serie: 3295848 – Serie: 1406684 – Serie: 1434909 – Serie: 0907490 – Serie: 1664557 – Serie: 0030805 – Serie: 1193649 – Serie: 1933899 – Serie: 2940563 – Serie: 32310 secos de $50 millones2295 – Serie: 0429364 – Serie: 1483024 – Serie: 3076914 – Serie: 3105330 – Serie: 0282817 – Serie: 0028063 – Serie: 1741079 – Serie: 2748212 – Serie: 1445046 – Serie: 27210 secos de $40 millones5725 – Serie: 3249842 – Serie: 0877868 – Serie: 1168296 – Serie: 2919107 – Serie: 1151668 – Serie: 2486234 – Serie: 1192640 – Serie: 3441325 – Serie: 2466473 – Serie: 220Horario y verificación de resultadosLos sorteos de la Lotería de Manizales se realizan todos los miércoles entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m., aunque el horario puede variar en fechas especiales. La entidad recomienda verificar siempre los resultados a través de sus canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro.Valor del billete y la fracciónBillete completo: $12.000Fracción: $3.000Cada compra representa no solo una oportunidad de ganar, sino también un aporte directo al financiamiento de programas de salud en Colombia, fortaleciendo el carácter social de este histórico sorteo.Con más de un siglo de trayectoria, la Lotería de Manizales continúa consolidándose como un símbolo de confianza, tradición y respaldo institucional, manteniéndose entre las loterías más reconocidas y seguidas del país gracias a su constancia y atractivo plan de premios.
Un agente federal de inmigración disparó el miércoles contra un venezolano en Mineápolis, informaron las autoridades municipales, que pidieron "mantener la calma" una semana después de que otros oficiales migratorios causaran la muerte a una estadounidense en esa misma ciudad.El jefe de policía local, Brian O'Hara, dijo que el tiroteo se produjo tras un altercado frente a una residencia entre un hombre y un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos en la zona norte de la ciudad el miércoles por la noche."Durante el forcejeo, el agente federal disparó su arma e hirió a un hombre adulto", explicó en una rueda de prensa. El ciudadano venezolano sufrió una lesión en la pierna que no puso en peligro su vida y fue trasladado a un hospital para recibir tratamiento, informaron las autoridades locales.Este hecho ocurre después de que Renee Nicole Good, una estadounidense de 37 años, muriera en su auto el 7 de enero por disparos de un agente del ICE durante una redada contra migrantes también en Mineápolis.Desde que regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, el presidente Donald Trump ha impulsado una ola masiva de deportaciones de personas indocumentadas, una de sus principales promesas de campaña."Entendemos que hay enojo (...). Mineápolis vuelve a exigir que ICE abandone la ciudad y el estado (Minnesota) de inmediato", escribieron las autoridades de esa ciudad del Medio Oeste en la red social X.O'Hara añadió que el tiroteo del miércoles generó una multitud de manifestantes alrededor del lugar donde ocurrió, y que algunos lanzaron fuegos artificiales a los agentes.Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmaron el tiroteo en una publicación en X, y señalaron que "un inmigrante ilegal de Venezuela" fue detenido en un control de tráfico y se resistió al arresto.El agente "realizó un disparo defensivo para proteger su vida", e hirió en la pierna al primer individuo. Las autoridades de Mineápolis y del estado de Minnesota han rechazado las acciones de los agentes del DHS, incluidos los de ICE."Esto no es sostenible", declaró el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, a los periodistas, y añadió: "Tenemos agentes del ICE por toda nuestra ciudad y por todo nuestro estado que, junto con la Patrulla Fronteriza, están creando el caos"."Este no es el camino que deberíamos seguir ahora mismo en Estados Unidos", insistió. En un video publicado el miércoles en redes sociales, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, denunció "el caos, la interrupción y el trauma que el gobierno federal está descargando sobre nuestra comunidad". Describió interrogatorios puerta a puerta realizados por agentes de ICE "armados, enmascarados y con poca capacitación".
La República Islámica de Irán cumple este jueves una semana con el acceso bloqueado al internet global y con las comunicaciones internas limitadas, una medida tomada para detener las protestas que sacuden el país desde hace 19 días.Se trata del mayor periodo de desconexión con el mundo exterior vivido hasta ahora por el país persa y justificado por las autoridades iraníes como la única manera de detener unas protestas alentadas por Estados Unidos e Israel para justificar “una intervención en el país”.Muchos iraníes no comparten esa justificación: “Cortan internet cada vez que van a matar gente”, dice un vecino de Teherán.“Esto no es nuevo, ha ocurrido en el pasado cuando ha habido protestas, y lo hacen para que no se sepa fuera lo que ocurre”, alegó este vecino.El corte de las comunicaciones comenzó el jueves pasado por la tarde cuando dejó de funcionar el acceso al internet global, las llamadas de teléfonos internacionales y los SMS internos.Al mismo tiempo se produjo un despliegue masivo de fuerzas de seguridad en la capital con policías y antidisturbios en cruces y circulando por las calles en motos.Dentro de Irán solo era posible acceder a una intranet interna del país con acceso a medios estatales y servicios locales. Se podían realizar llamadas locales y en algunas jornadas éstas también quedaban bloqueadas durante unas horas por la tarde y noche, cuando se producían las protestas.En estas circunstancias no funcionan las aplicaciones de VPNs, que permiten saltarse la censura que impone el Gobierno iraní a internet y necesarias para usar Whatsapp, X o Instagram, redes sociales que han espoleado las protestas en el pasado.Esta situación se prolongó hasta el martes por la mañana, cuando volvieron a operar las llamadas internacionales, pero solo de salida.Ahora continúa cortado el acceso al internet global y los SMS, y la única manera de conectar con el exterior es realizar llamadas internacionales.No es la primera vez que Irán corta las comunicaciones con el exterior para detener protestas.Sucedió en 2019 cuando estallaron unas protestas por la subida de los precios del combustible y Teherán cortó el internet durante tres días en los que murieron 350 personas en la represión, según Amnistía Internacional.Pero en aquella ocasión solo se cortaron los SMS por las tardes y noches y continuaron funcionando las llamadas internacionales.En las protestas desatadas por la muerte de Mahsa Amini tras ser detenida por no llevar bien puesto el velo islámico se produjeron cortes parciales de internet por zonas por las tardes y noches durante meses para tratar de desactivar unas movilizaciones en las que murieron unas 550 personas.En los tres últimos días no se han producido nuevas protestas y las autoridades iraníes no dan cifras de víctimas civiles, solo reconocen que “ha habido muchos muertos”.Del número de efectivos de las fuerzas de seguridad si tienen recuento y hasta ahora se ha informado de al menos 150 de ellos muertos en las protestas, de los cuales un centenar fue despedido ayer en un funeral estatal en la capital.
En medio de un nuevo remezón en el gabinete del Gobierno del presidente Gustavo Petro, se suma la solicitud del mandatario al ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián, a quien le pidió la carta de renuncia.Florián se sumaría a la renuncia de Angie Rodríguez, quien también dejó su cargo en las últimas horas.La funcionaria confirmó la noticia a través de su cuenta en X, donde afirmó que se va “con la frente en alto y con tranquilidad. Me siento orgullosa de ser una mujer humilde y popular que representó con dignidad y honestidad este alto cargo en el Estado”.Rodríguez llega al Fondo de Adaptación después de haber sido la gerente encargada de esta entidad, que en 2025 manejó un presupuesto superior al billón de pesos.Por su parte, el presidente Gustavo Petro también le pidió ayer, en un encuentro en Casa de Nariño, la renuncia al director de la DNI, Jorge Lemus, quien está en este cargo desde el 3 de marzo de 2025.Con la salida de Florián, se esperan nuevos movimientos en el gabinete a tan solo siete meses de terminar el Gobierno.La designación de Florián en el Ministerio de Igualdad y Equidad generó una gran polémica en su momento y causó y a su vez un debate jurídico, el Tribunal estudió al menos 3 demandas que pedían tumbar esa designación y uno de los argumentos es la Ley de Cuotas en los cargos públicos.Una de las demandas, por ejemplo, señalaba en su momento que el nombramiento vulneraba dicha ley porque exige que al menos el 50 % de los cargos de máximo nivel decisorio en el Gobierno sean ocupados por mujeres y, según el demandante, Florián no cumple con esa condición.
La familia del magistrado Manuel Gaona Cruz, asesinado durante la toma del Palacio de Justicia en 1985, emitió un pronunciamiento público en defensa de su memoria y en respaldo al fallo judicial que ordenó a la productora Burning S.A.S. adoptar medidas correctivas frente a la película 'Noviembre'. Según la familia, la cinta presenta una versión “distorsionada e injuriosa” de los hechos, al retratar al jurista como colaborador del grupo armado M-19.El Juzgado 128 Penal Municipal de Bogotá falló una tutela interpuesta por Juliana Gaona Bejarano, hija del magistrado, en la que alegó vulneración a los derechos fundamentales al buen nombre, la honra y la memoria de su padre. En la decisión, el despacho consideró que la obra, producida por Burning S.A.S. y dirigida por Tomás Corredor Pulido, vulneró el derecho a la verdad histórica al atribuirle al magistrado características y frases sin sustento probatorio.En consecuencia, el juez ordenó que la película y todas sus piezas promocionales incluyan un aviso visible indicando que se trata de una “ficción basada en hechos reales” y que cualquier semejanza con personas reales “no implica afirmación histórica”. Además, dispuso eliminar la frase “Ni usted, Gaona, que es uña y mugre con estos terroristas”, por considerarla una afirmación lesiva y carente de respaldo judicial. También prohibió el uso del nombre y rasgos del magistrado en contextos que sugieran vínculos con el M-19.Durante su intervención pública, Juliana Gaona destacó que la decisión “no constituye censura”, sino una medida para proteger la verdad y la dignidad de una víctima del conflicto. “Mi padre fue un jurista íntegro que dedicó su vida a la defensa de la Constitución. La libertad de creación es esencial, pero no puede tergiversar la historia ni estigmatizar a las víctimas”, expresó.Por su parte, la productora Burning S.A.S. defendió la obra como un ejercicio legítimo de libertad artística y negó haber vulnerado derechos. Afirmó que el personaje mencionado no representa de manera biográfica al magistrado Gaona, sino que constituye una figura ficcional dentro de un relato inspirado en hechos reales.'Noviembre', estrenada en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) el pasado 6 de septiembre, recrea el drama de un grupo de personas atrapadas durante la toma del Palacio.Con este fallo, el juez reiteró que incluso las personas fallecidas conservan el derecho a la protección de su imagen y su buen nombre, y que la libertad de expresión debe ejercerse con responsabilidad frente a la verdad y la memoria histórica del país
El partido Nuevo Liberalismo oficializó la candidatura presidencial de Juan Manuel Galán para las elecciones de 2026. La decisión fue adoptada por unanimidad durante el Consejo Ordinario Nacional de la colectividad, en el que se resolvió otorgarle el aval como candidato único a la Presidencia de la República.Con esta determinación, Galán se convierte en el segundo aspirante en recibir aval oficial de un partido político de cara a la contienda presidencial, consolidando su posición como uno de los primeros nombres definidos en el panorama electoral.Durante su intervención, Galán agradeció la confianza del Consejo Nacional del Nuevo Liberalismo y aseguró que asume la candidatura con un sentido de responsabilidad y compromiso con el país. En su discurso, destacó que el partido buscará conformar un gran equipo político, no solo para competir en la Presidencia, sino también en el Congreso de la República.“Acepto con responsabilidad, con ánimo, con entusiasmo, con optimismo por lo que puede significar para nuestro país que el nuevo liberalismo logre conformar un gran equipo no solamente en el Gobierno nacional, sino en el Congreso de la República para avanzar en las transformaciones que nuestro país requiere con urgencia” afirmó el precandidato.También afirmó que la prioridad del movimiento será proteger la democracia y la constitución política del 91. “Preservemos nuestra democracia, defendamos la constitución de 1991 y podamos resolver los problemas, darles soluciones a los ciudadanos para sus principales angustias y necesidades”.Con el aval de su partido, Juan Manuel Galán inicia oficialmente su recorrido hacia la campaña presidencial de 2026, conservando un mensaje de defensa de la democracia y fortalecimiento institucional.
El presidente de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), César Pachón, lanzó un duro reclamo al gerente de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), Germán Bahamón, mientras acompaña al presidente Gustavo Petro en Arabia Saudita.La polémica surgió luego de que Bahamón asegurara que la certificación Halal, que Petro anunció como un logro de su Gobierno, no había sido un obstáculo para las exportaciones de café hacia el Medio Oriente.Pachón respondió con un torrente de expresiones ofensivas: “¿Sabe qué me emberraca a mí como campesino que soy? Que este señor venga aquí a criticar lo que estamos haciendo acá. Sabe que me emputa”.El líder de la ADR acusó a la Federación de Cafeteros de haber sido vocera de los campesinos en los TLCs pero de arruinar el agro: “¿Por qué no entraron aquí a los negocios? Ustedes fueron los voceros de los campesinos. Nos volvieron mierda”.Pachón defendió la certificación Halal como una oportunidad histórica para que los productores, incluidos excombatientes y cocaleros, puedan exportar directamente su café, cacao y otros productos, sin intermediarios: “Por eso queremos que los cocaleros dejen la coca y se haga la paz. Ustedes nunca le dieron la oportunidad a los campesinos de ser exportadores directos”.El presidente de la ADR cuestionó el esquema de venta de la FNC, que obliga a los campesinos a pasar por cooperativas que entregan el café a multinacionales: “No les da ninguna garantía de que van a ganar”.Bahamón presentó cifras: “En el 2023 exportamos 56.234 sacos y en 2024 alcanzamos 118.992 sacos. Las exportaciones de café soluble con mayor valor agregado crecieron 10 veces”, bajando literalmente la caña a los anuncio de Petro desde Oriente Medio.Pachón advierte que este “negocio para los campesinos” desde Riyadh busca romper décadas de intermediación que, según él, han “vuelto mierda” el agro colombiano.
En medio de la creciente tensión entre los gobiernos de Gustavo Petro y Donald Trump, Estados Unidos podría ejercer su poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para impedir la renovación completa de la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz en Colombia, vigente desde 2017.Según información revelada por Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo de Blu Radio, 14 de los 15 países miembros del Consejo de Seguridad respaldan la continuidad de la misión por un año más, mientras que Estados Unidos mantiene reparos debido a la crisis diplomática que ha escalado entre Bogotá y Washington.La administración Trump ha advertido que solo apoyará la prórroga si se eliminan dos componentes clave:La verificación del cumplimiento de las sanciones propias de la JEP, tanto para los exintegrantes del secretariado de las FARC como para los miembros de la fuerza pública sancionados.El seguimiento al componente étnico del Acuerdo Final de Paz.De concretarse esta modificación, la ONU perdería la facultad de supervisar el cumplimiento de las sanciones restaurativas, un pilar fundamental del sistema transicional colombiano, y quedaría en el aire quién asumirá esa tarea.La sesión decisiva se realizará este viernes a las 9:30 a.m. hora de Colombia (10:30 a.m. en Nueva York). En representación del país participará únicamente la embajadora ante Naciones Unidas, Leonor Zalabata, dado que ni la canciller Rosa Villavicencio ni el viceministro Mauricio Jaramillo asistirán.
El presidente Gustavo Petro aseguró este jueves que Colombia presentará ante la ONU una proposición para que cesen los ataques de Estados Unidos contra lanchas atribuidas al narcotráfico en el mar Caribe, los cuales tachó de "agresión" contra la región."La operación en el Caribe es ilegal según Amnistía Internacional. ¿Qué piensan los Gobiernos del Caribe? ¿Qué piensan sus pueblos? Colombia debe presentar una proposición en Naciones Unidas pidiendo el cese de la agresión al Caribe", expresó el mandatario en un mensaje publicado en la red social X.El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó el martes que el Ejército de su país atacó el lunes cuatro embarcaciones "en aguas internacionales", matando a catorce personas presuntamente relacionadas con el narcotráfico.El alto funcionario señaló el miércoles que EE. UU. llevó a cabo un nuevo ataque contra otra lancha atribuida al narcotráfico en el Pacífico oriental y, durante el operativo, murieron cuatro personas que estaban a bordo de la embarcación.Con este nuevo ataque ya son quince las embarcaciones destruidas por las fuerzas estadounidenses en aguas internacionales –la mitad de ellas en el Pacífico– y las cuales EE. UU. vincula con actividades de narcotráfico, desde el comienzo de la campaña militar del Comando Sur que inicialmente se centró en el Caribe, cerca de aguas venezolanas.La semana pasada, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que no descarta ataques a objetivos en tierra en Venezuela y Colombia, siempre relacionados al narcotráfico, y agregó que, de realizar estas maniobras, notificará al Congreso.Estos ataques profundizan las tensiones entre Washington y los Gobiernos de Colombia y Venezuela, a cuyos presidentes Trump ha acusado de promover el narcotráfico.La semana pasada, Estados Unidos incluyó en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como 'Lista Clinton', al propio Petro, a su esposa Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti, por presuntos vínculos con el narcotráfico.En septiembre, el Pentágono retiró a Colombia —considerado el mayor productor mundial de cocaína— de la lista de países que colaboraron en la lucha antidrogas durante el último año.Desde entonces, las relaciones entre ambos países, ya marcadas desde enero por desacuerdos en temas como la lucha antidrogas, la migración y la ofensiva israelí en Gaza, se han deteriorado aún más.
Se conoció la carta mediante la cual Otty Patiño, consejero comisionado para la Paz, solicitó al ministro de Justicia, Andrés Idárraga, evaluar la posibilidad de autorizar el traslado de 17 integrantes de las bandas delincuenciales 'Los Costeños' y 'Los Pepes' a la carcel de media seguridad de Barranquilla.En el documento firmado por el consejero, se precisa que esta solicitud “constituye un gesto de paz por parte del Gobierno nacional” y que se espera que contribuya a la política pública de Paz Total.Según el texto, los perfiles incluidos fueron entrevistados con el fin de identificar su rol dentro de estas estructuras criminales y su área de influencia territorial en el área de Barranquilla y el departamento del Atlántico.En la lista aparecen los nombres de los cabecillas José Eliécer Díaz, alias 'Castor' y Ober Ricardo Martinez, alias ‘Negro Ober’, quienes actualmente permanecen privados de la libertad en centros carcelarios del país.En la carta también se indica que estas personas han manifestado su voluntad de ser trasladadas y “aportar en la fase de acercamientos exploratorios ya indicada”, por lo que se solicitó al Ministerio de Justicia realizar la valoración correspondiente, con el fin de realizar el traslado.Es importante recordar que el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, lanzó una advertencia al Gobierno nacional sobre posibles impactos en la seguridad de la ciudad, especialmente en un momento en el que se prepara para recibir miles de visitantes por el Carnaval.“En lugar de enviar refuerzos a nuestra fuerza pública, nos trasladan a peligrosos criminales como Digno, Castor, el ‘Negro Ober’ y 40 delincuentes adicionales a estas cárceles que no cuentan con condiciones de seguridad para albergar a estos criminales”, afirmó Char mediante su cuenta de X.
El alto tribunal le dio la razón a la madre de un soldado que murió por inmersión durante una práctica de entrenamiento mientras prestaba el servicio militar obligatorio en la Armada Nacional, en Coveñas, Sucre.Según el expediente, la mujer presentó varios derechos de petición para conocer el estado del reconocimiento y pago del seguro de vida de su hijo, así como los avances del proceso disciplinario relacionado con presuntas omisiones de funcionarios encargados del trámite.Sin embargo, denunció no haber recibido respuestas claras por parte de todas las autoridades involucradas. Varias entidades del sector defensa fueron interrogadas por la madre del soldado, y de las diez preguntas formuladas, tres entidades dieron respuesta dentro de los términos legales, razón por la cual la Corte Constitucional aseguró que estas no vulneraron el derecho fundamental invocado.Para el alto tribunal, esta omisión evidenció además una falta de coordinación entre las distintas dependencias, que debieron comunicarse entre sí para garantizar una respuesta integral y de fondo.La Corte Constitucional es clara en señalar que el derecho de petición comprende no solo la facultad de presentar solicitudes respetuosas, sino también el deber de las autoridades de responder de manera eficaz y sin dilaciones indebidas.
Se encendieron las alarmas en el país luego que el sector de transporte de carga advirtiera que están en la posibilidad de irse a paro, ante el fuerte incremento en sus costos operativos.El aumento en el precio del diésel, los peajes y el salario mínimo ha inflado los gastos del sector en cerca de un 13 %, mientras que los fletes, lejos de subir, continúan bajando, situación que tiene a los transportadores contra las cuerdas.Así lo confirmó Anderson Quiceno, director ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Carga, quien explicó que el sector no ha tomado aún la decisión de un paro nacional, pero reconoce que el escenario actual obliga a considerar todas las alternativas.“No estamos afirmando que vamos a paro, pero este incremento en los costos detona una serie de opciones, entre ellas un paro, porque no existe ningún equilibrio entre los gastos y los ingresos del camionero”, señaló.Se sabe que los transportadores se mantienen en asamblea permanente desde agosto de 2024, debido a la falta de soluciones estructurales en las mesas de diálogo con el Ministerio de Transporte.Quiceno reconoció la voluntad política de la actual ministra, pero aseguró que las decisiones no se han traducido en acciones concretas que impacten la realidad del camionero en las vías del país.El director ejecutivo de la AST advirtió que el reciente aumento del 23 % en el salario mínimo, sumado al incremento de la inflación y otros costos como mantenimiento mecánico, parqueaderos, lavaderos, alimentación, hotelería y combustibles, ha encarecido toda la canasta básica del conductor de transporte de carga. “Todos estos gastos los ha tenido que absorber el propietario del camión con su propio patrimonio. Hoy el camionero está reventado”, afirmó.A esta situación se suma la falta de actualización de los ingresos del sector a través de la plataforma Sicetac, herramienta utilizada para calcular los fletes. Según el gremio, está no se actualiza desde diciembre del año pasado, pese a que los costos siguen aumentando. “El Gobierno incrementa peajes y diésel, pero no ajusta los ingresos de los camioneros, y eso nos deja en total desventaja”, sostuvo Anderson Quiceno.El líder gremial también alertó sobre posibles manifestaciones y bloqueos si no se adoptan medidas inmediatas. Aunque insistió en que el paro no es una decisión tomada, aseguró que los detonantes ya existen y que la inconformidad del sector sigue creciendo. “Si no hay soluciones reales, esto puede desembocar fácilmente en un paro nacional”, advirtió.Finalmente, desde todo este sector de transporte de carga se hizo un llamado al Gobierno Nacional para que pase de la voluntad política a las acciones concretas y promueva medidas que garanticen ingresos justos y sostenibles para el sector. De lo contrario, advierten que la crisis podría profundizarse en los próximos meses y volver a trasladarse a las carreteras del país.
El presidente Gustavo Petro convocó ayer en Casa de Nariño un encuentro con el Pacto Histórico. Asistieron los aspirantes al Senado Carolina Corcho y Walter Alfonso Rodríguez. Además los congresistas Alejandro Ocampo, Gloria Flórez, Aida Avella, Wilson Arias, Gabriel Becerra y Pedro Flórez. El representante Ocampo reveló detalles de la conversación.“Pudimos dar nuestras apreciaciones sobre lo que había pasado con Venezuela. También de las expectativas de la reunión con EEUU. Analizamos el clima electoral también y alguien del grupo sacó unas encuestas internas en las que Iván Cepeda cada día está más cerca de ser presidente y el Pacto es la fuerza más importante para el senado, pero el presidente no se mete en eso, quisimos contarle, sin embargo él no participa de estas justas electorales”, dijo Ocampo.Esta reunión se da a pocos meses de las elecciones de Congreso y Presidencia. La izquierda tiene varios candidatos como Camilo Romero, Iván Cepeda, Roy Barreras, Daniel Quintero y otros, por eso todos se van a medir en la consulta del Pacto Amplio. De allí saldrá el candidato del presidente Gustavo Petro para continuar con un gobierno progresista.En la otra orilla están los candidatos de la Gran Consulta, una apuesta de la centro derecha que incluye a Vicky Dávila, Mauricio Cardenas, Juan Daniel Oviedo, Juan Carlos Pinzón, Paloma Valencia, Juan Manuel Galan, Aníbal Gaviria, David Luna, y recientemente se sumó Enrique Peñalosa.
El cabecilla de la guerrilla del ELN, alias 'Antonio García', aseguró a la agencia a AFP que respalda la propuesta de unificar a las guerrillas del país para combatir a Estados Unidos, luego de amenazas de ataques terrestres de Donald Trump contra narcotraficantes.Si se trata de una iniciativa "para defender la Patria contra el agresor extranjero", "nos encontraremos en la lucha", dijo García en un intercambio de correspondencia electrónica con la AFP.La semana pasada el criminal más buscado de Colombia, Néstor Gregorio Vera, alias 'Iván Mordisco', propuso la unión con ELN tras el ataque de EE.UU. en Venezuela en el que fue capturado el presidente Nicolás Maduro."Los convocamos, con necesidad imperiosa, a una cumbre de comandantes insurgentes de Colombia y toda nuestra América. Basta de intervenciones militares (...) de dominación cultural, que cese toda forma de agresión imperialista", expresó Iván Mordisco en un video publicado en redes sociales.El jefe del EMC, por el que el Gobierno colombiano ofrece una recompensa de 5.000 millones de pesos (unos 1,3 millones de dólares), invitó a la cumbre a los comandantes de la Segunda Marquetalia y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), que son otras dos disidencias, y al ELN, que opera principalmente en la frontera colombo-venezolana."Ante ustedes dejamos esta propuesta, no somos fuerzas dispersas, somos herederos de una misma causa (...) Forjemos el gran bloque insurgente que hará retroceder a los enemigos de la patria grande", expresó el jefe del EMC.En ese sentido, resaltó que aunque "existen diferencias heredadas del pasado", hoy enfrentan "al mismo enemigo, la sombra del águila intervencionista se cierne sobre todos por igual"."Los convocamos a dejar a un lado estas diferencias, ya habrá momento para sentarnos en camaradería para discutir estos desencuentros", manifestó y agregó: "El destino nos grita que es hora de juntarnos (...) en la trinchera común".Las disidencias de las FARC y el ELN tienen violentas disputas por el control territorial y el negocio de la coca en varias partes de Colombia, especialmente en la región del Catatumbo y el departamento de Arauca, ambos en zonas fronterizas con Venezuela.Tras la captura de Maduro el sábado pasado, el ELN saludó el llamado de autoridades venezolanas, como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, a resistir tras el ataque de Estados Unidos."Saludamos los llamados de las autoridades venezolanas a resistir ante esta brutal intervención militar y a seguir defendiendo el legado de (el expresidente) Hugo Chávez", afirmó el Comando Central, máxima autoridad de mando de la guerrilla, en un comunicado publicado el domingo.Colombia y Venezuela comparten una frontera terrestre de 2.219 kilómetros que se extiende desde el Caribe hasta la Amazonía y que en su mayor parte son territorios despoblados.El ELN, incluido por Estados Unidos en su lista de organizaciones terroristas extranjeras y a la que el propio presidente colombiano, Gustavo Petro, acusa de haberse convertido en una banda narcotraficante, es el grupo armado con mayor poder en la frontera y por ende tiene una fuerte presencia en Venezuela.
Luego del anuncio del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, de acudir a la excepción por inconstitucionalidad para no aplicar en el departamento el decreto 1474 de 2025 que establece medidas tributarias y nuevos impuestos en el marco de la emergencia económica expedida por el gobierno, la mayoría de gobernadores del país se sumaron a esta ‘rebelión’.Una reunión convocada en la sede de la Federación Nacional de Departamentos, los mandatario regionales rechazaron el impacto negativo que tienen las medidas adoptadas por el gobierno, entre las que está un aumento del impuesto de IVA e impoconsumo a diferentes tipos de licores, los cuales generan buena parte del recaudo tributario en estas regiones con destino, temas sociales claves como educación, salud y deporte.Entre las acciones que adoptarán estos gobernadores, y en el que espera, se sumen los 32 departamentos están la presentación de varias tutelas en contra del decreto, la presentación de un oficio ante la Corte Constitucional, pidiendo ser escuchados en medio del estudio que realiza del estado de excepción, así como la nueva aplicación del aumento en el impuesto de consumo a los licores.“La Federación nos va a dar un documento jurídico para nosotros no aplicar el decreto en cada una de nuestras regiones, de acuerdo a nuestras particularidades en cada uno de los departamentos, cada uno de nosotros lo hará pero hemos tomado la decisión que lo vamos a hacer todos”, sostuvo la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.Los mandatarios regionales invitaron al Gobierno nacional a dialogar frente a estas medidas, y a que tenga en cuenta que un aumento desproporcionado en los precios de los licores, podrían llevar a un fortalecimiento del contrabando y de las rentas de grupos criminales que viven de esta práctica o de la adulteración de los productos.
Un año después del recrudecimiento del conflicto armado en la región del Catatumbo, la situación humanitaria continúa deteriorándose. Así lo advirtió el Consejo Noruego para Refugiados, que alertó sobre el impacto que los enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y la guerrilla del ELN han tenido sobre la población civil desde enero de 2025.De acuerdo con la organización humanitaria, se estima que más de 100.000 personas han sido desplazadas en los últimos doce meses como consecuencia directa de la confrontación armada. “Población civil vive bajo el temor constante del reclutamiento forzado, el uso de artefactos explosivos, homicidios selectivos y amenazas de muerte”, aseguraron en su comunicado.El CNR advirtió que esta emergencia está afectando tanto a población colombiana como a refugiados y migrantes venezolanos que permanecen en el Catatumbo, muchos de ellos en condiciones de alta vulnerabilidad.La organización alertó que el conflicto ha limitado la producción de alimentos, agravando el hambre, y ha provocado la destrucción deliberada de infraestructura civil, lo que ha llevado a una situación crítica en el acceso al agua potable.Según la ONG, “mientras que el número de personas afectadas por el conflicto en Colombia se triplicó durante 2025”, la falta de recursos humanitarios agrava aún más la crisis, pues durante 2025 solo se ha recibido una cuarta parte de la financiación necesaria para atender a la población afectada.Desde el territorio, Holmer Pérez, presidente de la Asociación de Campesinos y Campesinas del Catatumbo (ASCAMCAT), aseguró que las comunidades ya no funcionan con normalidad.“Muchas de las comunidades están desvertebradas, no tienen presidente o si está el presidente no está el resto de juntas, no funcionan a la normalidad, no tienen la plena libertad para tomar decisiones, el movimiento social obviamente intimidado frente a lo que ocurre en la región y pues obviamente frente a la economía pues sabemos que esto genera crisis a todo, no solamente al movimiento social sino a la población del Catatumbo que incluye también a la población indígena que también está siendo afectada por esta confrontación”, aseguró el presidente de ASCAMCAT.Ante este panorama, el Consejo Noruego para Refugiados hizo un llamado a los actores armados a “cesar de inmediato los ataques que afectan a la población civil y a respetar estrictamente el derecho internacional humanitario”, para evitar que la crisis humanitaria en el Catatumbo continúe profundizándose.Ante este panorama, el Consejo Noruego para Refugiados hizo un llamado urgente a la comunidad internacional y a los actores armados para proteger de manera inmediata a la población civil y evitar que la crisis humanitaria en el Catatumbo continúe profundizándose.
El Gobierno nacional está respondiendo a los gobernadores de los 32 departamentos del país que se reúnen en Bogotá en la sede de la Federación Nacional de Departamentos para analizar si aplican la excepción de inconstitucionalidad de la emergencia económica. Incluso, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ya anunció que no lo aplicaría, apelando que afecta a las regiones.El jefe de la cartera política los cuestionó y aseguró que estaban promoviendo que se incumpla la ley. “Es un mal ejemplo que los gobernadores estén invitando a no acatar la ley. La Corte Constitucional es quien tiene esa función. Si ellos dicen que no se acata la ley, están usurpando las funciones de la Corte Constitucional. Por otro lado, puede haber prevaricato al no acatar la ley y también podrían ellos responder con sus propios bienes y sus recursos, su pecunio, que se pretende recoger de los impuestos que se están poniendo”, dijo.La Corte Constitucional hará su examen de constitucionalidad de este decreto. Gremios y empresarios han pedido suspender los efectos hasta que sea estudiado de fondo, pues argumentan que no habría razones de peso para invocar estado de excepción.Uno de los puntos más cuestionados tiene que ver con uno de los impuestos sobre aumentar el IVA a las bebidas alcohólicas, que pasó del 5 % al 19 %, y de los cigarrillos que aumentó cerca del 300 %.
La investigación fue realizada por la Unidad de Restitución de Tierras y analizó 1.621 sentencias emitidas por los cinco tribunales especializados en restitución de tierras que operan en el país, lo que representa el total de fallos proferidos por estas instancias hasta octubre de 2025.El estudio identificó picos de despojo en los años 1994, 1997 y 2002, periodos que coinciden con momentos críticos del conflicto y con la expansión territorial de distintos grupos armados ilegales en varias regiones del país.En diálogo con Blu Radio, la directora jurídica de la Unidad de Restitución de Tierras, Paula Andrea Villa Velez, explicó que “el grupo que más desarrolló acciones que llevaron al despojo y al abandono de tierras en el país fueron los grupos paramilitares con el 34 % de los casos. Le siguen las FARC, con 16 %, el ELN con el 8 % y el EPL con el 5.9 %. También se identificó, dentro de estos casos, una presencia importante también de acciones que desarrollaron actores estatales, como el Ejército y la Policía Nacional, en el 11 % de los casos”.El informe también establece que más del 80 % de los casos de despojo reconocidos judicialmente se concentran en siete departamentos.“Antioquia, César, Santander, Córdoba, Norte de Santander, Magdalena y Sucre, fueron los departamentos que más sufrieron estos hechos de de violencia, y, como podemos observar, pues una concentración muy importante en el norte del país. En el sur, pues no se evidencia un nivel tan alto de despojo y abandono hasta el momento, lo cual, por supuesto, puede llegar a variar con la existencia posterior de nuevas sentencias”, aseguró la directora.Finalmente, el análisis evidencia que el despojo no se dio únicamente por la violencia directa, sino también a través de negocios jurídicos, como contratos y escrituras, que posteriormente fueron invalidados por la justicia al demostrarse la falta de consentimiento de las víctimas. La Unidad reporta que ya se ha ordenado la restitución de más de 259.000 hectáreas en cerca de 10.000 fallos a nivel nacional.
Durante meses, un agente de inteligencia militar logró infiltrarse en el núcleo de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), también conocidas como ‘Los Pachenca’, una de las estructuras criminales más temidas del norte del país. El infiltrado no solo consiguió entrar a sus zonas de control, sino que documentó con videos y fotografías la rutina, el poder de fuego y la organización interna del grupo ilegal liderado por alias ‘Naín’, un criminal por el que hoy se ofrece una recompensa de hasta 500 millones de pesos, y quien incluso llegó a amenazar al presidente Gustavo Petro.De acuerdo con información obtenida por Blu Radio a través de inteligencia, el agente logró mimetizarse dentro de la estructura, ganándose la confianza de varios de sus integrantes. Desde esa posición, grabó a hombres fuertemente armados, vestidos con camuflados y brazaletes alusivos a las ‘ACSN’, moviéndose con total tranquilidad por zonas montañosas y selváticas de la Sierra Nevada, así como por vías terciarias donde ejercen control armado, intimidan a la población civil y lanzan amenazas directas contra la fuerza pública.El material recolectado revela campamentos improvisados pero funcionales, levantados en zonas de difícil acceso, diseñados para albergar hasta una docena de hombres. En las imágenes se observan largas filas de fusiles y armamento de alto poder, entre ellos Galil, AK-47, M4, M7 y fusiles Barrett calibre .50, lo que evidencia el músculo bélico que ha sostenido a esta organización criminal durante años. Estos videos, hoy en manos de las autoridades, están siendo analizados para identificar e individualizar a cada uno de los hombres que aparecen en ellos.Uno de los registros más sensibles muestra a una escuadra completa de hombres armados, formados en zona rural, mientras uno de los cabecillas envía un mensaje directo a los integrantes de la organización que se encuentran privados de la libertad en cárceles del país. En el discurso, el grupo se presenta como una organización cohesionada, con lenguaje ideológico y religioso, que promete respaldo a sus hombres capturados y los convoca a regresar a las filas una vez recuperen la libertad, dejando en evidencia su intención de mantener viva la estructura criminal.La infiltración fue clave para ubicar zonas estratégicas del grupo armado. En las últimas horas, tropas del Ejército llegaron hasta un campamento de Los Pachenca en zona rural de Dibulla, La Guajira, tras intensos combates. En el lugar, adecuado para alojar al menos 12 integrantes, se incautaron dos camionetas, seis proveedores, 444 cartuchos de diferentes calibres y nueve minas antipersona, que, según inteligencia, estaban listas para ser usadas contra la Fuerza Pública.Las operaciones continúan en la región con un objetivo claro: dar con el paradero de alias ‘Naín’ y de su compañera sentimental, alias ‘Bebecita’, ambos prófugos de la justicia. Mientras tanto, el material obtenido por el agente infiltrado se ha convertido en una pieza clave para entender cómo delinque esta estructura criminal, cómo se financia, cómo se mueve y cómo mantiene su control armado en amplias zonas del norte del país, dejando al descubierto una organización que, pese a los golpes, sigue demostrando capacidad de intimidación y fuego.