Pese a que varios gobernadores manifestaron su inconformidad tras la reunión con el ministro de Hacienda por el decreto de emergencia económica, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el balance del encuentro fue positivo y que se logró un acuerdo con los mandatarios regionales.Según Benedetti, el consenso se dio especialmente alrededor de los cambios en los impuestos a licores y tabaco, frente a los cuales existía preocupación por un eventual impacto negativo en el recaudo de las regiones. En ese sentido, el ministro afirmó que, si estas medidas afectan los ingresos departamentales, el Gobierno nacional asumirá ese impacto.El jefe de la cartera política reconoció que hubo tensiones durante la discusión, pero sostuvo que todos los gobernadores aceptaron la aplicación del decreto de emergencia económica.Entre quienes lideraron los reparos al contenido de la norma estuvo el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien apeló a la figura de excepción de inconstitucionalidad para anunciar que no aplicaría las medidas del decreto de emergencia económica en su región, porque esto traería grandes consecuencias económicas.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió para estudio una demanda que busca la nulidad del nombramiento de Laura Camila Sarabia como embajadora de Colombia en el Reino Unido, al considerar que el acto administrativo con el que fue designada habría desconocido los requisitos mínimos exigidos para ocupar un cargo diplomático dentro del servicio exterior colombiano.De acuerdo con la acción judicial, el nombramiento vulneraría las normas que regulan el acceso a cargos diplomáticos, al no acreditarse plenamente las condiciones académicas, lingüísticas y de experiencia que se exigen para representar al país ante un Estado extranjero. El demandante sostiene que la designación no cumple con los parámetros previstos en la normatividad que rige la carrera diplomática y consular.Entre los principales argumentos expuestos en la demanda se advierte que Sarabia “no posee el dominio comprobado del idioma del país anfitrión (inglés), ni de otro idioma de uso diplomático”. Según el escrito, la ausencia de una certificación formal que acredite el manejo del inglés podría afectar de manera directa el desempeño de las funciones propias del cargo, en un escenario donde la comunicación es esencial para la gestión de las relaciones bilaterales.Asimismo, se señala que la embajadora no certificó un título de posgrado, requisito que, según el demandante, hace parte de los criterios mínimos exigidos para el ejercicio de cargos diplomáticos de alto nivel dentro del servicio exterior colombiano. Esta situación, a juicio del accionante, constituiría una irregularidad en la expedición del acto administrativo que formalizó su nombramiento.Otro de los puntos cuestionados en la demanda tiene que ver con la experiencia requerida para el cargo. Aunque se reconoce que Laura Sarabia ocupó el cargo de ministra de Relaciones Exteriores, el demandante advierte que no cuenta con el conocimiento diplomático específico en materia de relaciones internacionales de Colombia que, según su criterio, se exige para ejercer la representación del país ante una misión diplomática de esta relevancia.Pese a estos cuestionamientos, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no accedió a la solicitud de medida cautelar presentada en la demanda, con la cual se pretendía suspender de manera provisional a Sarabia de su cargo como embajadora mientras se resolvía de fondo el proceso. En consecuencia, la funcionaria continuará en ejercicio de sus funciones mientras avanza el estudio del caso.En el marco del trámite judicial, el Tribunal ya notificó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Presidencia de la República y a la propia embajadora Laura Sarabia, para que rindan sus respectivos conceptos y ejerzan su derecho a la defensa frente a los argumentos planteados en la demanda.
A las 4:00 de la tarde está citada una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad, convocada en medio de la controversia por la presunta utilización del software de espionaje Pegasus en Colombia. El encuentro contará con la presencia del presidente Gustavo Petro, así como de la cúpula militar y policial y varios altos funcionarios del Gobierno.En la reunión participarán los ministros de Defensa y de Justicia, los directores de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y de la Unidad Nacional de Protección (UNP), además del comisionado para la Paz, Otty Patiño. El primer punto de la agenda será la denuncia presentada por el secretario de Transparencia de la Presidencia y ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, quien aseguró haber sido víctima de interceptaciones ilegales mediante el uso de Pegasus.La denuncia generó un cruce de versiones al interior del Gobierno. Aunque el Ministerio de Defensa salió públicamente a negar el uso de este software por parte de la Fuerza Pública, para el Ministerio de Justicia las explicaciones entregadas hasta ahora no son suficientes, lo que ha incrementado la tensión entre ambos despachos.En ese escenario aparece el nombre de Augusto Rodríguez, director de la UNP. De acuerdo con fuentes cercanas al Ministerio de Justicia, Rodríguez estaría adelantando investigaciones propias y, en ese proceso, habría recurrido a herramientas como Pegasus. Sin embargo, el funcionario desmintió esta versión, pero reconoció que ha hablado con el presidente Gustavo Petro sobre Idárraga, cuestionando su gestión.El debate alrededor de Pegasus no es nuevo en el país. Desde 2021 se han conocido reportes internacionales que señalan a Colombia como uno de los lugares donde el software habría sido adquirido, aunque hasta ahora no existe una confirmación oficial sobre su utilización por parte del Estado. Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, ha sido cuestionado a nivel mundial por su uso para espiar a periodistas, activistas y funcionarios públicos.
Avianca lanzó una fuerte advertencia frente al preocupante incremento de comportamientos inadecuados, agresivos y disruptivos por parte de pasajeros contra el personal aeronáutico en Colombia. La aerolínea alertó que estos hechos no solo vulneran los derechos de sus empleados, sino que también ponen en riesgo la seguridad operacional, por lo que solicitó al Congreso de la República avanzar con urgencia en el Proyecto de Ley 153 de 2025.Según cifras reveladas por la compañía, durante 2025 se han registrado 572 incidentes protagonizados por pasajeros disruptivos, lo que representa un aumento del 27,1 % frente a los 450 casos reportados en 2024. El incremento ha encendido las alertas dentro del sector aéreo, que advierte una tendencia creciente de irrespeto y violencia en aeropuertos y vuelos.En medio de esta ola de denuncias, Avianca recordó uno de los episodios más graves ocurridos el pasado 13 de enero en el aeropuerto de Cali, cuando una pasajera agredió físicamente a empleados de la aerolínea durante un procedimiento operativo en tierra. Ante la situación, la empresa activó de inmediato los protocolos de atención y seguridad: brindó primeros auxilios a la trabajadora afectada, canceló el contrato de transporte de la pasajera y dio inicio a un proceso judicial en su contra.Para la aerolínea, este y otros casos evidencian la necesidad de endurecer las sanciones legales contra quienes incurren en malas conductas, amenazan la integridad del personal o comprometen la seguridad de los vuelos. Por ello, reiteró su llamado al Congreso para respaldar el Proyecto de Ley 153 de 2025, iniciativa que busca fortalecer el marco legal y enviar un mensaje claro de cero tolerancia frente a la violencia en la aviación civil.Avianca fue enfática en rechazar este tipo de actos y aseguró que continuará aplicando todas las medidas legales disponibles contra los pasajeros que incumplan las normas, al tiempo que reafirmó su compromiso con la protección de sus empleados y la seguridad de los viajeros.
La Presidencia de la República firmó un contrato por cerca de 10.000 millones de pesos con la firma de abogados Amadeus Consultancy Limited para la defensa jurídica internacional de Gustavo Petro frente a las sanciones financieras de Estados Unidos, luego de su inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como la Lista Clinton.El mandatario defendió el uso de recursos públicos y lanzó duros señalamientos contra sectores de la oposición, mientras la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación para establecer la legalidad del proceso.A través de su cuenta en X, Petro afirmó que el contrato es consecuencia de gestiones de la oposición en el exterior, es decir, él señala que las sanciones fueron por diligencias de críticos en Estados Unidos que llevaron a su inclusión en la lista.“Eso nos costó las consecuencias de las visitas de la oposición a Washington y a Miami buscando invasiones y muertos y cárceles. Ufff. Querían hasta invasión y extracción y no sé cuántas cosas más, apátridas”, escribió Petro.El pronunciamiento se dio en medio de cuestionamientos por la contratación y tras responder a críticas de la periodista Salud Hernández Mora sobre el contrato y el monto.El contrato fue suscrito a inicios de enero por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) bajo la modalidad de contratación directa, con cargo al Presupuesto General de la Nación. El objeto del acuerdo es “prestar servicios profesionales de asesoría altamente especializada en defensa jurídica internacional, orientada al análisis normativo, doctrinal y procedimental del régimen de sanciones financieras internacionales aplicado por autoridades extranjeras”. La ejecución del contrato está prevista entre el 9 de enero y el 30 de abril de 2026.La oposición ha advertido que los servicios contratados corresponden a una defensa personal del presidente y su núcleo familiar, lo que, a su juicio, no debería financiarse con recursos públicos.En respuesta a las quejas, la Procuraduría General abrió una indagación previa contra el Dapre para verificar si en la celebración del contrato se cumplieron los principios y requisitos de la contratación estatal. El Ministerio Público solicitó copias del contrato y de los estudios previos, y busca establecer si hubo o no irregularidades o un eventual detrimento patrimonial.La actuación disciplinaria se activó tras una denuncia presentada por la representante a la Cámara Katherine Miranda, quien cuestionó que un servicio que, según versiones previas, habría sido ofrecido de manera gratuita por el abogado Daniel Kovalik, terminara convertido en un contrato multimillonario financiado con recursos del Estado.“Se suscribió un contrato por $10.000 millones sin una explicación clara sobre su necesidad, su cuantía ni el procedimiento de contratación”, sostuvo la congresista.El Gobierno insiste en que la contratación responde a un asunto de interés institucional frente a sanciones internacionales, mientras la oposición mantiene que se trata de una defensa personal pagada con recursos públicos.
Sala de Prensa del domingo 18 de enero de 2026 abordó la crisis del sistema de salud en Colombia, el impacto de las decisiones económicas del Gobierno y un repaso por la actualidad del cine y las series, con análisis y denuncias que marcaron la agenda nacional.Denis Silva: El vocero de la Asociación de Pacientes denunció muertes y escasez de medicamentos por una crisis estructural del sistema de salud, asegurando que los recursos de la Nueva EPS no están llegando a hospitales ni farmacéuticas y que millones de usuarios están siendo afectados.Augusto Galán: El exministro de Salud alertó sobre un déficit patrimonial crítico y una siniestralidad que supera los ingresos del sistema, señalando que las intervenciones a las EPS carecen de controles técnicos y están cobrando vidas humanas.Juan Pablo Herrera: El decano de Economía cuestionó la legalidad de la emergencia económica y advirtió sobre su impacto fiscal, el aumento de la inflación por el alza del salario mínimo y el uso de endeudamiento costoso para cubrir problemas estructurales.Luis Carlos Rueda: El especialista en cine comentó estrenos y series grabadas en Colombia, resaltó la proyección internacional del talento local y destacó el potencial del país como escenario clave para la industria audiovisual.Un episodio para entender cómo salud, economía y cultura se cruzan en un momento decisivo para el país.Escuche el programa completo aquí:
El cantante de música popular Yeison Jiménez, de 34 años, falleció en un accidente aéreo ocurrido el pasado sábado 10 de enero en el departamento de Boyacá, cuando la aeronave en la que se desplazaba se precipitó a tierra minutos después de despegar del aeropuerto de Paipa. El artista, reconocido a nivel nacional y con más de 70 obras registradas ante Sayco desde 2016, atravesaba uno de los momentos más destacados de su carrera musical.La avioneta de matrícula N325FA, de propiedad del propio Jiménez, tenía como destino el municipio de Marinilla, en Antioquia. Sin embargo, se accidentó a aproximadamente una milla de la pista, generando un incendio que consumió por completo la aeronave. En el hecho también perdieron la vida cinco integrantes de su equipo de trabajo, identificados por Medicina Legal como Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.En las últimas horas, La Red de Caracol Televisión reveló nuevos registros audiovisuales y testimonios de testigos que presenciaron el siniestro, los cuales ya hacen parte del material que analizan las autoridades para establecer las causas del accidente.En uno de los videos, grabado por un campesino de la zona, se escucha a una mujer gritar: “La gasolina… ¿quién va a estar vivo ahí? Ay, José, sal de ahí”, mientras se observa el momento de la explosión.Uris Mier, una persona que presenció el accidente e intentó acercarse para auxiliar a los ocupantes de la aeronave, entregó detalles de lo ocurrido: “Veo que la avioneta sube, llega al frente de donde yo vivo, se le apaga el motor. El piloto gira hacia la derecha, vuelve y prende, pero cuando llega más o menos a 50 metros de los árboles, se le vuelve a apagar”.“El piloto buscó regresar a la pista de Paipa; cuando dio la vuelta, el avión se fue de pico, rebotó en el sembradío y se produjo la primera explosión”, agregó.Frente a una de las especulaciones más comentadas, relacionada con presuntos gritos de los ocupantes de la aeronave, una campesina de la zona desmintió esa versión. “Eso es mentira, en ningún momento ellos gritaron. El golpe fue, ahí mismo quedaron y la explosión fue muy horrible. Si hubieran gritado, nosotros lo habríamos sentido más”, aseguró.Por su parte, los organismos de investigación continúan con las indagaciones correspondientes, mientras el país lamenta la muerte del artista, cuya música sigue liderando plataformas digitales con canciones como Destino Final.
La música popular colombiana continúa de luto tras la repentina muerte de Yeison Jiménez, uno de los artistas más influyentes del género en los últimos años. El cantante falleció a los 34 años en un accidente aéreo ocurrido el sábado 10 de enero en el municipio de Paipa, Boyacá, un hecho que conmocionó no solo a sus seguidores, sino a toda la industria musical del país.En el siniestro también perdieron la vida cinco integrantes de su equipo de trabajo: Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora, según confirmó Medicina Legal. La despedida oficial se realizó el miércoles 14 de enero de 2026 en el Movistar Arena de Bogotá, donde miles de fanáticos acudieron vestidos de blanco, con flores y pancartas, para rendir un último homenaje al artista que marcó a toda una generación.¿Cuál fue el último mensaje que Yeison Jiménez envió por WhatsApp?En medio del dolor, ha salido a la luz uno de los últimos mensajes que Yeison Jiménez envió a sus seguidores a través de un grupo de WhatsApp, conformado por sus fanáticos más cercanos, conocidos como los “Jimenistas de corazón” . El mensaje, enviado un día antes de su fallecimiento, acompañaba una imagen suya en tarima y decía: “Todo por y para ustedes, los quiero mucho”, palabras que hoy cobran un profundo significado.Según relataron varios integrantes del grupo, el cantante solía interactuar constantemente con ellos, compartiendo fotografías, breves reflexiones y mensajes de agradecimiento. En los días previos al accidente, hablaba sobre sus conciertos, sus compromisos artísticos y también dejaba ver momentos sencillos de su vida cotidiana. En Instagram mantenía una dinámica similar, y dos días antes de la tragedia había publicado una foto durante una presentación, agradeciendo el respaldo de su público.Más allá de su exitosa carrera, Yeison Jiménez es recordado por su fe, su cercanía con la gente y su faceta como padre. Su hija Thaliana contó recientemente que el mayor sueño del cantante era ver crecer a sus hijos y acompañarlos en cada etapa de sus vidas, un anhelo que hoy llena de nostalgia a sus seguidores.
La caída del cabello es una de esas preocupaciones que tiene casi que todo hombre. Un día el espejo registra una imagen conocida y, al siguiente, la coronilla ya no se ve igual. Lo curioso es que, mientras la parte de arriba se va aclarando, los laterales y la nuca siguen firmes, como si no pasara nada. Durante años esto ha dado pie a mitos, culpas al shampoo o a la gorra, pero la explicación real va por otro lado.Especialistas de Mediarte, clínica de implante capilar en Colombia, aseguran que el patrón de la calvicie masculina no es casualidad y tampoco tiene que ver con malos hábitos cotidianos. Todo empieza mucho antes de lo que muchos imaginan.Por qué el cabello se cae arriba y no en los lateralesLa respuesta está en el origen del cuero cabelludo. Según explican los expertos, la piel y los folículos de la parte superior de la cabeza se desarrollan de manera distinta a los de la nuca y los laterales desde la etapa embrionaria. Esa diferencia hace que el cabello de atrás y de los costados no tenga los mismos receptores hormonales.Por eso, esa zona suele mantenerse intacta incluso en hombres con calvicie avanzada. No es que ese cabello sea más fuerte, sino que simplemente no responde a las hormonas que provocan la caída.El papel de las hormonas en la pérdida capilarAquí entra en juego la dihidrotestosterona, más conocida como DHT. Desde Mediarte lo explican sin rodeos: “la DHT en el cuero cabelludo se adhiere al vaso sanguíneo que va a cada folículo y disminuye su calibre. Al disminuirlo, llegan menos nutrientes al folículo así como menos oxígeno y, por ende, el cabello empieza a volverse más delgado hasta que se muere”.Este proceso afecta sobre todo a la parte superior de la cabeza. Los laterales y la nuca no sufren ese impacto porque no tienen receptores sensibles a esta hormona. Cuando la caída no es hormonal, aclaran los especialistas, suele notarse de manera generalizada en todo el cuero cabelludo.Mitos comunes sobre la calvicie que no son ciertosA pesar de lo que muchos creen, hay varias ideas que no tienen respaldo médico:Usar gorras o cascos no causa calvicie, siempre que se mantenga una buena higiene.Lavarse el cabello todos los días no provoca su caída.Cortarse el pelo no evita que se caiga ni lo hace crecer más fuerte.El largo del cabello no influye en la pérdida capilar.Lo que sí puede afectar son los peinados con tracción constante. Finalmente, el implante capilar aprovecha el cabello resistente de los laterales y la nuca para devolver cobertura a la parte superior, con resultados permanentes precisamente porque esos folículos no responden a la DHT.
El presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, rechazaron la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto 0858, con el que el Gobierno buscaba implementar el Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo, aparte de la reforma de la salud.Petro aseguró que suspender un sistema preventivo era ir en contra de la vida humana.Luego, en otra publicación, el presidente trasladó su crítica a las EPS y otras entidades, así como al Consejo de Estado por su decisión.“El sistema preventivo no es negocio, por eso, este asunto público, de gran dimensión, es atacado por los negociantes porque disminuye el negocio. Lamentable aún en el mundo jurídico, que debería defender el Estado Social de Derecho, termine suspendido el derecho”, añadió Petro.Jaramillo amplió la posición y calificó como inadmisible frenar este decreto que implica la adopción del modelo preventivo y predictivo para fortalecer la atención primaria en salud.“Atentar contra este modelo es ir en contra de la vida misma. El objetivo del Gobierno, plasmado en el decreto, es garantizar el derecho fundamental a la salud, según la Ley Estatutaria 1751 de 2015, en todo el territorio nacional y sin ningún tipo de discriminación”, escribió Jaramillo.En su publicación, el ministro de Salud volvió a arremeter contra el sector privado que dirige las EPS e IPS del país.“Hoy la discusión es sobre el vehículo normativo, no sobre la legitimidad del modelo. Los dueños del negocio no quieren que se garantice ese derecho. No nos vamos a paralizar. El cambio continúa”, reiteró.Ahora, el Gobierno deberá defender ante el Consejo de Estado por qué se debe continuar con la ejecución de este decreto, aunque será un debate de varios meses.El decreto implicaba, entre otras, la creación de Centros de Atención Primaria en Salud (Caps) como primer punto de contacto con la población y base territorial para la atención. Las clínicas y hospitales también se reorganizarán bajo este nuevo esquema, mientras las EPS mantendrán su existencia, pero con funciones limitadas, ya que los departamentos y municipios asumirán la organización de las redes hospitalarias y su funcionamiento.Expertos, agremiaciones de pacientes y organizaciones de profesionales de salud alertaron que el documento generaba varias confusiones en las responsabilidades de cada actor y no estaba claro cuál sería la fuente de financiación para los cambios.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro sufre un nuevo revés, esta vez, por cuenta de la decisión que tomó el Consejo de Estado al decretar la suspensión provisional de los efectos del Decreto 0858 de 2025, con el que el Gobierno Nacional había puesto en marcha el Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo, piedra angular de su reforma sanitaria.Esta decisión se da dentro de una demanda presentada por el representante a la Cámara, Andrés Forero, quien pidió anular el decreto por considerar que el Ejecutivo “excedió sus facultades reglamentarias y reguló aspectos que, por Constitución, solo puede definir el Congreso”.Según el auto, el decreto expedido el pasado 30 de julio “regula de manera integral elementos estructurales del Sistema de Seguridad Social en Salud”, como la creación de las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud y la reorganización de funciones entre las entidades territoriales, el Ministerio y las EPS.Esto, para el Consejo de Estado, implicó una modificación sustancial del modelo de prestación del servicio público de salud.“Al adoptar el Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo como política pública de alcance nacional, el Gobierno nacional extralimitó sus facultades reglamentarias y contrarió el principio de reserva de ley, en los aspectos que fueron invocados por el demandante”, señaló el Consejo de Estado.Además, la demanda sostiene que el decreto omitió la consulta previa con comunidades indígenas, pese a que las nuevas disposiciones podrían impactar el Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural.
Habitantes de 14 veredas de San José del Guaviare protestan por el mantenimiento de una vía que los comunica con el sector urbano y, debido a la manifestación, no hay acceso al municipio esta tarde de miercoles 23 de octubre.Según información, la comunidad exige la intervención de una vía en la vereda El Capricho, la cual está ubicada en una zona de reserva natural.Precisamente, esta sería la causa por la que ni el municipio ni el departamento podrían hacer inversiones en esta vía.José Alexander Corgua, secretario de Asojuntas de la vereda El Capricho, asegura que hay una normatividad que permite la ejecución de recursos, pero las entidades territoriales se pasan la pelota de un lado al otro sin encontrar una solución.La falta de mantenimiento de esta vía tiene incomunicadas a cerca de 10.000 personas que habitan en estas 14 veredas y municipio, incluida El Capricho.Por su parte, el alcalde municipal, Willy Rodríguez, señaló que la situación de invierno ha dificultado aún más la situación, y señaló que es necesario que el Gobierno nacional autorice a la alcaldía para poder hacer intervenciones preventiva y correctiva en esta vía.Ante la situación, las comunidades hacen un llamado al Gobierno nacional y autoridades ambientales a revisar su situación y encontrar soluciones.
El presidente Gustavo Petro calificó este jueves de "ejecuciones extrajudiciales" los ataques de las fuerzas militares estadounidenses a lanchas en el Caribe y el Pacífico, que supuestamente llevaban drogas, y reiteró que su homólogo Donald Trump lo ha "calumniado" y ha "insultado a Colombia"."Este tipo de maniobras (bombardeos a lanchas) rompe el derecho internacional. Estados Unidos en estas acciones está cometiendo ejecuciones extrajudiciales", dijo Petro en una rueda de prensa con medios internacionales en la Casa de Nariño, sede del Gobierno, un día después de que EE.UU. anunciara dos nuevos ataques, esta vez en el Pacífico, cerca de la costa colombiana.Petro afirmó además que Trump lo ha "calumniado y ha insultado a Colombia". El inquilino de la Casa Blanca lo tachó ayer de "matón y un mal tipo" y lo acusó de fabricar "muchas drogas", en medio de la escalada de tensiones entre Washington y Bogotá por la guerra contra las drogas.Hasta la fecha, la Administración Trump ha informado de al menos nueve ataques de las fuerzas estadounidenses en el mar Caribe y en el Pacífico desde que el Pentágono inició en agosto una operación antidrogas, en los que, según el Gobierno de EE.UU., han muerto unas treinta personas.Según Petro, su Gobierno ha identificado a un colombiano entre estas víctimas mortales, un pescador de la ciudad caribeña de Santa Marta, identificado como Alejandro Carranza y fallecido presuntamente en un ataque a mediados de septiembre.Sin embargo, advirtió que podrían ser más los ciudadanos colombianos abatidos, ya que "el lanchero colombiano tiene una mayor proporción que los demás países del Caribe o del Pacífico".Por otro lado, Colombia recibió el fin de semana a un ciudadano herido en uno de los ataques, identificado como Jeison Obando Pérez, de 34 años, que llegó con "traumatismo cerebral, sedado, drogado, respirando con ventilador" y se mantiene en estado crítico en un hospital del barrio de Kennedy, en el sur de Bogotá, según informó el ministro del Interior, Armando Benedetti.Petro señaló que las lanchas atacadas, con motor fuera de borda, "jamás" podrían navegar más de siete horas o llegar a Estados Unidos, por lo que pidió considerar a los lancheros como "obreros del narcotráfico" y no como narcotraficantes.Reiteró, en ese sentido, que los "capos" del narcotráfico "no viven en las lanchas bombardeadas ni en los campos de coca que hay en Colombia" sino "en las grandes ciudades del lujo del mundo"."Sea que los lancheros sean culpables de llevar cocaína o sea que no, en ambas circunstancias hay un uso desproporcionado de la fuerza, castigado por el derecho internacional humanitario", sostuvo.Consultado sobre la posibilidad de que la Administración Trump imponga nuevos aranceles a Colombia —que ya paga un 10 % en la mayoría de sus exportaciones a Estados Unidos, la tasa base que Washington aplica a varios países en su guerra comercial—, Petro reconoció que sería "obviamente un problema", aunque dijo que afectaría solo al 10 % de las exportaciones totales colombianas.Colombia destina a su principal socio comercial, Estados Unidos, el 26 % de sus exportaciones. De esa cifra, el 60 % corresponde a petróleo y carbón, por lo que, según Petro, el país norteamericano solo impondría mayores gravámenes al 40 % restante.
Este jueves, 23 de octubre, se realizó en el Palacio de San Carlos una reunión entre la canciller Rosa Villavicencio, el embajador Daniel García Peña, el encargado de negocios de EE. UU., John McNamara, y el viceministro de Defensa, Javier Baquero. El encuentro tuvo como propósito evaluar los caminos que permitan superar la crisis diplomática con Estados Unidos.La Cancillería informó que fue un “diálogo franco”, en el que la ministra Villavicencio pidió retomar el diálogo de alto nivel con el Gobierno Trump y reactivar el Grupo de Trabajo Antinarcóticos. También confirmó que el llamado a consultas del embajador García Peña llegó a su fin.“La ministra de Relaciones Exteriores resaltó la necesidad de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conozca de cerca la realidad colombiana, en particular el compromiso del país en materia de lucha contra el narcotráfico, así como sus avances y logros. Igualmente, subrayó la importancia de reactivar los mecanismos bilaterales existentes”, se lee en un comunicado oficial.Sin embargo, mientras la Cancillería intenta avanzar en gestiones diplomáticas, la escalada del lenguaje por parte y parte continúa. El presidente Gustavo Petro, en rueda de prensa, aseguró que su homólogo Donald Trump “calumnió e insultó a Colombia con declaraciones infundadas y basadas en mentiras”. Por su parte, Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, afirmó que Estados Unidos no ve señales de desescalada en las tensiones con Colombia por parte del Gobierno del presidente Petro, a quien calificó de “desquiciado”.
En pleno año electoral, Blu Radio conoció en primicia un concepto de 29 páginas que envió la Procuraduría General de la Nación a la Corte Constitucional, en el que fija su postura frente a la demanda que busca declarar inexequible la Ley de Encuestas.Fue en septiembre del año pasado cuando la Corte Constitucional decidió admitir para su estudio una demanda que pide “tumbar” la Ley 2494 de 2025, norma que regula la elaboración, publicación y divulgación de encuestas en Colombia. La acción fue presentada por Juan Manuel López, quien sostiene que la ley debió tramitarse como estatutaria, al afectar derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de información y la participación política.¿Qué pide la demanda?Según el demandante, la norma impone restricciones que podrían limitar la pluralidad informativa y concentrar el control en pocos actores, al prohibir los sondeos no probabilísticos y exigir condiciones técnicas estrictas para la publicación de encuestas electorales. Además, advierte que varias disposiciones asignan nuevas funciones al Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que, a su juicio, modificaría su diseño institucional.La demanda también cuestiona la ausencia de un análisis de impacto fiscal y señala que la creación de órganos técnicos, el registro nacional de firmas encuestadoras y las auditorías previstas en la ley implican gastos permanentes que no fueron evaluados, en contravía del principio de sostenibilidad fiscal.La postura de la Procuraduría ante la Corte ConstitucionalPara el ente de control, ninguno de los cargos prospera. En su análisis, la Procuraduría concluyó que la Ley de Encuestas no regula el núcleo esencial de los derechos fundamentales, sino que establece reglas técnicas y de transparencia orientadas a garantizar la calidad, la rigurosidad metodológica y la responsabilidad en la divulgación de encuestas políticas.“De otro modo, tampoco se observa una afectación del núcleo esencial del derecho a la participación política. La regulación contenida en la Ley 2494 de 2025 no altera las condiciones para elegir o ser elegido, no regula circunscripciones, umbrales, mecanismos de representación, conteo de votos ni procedimientos de escrutinio, ni modifica los elementos estructurales del sistema electoral. Las disposiciones cuestionadas recaen sobre instrumentos estadísticos que anteceden al debate político, sin interferir con la manera en que el voto ciudadano se traduce en representación”, señaló la Procuraduría.En ese sentido, el Ministerio Público sostuvo que la regulación de encuestas no constituye censura ni una prohibición absoluta, sino un desarrollo legítimo del deber constitucional de informar de manera veraz e imparcial, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional.La demanda también alega una presunta vulneración al impacto fiscal. Frente a este punto, la Procuraduría explicó que, al tratarse de una ley de iniciativa congresional, no era exigible un estudio técnico detallado, como ocurre con los proyectos del Gobierno. Además, señaló que la norma no ordena de manera directa e imperativa nuevas erogaciones presupuestales, sino que asigna funciones que pueden desarrollarse dentro del marco institucional existente.Por estas razones, la Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional declarar exequible la Ley de Encuestas, lo que en la práctica significa que el ente de control respalda la iniciativa y considera que puede mantenerse vigente.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) dejó en libertad este lunes a los cinco policías que mantenía secuestrados desde hace aproximadamente dos semanas en la región del Catatumbo. Blu Radio confirmó que los uniformados ya fueron entregados a una comisión humanitaria y se encuentran bajo protección tras el operativo de liberación en zona rural de Norte de Santander.Los policías, identificados como Daniel de Jesús Granada Quiroz, Ramón Alberto Coronel Medina, Edwin Fabián Manosalva Contreras, José Ricardo Carrillo Romero y Carlos Eduardo Barrera, habían sido interceptados por el grupo armado cuando se desplazaban vestidos de civil en un bus de servicio público. El secuestro ocurrió en la vía que comunica a El Zulia con Tibú, específicamente en el sector conocido como El Tablazo, mientras los agentes se dirigían hacia la ciudad de Cúcuta.Aunque el ELN había manifestado a través de un comunicado su intención de liberar a los miembros de la institución, el proceso se demoró 14 días. La retención de estos uniformados había generado una fuerte tensión en la zona, debido a que se produjo en medio de la compleja situación de orden público que atraviesa el departamento y los acercamientos de paz con el Gobierno Nacional.Tras la entrega formal a los delegados humanitarios, se espera que los cinco policías sean trasladados a un centro asistencial para verificar su estado de salud antes de reencontrarse con sus familias. Las autoridades regionales y la Fuerza Pública aún no han entregado un balance oficial sobre las condiciones en las que fueron recibidos los agentes.Este fue el comunicado con el que la guerrilla del ELN informó que había secuestrado a los policías:
A la Corte Suprema de Justicia ya llegaron los recursos de casación que interpusieron las víctimas y la Fiscalía dentro del proceso por presunta manipulación de testigos contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, con los que buscan tumbar la absolución del exmandatario proferida en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá. Por sorteo, el estudio sobre si se admiten o no las demandas de casación le correspondió al magistrado Carlos Solórzano.La Fiscalía General de la Nación había radicado ante la Corte Suprema de Justicia la demanda de casación con la que busca que se revoquen las absoluciones y, en su lugar, se condene al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.Con este recurso extraordinario, el ente acusador cuestiona de fondo la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que dejó en libertad al exmandatario y lo absolvió, al considerar que no existían pruebas suficientes para acreditar que ordenó ofrecer beneficios a exparamilitares con el fin de que no lo vincularan con la conformación de un grupo armado ilegal.El antecedente inmediato del caso se remonta a agosto pasado, cuando la jueza Sandra Heredia profirió una sentencia de primera instancia que condenó a Uribe Vélez a 12 años de prisión domiciliaria. Sin embargo, esa decisión fue revertida por el Tribunal Superior de Bogotá, que concluyó que la prueba recaudada no permitía demostrar, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad penal del expresidente en los hechos investigados.Ahora, el recurso de casación que viene por parte de la bancada de víctimas reconocidas en este proceso fue interpuesto por los abogados Reinaldo Villalba, Miguel Ángel del Río y Juan David León, en representación del senador Iván Cepeda; la médica Deyanira Gómez; y los exfiscales Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo.Según la representación de las víctimas, el Tribunal Superior de Bogotá incurrió en errores de valoración probatoria, desconoció reglas de la sana crítica y llegó a conclusiones que no se desprenden del acervo probatorio practicado durante el juicio oral.
Carlos Ramón González no planea regresar a Colombia, incluso si la Corte Suprema de Justicia lo condena. Así lo dejó claro su abogado, Iván Cancino, al confirmar que su defendido continuará en Nicaragua bajo la figura de asilo político, una decisión que, según explicó, dependerá del gobierno de ese país.En entrevista en Mañanas Blu, Cancino habló sin rodeos sobre el escenario que enfrenta el exdirector del DAPRE, quien será acusado formalmente el próximo 29 de enero. González, cercano al presidente Gustavo Petro, seguirá el proceso de manera virtual desde Managua, donde reside desde hace varios meses.La frase que marcó la conversación fue directa y sin ambigüedades: “Si lo condenan y el asilo sigue vigente, pues él tomará la decisión que creo será la de seguir asilado en Nicaragua”, afirmó el abogado, dejando claro que el regreso a Colombia no está en los planes inmediatos.¿Carlos Ramón González volvería al país si hay condena?Para Cancino, la respuesta es clara. Mientras el asilo político se mantenga, Colombia no tendría herramientas para obligar su regreso. “Si se mantiene el asilo, pues obviamente no podrán traerlo”, explicó, aunque reconoció que, si Nicaragua decide levantar esa protección, la justicia colombiana podría actuar.El abogado reiteró que, desde su perspectiva, González sigue siendo inocente. “Para mí sigue siendo inocente”, insistió, señalando que la acusación no cambia la estrategia de defensa ni su convicción sobre el resultado del proceso.González comparecerá virtualmente desde NicaraguaCancino confirmó que su cliente asistirá a las audiencias de manera virtual. “Él se comunicará virtualmente con la audiencia y atenderá las audiencias que se sigan de aquí en adelante por ese medio”, dijo.Sobre la posibilidad de que fiscales o autoridades viajen a Nicaragua para interrogarlo, fue tajante: “Perderían el tiempo”. Según explicó, su recomendación es clara: “Mi recomendación para Carlos Ramón será guardar silencio”.El abogado aseguró no tener información sobre un eventual acompañamiento del Gobierno colombiano o de la Cancillería. “No tengo ni idea si lo están apoyando”, afirmó.Mientras se acerca la fecha clave ante la Corte Suprema, la defensa deja un mensaje claro: González no regresará al país y, si hay condena, su permanencia en Nicaragua seguirá siendo la carta principal. El proceso avanzará, pero a distancia.
La reunión entre algunos gobernadores del país y el ministro de Hacienda culminó sin acuerdos, luego de que no se lograran conciliar las diferencias sobre la aplicación de los decretos de emergencia económica expedidos en medio de la crisis fiscal que enfrentan las regiones.Tras el encuentro, varios mandatarios departamentales expresaron su preocupación por el impacto que estas medidas podrían tener sobre el recaudo tributario y la sostenibilidad financiera de los territorios. En entrevista con Mañanas Blu 10:30 AM, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, aseguró que la reunión no dejó acuerdos de fondo y reiteró la preocupación de los departamentos por el impacto fiscal de los decretos de emergencia. Según explicó, aunque el ministro del Interior propuso la creación de una mesa técnica, los gobernadores mantienen su posición frente a la afectación de las rentas cedidas. “Él sigue insistiendo en que no se afectan los ingresos, pero nosotros decimos que sí, porque tenemos las pruebas de cómo se van a disminuir. Nuestra posición es que vamos a seguir defendiendo esos derechos constitucionales”, afirmó, al señalar que los recursos provenientes de licores y cigarrillos son fundamentales para garantizar salud, educación y deporte en las regiones.Toro advirtió que el aumento de impuestos podría incentivar el contrabando y generar una caída en el recaudo, con consecuencias directas sobre el sistema de salud. En el caso del Valle del Cauca, recordó que los recursos del cigarrillo se destinan al régimen subsidiado. “Nosotros tenemos que obligatoriamente pagar el régimen subsidiado. Yo le pregunté al ministro: ¿usted me va a pagar esos 120.000 millones de pesos que yo no tengo con qué pagarlos? Eso no me lo contestó”, señaló la mandataria, quien alertó que, de no cubrirse ese faltante, los departamentos tendrían que usar recursos de libre destinación para cumplir con esas obligaciones.La gobernadora también insistió en que una eventual disminución del recaudo afectaría otros programas esenciales que hoy asumen las regiones ante la falta de recursos nacionales. “¿Con qué vamos a pagar el PAE, con qué vamos a pagar el transporte escolar, con qué vamos a pagar lo que no nos manda la Nación?”, cuestionó. En ese sentido, subrayó que estos recursos no son para los gobernadores, sino para la ciudadanía. “Son para darle educación, salud, deporte, para alejarlos de la violencia y de las drogas. Si nos disminuyen los recursos, no vamos a poder garantizar esos derechos fundamentales”, concluyó.Escuche la entrevista completa aquí:En la misma línea, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, calificó la reunión como “llena de humo” y aseguró que la situación quedó en manos de la Corte Constitucional. Según explicó, el departamento solicitará una medida temprana de excepción de inconstitucionalidad para que se suspendan los efectos tributarios del decreto de emergencia.“En cualquier caso, si terminado el mes la Corte no se ha pronunciado, el departamento se sostiene en lo que ratificamos: haremos uso del instrumento de excepción de inconstitucionalidad”, afirmó Rendón.Desde el Gobierno nacional, sin embargo, el balance fue distinto. El ministro del Interior, Armando Benedetti, dio por superadas las tensiones con los gobernadores y aseguró que las diferencias sobre la aplicación de los decretos de emergencia económica quedaron resueltas.Minutos antes, Benedetti había señalado que, tras la reunión, se acordó que si los impuestos a licores y tabaco afectan la recaudación de las regiones, la Nación asumirá el déficit que se genere. Según el ministro, el Gobierno del presidente Gustavo Petro se comprometió a compensar cualquier faltante que deje el recaudo tributario en los departamentos.
En medio de un nuevo remezón en el gabinete del presidente Gustavo Petro, el Gobierno nacional confirmó que José Raúl Moreno, actual jefe de Despacho de la Presidencia, quedará como ministro encargado del Ministerio de Igualdad y Equidad (MinIgualdad).Hay que recordar que Moreno había sido nombrado oficialmente como jefe de Despacho de la Presidencia mediante el Decreto 1424 de 2025, firmado el martes 24 de diciembre. El documento fue suscrito por la directora del Dapre, Angie Rodríguez, y confirmó su llegada al cargo, según informó la Unidad Nacional de Protección (UNP).El nombramiento se da luego de que el pasado 15 de enero, el mandatario solicitara la carta de renuncia al entonces ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián, marcando un nuevo ajuste dentro del equipo de Gobierno.La designación de Florián en el Ministerio de Igualdad y Equidad generó una gran polémica en su momento y causó y a su vez un debate jurídico, el Tribunal estudió al menos 3 demandas que pedían tumbar esa designación y uno de los argumentos es la Ley de Cuotas en los cargos públicos.Una de las demandas, por ejemplo, señalaba en su momento que el nombramiento vulneraba dicha ley porque exige que al menos el 50 % de los cargos de máximo nivel decisorio en el Gobierno sean ocupados por mujeres y, según el demandante, Florián no cumplía con esa condición.Ahora, con este nuevo encargo, José Raúl Moreno asume la dirección de una de las carteras más polémicas del Gobierno.
El próximo 23 de enero, en Nueva York, se realizará una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la que Colombia participará como miembro no permanente, mandato que asumió recientemente. Para este encuentro, la canciller Rosa Villavicencio viajará a Estados Unidos tras obtener una visa especial, gestionada con el apoyo de la Embajada de EE. UU. en Colombia.De acuerdo con fuentes diplomáticas, el encargado de negocios de Estados Unidos en Bogotá, John McNamara, facilitó las gestiones necesarias para que la ministra obtuviera el permiso de ingreso, luego de que el gobierno de Donald Trump retirara la visa a Villavicencio, al presidente Gustavo Petro y a varios funcionarios cercanos al mandatario colombiano.La decisión de retirar las visas se produjo en medio de tensiones diplomáticas entre ambos gobiernos, marcadas por diferencias políticas y declaraciones cruzadas, una de ellas la del presidente Petro pidiéndole al Ejército de EE. UU. que no siguiera las órdenes de Trump.La visa otorgada a la canciller no será utilizada únicamente para la sesión del Consejo de Seguridad. Villavicencio también la empleará para su viaje a Washington el próximo 1 de febrero, con el objetivo de preparar la reunión bilateral entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo, Donald Trump, prevista para el 3 de febrero.Ese encuentro es considerado clave para recomponer la relación entre ambos países y abordar temas como cooperación en seguridad, lucha contra el narcotráfico, migración y la agenda regional.
La representante a la Cámara de la Alianza Verde, Catherine Juvinao, denunció un presunto “cartel de títulos falsos” entre el Gobierno y la Fundación Universitaria San José.Según Juvinao, seis personas que se graduaron de ese centro educativo no realizaron las pruebas Saber Pro e igual recibieron el título y posteriormente obtuvieron contratos en diferentes entidades.“La investigación pudo determinar que hay dos tipos de irregularidades en la expedición de estos títulos: la primera corresponde a personas que, a pesar de haber obtenido el diploma, no reportan la presentación de la Prueba Saber Pro en ninguna fecha verificable, evidenciando similitudes con el caso de la joven Juliana Guerrero. En este primer grupo, el equipo investigativo de la representante Juvinao identificó seis casos”, dijo Juvinao.Además, habría el caso de 18 personas que realizaron la Prueba Saber Pro después de recibir su título universitario y también habrían tenido contratos en algunas entidades.“Las entidades involucradas que vincularon a estas personas son: Sena (10 casos), Unidad Nacional de Protección (2 casos), Invima (2 casos), MinTransporte (1 caso), Dian (1 caso), Dane (2 casos), SuperServicios (1 caso), Dapre (1 caso), Corporación Aeronáutica Colombiana (1 caso), Aerocivil (2 casos), MinSalud (1 caso) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (1 caso). Se reporta una persona que tiene contratos en más de una entidad”, dijo Juvinao.
Las capitales de Colombia y los departamentos pidieron a la Corte Constitucional suspender el decreto de emergencia económica de Petro: dicen que “elude los límites democráticos”El pasado 15 de enero de 2025, la Asociación de Ciudades Capitales de Colombia (Asocapitales) formalizó una solicitud a la Corte Constitucional para que suspenda de manera inmediata el decreto con el que el gobierno del presidente Gustavo Petro declaró la emergencia económica en el país. La petición se fundamenta en los posibles efectos jurídicos graves e irreparables que, según la organización, pueden afectar a los sectores económicos gravados por las medidas tributarias adoptadas bajo el amparo del decreto, medida considerada por la asociación como carente de “fundamento constitucional válido”.Andrés Santamaría, director general de Asocapitales, habló en Blu Radio sobre esta situación y la posición del gremio."Asocapitales tomó la decisión de acompañar esta medida porque creemos que estos decretos de emergencia económica no son procedentes. Lo que hemos solicitado es la suspensión temporal, acompañando y coadyuvando esta iniciativa inicial que tomó la ciudad de Medellín", indicó Santamaría.Asimismo, dijo que "el caso que ha fundamentado el Gobierno nacional no es un caso sobreviniente, sino por lo contrario, porque está fundamentada en una crisis fiscal ya conocida de tiempo atrás".Santa María calificó de "ilógico" que el Gobierno declare una crisis de excepción mientras promueve simultáneamente un aumento del 23% en el salario mínimo."Es muy ilógico que se esté promoviendo un aumento también del salario mínimo del 23% y, al mismo tiempo, se esté diciendo y mandando el mensaje que se necesita una excepción de crisis económica en el país", manifestó.Desde Asocapitales, Santamaría advierte que el uso de mecanismos excepcionales para resolver problemas de planeación presupuestal sienta un antecedente perjudicial para el país. "Cada vez que haya una situación que no pudo regular el Ejecutivo, pues acude a un mecanismo excepcional", criticó el director Santa María.Escuche la entrevista aquí:
El Gobierno del presidente Gustavo Petro está en el centro de una nueva polémica por la decisión de revivir un acuerdo comercial con Brasil que, según denunció la senadora Paloma Valencia, ha perjudicado gravemente a la industria automotriz colombiana.La congresista aseguró que esa decisión habría sido tomada para asegurar la visita del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a la cumbre de la Celac realizada en noviembre de 2025 en Santa Marta.De acuerdo con Valencia, en 2017 Colombia y Brasil firmaron un acuerdo para el comercio de vehículos sin aranceles, conocido como el Apéndice 5.1 del ACE-72. Sin embargo, Brasil habría modificado sus reglamentos técnicos internos, impidiendo en la práctica el ingreso de vehículos colombianos a su mercado, pese a que cerca del 19 % de los carros que se venden en Colombia provienen de ese país.La senadora afirmó que esta situación generó un fuerte desbalance comercial. Mientras entre 2018 y 2025 Colombia exportó a Brasil, en promedio, apenas 1,5 millones de dólares en vehículos, las importaciones desde ese país superaron los 775 millones de dólares.En paralelo, la industria automotriz nacional sufrió una fuerte caída. Según cifras citadas por Valencia, la producción pasó de 123.615 vehículos en 2018 a 30.736 en 2024, una reducción del 75 %. Además, la participación de vehículos producidos en Colombia cayó del 32 % en 2014 al 8 % en 2024, año en el que General Motors Colmotores cerró sus operaciones en el país.Por estas asimetrías, en septiembre de 2024 el propio Gobierno Petro, a través del entonces ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, anunció el retiro de Colombia del acuerdo, decisión que debía hacerse efectiva un año después. No obstante, días antes de la cumbre de la Celac, el Gobierno suspendió esa denuncia y revivió el acuerdo.Según la senadora Valencia, la razón fue política: la cumbre no contaba con la asistencia de mandatarios de peso y el Gobierno necesitaba una presencia relevante. Con esta decisión, Brasil podrá seguir vendiendo hasta 50.000 vehículos al año en Colombia sin aranceles, mientras la producción nacional continúa en caída.La información detallada por Valencia es oficial, es decir, proviene del mismo Gobierno, específicamente de la respuesta a un derecho de petición del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.