Preocupadas se pronunciaron las autoridades en el Huila ante los constantes hechos de homicidio que se han presentado en lo que va corrido de 2026, cifra que supera en más del 100 por ciento la registrada en el mismo periodo del año inmediatamente anterior.El secretario de Gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas, en conversación con Blu Radio, informó que mientras en enero de 2025 se registraban 16 homicidios, en lo que va de 2026 ya se contabilizan más de 35 muertes violentas. Estos hechos han ocurrido bajo diferentes modalidades, como hurto, riñas, sicariato y otros casos atribuidos a grupos armados ilegales.Municipios con más homicidios en Huila“Tenemos un incremento preocupante de homicidios en el Huila. En relación con el mes de enero del año anterior, se habían registrado 16 casos; este año, a la fecha, se registran más de 35 homicidios, lo que representa un aumento del 118 por ciento. Los municipios que generan mayor atención son Pitalito, Neiva, incluyendo su área metropolitana, El Agrado, entre otros”, anotó Casallas.Añadió el funcionario que las modalidades de muertes violentas en el departamento, a la fecha, han sido atribuidas a hurtos, riñas por intolerancia, sicariato y otros casos relacionados con la presencia de grupos armados ilegales que delinquen en zonas con problemas de orden público.De acuerdo con las cifras, en todo el departamento han sido asesinados en lo que va del mes de enero alrededor de 32 hombres, cuatro mujeres y un menor de edad. No obstante, los municipios con mayor índice de muertes violentas en el Huila son Neiva, Pitalito, Acevedo, Campoalegre, Gigante y Algeciras.Cifras de homicidios en Huila en 2025Según las estadísticas entregadas por la Secretaría de Gobierno del Huila, en el departamento, durante el año 2025, ocurrieron un total de 380 muertes violentas. De ese total, 82 casos se registraron en Neiva, como ciudad capital, y los demás homicidios se presentaron en municipios como Pitalito, La Plata, Algeciras y Campoalegre, entre otros.Para esa misma vigencia, de los 380 homicidios, 339 correspondieron a hombres y 41 a mujeres; de estos últimos, ocho fueron feminicidios ocurridos en Neiva y 33 en otros municipios como Acevedo, Timaná, La Plata y Algeciras. Además, dos menores de edad fueron asesinados en la capital del departamento.
Colombia responderá a Ecuador bajo el principio de reciprocidad tras el anuncio de un arancel del 30 % a las importaciones de productos colombianos, medida que comenzará a regir el primero de febrero.El presidente Gustavo Petro confirmó la decisión en su cuenta de X y expresó su expectativa de que ambos gobiernos sostengan una reunión bilateral para analizar este y otros temas de interés entre ellos la lucha contra el narcotráfico.“Responderemos a las palabras expresadas hoy por el presidente Novoa de acuerdo a los principios de reciprocidad. Estaba a punto de realizarse una reunión bilateral de gabinetes, entre Colombia y Ecuador, países que fueron de la Gran Colombia, ojalá se realice”, indicó el mandatario en X.El principio de reciprocidad significa que Colombia podría responder con medidas equivalentes a las que adoptó Ecuador.Sobre eso hay que decir que entre enero y noviembre de 2025, las exportaciones colombianas a Ecuador sumaron US$1.673 millones, con una caída del 3,2 % frente al mismo periodo de 2024, según la Asociación Nacional de Comercio Exterior de Colombia (Analdex).De acuerdo con el gremio, Ecuador es el sexto destino de las exportaciones totales de Colombia y el segundo mercado para las no minero-energéticas.El gobierno colombiano asegura que ha cumplido en la lucha contra el narcotráfico y ha extendido su mano en materia energética a Ecuador.El presidente Petro destacó que su administración hizo incautaciones de más de 200 toneladas de cocaína, que ha habido cooperación militar con Ecuador y se han instalado centros de inteligencia en la frontera.También señaló avances contra los insumos de fentanilo en el Pacífico y resaltó el apoyo energético brindado a Ecuador cuando ese país màs necesitaba la energía que le vende Colombia.
Durante la inauguración del tercer centro del país para la reintegración de personas que recuperaron su libertad, en Cali, el ministro de Justicia y del Derecho (e), Andrés Idárraga Franco, se refirió al caso Pegasus y señaló que el Gobierno Nacional está a la espera de un informe detallado por parte de la Policía sobre el avance de las investigaciones.El funcionario aseguró que detrás de las interceptaciones ilegales a altos funcionarios del Gobierno existiría una conspiración política desde algunos sectores, con el objetivo de desprestigiar a la administración nacional, incluso en un contexto electoral.“Yo creo que de fondo hay una conspiración que se ha iniciado por parte de algunos sectores al interior de entidades del sector defensa, que es precisamente el centro de esta discusión. Aquí el problema no es Andrés Idárraga ni el ministro de Justicia, aquí el problema es cómo al parecer algunos sectores han querido conspirar contra el propio Gobierno en época electoral, tal vez para buscar mecanismos de desprestigio”, afirmó.Idárraga también reveló que, en su caso, el micrófono de su teléfono celular fue activado de manera remota, lo que permitió la obtención de información confidencial.“Fueron 134 ocasiones, con más de 8.700 intervenciones ilegales comprobadas, en las que se extrajeron más de 2,3 gigas de información sensible del Gobierno Nacional, incluyendo datos de denunciantes de corrupción y conversaciones de alto nivel”, explicó.De igual manera, el ministro negó cualquier injerencia en la solicitud de imputación de cargos contra Augusto Rodríguez, luego de que el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) lo señalara de presuntos intereses políticos.“Creo que lo han mal informado personas que han querido sembrar cizaña. Vamos a resolverlo internamente y somos respetuosos de la independencia judicial”, puntualizó, al asegurar que buscará un diálogo directo con Rodríguez.
El río Magdalena volvió a hablar, revive en Honda y devuelve la esperanza a los pescadores. Lo hizo con la fuerza de sus aguas, con el brillo plateado de los peces y con la voz serena de quienes lo conocen desde siempre. En Honda, Tolima, la subienda llegó en su punto más alto y, con ella, regresó la esperanza para decenas de familias que dependen del río para sobrevivir.Desde muy temprano, el movimiento en las orillas anuncia que no es un día cualquiera. Las canoas van y vienen, las atarrayas caen una y otra vez, y el olor a pescado fresco se mezcla con el bullicio de los compradores. La escena se repite como un ritual ancestral que cada año vuelve a unir a la gente con el Magdalena.“Estamos en el tope de lo que es la subienda, la ribazón en Honda”, cuenta Arnulfo Muñoz, pescador artesanal, mientras revisa su faena. Su voz refleja experiencia, pero también alivio. “El río está en un término bueno, hay buena agua y hay bastante pescado. En estos momentos la cosa está buena para todos los pescadores”.Según Arnulfo, la subienda avanza con fuerza desde varios puntos del país. “Dicen que viene más pescado desde La Dorada, Puerto Nare, Puerto Bogotá, Serviés, desde Berrío hacia arriba. Eso quiere decir que el ciclo está bueno, que todavía hay esperanza”, afirma.Abundancia en el río“Hay de todo un poquito. Uno, como pescador, saca lo que caiga en la red. El bocachico es el que más sale, aunque pequeño, pero hay bastante. El nicuro está bueno, el bagre también, y eso ayuda mucho. Cacharro, picuda, mueluda, dorada y cachama completan la faena diaria”, explica.El río que también paga deudasMás allá de la pesca, la subienda representa alivio económico. Para muchas familias, estos días significan poder ponerse al día con gastos urgentes.“Este es el momento para pagar deudas, comprar los útiles de los niños que entran a estudiar, pagar el arriendo, los servicios, la comida”, dice Arnulfo. “Y pues el que toma, también se toma lo suyo”, agrega entre risas, con la naturalidad del pescador que habla sin rodeos.La subienda no solo mueve el río, también reactiva el comercio local. Restaurantes llenos, compradores que llegan desde otros municipios y hoteles que empiezan a ocuparse. Honda vuelve a respirar gracias al Magdalena.Un llamado a la prudenciaAunque el panorama es alentador, Arnulfo hace una advertencia clara: la subienda es pasajera. “Esto es eventual. Dura dos, tres, cuatro o cinco días. A veces uno invita y después se acaba, y la gente viene y pierde el viaje. Por eso hay que ser prudentes”, señala.Aun así, la invitación está abierta: “Que la gente venga, que coma pescado, que pasee, que conozca Honda. Hay buenos restaurantes, hay hoteles y hay pescado. De pronto no se llevan mucho, pero algo se llevan y disfrutan”.El Magdalena, corazón vivoEn 2026, el río vuelve a cumplir su promesa. No solo trae peces, sino trabajo, sustento y memoria. La subienda es más que una temporada de pesca: es cultura, es economía popular y es identidad.“Por ahora estamos en un punto bueno, muy bueno”, concluye Arnulfo Muñoz. “Ojalá siga así. Dios quiera”, confirma.Y mientras el sol cae sobre las aguas del Magdalena, el río sigue su curso, recordándole a Honda que aún late fuerte, que aún alimenta y que cada subienda es una nueva oportunidad para volver a empezar.
La Contraloría emitió un concepto sobre las transacciones con títulos de deuda hechas por el Gobierno nacional en diciembre del 2025, con la venta de TES por 23 billones de pesos a la empresa Pimco y la operación de venta de TES por 4.950 millones. Según el ente de control, la venta hecha en 2025 no representa una nueva emisión de deuda. Sin embargo, asegura que la operación hecha en el primer mes del 2026 sí lo hace, dejando una preocupación en el aire por la acumulación de deuda para el 2029, que de acuerdo con el informe, el Gobierno de ese entonces deberá pagar aproximadamente 89,6 billones de pesos.“El Ministerio de Hacienda llevó a cabo una operación de tesorería que consistió en la venta de una parte de su portafolio de TES por $23,24 billones, con el objetivo de fortalecer la liquidez del Gobierno. La Contraloría verificó que dicha operación cumplió con todos los requisitos legales y autorizaciones correspondientes, y destacó que no implicó la emisión de nueva deuda.” Afirmó la Contraloría.Sin embargo, para el ente de control es preocupante la operación que hizo el gobierno nacional con la emisión de bonos externos por 4.950 millones. Por su parte, afirman que para la vigencia del 2026, el plan financiero del Gobierno requería de 13.096 millones de crédito externo para su financiamiento, de los cuales 9.000 millones de dólares se obtuvieron por la emisión de bonos globales. Entretanto, al hacer esta operación, la Contraloría alerta que esto implica endeudamiento, pero cubrirá las necesidades de recursos externos que quedaron en el Presupuesto General aprobado por el Congreso.Por otro lado, el informe de la Contraloría acepta que Colombia, históricamente, ha sido responsable con el pago de la deuda, pero advierte que los esfuerzos fiscales deben hacerse en los años 2029, 2031 y 2033 para cumplir con ese pago de deuda.Sin embargo, hace una alerta sobre la alta cancelación de bonos globales desde el año 2029 que modifican el perfil de la deuda cuando coinciden pagos de bonos globales, TES B en pesos y en UVR, y Títulos de Solidaridad emitidos en la pandemia, por un total cercano a $89,6 billones. Esta situación exigirá una gestión fiscal rigurosa del Ministerio de Hacienda en los próximos años.
En diálogo con Mañanas Blu, el alcalde de Ipiales (Nariño), José Amilcar Pantoja, expresó su profunda preocupación por el deterioro de los vínculos binacionales. Según el mandatario local, las decisiones tomadas desde el Palacio de Carondelet reflejan una desconexión absoluta con la realidad que se vive en los territorios fronterizos, afectando la estabilidad social y económica de la región.Una desconexión con la realidad fronterizaPara el alcalde Pantoja, las tensiones no son nuevas, sino que responden a una serie de acciones que él denomina como "afrentas" de tipo social, económico y político. Recordó con malestar el episodio ocurrido hace unos meses, cuando el gobierno de Daniel Noboa envió a la frontera a más de 800 presos colombianos "literalmente sin basarse en ningún protocolo binacional o internacional", dejándolos en territorio fronterizo sin previo aviso.Esta falta de coordinación diplomática es vista por el alcalde como una muestra de que el presidente de Ecuador no comprende las dinámicas locales, donde la prioridad debería ser mantener un buen relacionamiento para garantizar la convivencia ciudadana.Impacto económico: aranceles y contrabandoLa imposición de aranceles del 30% a productos colombianos por parte de Ecuador y las posibles restricciones energéticas y petroleras han generado un clima de gran incertidumbre. Pantoja advirtió que estas medidas no solo frenan la inversión en la zona de frontera, sino que estimularán fuertemente las dinámicas de contrabando de insumos básicos.La economía de Ipiales, que el alcalde describe como una "economía pendular" dependiente del valor del dólar, ya venía en descenso. Actualmente, aunque cerca de 3,000 vehículos ecuatorianos ingresan a Ipiales cada fin de semana para adquirir tecnología, electrodomésticos y ropa, la inseguridad y las nuevas trabas comerciales amenazan con profundizar esta crisis. Además, el mandatario señaló que existen vacíos legales históricos, ya que aún no se ha definido con claridad qué productos conforman la canasta básica permitida para el comercio fronterizo.Seguridad: ¿Falta de colaboración o realidad distorsionada?El pretexto del presidente Noboa para imponer los aranceles es la supuesta falta de colaboración de Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, Pantoja desmintió tajantemente esta versión, asegurando que existe una colaboración total y permanente entre el Ejército y la Policía de ambos países a través de estrategias como el "Plan Espejo".De hecho, el alcalde enfatizó que la violencia actual está más presente del lado ecuatoriano. Citó como ejemplos las capturas en Nariño de miembros de 'Los Choneros', una banda de origen ecuatoriano que intentó expandir sus operaciones a Colombia, y el asesinato de dos cambistas en pleno parque principal de Tulcán a plena luz del día.Escuche aquí la entrevista:
En la noche del miércoles 21 de enero de 2026, se llevó a cabo el sorteo número 2.608 de Baloto y Revancha, uno de los juegos de azar más importantes de Colombia. Según el reporte oficial de la entidad, los premios mayores de ambas modalidades no fueron asignados, lo que permite que el acumulado conjunto para la próxima jornada alcance la cifra de 32.100 millones de pesos.A pesar de que los premios principales se mantuvieron intactos, la jornada fue productiva para miles de apostadores en todo el territorio nacional, quienes lograron aciertos en las categorías inferiores de premiación.Resultados detallados de BalotoPara la modalidad tradicional de Baloto, que contaba con un acumulado inicial de $18.000 millones de pesos, los números seleccionados por las balotas fueron: 07 - 14 - 21 - 23 - 38 y la Super Balota 01.El informe técnico revela que no hubo ganadores para el premio mayor (5 aciertos + Super Balota). No obstante, un total de 16.586 personas resultaron ganadoras en otros niveles:Un solo ganador logró acertar los 5 números sin la Super Balota, llevándose un premio de $32.505.850.Cinco apostadores obtuvieron el premio de 4 números + Super Balota, con una recompensa individual de $1.302.950.En total, la premiación distribuida en este sorteo para la modalidad tradicional ascendió a $164.187.750.Debido a que el premio mayor quedó vacante, el nuevo acumulado para el próximo sorteo del sábado 24 de enero se sitúa en $18.400 millones de pesos.Resultados detallados de RevanchaPor su parte, la modalidad de Revancha presentaba un acumulado de $13.500 millones de pesos. Los números ganadores fueron: 03 - 04 - 08 - 17 - 31 y la Super Balota 11.Al igual que en el sorteo principal, nadie logró la combinación completa para el gran acumulado. Sin embargo, Revancha registró una mayor cantidad de ganadores totales, sumando 19.620 personas premiadas. Entre los resultados más destacados se encuentran:Un ganador con 5 aciertos, quien recibió un premio de $15.400.900.Ocho ganadores con 4 aciertos + Super Balota, con un premio individual de $385.850.El monto total de premiación entregado en Revancha fue de $85.186.300.El nuevo acumulado para Revancha se ha fijado en $13.700 millones de pesos para la siguiente jornada.Contribución al sector saludBaloto es un juego de suerte y azar bajo la modalidad de novedoso, operado bajo la supervisión de Coljuegos. Este tipo de sorteos no solo tienen un impacto en los ganadores individuales, sino que representan una fuente de financiamiento crucial para el sistema de salud en Colombia. Un porcentaje significativo de cada tiquete vendido se transfiere directamente para fortalecer los servicios sanitarios públicos del país.Para ganar el premio mayor, los jugadores deben acertar cinco números del 1 al 43 y una Super Balota del 1 al 16. Las probabilidades de obtener el gran acumulado son de 1 en 15,4 millones, lo que explica la frecuencia con la que los premios suelen acumularse durante varias semanas antes de encontrar un ganador.El próximo sorteo se realizará el sábado 24 de enero de 2026, donde los colombianos tendrán una nueva oportunidad de participar por la bolsa combinada de más de 32 mil millones de pesos.
Una tragedia enluta a una familia tras la muerte de una adolescente de 15 años que sufrió una descarga eléctrica mientras utilizaba su teléfono celular conectado al cargador. El hecho ocurrió dentro de su vivienda y, pese a que fue auxiliada rápidamente y trasladada a varios centros médicos, no logró sobrevivir debido a la gravedad de las heridas.El caso se registró en una zona rural del municipio de Augusto Corrêa, en el noreste del estado de Pará, en Brasil, donde la joven residía junto a su familia. La víctima fue identificada como Beatriz Costa Diniz, quien se encontraba en su casa la noche del jueves 15 cuando ocurrió el accidente que terminó cobrándole la vida días después.De acuerdo con los primeros informes, Beatriz estaba usando su celular mientras este permanecía conectado a una toma de corriente, momento en el que recibió una descarga eléctrica que la hizo caer al suelo. Como consecuencia, sufrió quemaduras de segundo y tercer grado, por lo que fue atendida inicialmente por vecinos y familiares antes de ser trasladada a un centro asistencial en Bragança.Debido a la complejidad de su estado de salud, la adolescente fue remitida posteriormente al Hospital Metropolitano de Urgencias de Ananindeua, donde fue sometida a una cirugía e ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos. Pese a los esfuerzos del equipo médico, falleció el lunes 19 por complicaciones derivadas de las lesiones.La Policía Científica confirmó su muerte y entregó el cuerpo a sus familiares el martes 20 al mediodía. Entretanto, la Policía Civil abrió una investigación por muerte accidental y ordenó exámenes forenses para esclarecer las causas exactas del suceso.Una de las hipótesis que manejan las autoridades es una posible fluctuación eléctrica, aunque esta versión aún no ha sido confirmada. Por su parte, la empresa de energía Equatorial Pará aseguró que un equipo técnico revisó la red de la zona sin encontrar interrupciones en los últimos 30 días, pero insistió en la necesidad de no manipular dispositivos electrónicos mientras estén conectados a la corriente.La muerte de Beatriz generó profunda consternación entre sus vecinos y amigos, quienes la recordaron en redes sociales como una joven solidaria que ayudaba a su familia vendiendo tapioca en los autobuses de la región.
El Gobierno colombiano decidió suspender las Transacciones Internacionales de Electricidad (TIE) con Ecuador para priorizar la soberanía energética del país, en respuesta a la imposición de un arancel del 30% a las exportaciones colombianas por parte del Gobierno ecuatoriano. La medida busca “proteger la seguridad energética colombiana”, ante la posibilidad de un nuevo fenómeno de El Niño, según informó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.Ecuador, que mantiene una interconexión eléctrica de 400 kilovatios con Colombia, depende en buena parte del suministro colombiano para cubrir su demanda interna, especialmente durante los periodos de sequía. En los últimos dos años, Colombia había duplicado sus envíos de energía al vecino país, mitigando los apagones sufridos entre 2023 y 2024.“Ecuador depende en un 8% de Colombia”En entrevista con Mañanas Blu, Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), explicó que Ecuador enfrenta una situación de vulnerabilidad energética tras la decisión del gobierno colombiano.“Ecuador consume diariamente cerca de 95 gigavatios hora y de ese total, Colombia estaba suministrando 8 gigas diarios, lo que representa alrededor del 8% de su demanda”, precisó Gutiérrez. La dirigente gremial advirtió que, en años anteriores, durante los picos de sequía, ese porcentaje llegó hasta el 12%. “En diciembre de 2024, ambos países atravesamos una época crítica. Colombia aportó energía para evitar apagones de hasta 14 horas en Ecuador”, recordó.Riesgo de apagones si se agudiza la sequíaDe acuerdo con Gutiérrez, la magnitud del impacto en Ecuador dependerá del nivel de lluvias en los próximos meses y de la capacidad del país para activar su parque térmico. “Entendemos que Ecuador ha tomado medidas para mejorar su confiabilidad, pero no está claro si podrá enfrentar otro periodo de sequía si el fenómeno de El Niño regresa”, señaló.La líder gremial insistió en que la decisión colombiana tiene respaldo técnico y busca evitar una eventual crisis interna. “Como sector, ya habíamos pedido en otras ocasiones que se suspendieran las exportaciones cuando el país enfrenta hidrología crítica. No podemos poner en riesgo la confiabilidad de nuestro propio sistema eléctrico”, puntualizó.Llamado al diálogo y a la cooperación bilateralGutiérrez llamó a reactivar los canales diplomáticos y técnicos entre Bogotá y Quito para evitar que una disputa comercial afecte sectores estratégicos. “Las herramientas económicas no deben usarse como mecanismos de discusión política”, enfatizó. A su juicio, la relación energética entre ambos países “ha sido histórica y de apoyo mutuo”, y debe preservarse sobre la base de la cooperación regional.Además de presidir Acolgen, Natalia Gutiérrez lidera el Consejo Gremial Nacional, desde donde expresó preocupación por las repercusiones del nuevo arancel ecuatoriano sobre las exportaciones colombianas. “Ecuador es el sexto destino de nuestras exportaciones. En 2025, Colombia le vendió bienes por 1.600 millones de dólares, de los cuales dependen miles de empleos en ambos países”, subrayó.Los sectores más golpeados serían el energético, petroquímico, farmacéutico, automotor y de maquinaria, que en conjunto representan cerca del 49% de las exportaciones colombianas hacia el vecino país. Las regiones más expuestas son Antioquia, Valle del Cauca, Bogotá, Cundinamarca y Bolívar, según datos gremiales.“Esta discusión que parece política erosiona la confianza. Hay que activar los canales diplomáticos y resolver la crisis rápidamente”, concluyó Gutiérrez, insistiendo en que la cooperación energética entre Colombia y Ecuador debe prevalecer sobre las tensiones coyunturales.La región andina enfrenta un panorama complejo ante la posibilidad del retorno del fenómeno de El Niño, que amenaza con reducir los niveles de los embalses y afectar la producción hidroeléctrica, fuente principal de energía en ambos países. En este escenario, la suspensión temporal de las exportaciones podría servir para blindar el suministro interno colombiano, pero también dejaría a Ecuador en una posición crítica si sus fuentes hídricas no logran recuperarse a tiempo.La decisión abre, además, un nuevo capítulo en la relación comercial entre los dos países, históricamente interdependientes en materia energética y exportadora. En los próximos días, se espera que los gobiernos de Gustavo Petro y Daniel Noboa retomen canales diplomáticos para buscar una salida técnica a la crisis.
El presidente Gustavo Petro reaccionó este domingo a las declaraciones del mandatario estadounidense Donald Trump, quien anunció el fin de la ayuda financiera a Colombia por lo que calificó como “inacción” en la lucha contra el narcotráfico.A través de su cuenta en la red social X, Petro respondió de forma directa a los señalamientos del presidente norteamericano, quien lo acusó de ser “un líder del narcotráfico” y de “incentivar la producción masiva de drogas” en el país.“Trump está engañado de sus logias y asesores. El principal enemigo que tuvo el narcotráfico en Colombia, fue en el siglo XXI, el que le descubrió sus relaciones con el poder político de Colombia. Ese fui yo. Le recomiendo a Trump leer bien a Colombia y determinar en qué parte están los narcos y en qué parte están los demócratas”, escribió el presidente.¿Qué dijo Trump sobre Petro?El pronunciamiento de Trump fue difundido a través de su red Truth Social, donde aseguró que el Gobierno de Petro “no hace nada para detener la producción de drogas”, a pesar de los recursos y subsidios entregados por Estados Unidos.“A partir de hoy, estos pagos, o cualquier otra forma de pago o subsidio, dejarán de hacerse a Colombia. El propósito de esta producción de drogas es la venta masiva de productos a Estados Unidos, causando muerte, destrucción y estragos”, expresó Trump. El presidente estadounidense también advirtió que, si el Gobierno colombiano no cierra “estos campos de exterminio de inmediato”, su país tomará medidas directas para hacerlo.Las declaraciones se producen un mes después de que Washington retirara a Colombia e la lista de naciones que cooperan activamente en la lucha antidrogas, argumentando un “incumplimiento manifiesto” de sus compromisos internacionales.En respuesta a esa medida, Petro había anunciado previamente que las Fuerzas Militares colombianas dejarían de depender del armamento estadounidense, como parte de un proceso de independencia en materia de defensa.El anuncio de Trump se da además en el contexto del operativo militar que Estados Unidos mantiene en el mar Caribe desde agosto, bajo el argumento de combatir el narcotráfico en la región. La operación, que ha incluido bombardeos a presuntas embarcaciones narcotraficantes, ha incrementado las tensiones diplomáticas entre Washington y Caracas, cuyo Gobierno considera el despliegue como una posible antesala de acciones militares en su contra.
Colombia despertó este 19 de octubre con una noticia que sacudió el panorama político y diplomático: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó duras críticas contra su homólogo colombiano, Gustavo Petro, en medio de la creciente tensión por las operaciones conjuntas contra el narcotráfico en el Caribe.“El presidente de Colombia, Gustavo Petro, es un líder del narcotráfico que fomenta fuertemente la producción masiva de drogas en campos grandes y pequeños en toda Colombia”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social, desatando una ola de reacciones tanto en Bogotá como en Washington.El mensaje surge después de que Petro cuestionara públicamente las operaciones militares estadounidenses en el mar Caribe, en las que un colombiano perdió la vida. La respuesta de Trump no tardó en llegar, acusando al mandatario de “no hacer nada” para frenar la expansión de los cultivos ilícitos en el país.“El narcotráfico se ha convertido en el negocio más grande de Colombia, por lejos, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de Estados Unidos, que no son más que una estafa a largo plazo a nuestro país”, señaló Trump. Además, anunció una decisión contundente: “A partir de hoy, estos pagos ni cualquier otra forma de subsidio se realizarán a Colombia”.El pronunciamiento del procurador Gregorio EljachFrente a las declaraciones del presidente estadounidense, el procurador general de la nación, Gregorio Eljach, se pronunció en entrevista con Blu Radio. Aunque evitó opinar directamente sobre el cruce diplomático, hizo un llamado a la prudencia institucional.“El procurador representa a toda la nación colombiana y no puede inmiscuirse en los temas que competen al presidente de la República, quien es el único representante de las relaciones internacionales”, explicó.Eljach insistió en la necesidad de abordar la situación con calma y responsabilidad: “Estoy dando las razones por las cuales el procurador general no se mete a opinar rápidamente en un tema tan delicado, que considero merece prudencia, atención y serenidad”.Colombia se quedaría sin subsidios para combatir el narcotráfico Aunque mantuvo un tono diplomático, el procurador reconoció que el país atraviesa un momento difícil en materia de cultivos ilícitos. “La verdad es que Colombia sí está muy mal en producción de hojas de coca y elaboración de cocaína. Eso es una realidad enorme”, admitió.Sus palabras reflejan la magnitud del desafío que enfrenta el Gobierno colombiano ante la suspensión de los subsidios estadounidenses, un golpe que podría afectar los programas de sustitución de cultivos y cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico.La tensión entre ambos gobiernos se da, además, en vísperas de las elecciones estadounidenses, lo que agrega un componente político a una relación que ya atraviesa su momento más delicado en años.
Comienza un nuevo periodo electoral y el Ejército Nacional, junto con la Armada de Colombia y el apoyo de aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, ya está desplegado en el país para detener cualquier amenaza que impida a los ciudadanos ejercer su derecho al voto.En todo el territorio nacional se han dispuesto más de 13 mil puestos de votación para los ciudadanos que acudirán a las urnas; de estos, 7 mil están ubicados en zonas urbanas y 6 mil en áreas rurales.“Desde hace más de un año venimos trabajando para garantizar la seguridad de los comicios electorales del mes de octubre y de los que se avecinan en el año 2026, con el propósito de neutralizar cualquier amenaza que atente contra la tranquilidad de los colombianos”, señaló el almirante Francisco Hernando Cubides Granados, comandante general de las Fuerzas Militares.Para estas elecciones, alrededor de 126 mil hombres y mujeres estarán desplegados en todo el territorio nacional garantizando la seguridad, especialmente de los jóvenes, y asegurando que el proceso electoral se desarrolle con total normalidad. Las autoridades ya activaron todas las capacidades de inteligencia para anticipar y neutralizar cualquier amenaza que se presente durante la jornada.“El ejercicio del derecho al voto se ha ejecutado bajo el principio de anticipación, garantizando la seguridad en cada etapa del proceso electoral. Los colombianos pueden tener la certeza de que nuestras capacidades diferenciales permanecen activas y en ofensiva para contrarrestar la presencia delictiva de cualquier grupo que pretenda alterar el orden público”, aseguró el comandante general de las Fuerzas Militares.Este dispositivo no solo se mantendrá para las elecciones de los Consejos de Juventudes, sino también para las elecciones presidenciales, consultas y comicios atípicos que se lleven a cabo en el país.
El presidente Donald Trump lanzó una fuerte acusación contra su homólogo Gustavo Petro en medio de las tensiones y críticas por el manejo de las operaciones contra el narcotráfico."El presidente de Colombia, Gustavo Petro, es un líder del narcotráfico que fomenta fuertemente la producción masiva de drogas en campos grandes y pequeños, en toda Colombia", escribió Trump en su cuenta de Truth Social.La publicación llega luego del reclamo del mandatario colombiano por las operaciones y ataques de Estados Unidos en el mar Caribe donde habría muerto un colombiano.Ante esto, Trump cuestionó a Petro porque según él sigue fallando en las operaciones contra narcotraficantes que siguen enviando droga a su país."Se ha convertido en el negocio más grande de Colombia, por lejos, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de los EE. UU. que no son más que una estafa a largo plazo a Estados Unidos", aseveró.En esa medida, Trump advirtió con retirar o disminuir el apoyo económico de su país a Colombia en materia de lucha contra ese delito."A partir de hoy, estos pagos, ni cualquier otra forma de pago o subsidios, ya no se realizarán a Colombia"Cabe recordar que el pasado 15 de setiembre Estados Unidos desertificó a Colombia en materia de lucha contra narcotráfico por el aumento en el cultivo de hoja de coca y producción de la droga. Sin embargo, en ese momento no retiró la ayuda económica."Petro, un líder poco valorado y muy impopular, con una boca nueva hacia Estados Unidos, debería cerrar estos campos de exterminio de inmediato, o Estados Unidos se los cerrará, y no lo hará de manera agradable", puntualizó Trump.
En entrevista con El Radar, de Blu Radio, el fotógrafo y biólogo colombiano Santiago Monroy habló sobre por qué fue reconocido por el Museo de Historia Natural de Londres en el prestigioso concurso Wildlife Photographer of the Year, una de las competencias más importantes del mundo en fotografía de vida silvestre. Su obra, un retrato íntimo de un oso andino captado en su hábitat natural cerca de Bogotá, fue seleccionada entre más de 60.000 imágenes provenientes de 95 países, destacándose entre las cinco mejores de la categoría “Retrato de animales”.“Fui seleccionado como una de las mejores 100 fotografías dentro de más de 60.300 fotos. Quedé como altamente elogiado en la categoría de retratos de animales”, explicó Monroy en diálogo con Azul Radio. La imagen ganadora fue tomada en la Reserva Natural Ecopalacio, ubicada a unos 30 kilómetros de Bogotá, dentro de la zona de amortiguación del Parque Nacional Chingaza. En este ecosistema de bosque altoandino, Monroy instaló un sistema de cámaras trampa que le permitió captar al oso andino en plena libertad.“Logré capturar un oso andino en su ecosistema, saliendo de la oscuridad. Las condiciones del ambiente, la lluvia y la neblina crearon una textura muy especial. Conseguí un retrato potente que conecta con quien lo mira”, relató.La técnica detrás de la imagenPara obtener la fotografía, Monroy usó un sensor infrarrojo que activa la cámara automáticamente al detectar movimiento, una tecnología que evita la intervención humana directa y garantiza la naturalidad del comportamiento animal.“No es cuestión de suerte únicamente; hay que conocer la especie y entender su entorno. La cámara permanece instalada semanas, y cuando el animal pasa, el sensor activa el disparo. Así logramos retratar su esencia sin perturbarlo”, explicó el fotógrafo. Esta metodología, cada vez más empleada por biólogos y conservacionistas, combina el rigor científico con la sensibilidad artística. En palabras de Monroy, “el ecosistema pintó mi imagen”, refiriéndose al efecto visual que la humedad generó sobre el lente, aportando una atmósfera difusa que realza la fuerza del retrato.Entre la biología y la fotografíaAdemás de fotógrafo, Monroy es biólogo especializado en zoología y conservación, formación que ha sido clave en su trabajo visual. Desde su experiencia, utiliza la cámara no solo para documentar la fauna, sino para generar conciencia ambiental y conectar a las personas con la biodiversidad colombiana.“Entendí que con la fotografía podía enviar mensajes de conservación muy contundentes. Mi propósito es que quienes viven en la ciudad comprendan la riqueza natural que nos rodea”, afirmó. Durante la pandemia, el colombiano consolidó su archivo fotográfico y comenzó a experimentar con el arte visual como herramienta de divulgación científica. Su obra busca visibilizar especies amenazadas y fortalecer el vínculo entre comunidades rurales y ecosistemas.“La conservación es con la gente del territorio: campesinos, pescadores, incluso cazadores. Ellos conocen el bosque mejor que nadie”, subrayó. El reconocimiento en Londres marca un punto culminante en su carrera, pero también una plataforma para seguir promoviendo la protección del oso andino, símbolo de los ecosistemas altoandinos.“Estar aquí en Londres es como estar en los Premios Óscar de la fotografía. Espero que esta imagen despierte curiosidad por los bosques que nos rodean y el país maravilloso que compartimos”, concluyó Monroy.Vea la entrevista completa acá:
El Gobierno colombiano reaccionó a la decisión del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de imponer desde el 1 de febrero aranceles del 30 % a productos de nuestro país alegando falta de cooperación para atender los problemas de seguridad en la zona de frontera.Ante esto, la ministra de Comercio, Diana Morales, aseguró que buscarán los canales legales necesarios para hacer frente a esta situación que golpea el comercio binacional.“Usaremos las vías e instrumentos jurídicos a los que Colombia puede acudir. Pero Ecuador es un país hermano y socio relevante para Colombia y en ese sentido los equipos técnicos han mantenido un diálogo permanente y de beneficio común”, dijo Morales.Entre las opciones a evaluar está las herramientas que brinda la Comunidad Andina que es el mecanismo que rige la relación entre los dos países para buscar una solución o, por otra parte, activar los aranceles inteligentes, “para garantizar un trato recíproco y una cancha de juego equilibrada”.Y es que en su pronunciamiento, esta cartera calificó cómo inconsistente este anunció pues señalan que ambos países venían sosteniendo un diálogo para abordar los temas de seguridad fronteriza.
A través de un comunicado, el Gobierno de Ecuador reiteró el anunció que más temprano hizo el presidente Daniel Noboa sobre la imposición de aranceles del 30 % a los productos colombianos por la falta de cooperación en la seguridad de la frontera.Sin embargo, la medida que regirá desde el 1 de febrero, tendrá varias excepciones que podrían dar un alivio a los gremios que estaban pidiendo activar los canales diplomáticos.En esa lista entran donaciones, efectos personales y ayudas técnicas; así como la venta de energía eléctrica y el servicio de logística de hidrocarburos, todo esto aplicado a través del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.“Ecuador y Colombia mantienen históricos lazos de hermandad y cooperación. No obstante, pese a los diálogos sostenidos y a la insistencia del Ecuador, los mecanismos de control en la frontera colombiana no han resultado efectivos ni suficientes para coordinar una acción frontal y conjunta contra el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y la minería ilegal”, indicaron desde el Gobierno.La medida seguirá, dice Ecuador, hasta que “exista voluntad y compromiso real por parte de la administración de Colombia”.Precisamente, desde el Gobierno y gremios habían pedido revertir esta decisión pues el comercio binacional se vería afectado gravemente.El ministro de Minas, Edwin Palma, calificó como una agresión económica recordando que desde Colombia se mantuvo el sistema ecuatoriano cuando más lo requirió, asegurando que fueron exportados hasta 450 megavatios de manera constante, lo que equivale a cerca del 90 % de la capacidad de exportación disponible.Por su parte, Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, que reúne a los generadores de energía, alertó por la afectación de ese sector y otros que hacen parte de los acuerdos comerciales.“En el sector eléctrico, Colombia ha sido un socio clave para Ecuador: en momentos críticos, nuestras exportaciones de energía han llegado a representar hasta el 12% de su consumo eléctrico, contribuyendo a la seguridad energética del país vecino”, dijo Gutiérrez.Para Gutiérrez, que además es presidenta del Consejo Gremial, el impacto también llevaría a un déficit de cuenta corriente, al reducir los ingresos por comercio exterior.“Con estos datos en mente, una tasa del 30 % puede incentivar la sustitución de productos colombianos y traducirse en pérdidas anuales entre USD 250 y 750 millones, es decir, entre 0,5% y 1,6% del total exportado por Colombia”, reiteró.
Blu Radio conoció en primicia que la Presidencia de la República recusó al presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, pidiendo que se aparte de la discusión sobre el decreto de la emergencia económica que hoy es objeto de estudio por parte del alto tribunal.La recusación fue presentada por el secretario Jurídico de la Presidencia, Augusto Ocampo, alegando que, en una entrevista que Ibañez dio al medio El Tiempo, entregó una serie de declaraciones que podrían considerarse como un concepto emitido fuera de los canales legales.Y es que durante la entrevista, al ser consultado sobre si se aplicaría la medida cautelar de suspensión temporal al decreto de emergencia, el magistrado afirmó que la Corte debe "revisar la jurisprudencia y ampliarla" para que se pueda decretar dicha suspensión en casos de estados de excepción.Para la Presidencia, esto se puede catalogar como un criterio o concepto anticipado, pues no manifestó una posición neutral sino una orientación sobre lo que, según él, debería hacer el alto tribunal.Finalmente, Augusto Ocampo recuerda en su petición que el país recibe estas declaraciones en medio de un contexto sensible y complejo por las decisiones previas de la Corte que se han dado en contra de algunas políticas del Gobierno.“Resulta especialmente preocupante que el magistrado Jorge Enrique Ibañez Najar, lejos de ejercer la prudencia y reserva que impone su condición de juez constitucional y presidente de la Corte, haya optado por intervenir activamente en el debate público sobre un decreto legislativo expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, respecto del cual la Corporación debía adoptar decisiones inminentes y de altísima trascendencia institucional”, dice el documento.Para la Presidencia, el magistrado Ibáñez comprometió su imparcialidad al promover públicamente la suspensión del decreto, por lo que se considera que el magistrado ya formó un juicio previo de que la norma es incompatible con la Constitución. Además, insisten en que esto lo hizo a través de una comunicación masiva y yendo más allá de la mera explicación institucional.“Esta conducta no es compatible con el estándar de imparcialidad reforzada que se exige a quien, por su investidura, está llamado a actuar como garante último del equilibrio entre poderes y no como actor que, mediante declaraciones públicas, parece situarse en una posición de confrontación anticipada frente a las decisiones del Ejecutivo”, agregó la solicitud.Ahora, la Corte Constitucional debe entregar a revisar si acepta o no esta recusación que ya fue recibida oficialmente por la secretaría.Cabe recordar que más temprano que el magistrado Ibañez ya había radicado una solicitud que busca la suspensión provisional este decreto con el que el Gobierno declaró la emergencia económica, tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso de la República.En la relatoría de la Corte aparece registrada la petición dentro de un expediente que está a cargo del magistrado Carlos Camargo, en el que se da cuenta de una solicitud elevada por Ibañez.Si bien en el orden del día de la Sala Plena de esta semana no está prevista la discusión del decreto de emergencia económica, fuentes cercanas al proceso señalan que ya han llegado a la Corte Constitucional un número considerable de conceptos solicitados por el magistrado ponente, Carlos Camargo.
El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, envió una carta a los ministerios de Transporte y Hacienda en la que advierte sobre los riesgos financieros y fiscales para la nación derivados del recorte unilateral de recursos al proyecto de Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique.En el documento, dirigido a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas; al ministro de Hacienda, Germán Ávila, y al presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Óscar Javier Torres, la Contraloría señala que la decisión del Gobierno podría generar incumplimientos contractuales, demandas millonarias y afectaciones al patrimonio del Estado.El ente de control recordó que en julio del año pasado ya se había realizado una advertencia por este proyecto y reiteró que, en caso de que la nación deje de aportar los recursos pactados en las vigencias futuras o los destine a otros fines, podría verse obligada a reconocer intereses remuneratorios y moratorios no previstos inicialmente, además de enfrentar eventuales acciones judiciales.“En caso de que se presenten eventuales incumplimientos de las obligaciones contractuales pactadas a cargo de la Nación y/o la ANI, ello implicaría la asunción de consecuencias de índole contractual, fiscal, disciplinaria y/o penal”, advirtió la Contraloría en un oficio del 4 de junio de 2025.El órgano cuestionó el Decreto 1484 del 31 de diciembre de 2025, expedido por el Ministerio de Hacienda, con el cual se habría recortado el 83,61 % de la vigencia futura de 2025, equivalente a más de 636.000 millones de pesos, señalando que esta decisión “amenaza con materializar los riesgos fiscales claramente expuestos en las advertencias previas”.De acuerdo con el documento, la modificación de las vigencias futuras debía realizarse mediante acuerdos contractuales debidamente protocolizados y con el cumplimiento de los requisitos del CONFIS, el CONPES y el DNP, y no a través de un recorte unilateral por decreto. “La modificación debe surgir de un acuerdo debidamente protocolizado entre las partes suscribientes del contrato de concesión”, advirtió.La Contraloría también advirtió que esta decisión podría afectar la ejecución del proyecto, generar retrasos, paralizar las obras e incluso conducir a su terminación anticipada, además de comprometer la confianza necesaria para el cierre financiero del contrato de concesión.El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, se pronunció a través de su cuenta de X, respecto a esta reciente advertencia y aseguró que la falta de recursos en este proyecto pone en riesgo a poblaciones ribereñas. “Es vital garantizar la protección contra inundaciones en cada uno de los pueblos a orillas del canal del dique. Además varios puertos y plataformas logísticas con miles de empleados deberán cerrar por los sedimentos y basuras que el país arroja al río Magdalena. Cartagena y el dique están en riesgo”, indicó.Finalmente, el contralor reiteró el llamado al Gobierno nacional para que considere las alertas emitidas y adopte correctivos que eviten un daño fiscal, sin desconocer la autonomía de las entidades involucradas en la toma de decisiones.
La Policía lideró una serie de operativos contra la minería ilegal en el departamento del Chocó, que dejaron como resultado la intervención de 27 minas y la destrucción de maquinaria utilizada para la explotación ilícita de yacimientos mineros. Las acciones se desarrollaron en zonas rurales de los municipios de Río Quito y Quibdó, donde esta actividad ilegal ha generado un fuerte impacto ambiental y social.De acuerdo con la información conocida, la minería ilegal intervenida por la Policía habría ocasionado el deterioro de aproximadamente 20 hectáreas de bosque nativo en jurisdicción del municipio de Río Quito, una región estratégica por su biodiversidad y por la dependencia de las comunidades locales de los ecosistemas naturales.En el corregimiento de San Isidro, municipio de Río Quito, unidades de la Policía Nacional, a través de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, adelantaron la operación “Chocó I”, en coordinación con el Ejército y la Armada. En este sector fueron intervenidos diez puntos asociados a minería ilegal y se procedió a la destrucción de siete dragones tipo brasilero y una retroexcavadora empleada en la extracción ilícita de minerales. Durante el operativo fue capturada una persona, quien quedó a disposición de las autoridades judiciales por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.Las autoridades señalaron que estas acciones permitieron golpear de manera directa las finanzas de la subestructura ‘Jhon Fredy Orejuela’ del Clan del Golfo, grupo que se estaría lucrando de la minería ilegal mediante el cobro de exacciones a los explotadores ilegales. La afectación económica para esta organización criminal fue estimada en cerca de 17.000 millones de pesos.En el municipio de Quibdó se adelantó un segundo despliegue operativo en coordinación con unidades militares y entidades ambientales, que permitió la intervención de 17 minas, de las cuales 15 estaban relacionadas con actividades de minería ilegal. En esta zona fueron destruidas 20 dragas, 10 motobombas y 23 motores utilizados para la explotación ilícita de yacimientos, lo que representó una afectación económica cercana a los 365 millones de pesos para las estructuras ilegales.La Policía advirtió que la minería ilegal sigue provocando graves daños ambientales en el Chocó, como la deforestación, la remoción de la capa vegetal y la contaminación de fuentes hídricas por el uso de sustancias tóxicas, afectando de manera directa la biodiversidad y la calidad de vida de las comunidades. Las operaciones continuarán en zonas rurales del departamento, mientras avanzan las investigaciones para identificar a los responsables de estas actividades ilícitas.
La Corte Suprema de Justicia dio la primera luz verde a que empresas puedan implementar una licencia laboral por luto por mascotas tras un fallo en la Sala Laboral, allí, se avaló un pacto entre un sindicanto y una empresa que no se avala un día para los empleados por su mascota."Son un aporte emocional, un apoyo. Son una forma de distracción y compañía. Es entendible que la perdida produzca una situación emocional a la familia", explicó Luis Benedicto Herrera, magistrado de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. A esto y, en diálogo con Noticias Caracol, el psicólogo Álvaro Franco aseguró que no se puede minimizar el dolor porque sea un animal si el vínculo es igual de fuerte al que se podría tener con cualquier persona. ¿Cómo funcionaría la licencia laboral por luto por mascotas?De acuerdo con la Corte Suprema, es necesario que los dueños inscriban a sus mascotas y sean domesticas para poder apelar un día de licencia laboral por luto.Si bien no existe una norma que permita tomar una licencia remunerada o justificar calamidad doméstica por esta razón, de acuerdo con la abogada Nur Amira Vivas, no hay una modificación en el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo que excluya a las mascotas en estos casos.Por otro lado, en la Cámara de Representantes, Alexandra Vásquez, del Pacto Histórico, presentó una proyecto para que esto se vuelva ley, según ella, por vínculo y cercanía la cual sería de un día.“La licencia le será reconocida al trabajador, siempre y cuando este demuestre el hecho mediante prueba que corrobore la muerte del animal de compañía doméstico a través de un veterinario certificado y que la mascota debe haber estado como mínimo 6 meses con su dueño. El empleador establecerá las condiciones de esta licencia en el Reglamento Interno del Trabajo, que, en todo caso, no podrá ser reconocida más de una (1) vez por año o vigencia fiscal”, explicó.
A través del decreto 0019 de 2025, el Ministerio del Interior planteó la estructura interna de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para “garantizar la ejecución efectiva de sus funciones misionales, fortalecer su presencia territorial y cumplir los compromisos institucionales establecidos en el marco normativo y en las políticas públicas vigentes”.Este documento crea y reorganiza dependencias estratégicas como las oficinas de Ciberseguridad, Tecnologías de la Información y Relacionamiento con la Ciudadanía y ajusta las funciones de las áreas misionales de prevención, evaluación del riesgo y protección.Por su parte, el Decreto 0020 establece una ampliación de la planta de personal de la UNP, con la creación de 6.870 cargos en la planta permanente, muchos de ellos destinados a oficiales y agentes de protección, así como a perfiles técnicos y profesionales, incorporando parte de la planta temporal vigente hasta 2025. La medida busca, según el Gobierno, formalizar el empleo público, fortalecer la capacidad operativa y garantizar la prestación efectiva del servicio de protección en todo el país.Lo que no es claro es con qué recursos la Unidad Nacional de Protección (UNP) va a lograr la apertura de estas oficinas y si la planta es suficiente para cobijar con esquemas a los más de 50 candidatos a la Presidencia, más los aspirantes al Congreso que lo soliciten por amenazas o riesgos a su seguridad. Cabe mencionar que en este momento hay 2.066 candidaturas a la Cámara y 1.078 al Senado.
Hasta el barrio La Esperanza del municipio de Teruel, Huila, llegaron funcionarios del CTI de la Fiscalía y, en coordinación con el Ejército y la Policía, hallaron en el interior de una vivienda 65 kilos de marihuana que harían parte de las rentas ilícitas del Bloque Isaías Pardo de las disidencias de las Farc.Según las autoridades, el inmueble donde se cumplió la diligencia de allanamiento, al parecer, operaba como centro de acopio de este estupefaciente, donde dosificaban el alucinógeno para luego distribuirlo y comercializarlo a bandas de microtráfico en varios municipios del Huila.“Hemos logrado un importante resultado contra el narcotráfico y el microtráfico, donde se afecta al Bloque Isaías Pardo, organización armada que concentraba en una vivienda economías ilegales. Con el CTI y la Policía realizamos el allanamiento mediante orden judicial, donde se incautaron 65 kilos de marihuana. El propósito de esta marihuana era ser distribuida en el norte del departamento”, dijo el brigadier general César Augusto Suárez Giraldo, comandante de la Novena Brigada.Por su parte, el teniente coronel Óscar Cárdenas Peña, comandante encargado de la Policía Huila, indicó que el estupefaciente incautado habría sido adquirido en el departamento del Cauca con fines de comercialización en el Huila, lo que representa cerca de 65.000 dosis que dejan de circular en el mercado ilegal.El operativo dejó además la captura de un hombre, encargado presuntamente de almacenar la marihuana, quien fue dejado a disposición de la Fiscalía para que responda por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.Cabe anotar que, la semana anterior, en la vía que comunica a Neiva con el municipio de Palermo, fue aprehendido por el Ejército un menor de edad que transportaba 18 kilos de marihuana en una maleta, avaluados en 15 millones de pesos.
La Contraloría acaba de enviarle un documento de siete páginas a la Canciller Rosa Villavicencio en el que ratifica las preocupaciones del ente de control ante el riesgo de que los colombianos nos quedemos sin el servicio de expedición de pasaportes a partir del próximo primero de abril.Blu Radio tiene en su poder la carta enviada por el Contralor Delegado para la Gestión Pública Luis Enrique Abadía García, en la que explica por qué su despacho identificó que sí hay retrasos frente al cronograma inicial, entrega una explicación detallada de las demoras frente a las fechas previstas en principio y dedica un aparte a lo que califica “riesgos relevantes que no han sido atendidos”.Sobre el primer punto, dice el contralor Abadía que “ha identificado y sustentado riesgos concretos, verificables y en curso que podrían materializarse en afectaciones al patrimonio público y/o a la continuidad del servicio”.Luego, publica tres cuadros suministrados por la Cancillería titulados “cronograma de actividades”, en los que queda demostrado cómo mediante prórrogas se han modificado las fechas de cumplimiento de cada ítem, lo cual, según la Contraloría, “si bien la actualización del cronograma mediante prórrogas permite afirmar formalmente su cumplimiento, ello no implica la superación de los atrasos ni elimina el riesgo de incumplimiento de los términos establecidos inicialmente”.En el tercer punto, la Contraloría hace una serie de advertencias de riesgos adicionales frente al nuevo modelo de pasaportes, entre ellas el riesgo de incremento de costos operativos y afectación de fuentes de financiación, sumado al riesgo cambiario que pueden afectar la sostenibilidad de este nuevo esquema.“Se constató que el esquema prevé obligaciones con pagos en euros y que las variaciones en la tasa de cambio serían asumidas por la parte colombiana, sin que se evidencie un estudio robusto de cobertura o mitigación”, señala el documento.Agrega que “la transición desde un esquema a demanda hacia uno con cantidad mínima anual predefinida genera obligaciones financieras y logísticas nuevas, sin que exista claridad suficiente sobre garantías de suministro cuando se requieran cantidades adicionales”.Además evidencia el riesgo de cobros adicionales por intereses por pagos extemporáneos, algo que no tiene el actual modelo.Adicionalmente, advierte “el riesgo de activación de una garantía a un primer requerimiento por un valor de 6.375.000 euros que podría convertirse en una afectación económica adicional para el Estado”, dependiendo del cumplimiento contractual, “el cual es latente frente a las situaciones de demandas vigentes, así como los retrasos que se vienen evidenciando”.
Una mujer de origen estadounidense fue inadmitida por Migración Colombia tras recibir una alerta por presuntos casos de pedofilia, cuando intentaba ingresar al país por el Aeropuerto Internacional José María Córdoba, en Rionegro, Antioquia.A través de su cuenta de X, la entidad confirmó que se trataba de una ciudadana estadounidense; sin embargo, hasta el momento se desconoce su identidad.“Un reporte en nuestros sistemas permitió determinar que representaba un riesgo para nuestros niños, niñas y adolescentes”, señaló la entidad en un comunicado.El cotejo de información se realizó gracias al programa Angel Watch, una iniciativa de alerta preventiva internacional creada por el gobierno de Estados Unidos para proteger a niños, niñas y adolescentes frente a posibles riesgos de abuso sexual.Este programa permite a las autoridades migratorias intercambiar alertas preventivas sobre personas que podrían representar un riesgo para menores de edad, sin que ello implique necesariamente la existencia de una condena judicial.La iniciativa fue creada en 2007 por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y, en conjunto con el sistema de cooperación internacional MIGRAR, permite verificar ingresos y alertas internacionales para evitar el ingreso de personas consideradas de alto riesgo para los menores en Colombia.El segundo caso en Antioquia en menos de un díaEste es el segundo caso registrado en menos de 24 horas de una persona estadounidense que intenta ingresar al país por el aeropuerto de Rionegro con reportes internacionales relacionados con abuso de menores.El otro caso corresponde a un ciudadano estadounidense que también intentó ingresar al país por el Aeropuerto Internacional José María Córdoba. Durante el proceso de verificación, se constató que el hombre tenía reportes en Estados Unidos por casos relacionados con agresión sexual a menores de edad.Tras el cotejo de la información, las autoridades de Migración Colombia adoptaron las medidas correspondientes para llevar a cabo el proceso de inadmisión, al considerar que el individuo representaba un riesgo para los menores de edad en el país.