Preocupadas se pronunciaron las autoridades en el Huila ante los constantes hechos de homicidio que se han presentado en lo que va corrido de 2026, cifra que supera en más del 100 por ciento la registrada en el mismo periodo del año inmediatamente anterior.El secretario de Gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas, en conversación con Blu Radio, informó que mientras en enero de 2025 se registraban 16 homicidios, en lo que va de 2026 ya se contabilizan más de 35 muertes violentas. Estos hechos han ocurrido bajo diferentes modalidades, como hurto, riñas, sicariato y otros casos atribuidos a grupos armados ilegales.Municipios con más homicidios en Huila“Tenemos un incremento preocupante de homicidios en el Huila. En relación con el mes de enero del año anterior, se habían registrado 16 casos; este año, a la fecha, se registran más de 35 homicidios, lo que representa un aumento del 118 por ciento. Los municipios que generan mayor atención son Pitalito, Neiva, incluyendo su área metropolitana, El Agrado, entre otros”, anotó Casallas.Añadió el funcionario que las modalidades de muertes violentas en el departamento, a la fecha, han sido atribuidas a hurtos, riñas por intolerancia, sicariato y otros casos relacionados con la presencia de grupos armados ilegales que delinquen en zonas con problemas de orden público.De acuerdo con las cifras, en todo el departamento han sido asesinados en lo que va del mes de enero alrededor de 32 hombres, cuatro mujeres y un menor de edad. No obstante, los municipios con mayor índice de muertes violentas en el Huila son Neiva, Pitalito, Acevedo, Campoalegre, Gigante y Algeciras.Cifras de homicidios en Huila en 2025Según las estadísticas entregadas por la Secretaría de Gobierno del Huila, en el departamento, durante el año 2025, ocurrieron un total de 380 muertes violentas. De ese total, 82 casos se registraron en Neiva, como ciudad capital, y los demás homicidios se presentaron en municipios como Pitalito, La Plata, Algeciras y Campoalegre, entre otros.Para esa misma vigencia, de los 380 homicidios, 339 correspondieron a hombres y 41 a mujeres; de estos últimos, ocho fueron feminicidios ocurridos en Neiva y 33 en otros municipios como Acevedo, Timaná, La Plata y Algeciras. Además, dos menores de edad fueron asesinados en la capital del departamento.
Colombia responderá a Ecuador bajo el principio de reciprocidad tras el anuncio de un arancel del 30 % a las importaciones de productos colombianos, medida que comenzará a regir el primero de febrero.El presidente Gustavo Petro confirmó la decisión en su cuenta de X y expresó su expectativa de que ambos gobiernos sostengan una reunión bilateral para analizar este y otros temas de interés entre ellos la lucha contra el narcotráfico.“Responderemos a las palabras expresadas hoy por el presidente Novoa de acuerdo a los principios de reciprocidad. Estaba a punto de realizarse una reunión bilateral de gabinetes, entre Colombia y Ecuador, países que fueron de la Gran Colombia, ojalá se realice”, indicó el mandatario en X.El principio de reciprocidad significa que Colombia podría responder con medidas equivalentes a las que adoptó Ecuador.Sobre eso hay que decir que entre enero y noviembre de 2025, las exportaciones colombianas a Ecuador sumaron US$1.673 millones, con una caída del 3,2 % frente al mismo periodo de 2024, según la Asociación Nacional de Comercio Exterior de Colombia (Analdex).De acuerdo con el gremio, Ecuador es el sexto destino de las exportaciones totales de Colombia y el segundo mercado para las no minero-energéticas.El gobierno colombiano asegura que ha cumplido en la lucha contra el narcotráfico y ha extendido su mano en materia energética a Ecuador.El presidente Petro destacó que su administración hizo incautaciones de más de 200 toneladas de cocaína, que ha habido cooperación militar con Ecuador y se han instalado centros de inteligencia en la frontera.También señaló avances contra los insumos de fentanilo en el Pacífico y resaltó el apoyo energético brindado a Ecuador cuando ese país màs necesitaba la energía que le vende Colombia.
Durante la inauguración del tercer centro del país para la reintegración de personas que recuperaron su libertad, en Cali, el ministro de Justicia y del Derecho (e), Andrés Idárraga Franco, se refirió al caso Pegasus y señaló que el Gobierno Nacional está a la espera de un informe detallado por parte de la Policía sobre el avance de las investigaciones.El funcionario aseguró que detrás de las interceptaciones ilegales a altos funcionarios del Gobierno existiría una conspiración política desde algunos sectores, con el objetivo de desprestigiar a la administración nacional, incluso en un contexto electoral.“Yo creo que de fondo hay una conspiración que se ha iniciado por parte de algunos sectores al interior de entidades del sector defensa, que es precisamente el centro de esta discusión. Aquí el problema no es Andrés Idárraga ni el ministro de Justicia, aquí el problema es cómo al parecer algunos sectores han querido conspirar contra el propio Gobierno en época electoral, tal vez para buscar mecanismos de desprestigio”, afirmó.Idárraga también reveló que, en su caso, el micrófono de su teléfono celular fue activado de manera remota, lo que permitió la obtención de información confidencial.“Fueron 134 ocasiones, con más de 8.700 intervenciones ilegales comprobadas, en las que se extrajeron más de 2,3 gigas de información sensible del Gobierno Nacional, incluyendo datos de denunciantes de corrupción y conversaciones de alto nivel”, explicó.De igual manera, el ministro negó cualquier injerencia en la solicitud de imputación de cargos contra Augusto Rodríguez, luego de que el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) lo señalara de presuntos intereses políticos.“Creo que lo han mal informado personas que han querido sembrar cizaña. Vamos a resolverlo internamente y somos respetuosos de la independencia judicial”, puntualizó, al asegurar que buscará un diálogo directo con Rodríguez.
El río Magdalena volvió a hablar, revive en Honda y devuelve la esperanza a los pescadores. Lo hizo con la fuerza de sus aguas, con el brillo plateado de los peces y con la voz serena de quienes lo conocen desde siempre. En Honda, Tolima, la subienda llegó en su punto más alto y, con ella, regresó la esperanza para decenas de familias que dependen del río para sobrevivir.Desde muy temprano, el movimiento en las orillas anuncia que no es un día cualquiera. Las canoas van y vienen, las atarrayas caen una y otra vez, y el olor a pescado fresco se mezcla con el bullicio de los compradores. La escena se repite como un ritual ancestral que cada año vuelve a unir a la gente con el Magdalena.“Estamos en el tope de lo que es la subienda, la ribazón en Honda”, cuenta Arnulfo Muñoz, pescador artesanal, mientras revisa su faena. Su voz refleja experiencia, pero también alivio. “El río está en un término bueno, hay buena agua y hay bastante pescado. En estos momentos la cosa está buena para todos los pescadores”.Según Arnulfo, la subienda avanza con fuerza desde varios puntos del país. “Dicen que viene más pescado desde La Dorada, Puerto Nare, Puerto Bogotá, Serviés, desde Berrío hacia arriba. Eso quiere decir que el ciclo está bueno, que todavía hay esperanza”, afirma.Abundancia en el río“Hay de todo un poquito. Uno, como pescador, saca lo que caiga en la red. El bocachico es el que más sale, aunque pequeño, pero hay bastante. El nicuro está bueno, el bagre también, y eso ayuda mucho. Cacharro, picuda, mueluda, dorada y cachama completan la faena diaria”, explica.El río que también paga deudasMás allá de la pesca, la subienda representa alivio económico. Para muchas familias, estos días significan poder ponerse al día con gastos urgentes.“Este es el momento para pagar deudas, comprar los útiles de los niños que entran a estudiar, pagar el arriendo, los servicios, la comida”, dice Arnulfo. “Y pues el que toma, también se toma lo suyo”, agrega entre risas, con la naturalidad del pescador que habla sin rodeos.La subienda no solo mueve el río, también reactiva el comercio local. Restaurantes llenos, compradores que llegan desde otros municipios y hoteles que empiezan a ocuparse. Honda vuelve a respirar gracias al Magdalena.Un llamado a la prudenciaAunque el panorama es alentador, Arnulfo hace una advertencia clara: la subienda es pasajera. “Esto es eventual. Dura dos, tres, cuatro o cinco días. A veces uno invita y después se acaba, y la gente viene y pierde el viaje. Por eso hay que ser prudentes”, señala.Aun así, la invitación está abierta: “Que la gente venga, que coma pescado, que pasee, que conozca Honda. Hay buenos restaurantes, hay hoteles y hay pescado. De pronto no se llevan mucho, pero algo se llevan y disfrutan”.El Magdalena, corazón vivoEn 2026, el río vuelve a cumplir su promesa. No solo trae peces, sino trabajo, sustento y memoria. La subienda es más que una temporada de pesca: es cultura, es economía popular y es identidad.“Por ahora estamos en un punto bueno, muy bueno”, concluye Arnulfo Muñoz. “Ojalá siga así. Dios quiera”, confirma.Y mientras el sol cae sobre las aguas del Magdalena, el río sigue su curso, recordándole a Honda que aún late fuerte, que aún alimenta y que cada subienda es una nueva oportunidad para volver a empezar.
Después de permanecer bajo estricto control médico y con pronóstico reservado en la Unidad de Cuidados Intensivos, falleció este miércoles el subdirector de la cárcel de Rivera Renato Solano Osorio, quien resultó gravemente herido en un ataque criminal del que fue víctima por hombres armados el pasado 13 de enero en el sur de Neiva.En ese mismo atentado perdió la vida el niño de 11 años Ismael Rodríguez, hijo del director del centro penitenciario Edgar Enrique Rodríguez, que, por fortuna, resultó ileso cuando se movilizaban en un vehículo particular también acompañado por un dragoneante del Inpec.El gerente del Hospital Universitario de Neiva, Juan Diego Fierro, confirmó el deceso del subdirector de la cárcel tras nueve días de lucha por sobrevivir.“Lamentamos profundamente el fallecimiento del señor Renato Solano Osorio ocurrido hoy miércoles 21 de enero. Desde su ingreso el pasado 13 de enero el hospital dispuso de su capacidad y tecnológica para su atención y manejo interdisciplinario”.Diputados de la Asamblea del Huila y el Concejo de Neiva también lamentaron la muerte del subdirector de la cárcel Solano Osorio, víctima del atentado por hombres armados, y exigen a las autoridades resultados para el esclarecimiento de los hechos.“Desde la Asamblea Departamental rechazamos estos hechos de violencia, el asesinato del niño Ismael y el fallecimiento del subdirector del Inpec de Rivera Renato Osorio, quien se convierte en la segunda víctima de este atentado. Hoy le hago un llamado a la Fiscalía, a la Policía, a los grupos de inteligencia, para que no solo se de captura a los autores materiales, sino también a los intelectuales a los que habrían ordenado este atentado”, expresó Omar Alexis Díaz, diputado del Huila.De igual manera, se pronunció Alejandro Serna, concejal de Neiva."Es muy preocupante lo ocurrido con este hecho, donde fallece el subdirector de la cárcel Renato Solano, atentado que también cobró la vida de un menor de 11 años de edad. Extendemos la solidaridad a toda su familia y le hacemos un llamado a las autoridades para que este asesinato no quede impune”.Por su parte, Fernando Alipio Solano, alcalde del municipio de Tello, Huila, recordó a su primo Renato Solano Osorio como una persona muy profesional en sus actividades."Bueno, la verdad para nosotros como familia es muy triste recibir esta noticia la pérdida de un gran miembro de familia como lo fue el primo Renato, quien siempre se destacó por ser un gran profesional, como familia rechazamos este atentado”.Renato Solano era coronel en retiro de la Policía Nacional, oriundo del municipio de Tello, y desde el año 2022 estaba ocupando el cargo como subdirector de la cárcel de Rivera. Cabe recordar que, en el año 2023, el funcionario había denunciado amenazas en su contra que hoy hacen parte de las investigaciones por parte de las autoridades.Es importante mencionar que, por este hecho, permanece vigente una recompensa de hasta 50 millones de pesos que anunció la Gobernación del Huila y la Alcaldía de Neiva para quien brinde información a las autoridades sobre el paradero de los sicarios. El cuerpo del subdirector fue trasladado hasta una funeraria de Neiva y está a la espera que se defina la hora y el lugar de las exequias.
La defensa de la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz Nova, anunció que presentará una acción de hábeas corpus, luego de que el Juzgado 26 con función de control de garantías negara nuevamente la solicitud de libertad por vencimiento de términos dentro del proceso penal que se adelanta en su contra por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).El anuncio fue hecho por el abogado Mauricio Camacho, quien explicó que el hábeas corpus es un mecanismo constitucional orientado exclusivamente a la protección del derecho fundamental a la libertad personal. Según precisó, una vez se presenta esta acción, el juez competente cuenta con un plazo máximo de 36 horas para determinar si la privación de la libertad de la persona es legal o ilegal.La decisión de acudir a este recurso se produce después de que el juez 26 rechazara una nueva solicitud de libertad presentada por la defensa, en la que se alegaba el vencimiento de los términos procesales. Con esta determinación, Ortiz continúa privada de la libertad mientras avanza la investigación penal en su contra.Camacho recordó que el pasado 31 de diciembre de 2025 la jueza 79 de control de garantías también había negado la libertad de su defendida. Frente a esa decisión, la defensa había interpuesto un recurso de apelación, el cual posteriormente fue retirado. Según explicó el abogado, la decisión de desistir de la apelación obedeció a los tiempos de resolución en segunda instancia. “En el caso de Sandra Ortiz, la segunda instancia no se demora días, como dice el código, sino meses. Si me esperaba a que resolvieran la apelación, me la iban a resolver en marzo”, afirmó.Tras retirar la apelación, la defensa presentó una nueva solicitud de libertad, que fue negada. En esta ocasión, el juez sustentó su decisión en que el término legal exigido para conceder la libertad por vencimiento de términos no se cumple. Entre los argumentos expuestos, se señaló que el tiempo utilizado por los jueces para resolver una solicitud de nulidad de la imputación, promovida por la defensa, debe descontarse de los días atribuibles al Estado.Asimismo, el despacho tuvo en cuenta el aplazamiento de la audiencia preparatoria, solicitado por la propia defensa de Ortiz, bajo el argumento de que no se habían logrado recolectar todos los elementos materiales probatorios que pretendía descubrir en el juicio. Para el juez, ese tiempo también debe descontarse al procesado dentro del conteo de términos.Sandra Ortiz Nova, exconsejera del Gobierno del presidente Gustavo Petro, es investigada por su presunta participación en el direccionamiento irregular de recursos públicos de la UNGRD. Según la Fiscalía, Ortiz habría gestionado y entregado 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name, con pleno conocimiento de que esos dineros estaban destinados al pago de sobornos para direccionar una orden de proveeduría relacionada con la compra de 40 carrotanques destinados al suministro de agua potable en La Guajira.
Veterinarios de distintos países han encendido las alarmas tras detectar un aumento inusual de casos de una enfermedad altamente contagiosa que afecta a los gatos domésticos. Se trata de la panleucopenia felina, un virus potencialmente mortal que ya registra brotes en Estados Unidos y varios países de América Latina, generando preocupación entre especialistas y cuidadores de mascotas.El riesgo principal no solo está en el contacto directo entre animales, sino en algo mucho más cotidiano: la ropa, el calzado y los objetos que entran a casa. El virus puede viajar adherido a superficies sin que las personas lo noten, lo que facilita su llegada al hogar y su transmisión silenciosa entre gatos. Por esta razón, algunos expertos la han comparado con el “Covid de los gatos”, debido al nivel de limpieza y desinfección que exige una vez aparece un contagio.¿Qué es la panleucopenia felina?La panleucopenia felina, también conocida como distemper o parvovirus felino, es una enfermedad viral altamente infecciosa que ataca el sistema inmunológico, digestivo y la médula ósea de los gatos. Aunque no representa peligro para los humanos, su capacidad de permanecer activa en el ambiente durante semanas o incluso meses la convierte en una amenaza difícil de erradicar.El contagio ocurre principalmente por contacto con heces, secreciones corporales o superficies contaminadas como platos de comida, juguetes, camas, jaulas o incluso las manos y prendas de las personas que estuvieron en contacto con animales infectados.Síntomas más comunes en gatosLos signos suelen aparecer pocos días después de la exposición al virus y pueden variar en intensidad. Entre los síntomas más frecuentes están:Vómitos y diarrea, en ocasiones con sangreFiebre persistente y debilidad generalFalta de apetito y pérdida rápida de pesoDeshidratación severaDepresión y aislamiento del animalSecreciones nasales o problemas respiratorios en algunos casosAnemia por disminución de glóbulos blancosEn cuadros graves, alteraciones neurológicasLos gatitos menores de seis meses y los gatos con defensas bajas son los más vulnerables, con mayores probabilidades de complicaciones severas e incluso la muerte. En hembras gestantes, la infección puede causar abortos o daños neurológicos en las crías, como problemas de coordinación motora.¿Tiene tratamiento la panleucopenia felina?Actualmente no existe un medicamento que elimine directamente el virus. El tratamiento se basa en brindar soporte al organismo del gato mientras su sistema inmune combate la infección. Esto incluye hidratación intravenosa, antibióticos para prevenir infecciones secundarias, medicamentos para controlar vómitos y diarrea, y soporte nutricional.En muchos casos es necesaria la hospitalización y el aislamiento estricto del animal para evitar la propagación del virus a otros gatos. La atención temprana puede marcar la diferencia entre la recuperación y un desenlace fatal.Los especialistas coinciden en que la vacunación oportuna es la mejor herramienta para proteger a los gatos contra esta enfermedad. Además, recomiendan mantener rutinas estrictas de higiene, especialmente si se convive con varios animales o se ha tenido contacto con gatos desconocidos.
La compleja situación que vive el departamento de Antioquia en materia de salud ha encendido las alarmas para miles y miles de paisas que ven con mucha preocupación como son atendidos a medias pues las deudas a la red hospitalaria departamental alcanza los 8 billones de pesos.Es esta EPS intervenida por el Gobierno nacional la que más genera preocupación en Medellín, en donde las deudas a la red pública superan los 350.000 millones de pesos y sigue la angustia para miles de pacientes que ni siquiera tienen puntos físicos en donde les entreguen sus medicamentos."Está muy dura, está muy muy fregada, está agonizante. Eso es un desespero todos los días. Las palabras del ministro que los ricos también lloran. ¿Será que él nunca va a llorar cuando un familiar se le muera en unas urgencias esperando esperando que lo atiendan?... Mal, porque no nos han entregado medicamento hace como un año ya, a todos nos quedan pendientes", expresaron.Hoy por hoy lo que más piden los paisas es que lleguen los recursos y que la atención sea más eficiente porque los padecimientos por los que pasan les quita el sueño a ellos y usuarios de Savia Salud y Coosalud que no son ajenos a la dramática situación en el sector salud antioqueño.Otro de los casos más preocupantes es la del Hospital Alma Máter de Medellín en donde la Nueva EPS y Savia Salud les adeudan una millonaria cartera como reconoció Jorge Iván Cohen Cajiao, gerente director del centro hospitalario."O sea, el dinero que nos deben está en 53 mil millones de pesos de pesos y 103 mil millones de pesos de Savia Salud", confirmó Cohen.Además de esta problemática, hospitales en el Oriente antioqueño e, incluso, en el Valle de Aburrá han alertado sobre la sobreocupación que hay en urgencias y hospitalización por falta de recursos y falta al personal de la salud.
El anuncio del decreto firmado por Gustavo Petro, que recorta las primas del Congreso, volvió a poner sobre la mesa un tema delicado en los cargos públicos: los salarios del Estado. Un informe del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, citado en Mañanas Blu, reveló cifras que llaman la atención sobre los ingresos de algunos funcionarios.La discusión no se limita únicamente a los congresistas, sino que se extiende a una amplia lista de cargos cuyos titulares reciben, mes a mes, ingresos muy por encima del promedio nacional.La medida del Gobierno busca ajustar salarios y beneficios como primas y bonificaciones, bajo el argumento de aliviar el gasto y enviar un mensaje de austeridad. Sin embargo, expertos coinciden en que el ahorro sería limitado frente al tamaño del Presupuesto General de la Nación, que supera los 550 billones de pesos.¿A quiénes realmente afecta la medida de Petro?Si bien el presidente ha insistido en comenzar con los congresistas, el informe deja claro que no son ellos quienes más ganan. Por eso surge la pregunta sobre si el ajuste se extenderá a otros cargos con salarios mucho más altos. Analistas advierten que, si la medida se limita al Congreso, el impacto sería mínimo y podría interpretarse más como un gesto político que como una reforma estructural.Los cargos del Estado que más ganan en ColombiaDe acuerdo con el informe del Observatorio Fiscal, hay funcionarios cuyo ingreso mensual supera incluso al de ministros y congresistas. Entre los casos mencionados están:Cargo: Subsecretario general del Senado.Sueldo: 98.100.000 COP, recibidos mensualmente tras bonificaciones. Su costo total para el Estado supera los 135 millones de pesos al mes.Cargo: Directora del Fondo de Adaptación, anteriormente en el DAPRE.Sueldo: 94.700.000 COP.Cargo: Directora de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Vargas.Sueldo: 91.000.000 COP.Cargo: Director de la Dirección Nacional de Derechos de Autor.Sueldo: 59.000.000 COP.Cargo: Secretario general del Senado.Sueldo: 53.600.000 COP.Cargo: Secretario general de la Cámara.Sueldo: 53.600.000 COP.Estas cifras corresponden a lo que realmente reciben, luego de sumar salario base, gastos de representación, primas y bonificaciones, un aspecto clave señalado por los analistas.Según cálculos del Observatorio Fiscal, el ahorro estimado rondaría los 50 mil millones de pesos, una cifra baja frente al tamaño del presupuesto nacional. Para los expertos, el verdadero reto está en revisar a fondo primas, fondos extrapresupuestales y rubros de alto impacto como salud y educación.
Este sábado 18 de octubre llegó a Colombia el hombre capturado después del bombardeo a un submarino en el Caribe, cerca a las costas venezolanas. El arribo fue confirmado por el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X.“Recibimos al colombiano detenido en el narco submarino, nos alegra que esté vivo y será procesado de acuerdo a las leyes”, indicó.El pasado jueves 16 de octubre en la noche, Estados Unidos bombardeó un submarino en el Caribe, donde aparentemente estaba un colombiano y un ecuatoriano que sobrevivieron. Además, iban otros dos integrantes, que resultaron muertos.El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solo confirmó el hecho hasta el viernes, donde indicó que se trataba de una embarcación con grandes cantidades de droga en su interior.“Para que entiendan, no se trataba de un grupo inocente. No conozco a mucha gente que tenga submarinos y ese fue un ataque a un submarino cargado de droga”, aseguró.En su estrategia de acabar con el narcotráfico en el Caribe, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha ordenado el bombardeo de lanchas y submarinos en esta región, con un saldo total de 27 muertos y siendo el del jueves el sexto, el único en el que ha habido sobrevivientes.Fuentes le confirmaron a Blu Radio, que el hombre llegó al país indocumentado y que se están realizando los procedimientos respectivos para verificar su estado de salud.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que se realizó una incautación de más media tonelada de clorhidrato de cocaína y marihuana tipo creepy en el Caribe colombiano, a 21 millas náuticas, al suroeste de Cabo de la Vela.La operación, según dice el ministro, se efectuó de manera exitosa gracias al trabajo articulado de nuestras unidades bajo la coordinación de la Supervisión Operacional del Caribe (Soca), donde se logró la “interdirección marítima y la captura de tres sujetos vinculados al envío de narcóticos hacia Centroamérica”.Sánchez también comentó que la operación no se habría podido concretar de no ser por la capacidad de la fuerza pública para golpear las redes del narcotráfico transnacional que amenaza la seguridad, la soberanía y la tranquilidad de las costas colombianas.También agradeció el compromiso a los diferentes integrantes de las fuerzas militares, incluyendo a marinos, pilotos y tripulaciones, afirmando que cada operación exitosa es una señal de que la legalidad avanza con fuerza en los mares nacionales.
Para las delegaciones del Gobierno y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano es urgente que el Congreso acelere el trámite del proyecto de ley que fijará un marco judicial para el tránsito a la vida civil plena de combatientes y comandantes que se encuentran en conversaciones de paz. Confiaron en que, antes de terminar el año, el presidente Petro expida el acto legislativo que cree las zonas de capacitación integral y ubicación temporal en Nariño y Putumayo.Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno, dijo a Blu Radio que “el hecho de que haya una campaña electoral en curso no libera a ningún congresista ni a ninguna congresista de cumplir con su misión institucional”.Aseguró Novoa que “por eso creemos que les corresponde examinar, discutir, tramitar y tomar las decisiones que a ellos les competen en relación con el tema del marco jurídico para la paz. Si deciden hundir ese proyecto, ellos tendrán que responsabilizarse frente al país por esa decisión, pero lo que no pueden hacer es guardar silencio u omitir esa obligación que establece la Constitución, porque los congresistas están elegidos para hacer leyes, no para eludir ese compromiso”, dijo Novoa.Con este llamado a los congresistas de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, terminó en Puerto Asís, en el medio Putumayo, la reunión de las subcomisiones jurídica, de seguridad y de transformaciones, que durante tres días centraron su objetivo en la construcción de los acuerdos para los protocolos que permitan poner en funcionamiento dos zonas de capacitación y ubicación temporal en zonas que están en discusión en los departamentos de Nariño y Putumayo.Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno, aseguró a Blu Radio que, en un comienzo, habrá una inversión cercana a los 3.000 millones de pesos en la construcción de las zonas de ubicación integral temporal y que la presencia del jefe de Estado, Gustavo Petro, en Puerto Asís, Putumayo, es muestra del compromiso que tiene su Gobierno con la búsqueda de la paz total.Novoa dijo que la participación de más de 3.000 personas apoyando en el Putumayo este proceso que busca construir la paz es un hecho histórico que los obliga a reafirmar el compromiso de seguir construyendo hechos que avancen la paz en los territorios.Aseguró que las delegaciones, después de examinar distintos aspectos, avanzan en la consolidación de los siguientes documentos: Acuerdo Marco por el cual se establece una zona de capacitación integral y ubicación temporal y sus anexos; y el Protocolo para el funcionamiento de las zonas de capacitación integral y ubicación temporal en Nariño y Putumayo.Mientras tanto, Walter Mendoza, jefe de la delegación del grupo ilegal disidencias Farc - Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, señaló que, a pesar de que los tiempos en el Congreso están muy cortos, confía en la voluntad de los congresistas para sacar adelante el proyecto de ley que les permita tener garantías judiciales para llegar a las zonas de ubicación integral temporal.Existirá un protocolo de monitoreo, verificación y resolución de controversias en las zonas de capacitación integral y ubicación temporal, y señaló que el país debe estar tranquilo, que no se está negociando nada por debajo de la mesa. Finalmente, dijo que, en cumplimiento del acuerdo No. 12 de la MDP y teniendo en cuenta los decretos 1052 y 1053 del 7 de octubre de 2025, se continuará en el departamento de Nariño con el proceso de destrucción de las 14 toneladas de material de guerra.
En un operativo conjunto entre el Ejército Nacional y la Policía del Quindío se logró la incautación de 91 kilogramos de marihuana. La operación se llevó a cabo en un puesto de control sobre la vía La Línea, donde los soldados del Batallón de Alta Montaña N.º 5, adscritos a la Octava Brigada, en coordinación con la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía del Quindío, realizaron un registro exhaustivo del vehículo, hallando 29 paquetes de la sustancia ilícita ocultos dentro del automotor.El valor de la marihuana incautada asciende a 130 millones de pesos en el mercado ilegal colombiano. La droga, al parecer, pertenecería a grupos delincuenciales organizados dedicados al narcotráfico y tendría como destino el microtráfico en la ciudad de Ibagué, Tolima.“Al parecer, esta droga pertenecía a grupos delincuenciales organizados y sería distribuida en el microtráfico de la ciudad de Ibagué, Tolima. Las tropas continuarán sus operaciones a lo largo y ancho de los 12 municipios del departamento del Quindío, afectando los factores de inestabilidad como el narcotráfico”, aseguró el teniente coronel Franklin Noguera, comandante del Batallón de Alta Montaña N.º 5.Las autoridades fortalecerán los controles en esta vía nacional con el objetivo de contrarrestar las economías ilícitas y debilitar la estructura financiera de los grupos armados organizados, para así garantizar la seguridad y tranquilidad de la población que se encuentra en la zona.
Por medio de videos de seguridad de varios centros comerciales, la Fiscalía General de la Nación descubrió el modus operandi de una banda criminal que delinquía en Neiva, en sectores como Villa Café, Quirinal, Granjas, Bosques de Tamarindo, San Martín de Porras y Calixto.Las investigaciones revelaron que, mediante videollamadas, los delincuentes “marcaban” a sus víctimas dentro de los establecimientos. Luego, otros integrantes las seguían al salir y las intimidaban con armas de fuego para robarles el dinero.“Se concertó que la señora Carla Melisa, junto con alias El Viejo, Charí, Darwin y Olga Melo, realizaban las marcaciones y entregaban la información a los demás. En ocasiones, ella también cumplía el papel de seguidora en motocicleta”, explicó la fiscal del caso.La entidad logró recuperar videos de al menos seis hurtos cometidos bajo esta modalidad, lo que permitió identificar a los cuatro presuntos miembros de la organización. Los robos superan los 284 millones de pesos.“Según los elementos probatorios, este grupo, liderado por alias El Viejo y La Japonesa, se reunía en la comuna 6 y salía entre las 10:00 a. m. y las 5:30 p. m. para cometer los hurtos”, agregó la fiscal.Durante los allanamientos, se incautaron cinco celulares, una motocicleta, 1.300 dólares en efectivo y otros elementos. Los capturados fueron imputados por concierto para delinquir agravado, hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego.Las autoridades señalaron que la banda también habría cometido delitos similares en Caquetá, Valle del Cauca y Cauca, incluso con víctimas lesionadas. Ninguno de los detenidos aceptó los cargos, y todos deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras continúa la investigación.
El Gobierno colombiano reaccionó a la decisión del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de imponer desde el 1 de febrero aranceles del 30 % a productos de nuestro país alegando falta de cooperación para atender los problemas de seguridad en la zona de frontera.Ante esto, la ministra de Comercio, Diana Morales, aseguró que buscarán los canales legales necesarios para hacer frente a esta situación que golpea el comercio binacional.“Usaremos las vías e instrumentos jurídicos a los que Colombia puede acudir. Pero Ecuador es un país hermano y socio relevante para Colombia y en ese sentido los equipos técnicos han mantenido un diálogo permanente y de beneficio común”, dijo Morales.Entre las opciones a evaluar está las herramientas que brinda la Comunidad Andina que es el mecanismo que rige la relación entre los dos países para buscar una solución o, por otra parte, activar los aranceles inteligentes, “para garantizar un trato recíproco y una cancha de juego equilibrada”.Y es que en su pronunciamiento, esta cartera calificó cómo inconsistente este anunció pues señalan que ambos países venían sosteniendo un diálogo para abordar los temas de seguridad fronteriza.
A través de un comunicado, el Gobierno de Ecuador reiteró el anunció que más temprano hizo el presidente Daniel Noboa sobre la imposición de aranceles del 30 % a los productos colombianos por la falta de cooperación en la seguridad de la frontera.Sin embargo, la medida que regirá desde el 1 de febrero, tendrá varias excepciones que podrían dar un alivio a los gremios que estaban pidiendo activar los canales diplomáticos.En esa lista entran donaciones, efectos personales y ayudas técnicas; así como la venta de energía eléctrica y el servicio de logística de hidrocarburos, todo esto aplicado a través del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.“Ecuador y Colombia mantienen históricos lazos de hermandad y cooperación. No obstante, pese a los diálogos sostenidos y a la insistencia del Ecuador, los mecanismos de control en la frontera colombiana no han resultado efectivos ni suficientes para coordinar una acción frontal y conjunta contra el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y la minería ilegal”, indicaron desde el Gobierno.La medida seguirá, dice Ecuador, hasta que “exista voluntad y compromiso real por parte de la administración de Colombia”.Precisamente, desde el Gobierno y gremios habían pedido revertir esta decisión pues el comercio binacional se vería afectado gravemente.El ministro de Minas, Edwin Palma, calificó como una agresión económica recordando que desde Colombia se mantuvo el sistema ecuatoriano cuando más lo requirió, asegurando que fueron exportados hasta 450 megavatios de manera constante, lo que equivale a cerca del 90 % de la capacidad de exportación disponible.Por su parte, Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, que reúne a los generadores de energía, alertó por la afectación de ese sector y otros que hacen parte de los acuerdos comerciales.“En el sector eléctrico, Colombia ha sido un socio clave para Ecuador: en momentos críticos, nuestras exportaciones de energía han llegado a representar hasta el 12% de su consumo eléctrico, contribuyendo a la seguridad energética del país vecino”, dijo Gutiérrez.Para Gutiérrez, que además es presidenta del Consejo Gremial, el impacto también llevaría a un déficit de cuenta corriente, al reducir los ingresos por comercio exterior.“Con estos datos en mente, una tasa del 30 % puede incentivar la sustitución de productos colombianos y traducirse en pérdidas anuales entre USD 250 y 750 millones, es decir, entre 0,5% y 1,6% del total exportado por Colombia”, reiteró.
Blu Radio conoció en primicia que la Presidencia de la República recusó al presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, pidiendo que se aparte de la discusión sobre el decreto de la emergencia económica que hoy es objeto de estudio por parte del alto tribunal.La recusación fue presentada por el secretario Jurídico de la Presidencia, Augusto Ocampo, alegando que, en una entrevista que Ibañez dio al medio El Tiempo, entregó una serie de declaraciones que podrían considerarse como un concepto emitido fuera de los canales legales.Y es que durante la entrevista, al ser consultado sobre si se aplicaría la medida cautelar de suspensión temporal al decreto de emergencia, el magistrado afirmó que la Corte debe "revisar la jurisprudencia y ampliarla" para que se pueda decretar dicha suspensión en casos de estados de excepción.Para la Presidencia, esto se puede catalogar como un criterio o concepto anticipado, pues no manifestó una posición neutral sino una orientación sobre lo que, según él, debería hacer el alto tribunal.Finalmente, Augusto Ocampo recuerda en su petición que el país recibe estas declaraciones en medio de un contexto sensible y complejo por las decisiones previas de la Corte que se han dado en contra de algunas políticas del Gobierno.“Resulta especialmente preocupante que el magistrado Jorge Enrique Ibañez Najar, lejos de ejercer la prudencia y reserva que impone su condición de juez constitucional y presidente de la Corte, haya optado por intervenir activamente en el debate público sobre un decreto legislativo expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, respecto del cual la Corporación debía adoptar decisiones inminentes y de altísima trascendencia institucional”, dice el documento.Para la Presidencia, el magistrado Ibáñez comprometió su imparcialidad al promover públicamente la suspensión del decreto, por lo que se considera que el magistrado ya formó un juicio previo de que la norma es incompatible con la Constitución. Además, insisten en que esto lo hizo a través de una comunicación masiva y yendo más allá de la mera explicación institucional.“Esta conducta no es compatible con el estándar de imparcialidad reforzada que se exige a quien, por su investidura, está llamado a actuar como garante último del equilibrio entre poderes y no como actor que, mediante declaraciones públicas, parece situarse en una posición de confrontación anticipada frente a las decisiones del Ejecutivo”, agregó la solicitud.Ahora, la Corte Constitucional debe entregar a revisar si acepta o no esta recusación que ya fue recibida oficialmente por la secretaría.Cabe recordar que más temprano que el magistrado Ibañez ya había radicado una solicitud que busca la suspensión provisional este decreto con el que el Gobierno declaró la emergencia económica, tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso de la República.En la relatoría de la Corte aparece registrada la petición dentro de un expediente que está a cargo del magistrado Carlos Camargo, en el que se da cuenta de una solicitud elevada por Ibañez.Si bien en el orden del día de la Sala Plena de esta semana no está prevista la discusión del decreto de emergencia económica, fuentes cercanas al proceso señalan que ya han llegado a la Corte Constitucional un número considerable de conceptos solicitados por el magistrado ponente, Carlos Camargo.
El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, envió una carta a los ministerios de Transporte y Hacienda en la que advierte sobre los riesgos financieros y fiscales para la nación derivados del recorte unilateral de recursos al proyecto de Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique.En el documento, dirigido a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas; al ministro de Hacienda, Germán Ávila, y al presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Óscar Javier Torres, la Contraloría señala que la decisión del Gobierno podría generar incumplimientos contractuales, demandas millonarias y afectaciones al patrimonio del Estado.El ente de control recordó que en julio del año pasado ya se había realizado una advertencia por este proyecto y reiteró que, en caso de que la nación deje de aportar los recursos pactados en las vigencias futuras o los destine a otros fines, podría verse obligada a reconocer intereses remuneratorios y moratorios no previstos inicialmente, además de enfrentar eventuales acciones judiciales.“En caso de que se presenten eventuales incumplimientos de las obligaciones contractuales pactadas a cargo de la Nación y/o la ANI, ello implicaría la asunción de consecuencias de índole contractual, fiscal, disciplinaria y/o penal”, advirtió la Contraloría en un oficio del 4 de junio de 2025.El órgano cuestionó el Decreto 1484 del 31 de diciembre de 2025, expedido por el Ministerio de Hacienda, con el cual se habría recortado el 83,61 % de la vigencia futura de 2025, equivalente a más de 636.000 millones de pesos, señalando que esta decisión “amenaza con materializar los riesgos fiscales claramente expuestos en las advertencias previas”.De acuerdo con el documento, la modificación de las vigencias futuras debía realizarse mediante acuerdos contractuales debidamente protocolizados y con el cumplimiento de los requisitos del CONFIS, el CONPES y el DNP, y no a través de un recorte unilateral por decreto. “La modificación debe surgir de un acuerdo debidamente protocolizado entre las partes suscribientes del contrato de concesión”, advirtió.La Contraloría también advirtió que esta decisión podría afectar la ejecución del proyecto, generar retrasos, paralizar las obras e incluso conducir a su terminación anticipada, además de comprometer la confianza necesaria para el cierre financiero del contrato de concesión.El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, se pronunció a través de su cuenta de X, respecto a esta reciente advertencia y aseguró que la falta de recursos en este proyecto pone en riesgo a poblaciones ribereñas. “Es vital garantizar la protección contra inundaciones en cada uno de los pueblos a orillas del canal del dique. Además varios puertos y plataformas logísticas con miles de empleados deberán cerrar por los sedimentos y basuras que el país arroja al río Magdalena. Cartagena y el dique están en riesgo”, indicó.Finalmente, el contralor reiteró el llamado al Gobierno nacional para que considere las alertas emitidas y adopte correctivos que eviten un daño fiscal, sin desconocer la autonomía de las entidades involucradas en la toma de decisiones.
La Policía lideró una serie de operativos contra la minería ilegal en el departamento del Chocó, que dejaron como resultado la intervención de 27 minas y la destrucción de maquinaria utilizada para la explotación ilícita de yacimientos mineros. Las acciones se desarrollaron en zonas rurales de los municipios de Río Quito y Quibdó, donde esta actividad ilegal ha generado un fuerte impacto ambiental y social.De acuerdo con la información conocida, la minería ilegal intervenida por la Policía habría ocasionado el deterioro de aproximadamente 20 hectáreas de bosque nativo en jurisdicción del municipio de Río Quito, una región estratégica por su biodiversidad y por la dependencia de las comunidades locales de los ecosistemas naturales.En el corregimiento de San Isidro, municipio de Río Quito, unidades de la Policía Nacional, a través de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, adelantaron la operación “Chocó I”, en coordinación con el Ejército y la Armada. En este sector fueron intervenidos diez puntos asociados a minería ilegal y se procedió a la destrucción de siete dragones tipo brasilero y una retroexcavadora empleada en la extracción ilícita de minerales. Durante el operativo fue capturada una persona, quien quedó a disposición de las autoridades judiciales por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.Las autoridades señalaron que estas acciones permitieron golpear de manera directa las finanzas de la subestructura ‘Jhon Fredy Orejuela’ del Clan del Golfo, grupo que se estaría lucrando de la minería ilegal mediante el cobro de exacciones a los explotadores ilegales. La afectación económica para esta organización criminal fue estimada en cerca de 17.000 millones de pesos.En el municipio de Quibdó se adelantó un segundo despliegue operativo en coordinación con unidades militares y entidades ambientales, que permitió la intervención de 17 minas, de las cuales 15 estaban relacionadas con actividades de minería ilegal. En esta zona fueron destruidas 20 dragas, 10 motobombas y 23 motores utilizados para la explotación ilícita de yacimientos, lo que representó una afectación económica cercana a los 365 millones de pesos para las estructuras ilegales.La Policía advirtió que la minería ilegal sigue provocando graves daños ambientales en el Chocó, como la deforestación, la remoción de la capa vegetal y la contaminación de fuentes hídricas por el uso de sustancias tóxicas, afectando de manera directa la biodiversidad y la calidad de vida de las comunidades. Las operaciones continuarán en zonas rurales del departamento, mientras avanzan las investigaciones para identificar a los responsables de estas actividades ilícitas.
La Corte Suprema de Justicia dio la primera luz verde a que empresas puedan implementar una licencia laboral por luto por mascotas tras un fallo en la Sala Laboral, allí, se avaló un pacto entre un sindicanto y una empresa que no se avala un día para los empleados por su mascota."Son un aporte emocional, un apoyo. Son una forma de distracción y compañía. Es entendible que la perdida produzca una situación emocional a la familia", explicó Luis Benedicto Herrera, magistrado de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. A esto y, en diálogo con Noticias Caracol, el psicólogo Álvaro Franco aseguró que no se puede minimizar el dolor porque sea un animal si el vínculo es igual de fuerte al que se podría tener con cualquier persona. ¿Cómo funcionaría la licencia laboral por luto por mascotas?De acuerdo con la Corte Suprema, es necesario que los dueños inscriban a sus mascotas y sean domesticas para poder apelar un día de licencia laboral por luto.Si bien no existe una norma que permita tomar una licencia remunerada o justificar calamidad doméstica por esta razón, de acuerdo con la abogada Nur Amira Vivas, no hay una modificación en el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo que excluya a las mascotas en estos casos.Por otro lado, en la Cámara de Representantes, Alexandra Vásquez, del Pacto Histórico, presentó una proyecto para que esto se vuelva ley, según ella, por vínculo y cercanía la cual sería de un día.“La licencia le será reconocida al trabajador, siempre y cuando este demuestre el hecho mediante prueba que corrobore la muerte del animal de compañía doméstico a través de un veterinario certificado y que la mascota debe haber estado como mínimo 6 meses con su dueño. El empleador establecerá las condiciones de esta licencia en el Reglamento Interno del Trabajo, que, en todo caso, no podrá ser reconocida más de una (1) vez por año o vigencia fiscal”, explicó.
A través del decreto 0019 de 2025, el Ministerio del Interior planteó la estructura interna de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para “garantizar la ejecución efectiva de sus funciones misionales, fortalecer su presencia territorial y cumplir los compromisos institucionales establecidos en el marco normativo y en las políticas públicas vigentes”.Este documento crea y reorganiza dependencias estratégicas como las oficinas de Ciberseguridad, Tecnologías de la Información y Relacionamiento con la Ciudadanía y ajusta las funciones de las áreas misionales de prevención, evaluación del riesgo y protección.Por su parte, el Decreto 0020 establece una ampliación de la planta de personal de la UNP, con la creación de 6.870 cargos en la planta permanente, muchos de ellos destinados a oficiales y agentes de protección, así como a perfiles técnicos y profesionales, incorporando parte de la planta temporal vigente hasta 2025. La medida busca, según el Gobierno, formalizar el empleo público, fortalecer la capacidad operativa y garantizar la prestación efectiva del servicio de protección en todo el país.Lo que no es claro es con qué recursos la Unidad Nacional de Protección (UNP) va a lograr la apertura de estas oficinas y si la planta es suficiente para cobijar con esquemas a los más de 50 candidatos a la Presidencia, más los aspirantes al Congreso que lo soliciten por amenazas o riesgos a su seguridad. Cabe mencionar que en este momento hay 2.066 candidaturas a la Cámara y 1.078 al Senado.
Hasta el barrio La Esperanza del municipio de Teruel, Huila, llegaron funcionarios del CTI de la Fiscalía y, en coordinación con el Ejército y la Policía, hallaron en el interior de una vivienda 65 kilos de marihuana que harían parte de las rentas ilícitas del Bloque Isaías Pardo de las disidencias de las Farc.Según las autoridades, el inmueble donde se cumplió la diligencia de allanamiento, al parecer, operaba como centro de acopio de este estupefaciente, donde dosificaban el alucinógeno para luego distribuirlo y comercializarlo a bandas de microtráfico en varios municipios del Huila.“Hemos logrado un importante resultado contra el narcotráfico y el microtráfico, donde se afecta al Bloque Isaías Pardo, organización armada que concentraba en una vivienda economías ilegales. Con el CTI y la Policía realizamos el allanamiento mediante orden judicial, donde se incautaron 65 kilos de marihuana. El propósito de esta marihuana era ser distribuida en el norte del departamento”, dijo el brigadier general César Augusto Suárez Giraldo, comandante de la Novena Brigada.Por su parte, el teniente coronel Óscar Cárdenas Peña, comandante encargado de la Policía Huila, indicó que el estupefaciente incautado habría sido adquirido en el departamento del Cauca con fines de comercialización en el Huila, lo que representa cerca de 65.000 dosis que dejan de circular en el mercado ilegal.El operativo dejó además la captura de un hombre, encargado presuntamente de almacenar la marihuana, quien fue dejado a disposición de la Fiscalía para que responda por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.Cabe anotar que, la semana anterior, en la vía que comunica a Neiva con el municipio de Palermo, fue aprehendido por el Ejército un menor de edad que transportaba 18 kilos de marihuana en una maleta, avaluados en 15 millones de pesos.
La Contraloría acaba de enviarle un documento de siete páginas a la Canciller Rosa Villavicencio en el que ratifica las preocupaciones del ente de control ante el riesgo de que los colombianos nos quedemos sin el servicio de expedición de pasaportes a partir del próximo primero de abril.Blu Radio tiene en su poder la carta enviada por el Contralor Delegado para la Gestión Pública Luis Enrique Abadía García, en la que explica por qué su despacho identificó que sí hay retrasos frente al cronograma inicial, entrega una explicación detallada de las demoras frente a las fechas previstas en principio y dedica un aparte a lo que califica “riesgos relevantes que no han sido atendidos”.Sobre el primer punto, dice el contralor Abadía que “ha identificado y sustentado riesgos concretos, verificables y en curso que podrían materializarse en afectaciones al patrimonio público y/o a la continuidad del servicio”.Luego, publica tres cuadros suministrados por la Cancillería titulados “cronograma de actividades”, en los que queda demostrado cómo mediante prórrogas se han modificado las fechas de cumplimiento de cada ítem, lo cual, según la Contraloría, “si bien la actualización del cronograma mediante prórrogas permite afirmar formalmente su cumplimiento, ello no implica la superación de los atrasos ni elimina el riesgo de incumplimiento de los términos establecidos inicialmente”.En el tercer punto, la Contraloría hace una serie de advertencias de riesgos adicionales frente al nuevo modelo de pasaportes, entre ellas el riesgo de incremento de costos operativos y afectación de fuentes de financiación, sumado al riesgo cambiario que pueden afectar la sostenibilidad de este nuevo esquema.“Se constató que el esquema prevé obligaciones con pagos en euros y que las variaciones en la tasa de cambio serían asumidas por la parte colombiana, sin que se evidencie un estudio robusto de cobertura o mitigación”, señala el documento.Agrega que “la transición desde un esquema a demanda hacia uno con cantidad mínima anual predefinida genera obligaciones financieras y logísticas nuevas, sin que exista claridad suficiente sobre garantías de suministro cuando se requieran cantidades adicionales”.Además evidencia el riesgo de cobros adicionales por intereses por pagos extemporáneos, algo que no tiene el actual modelo.Adicionalmente, advierte “el riesgo de activación de una garantía a un primer requerimiento por un valor de 6.375.000 euros que podría convertirse en una afectación económica adicional para el Estado”, dependiendo del cumplimiento contractual, “el cual es latente frente a las situaciones de demandas vigentes, así como los retrasos que se vienen evidenciando”.
Una mujer de origen estadounidense fue inadmitida por Migración Colombia tras recibir una alerta por presuntos casos de pedofilia, cuando intentaba ingresar al país por el Aeropuerto Internacional José María Córdoba, en Rionegro, Antioquia.A través de su cuenta de X, la entidad confirmó que se trataba de una ciudadana estadounidense; sin embargo, hasta el momento se desconoce su identidad.“Un reporte en nuestros sistemas permitió determinar que representaba un riesgo para nuestros niños, niñas y adolescentes”, señaló la entidad en un comunicado.El cotejo de información se realizó gracias al programa Angel Watch, una iniciativa de alerta preventiva internacional creada por el gobierno de Estados Unidos para proteger a niños, niñas y adolescentes frente a posibles riesgos de abuso sexual.Este programa permite a las autoridades migratorias intercambiar alertas preventivas sobre personas que podrían representar un riesgo para menores de edad, sin que ello implique necesariamente la existencia de una condena judicial.La iniciativa fue creada en 2007 por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y, en conjunto con el sistema de cooperación internacional MIGRAR, permite verificar ingresos y alertas internacionales para evitar el ingreso de personas consideradas de alto riesgo para los menores en Colombia.El segundo caso en Antioquia en menos de un díaEste es el segundo caso registrado en menos de 24 horas de una persona estadounidense que intenta ingresar al país por el aeropuerto de Rionegro con reportes internacionales relacionados con abuso de menores.El otro caso corresponde a un ciudadano estadounidense que también intentó ingresar al país por el Aeropuerto Internacional José María Córdoba. Durante el proceso de verificación, se constató que el hombre tenía reportes en Estados Unidos por casos relacionados con agresión sexual a menores de edad.Tras el cotejo de la información, las autoridades de Migración Colombia adoptaron las medidas correspondientes para llevar a cabo el proceso de inadmisión, al considerar que el individuo representaba un riesgo para los menores de edad en el país.