La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) lanzó una advertencia a los prestadores de alojamiento turístico en Medellín ante las cancelaciones unilaterales de reservas, detectadas previo a los conciertos del artista internacional Bad Bunny en la capital antioqueña este fin de semana.Según la entidad, a partir de denuncias ciudadanas y reportes en redes sociales, algunos establecimientos estarían cancelando reservas ya pactadas para ofrecer nuevamente los inmuebles a precios más altos, aprovechando la alta demanda turística.La SIC recordó que los prestadores de servicios turísticos, incluidas las viviendas turísticas, están obligados a respetar las condiciones acordadas con los consumidores, so pena de incurrir en infracciones sancionables.Estas conductas podrían, advirtieron desde la Superintendencia, derivar en multas de hasta dos mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, al constituir una vulneración grave de los derechos de los turistas y de las normas que regulan las relaciones de consumo.La entidad explicó que, en caso de incumplimiento de una reserva, el turista tiene derecho a elegir entre la prestación de un servicio de igual calidad o el reembolso o compensación del valor pagado, conforme al artículo 63 de la Ley 300 de 1996.Además, la Superintendencia invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad ante la SIC a través del formulario de PQRSF en su sede electrónica, aportando pruebas que respalden los hechos.La autoridad confirmó que también iniciará investigaciones de oficio frente a los casos denunciados públicamente, con el fin de proteger a los consumidores y garantizar la transparencia en el sector turístico. Finalmente, la SIC reiteró que la libertad económica no es absoluta y debe ejercerse en armonía con la función social de la empresa y el interés general, especialmente en eventos de alta demanda y exposición internacional como este.
Asopostal defendió el decreto que el Ministerio de las TIC sacó a comentarios y con el que se busca ampliar las capacidades del sector de servicios postales en Colombia. Para el gremio, la iniciativa representa una oportunidad para fortalecer la inclusión financiera en regiones donde la banca tradicional tiene baja cobertura.Juan Andrés Carreño, presidente de Asopostal, explicó en Mañanas Blu 10:30 AM de Blu Radio que el origen del debate está en un marco legal vigente desde hace más de una década. “Esto tiene origen en una ley suscrita por Colombia”, afirmó, al recordar que en 2009 se expidió la Ley 1369, que creó un capítulo especial para los servicios postales de pago.De acuerdo con Carreño, dicha norma establece figuras como el giro de efectivo, el depósito postal y las transferencias postales, por lo que el sector viene solicitando que se reglamente un derecho ya existente. En ese sentido, sostuvo que “lo que hemos pedido es que se reglamente ese derecho que tenemos consagrado en un tratado internacional, ratificado por una ley”.El dirigente gremial señaló que el decreto del MinTIC apunta a dar cumplimiento al tratado de Ginebra, lo que permitiría ofrecer el servicio de depósito postal a poblaciones tradicionalmente excluidas del sistema financiero. “Vamos a permitir que colombianos de estrato 1, 2 y 3 puedan tener el servicio”, indicó.Frente a las preocupaciones por los controles, Carreño aseguró que el sector postal cuenta con mecanismos de supervisión y operación suficientes. “Tenemos control de la Contraloría, nosotros tenemos un sistema muy robusto”, dijo, al tiempo que resaltó que la red postal podría hacer un trabajo complementario con las entidades financieras.Uno de los principales argumentos de Asopostal es la cobertura territorial. Según Carreño, las cifras muestran que el sector financiero cada vez tiene menor presencia en algunas zonas del país, mientras que la red postal cuenta con cerca de 52.000 puntos. “Tenemos una red complementaria que le ha servido al sector financiero”, afirmó.Finalmente, el presidente de Asopostal señaló que el Gobierno nacional tendrá la última palabra sobre el decreto. Confió en que se haga el estudio pertinente y se analicen las observaciones, con el objetivo de fortalecer el acceso a servicios financieros a través del sector postal.
Preocupadas se pronunciaron las autoridades en el Huila ante los constantes hechos de homicidio que se han presentado en lo que va corrido de 2026, cifra que supera en más del 100 por ciento la registrada en el mismo periodo del año inmediatamente anterior.El secretario de Gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas, en conversación con Blu Radio, informó que mientras en enero de 2025 se registraban 16 homicidios, en lo que va de 2026 ya se contabilizan más de 35 muertes violentas. Estos hechos han ocurrido bajo diferentes modalidades, como hurto, riñas, sicariato y otros casos atribuidos a grupos armados ilegales.Municipios con más homicidios en Huila“Tenemos un incremento preocupante de homicidios en el Huila. En relación con el mes de enero del año anterior, se habían registrado 16 casos; este año, a la fecha, se registran más de 35 homicidios, lo que representa un aumento del 118 por ciento. Los municipios que generan mayor atención son Pitalito, Neiva, incluyendo su área metropolitana, El Agrado, entre otros”, anotó Casallas.Añadió el funcionario que las modalidades de muertes violentas en el departamento, a la fecha, han sido atribuidas a hurtos, riñas por intolerancia, sicariato y otros casos relacionados con la presencia de grupos armados ilegales que delinquen en zonas con problemas de orden público.De acuerdo con las cifras, en todo el departamento han sido asesinados en lo que va del mes de enero alrededor de 32 hombres, cuatro mujeres y un menor de edad. No obstante, los municipios con mayor índice de muertes violentas en el Huila son Neiva, Pitalito, Acevedo, Campoalegre, Gigante y Algeciras.Cifras de homicidios en Huila en 2025Según las estadísticas entregadas por la Secretaría de Gobierno del Huila, en el departamento, durante el año 2025, ocurrieron un total de 380 muertes violentas. De ese total, 82 casos se registraron en Neiva, como ciudad capital, y los demás homicidios se presentaron en municipios como Pitalito, La Plata, Algeciras y Campoalegre, entre otros.Para esa misma vigencia, de los 380 homicidios, 339 correspondieron a hombres y 41 a mujeres; de estos últimos, ocho fueron feminicidios ocurridos en Neiva y 33 en otros municipios como Acevedo, Timaná, La Plata y Algeciras. Además, dos menores de edad fueron asesinados en la capital del departamento.
Colombia responderá a Ecuador bajo el principio de reciprocidad tras el anuncio de un arancel del 30 % a las importaciones de productos colombianos, medida que comenzará a regir el primero de febrero.El presidente Gustavo Petro confirmó la decisión en su cuenta de X y expresó su expectativa de que ambos gobiernos sostengan una reunión bilateral para analizar este y otros temas de interés entre ellos la lucha contra el narcotráfico.“Responderemos a las palabras expresadas hoy por el presidente Novoa de acuerdo a los principios de reciprocidad. Estaba a punto de realizarse una reunión bilateral de gabinetes, entre Colombia y Ecuador, países que fueron de la Gran Colombia, ojalá se realice”, indicó el mandatario en X.El principio de reciprocidad significa que Colombia podría responder con medidas equivalentes a las que adoptó Ecuador.Sobre eso hay que decir que entre enero y noviembre de 2025, las exportaciones colombianas a Ecuador sumaron US$1.673 millones, con una caída del 3,2 % frente al mismo periodo de 2024, según la Asociación Nacional de Comercio Exterior de Colombia (Analdex).De acuerdo con el gremio, Ecuador es el sexto destino de las exportaciones totales de Colombia y el segundo mercado para las no minero-energéticas.El gobierno colombiano asegura que ha cumplido en la lucha contra el narcotráfico y ha extendido su mano en materia energética a Ecuador.El presidente Petro destacó que su administración hizo incautaciones de más de 200 toneladas de cocaína, que ha habido cooperación militar con Ecuador y se han instalado centros de inteligencia en la frontera.También señaló avances contra los insumos de fentanilo en el Pacífico y resaltó el apoyo energético brindado a Ecuador cuando ese país màs necesitaba la energía que le vende Colombia.
La muerte de cuatro jóvenes arquitectos en una cabaña ubicada en la localidad de El Corralito, en Jalisco, México, mantiene en alerta a las autoridades y ha generado conmoción en la comunidad.Los cuerpos de Julio Enrique Zarco Vázquez, Daysi Mariana Anguiano Larios, Karina Jaqueline Rodríguez Ariasto y Patricia Jacqueline Venegas Nieves fueron hallados el pasado lunes 19 de enero, luego de que sus familiares reportaran su desaparición días antes. Tras el hallazgo, la Fiscalía General del Estado de Jalisco abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento de los cuatro profesionales, quienes se encontraban en las primeras etapas de su carrera.La Fiscalía informó además que los cuatro jóvenes fallecieron a causa de una intoxicación por monóxido de carbono, generada presuntamente tras el incendio de una camioneta que se encontraba parqueada cerca de la cabaña.De acuerdo con el ente investigador, aunque en un primer momento se manejó la hipótesis de que las muertes estarían relacionadas con el consumo de alimentos y bebidas, las investigaciones permitieron establecer que la inhalación de gases tóxicos fue la causa del deceso.Sin embargo, la familia de los jovenes ha rechazado estas afirmaciones, pues dijeron en medios locales que nunca vieron un vehículo en los alrededores de la cabaña. Por ahora, piden que se avance con celeridad en las investigaciones para establecer si se trató de la intervención de un tercero.El caso también generó reacciones en el Colegio de Arquitectos del Sur del Estado de Jalisco, que expresó sus condolencias por la muerte de los jóvenes, a quienes describió como profesionales con un futuro prometedor. "Abrazamos solidariamente a los familiares y amigos de los jovenes arquitectos que hoy nos dejan. Nos duele despedir a quienes apenas comenzaban a construir sus sueños, pero su memoria será siempre parte de nuestra comunidad", indicó el Colegio de Arquitectos en un mensaje.
Consternación hay entre los habitantes del municipio de Dagua tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de dos personas en el kilómetro 21 de la vía al mar. El descubrimiento se produjo en la mañana de este miércoles, cuando ciudadanos encontraron varios bultos envueltos en bolsas plásticas negras y alertaron a las autoridades a través de un video difundido en redes sociales.Unidades de la Policía se trasladaron de inmediato al lugar y confirmaron que se trataba de dos hombres sin vida. La alcaldesa de Dagua, Karol Villarejo, informó que los cuerpos fueron trasladados a una funeraria del municipio para adelantar el proceso de identificación.“Se recibió una llamada al comando informando sobre la presencia de estas bolsas en zona rural del municipio. Al verificar, se confirma el hallazgo de dos cuerpos sin vida. En este momento, las autoridades competentes adelantan la investigación y el proceso de identificación de las víctimas”, señaló la mandataria local.Por su parte, la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía del Valle del Cauca, indicó que las primeras indagaciones señalan que las víctimas habrían fallecido por asfixia mecánica y que aún no han sido identificadas."Una vez las unidades de Policía Judicial realizan la inspección, se establece que los dos cuerpos presentan signos compatibles con asfixia mecánica. En este momento se recolecta todo el material probatorio para esclarecer los hechos y dar con los responsables”, explicó la oficial.Según información entregada por la Policía, los cuerpos habrían sido abandonados en horas de la mañana en el sector conocido como La Floresta. Las autoridades confirmaron además que ambos presentan amputaciones en algunos dedos de sus extremidades superiores.
“No está disponible” es la frase que se volvió usual para los más de 400.000 usuarios de la Nueva EPS en el Atlántico, a los que desde el mes de diciembre se les fue suspendida la entrega de medicamentos por la millonaria deuda que esta entidad mantiene con el que era su dispensario médico.Eso deriva en una crisis de pacientes que hoy se están agravando por no continuar con su tratamiento al pie de letra. Tal es el caso de William González, quien dice que optó por tomar una bicicleta desde Soledad para recorrer todos los puntos de Cafam y Nueva EPS en busca de los frascos de Rivaroxabán que necesita su hermana, a la que operaron de corazón abierto y desde hace un año no tiene acceso a sus pastillas.“Se están demorando como seis meses para entregar las medicinas. Uno va y no las hay. Recorrí todas las farmacias desde el Hipódromo, en Soledad. Allá abajo, no las hay, y cuando subo para acá, tampoco. Solo le entregan una parte”, dijo a Blu Radio.La desesperación de William es doble pues a su hermana también le hicieron una cirugía en su columna hace un mes, luego de una caída en su hogar.Casos como este son tratados por el veedor Andrés Meza Pérez, quien hace parte de la Asociación de usuarios de Nueva EPS en el Atlántico. Denuncia que a la crisis de medicamentos se le unen problemas como la agendación de cita con especialistas, las cuales solo están disponibles hasta cinco meses después.“¿Cómo va a ser posible que los códigos y los estatutos del Ministerio de Salud dice que una cita debe ser agendada en no más de 17 días y la dan hasta cinco meses después? No es justo. A veces hay pacientes que están programados para asuntos de una operación y cuando el protocolo se cumple ya es demasiado tarde. Tienen que agendar para mucho tiempo después”, agregó.Meza vive el sufrimiento en carne propia por ser paciente de hemodiálisis, pero su crítica se dirige al Gobierno pues tampoco hay estabilidad de los funcionarios de estas entidades.“Tratamos de minimizar todo esto, pero no podemos porque siempre nos quitan al interventor o cambian a los gerentes. Cuando se tiene algo plasmado luego de meses trabajando, vuelve a suceder. Todo lo que se adelante se pierde, pues una persona no va a firmar lo que otro ya dejó”, concluyó.A las afueras de una sede de la Nueva EPS encontramos -por ejemplo- usuarios que sufren de presión y que desde octubre tienen que comprar medicinas por su cuenta. Del mismo modo, padres de familia a los que a sus hijos con síndrome de down les suspendieron la entrega de hasta pañitos húmedos. Muchos salen molestos y dispuestos a radicar tutelas para solucionar su situación.
A pocos días del vencimiento de términos, el proceso por presunta violencia intrafamiliar contra el exembajador de Colombia en Ghana, Daniel Garcés Carabalí, continúa sin que la Fiscalía haya radicado escrito de acusación, una situación que mantiene en alerta a las víctimas y a su representación judicial. El límite para que el ente acusador tome esta decisión se cumpliría a inicios del mes de febrero.Así lo advirtió el abogado Felipe Alzate, apoderado de Beatriz Niño, exesposa del exdiplomático y víctima en el proceso. “Seguimos a la espera de que la Fiscalía, la delegada ante la Corte, acuse al exembajador, lo llame a juicio. Tiene que ser una decisión pronto, porque evidentemente van corriendo términos de cara a que se tome esta decisión e inicie la fase de juzgamiento”, señaló el jurista, al precisar que el vencimiento se produciría a comienzos de febrero.La Fiscalía imputó a Daniel Garcés Carabalí por conductas relacionadas con presuntos abusos contra su exesposa, Beatriz Niño. Durante la audiencia de imputación, la fiscal del caso sostuvo que, durante la convivencia, el entonces embajador habría ejercido violencia sexual, física, psicológica y económica, e incluso habría instrumentalizado a sus hijos para presionar a la víctima. Garcés no aceptó los cargos formulados por el ente acusador.El expediente no solo avanza en el frente penal contra el exembajador. Según la defensa de las víctimas, actualmente existen varias líneas de investigación abiertas. Una de ellas se centra en dos testigos que cambiaron su versión de los hechos, asunto que es indagado por la Fiscalía General de la Nación por un posible falso testimonio. De manera paralela, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial adelanta actuaciones relacionadas con el rol del abogado Miguel Ángel del Río, defensor de Garcés Carabalí.En este contexto, el abogado Felipe Alzate ganó recientemente un pulso jurídico. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial decidió no abrir investigación en su contra, luego de una queja presentada por la defensa del exembajador, que alegaba presuntas afectaciones al derecho de defensa por supuestas filtraciones de testimonios y pruebas bajo reserva. La Comisión se inhibió y rechazó de plano la queja.Alzate aseguró que la denuncia carecía de sustento. “La representación de víctimas tiene toda la facultad de solicitar copias del expediente en la etapa de indagación y de proponer labores investigativas. Además, ni mi defendida ni yo hemos filtrado un solo elemento de prueba a los medios de comunicación”, afirmó.Las actuaciones disciplinarias, sin embargo, no concluyen allí. Beatriz Niño también presentó una denuncia contra el abogado Miguel Ángel del Río, relacionada con el cambio de versión de dos niñeras que habrían sido testigos de hechos de violencia. Según Alzate, existen audios, conversaciones y seguimientos que evidenciarían el temor que estas testigos manifestaron durante años, antes de modificar sus declaraciones. Por estos hechos, la Comisión de Disciplina Judicial de Bogotá citó a Miguel Ángel del Río a rendir versión libre el próximo 2 de febrero de 2026.
Entre enero y agosto de 2025, la entidad recibió y acompañó 18.451 acciones de tutela para exigir la protección del derecho a la salud. De ese total, el 24 % de estos casos estuvo relacionado con la negación o el no acceso a medicamentos esenciales, con mayor concentración en Quindío, Caldas y Antioquia.A este escenario se suma una crisis financiera, ya que durante el último año se ha hecho más notorio el acumulado de deudas de las EPS con laboratorios, distribuidores, hospitales, gestores farmacéuticos e IPS.En Nariño, las deudas de las EPS superan los 163.000 millones de pesos; en Chocó, la deuda con los principales hospitales públicos acumula más de 40.000 millones en cartera vencida; y en Vaupés, solo Nueva EPS adeuda cerca de 28.000 millones de pesos al hospital departamental.Las consecuencias de esta situación ya son visibles en distintos territorios. En Sucre, 23 municipios registran problemas de suministro de medicamentos. En Nariño, se reportaron más de 32.000 fórmulas médicas pendientes y 2,29 millones de unidades farmacéuticas no entregadas. En Cartagena, las autoridades locales han recibido cerca de 60.000 quejas, mientras que en Manizales, a comienzos de 2025, se contabilizaban alrededor de 140.000 medicamentos represados.Según la Defensoría del Pueblo, el 66 % de los medicamentos no entregados corresponde a tratamientos para diabetes y enfermedades cardiovasculares, a los que se suman fármacos para el manejo del dolor, afecciones del sistema respiratorio, salud mental y enfermedades neurológicas como la epilepsia.El informe advierte, además, que dentro del top 10 de medicamentos con mayor reporte de no entrega figuran la metformina, la empagliflozina, el losartán, el valsartán, el amlodipino, el acetaminofén, la atorvastatina, la rosuvastatina, la hidroclorotiazida y vitaminas.Estos medicamentos son fármacos de uso cotidiano y considerados esenciales para el control de la diabetes, la hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, el manejo del dolor y otras condiciones crónicas.Entre 2022 y 2025, Bolívar, Bogotá, Quindío, Santander, Nariño y Valle del Cauca concentraron más de 11.600 quejas, lo que representa más de la mitad de los reclamos recibidos en todo el país por vulneración del derecho a la salud.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que se realizó una incautación de más media tonelada de clorhidrato de cocaína y marihuana tipo creepy en el Caribe colombiano, a 21 millas náuticas, al suroeste de Cabo de la Vela.La operación, según dice el ministro, se efectuó de manera exitosa gracias al trabajo articulado de nuestras unidades bajo la coordinación de la Supervisión Operacional del Caribe (Soca), donde se logró la “interdirección marítima y la captura de tres sujetos vinculados al envío de narcóticos hacia Centroamérica”.Sánchez también comentó que la operación no se habría podido concretar de no ser por la capacidad de la fuerza pública para golpear las redes del narcotráfico transnacional que amenaza la seguridad, la soberanía y la tranquilidad de las costas colombianas.También agradeció el compromiso a los diferentes integrantes de las fuerzas militares, incluyendo a marinos, pilotos y tripulaciones, afirmando que cada operación exitosa es una señal de que la legalidad avanza con fuerza en los mares nacionales.
Para las delegaciones del Gobierno y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano es urgente que el Congreso acelere el trámite del proyecto de ley que fijará un marco judicial para el tránsito a la vida civil plena de combatientes y comandantes que se encuentran en conversaciones de paz. Confiaron en que, antes de terminar el año, el presidente Petro expida el acto legislativo que cree las zonas de capacitación integral y ubicación temporal en Nariño y Putumayo.Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno, dijo a Blu Radio que “el hecho de que haya una campaña electoral en curso no libera a ningún congresista ni a ninguna congresista de cumplir con su misión institucional”.Aseguró Novoa que “por eso creemos que les corresponde examinar, discutir, tramitar y tomar las decisiones que a ellos les competen en relación con el tema del marco jurídico para la paz. Si deciden hundir ese proyecto, ellos tendrán que responsabilizarse frente al país por esa decisión, pero lo que no pueden hacer es guardar silencio u omitir esa obligación que establece la Constitución, porque los congresistas están elegidos para hacer leyes, no para eludir ese compromiso”, dijo Novoa.Con este llamado a los congresistas de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, terminó en Puerto Asís, en el medio Putumayo, la reunión de las subcomisiones jurídica, de seguridad y de transformaciones, que durante tres días centraron su objetivo en la construcción de los acuerdos para los protocolos que permitan poner en funcionamiento dos zonas de capacitación y ubicación temporal en zonas que están en discusión en los departamentos de Nariño y Putumayo.Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno, aseguró a Blu Radio que, en un comienzo, habrá una inversión cercana a los 3.000 millones de pesos en la construcción de las zonas de ubicación integral temporal y que la presencia del jefe de Estado, Gustavo Petro, en Puerto Asís, Putumayo, es muestra del compromiso que tiene su Gobierno con la búsqueda de la paz total.Novoa dijo que la participación de más de 3.000 personas apoyando en el Putumayo este proceso que busca construir la paz es un hecho histórico que los obliga a reafirmar el compromiso de seguir construyendo hechos que avancen la paz en los territorios.Aseguró que las delegaciones, después de examinar distintos aspectos, avanzan en la consolidación de los siguientes documentos: Acuerdo Marco por el cual se establece una zona de capacitación integral y ubicación temporal y sus anexos; y el Protocolo para el funcionamiento de las zonas de capacitación integral y ubicación temporal en Nariño y Putumayo.Mientras tanto, Walter Mendoza, jefe de la delegación del grupo ilegal disidencias Farc - Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, señaló que, a pesar de que los tiempos en el Congreso están muy cortos, confía en la voluntad de los congresistas para sacar adelante el proyecto de ley que les permita tener garantías judiciales para llegar a las zonas de ubicación integral temporal.Existirá un protocolo de monitoreo, verificación y resolución de controversias en las zonas de capacitación integral y ubicación temporal, y señaló que el país debe estar tranquilo, que no se está negociando nada por debajo de la mesa. Finalmente, dijo que, en cumplimiento del acuerdo No. 12 de la MDP y teniendo en cuenta los decretos 1052 y 1053 del 7 de octubre de 2025, se continuará en el departamento de Nariño con el proceso de destrucción de las 14 toneladas de material de guerra.
En un operativo conjunto entre el Ejército Nacional y la Policía del Quindío se logró la incautación de 91 kilogramos de marihuana. La operación se llevó a cabo en un puesto de control sobre la vía La Línea, donde los soldados del Batallón de Alta Montaña N.º 5, adscritos a la Octava Brigada, en coordinación con la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía del Quindío, realizaron un registro exhaustivo del vehículo, hallando 29 paquetes de la sustancia ilícita ocultos dentro del automotor.El valor de la marihuana incautada asciende a 130 millones de pesos en el mercado ilegal colombiano. La droga, al parecer, pertenecería a grupos delincuenciales organizados dedicados al narcotráfico y tendría como destino el microtráfico en la ciudad de Ibagué, Tolima.“Al parecer, esta droga pertenecía a grupos delincuenciales organizados y sería distribuida en el microtráfico de la ciudad de Ibagué, Tolima. Las tropas continuarán sus operaciones a lo largo y ancho de los 12 municipios del departamento del Quindío, afectando los factores de inestabilidad como el narcotráfico”, aseguró el teniente coronel Franklin Noguera, comandante del Batallón de Alta Montaña N.º 5.Las autoridades fortalecerán los controles en esta vía nacional con el objetivo de contrarrestar las economías ilícitas y debilitar la estructura financiera de los grupos armados organizados, para así garantizar la seguridad y tranquilidad de la población que se encuentra en la zona.
Por medio de videos de seguridad de varios centros comerciales, la Fiscalía General de la Nación descubrió el modus operandi de una banda criminal que delinquía en Neiva, en sectores como Villa Café, Quirinal, Granjas, Bosques de Tamarindo, San Martín de Porras y Calixto.Las investigaciones revelaron que, mediante videollamadas, los delincuentes “marcaban” a sus víctimas dentro de los establecimientos. Luego, otros integrantes las seguían al salir y las intimidaban con armas de fuego para robarles el dinero.“Se concertó que la señora Carla Melisa, junto con alias El Viejo, Charí, Darwin y Olga Melo, realizaban las marcaciones y entregaban la información a los demás. En ocasiones, ella también cumplía el papel de seguidora en motocicleta”, explicó la fiscal del caso.La entidad logró recuperar videos de al menos seis hurtos cometidos bajo esta modalidad, lo que permitió identificar a los cuatro presuntos miembros de la organización. Los robos superan los 284 millones de pesos.“Según los elementos probatorios, este grupo, liderado por alias El Viejo y La Japonesa, se reunía en la comuna 6 y salía entre las 10:00 a. m. y las 5:30 p. m. para cometer los hurtos”, agregó la fiscal.Durante los allanamientos, se incautaron cinco celulares, una motocicleta, 1.300 dólares en efectivo y otros elementos. Los capturados fueron imputados por concierto para delinquir agravado, hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego.Las autoridades señalaron que la banda también habría cometido delitos similares en Caquetá, Valle del Cauca y Cauca, incluso con víctimas lesionadas. Ninguno de los detenidos aceptó los cargos, y todos deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras continúa la investigación.
Con el apoyo de las autoridades locales, el Ejército Nacional y los organismos de socorro, la Policía del Atlántico desplegará un dispositivo conformado por 500 uniformados que custodiarán los puestos de votación habilitados en los municipios del departamento para las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud, este domingo.El secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque, señaló que se están tomando todas las medidas preventivas orientadas a mantener la tranquilidad durante la jornada, en la que 641.000 jóvenes estarán habilitados para votar en 300 puestos y 1.055 mesas distribuidas en todo el departamento, con ampliación de cobertura en áreas rurales.“Queremos que esta jornada democrática de la juventud transcurra en completa calma, con total participación y convivencia. Desde la Gobernación del Atlántico estamos acompañando a los municipios para garantizar que este proceso sea transparente, seguro y organizado”, indicó el funcionario.Según el secretario Luque, en el Atlántico hay 420 listas inscritas con 1.927 candidatos. Además, han sido designados 5.320 jurados, de los cuales 913 son menores de edad. En total, se elegirán 23 consejeros, incluyendo los de Barranquilla.Por su parte, el coronel Jhon Harvey Peña Riveros, comandante de Policía del Atlántico, explicó que los uniformados fueron distribuidos de acuerdo con las necesidades de cada zona. Además, habrá un componente especial de Policía Judicial e inteligencia encargado de judicializar a cualquier actor delincuencial o criminal que intente alterar los comicios.El oficial enfatizó que cada puesto de votación estará custodiado por policías que garantizarán el desarrollo armonioso de la jornada. Parte de este dispositivo estará conformado por personal encubierto de la Sijín, que vigilará posibles delitos electorales como fraude al sufragante, corrupción al sufragante y posesión ilícita de cédulas, entre otros.Vale señalar que, con motivo de estas elecciones, el municipio de Galapa restringirá la movilidad de menores de edad este fin de semana, medida que regirá desde hoy sábado, a las 10:00 de la noche, hasta mañana domingo, a las 5:00 de la mañana.La Alcaldía de Malambo también anunció Ley Seca este domingo, de 6:00 a. m. a 6:00 p. m., y la medida se repetirá el 26 de octubre durante la Consulta Interpartidista.
Durante la inauguración del tercer centro del país para la reintegración de personas que recuperaron su libertad, en Cali, el ministro de Justicia y del Derecho (e), Andrés Idárraga Franco, se refirió al caso Pegasus y señaló que el Gobierno Nacional está a la espera de un informe detallado por parte de la Policía sobre el avance de las investigaciones.El funcionario aseguró que detrás de las interceptaciones ilegales a altos funcionarios del Gobierno existiría una conspiración política desde algunos sectores, con el objetivo de desprestigiar a la administración nacional, incluso en un contexto electoral.“Yo creo que de fondo hay una conspiración que se ha iniciado por parte de algunos sectores al interior de entidades del sector defensa, que es precisamente el centro de esta discusión. Aquí el problema no es Andrés Idárraga ni el ministro de Justicia, aquí el problema es cómo al parecer algunos sectores han querido conspirar contra el propio Gobierno en época electoral, tal vez para buscar mecanismos de desprestigio”, afirmó.Idárraga también reveló que, en su caso, el micrófono de su teléfono celular fue activado de manera remota, lo que permitió la obtención de información confidencial.“Fueron 134 ocasiones, con más de 8.700 intervenciones ilegales comprobadas, en las que se extrajeron más de 2,3 gigas de información sensible del Gobierno Nacional, incluyendo datos de denunciantes de corrupción y conversaciones de alto nivel”, explicó.De igual manera, el ministro negó cualquier injerencia en la solicitud de imputación de cargos contra Augusto Rodríguez, luego de que el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) lo señalara de presuntos intereses políticos.“Creo que lo han mal informado personas que han querido sembrar cizaña. Vamos a resolverlo internamente y somos respetuosos de la independencia judicial”, puntualizó, al asegurar que buscará un diálogo directo con Rodríguez.
El río Magdalena volvió a hablar, revive en Honda y devuelve la esperanza a los pescadores. Lo hizo con la fuerza de sus aguas, con el brillo plateado de los peces y con la voz serena de quienes lo conocen desde siempre. En Honda, Tolima, la subienda llegó en su punto más alto y, con ella, regresó la esperanza para decenas de familias que dependen del río para sobrevivir.Desde muy temprano, el movimiento en las orillas anuncia que no es un día cualquiera. Las canoas van y vienen, las atarrayas caen una y otra vez, y el olor a pescado fresco se mezcla con el bullicio de los compradores. La escena se repite como un ritual ancestral que cada año vuelve a unir a la gente con el Magdalena.“Estamos en el tope de lo que es la subienda, la ribazón en Honda”, cuenta Arnulfo Muñoz, pescador artesanal, mientras revisa su faena. Su voz refleja experiencia, pero también alivio. “El río está en un término bueno, hay buena agua y hay bastante pescado. En estos momentos la cosa está buena para todos los pescadores”.Según Arnulfo, la subienda avanza con fuerza desde varios puntos del país. “Dicen que viene más pescado desde La Dorada, Puerto Nare, Puerto Bogotá, Serviés, desde Berrío hacia arriba. Eso quiere decir que el ciclo está bueno, que todavía hay esperanza”, afirma.Abundancia en el río“Hay de todo un poquito. Uno, como pescador, saca lo que caiga en la red. El bocachico es el que más sale, aunque pequeño, pero hay bastante. El nicuro está bueno, el bagre también, y eso ayuda mucho. Cacharro, picuda, mueluda, dorada y cachama completan la faena diaria”, explica.El río que también paga deudasMás allá de la pesca, la subienda representa alivio económico. Para muchas familias, estos días significan poder ponerse al día con gastos urgentes.“Este es el momento para pagar deudas, comprar los útiles de los niños que entran a estudiar, pagar el arriendo, los servicios, la comida”, dice Arnulfo. “Y pues el que toma, también se toma lo suyo”, agrega entre risas, con la naturalidad del pescador que habla sin rodeos.La subienda no solo mueve el río, también reactiva el comercio local. Restaurantes llenos, compradores que llegan desde otros municipios y hoteles que empiezan a ocuparse. Honda vuelve a respirar gracias al Magdalena.Un llamado a la prudenciaAunque el panorama es alentador, Arnulfo hace una advertencia clara: la subienda es pasajera. “Esto es eventual. Dura dos, tres, cuatro o cinco días. A veces uno invita y después se acaba, y la gente viene y pierde el viaje. Por eso hay que ser prudentes”, señala.Aun así, la invitación está abierta: “Que la gente venga, que coma pescado, que pasee, que conozca Honda. Hay buenos restaurantes, hay hoteles y hay pescado. De pronto no se llevan mucho, pero algo se llevan y disfrutan”.El Magdalena, corazón vivoEn 2026, el río vuelve a cumplir su promesa. No solo trae peces, sino trabajo, sustento y memoria. La subienda es más que una temporada de pesca: es cultura, es economía popular y es identidad.“Por ahora estamos en un punto bueno, muy bueno”, concluye Arnulfo Muñoz. “Ojalá siga así. Dios quiera”, confirma.Y mientras el sol cae sobre las aguas del Magdalena, el río sigue su curso, recordándole a Honda que aún late fuerte, que aún alimenta y que cada subienda es una nueva oportunidad para volver a empezar.
El Gobierno colombiano reaccionó a la decisión del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de imponer desde el 1 de febrero aranceles del 30 % a productos de nuestro país alegando falta de cooperación para atender los problemas de seguridad en la zona de frontera.Ante esto, la ministra de Comercio, Diana Morales, aseguró que buscarán los canales legales necesarios para hacer frente a esta situación que golpea el comercio binacional.“Usaremos las vías e instrumentos jurídicos a los que Colombia puede acudir. Pero Ecuador es un país hermano y socio relevante para Colombia y en ese sentido los equipos técnicos han mantenido un diálogo permanente y de beneficio común”, dijo Morales.Entre las opciones a evaluar está las herramientas que brinda la Comunidad Andina que es el mecanismo que rige la relación entre los dos países para buscar una solución o, por otra parte, activar los aranceles inteligentes, “para garantizar un trato recíproco y una cancha de juego equilibrada”.Y es que en su pronunciamiento, esta cartera calificó cómo inconsistente este anunció pues señalan que ambos países venían sosteniendo un diálogo para abordar los temas de seguridad fronteriza.
A través de un comunicado, el Gobierno de Ecuador reiteró el anunció que más temprano hizo el presidente Daniel Noboa sobre la imposición de aranceles del 30 % a los productos colombianos por la falta de cooperación en la seguridad de la frontera.Sin embargo, la medida que regirá desde el 1 de febrero, tendrá varias excepciones que podrían dar un alivio a los gremios que estaban pidiendo activar los canales diplomáticos.En esa lista entran donaciones, efectos personales y ayudas técnicas; así como la venta de energía eléctrica y el servicio de logística de hidrocarburos, todo esto aplicado a través del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.“Ecuador y Colombia mantienen históricos lazos de hermandad y cooperación. No obstante, pese a los diálogos sostenidos y a la insistencia del Ecuador, los mecanismos de control en la frontera colombiana no han resultado efectivos ni suficientes para coordinar una acción frontal y conjunta contra el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y la minería ilegal”, indicaron desde el Gobierno.La medida seguirá, dice Ecuador, hasta que “exista voluntad y compromiso real por parte de la administración de Colombia”.Precisamente, desde el Gobierno y gremios habían pedido revertir esta decisión pues el comercio binacional se vería afectado gravemente.El ministro de Minas, Edwin Palma, calificó como una agresión económica recordando que desde Colombia se mantuvo el sistema ecuatoriano cuando más lo requirió, asegurando que fueron exportados hasta 450 megavatios de manera constante, lo que equivale a cerca del 90 % de la capacidad de exportación disponible.Por su parte, Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, que reúne a los generadores de energía, alertó por la afectación de ese sector y otros que hacen parte de los acuerdos comerciales.“En el sector eléctrico, Colombia ha sido un socio clave para Ecuador: en momentos críticos, nuestras exportaciones de energía han llegado a representar hasta el 12% de su consumo eléctrico, contribuyendo a la seguridad energética del país vecino”, dijo Gutiérrez.Para Gutiérrez, que además es presidenta del Consejo Gremial, el impacto también llevaría a un déficit de cuenta corriente, al reducir los ingresos por comercio exterior.“Con estos datos en mente, una tasa del 30 % puede incentivar la sustitución de productos colombianos y traducirse en pérdidas anuales entre USD 250 y 750 millones, es decir, entre 0,5% y 1,6% del total exportado por Colombia”, reiteró.
Blu Radio conoció en primicia que la Presidencia de la República recusó al presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, pidiendo que se aparte de la discusión sobre el decreto de la emergencia económica que hoy es objeto de estudio por parte del alto tribunal.La recusación fue presentada por el secretario Jurídico de la Presidencia, Augusto Ocampo, alegando que, en una entrevista que Ibañez dio al medio El Tiempo, entregó una serie de declaraciones que podrían considerarse como un concepto emitido fuera de los canales legales.Y es que durante la entrevista, al ser consultado sobre si se aplicaría la medida cautelar de suspensión temporal al decreto de emergencia, el magistrado afirmó que la Corte debe "revisar la jurisprudencia y ampliarla" para que se pueda decretar dicha suspensión en casos de estados de excepción.Para la Presidencia, esto se puede catalogar como un criterio o concepto anticipado, pues no manifestó una posición neutral sino una orientación sobre lo que, según él, debería hacer el alto tribunal.Finalmente, Augusto Ocampo recuerda en su petición que el país recibe estas declaraciones en medio de un contexto sensible y complejo por las decisiones previas de la Corte que se han dado en contra de algunas políticas del Gobierno.“Resulta especialmente preocupante que el magistrado Jorge Enrique Ibañez Najar, lejos de ejercer la prudencia y reserva que impone su condición de juez constitucional y presidente de la Corte, haya optado por intervenir activamente en el debate público sobre un decreto legislativo expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, respecto del cual la Corporación debía adoptar decisiones inminentes y de altísima trascendencia institucional”, dice el documento.Para la Presidencia, el magistrado Ibáñez comprometió su imparcialidad al promover públicamente la suspensión del decreto, por lo que se considera que el magistrado ya formó un juicio previo de que la norma es incompatible con la Constitución. Además, insisten en que esto lo hizo a través de una comunicación masiva y yendo más allá de la mera explicación institucional.“Esta conducta no es compatible con el estándar de imparcialidad reforzada que se exige a quien, por su investidura, está llamado a actuar como garante último del equilibrio entre poderes y no como actor que, mediante declaraciones públicas, parece situarse en una posición de confrontación anticipada frente a las decisiones del Ejecutivo”, agregó la solicitud.Ahora, la Corte Constitucional debe entregar a revisar si acepta o no esta recusación que ya fue recibida oficialmente por la secretaría.Cabe recordar que más temprano que el magistrado Ibañez ya había radicado una solicitud que busca la suspensión provisional este decreto con el que el Gobierno declaró la emergencia económica, tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso de la República.En la relatoría de la Corte aparece registrada la petición dentro de un expediente que está a cargo del magistrado Carlos Camargo, en el que se da cuenta de una solicitud elevada por Ibañez.Si bien en el orden del día de la Sala Plena de esta semana no está prevista la discusión del decreto de emergencia económica, fuentes cercanas al proceso señalan que ya han llegado a la Corte Constitucional un número considerable de conceptos solicitados por el magistrado ponente, Carlos Camargo.
El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, envió una carta a los ministerios de Transporte y Hacienda en la que advierte sobre los riesgos financieros y fiscales para la nación derivados del recorte unilateral de recursos al proyecto de Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique.En el documento, dirigido a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas; al ministro de Hacienda, Germán Ávila, y al presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Óscar Javier Torres, la Contraloría señala que la decisión del Gobierno podría generar incumplimientos contractuales, demandas millonarias y afectaciones al patrimonio del Estado.El ente de control recordó que en julio del año pasado ya se había realizado una advertencia por este proyecto y reiteró que, en caso de que la nación deje de aportar los recursos pactados en las vigencias futuras o los destine a otros fines, podría verse obligada a reconocer intereses remuneratorios y moratorios no previstos inicialmente, además de enfrentar eventuales acciones judiciales.“En caso de que se presenten eventuales incumplimientos de las obligaciones contractuales pactadas a cargo de la Nación y/o la ANI, ello implicaría la asunción de consecuencias de índole contractual, fiscal, disciplinaria y/o penal”, advirtió la Contraloría en un oficio del 4 de junio de 2025.El órgano cuestionó el Decreto 1484 del 31 de diciembre de 2025, expedido por el Ministerio de Hacienda, con el cual se habría recortado el 83,61 % de la vigencia futura de 2025, equivalente a más de 636.000 millones de pesos, señalando que esta decisión “amenaza con materializar los riesgos fiscales claramente expuestos en las advertencias previas”.De acuerdo con el documento, la modificación de las vigencias futuras debía realizarse mediante acuerdos contractuales debidamente protocolizados y con el cumplimiento de los requisitos del CONFIS, el CONPES y el DNP, y no a través de un recorte unilateral por decreto. “La modificación debe surgir de un acuerdo debidamente protocolizado entre las partes suscribientes del contrato de concesión”, advirtió.La Contraloría también advirtió que esta decisión podría afectar la ejecución del proyecto, generar retrasos, paralizar las obras e incluso conducir a su terminación anticipada, además de comprometer la confianza necesaria para el cierre financiero del contrato de concesión.El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, se pronunció a través de su cuenta de X, respecto a esta reciente advertencia y aseguró que la falta de recursos en este proyecto pone en riesgo a poblaciones ribereñas. “Es vital garantizar la protección contra inundaciones en cada uno de los pueblos a orillas del canal del dique. Además varios puertos y plataformas logísticas con miles de empleados deberán cerrar por los sedimentos y basuras que el país arroja al río Magdalena. Cartagena y el dique están en riesgo”, indicó.Finalmente, el contralor reiteró el llamado al Gobierno nacional para que considere las alertas emitidas y adopte correctivos que eviten un daño fiscal, sin desconocer la autonomía de las entidades involucradas en la toma de decisiones.
La Policía lideró una serie de operativos contra la minería ilegal en el departamento del Chocó, que dejaron como resultado la intervención de 27 minas y la destrucción de maquinaria utilizada para la explotación ilícita de yacimientos mineros. Las acciones se desarrollaron en zonas rurales de los municipios de Río Quito y Quibdó, donde esta actividad ilegal ha generado un fuerte impacto ambiental y social.De acuerdo con la información conocida, la minería ilegal intervenida por la Policía habría ocasionado el deterioro de aproximadamente 20 hectáreas de bosque nativo en jurisdicción del municipio de Río Quito, una región estratégica por su biodiversidad y por la dependencia de las comunidades locales de los ecosistemas naturales.En el corregimiento de San Isidro, municipio de Río Quito, unidades de la Policía Nacional, a través de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, adelantaron la operación “Chocó I”, en coordinación con el Ejército y la Armada. En este sector fueron intervenidos diez puntos asociados a minería ilegal y se procedió a la destrucción de siete dragones tipo brasilero y una retroexcavadora empleada en la extracción ilícita de minerales. Durante el operativo fue capturada una persona, quien quedó a disposición de las autoridades judiciales por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.Las autoridades señalaron que estas acciones permitieron golpear de manera directa las finanzas de la subestructura ‘Jhon Fredy Orejuela’ del Clan del Golfo, grupo que se estaría lucrando de la minería ilegal mediante el cobro de exacciones a los explotadores ilegales. La afectación económica para esta organización criminal fue estimada en cerca de 17.000 millones de pesos.En el municipio de Quibdó se adelantó un segundo despliegue operativo en coordinación con unidades militares y entidades ambientales, que permitió la intervención de 17 minas, de las cuales 15 estaban relacionadas con actividades de minería ilegal. En esta zona fueron destruidas 20 dragas, 10 motobombas y 23 motores utilizados para la explotación ilícita de yacimientos, lo que representó una afectación económica cercana a los 365 millones de pesos para las estructuras ilegales.La Policía advirtió que la minería ilegal sigue provocando graves daños ambientales en el Chocó, como la deforestación, la remoción de la capa vegetal y la contaminación de fuentes hídricas por el uso de sustancias tóxicas, afectando de manera directa la biodiversidad y la calidad de vida de las comunidades. Las operaciones continuarán en zonas rurales del departamento, mientras avanzan las investigaciones para identificar a los responsables de estas actividades ilícitas.
La Corte Suprema de Justicia dio la primera luz verde a que empresas puedan implementar una licencia laboral por luto por mascotas tras un fallo en la Sala Laboral, allí, se avaló un pacto entre un sindicanto y una empresa que no se avala un día para los empleados por su mascota."Son un aporte emocional, un apoyo. Son una forma de distracción y compañía. Es entendible que la perdida produzca una situación emocional a la familia", explicó Luis Benedicto Herrera, magistrado de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. A esto y, en diálogo con Noticias Caracol, el psicólogo Álvaro Franco aseguró que no se puede minimizar el dolor porque sea un animal si el vínculo es igual de fuerte al que se podría tener con cualquier persona. ¿Cómo funcionaría la licencia laboral por luto por mascotas?De acuerdo con la Corte Suprema, es necesario que los dueños inscriban a sus mascotas y sean domesticas para poder apelar un día de licencia laboral por luto.Si bien no existe una norma que permita tomar una licencia remunerada o justificar calamidad doméstica por esta razón, de acuerdo con la abogada Nur Amira Vivas, no hay una modificación en el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo que excluya a las mascotas en estos casos.Por otro lado, en la Cámara de Representantes, Alexandra Vásquez, del Pacto Histórico, presentó una proyecto para que esto se vuelva ley, según ella, por vínculo y cercanía la cual sería de un día.“La licencia le será reconocida al trabajador, siempre y cuando este demuestre el hecho mediante prueba que corrobore la muerte del animal de compañía doméstico a través de un veterinario certificado y que la mascota debe haber estado como mínimo 6 meses con su dueño. El empleador establecerá las condiciones de esta licencia en el Reglamento Interno del Trabajo, que, en todo caso, no podrá ser reconocida más de una (1) vez por año o vigencia fiscal”, explicó.
A través del decreto 0019 de 2025, el Ministerio del Interior planteó la estructura interna de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para “garantizar la ejecución efectiva de sus funciones misionales, fortalecer su presencia territorial y cumplir los compromisos institucionales establecidos en el marco normativo y en las políticas públicas vigentes”.Este documento crea y reorganiza dependencias estratégicas como las oficinas de Ciberseguridad, Tecnologías de la Información y Relacionamiento con la Ciudadanía y ajusta las funciones de las áreas misionales de prevención, evaluación del riesgo y protección.Por su parte, el Decreto 0020 establece una ampliación de la planta de personal de la UNP, con la creación de 6.870 cargos en la planta permanente, muchos de ellos destinados a oficiales y agentes de protección, así como a perfiles técnicos y profesionales, incorporando parte de la planta temporal vigente hasta 2025. La medida busca, según el Gobierno, formalizar el empleo público, fortalecer la capacidad operativa y garantizar la prestación efectiva del servicio de protección en todo el país.Lo que no es claro es con qué recursos la Unidad Nacional de Protección (UNP) va a lograr la apertura de estas oficinas y si la planta es suficiente para cobijar con esquemas a los más de 50 candidatos a la Presidencia, más los aspirantes al Congreso que lo soliciten por amenazas o riesgos a su seguridad. Cabe mencionar que en este momento hay 2.066 candidaturas a la Cámara y 1.078 al Senado.
Hasta el barrio La Esperanza del municipio de Teruel, Huila, llegaron funcionarios del CTI de la Fiscalía y, en coordinación con el Ejército y la Policía, hallaron en el interior de una vivienda 65 kilos de marihuana que harían parte de las rentas ilícitas del Bloque Isaías Pardo de las disidencias de las Farc.Según las autoridades, el inmueble donde se cumplió la diligencia de allanamiento, al parecer, operaba como centro de acopio de este estupefaciente, donde dosificaban el alucinógeno para luego distribuirlo y comercializarlo a bandas de microtráfico en varios municipios del Huila.“Hemos logrado un importante resultado contra el narcotráfico y el microtráfico, donde se afecta al Bloque Isaías Pardo, organización armada que concentraba en una vivienda economías ilegales. Con el CTI y la Policía realizamos el allanamiento mediante orden judicial, donde se incautaron 65 kilos de marihuana. El propósito de esta marihuana era ser distribuida en el norte del departamento”, dijo el brigadier general César Augusto Suárez Giraldo, comandante de la Novena Brigada.Por su parte, el teniente coronel Óscar Cárdenas Peña, comandante encargado de la Policía Huila, indicó que el estupefaciente incautado habría sido adquirido en el departamento del Cauca con fines de comercialización en el Huila, lo que representa cerca de 65.000 dosis que dejan de circular en el mercado ilegal.El operativo dejó además la captura de un hombre, encargado presuntamente de almacenar la marihuana, quien fue dejado a disposición de la Fiscalía para que responda por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.Cabe anotar que, la semana anterior, en la vía que comunica a Neiva con el municipio de Palermo, fue aprehendido por el Ejército un menor de edad que transportaba 18 kilos de marihuana en una maleta, avaluados en 15 millones de pesos.