El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, aseguró que se filtró una carta privada relacionada con la eventual salida de María Fernanda Cabal del Centro Democrático, un hecho que —según afirmó— terminó acelerando y tensionando una crisis interna que venía gestándose desde hace varios meses dentro del partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe.En entrevista con Recap Blu, Lafaurie aclaró que ni él ni Cabal han anunciado formalmente una renuncia, pero reconoció que el ambiente interno dejó de ofrecer garantías políticas.“No estamos diciendo que estemos renunciando. Lo que estamos diciendo es que no tenemos espacio y que María Fernanda pretende crear un nuevo partido de derecha. Por eso le estamos diciendo al partido que este proceso no nos deja satisfechos”, explicó.El dirigente sostuvo que la inconformidad fue manifestada de manera reiterada al Centro Democrático mediante derechos de petición presentados entre diciembre y enero, los cuales —según él— no recibieron respuestas claras. "Lo mínimo que merecemos es que nos cuenten qué fue lo que pasó ahí, porque no nos los han contado. Y si definitivamente no cabemos en el partido, preferimos irnos”, agregó.La polémica tomó mayor fuerza luego de que se conociera públicamente una carta que, de acuerdo con Lafaurie, era privada y estaba dirigida únicamente a Gabriel Vallejo.“Se filtró una carta que no sé quién la filtra. Nosotros no la filtramos ni teníamos ningún interés en hacerlo. Estábamos esperando sentarnos con el partido para aclarar un tema que evidentemente no está claro”, afirmó.Lafaurie indicó que el documento recoge una serie de hechos y conversaciones sostenidas con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y con la dirigencia del partido, en las que —según dijo— se advertía la presencia de terceros interesados en decisiones que no se ajustaban a criterios de transparencia.El distanciamiento, según relató, se profundizó tras la definición de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático. “Desde que anunciaron a Paloma no hemos tenido más contacto con el presidente Uribe. He hablado casi que permanentemente con Gabriel Vallejo, siempre en términos cordiales, pero seguimos sin respuestas claras”, señaló.Uno de los puntos centrales de la inconformidad gira en torno al mecanismo de elección de la candidatura presidencial. Lafaurie cuestionó los resultados de las encuestas presentadas por el partido y sostuvo que, al contrastarlos con el comportamiento del denominado “colegio electoral”, se evidencian inconsistencias.
A pocos días de que entre en vigencia la ley de garantías, en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) han sido declarados insubsistentes más de 20 funcionarios.Se trata de funcionarios en condición de prepensionados, madres cabeza de familia y personas sindicalizadas, quienes anunciaron que emprenderán acciones legales. Todos fueron notificados de su insubsistencia por la subdirectora del Dapre, Letty Leal. Entre los casos se encuentra el de Luz Dary Cruz, quien durante 25 años fue la jefe de Recursos Humanos de la Presidencia y estaba encargada, entre otras funciones, de la gestión de hojas de vida. También estaba próxima a pensionarse.Algunas de las personas desvinculadas pertenecían al equipo de la exdirectora Angie Rodríguez, mientras que otras, como el caso de Cruz, eran funcionarios de larga trayectoria en la entidad.Estas decisiones se producen pese a que el pasado 9 de enero se emitió una circular externa dirigida a ministros y directores de departamentos administrativos, en la que se ordenaba abstenerse de realizar despidos en este periodo.“Por instrucción del señor Presidente se exhorta a las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional a actuar con especial prudencia, consideración y responsabilidad en la gestión del talento humano, previo al inicio del periodo de aplicación de la Ley de Garantías Electorales, previsto para el 31 de enero de 2026, evitando la adopción de decisiones generalizadas o masivas de desvinculación de personal, especialmente aquellas que no se encuentren debidamente sustentadas en causas objetivas, necesidades reales del servicio o en procedimientos legalmente establecidos”, señala el documento.Desde la Presidencia de la República se explicó que estas decisiones obedecen a que los funcionarios declarados insubsistentes ocupaban cargos de libre nombramiento y remoción, y que, por tanto, con la llegada de una nueva administración quedan a disposición del director o directora en turno, en este caso la recientemente designada Nhora Mondragón.
Alias ‘Calarcá’, cabecilla de una facción de las disidencias, se refirió al enfrentamiento armado ocurrido en zona rural de El Retorno, Guaviare, y negó que los hechos correspondan a una masacre o a ejecuciones.En una entrevista con el medio Noticaguán, alias ‘Calarcá’ aseguró que lo sucedido el pasado 16 de enero, en El Retorno, Guaviare, fue “un combate normal”.Según su versión, el enfrentamiento se dio dentro de un contexto de tensiones previas y operaciones militares desarrolladas en la región, que, afirmó, se venían intensificando desde finales de 2025, luego de bombardeos del Ejército en el sur del país.“Lo que sucedió allá es un combate, un combate normal, un combate que se iba a dar en noviembre cuando el ejército bombardeó”, señaló el jefe disidente, al tiempo que cuestionó las versiones que, según él, buscan “desvirtuar la realidad” de lo ocurrido en terreno.En su relato, aseguró que las tropas bajo su mando avanzaban por la zona cuando fueron ubicadas por las disidencias de ‘Mordisco’, lo que derivó en un intercambio armado que no habría durado más de 20 minutos.‘Calarcá’ afirmó que durante el enfrentamiento se utilizó un dron de reconocimiento, el cual cayó cerca del lugar donde se encontraban las tropas rivales, y sostuvo que sus hombres contaban con registros que demostrarían que se trató de una confrontación armada y no de ejecuciones.“Ellos nos ubicaron a nosotros, los muchachos de nosotros enviaron un dron. El dron cayó, se cayó al pie de un corral donde estaban ellos aquí́”, aseguró.Además, al referirse a la posibilidad de nuevos combates, ‘Calarcá’ subrayó que su estructura mantendrá presencia en la región. “Pero en la región sí vamos a estar, en el área sí vamos a estar y se lo dijimos, llegamos para no irnos”, afirmó.
Por segunda vez en este 2026, un juez de Bogotá le está llamando la atención al presidente Gustavo Petro por no cumplir órdenes judiciales relacionadas con retractaciones por sus declaraciones.Se trata del juez 24 del circuito de Bogotá, quien por segunda vez abrió un incidente de desacato contra el mandatario y este lunes lo volvió a requerir porque no ha cumplido la orden de rectificar y eliminar 16 mensajes contra el exgerente Coosalud, Jaime Miguel González.Este caso se remonta a las declaraciones que, en alocuciones y en publicaciones en redes sociales, ha hecho Petro contra González, donde lo ha señalado de ser un “bandido” que convirtió a la EPS en una de las peores prestadoras de salud del país.Los mensajes del mandatario señalan a González Montaño de casi triplicar la deuda de la EPS en casi un año (en 2024 alcanzó 2.600 millones de pesos) lo que a juicio del presidente significa que “se robaron la plata”.Gustavo Petro también responsabilizó a la junta directiva de Coosalud EPS de permitir toda una serie de irregularidades que, según él, pasaban por el direccionamiento de recursos públicos hacia una empresa fantasma en el exterior y autorizar préstamos personales a González Montaño por más de $220.000 millones.En su cuenta de X, Petro anotó que “la investigación completa y su traslado a la fiscalía la realizó el actual superintendente de salud Giovani Rubiano”.Y aunque la defensa del mandatario colombiano pidió anular el proceso y/o la reconsideración de la orden, tanto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca como el juzgado de primera instancia rechazaron estos planteamientos al determinar que no existían causales de nulidad y reiterando que el incidente de desacato no es para modificar el contenido de una sentencia, sino para garantizar su cumplimiento efectivo.Ahora, el presidente tiene un nuevo plazo de 48 horas para para informar qué acciones ha hecho para cumplir dicha orden de retractación o si retiró sus publicaciones contra González.
Un fatal accidente registrado durante la madrugada de este lunes mantiene cerrada la Autopista Norte, en sentido Bogotá–Chía, a la altura de la calle 195, cerca del centro comercial San Andresito. Según informaron las autoridades, el siniestro ocurrió cerca de las 2:00 a.m., cuando un peatón fue atropellado por un camión que transitaba por la zona.El impacto fue de tal magnitud que la persona perdió la vida de inmediato. Unidades de criminalística de la Policía de Tránsito adelantan el levantamiento del cuerpo y la recolección de evidencias para establecer las causas exactas del hecho. Por ahora, no se ha revelado la identidad de la víctima.Hacia las 2:08 a.m., la cuenta oficial de la Secretaría de Movilidad de Bogotá reportó el siniestro en sus redes sociales, indicando: “Siniestro vial con fatalidad en la localidad de Usaquén, entre camión y peatón en la Autonorte con calle 195, sentido sur–norte. Ambulancia y personal de la concesión en el punto. @TransitoBta y grupo de criminalística en desplazamiento”.El cierre total de la vía en este sector genró congestión en las primeras horas del día para los conductores que se desplazaban hacia el norte de la capital. Las autoridades recomiendan tomar rutas alternas como la carrera Séptima o la vía Suba–Cota mientras se retiran los vehículos involucrados y se habilita nuevamente el paso.El siniestro se suma a otros registrados recientemente en corredores del norte de la ciudad, lo que ha encendido las alertas sobre la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y seguridad vial en esta zona metropolitana.
El oro superó, por primera vez en su historia, el récord de 5.000 dólares por onza en medio del creciente clima de incertidumbre global y la agitación provocada por las políticas del presidente estadounidense Donald Trump.El precio del oro alcanzó el lunes 5.111,07 dólares por onza, mientras que otro metal considerado como un valor refugio, la plata, llegó a 109 dólares la onza.El oro se valorizó recientemente por la turbulencia en torno a las ambiciones de Trump en Groenlandia y sus presiones sobre la Reserva Federal, aunque en los últimos dos años, el metal precioso se ha fortalecido por factores como la debilidad del dólar y la inflación elevada en el mundo.En enero de 2024, el oro se situaba apenas por encima de los 2.000 dólares por onza. El precio de este metal también ha subido por las guerras en Ucrania y Gaza, así como la intervención de Washington en Venezuela."En los últimos días, la acción sobre el precio del oro ha sido un comportamiento de manual de refugio seguro", comentó Fawad Razaqzada, analista de mercado de Forex.com.En tanto, el dólar estadounidense se debilitó el lunes en medio de las especulaciones de que autoridades estadounidenses se unirían a sus pares japoneses para respaldar el yen, tras una reciente venta masiva.Los informes de que la Reserva Federal de Nueva York había consultado con operadores sobre el tipo de cambio del yen provocaron un repunte de la moneda japonesa, que alcanzó 153,89 por dólar, su nivel más alto desde noviembre.La perspectiva de que las autoridades tomen acciones en el mercado financiero provocó una caída de la divisa estadounidense frente al euro, la libra esterlina, el won surcoreano y el dólar de Singapur.
En la madrugada de este lunes, 26 de enero de 2026, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) registró un evento sísmico de magnitud 3.6 con epicentro en el municipio de Los Santos, Santander. Según el boletín actualizado emitido por la entidad, el movimiento telúrico ocurrió a las 04:19 hora local, sorprendiendo a los habitantes de la región nororiental del país.El reporte técnico indica que el sismo tuvo una profundidad de 149 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo de profundidad intermedia. Las coordenadas exactas del evento se fijaron en la latitud 6.82 y longitud -73.13, localizándose específicamente a 7 kilómetros de la cabecera municipal de Los Santos.Análisis técnico y ubicación del epicentroLa zona donde se originó el sismo es ampliamente conocida por la comunidad científica y los organismos de socorro. Los Santos se encuentra ubicado sobre el denominado Nido Sísmico de Bucaramanga, una de las regiones con mayor actividad telúrica en el mundo, superada únicamente por regiones en Afganistán. En este punto de la geografía colombiana, la interacción de placas tectónicas y fallas geológicas locales genera movimientos casi diarios, la mayoría de ellos imperceptibles para la población.En esta ocasión, la magnitud de 3.6 permitió que el sismo fuera sentido no solo en el epicentro, sino también en municipios aledaños como Zapatoca, Betulia y Jordán, así como en el área metropolitana de Bucaramanga, incluyendo a Floridablanca, Girón y Piedecuesta. Debido a la profundidad de 149 km, la energía liberada tiende a dispersarse en un área más amplia, pero con una intensidad menor en la superficie, lo que generalmente reduce la probabilidad de daños estructurales graves.Monitoreo y capacidad de respuestaEl Servicio Geológico Colombiano cuenta con una red de estaciones sísmicas distribuidas estratégicamente en todo el territorio nacional, representadas en los mapas de monitoreo por triángulos de color verde. Estas estaciones permiten obtener datos en tiempo real para informar a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y a la ciudadanía en general.Hasta el momento, las autoridades locales y departamentales de Santander no han reportado víctimas, heridos o afectaciones de consideración en infraestructuras críticas. Los organismos de socorro mantienen activos los protocolos de verificación en las zonas rurales cercanas al epicentro para descartar cualquier eventualidad menor.Contexto sísmico en ColombiaColombia es un país geológicamente activo debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico y la convergencia de las placas tectónicas de Nazca, Suramericana y del Caribe. El departamento de Santander, en particular, concentra cerca del 60% de la sismicidad total del país.Expertos del SGC reiteran que, aunque estos eventos pueden generar alarma, son naturales dentro de la dinámica terrestre de la región. La recomendación constante para la ciudadanía es mantener la calma, identificar las zonas seguras en sus viviendas o lugares de trabajo y contar con un kit de emergencia actualizado, dado que los sismos no se pueden predecir.
El saldo de muertos por un deslizamiento de tierra en Indonesia subió el lunes a 17, pero la cifra puede aumentar al registrarse más de 70 desaparecidos, según autoridades de rescate, en el tercer día de labores de socorro.El alud provocado por fuertes lluvias azotó el sábado una aldea en la región de Bandung Occidental, en la isla de Java, donde áreas residenciales fueron cubiertas de escombros y decenas de personas debieron evacuar sus casas."El saldo de muertes del deslizamiento en Bandung Occidental alcanzó 17 personas", dijo en un comunicado Abdul Muhari, de la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres. Responsables locales agregaron que 73 personas se dan por desaparecidas.Decenas de personas sin noticias de sus allegados esperaban angustiadas este lunes cerca del pueblo de Pasirlangu, 25 km al noroeste de Bandung, uno de los dos sepultados parcialmente por un enorme deslizamiento de tierra causado por lluvias torrenciales."Es imposible que aun estén vivos. Solo quiero que sus cuerpos sean encontrados", dijo Aep Saepudin, hombre que va cada día al pueblo en busca de noticias de los 11 miembros de su familia dados por desaparecidos, entre los cuales su hermana.El alud, ocurrido el sábado hacia las 02H30 (19H30 GMT del viernes), dañó gravemente más de cincuenta casas y obligó a la evacuación de más de 650 personas, agregó la agencia local de gestión de catástrofes.Unos 2.000 militares, policías y voluntarios, ayudados por equipo pesado, participan este lunes en las operaciones de búsqueda al pie del Monte Burangrang, bajo nubarrones amenazantes, constató una periodista de la AFP.Los rescatistas dijeron que trabajan con cuidado por temor a un nuevo deslizamiento, dada la inestabilidad del terreno a causa de la lluvia."Lo que más nos preocupa es el riesgo de deslizamientos (subsecuentes). A veces cuando estamos en la operación, no nos ocupamos de las lomas que aún podrían tener deslizamientos", comentó el rescatista Rifaldi Ashabi, de 25 años.
El fallecimiento de la influencer indonesia Lula Lahfah, de 26 años, ha generado conmoción en redes sociales. La creadora de contenido fue hallada sin vida en su apartamento, ubicado al sur de Yakarta, el pasado viernes 23 de enero, luego de que familiares y autoridades ingresaran a la habitación tras varias horas sin obtener respuesta. La puerta se encontraba cerrada por dentro y el cuerpo fue encontrado sobre la cama. Lahfah contaba con más de 2,7 millones de seguidores en Instagram y era ampliamente reconocida por sus publicaciones sobre belleza, estilo de vida y entretenimiento.De acuerdo con información entregada por la Policía Metropolitana de Yakarta, la joven atravesaba un delicado estado de salud en las semanas previas a su muerte. Había sido hospitalizada después de las celebraciones de Año Nuevo por complicaciones asociadas a cálculos renales, reflujo gástrico e inflamación intestinal severa. Una empleada doméstica declaró haber escuchado gritos de dolor provenientes de la habitación de Lahfah hacia las 2:00 de la madrugada del jueves, horas antes de que fuera encontrada sin vida. La influencer tenía programado un procedimiento médico (colonoscopia) para ese mismo día, al cual no logró asistir.“Luego, a las 2 de la madrugada, los familiares lo oyeron sufrir. Sí, tenía dolor, gritaba”, señaló una de las trabajadoras a medios locales.Las autoridades informaron que en el lugar fueron hallados medicamentos y documentos médicos relacionados con tratamientos ambulatorios. Preliminarmente se conoció que los primeros exámenes forenses, no evidenciaron signos de violencia, sin embargo, se espera el resultado definitivo de la autopsia para establecer con precisión la causa del fallecimiento. “No nos despertamos hasta el mediodía. Por la tarde finalmente informamos nuevamente al departamento de seguridad, preguntamos a la familia o a alguien cercano a nosotros quién podía garantizar que el técnico o el personal del apartamento rompieron la puerta de la habitación y abrieron la habitación porque la habitación estaba cerrada por dentro”, agregó la mujer.Lula Lahfah, quien también incursionó en la música y la actuación, deja una huella significativa en el entretenimiento de Indonesia.
El Gobierno nacional ordenó la suspensión temporal y focalizada de operaciones militares y de policía en zonas de Nariño y Putumayo, como parte del proceso de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), grupo disidente de las antiguas Farc.La medida, adoptada mediante los decretos 1052 y 1053 de 2025, busca facilitar la concentración, verificación y destrucción del material de guerra en poder de esa organización, bajo acompañamiento de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (MAPP-OEA).La suspensión se aplicará en tres fases y en áreas específicas de 25 kilómetros cuadrados, cuya ubicación se mantiene en reserva por razones de seguridad. Las fechas definidas son: del 9 al 14 de octubre en Putumayo (Punto A), del 19 al 24 de octubre en Nariño (Punto B), y del 29 de octubre al 3 de noviembre en Nariño (Punto C). Cada periodo tendrá una duración de seis días, para un total de 18 días.El decreto establece que la fuerza pública mantendrá intactas su misión de proteger la integridad territorial, preservar el orden y continuar las operaciones contra las economías ilegales. La suspensión aplica únicamente frente a las acciones ofensivas contra el CNEB en el marco del proceso de entrega y destrucción de armas.Por su parte, el grupo armado tiene compromisos concretos: detener sus ataques contra la Fuerza Pública, permitir el acceso a los lugares definidos y cumplir con la entrega progresiva del material bélico, de acuerdo con el protocolo suscrito en la Mesa de Diálogo.La gestión de las armas será responsabilidad del Gobierno a través del Ministerio de Defensa, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la fuerza pública, que deberán garantizar seguridad, registro, custodia y destrucción. Además, el procurador General Gregorio Eljach fue invitado a acompañar los procedimientos.El decreto también prevé garantías para los funcionarios y miembros de la Fuerza Pública involucrados en estas tareas, quienes no incurrirán en responsabilidades penales o disciplinarias durante el proceso.
Un nuevo ataque contra la Misión Médica se registró en el Huila. Ocho funcionarios de la E.S.E. San Sebastián del municipio de La Plata, entre ellos seis integrantes del equipo médico y dos conductores, fueron secuestrados por miembros de la estructura Hernando González Acosta, perteneciente a las disidencias de las Farc, en zona rural del occidente del departamento.Según la información preliminar, el hecho ocurrió cuando los funcionarios se desplazaban hacia las veredas Agua Bonita y Buenos Aires para realizar una brigada de salud.“De acuerdo con el reporte del comandante de Policía del departamento, se tuvo conocimiento de que las personas que hacen parte de la Misión Médica —unos equipos básicos de salud—, que se dirigían hacia la zona rural, específicamente a las veredas Agua Bonita y Buenos Aires, habrían sido retenidas por personas que manifestaron ser integrantes del frente Hernando González Acosta”, señaló el secretario de Gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas Rivas.Además, el grupo armado advirtió que, desde ahora, se deberá verificar a todo el personal que transite por la zona rural de La Plata. La responsabilidad de este control fue delegada a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal.“Estas personas han indicado que, a partir de la fecha, deberá realizarse una verificación minuciosa de todo el personal que transite por la zona rural del municipio de La Plata. Estas verificaciones estarán a cargo de los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, quienes deberán tener conocimiento de las actividades a desarrollar por parte de las personas que no sean de la zona”, agregó el secretario de Gobierno del Huila.Ante este hecho, que evidencia la grave situación de orden público en el occidente del Huila, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia exigió, a través de su cuenta en X, la liberación inmediata del personal de la Misión Médica.
En la tarde de este miércoles, 8 de octubre, el Ministerio de Trabajo se reunió con Sintrateléfonos, sindicato de la empresa ETB por presuntas prácticas laborales ilegales como la tercerización. En este encuentro, el ministro reiteró la necesidad de prohibir la tercerización laboral, por lo que anunció que la próxima semana será expedido un decreto relacionado con esta práctica.“No vamos a permitir que en Colombia se normalice la intermediación laboral. La defensa de los derechos y la dignidad del pueblo trabajador requiere medidas claras: cada trabajadora y trabajador que preste un servicio directo merece estabilidad, salario justo y respeto a sus derechos”, indicó el ministro Sanguino.El sindicato, encabezado por la presidenta, Martha Alejandra Wilches, denunció que hay aproximadamente 17.000 trabajadores tercerizados en la compañía, lo que, según datos proporcionados por Sintrateléfonos, implica una relación de 5 trabajadores tercerizados por cada empleo directo.Así mismo, expresaron su preocupación por la falta de garantías que afectan las condiciones laborales y la estabilidad emocional de miles de trabajadores. Por esto, el ministro reiteró que al ser ETB una empresa mayoritariamente pública, es fundamental convocar una mesa tripartita para analizar lo que está sucediendo.En este encuentro participó también la viceministra de e Relaciones Laborales e Inspección (E), Sandra Milena Muñoz; la presidenta la organización sindical de la ETB, Martha Alejandra Wilches Pulido; el secretario General, Carlos Castellanos; el Fiscal y Tesorero de Sintrateléfonos, Ignacio Gómez y Fernando Moreno, respectivamente, el secretario de Educación, José Miguel Ardila y el Comisionado de Reclamos, Henry Ballesteros.
Un ataque sicarial registrado este miércoles en el barrio La Pradera, en el sur de Ibagué, dejó como saldo la muerte de un hombre conocido con el alias de ‘Tritón’ y herida a su compañera sentimental, además de dos niños, uno de ellos en estado crítico.Uno de los niños recibió un disparo en la cabeza y el otro fue impactado en un brazo, en un hecho sicarial registrado hoy en la capital del Tolima. Actualmente, los dos menores se encuentran bajo observación médica, con diagnóstico reservado, en el Hospital Federico Lleras Acosta, principal centro asistencial del departamento.Desde el hospital, los médicos entregaron el primer reporte sobre el estado de los menores. El niño de tres años presenta una herida por arma de fuego en la cabeza y permanece bajo pronóstico reservado, mientras que el pequeño de un año sufrió una lesión en el brazo y se encuentra estable.“Ingresaron al servicio de urgencias del Federico Lleras dos pacientes pediátricos, uno de un año y el otro de tres años de edad. Estos pacientes presentaban heridas ocasionadas por proyectil de arma de fuego. Nos permitimos informar que ambos fueron recibidos de manera inmediata, activando los protocolos correspondientes por el equipo médico de urgencias”, expresó el médico Diego Padilla, subgerente científico del hospital.Actualmente, los dos menores permanecen bajo observación médica, con diagnóstico reservado. “Es importante recalcar que el paciente número uno presenta una lesión en el miembro superior izquierdo, por lo cual se solicitó valoración por ortopedia y fue llevado de inmediato al quirófano. El paciente número dos, desafortunadamente, presenta una lesión craneal por proyectil de arma de fuego, valorado en el servicio por neurocirugía y actualmente en manejo especializado”, agregó.La historiaUn ataque armado ocurrido este miércoles en el barrio La Pradera, al sur de Ibagué, dejó como saldo la muerte de Hugo Nelson Leal Domínguez, de 31 años, conocido con el alias de ‘Tritón’. En el hecho también resultaron heridos una mujer y dos menores, uno de ellos en estado crítico.De acuerdo con el coronel Diego Edixon Mora Muñoz, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, la víctima contaba con 14 anotaciones judiciales registradas ante la Fiscalía, entre ellas dos por homicidio, seis por porte ilegal de armas de fuego, además de procesos por violencia intrafamiliar, lesiones personales, tráfico de estupefacientes, fuga de presos y amenazas.Las autoridades informaron que Leal Domínguez se desplazaba en motocicleta junto a una mujer, su compañera sentimental, y dos niños hijos de la pareja, cuando fue interceptado por un sujeto armado que disparó en repetidas oportunidades. El hombre murió en el lugar, mientras que sus acompañantes fueron trasladados a diferentes centros asistenciales.“De acuerdo con las primeras verificaciones realizadas en el lugar de los hechos, las cuatro personas se movilizaban en una motocicleta y habían llegado al lugar a cumplir una cita, cuando fueron abordadas por un hombre que les disparó en varias ocasiones. Las tres personas lesionadas fueron trasladadas a centros asistenciales, donde se verificó que la mujer portaba un arma de fuego, por lo que fue judicializada por el delito de porte ilegal de armas de fuego”, declaró el coronel Mora Muñoz.A esta hora, las autoridades mantienen un plan candado y revisan cámaras de seguridad en el sector y sus alrededores, con el propósito de ubicar y capturar a los responsables del hecho.
El presidente Gustavo Petro respondió a la comunicación en la que la Casa Blanca informó estar pendiente de que él se retracte públicamente de la afirmación que hizo responsabilizando a Estados Unidos del bombardeo a una lancha colombiana en el Caribe en la que, según el mandatario, iban colombianos a bordo.De acuerdo con el Gobierno norteamericano, las declaraciones del presidente son infundadas y objetables. "Esperamos poder regresar a un diálogo productivo para construir un futuro fuerte y próspero para las personas de Estados Unidos y Colombia", dice la comunicación enviada a periodistas en Washington.La declaración llega luego del trino del presidente Gustavo Petro en el que aseguró que había indicios de la presencia de colombianos en esa embarcación.“Indicios muestran que la última lancha bombardeada era colombiana con ciudadanos colombianos en su interior. Espero que aparezcan sus familias y denuncien”, escribió el mandatario en su cuenta de la red social X.La publicación la hizo desde Bruselas, Bélgica, donde el mandatario tendrá una gira con varias reuniones bilaterales.Sin embargo, una vez conoció esa comunicación, el mandatario volvió a hablar del tema aunque sin cambiar su posición; por el contrario, insistió en tener datos sobre estas operaciones.“Qué la Casa Blanca nos de la información de las personas que han muerto por misiles de los EEUU, para saber si mi información es infundada”, agregó.Ya en su intervención en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas el martes 23 de septiembre, cuando atacó al presidente Donald Trump y pidió una investigación sobre ese episodio, porque considera que hubo una actuación desproporcionada contra “jóvenes latinoamericanos” que, a su juicio, terminan en el narcotráfico por necesidad.“Los jóvenes asesinados con misiles en el Caribe no eran del Tren de Aragua que nadie quizás conozca aquí su nombre ni de jamás eran caribeños posiblemente colombianos y si fueron colombianos con el perdón de quienes dominan las Naciones Unidas debe abrirse proceso penal contra esos funcionarios que son de los Estados Unidos así se incluye al funcionario mayor que dio la orden el presidente Trump que permitió los disparos”, dijo en ese momento.
Ecuador subió de tres a treinta dólares la tarifa de transporte del crudo colombiano por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote), uno de sus dos grandes oleoductos, en medio de la inusitada guerra comercial en la que están inmersos ambos países, según confirmó este lunes la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.La nueva tarifa entró en vigencia el viernes, en "reciprocidad" a la decisión de Colombia de suspender la venta de energía, después de que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunciara la imposición de un arancel del 30 % a las importaciones colombianas por una supuesta falta de apoyo de Bogotá en la lucha contra el narcotráfico.Manzano había dicho inicialmente que la tarifa que se modificaría era la correspondiente al transporte de crudo colombiano por el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), el otro más grande del país.Sin embargo, este lunes indicó en una entrevista con radio Sucesos que la medida se aplicará al crudo que pasa por el Sote, que pertenece a Ecopetrol, la principal empresa de petróleo del país vecino. Por el OCP, en cambio, pasa crudo de empresas privadas colombianas.La ministra indicó que Ecuador le está dando "un servicio importantísimo" a Ecopetrol al transportar el petróleo por el Sote, manejado por la empresa pública Petroecuador, para que pueda llegar desde el sur de Colombia hasta la costa del Pacífico para ser exportado.La guerra comercial entre ambos países la inició Noboa el pasado miércoles, cuando anunció que Ecuador impondría desde el 1 de febrero una "tasa de seguridad" del 30 % a los productos colombianos, ante la supuesta "falta de reciprocidad y acciones firmes" por parte del vecino país en el combate al tráfico de drogas.El mandatario indicó que la medida se mantendría "hasta que exista un compromiso real" por parte de Colombia "para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera".En respuesta, el Gobierno colombiano señaló que aplicaría un gravamen del 30 % a la importación de veinte productos que lleguen desde Ecuador y también suspendió la venta de energía.El viernes, la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, indicó que habían recibido una propuesta de Colombia para reunirse el 25 de febrero y tratar la imposición de aranceles, pero que desde el Gobierno ecuatoriano plantearon que la cita se realice esta semana, aunque aún no se ha anunciado públicamente cuándo se dará.En 2024, el comercio no petrolero con Colombia dejó un saldo desfavorable para Ecuador de 919 millones de dólares, en donde las importaciones tuvieron mayor preponderancia que las exportaciones, al alcanzar los 1.756 millones, de acuerdo a datos de la Federación Ecuatoriana de Exportadores. De enero a noviembre de 2025 el saldo fue de 852 millones.
La Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por la persistente inestabilidad en la dirección de la Unidad para las Víctimas y en varias de sus dependencias, una situación que, según advirtió, ha afectado la continuidad institucional y el avance de procesos estructurales fundamentales para la política pública de víctimas en el país.El pronunciamiento se da tras la reciente declaratoria de insubsistencia del director general de la entidad, Adith Romero, ocurrida el pasado viernes 23 de enero, en medio de denuncias por presuntas irregularidades en procesos de contratación durante su gestión.De acuerdo con la entidad, entre 2022 y 2026, la Presidencia de la República ha designado, tanto en propiedad como en encargo, a cinco personas distintas en la Dirección General de la Unidad, “situación que ha afectado la continuidad institucional y el avance de procesos estructurales de la política pública de víctimas”, aseguran en el comunicado.A esta situación se suma la preocupación por los hechos que han venido siendo reportados por distintos medios de comunicación sobre posibles actos de corrupción al interior de la entidad.En ese sentido, el organismo de control exhortó al Gobierno a dar respuestas claras y oportunas frente a los cuestionamientos existentes por presuntos hechos de corrupción, al considerar que la estabilidad y la transparencia en la coordinación de los procesos a cargo de la Unidad para las Víctimas y del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral son condiciones indispensables para cumplir con los derechos de las víctimas.La Defensoría recordó que el universo de víctimas en Colombia representa aproximadamente el 20 % de la población del país, muchas de ellas priorizadas en el CONPES de Soluciones Duraderas y en la reglamentación de la Ley 2421 de 2024.
El acceso a la formación de alto nivel en Colombia tendrá un nuevo esquema luego de la salida de Colfuturo. El Gobierno nacional anunció la aprobación del Conpes 4182, documento que fija la continuidad del Programa Nacional de Becas de Maestrías y Doctorados y que reemplaza a este modelo que durante años operó.Con esta decisión, el Estado asume directamente la financiación y administración de las becas, las cuales dejarán de estar asociadas a créditos educativos. El Conpes contempla una inversión cercana a los 370.000 millones de pesos mediante vigencias futuras entre 2026 y 2030, recursos con los que se financiarán dos cohortes y se beneficiará a cerca de 900 personas.El documento establece que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación será el responsable de dirigir y ejecutar los recursos, eliminando esquemas de intermediación y centralizando la política de formación avanzada dentro del Estado.Las becas estarán dirigidas principalmente a profesionales de los estratos 1, 2 y 3. Además, el Conpes fija criterios de distribución que incluyen que al menos el 60 % de los cupos sea asignado a mujeres y contempla la participación de comunidades indígenas y de población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera.En materia institucional, la política dispone que el 72 % de los cupos se desarrollará en instituciones de educación superior del país y que el 60 % de los recursos será destinado a universidades públicas.El Conpes también define una asignación territorial obligatoria. Al menos el 30 % de los recursos, equivalentes a más de 110.000 millones de pesos, se destinará a regiones con rezagos estructurales como el Pacífico, la Amazonía y los Llanos.Finalmente, los recursos se orientarán a programas en áreas estratégicas como inteligencia artificial, transición energética, bioeconomía y ciencias y tecnologías cuánticas, en línea con las prioridades definidas en las Misiones de País.
Entre los temas coyunturales y de más alto interés para el Gobierno del presidente Gustavo Petro está la emergencia económica que ha ocupado los titulares en las últimas semanas, pero también está la reforma pensional que desde que fue demandada ante la Corte Constitucional en julio del 2024 ha atravesado un sinfín de traspiés.El último incoveniente lo conoció Blu Radio en primicia. La Presidencia de la República recusó al presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, y pide apartarlo de la discusión de la reforma pensional. Lo anterior, al considerar que Ibáñez prejuzgó públicamente sobre la reforma que está bajo estudio del alto tribunal durante una entrevista que concedió a un medio de comunicación. La Sala Plena deberá definir si admite o no la recusación.El escrito firmado por el secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Ocampo, señala que el magistrado Ibáñez afirmó que la ley de pensiones tenía un vicio de trámite subsanable que “no se subsanó”, cuando el proceso aún se encuentra en estudio por parte del alto tribunal esto en medio de una entrevista que el togado concedió a un medio de comunicación.A juicio del Gobierno, el pronunciamiento del magistrado anticipa un elemento central de la decisión y compromete la apariencia de imparcialidad judicial.La Presidencia también advierte que el caso se da en un contexto institucional sensible, pues la Corte debe adoptar en las próximas semanas una decisión definitiva sobre la reforma, luego de que el trámite quedara empatado y se acudiera a un conjuez.Está por definirse allí en el alto tribunal el futuro de una de las reformas bandera para el Gobierno del presidente Petro, que, sin duda, ha marcado el pulso entre esa Corte y el Ejecutivo.
La secretaria de Salud del Tolima, Katherine Rengifo relató a Blu Radio que, en lo corrido del año 2026, se han registrado 10 fallecimientos por fiebre amarilla, todos correspondientes a población flotante proveniente de otros departamentos del país, quienes ingresaron al territorio sin contar con el esquema de vacunación requerido.De acuerdo con el reporte oficial, las personas fallecidas procedían de Bogotá, Fusagasugá y Girardot (Cundinamarca), Tarazá (Antioquia), Cúcuta (Norte de Santander) y Ventaquemada (Boyacá).Aunque los decesos ocurrieron en sus lugares de origen, los casos quedaron registrados en el histórico epidemiológico del Tolima, al haberse adquirido el contagio dentro del departamento.Situación epidemiológica actualDesde el inicio del brote de fiebre amarilla, el Tolima registra:*139 casos confirmados* 57 fallecimientos acumulados* 15 casos en 2026* 10 muertes en lo que va del año*Cobertura de vacunación del 63 %*Letalidad superior al 66 % en población proveniente de otros departamentosRengifo manifestó su preocupación por el alto número de casos asociados a personas no vacunadas:“En lo que llevamos del brote hablamos de 139 casos confirmados y 57 muertes. Solo en 2026 se han presentado 15 casos, de los cuales 10 terminaron en fallecimiento. Lo más preocupante es que más del 60 % de los casos corresponde a personas procedentes de otros departamentos, con una letalidad superior al 66 %”, señaló la funcionaria.Articulación interinstitucionalLa Secretaría de Salud del Tolima confirmó que este jueves se realizará una reunión interdepartamental con las secretarías de Salud de Bogotá y Cundinamarca, el objetivo es fortalecer las estrategias de control, vigilancia epidemiológica y vacunación obligatoria en corredores turísticos y zonas de riesgo.Agregó que el principal factor de riesgo continúa siendo el ingreso de población flotante sin vacunación previa."Estamos articulando acciones con las secretarías de Salud de Bogotá y Cundinamarca para garantizar que quienes ingresen al Tolima lo hagan vacunados. La fiebre amarilla sigue activa y el riesgo es real”.Municipios en alertaSe mantiene alerta en los municipios de, Icononzo, Cunday, y Carmen de Apicalá en el oriente del departamento, Ataco, y Chaparral en el sur. Las autoridades reiteran que el turismo continúa habilitado, siempre y cuando las personas cuenten con el esquema de vacunación completo contra la fiebre amarilla.La Secretaría de Salud insistió en que todas las muertes registradas eran prevenibles y reiteró el llamado a la vacunación oportuna.“La vacuna es gratuita, está disponible y salva vidas. La falta de conciencia sigue costando vidas humanas”, puntualizó la secretaria.Actualmente, el departamento cuenta con jornadas permanentes de vacunación en zonas urbanas y rurales, con personal disponible las 24 horas.
A México, Estados Unidos y África fueron exportadas en los primeros 26 días del mes de enero 10.000 toneladas de aceite crudo de palma producidas en 25.000 nuevas hectáreas, que muchas de ellas fueron utilizadas para los cultivos ilícitos en zona rural de Tumaco, siendo esta una cifra récord para el puerto Marítimo de Tumaco.El gerente de Operaciones de la Sociedad Portuaria de Tumaco, Arley Silva, dijo a Blu radio que este resultado contrasta de manera significativa con la dinámica histórica del puerto, donde tradicionalmente se atendía un buque de aceite de palma cada dos meses. "La operación registrada en enero no solo marca un récord operativo, sino que confirma las condiciones técnicas, logísticas y humanas del Puerto de Tumaco para consolidarse como una alternativa real y competitiva para el comercio exterior del país", precisó Silva.Silva dijo que este es un hecho sin precedentes para la logística del Pacífico nariñense, ya que el puerto pasó de atender un buque bimestral a operar cuatro embarcaciones de gran calado en enero de 2026."La carga de aceite de palma, producida en 25.000 nuevas hectáreas de cultivos en la región, tiene garantizada su comercialización en los mercados de México, Estados Unidos y África, y así vamos a demostrar que este puerto marítimo es competitivo y, por eso, pedimos la ayuda de los empresarios de la región para que puedan exportar todas sus mercancías a través del puerto de Tumaco", aseguró Silva.La operación fue realizada con mano de obra 100% tumaqueña, lo que demuestra la capacidad técnica y operativa de la terminal marítima.El Puerto de Tumaco vive un momento sin precedentes en sus más de 60 años de historia, porque, durante los primeros 26 días del mes de enero, la Sociedad Portuaria Regional Tumaco – Pacific Port atendió la exportación de cuatro buques-barcazas de gran calado cargados con aceite crudo de palma, lo que representa cerca de 10.000 toneladas exportadas en un solo mes, una cifra histórica para el terminal portuario del Pacífico colombiano.Las exportaciones de aceite crudo de palma realizadas desde Tumaco tuvieron como destino los mercados de México, Estados Unidos y África, lo que aumenta considerablemente el alcance internacional de un producto que es cultivado y producido en la región. Actualmente, el municipio de Tumaco cuenta con cerca de 25.000 nuevas hectáreas sembradas de palma, que fortalece la capacidad productiva y genera nuevas oportunidades económicas para el territorio.Este crecimiento ha tenido un impacto directo en la generación de empleo y en el fortalecimiento de la confianza empresarial.La dinámica portuaria ha permitido aumentar la planta de personal, tanto directa como indirecta, priorizando la contratación de mano de obra local en el puerto. Hoy, la operación logística está liderada mayoritariamente por trabajadores tumaqueños, consolidando un modelo de desarrollo con enfoque regional.Una operación 100% seguraSilva, gerente de Operaciones de la Sociedad Portuaria de Tumaco, destacó la magnitud del logro:"Llevo 14 años manejando las operaciones de este puerto y lo que vivimos fue un verdadero hito. Se trató de una operación limpia, segura y confiable. Atendimos dos embarcaciones de manera simultánea, con todos los protocolos de seguridad, y demostramos el potencial humano y técnico que tiene el puerto”.Silva explicó que, aunque los riesgos operativos eran latentes por la magnitud de la maniobra, la coordinación entre pilotos, personal operativo, gerencia y autoridades, permitió ejecutar una operación exitosa, sin incidentes.“Más que medirnos, nos mostramos. Le mostramos al país que el Puerto de Tumaco tiene la capacidad para atender operaciones de gran escala y convertirse en un puerto estratégico para el Pacífico colombiano”, afirmó.Respaldo InstitucionalSilva manifestó que el éxito de esta operación logística también se atribuye al acompañamiento del Gobierno Nacional, que ha volcado sus ojos al Pacífico nariñense para potenciar su infraestructura.“Agradecemos al Gobierno Nacional por el esfuerzo para que Tumaco y el Pacífico salgan adelante. Este respaldo nos permite mostrar que tenemos el potencial, los trabajadores y los empresarios para que la dinámica portuaria sea un éxito total en la región”, agregó Silva.Con el aumento de la planta de personal y la confianza de los mercados internacionales, el Puerto de Tumaco inicia el 2026 enviando un mensaje claro: está listo para ser un protagonista de primer nivel en el comercio exterior de Colombia.
Se acerca la reunión entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, como parte de una estrategia de recomponer la tensa relación que hay entre los jefes de Estados actuales. Para AmCham, la Cámara de Comercio Colombo Americana, no es un encuentro para tomar decisiones, sino una reunión para tomar puntos de interés en común de ambos gobiernos.Sin embargo, para el sector empresarial colombiano, es importante que prime la relación comercial sobre las contraposiciones políticas, ya que de terminar mal esta reunión las posibilidades consecuencias, según AmCham, puede ser una confrontación constante entre ambos mandatarios, injerencia con aranceles, reducción en cooperación, entre otras.“Y en ese sentido, si se vuelve a retomar una confrontación, el trabajo que seguimos haciendo es de mantener esas divisiones entre lo comercial y lo político. Porque lo comercial es el cimiento de las relaciones, es el ancla de la relación con Estados Unidos. Hoy en día estamos viendo la importancia de la relación para el bolsillo de los colombianos y al mismo tiempo tiene una injerencia también en el relacionamiento con Estados Unidos. Y en ese sentido para los estadounidenses también termina siendo interesante e importante la relación con Colombia”, concluyó María Claudia Lacouture, presidente de AmCham.Entretanto, los puntos de conversación que podrían estar presente en la conversación son: Seguridad en aspectos de tráfico de droga y crimen transnacionalMigraciónLa situación de Venezuela y la operación de fronterasRelación con China y su infraestructuraComercio exterior e inversión en los paísesPor su parte, dentro de la conclusiones que pueda tener la reunión está la permanencia de los canales de conversación diplomáticos, ser vamos con los cinco temas de interés común y hacer seguimiento real de las determinaciones de las reuniones.
Una operación de la fuerza pública para capturar a alias ‘Patepalo’, señalado cabecilla criminal de las disidencias de las Farc, con amplio prontuario, terminó frustrada el pasado fin de semana en zona rural de Vista Hermosa, Meta, luego de que habitantes del sector, presuntamente obligados por un grupo armado ilegal, impidieran el avance de los uniformados.De acuerdo con la información de inteligencia, los hechos ocurrieron cuando tropas se desplazaban por una vía destapada hacia un caserío donde se encontraba el objetivo. En ese momento, varios civiles salieron de sus viviendas, se concentraron sobre el camino y formaron una barrera humana para bloquear el paso de los militares, generando una situación de alta tensión en la zona.Videos muestran a hombres y mujeres ubicándose frente a la tropa, haciendo señas, gritando y grabando con teléfonos celulares. La presencia masiva de civiles obligó a frenar la operación, lo que fue aprovechado por alias ‘Patepalo’ para escapar del lugar y evadir su captura.Según las autoridades, la acción de la comunidad no fue espontánea. La población habría actuado bajo presión de la estructura criminal liderada por alias ‘Calarcá’, que mantiene control e influencia en esta región del sur del Meta, utilizando amenazas y constreñimiento para obstaculizar las operaciones del Estado.
Un intenso debate se ha desatado en el país tras la publicación de un borrador de decreto del Ministerio de las TIC que busca ampliar los servicios de las redes postales. Mientras que el sector financiero, representado por gremios como Asobancaria y Colombia Fintech, se opone firmemente a la medida, el presidente de Asopostal, Juan Andrés Carreño, asegura que es una oportunidad histórica para la inclusión financiera en la "Colombia profunda"."Este gobierno ha tenido en cuenta lo que está pasando en las poblaciones más lejanas del país. La red postal tiene 52.000 puntos en todos los municipios del país y nosotros atendemos la Colombia profunda, no lo hace el sector financiero. Mientras el sector financiero sigue cerrando puntos en la geografía nacional, nosotros venimos abriendo", indicó Carreño en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.El corazón de la disputaLa controversia gira en torno a la reglamentación de tres nuevos servicios postales de pago que se sumarían al giro tradicional: el depósito postal, la transferencia postal y el giro de pago.Juan Andrés Carreño defiende la autonomía de este modelo al precisar que "una cosa son las normas financieras y otra cosa son las normas postales", subrayando que se trata de un derecho "consagrado en un tratado internacional", cuya validez jurídica ya ha sido defendida anteriormente ante la Corte Constitucional."Ellos piensan que nosotros debemos cumplir con la regulación financiera. Nosotros decimos, no, no somos financieros, tenemos que cumplir con la regulación postal", indicó Carreño.Seguridad y riesgos¿Un peligro de lavado de activos?Uno de los argumentos más fuertes de la banca es el riesgo de administración de activos y financiación del terrorismo. Sin embargo, desde Asopostal defienden la solvencia de su regulación."Después del sector financiero, el sector postal tiene los sistemas de administración de riesgos más solventes'. Nosotros le tenemos que realizar biometría y autenticación de todas las personas que hacen una operación, tanto el que envía como el que recibe", explicó.Finalmente, Carreño arremetió contra los argumentos que vinculan el decreto con intereses electorales."Lo que se están diciendo son mentiras. Invito a que se dé el debate con verdades y desde una perspectiva técnica. Decir que es que esto se está haciendo para las elecciones es absolutamente falso", finalizó.Escuche la entrevista aquí:
Julián Silva es presidente de Asodiplo y está denunciando cientos de contratos al interior de la Cancillería: contratistas que estarían reemplazando a funcionarios con amplia experiencia en la cartera, no solo provisionales, sino también de planta.“Existe, por ejemplo, una gran proliferación de contratos y de contratistas nuevos en distintas áreas de la Cancillería. Nosotros teníamos información de alrededor de unos 100, pero no sabemos exactamente cuántos, y así se habla de otros contratos en otras áreas de la entidad: alrededor de 80 en la Dirección de Cooperación Internacional y otros 60 en la Dirección de Derechos Humanos. Entonces, a nosotros nos preocupa enormemente, primero porque no sabemos los montos de contratación”, dijo.Asodiplo también advierte sobre declaraciones de insubsistencia en consulados y embajadas, así como cambios súbitos de personal de apoyo y la eventual llegada de personas sin experiencia. Esto se agrava si se tiene en cuenta que este año esas oficinas deberán hacerse cargo de la organización del proceso para que seis millones de colombianos en el exterior puedan votar.“La información con la que se cuenta inicialmente dice que efectivamente es un criterio político. El asunto es cambiar personas que no pertenecen a una cuerda política por otras que sí lo son. Sin embargo, de nuevo, al no conocer cuáles son las convocatorias, por ejemplo, para los contratistas, ni los perfiles en su totalidad, es muy complicado entender por qué se están llevando a cabo estos cambios”, agregó.En 2026 no solo habrá elecciones, también se realizará el Mundial en tres países con alta presencia de colombianos, por lo que el trabajo de los consulados en esos puntos será clave.Consultamos a la Cancillería sobre estos movimientos y aseguran que se trata de reubicaciones permitidas por la ley y realizadas a discrecionalidad de la canciller. Sobre la contratación, señalan que el 70 % del ministerio funciona con contratos de prestación de servicios y que esto no implica ninguna irregularidad.