La Defensoría del Pueblo destacó el Auto 002 de 2026 proferido por la Corte Constitucional, mediante el cual se exige a las autoridades nacionales y territoriales dar cuenta de las acciones adoptadas para atender los riesgos advertidos en la Alerta Temprana 017 de 2025, emitida para el municipio de Tibú.Según recordó la Defensoría, dicha alerta temprana advirtió con antelación la configuración de graves escenarios de riesgo para la población civil, derivados, por un lado, del incremento de la confrontación armada entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc, y por otro, de la consolidación del control territorial ejercido por el ELN, a través de la imposición de normas de conducta, restricciones a la movilidad y control de la vida comunitaria.La entidad señaló que estos riesgos se materializaron entre diciembre de 2025 y enero de 2026, periodo en el que se registró un recrudecimiento de la violencia armada y una profundización de la crisis humanitaria en el Catatumbo.Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo alertó el 31 de diciembre de 2025 al Ministerio del Interior que los riesgos señalados en la Alerta Temprana 017 de 2025 se estaban presentando en el territorio, y reiteró la urgencia de implementar el plan de acción recomendado para mitigar las amenazas contra la población civil.“Estas afectaciones fueron constatadas de manera directa por la Defensoría del Pueblo durante la misión humanitaria realizada entre el 6 y el 8 de enero del 2026 en el Catatumbo, en conjunto con la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y la Iglesia católica, en calidad de Comisión Humanitaria”, indicó la entidad.En ese contexto, la Defensoría resaltó el Auto como un respaldo judicial a las advertencias realizadas y explicó que, mediante esta providencia, la Corte Constitucional requirió al Ministerio del Interior, a la Gobernación de Norte de Santander y a las alcaldías de San José de Cúcuta, Ocaña, Tibú y El Tarra, para que informen sobre las medidas adoptadas para proteger a la población y garantizar sus derechos fundamentales.Finalmente, la Defensoría del Pueblo instó al Gobierno nacional a cumplir de manera estricta lo ordenado por la Corte y exhortó a las autoridades nacionales y territoriales a implementar de forma inmediata las recomendaciones contenidas en la Alerta Temprana de Inminencia 017 de 2025, con el fin de prevenir nuevas vulneraciones a los derechos de las comunidades del Catatumbo.
Iván Cepeda anunció que, si el Consejo Nacional Electoral (CNE) niega su inscripción como precandidato en la consulta del Frente por la Vida, interpondrá una acción de tutela. “Llamo a la ciudadanía y a los movimientos sociales a defender nuestra candidatura y los derechos políticos. Convoco a una movilización jurídica y política y, si se anula mi participación, acudiré a la tutela”, dijo desde Cúcuta durante un evento de campaña.La consulta del Pacto Amplio, que ahora se denomina Frente por la Vida a petición del exministro Juan Fernando Cristo (quien aún evalúa si se suma), está conformada por cuatro precandidatos: Camilo Romero, Iván Cepeda, Roy Barreras y Daniel Quintero. Sobre este último persiste un lío jurídico, luego de que la Registraduría rechazara su inscripción. Ante la falta de alternativas legales, se ha planteado que su esposa, Diana Osorio, asuma la candidatura con el respaldo del Partido del Trabajo.En este escenario, queda abierta la puerta para una eventual participación de Juan Fernando Cristo y también suena el nombre de Luis Gilberto Murillo. El exministro del Interior aseguró, a través de su cuenta de X, que las conversaciones avanzan positivamente y que será en la III Asamblea Nacional de En Marcha, prevista para el viernes 30 de enero, cuando informe a los delegados sobre los avances y la decisión que adopte. El plazo para definir su participación vence el próximo 6 de febrero.Cepeda también se pronunció en redes sociales, donde señaló que en esta consulta participarán “para profundizar la democracia y defender la vida, la equidad, la paz, la justicia social y la soberanía nacional”.
Las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre Nicolás Maduro al manifestar que el venezolano está secuestrado en Estados Unidos desde el 3 de enero, generaron críticas y rechazo de diferentes ámbitos políticos. Para la exvicepresidenta y excanciller Marta Lucía Ramírez, el mandatario colombiano no solo incurrió en una grave torpeza diplomática, sino que además optó por ponerse “del lado del convicto” en referencia al líder venezolano, investigado por la justicia estadounidense por delitos relacionados con el narcotráfico.En entrevista con Recap Blu, Ramírez cuestionó con dureza el momento y el contenido de las afirmaciones de Petro, justo cuando se acerca una reunión clave con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. A su juicio, el jefe de Estado colombiano estaría buscando quedar bien con Maduro, aun a costa de deteriorar la relación con Washington y de “hacer quedar muy mal a Colombia” en el escenario internacional.“Maduro es un convicto, una persona con procesos abiertos por narcotráfico y conspiración. Y el presidente de Colombia decide ponerse de su lado, no del lado de la justicia”, afirmó la exfuncionaria.Ramírez también aseguró que existen “secretos inconfesables” entre Petro y Maduro, los cuales, según ella, podrían estar relacionados con la financiación de la campaña presidencial. En ese contexto, interpretó las declaraciones del mandatario como un intento de “cuidarse la espalda” frente al régimen venezolano, especialmente ante la posibilidad de que surjan revelaciones ante la justicia norteamericana.La exvicepresidenta también alertó sobre el riesgo de una nueva crisis diplomática, similar a la vivida en enero de 2025, cuando Colombia devolvió aviones con deportados desde Estados Unidos. Según Ramírez, estas provocaciones podrían incluso llevar a la cancelación de la reunión bilateral prevista, pese a que —en su concepto— el propio Petro habría solicitado el encuentro por preocupación sobre su futuro político después de dejar el poder en 2026."Sí creo que podrían eventualmente en Estados Unidos decidir cancelar esa reunión bilateral, que me parece que además la buscó fue el presidente Gustavo Petro, fue él el que pidió una llamada con el presidente Trump", concluyó.
La polémica por la compra de los aviones de combate Gripen volvió a escalar al marco judicial. Un juez ordenó, por segunda vez, que el presidente Gustavo Petro haga pública toda la información relacionada con este contrato, una operación financiada con recursos del Estado y que ha permanecido bajo reserva.La orden judicial responde a una tutela interpuesta por el candidato presidencial David Luna, quien desde diciembre pasado ha insistido en que la ciudadanía tiene derecho a conocer los términos de una de las adquisiciones más costosas en la historia del sector defensa.Aunque el Juzgado 29 Administrativo de Bogotá ya había ordenado la divulgación del contrato, el Gobierno no acató el fallo, lo que llevó a Luna a solicitar un incidente de desacato para forzar su cumplimiento.En su nuevo pronunciamiento, la justicia fue enfática en señalar que no existe justificación para mantener en secreto un contrato que compromete millonarios recursos públicos. El juez reiteró que el acceso a la información es un principio constitucional y que la reserva no puede utilizarse para limitar el control ciudadano ni el escrutinio democrático sobre decisiones de alto impacto fiscal.Más allá del debate político, el fallo deja un mensaje contundente al Gobierno: las decisiones judiciales deben cumplirse. Ahora, el Gobierno enfrenta la presión de revelar el contrato o asumir las consecuencias legales por desacatar nuevamente una orden de la justicia.
MiLoto realiza este lunes 26 de enero de 2026 su sorteo número 474, uno de los juegos de azar más seguidos en el país por su dinámica sencilla y su bajo costo de apuesta. La expectativa crece entre los jugadores, luego de que en el sorteo anterior no se registrara ganador del premio mayor, lo que permitió que el acumulado alcanzara una cifra significativa.En el sorteo 474, realizado el lunes 26 de enero, la combinación ganadora estuvo conformada por los números: 34 - 13 - 03 - 16 -06. Sin embargo, ningún apostador logró acertar los cinco números, dejando vacante el premio principal.Premiación y ganadoresDe acuerdo con los datos oficiales emitidos tras la validación del sorteo, un total de 11.688 personas resultaron ganadoras en las distintas escalas de aciertos. En conjunto, la bolsa de premios entregada durante esta noche ascendió a los $96.876.000 pesos.La distribución de los premios según el nivel de aciertos se organizó de la siguiente manera:4 aciertos: Un total de 32 ciudadanos estuvieron a un solo número de alcanzar la gloria máxima. Cada uno de ellos recibirá un premio de $614.700, sumando un total de $19.670.400 distribuidos en esta categoría.3 aciertos: Esta franja registró 1.016 ganadores, quienes se adjudicaron un premio individual de $34.100.2 aciertos: Fue la categoría con mayor volumen de beneficiados, con un total de 10.640 personas. El premio por ganador en este nivel fue de $4.000, lo que representa el retorno de la inversión para muchos participantes.Así funciona MiLotoMiLoto se ha consolidado en el mercado colombiano como una alternativa ágil y accesible frente a sorteos de mayor envergadura como Baloto. El juego consiste en elegir cinco números en un rango del 1 al 39. Esta estructura técnica, al contar con un espectro numérico más reducido, ofrece estadísticamente mayores probabilidades de acierto en comparación con otros sistemas de lotería tradicional.Además de su atractivo económico, es fundamental destacar que este tipo de juegos de azar operan bajo una estricta regulación de Coljuegos. Los recursos generados por la comercialización de MiLoto tienen como destino principal el financiamiento del sistema de salud en Colombia, contribuyendo así al bienestar social a través de los derechos de explotación que pagan los operadores.Acumulado MiLoto para próximo sorteoCon un nuevo acumulado de $300 millones de pesos, la expectativa entre los jugadores habituales aumenta. El incremento de $50 millones en el pozo principal suele generar un repunte en las ventas de tiquetes en los puntos físicos autorizados y plataformas digitales en todo el territorio nacional.Los expertos recuerdan a los usuarios la importancia de verificar sus boletos a través de los canales oficiales y realizar sus apuestas únicamente en establecimientos legales para garantizar el pago de los premios y la transparencia del proceso.
La Lotería de Cundinamarca realizó la noche de este lunes 26 de enero de 2026 su sorteo número 4787, uno de los más esperados por los jugadores en todo el país. En esta edición, la entidad puso en juego un premio mayor de 6.000 millones de pesos, consolidándose como una de las loterías con los premios más atractivos del mercado nacional.Este sorteo se lleva a cabo todos los lunes a las 10:30 de la noche. Cuando el lunes es festivo, la Lotería de Cundinamarca traslada el sorteo para el martes, manteniendo el mismo horario. La transmisión en vivo puede seguirse a través de su fan page oficial de Facebook.Premio Mayor de la Lotería de CundinamarcaEl número ganador del premio mayor de la Lotería de Cundinamarca del lunes 26 de enero de 2026 es el 7067 de la serie 161. Con este resultado, un nuevo ganador se lleva los 6.000 millones de pesos que entrega esta tradicional lotería.La historia de la Lotería de Cundinamarca se remonta al 16 de febrero de 1812, cuando se realizó su primer sorteo bajo el nombre de Lotería Popular de Cundinamarca. Este hecho la convierte en una de las loterías más antiguas de Colombia y en un referente histórico que hace parte de los archivos de la Nación por su relevancia institucional.Ganadores de los secos de la Lotería de CundinamarcaAdemás del premio mayor, la Lotería de Cundinamarca entrega múltiples premios secos que amplían las posibilidades de ganar. A continuación, se detallan los secos que cayeron en este sorteo, para que los jugadores revisen cuidadosamente su billete y confirmen si resultaron ganadores.Tunjo de Oro – $300 millonesNúmero: 5043 - Serie: 059Guaca Secreta – $100 millonesNúmero: 0032 - Serie: 05232 Tesoros de $6 millones2561 – Serie 2918809 – Serie 0073699 – Serie 0474708 – Serie 2139531 – Serie 1019101 – Serie 1957845 – Serie 1684824 – Serie 0101885 – Serie 1009697 – Serie 0478567 – Serie 2007674 – Serie 1458526 – Serie 1210203 – Serie 1377565 – Serie 1416994 – Serie 1824961 – Serie 2053115 – Serie 1533094 – Serie 0501091 – Serie 2628521 – Serie 1644366 – Serie 0546728 – Serie 0482459 – Serie 0801940 – Serie 2562855 – Serie 0418548 – Serie 1211264 – Serie 0981486 – Serie 2331780 – Serie 0837565 – Serie 2475334 – Serie 28215 Tesoros de $10 millones1912 – Serie 1392865 – Serie 2324677 – Serie 1114960 – Serie 1031071 – Serie 0020224 – Serie 2368684 – Serie 1905675 – Serie 1748750 – Serie 2455804 – Serie 0277136 – Serie 0586584 – Serie 2115409 – Serie 0997983 – Serie 2581566 – Serie 0805 Tesoros de $20 millones0403 – Serie 2828328 – Serie 2286859 – Serie 2982430 – Serie 1454120 – Serie 211A continuación, se comparte la imagen oficial del resultado del sorteo número 4787. Se recomienda comparar el número y la serie del billete con esta imagen oficial para verificar cualquier premio.¿A qué hora juega la Lotería de Cundinamarca?La Lotería de Cundinamarca juega todos los lunes a las 11:15 de la noche. En caso de que el lunes sea festivo, el sorteo se realiza el día martes en el mismo horario.A través de la página oficial, los interesados pueden adquirir su billete para el sorteo del lunes mediante plataformas como Lottired, Loti Colombi y Paga Todo. Asimismo, en los puntos físicos de Paga Todo es posible comprar el billete de manera presencial.Los ganadores de premios cuentan con un plazo máximo de 30 días, contados a partir de la fecha del sorteo, para hacer efectivo el cobro. Para reclamar el premio, deben presentar el billete original en perfecto estado, sin alteraciones, daños ni rayones, junto con el documento de identidad del ganador.Premios disponiblesEl premio mayor de la Lotería de Cundinamarca asciende a $6.000.000.000, ofreciendo una oportunidad significativa para quienes participan en este sorteo. Además, la lotería cuenta con una amplia variedad de premios secos:Mega Seco “El Tunjo de Oro”: $300 millones (por fracción: $100.000.000).Seco “La Guaca Secreta”: $100 millones (por fracción: $33.333.333).Cinco secos de $20 millones (por fracción: $6.666.667).Quince secos de $10 millones (por fracción: $3.333.333).Treinta y dos secos de $6 millones (por fracción: $2.000.000).Los ganadores de premios de la Lotería de Cundinamarca deberán pagar un impuesto del 17 % sobre el valor nominal del premio, el cual será retenido por la lotería u operador autorizado al momento de realizar el pago, según corresponda.
Los sorteos de las loterías en Colombia del pasado lunes 26 de enero de 2026 concluyó sin un ganador del premio mayor en las modalidades de Baloto y Revancha. El sorteo número 2.610 dejó un balance de miles de ganadores en las categorías de premios menores, lo que generó un incremento significativo en las bolsas acumuladas para el próximo compromiso del miércoles 28 de enero.En la modalidad principal de Baloto, los números que arrojaron las balotas fueron 20, 26, 31, 38 y 42, acompañados por la Super Balota 02. Según el reporte oficial de la concesión, el acumulado que estaba en juego ascendía a los $18.800 millones de pesos. Al no registrarse un boleto que acertara la combinación completa (5 números + Super Balota), el premio mayor se incrementó a $19.200 millones.Distribución de premios en BalotoA pesar de que el "Gran Acumulado" quedó vacante, un total de 6.893 apostadores lograron obtener premios en las escalas inferiores. La bolsa total de premiación distribuida en este sorteo fue de $59.796.550. Los resultados se desglosaron de la siguiente manera:4 aciertos: 9 ganadores, cada uno con un premio de $392.350.3 aciertos + Super Balota: 27 personas ganaron $113.350 cada una.3 aciertos: 556 ganadores recibieron $17.950.2 aciertos + Super Balota: 425 ganadores con un premio de $18.750.0 aciertos + Super Balota: La categoría con más beneficiados, con 5.876 personas que recuperaron $6.000.Resultados de Revancha: El acumulado sube a $14.100 millonesPor su parte, el sorteo de Revancha, que ofrece una segunda oportunidad a los jugadores con los mismos números o una combinación diferente, tampoco registró ganadores para su premio mayor de $13.900 millones. Los números sorteados para esta modalidad fueron 15, 16, 20, 29 y 39, con la Super Balota 12.En esta categoría, el volumen de ganadores fue superior al del sorteo principal, alcanzando un total de 9.422 personas premiadas. La suma total entregada por el concesionario en Revancha fue de $35.602.050.Detalle de ganadores en Revancha4 aciertos: 15 ganadores obtuvieron $112.150 cada uno.3 aciertos + Super Balota: 48 personas ganaron $30.350.3 aciertos: 733 ganadores recibieron $6.500.2 aciertos + Super Balota: 662 ganadores con un premio de $5.750.0 aciertos + Super Balota: 7.964 personas ganaron $3.000.Tras estos resultados, el nuevo acumulado de Revancha para el próximo miércoles se sitúa en $14.100 millones de pesos.Preparativos para el próximo sorteoCon ambos premios vacantes, la expectativa crece entre los apostadores. El próximo sorteo se llevará a cabo el miércoles 28 de enero, donde la bolsa conjunta entre Baloto y Revancha superará los $33.300 millones de pesos.Es importante recordar que Baloto es un juego de suerte y azar bajo la modalidad de novedad, donde el jugador elige cinco números del 1 al 43 y una Super Balota con números del 1 al 16. Actualmente, este sorteo es operado por el consorcio Operador Nacional de Juegos (ONJ), el cual garantiza la transparencia y el aporte a la salud de los colombianos a través de las transferencias legales derivadas de la operación.Los interesados pueden adquirir sus tiquetes en los más de 25.000 puntos de venta de la red de servicios Su Red y SuperGIROS en todo el país, así como a través de las plataformas digitales oficiales.
Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este lunes, 26 de enero:Rafael Taibo habló sobre el show 'En el nombre del miedo', detalles y la experiencia que podrán encontrar las personas que asistan. Además, reveló a qué le tiene miedo.En la sección 'Historias que merecen ser contadas', el analista político Ricardo González ahondó sobre lo que serán las elecciones de este año en Colombia.
La inseguridad en el barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá, mantiene en alerta permanente a las familias que habitan este sector desde hace décadas. Residentes denunciaron falta de acompañamiento institucional tras el ataque con un artefacto explosivo ocurrido el pasado jueves, que dejó una persona muerta y 13 heridas.El equipo de El Ojo de la Noche estuvo en la zona donde ocurrió la explosión, recogiendo testimonios de habitantes que aseguran vivir bajo amenazas constantes por parte de bandas criminales que operan en esta localidad.Y es que de acuerdo con las denuncias de la comunidad, el lanzamiento de una granada hace pocos días no es un hecho aislado. A este ataque se suma un incendio registrado en una residencia de ciudadanos venezolanos, ocurrido muy cerca del lugar del atentado.Los residentes aseguran que estos hechos estarían relacionados con retaliaciones y disputas territoriales entre estructuras criminales que buscan controlar el sector, especialmente zonas cercanas a la calle 24, donde se concentran establecimientos nocturnos.Hasta escoltados van algunos residentesUno de los testimonios recogidos corresponde a un miembro de la junta de acción comunal, quien afirmó contar con esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) debido a las denuncias que ha realizado sobre lo que ocurre en el barrio.“Hay poco interés institucional”, denuncianSegún explicó el líder comunal, la presencia de las autoridades sería insuficiente para garantizar la seguridad de quienes viven en la zona.“Hay poca presencia o poco interés institucional. Hablamos de Alcaldía, hablamos de Policía Nacional, cuando no tenemos una fuerza suficiente de hombres para custodiar y cuidar el sector”, señaló.Los habitantes del barrio Santa Fe aseguran que han elevado sus denuncias ante diferentes instancias, incluyendo autoridades locales, sin obtener respuestas efectivas.Uno de los reclamos reiterados tiene que ver con la falta de control migratorio, según los residentes, quienes aseguran haber enviado múltiples comunicaciones solicitando apoyo de Migración Colombia.“Aquí no hay ni siquiera apoyo de Migración Colombia, a pesar de tantas cartas enviadas solicitando más control sobre la zona”, afirmaron.Luego de los recientes episodios, la Policía Nacional implementó medidas de control en el sector, incluyendo el cerramiento de dos calles donde funcionan establecimientos de entretenimiento nocturno.Aun así, los propietarios de viviendas y residentes del barrio hicieron un llamado a las autoridades para que no abandonen el sector y refuercen las acciones de seguridad.Pidieron que se mantenga la presencia institucional y que no se permita que las bandas criminales sigan ganando control en una zona donde muchas familias aseguran llevar más de 30 años viviendo.Escuche el reporte del Ojo de la noche completo en el audio adjunto:
El precandidato presidencial Mauricio Lizcano denunció que, tras recibir una amenaza en su sede de campaña en Manizales, no ha encontrado respuesta de las autoridades ni del Gobierno nacional. Según relató, un sufragio con un mensaje fúnebre contra su padre llegó al lugar, lo que calificó como un hecho doloroso y grave para su familia.“Estoy muy angustiado, mi padre estuvo secuestrado 8 años y esto me revuelve unos sentimientos que ya había dejado en el pasado. Llegó un sufragio diciendo que mi padre descansa en paz. Pedimos a las autoridades que investiguen el alcance y refuercen la seguridad de mi papá”, aseguró Lizcano en entrevista con Recap Blu de Blu Radio.El dirigente político cuestionó directamente la falta de respuesta oficial: “No me he podido contactar con el Gobierno, esperemos a ver qué medidas toma la Policía y la Fiscalía para actuar. Nadie me contesta, ningún ministro, ni del Interior ni de Defensa. Estamos jodidos”.Aunque dijo no haber recibido amenazas directas contra él, Lizcano advirtió que el envío de un sufragio implica un riesgo real. “Ya tomarse el tiempo de mandar un sufragio implica que tienen temeridad y algo están buscando. Alguien jugando no se pone en eso. Solo espero que las autoridades investiguen y refuercen la seguridad de mi papá”, sostuvo.También criticó la falta de medidas de protección desde que inició su campaña presidencial y pidió especial atención para su padre, a quien la Unidad Nacional de Protección (UNP) le retiró el esquema hace un año. “Desde que soy candidato no me han reforzado las medidas. Mi dolor no soy yo, es mi papá, eso es lo que más me preocupa”, enfatizó.Finalmente, Lizcano aseguró que decidió hacer pública la denuncia como una forma de proteger a su familia y advertir sobre lo que calificó como un atentado a la democracia. “Ya pusimos la denuncia, pero lo estoy haciendo público porque si en este país no se cuentan las cosas es peor. Al director de la UNP no le pido nada, es un ineficiente. Me voy a mover por Policía a ver qué se puede hacer”, concluyó.
El precandidato presidencial Mauricio Lizcano denunció por medio de su cuenta de X que su padre, Óscar Tulio Lizcano y quien fue secuestrado en el año 2000 por las Farc, recibió una amenaza en las últimas horas.“Acabamos de recibir un sufragio en la sede de mi campaña presidencial en Manizales con una amenaza contra la vida de mi padre, quien fue víctima de secuestro. Rechazo profundamente este acto cobarde”, aseguró Mauricio Lizcano.Óscar Tulio Lizcano fue secuestrado por la extinta guerrilla de las Farc en el año 2000 en Riosucio, Caldas. En el año 2008 logró escapar.Vale recordar que Óscar Tulio Lizcano también ha sido concejal, diputado y congresista y es reconocido por la JEP en el caso que investiga el secuestro por parte de las Farc.“La política no puede ser escenario de miedo ni de intimidaciones. Solicito a las autoridades competentes para que garanticen la seguridad mía y la de mi familia. ¿Hasta cuándo en Colombia se amenaza para intentar silenciar la democracia?”, agregó su hijo Mauricio Lizcano.Lizcano acompañó la denuncia con la foto de un sufragio que tiene una tarjeta en la que se lee: “Óscar Tulio Lizcano. Descansa en Paz”.
Un nuevo hostigamiento del ELN contra la base militar de Puerto Jordán, en Arauca, dejó un soldado muerto y varios uniformados heridos. El ataque, ocurrido este domingo en la tarde, se suma a una serie de hechos violentos registrados en la zona durante el último año.La ofensiva insurgente se produjo hacia las 3:00 p. m., cuando los militares se encontraban en descanso. De a cuerdo con las autoridades, desde un kilómetro de distancia, los atacantes lanzaron una granada de 81 milímetros con un mortero, que impactó contra las instalaciones del batallón.El soldado profesional José Henry Ceballos Moreno perdió la vida tras recibir el impacto de escombros desprendidos de techos y paredes. Otros uniformados resultaron heridos con quemaduras en el rostro y el pecho, además de esquirlas en diferentes partes del cuerpo. Varios de ellos fueron trasladados al Hospital de Yopal, en Casanare, de donde algunos ya fueron dados de alta.En medio de la confusión, el soldado profesional Isaac Salgado relató lo que vivió en el momento de la explosión: “Yo sentí fue la explosión, cuando en el alojamiento no se veía nada. Cuando quise reaccionar, todo estaba vuelto nada. Lo que hice fue evacuar y me prestaron los primeros auxilios”, dijo en entrevista con Noticias Caracol.A pesar de las lesiones, Salgado aseguró que mantiene firmeza y fe para seguir adelante. “Echar para adelante y con fe, (así) todo se puede. Se siente feo, pero uno tiene que meterle moral, no se puede dejar caer nunca. Tocó reaccionar y salir”, agregó.Tras el ataque, el Ejército reforzó la presencia en Puerto Jordán con el envío de más hombres, la ampliación del perímetro de seguridad y el inicio de una investigación. Esta es la tercera acción violenta contra esa base militar en menos de un año.
El presidente Gustavo Petro aseguró que el Gobierno está comprometido con garantizar la seguridad de la embajada de Estados Unidos en Colombia, lo anterior, ante las movilizaciones que se realizarán el martes en Bogotá.“El gobierno de Colombia protegerá la embajada de los EEUU pero permitirá el libre derecho a la expresión y reunión del pueblo colombiano. Le solicito a los manifestantes conservar las reglas de la paz. Mi posición es diferente a la del Gobierno de EEUU, y nos atacan por ello, pero somos firmes ante los principios de nuestra constitución”, dijo Petro.Es importante recordar que más temprano El Tiempo reveló que la embajada de Estados Unidos en Colombia le pidió apoyo en temas de seguridad al Gobierno colombiano, citando algunos casos en los que se han registrado hechos violentos durante manifestaciones."Si bien la libertad de expresión es un derecho fundamental consagrado en ambas constituciones, la libertad de expresión no implica libertad para dañar o destruir propiedad. El 28 de septiembre, un grupo de aproximadamente 100 manifestantes pro-palestinos dañaron las barreras fuera de la Embajada de los Estados Unidos y lanzaron una bengala de humo dentro de la propiedad. Afortunadamente, gracias a la Policía Nacional de Colombia, no hubo heridos", se lee en el documento conocido por El Tiempo.El ministro del interior, Armando Benedetti, también se refirió al tema en las últimas horas y aseguró que "He hablado con el ministro de defensa, con el director de la Policía y el Gobierno y el ministerio del interior se hacen responsables de la seguridad de la embajada, de la seguridad de las empresas de Estados Unidos aquí en Colombia, nos haremos responsables".A propósito, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reiteró que será respetada y acompañada toda manifestación social y pacífica, en especial, cuando se trata de proteger los derechos humanos en Gaza.Sin embargo, instó a que estas concentraciones y movilizaciones deben ser pacíficas.“Las voces del mundo para proteger la humanidad y rechazar la guerra son necesarias y por ende bienvenidas. Invitamos a que estas voces sean pacíficas y no violentas, de lo contrario deslegitiman la razón de ser de este llamado humanitario mundial”, reiteró.En esa medida, el alto funcionario recordó que la línea 157 o incluso las redes sociales, son un canal de denuncia ante estos hechos de vandalismo o violencia.“Una protesta no puede ser excusa para atacar, destruir o promover el odio. Eso no representa la voz de un pueblo solidario, sino el ruido de la intolerancia. Invito a todos los ciudadanos a denunciar a quienes intenten sabotear estas manifestaciones pacíficas. (...) Como fuerza pública protegemos los derechos de quienes se manifiestan y de quienes no lo hacen”, aseguró .
El abogado Eduardo Carreño, representante en el caso del secuestro de la exsenadora Piedad Córdoba, calificó como “ajustado a derecho” el fallo judicial contra José Miguel Narváez Martínez, exsubdirector del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), condenado por su participación en los hechos.Según Carreño, durante el proceso quedó plenamente demostrado que Narváez actuaba como asesor de la alta cúpula militar y era profesor de la Escuela Superior de Guerra, al mismo tiempo que mantenía vínculos directos con las estructuras paramilitares, particularmente con Carlos Castaño, jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).El abogado explicó que en el expediente hay pruebas que confirman que Narváez fue quien facilitó las grabaciones extraídas de la inteligencia militar, donde aparecía Córdoba en reuniones con voceros del ELN, material que habría sido utilizado para justificar su secuestro.Carreño también recordó que Narváez mantenía una estrecha relación con los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez, vínculo que, según el abogado, ha sido mencionado por distintos exjefes paramilitares y exagentes de inteligencia en sus declaraciones judiciales, en el marco de la alianza entre sectores del Estado y las estructuras de las AUC.“Los paramilitares ratifican que Narváez era profesor en sus escuelas de formación. Si se corroboran las declaraciones de Salvatore Mancuso, 'HH', 'El Alemán', 'El Iguano' y otros jefes de las AUC, se evidencia que fue el instigador y coordinador del secuestro”, explicó Carreño.De acuerdo con el abogado, los testimonios de los antiguos comandantes paramilitares ante tribunales de justicia confirman que Narváez articuló la participación de diferentes organismos de inteligencia estatal y recibió información de agentes del DAS sobre el paradero de Córdoba, lo que permitió su retención ilegal.
Durante la presentación del informe 'Los impactos de la violencia en la situación de derechos humanos en Colombia', el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relator para el país, José Luis Caballero, lanzó una de las radiografías más severas sobre la realidad colombiana: el país es el más desigual de las Américas y uno de los más desiguales del mundo.“Colombia es el país más desigual de las Américas y uno de los más desiguales del mundo, donde la acumulación de recursos en un sector reducido de la población y las brechas estructurales han perpetuado la exclusión de grupos históricamente marginados”, aseguró el presidente.Según la Comisión, la extrema concentración de recursos en un sector reducido de la población y las brechas estructurales históricas han perpetuado la exclusión de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, raizales, palenqueras y campesinas, así como de mujeres, niñas, niños y adolescentes, y víctimas del desplazamiento forzado.El informe advierte que una de las particularidades de la desigualdad en Colombia es que las acciones del Estado no logran modificar de manera significativa la distribución del ingreso.“Los bajos niveles de recaudación y la distribución del gasto tienen como contrapartida una limitada inversión social, lo que impacta directamente en la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población”, subrayó.El informe también cuestiona que la respuesta estatal haya priorizado durante años la persecución militar y judicial de los grupos armados, sin una presencia integral y sostenida del Estado en los territorios.“Esta ausencia prolongada del Estado en diversas regiones del país permitió la consolidación de economías ilícitas y estructuras criminales que ejercen control sobre la cotidianidad de las comunidades”, señaló.Según la CIDH, uno de los efectos más graves de este escenario es la violencia sistemática contra personas defensoras de derechos humanos, liderazgos sociales, comunitarios y periodistas.“Los ataques en contra de estas personas revelan un patrón sostenido que incluye homicidios, amenazas, desplazamientos forzados y otras violaciones. Todas estos procesos van degradando a nivel local el Estado de Derecho, la institucionalidad democrática”, aseguró.El informe también señala la responsabilidad del Estado en la perpetuación de este orden violento, especialmente a través de políticas de seguridad asociadas a la “guerra contra las drogas”."Con el objeto de contrarrestar el narcotráfico y las economías ilegales, las políticas de seguridad del Estado, impulsadas por el Plan Colombia, se concentraron en la represión militar y las aspersiones con glifosato. Esta estrategia derivó en la relación de la fuerza pública con grupos paramilitares, masacres, los “falsos positivos”, entre otras acciones que impactaron de manera desproporcionada a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, agravando la pobreza y los desplazamientos forzados”, agregó.Frente a este panorama, la CIDH advierte en que si bien el acuerdo de paz abrió una oportunidad histórica para transformar estas raíces, “los avances muestran un progreso desigual, marcado por demoras significativas en componentes clave como la Reforma Rural Integral, el Capítulo Étnico y el Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito”.
El anuncio de Ecuador de incrementar en más del 900 % la tarifa de transporte de crudo por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) encendió las alarmas en el sector petrolero colombiano, especialmente en el sur del país, donde una parte clave de la producción depende de esta infraestructura para acceder a mercados internacionales. La medida, que elevaría el costo de transporte de cerca de 2,7 dólares por barril a aproximadamente 30 dólares, tendría un fuerte impacto económico y logístico para Colombia.El uso del SOTE se convirtió en una alternativa estratégica luego de la suspensión del Oleoducto Transandino (OTA), en el tramo Orito–Tumaco, en octubre de 2023. Las constantes interferencias ilícitas y pérdidas operativas, estimadas en cerca del 27 % del crudo transportado, hicieron inviable su operación, elevando el costo de transporte hasta unos 12 dólares por barril. Ante este escenario, los productores optaron por redireccionar las exportaciones a través de Ecuador, donde el SOTE ofrecía costos considerablemente más bajos y mayor estabilidad operativa.Sin embargo, el nuevo esquema tarifario anunciado por Ecuador, sumado a la decisión de imponer un arancel del 30 % a las importaciones colombianas a partir del 1 de febrero de 2026, cambia de forma drástica el panorama. Según el documento técnico, el incremento de 27,3 dólares por barril generaría un sobrecosto diario cercano a los 531.000 dólares, lo que equivaldría a unos 194 millones de dólares anuales, suponiendo que se mantenga el flujo actual de exportación.El impacto es especialmente sensible para la producción de la cuenca Caguán–Putumayo, que en 2025 exportó en promedio 19.452 barriles diarios a través del SOTE. Campos como Cohembi, Costayaco, Caribe, Orito y Moqueta concentran buena parte de este volumen, con una producción conjunta superior a los 22.000 barriles diarios. Este crudo pertenece tanto a Ecopetrol como a compañías privadas como Gran Tierra Energy, Parex Resources y Geopark, que hoy dependen de la infraestructura ecuatoriana para evacuar su producción.Frente a este escenario, los operadores evalúan rutas alternativas, entre ellas la exportación por el terminal de Coveñas, utilizando transporte terrestre como opción contingente. Aunque esta alternativa implica mayores retos logísticos, sería más competitiva que asumir el sobrecosto derivado del uso del SOTE bajo las nuevas tarifas.Expertos coinciden en que Colombia debe activar de manera prioritaria los canales diplomáticos y técnicos con Ecuador para revisar las condiciones de transporte y buscar una solución concertada que devuelva previsibilidad al comercio de crudo. De forma paralela, el país enfrenta el reto de reducir su dependencia de infraestructura externa y avanzar en soluciones estructurales, como la eventual reactivación o construcción del oleoducto Orito–Tumaco, que permitiría fortalecer la autonomía logística del sector petrolero en el sur del país.
Tras varios meses de seguimiento, investigadores de la Sijín y el CTI de la Fiscalía, a través de una orden judicial, hicieron efectiva la captura de alias ‘Fresa’, señalado de ser el presunto autor material del asesinato de padre e hijo, hechos ocurridos en abril de 2025 en zona rural del municipio de La Plata, en el occidente del Huila.De acuerdo con el material probatorio de las autoridades judiciales, alias ‘Fresa’, acompañado de otras personas, llegó hasta la vereda El Retiro de esa localidad y, con arma de fuego, disparó contra la humanidad de Álvaro Cantillo Cerquera, de 62 años, y su hijo Jesús Javier Cantillo, de 29 años de edad, quienes fallecieron en el lugar de los hechos.“Las labores investigativas continúan con el objetivo de identificar, judicializar y capturar a otros posibles responsables, tanto materiales como intelectuales, de este hecho criminal. Para ello, se mantiene el análisis riguroso de nuevas evidencias que permitan establecer plenamente los móviles y la participación de otras personas en este hecho”, dijo el teniente coronel Andrés Felipe Ávila, comandante operativo de la Policía del Huila.De acuerdo con las autoridades, el capturado, alias ‘Fresa’, registra en el sistema SPOA de la Fiscalía anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de hurto, lesiones personales y tráfico de estupefacientes.Alias ‘Fresa’ fue imputado por los delitos de hurto y homicidio y, luego de las audiencias de legalización de captura, un juez de control de garantías le impuso medida privativa de la libertad en centro carcelario.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, hizo su intervención en la plenaria del Senado en la cual se discutía la emergencia económica decretada por el Gobierno. Todos los ministros fueron citados, pero Ávila hizo la explicación más extensa del gabinete y, en principio, dijo que la declaratoria de la emergencia tiene una relación directa con el hundimiento de la ley de financiamiento.“El Congreso era absolutamente consciente de que el presupuesto que aprobó en el mes de octubre requería de ingresos adicionales a través de la ley de financiamiento. Y un par de meses después, ese mismo Congreso, que por mayorías en Senado y en Cámara había aprobado el presupuesto, niega, por la sumatoria de cinco senadores, la ley de financiamiento. Y esto, obviamente, creó una situación excepcional, sobreviniente y que debía ser atendida inmediatamente por el Gobierno”, dijo Ávila.En el mismo sentido, el ministro dijo que el 93,7 % del presupuesto para el 2026 es inflexible, pues se debe orientar a la deuda, al Sistema General de Participaciones, a las pensiones, al gasto de personal, el aseguramiento en salud y las vigencias futuras, entre otras.Además, dijo que por la situación fiscal no se pueden cubrir los derechos fundamentales y el Gobierno debe buscar los recursos para cumplir con esta obligación.“Esta crisis fiscal se agudiza por restricciones de endeudamiento, por restricciones en la caja, en el flujo de caja de la administración central, producto de rezagos de pagos que hemos venido acumulando anualmente, rezagos que redujimos en el año 2026, pero que siguen siendo persistentes y significativos. Este conjunto de circunstancias no solamente afecta al presupuesto nacional, sino que impide garantizar de manera inmediata derechos fundamentales de la población vulnerable del país”, agregó.Es importante recordar que en este momento la Sala Plena de la Corte Constitucional deberá determinar si suspende o no los efectos del decreto de la emergencia económica. Sobre esto también respondió Ávila.“Para nada nos podemos alegrar de que la Corte Constitucional cometiera el error de suspender la emergencia económica y sus medidas, para nada, el costo para el país es inmenso”, dijo el ministro de Hacienda.
La canciller Rosa Villavicencio aseguró que la comunicación con Ecuador es prácticamente nula, pues aunque Colombia ha pedido reuniones ministeriales y bilaterales entre los presidentes, no ha habido respuesta.“La cancillería ecuatoriana informó que la reunión no sería posible por razones de agenda de sus ministros; Colombia propuso adelantar esa reunión el 27 o 28 de enero en Panamá en el marco del Foro Económico América Latina y el Caribe al que acudiremos. No obstante, a la fecha no se ha recibido respuesta por parte del Ecuador”, dijo.Y aunque el llamado del Gobierno Nacional es al diálogo, también se están evaluando otras medidas en caso de que no se retiren los aranceles del 30 %.“Hoy estamos contemplando un nuevo decreto que va a tener otro tipo de productos provenientes del Ecuador, también una imposición del 30 % de aranceles”, dijo la ministra de Comercio, Diana Morales.Luego de que Ecuador confirmó el incremento del 900 % en la tarifa de transporte de crudo colombiano, la viceministra de Energía, Karen Schutt, se pronunció rechazando la medida unilateral y anunciando una petición que harán al gobierno de Daniel Noboa.“Invitamos al gobierno de Ecuador a que de manera conjunta revisemos la imposición de este gravamen al transporte de crudo desde el suroccidente del país, habilitar el paso de San Miguel de tal forma que se pueda exportar todo este crudo que está retenido allí ante esta restricción de carácter terrestre, viéndonos obligados a transportar el crudo a través de carrotanques”.El ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, aseguró que, a pesar de las diferencias, se mantiene la cooperación militar y policial entre ambos países.
El Gobierno de Colombia propuso al de Ecuador reunirse el miércoles en Panamá, donde los presidentes de ambos países participarán en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, organizado por CAF, para tratar de solucionar la guerra comercial iniciada la semana pasada, pero aún no ha recibido una respuesta a esa solicitud."Colombia propuso adelantar esta reunión el próximo 27 o 28 de enero en Bogotá o Ciudad de Panamá, en el marco del Foro Económico América Latina y el Caribe al que acudiremos. No obstante, a la fecha no se ha recibido respuesta por parte de Ecuador", afirmó la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, en una conferencia de prensa.El Gobierno de Colombia también anunció este martes que evalúa imponer aranceles del 30 % a más productos ecuatorianos, que se suman a los que gravó el viernes pasado como medida de reciprocidad a las sobretasas que el presidente de ese país, Daniel Noboa, dijo que aplicará a las importaciones colombianas.La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales, afirmó en una rueda de prensa que el Gobierno todavía estudia cuáles serán los nuevos productos ecuatorianos a los que les impondrán aranceles.El viernes pasado, esa cartera divulgó una lista con más de 50 productos provenientes de Ecuador que tendrán un arancel del 30 %, en respuesta a una medida similar que regirá en ese país a partir del 1 de febrero para las importaciones procedentes de Colombia.Entre los productos sujetos al arancel inicial se encuentran alimentos como frijoles, arroz, plátanos, aceites y azúcar, además de neumáticos, calzado, tubos de aluminio, bombonas y botellas, alcoholes etílicos e insecticidas, entre otros, según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.La ministra señaló que Colombia se ve "como Estado" en la obligación de "generar unas condiciones de equilibrio en la relación comercial con Ecuador"."Hoy estamos contemplando otro decreto que va a contemplar otro tipo de productos provenientes del Ecuador, también la imposición del 30 % de aranceles, de tal manera que busquemos ese equilibrio comercial", añadió Morales.El pasado 21 de enero, el presidente Noboa anunció que su país aplicará un arancel del 30 % a las importaciones procedentes de Colombia por la supuesta "falta de reciprocidad y acciones firmes" en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.El Gobierno colombiano respondió con un gravamen del mismo porcentaje a más de 50 productos ecuatorianos y con la suspensión de las ventas de energía eléctrica a su vecino del sur.Ecuador retrucó ayer con una nueva medida, la subida de tres a treinta dólares de la tarifa de transporte del crudo colombiano por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), uno de sus dos grandes oleoductos.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió este martes a los colombianos que residen en Estados Unidos, Chile y Argentina que regresen al país, al asegurar que en esas naciones son tratados "como esclavos y perros perseguidos por las calles"."Yo les pido a todos los colombianos que regresen ya de Chile, Argentina y Estados Unidos porque los van a tratar como esclavos y como perros perseguidos por las calles", afirmó el mandatario durante una intervención pública en Bogotá, donde presentó los planos para la restauración de un hospital.Petro sostuvo que la promesa de prosperidad en el exterior suele ser un "error" y aseguró que los migrantes terminan enfrentando condiciones laborales precarias, con riesgos para su salud y su integridad física, haciendo referencia a las redadas masivas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) que se han cobrado miles de detenciones y dos víctimas mortales en Mineápolis.
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) salió a aclarar las versiones sobre despidos masivos en la entidad, luego de que varios funcionarios aseguraran que más de 20 personas fueron declaradas insubsistentes tras la llegada de la nueva directora. A través de un comunicado oficial, la Presidencia afirmó que el número de desvinculaciones fue de 12 personas.Según el documento, todos los cargos correspondían a empleos de libre nombramiento y remoción, por lo que no hacían parte de la carrera administrativa ni contaban con estabilidad laboral reforzada, en línea con la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Además, el Dapre señaló que los funcionarios retirados eran personas de confianza de la anterior dirección, encabezada por Angie Rodríguez, y que su salida obedece a la conformación del nuevo equipo cercano de trabajo de la actual administración.Sin embargo, versiones de funcionarios consultados indican que el número de personas desvinculadas sería superior al informado oficialmente y que las decisiones se tomaron en bloque durante la noche del lunes 26 de enero. Entre los funcionarios que salieron del Dapre se encuentran asesores, el jefe de la Oficina de Control Interno, la directora de Talento Humano, Luz Dary Cruz -quien llevaba cerca de 25 años vinculada a la Casa de Nariño y estaba próxima a pensionarse- así como la jefa de Comunicaciones de la Presidencia, Carolina Calderón.Estos movimientos se suman a los que actualmente se registran en la Cancillería, donde, según la Asociación Diplomática y Consular, al menos 100 funcionarios han salido de sus cargos. El gremio también ha advertido sobre una proliferación de contratos y declaraciones de insubsistencia en embajadas y consulados, a pocos meses de las elecciones.
Los sistemas antidrones con los que cuenta actualmente la Fuerza Pública, recientemente adquiridos, están quedando rezagados frente a una amenaza tecnológica usada por criminales del ELN y las disidencias de las Farc, drones controlados mediante fibra óptica. De acuerdo con información de inteligencia, estructuras están adquiriendo este tipo de aeronaves no tripuladas, que resultan prácticamente inmunes a los bloqueadores de señal tradicionales utilizados por el Ejército y la Policía.A diferencia de los drones convencionales, que dependen de una frecuencia de radio específica, los drones con tecnología de fibra óptica pueden cambiar de señal durante el vuelo o incluso operar sin depender de una única frecuencia. Esto les permite evadir los sistemas antidrones disponibles, diseñados para interferir solo una señal a la vez. En la práctica, cuando el bloqueador entra en acción, el dron modifica su canal de comunicación y continúa su desplazamiento sin dificultad.La tecnología de fibra óptica permite además que los operadores se comuniquen con el dron desde distintos puntos, lo que dificulta la localización del piloto y amplía el rango operativo del dispositivo. Según las autoridades, esta capacidad convierte a estos drones en herramientas complejas de combatir, especialmente en zonas rurales y selváticas donde el control del espacio aéreo es limitado.Los reportes de inteligencia señalan que el ELN estaría liderando la compra de estos equipos, presuntamente provenientes de Europa. Las adquisiciones serían coordinadas por alias ‘Caballo de Guerra’, cabecilla del frente Juan Fernando Porras Martínez, con el objetivo de emplearlos en acciones armadas en regiones como Catatumbo, Cauca y Arauca. Antes de su captura a finales de 2025, alias ‘Drácula’ habría estado al frente de esta logística tecnológica.En algunas áreas selváticas, las autoridades han encontrado incluso restos de fibra óptica en las copas de los árboles, lo que evidencia el uso de estos drones en operaciones recientes. El hallazgo ha generado inquietud no solo por la amenaza a la seguridad, sino también por el impacto ambiental que puede provocar la acumulación de este material en ecosistemas sensibles.Otro factor que preocupa a los organismos de seguridad es la facilidad con la que estos sistemas pueden ser adquiridos. Según fuentes oficiales, se trata de tecnología relativamente económica y de acceso menos restringido de lo que se pensaba, lo que abre la puerta a una expansión rápida de su uso por parte de grupos armados ilegales.Mientras tanto, los sistemas antidrones que la Fuerza Pública ha venido adquiriendo para enfrentar ataques con explosivos transportados por drones resultan ineficaces frente a esta nueva modalidad. Expertos advierten que, sin una actualización tecnológica urgente, los bloqueadores actuales seguirán siendo inútiles ante drones con fibra óptica, consolidando una ventaja operativa para los grupos armados que ya los están utilizando.
Una nueva denuncia sacude al sistema de educación superior y a la contratación pública en Colombia. La representante a la Cámara Jennifer Pedraza reveló que al menos 779 títulos de funcionarios públicos habrían sido otorgados de manera irregular por la Fundación Universitaria San José, tras una revisión a 1.276 reportes de servidores públicos que registran estudios en esta institución en sus hojas de vida cargadas en el SIGEP.Según los hallazgos, 221 de esos funcionarios no aparecen registrados en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES), lo que implica que no existe constancia oficial de su inscripción, admisión, matrícula ni grado, un requisito fundamental para la validez de cualquier título profesional en el país. A esto se suman otros 558 casos con registros incompletos: 201 personas no tienen evidencia de matrícula, avance académico ni graduación, mientras que 357 figuran con estado de “matrícula – no graduado”, pese a estar vinculadas laboralmente como tituladas en el Estado.La situación se agrava con 35 títulos que, de acuerdo con la denuncia, serían ilegales por no cumplir con las pruebas Saber Pro y TyT. En detalle, 18 personas se graduaron sin haber presentado los exámenes, nueve se inscribieron, pero no asistieron y aun así obtuvieron un título, y ocho presentaron las pruebas después de la fecha de graduación, lo que invalida el proceso académico.“Aquí hay inconsistencias sustanciales: la ley establece que, para que un alumno reciba su título, debe primero presentar las pruebas Saber Pro o Saber TyT, y aquí tenemos muchos casos en que todo ocurrió al revés, primero se graduaron y luego presentaron los exámenes. Esto haría que sus títulos fueran otorgados de forma irregular”, señaló la representante.El caso también deja al descubierto un fuerte incremento en la contratación de funcionarios relacionados con la Fundación San José durante el actual gobierno. Pedraza aseguró que, en comparación con administraciones anteriores, la contratación de servidores públicos vinculados a esta institución aumentó en un 200 % durante el gobierno de Gustavo Petro. Las cifras muestran que en los dos periodos de Álvaro Uribe Vélez se contrataron 63 funcionarios; en el gobierno de Juan Manuel Santos, 221; durante la administración de Iván Duque, 227; y en el gobierno de Petro, 733, de los cuales 511 fueron vinculados únicamente en 2025.La representante cuestionó duramente al Ministerio de Educación por la falta de acciones oportunas frente a estas irregularidades. Señaló que desde marzo de 2025 el Ministerio tenía conocimiento de posibles anomalías en la Fundación Universitaria San José, pero no actuó hasta que el escándalo se hizo público. Indicó que solo el 22 de septiembre se realizó una visita complementaria de inspección, con actuaciones preventivas, y que desde entonces las investigaciones sobre títulos sin Saber Pro y registros incompletos en el SNIES no han arrojado resultados concretos.Asimismo, advirtió que la investigación abierta el 10 de noviembre por la Dirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación no ha producido hallazgos, pese a la magnitud del caso, y denunció que no se están revisando posibles pagos irregulares.Ante este panorama, solicitó a la Procuraduría General de la Nación asumir el caso y avanzar en las investigaciones, al considerar que las irregularidades comprometen la legalidad de los títulos, la transparencia en la contratación pública y la credibilidad del sistema educativo colombiano.