El informe preliminar de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes (DIACC) de la Aeronáutica Civil entregó los primeros hallazgos oficiales sobre el accidente aéreo ocurrido el 10 de enero de 2026 en el municipio de Paipa, Boyacá, en el que murieron el cantante Yeison Jiménez, cuatro integrantes de su equipo de trabajo y el piloto de la aeronave, una Piper PA-31-325 Navajo, matrícula N325FA.De acuerdo con el documento, la aeronave había tenido una actividad operacional intensa en los días previos al accidente, tras haber sido sometida a mantenimiento reciente en el motor izquierdo, específicamente “el cambio de anillos a tres cilindros y el cambio de magnetos”. El 9 de enero de 2026, un día antes del siniestro, el avión realizó un vuelo de prueba desde el aeródromo Olaya Herrera de Medellín, el cual se desarrolló sin novedades, al igual que dos vuelos posteriores entre Medellín, Bogotá y Paipa.Según el informe, el día del accidente se había programado un vuelo desde el aeródromo Juan José Rondón hacia Medellín, con seis ocupantes a bordo, una velocidad estimada de 160 nudos, una altitud prevista de 12.500 pies y una autonomía de tres horas y media. La aeronave inició el rodaje hacia la pista 05 y, aproximadamente a las 16:09, hora local, comenzó la carrera de despegue.“Tras el despegue, la aeronave perdió altura y colisionó contra el terreno, produciéndose fuego postimpacto”, señala textualmente el informe preliminar de la DIACC.Como consecuencia del impacto y del incendio posterior, la aeronave sufrió daños estructurales severos y los seis ocupantes presentaron lesiones de connotación fatal. El accidente ocurrió en condiciones de luz diurna y meteorología visual, sin evidencia de tormentas, cortantes de viento o fenómenos convectivos en el área.Lugar del impacto y dinámica del accidente donde murió Yeison JiménezLa inspección de campo permitió ubicar el sitio del accidente en la finca Marengo, vereda Romita, en zona rural de Paipa, a una elevación aproximada de 8.238 pies. La aeronave quedó localizada a 1,97 kilómetros del umbral de la pista 23 del aeródromo Juan José Rondón.El informe describe una dinámica de impacto de alta energía inicial, con un punto primario de contacto contra el terreno y un desplazamiento lineal mínimo, lo que indica una rápida pérdida de sustentación tras el despegue.“La aeronave impactó contra el terreno con indicios de un relativo alto ángulo de impacto, lo que se tradujo en una dinámica con un impacto inicial y un desplazamiento aproximado de 21 metros hasta su posición final”, detalla el documento.Testigos citados en la investigación afirmaron que la aeronave impactó y rebotó antes de detenerse definitivamente, quedando con los planos a nivel, sin evidenciar volcamiento. La DIACC fue enfática en señalar que no hubo fuego previo al impacto, descartando una explosión en el aire.“No se evidenció, en la inspección del terreno, durante el primer impacto, muestras de hollín que denotaran un fuego preimpacto”, precisa el informe.El incendio se originó posteriormente, cuando la ruptura estructural afectó los tanques de combustible, lo que produjo la deflagración al entrar en contacto con secciones calientes de los motores.Estado de la aeronave y hallazgos técnicosLa inspección detallada de los restos permitió establecer que todas las secciones de la aeronave fueron halladas en el sitio del accidente, descartando cualquier rompimiento estructural en vuelo. Las alas, motores, hélices y empenaje presentaron daños compatibles con impacto y fuego postimpacto, y las hélices evidenciaron marcas de baja energía, un dato clave para el análisis de potencia al momento de la colisión.La DIACC confirmó que la aeronave, fabricada en 1982, contaba con certificación de aeronavegabilidad vigente, un tiempo total de vuelo de 8.788,95 horas y estaba equipada con dos motores Lycoming TIO-540-J2B y hélices Hartzell. Asimismo, se confirmó que no contaba con registradores de vuelo, ya que la normativa no exigía su instalación para este tipo de aeronave.El piloto al mando, de 38 años, contaba con licencias vigentes, certificado médico válido y una experiencia acumulada de 1.650 horas de vuelo, además de un chequeo satisfactorio en la misma aeronave realizado en marzo de 2025.El aeródromo Juan José Rondón fue descrito como no controlado, autorizado para operación, con una pista de 1.540 metros, señalización adecuada y sin servicios de tránsito aéreo ni información meteorológica. Los análisis satelitales y de modelamiento atmosférico indicaron nubosidad baja dispersa, alta humedad y una altitud densidad de 9.719 pies, sin evidencia de fenómenos meteorológicos adversos.La Aeronáutica Civil aclaró que este es un informe preliminar y que la investigación continúa bajo los lineamientos del Anexo 13 de la OACI, con participación de la NTSB de Estados Unidos, la FAA y los fabricantes de la aeronave, motores y hélices.Por ahora, el documento no establece una causa definitiva, pero deja claro que el accidente ocurrió segundos después del despegue, sin fallas estructurales previas en vuelo y con un incendio generado únicamente tras el impacto, elementos que serán determinantes para las conclusiones finales.
Ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República fue denunciada la alcaldesa de Turbaco, Bolívar, Claudia Espinosa Puello, por presuntas irregularidades en la convocatoria de sesiones extraordinarias de las Juntas Administradoras Locales (JAL). Las denuncias fueron presentadas por la Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia, a través de su vocero, Luis Miguel Marimón Reyes, quien solicitó a las autoridades competentes investigar la posible desviación de poder en las actuaciones de la mandataria.De acuerdo con la veeduría, la investigación se origina a raíz de un audio enviado por la propia alcaldesa a los ediles del municipio, en el que se le escucha decir: “El regalo que les voy a dar es llamarlos a sesiones extraordinarias para que ganen algo en diciembre y les arreglo la Navidad”. Para la organización denunciante, estas declaraciones revelan que la convocatoria de las sesiones no tuvo un propósito administrativo o de interés general, sino un carácter de beneficio económico, lo que podría constituir un uso indebido de sus facultades.Posteriormente, la mandataria expidió el Decreto No. 127 del 10 de diciembre de 2025, mediante el cual convocó diez sesiones extraordinarias que generaron pagos por concepto de honorarios. Si bien la ley permite la remuneración de los ediles por su participación en dichas sesiones, la Constitución Política, en su artículo 315, señala que estas deben responder a asuntos urgentes y de interés público.La Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia pidió a los organismos de control determinar si los hechos mencionados configuran una desviación de poder o constituyen posibles faltas disciplinarias, fiscales o penales por parte de la alcaldesa Espinosa Puello. Las investigaciones podrían establecer si la convocatoria extraordinaria fue legítima o si, por el contrario, se trató de un acto de favorecimiento irregular.
Las autoridades confirmaron que, a raíz de los operativos adelantados en Neiva y en los municipios cercanos, fueron recapturados dos de los siete delincuentes que se fugaron el lunes de esta semana del centro de reclusión transitorio de Neiva.Se trata de Duván Sneyder Llanos alias ‘Frijol’ acusado por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años y Jairo Andrés Gómez Perdomo imputado por el delito de desaparición forzada.Entre tanto, Jhon Sebastián Becerra Lizcano de 23 años acusado por el delito de homicidio y Juan Sebastián Torres de 18 años, quien se encontraba privado de la libertad por el delito hurto calificado, se entregaron de manera voluntaria ante las autoridades.“Gracias a la difusión que se hiciera por los medios de comunicación y el trabajo articulado entre policía, ejército y la comunidad se han logrado recapturar a dos de estas personas que se fugaron del centro transitorio de Neiva y, tras esta misma presión, otros dos se entregaron de manera voluntaria”, informó el coronel Héctor Jairo Betancourt comandante de la Policía Metropolitana de Neiva.Entre tanto, siguen prófugos tres más de los presos que escaparon del centro de reclusión transitorio entre ellos alias ‘Richard’ disidente de las Farc capturado en noviembre del año anterior señalado de haber instalado una motocicleta bomba en el municipio de La Plata en Semana Santa del 2025, donde dos hermanos perdieron la vida y 30 personas más resultaron heridas.Las autoridades municipales y del orden nacional adelantaron un Consejo de Seguridad extraordinario, en el que se evaluó la situación y se adoptaron decisiones para garantizar la seguridad en el centro de reclusión transitorio y el esclarecimiento de los hechos.Asimismo, se anunció una recompensa por información que permita la ubicación y captura de los demás prófugos del centro de detención transitorio, la cual será definida de acuerdo con la calidad de la información suministrada y el perfil del capturado.Entre otras decisiones durante el Consejo de Seguridad las autoridades definieron las siguientes medidas:•La realización de una mesa técnica con la Rama Judicial, con el fin de solicitar que, en adelante, las personas privadas de la libertad sean remitidas de manera preventiva a centros de detención de los municipios donde fueron capturadas.•La reafirmación de la orden de no recibir personas privadas de la libertad de otros municipios en el CDT de Neiva, al ser esta una responsabilidad directa de cada ente territorial.•El reforzamiento estructural y tecnológico de las celdas existentes en el CDT.•Adelantar las acciones administrativas y judiciales para que el INPEC reciba a las personas privadas de la libertad consideradas de alta peligrosidad en cárceles de máxima seguridad del país.
El informe de la Contraloría concluyó que 33 de las 34 universidades públicas no son autosostenibles. Que el 97 % no puede financiar su operación con ingresos propios y confirma una dependencia estructural de las transferencias del Estado, señalando un déficit que compromete la viabilidad financiera del sistema y la autonomía de las universidades.Ante esto, el Ministerio de Educación reconoció que el sistema atraviesa una crisis y que el modelo es insostenible, pero aclaró que se trata de un problema estructural que se remonta a la Ley 30 de 1992, la cual ató los aportes universitarios al IPC.Según la cartera, la universidad pública no está concebida para ser autosostenible, sino para garantizar un derecho fundamental financiado por el Estado, respaldado por las Sentencias C-376 de 2010 y T-068 de 2012 de la Corte Constitucional.El diagnóstico de la Contraloría indica que solo la UNAD cubre sus costos con ingresos propios, mientras que otras universidades, como la Unisucre, pierden más de dos pesos por cada peso recibido. La Universidad Nacional presenta el mayor déficit acumulado: $764.220 millones. El informe plantea además que la dependencia financiera del Estado puede afectar la autonomía universitaria.Por su parte, el Ministerio señala que los ingresos por matrículas han sido históricamente un complemento y que la gratuidad universitaria, incorporada como base presupuestal desde 2023, beneficia actualmente a más de 900.000 estudiantes, reduciendo la presión financiera sobre las instituciones. Además, destaca que la inversión en universidades públicas entre 2023 y 2026 asciende a $15 billones, el mayor incremento real en más de una década.En infraestructura, el Ministerio anunció el primer plan nacional universitario, con $2,2 billones ejecutados y 120 proyectos en 17 departamentos y 38 municipios, además de vigencias futuras por $6,7 billones a diez años. Sobre el pasivo pensional, reconoció que las obligaciones son de largo plazo y representan menos del 1 % del gasto pensional nacional, matizando así los riesgos financieros señalados por la Contraloría.En cuanto a la desigualdad en la asignación de recursos, la Contraloría evidencia que los ingresos por estudiante varían entre $525 mil y $11,4 millones, concentrándose el 48 % de los recursos en cuatro universidades. El Ministerio resalta que el coeficiente de Gini bajó a 0,43 en 2024, gracias a criterios orientados a cerrar brechas.Finalmente, ambas entidades coinciden en la necesidad de repensar el modelo financiero y garantizar sostenibilidad, equidad y fortalecimiento del sistema público, aunque difieren en el énfasis: la Contraloría se centra en el estado actual de las finanzas, mientras que el Ministerio enfatiza las reformas estructurales ya en marcha y sus efectos futuros.
En diálogo con Mañanas Blu 10:30, el candidato presidencial Sergio Fajardo lanzó fuertes declaraciones sobre el panorama político de cara a las elecciones de 2026, señalando que el actual presidente Gustavo Petro ya tiene definidos sus intereses electorales en dos figuras opuestas.Según Fajardo, el Gobierno Nacional busca alimentar la polarización para asegurar su permanencia en el poder, utilizando estratégicamente a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella como piezas de una misma confrontación que divide al país.Los "candidatos" del Gobierno y la estrategia de polarizaciónFajardo fue enfático al afirmar que el presidente Petro cuenta con dos fichas clave para ganar las elecciones: Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Para el líder de la coalición "Adelante con Fajardo", esta dualidad es funcional al Gobierno, pues la confrontación entre ambos extremos es precisamente lo que necesitan para triunfar. Fajardo sostiene que la estrategia de De la Espriella, basada en el silencio, le conviene directamente a Cepeda.Desde su perspectiva, esta dinámica de extremos es un daño para Colombia, ya que la polarización paraliza, divide y aumenta la agresión verbal, recurriendo históricamente a la violencia para resolver conflictos. Fajardo se presenta como la alternativa capaz de "romper la polarización" y construir acuerdos sin destruir al oponente.¿Consulta con Claudia López? La puerta está abiertaUno de los puntos más álgidos de la entrevista fue la posible participación de Fajardo en una consulta interpartidista, específicamente la que promueve la exalcaldesa Claudia López. Aunque en el pasado Fajardo había asegurado que esa puerta estaba cerrada "con la llave botada al mar", ahora admite que está evaluando diferentes escenarios."Estamos mirando los diferentes escenarios, las diferentes posibilidades con un objetivo: vamos a derrotar a Iván Cepeda en la segunda vuelta", afirmó Fajardo. El político confirmó que sostendrá una reunión con Claudia López para discutir estos caminos alternativos de unión, teniendo en cuenta que el plazo legal para definir consultas vence el 6 de febrero.Escuche aquí la entrevista:
A Nelson Estiven Ortega Rojas, de 24 años, su asesino lo llegó buscando a su casa en el barrio Villa Carmen II, del municipio de Soledad. El joven estaba al interior de su vivienda cuando el sicario se acercó hasta la puerta y lo llamó varias veces por su nombre, hasta que al verlo le dio un disparo que le entró por un costado del pecho.Nelson alcanzó a ser llevado al hospital Juan Domínguez Romero de Soledad, pero allí dio su último respiro mientras médicos hacían lo imposible para salvarlo.Allegados a la víctima contaron a las autoridades que el joven, quien se ganaba la vida como albañil trabajando como ayudante de su papá, había sido amenazado semanas atrás por presuntos miembros de la banda Los Costeños, quienes le exigían que colaborara con ellos en la estructura criminal, realizando cobros de extorsiones y la venta de estupefacientes.Pese a su resistencia a vincularse con la actividad criminal, los delincuentes no cesaron en las intimidaciones hasta acabar con su vida.Otros casos En el barrio, suroccidente de Barranquilla un joven de 19 años fue asesinado mientras se encontraba visitando a su novia.La víctima es Anthony De Jesús Frías Pérez, quien fue baleado de cinco tiros cuando se encontraba en la terraza de una casa hablando con su joven pareja. Posteriormente fue llevado hasta el P.A.S.O El Bosque, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.Autoridades investigan un posible ajuste de cuentas.
La industria del marketing de influencia vive un auge sostenido a nivel global, y América Latina se ha convertido en uno de los territorios más prometedores para su desarrollo. En este contexto, Kolsquare, la plataforma líder europea en gestión de Influencer Marketing, anunció oficialmente el inicio de sus operaciones en Colombia el 27 de enero de 2026, posicionando al país como su puerta de entrada al mercado latinoamericano.La decisión de instalarse en Colombia responde al crecimiento exponencial que ha tenido la región en materia de inversión en estrategias con creadores de contenido. Según datos de la propia compañía, la inversión en Influencer Marketing en Latinoamérica se multiplicó por siete en los últimos cinco años, superando ampliamente el crecimiento de la pauta digital tradicional, que solo alcanzó un 2.7x en el mismo periodo. Esta tendencia demuestra que las marcas están apostando por la cercanía y la autenticidad como vías efectivas de conexión con los consumidores.Paola Ortega, portavoz de Kolsquare para Latinoamérica, destacó que el objetivo de la empresa es ayudar a los empresarios colombianos —grandes, medianos y pequeños— a optimizar sus estrategias y medir el impacto real de sus colaboraciones con creadores, evitando así inversiones ineficientes. Por su parte, Quentin Bordage, fundador y CEO de la compañía, señaló que Latinoamérica representa “la próxima frontera del Influencer Marketing”, no solo por el volumen de inversión, sino por el tiempo que los usuarios destinan a las redes sociales.De acuerdo con el Digital 2026 Global Overview Report, los colombianos pasan en promedio 3.6 horas diarias en redes sociales, mientras que la media latinoamericana es de 3.7 horas, cifras que superan ampliamente el promedio mundial de 2.7 horas. Este comportamiento convierte al país en un terreno fértil para estrategias de comunicación basadas en influencia digital.Finalmente, Kolsquare reafirma su compromiso con la “Influencia Responsable”, promoviendo la transparencia y las prácticas éticas entre marcas y creadores. Con su llegada, Colombia se consolida como un punto estratégico en la expansión global de una industria que redefine la manera en que las marcas construyen confianza y comunidad.
En un aparatoso accidente en zona rural de Amalfi, Antioquia, un carro con 10 personas rodó a un abismo y dejó como saldo una persona fallecida y cuatro más heridas.En esta ocasión un vehículo particular conocido como “chivero” cayó a un abismo, a pocos metros de una quebrada y las personas en medio de piedras, en el sector conocido como La Comba de la vereda Naranjal.Aunque se avanza en la atención de la emergencia en esta localidad del nordeste antioqueño, el informe preliminar de los organismos de socorro es de una persona fallecida y cuatro más heridas.También se estableció que en el carro que se volcó por un barranco de unos quince metros transportaba 10 personas desde la cabecera municipal hacia la zona rural.Ya los organismos de socorro con ambulancias se desplazaron al sitio distante dos horas del casco urbano.
La Registraduría rechazó la inscripción del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, para la consulta interpartidista del 8 de marzo de la centroizquierda.La decisión se tomó porque Daniel Quintero ya hizo parte de una consulta en octubre, que fue la del Pacto Histórico, y aunque renunció a su participación, ya había asumido unos compromisos.“Aceptar la inscripción de una precandidatura de un ciudadano que participó en una consulta en la que fue derrotado y, además, pretenda hacerlo por una agrupación política diferente, es contrario a la Constitución y a la ley”, señaló la Registraduría.Es importante recordar que Daniel Quintero quería hacer parte de la consulta ‘Frente por la Vida’, conformada por Roy Barreras, Iván Cepeda y Camilo Romero.“Mediante la Resolución 889 del 27 de enero de 2026, la Registraduría Nacional del Estado Civil trasladó al Consejo Nacional Electoral (CNE) la inscripción del acuerdo de coalición denominado ‘Frente por la vida’, con miras a participar en la citada consulta, para que esta corporación se pronuncie sobre la participación de los precandidatos inscritos, de conformidad con el artículo 265 de la Constitución Política y la Ley 1475 de 2011”, señaló la Registraduría.Es importante recordar que Iván Cepeda participó también en la consulta del Pacto Histórico de octubre y allí fue elegido candidato de ese sector político. Sin embargo, él ha insistido en que esa no era una consulta interpartidista y dice que por eso puede participar en la de marzo.
Los recientes atentados contra funcionarios del Inpec ocurridos el pasado viernes en la cárcel La Modelo de Bogotá y en Palmira, Valle del Cauca, han generado múltiples interrogantes sobre los responsables de los hechos y las condiciones de seguridad de los funcionarios de la entidad.Es por ello que en una conferencia de prensa, el director de la entidad, el Coronel Daniel Gutiérrez tomó medidas, entre ellas la suspensión de visitas de familiares y amigos a privados de la libertad en todas las cárceles del Bogotá y Valle del Cauca este sábado y domingo."Entendemos el impacto tan negativo que puede generar en las familias de las personas privadas de libertad. Pero es importante que el llamado frente a la solidaridad y frente al compromiso, porque estos atentados terroristas y violentos vienen de las mismas cárceles, vienen de los mismos privados de la libertad. Entonces necesitamos también que las familias nos ayuden a generar esa presión, esa contención social, porque las visitas se cancelan no por represión, sino por seguridad de los familiares", expresó el director Gutierrez.Otras medidas que tuvo en cuenta el Inpec es con base a la seguridad de sus funcionarios, en el que se hizo una gestión con la OSPEC, una cifra de 2.300 millones de pesos para la adquisición de chalecos blindados y también de camisas balísticas, siendo estas últimas la primera vez que serán implementadas y que permitirán mitigar los ataques delincuenciales.Adicionalmente, el coronel Daniel Gutiérrez informó que sostuvo una reunión con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, para revisar los protocolos y capacidades de defensa que permitan prevenir nuevos atentados contra dragoneantes del Inpec. “Ambos ministerios han estado muy atentos a la situación y evaluando los recursos disponibles para fortalecer la protección del personal, incluyendo la dotación de chalecos, seguros de vida y otras medidas que reduzcan el riesgo de nuestros funcionarios”, señaló.
Gregorio Eljach Pacheco, procurador general de la Nación, exhortó al Ministerio de Educación, a las Entidades Territoriales Certificadas en Educación, universidades e instituciones educativas a cumplir con el registro y garantizar el seguimiento de los casos en los que se deban tomar medidas para evitar la revictimización.Por medio de la Directiva N.º 016, se solicita que en los procesos se verifique la eficiencia, eficacia, oportunidad y debida diligencia frente a cualquier caso de violencia que se presente en escenarios educativos. Además, se ordena registrar, continuar con el seguimiento y monitoreo de los diferentes casos en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar (SIUCE).Este modelo debe implementarse en todos los sectores. Por ello, la Procuraduría General de la Nación pidió a las alcaldías y gobernaciones capacitar al personal encargado de la Ruta de Atención Integral, con el fin de fortalecer la convivencia escolar y estar preparados ante cualquier eventualidad.La Directiva N.º 016 hace énfasis en promover acciones rápidas que prevengan estos escenarios dolorosos y violentos, para convertirlos en entornos dignos para los estudiantes. Asimismo, precisa que debe registrarse la articulación con los sectores de salud y justicia, de manera que se garantice la protección adecuada a las víctimas y se adopten medidas administrativas inmediatas en caso de activarse alguna ruta por hechos de violencia.
La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación contra Carlos Eduardo Mora González, alias ‘El Veneco’, presunto implicado en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá.De acuerdo con los elementos materiales probatorios, Mora sería responsable de los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado.Según la investigación, el procesado habría participado en la planeación logística del ataque, conduciendo y facilitando un vehículo que fue utilizado para reconocer la zona del crimen, trasladar a otros implicados y entregar el arma de fuego al menor de edad que disparó contra el senador.Por su colaboración en el plan criminal, alias ‘El Veneco’ habría recibido una retribución de cinco millones de pesos.La audiencia de formulación de acusación se realizará en la fecha que determine el juez penal de conocimiento que asuma el caso por reparto.
En medio del PMU realizado este viernes, se acogió la nueva estrategia que comenzará a regir desde las 12:00 a. m. del sábado 4 de octubre: cada tres horas se dará vía libre en un sentido de la carretera, habilitando primero el paso de los vehículos que van de Bogotá a Villavicencio:12:00 a. m. a 3:00 a. m.: Bogotá – Villavicencio3:00 a. m. a 6:00 a. m.: Villavicencio – Bogotá6:00 a. m. a 9:00 a. m.: Bogotá – Villavicencio9:00 a. m. a 12:00 p. m.: Villavicencio – Bogotá12:00 p. m. a 3:00 p. m.: Bogotá – Villavicencio3:00 p. m. a 6:00 p. m.: Villavicencio – Bogotá6:00 p. m. a 9:00 p. m.: Bogotá – Villavicencio9:00 p. m. a 12:00 a. m.: Villavicencio – BogotáLos días 4 y 11 de octubre se realizará un reversible (Plan Éxodo) desde Bogotá hasta el kilómetro 18; esta estrategia estará habilitada de 6:00 a. m. a 3:00 p. m.Para el plan retorno, el lunes festivo 13 de octubre, en el sentido Bogotá – Villavicencio, habrá un cierre desde la 1:00 p. m. para permitir el paso de los vehículos en el sentido Villavicencio – Bogotá. El paso hacia Bogotá – Villavicencio se habilitará nuevamente hasta las 12:00 a. m. del 14 de octubre para todo tipo de vehículos.Según la medida adoptada, no se aplicará restricción de carga los viernes 3 y 10 de octubre. Los domingos 5 y 12 de octubre, la restricción de carga en el sentido Villavicencio – Bogotá regirá de 2:00 p. m. a 11:00 p. m. El lunes festivo 13 de octubre, la restricción permanecerá las 24 horas del día, sin excepciones. Las cargas extradimensionadas tendrán habilitada su circulación únicamente en horario diurno, conforme a lo establecido en las resoluciones 4959 de 2006 y 3011 de 2025.En el corredor vial no habrá restricción para ningún tipo de vehículo; sin embargo, se podrían presentar alteraciones en la movilidad y cierres en la vía si el embotellamiento llega hasta las inmediaciones de los túneles. Esta medida se tomó para garantizar la seguridad de los viajeros. Frente al pico y placa regional, no se aplicará durante el puente festivo.
El presidente Gustavo Petro se refirió este viernes al retiro de las armas que hacían parte de la seguridad de la Casa de Nariño por parte del Gobierno de Estados Unidos.“El Palacio de Nariño quedó desarmado. Un gesto de gratitud, pero también me dio mucha rabia porque no sabía, me pareció indigno de nosotros, porque la mayor parte de las armas que cuidaban el Palacio de Nariño, 150 en total fusiles casi todas, incluido el antidrón, eran propiedad del Gobierno de Estados Unidos”, dijo Petro.El mandatario también señaló que había llegado una carta del Gobierno de Estados Unidos pidiendo esas armas y que él dio la orden de entregarlas todas a la embajada americana en Colombia.“Y me parece un acto, de nosotros indigno, el haber estado cuidándonos aquí con armas de otro Gobierno. Del Gobierno de Estados Unidos un mensaje: ‘no nos importa si lo matan’. Ya veré cómo me defiendo”, agregó Petro.Esta decisión del Gobierno de Estados Unidos de solicitar las armas se da justo después de que al presidente Petro le retiraran la visa tras un discurso que dio en Nueva York en el que señaló que el Ejército de Estados Unidos debía desobedecer a Donald Trump y obedecer a la humanidad.
El presidenteGustavo Petro, volvió a referirse a la reunión que sostendrá el próximo 3 de febrero con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, un encuentro que adelanta será "determinante" para él y para "la vida de la humanidad"."Es una reunión clave, fundamental, determinante, no solo de mi vida personal, sino de la vida de la humanidad", dijo el mandatario durante un evento en la Casa de Nariño, sede presidencial.En el mismo escenario, Petro cuestionó el hecho de que Estados Unidos le retirara la visa, tras un discurso improvisado a favor de la causa Palestina en septiembre pasado en Nueva York después de su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas, para otorgársela ahora, previo a su viaje a Washington el próximo domingo."Me quitaron la visa, ahora dicen que me la volvieron a poner. Entonces, ¿para qué me la quitaron? No sé si por un rato de manera definitiva, no sé. Ya sabremos del 3 de febrero", indicó el mandatario.Además, Petro reveló que norteamericanos le dijeron al presidente Trump que su esposa, la primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, había recibido dineros de Nicolás Maduro para financiar a grupos en Colombia, una acusación que, da a entender, EE.UU. desestimó."Los gringos de Trump le dijeron que a mi esposa, la gente de Maduro, le había entregado decenas de millones de dólares para financiar la primera línea. ¿Y quién dijo eso? Fue un amigo que tenía bienes en Estados Unidos y le parecía más grave perder los bienes que entregarnos con una mentira", dijo."Los gringos no hicieron un esfuerzo, por eso es que yo no tengo 'indictment' (...) No he recibido un peso de Maduro porque yo no creía en Maduro", prosiguió.Más temprano este martes, en otro evento oficial también en Bogotá, Petro manifestó que Estados Unidos debe devolver a Maduro a Venezuela para que sea juzgado por un tribunal de ese país y criticó el ataque militar del pasado 3 de enero en Caracas, en el que fue capturado el mandatario chavista."Tienen que devolverlo (a Maduro) y que lo juzgue un tribunal venezolano, no estadounidense, porque la civilización latinoamericana es diferente a la civilización anglosajona europea", dijo Petro en un exaltado discurso en un hospital de Bogotá.Las declaraciones de Petro se dan a una semana de la reunión que tiene prevista con Trump en la Casa Blanca, tras un año de desencuentros entre ambos mandatarios que se iniciaron el 26 de enero de 2025 cuando el presidente colombiano se negó a recibir un vuelo con migrantes proveniente de Estados Unidos al denunciar un "trato indigno" para sus connacionales.Petro, que se presenta a sí mismo como un jaguar suramericano que rivaliza con el águila estadounidense y que temía una operación militar en su contra como la que depuso a Maduro, tenía previsto pronunciar el 7 de enero un duro discurso contra Trump en un acto por la soberanía en la Plaza de Bolívar, en Bogotá.Sin embargo, la tensión se rebajó minutos antes de subir a la tarima gracias a una llamada telefónica entre ambos en la que acordaron reunirse.
La Defensoría del Pueblo destacó el Auto 002 de 2026 proferido por la Corte Constitucional, mediante el cual se exige a las autoridades nacionales y territoriales dar cuenta de las acciones adoptadas para atender los riesgos advertidos en la Alerta Temprana 017 de 2025, emitida para el municipio de Tibú.Según recordó la Defensoría, dicha alerta temprana advirtió con antelación la configuración de graves escenarios de riesgo para la población civil, derivados, por un lado, del incremento de la confrontación armada entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc, y por otro, de la consolidación del control territorial ejercido por el ELN, a través de la imposición de normas de conducta, restricciones a la movilidad y control de la vida comunitaria.La entidad señaló que estos riesgos se materializaron entre diciembre de 2025 y enero de 2026, periodo en el que se registró un recrudecimiento de la violencia armada y una profundización de la crisis humanitaria en el Catatumbo.Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo alertó el 31 de diciembre de 2025 al Ministerio del Interior que los riesgos señalados en la Alerta Temprana 017 de 2025 se estaban presentando en el territorio, y reiteró la urgencia de implementar el plan de acción recomendado para mitigar las amenazas contra la población civil.“Estas afectaciones fueron constatadas de manera directa por la Defensoría del Pueblo durante la misión humanitaria realizada entre el 6 y el 8 de enero del 2026 en el Catatumbo, en conjunto con la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y la Iglesia católica, en calidad de Comisión Humanitaria”, indicó la entidad.En ese contexto, la Defensoría resaltó el Auto como un respaldo judicial a las advertencias realizadas y explicó que, mediante esta providencia, la Corte Constitucional requirió al Ministerio del Interior, a la Gobernación de Norte de Santander y a las alcaldías de San José de Cúcuta, Ocaña, Tibú y El Tarra, para que informen sobre las medidas adoptadas para proteger a la población y garantizar sus derechos fundamentales.Finalmente, la Defensoría del Pueblo instó al Gobierno nacional a cumplir de manera estricta lo ordenado por la Corte y exhortó a las autoridades nacionales y territoriales a implementar de forma inmediata las recomendaciones contenidas en la Alerta Temprana de Inminencia 017 de 2025, con el fin de prevenir nuevas vulneraciones a los derechos de las comunidades del Catatumbo.
Iván Cepeda anunció que, si el Consejo Nacional Electoral (CNE) niega su inscripción como precandidato en la consulta del Frente por la Vida, interpondrá una acción de tutela. “Llamo a la ciudadanía y a los movimientos sociales a defender nuestra candidatura y los derechos políticos. Convoco a una movilización jurídica y política y, si se anula mi participación, acudiré a la tutela”, dijo desde Cúcuta durante un evento de campaña.La consulta del Pacto Amplio, que ahora se denomina Frente por la Vida a petición del exministro Juan Fernando Cristo (quien aún evalúa si se suma), está conformada por cuatro precandidatos: Camilo Romero, Iván Cepeda, Roy Barreras y Daniel Quintero. Sobre este último persiste un lío jurídico, luego de que la Registraduría rechazara su inscripción. Ante la falta de alternativas legales, se ha planteado que su esposa, Diana Osorio, asuma la candidatura con el respaldo del Partido del Trabajo.En este escenario, queda abierta la puerta para una eventual participación de Juan Fernando Cristo y también suena el nombre de Luis Gilberto Murillo. El exministro del Interior aseguró, a través de su cuenta de X, que las conversaciones avanzan positivamente y que será en la III Asamblea Nacional de En Marcha, prevista para el viernes 30 de enero, cuando informe a los delegados sobre los avances y la decisión que adopte. El plazo para definir su participación vence el próximo 6 de febrero.Cepeda también se pronunció en redes sociales, donde señaló que en esta consulta participarán “para profundizar la democracia y defender la vida, la equidad, la paz, la justicia social y la soberanía nacional”.
Las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre Nicolás Maduro al manifestar que el venezolano está secuestrado en Estados Unidos desde el 3 de enero, generaron críticas y rechazo de diferentes ámbitos políticos. Para la exvicepresidenta y excanciller Marta Lucía Ramírez, el mandatario colombiano no solo incurrió en una grave torpeza diplomática, sino que además optó por ponerse “del lado del convicto” en referencia al líder venezolano, investigado por la justicia estadounidense por delitos relacionados con el narcotráfico.En entrevista con Recap Blu, Ramírez cuestionó con dureza el momento y el contenido de las afirmaciones de Petro, justo cuando se acerca una reunión clave con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. A su juicio, el jefe de Estado colombiano estaría buscando quedar bien con Maduro, aun a costa de deteriorar la relación con Washington y de “hacer quedar muy mal a Colombia” en el escenario internacional.“Maduro es un convicto, una persona con procesos abiertos por narcotráfico y conspiración. Y el presidente de Colombia decide ponerse de su lado, no del lado de la justicia”, afirmó la exfuncionaria.Ramírez también aseguró que existen “secretos inconfesables” entre Petro y Maduro, los cuales, según ella, podrían estar relacionados con la financiación de la campaña presidencial. En ese contexto, interpretó las declaraciones del mandatario como un intento de “cuidarse la espalda” frente al régimen venezolano, especialmente ante la posibilidad de que surjan revelaciones ante la justicia norteamericana.La exvicepresidenta también alertó sobre el riesgo de una nueva crisis diplomática, similar a la vivida en enero de 2025, cuando Colombia devolvió aviones con deportados desde Estados Unidos. Según Ramírez, estas provocaciones podrían incluso llevar a la cancelación de la reunión bilateral prevista, pese a que —en su concepto— el propio Petro habría solicitado el encuentro por preocupación sobre su futuro político después de dejar el poder en 2026."Sí creo que podrían eventualmente en Estados Unidos decidir cancelar esa reunión bilateral, que me parece que además la buscó fue el presidente Gustavo Petro, fue él el que pidió una llamada con el presidente Trump", concluyó.
La polémica por la compra de los aviones de combate Gripen volvió a escalar al marco judicial. Un juez ordenó, por segunda vez, que el presidente Gustavo Petro haga pública toda la información relacionada con este contrato, una operación financiada con recursos del Estado y que ha permanecido bajo reserva.La orden judicial responde a una tutela interpuesta por el candidato presidencial David Luna, quien desde diciembre pasado ha insistido en que la ciudadanía tiene derecho a conocer los términos de una de las adquisiciones más costosas en la historia del sector defensa.Aunque el Juzgado 29 Administrativo de Bogotá ya había ordenado la divulgación del contrato, el Gobierno no acató el fallo, lo que llevó a Luna a solicitar un incidente de desacato para forzar su cumplimiento.En su nuevo pronunciamiento, la justicia fue enfática en señalar que no existe justificación para mantener en secreto un contrato que compromete millonarios recursos públicos. El juez reiteró que el acceso a la información es un principio constitucional y que la reserva no puede utilizarse para limitar el control ciudadano ni el escrutinio democrático sobre decisiones de alto impacto fiscal.Más allá del debate político, el fallo deja un mensaje contundente al Gobierno: las decisiones judiciales deben cumplirse. Ahora, el Gobierno enfrenta la presión de revelar el contrato o asumir las consecuencias legales por desacatar nuevamente una orden de la justicia.
Durante la presentación del informe 'Los impactos de la violencia en la situación de derechos humanos en Colombia', el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relator para el país, José Luis Caballero, lanzó una de las radiografías más severas sobre la realidad colombiana: el país es el más desigual de las Américas y uno de los más desiguales del mundo.“Colombia es el país más desigual de las Américas y uno de los más desiguales del mundo, donde la acumulación de recursos en un sector reducido de la población y las brechas estructurales han perpetuado la exclusión de grupos históricamente marginados”, aseguró el presidente.Según la Comisión, la extrema concentración de recursos en un sector reducido de la población y las brechas estructurales históricas han perpetuado la exclusión de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, raizales, palenqueras y campesinas, así como de mujeres, niñas, niños y adolescentes, y víctimas del desplazamiento forzado.El informe advierte que una de las particularidades de la desigualdad en Colombia es que las acciones del Estado no logran modificar de manera significativa la distribución del ingreso.“Los bajos niveles de recaudación y la distribución del gasto tienen como contrapartida una limitada inversión social, lo que impacta directamente en la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población”, subrayó.El informe también cuestiona que la respuesta estatal haya priorizado durante años la persecución militar y judicial de los grupos armados, sin una presencia integral y sostenida del Estado en los territorios.“Esta ausencia prolongada del Estado en diversas regiones del país permitió la consolidación de economías ilícitas y estructuras criminales que ejercen control sobre la cotidianidad de las comunidades”, señaló.Según la CIDH, uno de los efectos más graves de este escenario es la violencia sistemática contra personas defensoras de derechos humanos, liderazgos sociales, comunitarios y periodistas.“Los ataques en contra de estas personas revelan un patrón sostenido que incluye homicidios, amenazas, desplazamientos forzados y otras violaciones. Todas estos procesos van degradando a nivel local el Estado de Derecho, la institucionalidad democrática”, aseguró.El informe también señala la responsabilidad del Estado en la perpetuación de este orden violento, especialmente a través de políticas de seguridad asociadas a la “guerra contra las drogas”."Con el objeto de contrarrestar el narcotráfico y las economías ilegales, las políticas de seguridad del Estado, impulsadas por el Plan Colombia, se concentraron en la represión militar y las aspersiones con glifosato. Esta estrategia derivó en la relación de la fuerza pública con grupos paramilitares, masacres, los “falsos positivos”, entre otras acciones que impactaron de manera desproporcionada a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, agravando la pobreza y los desplazamientos forzados”, agregó.Frente a este panorama, la CIDH advierte en que si bien el acuerdo de paz abrió una oportunidad histórica para transformar estas raíces, “los avances muestran un progreso desigual, marcado por demoras significativas en componentes clave como la Reforma Rural Integral, el Capítulo Étnico y el Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito”.
El anuncio de Ecuador de incrementar en más del 900 % la tarifa de transporte de crudo por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) encendió las alarmas en el sector petrolero colombiano, especialmente en el sur del país, donde una parte clave de la producción depende de esta infraestructura para acceder a mercados internacionales. La medida, que elevaría el costo de transporte de cerca de 2,7 dólares por barril a aproximadamente 30 dólares, tendría un fuerte impacto económico y logístico para Colombia.El uso del SOTE se convirtió en una alternativa estratégica luego de la suspensión del Oleoducto Transandino (OTA), en el tramo Orito–Tumaco, en octubre de 2023. Las constantes interferencias ilícitas y pérdidas operativas, estimadas en cerca del 27 % del crudo transportado, hicieron inviable su operación, elevando el costo de transporte hasta unos 12 dólares por barril. Ante este escenario, los productores optaron por redireccionar las exportaciones a través de Ecuador, donde el SOTE ofrecía costos considerablemente más bajos y mayor estabilidad operativa.Sin embargo, el nuevo esquema tarifario anunciado por Ecuador, sumado a la decisión de imponer un arancel del 30 % a las importaciones colombianas a partir del 1 de febrero de 2026, cambia de forma drástica el panorama. Según el documento técnico, el incremento de 27,3 dólares por barril generaría un sobrecosto diario cercano a los 531.000 dólares, lo que equivaldría a unos 194 millones de dólares anuales, suponiendo que se mantenga el flujo actual de exportación.El impacto es especialmente sensible para la producción de la cuenca Caguán–Putumayo, que en 2025 exportó en promedio 19.452 barriles diarios a través del SOTE. Campos como Cohembi, Costayaco, Caribe, Orito y Moqueta concentran buena parte de este volumen, con una producción conjunta superior a los 22.000 barriles diarios. Este crudo pertenece tanto a Ecopetrol como a compañías privadas como Gran Tierra Energy, Parex Resources y Geopark, que hoy dependen de la infraestructura ecuatoriana para evacuar su producción.Frente a este escenario, los operadores evalúan rutas alternativas, entre ellas la exportación por el terminal de Coveñas, utilizando transporte terrestre como opción contingente. Aunque esta alternativa implica mayores retos logísticos, sería más competitiva que asumir el sobrecosto derivado del uso del SOTE bajo las nuevas tarifas.Expertos coinciden en que Colombia debe activar de manera prioritaria los canales diplomáticos y técnicos con Ecuador para revisar las condiciones de transporte y buscar una solución concertada que devuelva previsibilidad al comercio de crudo. De forma paralela, el país enfrenta el reto de reducir su dependencia de infraestructura externa y avanzar en soluciones estructurales, como la eventual reactivación o construcción del oleoducto Orito–Tumaco, que permitiría fortalecer la autonomía logística del sector petrolero en el sur del país.
Tras varios meses de seguimiento, investigadores de la Sijín y el CTI de la Fiscalía, a través de una orden judicial, hicieron efectiva la captura de alias ‘Fresa’, señalado de ser el presunto autor material del asesinato de padre e hijo, hechos ocurridos en abril de 2025 en zona rural del municipio de La Plata, en el occidente del Huila.De acuerdo con el material probatorio de las autoridades judiciales, alias ‘Fresa’, acompañado de otras personas, llegó hasta la vereda El Retiro de esa localidad y, con arma de fuego, disparó contra la humanidad de Álvaro Cantillo Cerquera, de 62 años, y su hijo Jesús Javier Cantillo, de 29 años de edad, quienes fallecieron en el lugar de los hechos.“Las labores investigativas continúan con el objetivo de identificar, judicializar y capturar a otros posibles responsables, tanto materiales como intelectuales, de este hecho criminal. Para ello, se mantiene el análisis riguroso de nuevas evidencias que permitan establecer plenamente los móviles y la participación de otras personas en este hecho”, dijo el teniente coronel Andrés Felipe Ávila, comandante operativo de la Policía del Huila.De acuerdo con las autoridades, el capturado, alias ‘Fresa’, registra en el sistema SPOA de la Fiscalía anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de hurto, lesiones personales y tráfico de estupefacientes.Alias ‘Fresa’ fue imputado por los delitos de hurto y homicidio y, luego de las audiencias de legalización de captura, un juez de control de garantías le impuso medida privativa de la libertad en centro carcelario.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, hizo su intervención en la plenaria del Senado en la cual se discutía la emergencia económica decretada por el Gobierno. Todos los ministros fueron citados, pero Ávila hizo la explicación más extensa del gabinete y, en principio, dijo que la declaratoria de la emergencia tiene una relación directa con el hundimiento de la ley de financiamiento.“El Congreso era absolutamente consciente de que el presupuesto que aprobó en el mes de octubre requería de ingresos adicionales a través de la ley de financiamiento. Y un par de meses después, ese mismo Congreso, que por mayorías en Senado y en Cámara había aprobado el presupuesto, niega, por la sumatoria de cinco senadores, la ley de financiamiento. Y esto, obviamente, creó una situación excepcional, sobreviniente y que debía ser atendida inmediatamente por el Gobierno”, dijo Ávila.En el mismo sentido, el ministro dijo que el 93,7 % del presupuesto para el 2026 es inflexible, pues se debe orientar a la deuda, al Sistema General de Participaciones, a las pensiones, al gasto de personal, el aseguramiento en salud y las vigencias futuras, entre otras.Además, dijo que por la situación fiscal no se pueden cubrir los derechos fundamentales y el Gobierno debe buscar los recursos para cumplir con esta obligación.“Esta crisis fiscal se agudiza por restricciones de endeudamiento, por restricciones en la caja, en el flujo de caja de la administración central, producto de rezagos de pagos que hemos venido acumulando anualmente, rezagos que redujimos en el año 2026, pero que siguen siendo persistentes y significativos. Este conjunto de circunstancias no solamente afecta al presupuesto nacional, sino que impide garantizar de manera inmediata derechos fundamentales de la población vulnerable del país”, agregó.Es importante recordar que en este momento la Sala Plena de la Corte Constitucional deberá determinar si suspende o no los efectos del decreto de la emergencia económica. Sobre esto también respondió Ávila.“Para nada nos podemos alegrar de que la Corte Constitucional cometiera el error de suspender la emergencia económica y sus medidas, para nada, el costo para el país es inmenso”, dijo el ministro de Hacienda.
La canciller Rosa Villavicencio aseguró que la comunicación con Ecuador es prácticamente nula, pues aunque Colombia ha pedido reuniones ministeriales y bilaterales entre los presidentes, no ha habido respuesta.“La cancillería ecuatoriana informó que la reunión no sería posible por razones de agenda de sus ministros; Colombia propuso adelantar esa reunión el 27 o 28 de enero en Panamá en el marco del Foro Económico América Latina y el Caribe al que acudiremos. No obstante, a la fecha no se ha recibido respuesta por parte del Ecuador”, dijo.Y aunque el llamado del Gobierno Nacional es al diálogo, también se están evaluando otras medidas en caso de que no se retiren los aranceles del 30 %.“Hoy estamos contemplando un nuevo decreto que va a tener otro tipo de productos provenientes del Ecuador, también una imposición del 30 % de aranceles”, dijo la ministra de Comercio, Diana Morales.Luego de que Ecuador confirmó el incremento del 900 % en la tarifa de transporte de crudo colombiano, la viceministra de Energía, Karen Schutt, se pronunció rechazando la medida unilateral y anunciando una petición que harán al gobierno de Daniel Noboa.“Invitamos al gobierno de Ecuador a que de manera conjunta revisemos la imposición de este gravamen al transporte de crudo desde el suroccidente del país, habilitar el paso de San Miguel de tal forma que se pueda exportar todo este crudo que está retenido allí ante esta restricción de carácter terrestre, viéndonos obligados a transportar el crudo a través de carrotanques”.El ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, aseguró que, a pesar de las diferencias, se mantiene la cooperación militar y policial entre ambos países.