En el marco de la campaña Viaje Seguro en esta Navidad, la Novena Brigada del Ejército Nacional instaló 21 puestos de control en los corredores viales del Huila para acompañar y garantizar la seguridad a propios y turistas durante la celebración de las fiestas navideñas y de fin de año.Asimismo, en los municipios, en las principales vías y en los lugares turísticos hay presencia de 2.900 soldados y también del Gaula Militar, brindando orientación sobre eventuales casos de secuestro y extorsión a viajeros y conductores que por estos días visitan y salen del departamento.“En el marco de esta estrategia, tenemos instalados 21 puestos de control en los principales corredores viales del departamento en los que más de 720 soldados, articulados en 30 pelotones, se encuentran desplegados apoyando a los viajeros, en acciones de prevención, así como de reacción ante cualquier situación que pueda afectar la movilidad o la tranquilidad en la carretera”, dijo el coronel César Augusto Suárez Giraldo, comandante de la Novena Brigada.Agregó el oficial del Ejército Nacional que más de 1.000 hombres en 38 pelotones realizan patrullajes continuos y operaciones de control en áreas rurales en aquellas zonas, donde se han presentado problemas de orden público o casos de extorsión contra gremios de la región.Es importante mencionar que la dirección nacional de la Policía también envío 90 patrulleros hombres y mujeres que estarán fortaleciendo las estaciones de policía en los 37 municipios del Huila.
El exmagistrado y expresidente de la Corte Constitucional Alejandro Linares cuestionó la declaratoria de emergencia económica decretada por el Gobierno nacional y aseguró que, a su juicio, no se cumplen los requisitos constitucionales para acudir a este estado de excepción.En entrevista en Mañanas Blu, con Néstor Morales, Linares explicó que el debate va mucho más allá de una discusión económica. Según dijo, lo que está en juego es el sistema de frenos y contrapesos y el principio democrático de separación de poderes. “Lo que estamos discutiendo es si cuando el Congreso niega una reforma tributaria, el Gobierno la puede adoptar por decreto”, señaló.El exmagistrado recordó que la Constitución consagra el principio de que no puede haber tributación sin representación, es decir, que los impuestos deben ser aprobados por el órgano democrático por excelencia, el Congreso de la República. En ese sentido, afirmó que el hecho de que el Legislativo haya negado una reforma tributaria no constituye, por sí mismo, una razón válida para declarar una emergencia económica.¿Es viable decretar emergencia económica?Para Linares, el punto central es determinar si existen hechos sobrevinientes o una calamidad pública que justifiquen la medida. “Yo no veo cuáles son los hechos sobrevinientes”, afirmó de manera enfática.Consultado sobre si identificaba algún hecho nuevo distinto a la negativa del Congreso, Linares mencionó únicamente la reciente operación de crédito público realizada por el Gobierno. Según explicó, el viernes pasado se emitieron cerca de 6.000 millones de dólares, lo que representaría el ingreso de aproximadamente 24 billones de pesos a las finanzas públicas. “Esa cifra es muy superior a los 16 billones que se pretenden recaudar con los nuevos impuestos”, señaló, agregando que pensó que con esa operación desaparecía la necesidad de la emergencia económica.Sobre la jurisprudencia de la Corte Constitucional, Linares recordó que, con base en el artículo 215 de la Constitución, la Corte ha sido clara en exigir un hecho sobreviniente o una calamidad pública para justificar una emergencia. Puso como ejemplo la emergencia económica decretada para La Guajira, en la que la Corte fue flexible, pero limitó los efectos de la declaratoria exclusivamente a medidas relacionadas con el acceso al agua. En contraste, insistió en que la negativa del Congreso a aprobar una reforma tributaria “no es un hecho sobreviniente”.Durante la entrevista también se abordó la posibilidad de que la Corte Constitucional actúe durante la vacancia judicial. Linares consideró que la Constitución no puede “irse de vacaciones” y afirmó que el presidente de la Corte tiene la facultad de convocar una Sala Plena extraordinaria para repartir el decreto de emergencia una vez llegue al alto tribunal. Según explicó, esto podría hacerse incluso de manera virtual.Frente a la opción de una suspensión provisional del decreto, el exmagistrado señaló que sería una figura inédita en este tipo de casos, pero no descartó que la Corte pueda “estrenarla” si considera que existe una violación flagrante de la Constitución. A su juicio, así como el Gobierno está innovando al acudir a la emergencia económica, la Corte podría responder con medidas igualmente extraordinarias.Finalmente, al referirse a las posibles mayorías dentro de la Corte Constitucional, Linares dijo no tener “bola de cristal”, pero sostuvo que los magistrados son serios e institucionales.
Mientras el país espera que el gobierno nacional publique los decretos de emergencia económica, luego de la caída de la reforma tributaria en el Congreso de la República, con la que pretendía recaudar 16 billones de pesos, la Contraloría le pide al gobierno nacional centrar sus objetivos en cumplir con la la ejecución presupuestal para 2026 con estrategia “responsable, austera y equilibrada”.A través de un comunicado, el ente de control aseguró que al Ministerio de Hacienda solo le resta el camino del recorte del gasto para el próximo año y recordó que el Congreso aprobó el presupuesto del próximo año con un claro desequilibrio entre fuentes y usos.“Para el ente de control es fundamental que los recortes presupuestales se realicen con un enfoque que asegure la continuidad de los servicios públicos esenciales, evitando un aumento del déficit que ponga en riesgo la estabilidad económica del país y la sostenibilidad de las finanzas públicas evitando generar desequilibrios fiscales a largo plazo”. dice el documento.La Contraloría también llamó la atención en lo que denominó como “una marcada rigidez” frente a gastos de personal, pensiones y transferencias, particularmente las del Sistema General de Participaciones.En este sentido, consideró que luego de una evaluación, el Ministerio de Hacienda podría identificar ajustes en gastos como contratación, viáticos y otros componentes operativos. “En el caso de la inversión, aunque es el rubro con mayor flexibilidad, también presenta restricciones, especialmente en proyectos con vigencias futuras comprometidas. En este espacio, el Gobierno deberá priorizar iniciativas con alto impacto macro-regional y que mejoren la estabilidad económica y la transformación productiva del país”Insistió en que el Gobierno nacional a través del Ministerio de Hacienda debe mejorar la eficiencia en la ejecución presupuestal, superando los niveles observados en años recientes.“En 2024, del total del presupuesto solo se obligó el 83,1 %, y en el caso de inversión el porcentaje fue apenas del 57%. En la presente vigencia (2025), al corte del 15 de diciembre, se presenta una ejecución del 79,9 %, sin embargo, preocupa especialmente el rubro de inversión con apenas el 52,8 % obligado, faltando quince días para finalizar el año”, señaló el organismo de control.También le pidió a la Dian, acelerar su proceso de modernización institucional y fortalecer las estrategias contra la evasión y la elusión, con el fin de aumentar el recaudo tributario efectivo.
El secuestro de 18 militares del Ejército en un resguardo indígena del Chocó dejó en evidencia la compleja relación entre algunas comunidades y la Fuerza Pública en esta zona del país. Los uniformados fueron retenidos el pasado domingo cuando realizaban una operación contra el ELN, según confirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien calificó lo ocurrido como un “secuestro” y aseguró que los soldados fueron rodeados por más de 200 personas y trasladados por la fuerza hasta un resguardo indígena.Ante este hecho, el general William Caicedo, comandante de la Brigada 15 del Ejército, entregó detalles de lo ocurrido y confirmó que los militares se encuentran con vida. “Básicamente sabemos que están bien. Hemos tenido contacto con la comunidad indígena directamente con el suboficial comandante de la unidad”, explicó el oficial.Comunidades indígenas impidieron operación militar en ChocóSegún lo revelado por el general Caicedo en entrevista con Mañanas Blu, la retención ocurrió cuando una unidad se encontraba en el resguardo La Puria, perteneciente a la comunidad indígena de Río Claro, en el municipio de Carmen de Atrato. “Fueron rodeados por aproximadamente entre 200 y 220 personas y, bajo presión, llevados hasta la escuela de la comunidad indígena, lugar donde se encuentran desde el día anterior”, señaló.Así mismo, Caicedo reiteró que el Ejército no requiere autorización para operar en el territorio nacional. “Usualmente nosotros hacemos las operaciones militares en todo el territorio nacional sin necesidad de autorización alguna”, afirmó. No obstante, reconoció que en varios casos se busca concertar el ingreso con las comunidades, algo que en esta ocasión no fue posible debido a la presencia del ELN en la zona.Ejército señala presencia activa del ELN en la zonaEl objetivo del operativo era una estructura del ELN que, de acuerdo con el Ejército, continúa operando en el área. “Había una estructura del ELN que aún permanece allí, de aproximadamente 16 hombres en armas, con alias Ramiro, cabecilla de comisión, el tercero del Frente Manuel Hernández El Boche”, explicó Caicedo. Según el oficial, este grupo estaría vinculado a extorsiones, quema de vehículos y constreñimientos armados en vías del Chocó.Para el general, la actuación de algunos integrantes de la comunidad resulta contradictoria. “No debería ser así, es todo lo contrario. Deberían capturar, si tienen una guardia indígena, a los miembros de cualquier estructura armada ilegal, porque la legalidad es lo que debe prevalecer”, sostuvo.Caicedo advirtió además que las comunidades estarían siendo instrumentalizadas por el ELN. Recordó que en operaciones recientes se han registrado capturas y muertes en combate, incluso de integrantes de comunidades indígenas. “Sí están siendo instrumentalizados. También se está presentando mucho el delito de reclutamiento ilegal de menores”, denunció.Sobre el armamento de los soldados retenidos, el general aclaró que permanece bajo control militar. “El armamento estaba ubicado a un lado de donde estaban ellos, pero el control lo tenía la unidad”, dijo, explicando que la decisión de desarmarse se tomó para evitar una tragedia. “Eran 500 indígenas contra 18 soldados”, agregó.Mientras avanzan las gestiones de la Gobernación, la Alcaldía y la Defensoría del Pueblo para lograr la liberación, el Ejército insistió en que no suspenderá sus operaciones. “No vamos a frenar, las operaciones se van a seguir desarrollando”, advirtió Caicedo, quien concluyó con una reflexión: “Cuando se piden garantías de seguridad, pero no se permite que la Fuerza Pública se desplace, se abre el camino para que los grupos armados ilegales ingresen al territorio”.
La reflexión dominical de monseñor Rafael de Brigard es una profunda invitación a vivir la Navidad como una experiencia real de encuentro con Dios, más allá de las prisas, compromisos y distracciones propias de fin de año. Desde el inicio, el prelado recuerda que la fe cristiana nace de la certeza de una presencia viva: “Dios está con nosotros, Él camina con nosotros y nunca, nunca nos abandona”. En sintonía con el Salmo 95, la Navidad aparece como un tiempo de alegría y alabanza, donde cielo y tierra se unen para celebrar la llegada del Señor que viene a regir el mundo con justicia y fidelidad.El núcleo del mensaje se centra en el Evangelio de San Lucas y en una imagen contundente: “no había sitio en la posada”. Para monseñor de Brigard, este dato no es solo histórico, sino profundamente actual, pues revela cómo muchas veces la humanidad —y cada persona en particular— vive tan llena de ocupaciones, orgullos o autosuficiencias que no deja espacio para Dios. Finalmente, la reflexión subraya los frutos de abrir esa “posada interior”: alegría, paz y esperanza. Como a los pastores, la presencia de Dios disipa los temores y se convierte en “una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo”. Cristo, nacido en el pesebre, es reconocido como “Salvador, Mesías y Señor de la vida”, aquel que reconcilia el cielo con la tierra y restaura un mundo necesitado de redención.Escuche la reflexión completa aquí:
El pastor Andrés Corson reflexionó sobre la realidad espiritual de la liberación y advirtió que no basta con expulsar a un demonio si no se transforma la vida interior. Basándose en Mateo 12, recordó las palabras de Jesús: “Cuando un espíritu maligno sale de una persona… regresa y encuentra su antigua casa vacía, barrida y en orden”, y vuelve “con otros siete espíritus más malignos”. Para Corson, esto explica por qué muchas personas recaen: la liberación sin arrepentimiento, renovación de la mente y acompañamiento espiritual deja la puerta abierta para un regreso aún peor. En su mensaje, el pastor describió el carácter de los demonios como mentirosos, atractivos y pacientes. Citando Juan 8, afirmó que “Satanás es mentiroso y padre de toda mentira”, y explicó que muchas de sus estrategias operan en la mente, el principal campo de batalla espiritual. Pensamientos de incredulidad, enfermedad, pereza espiritual o alejamiento de la iglesia no son neutros, sino ataques que buscan establecer “fortalezas mentales”. Frente a esto, recordó 2 Corintios 10, donde la Biblia llama a “llevar cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo”.Finalmente, Corson enumeró diversas “puertas abiertas” al mundo espiritual negativo: el ocultismo, ciertos contenidos musicales y audiovisuales, las obsesiones, el resentimiento prolongado, los pecados sexuales y hasta lo que se declara con la boca. “La lengua tiene poder de vida y muerte” (Proverbios 18:21), afirmó, insistiendo en que las palabras crean atmósferas espirituales.Escuche la reflexión completa aquí:
El año está a punto de terminar y, ante eso, muchas familias empiezan a buscar un destino para recibir el Año Nuevo, conocer nuevas culturas y compartir una noche especial con sus seres queridos. Para algunos, el plan ideal combina descanso, historia y buena comida; para otros, se trata de vivir una experiencia distinta que marque el inicio del nuevo año.En ese panorama aparece una ciudad emblemática que está a tan solo cuatro horas de vuelo desde Bogotá y que, sin duda, se ha convertido en uno de los destinos preferidos por los colombianos. Su riqueza cultural, histórica y arquitectónica, sumada a una gastronomía reconocida a nivel mundial, la convierten en una opción ideal para arrancar el año con un viaje memorable.Machu Picchu: destino imperdible para recibir el Año NuevoUbicada a 2.430 metros sobre el nivel del mar, Machu Picchu es el símbolo más reconocido del legado inca y uno de los sitios arqueológicos más admirados del mundo. Esta ciudadela de piedra, construida hacia 1450 por orden del inca Pachacútec, se destaca por su perfecta armonía con el entorno natural y su precisión arquitectónica.Recorrer espacios como el Templo del Sol, el Intihuatana o el Templo del Cóndor permite comprender el profundo conocimiento astronómico y espiritual de esta civilización. A esto se suman las terrazas agrícolas y la vista desde la Casa del Guardián, que completan una experiencia única. Para muchos viajeros colombianos, visitar Machu Picchu sigue siendo uno de esos viajes pendientes que vale la pena cumplir, especialmente en una fecha tan simbólica como el fin de año.Otras ciudades de Perú ideales para viajar en fin de añoPerú no solo se resume en Machu Picchu. Según promperú, el país cuenta con varias ciudades que se alistan para recibir el Año Nuevo por todo lo alto, ofreciendo planes para quienes viajan en familia o con amigos.Arequipa se transforma en diciembre en uno de los epicentros festivos del sur del país. La Plaza de Armas reúne a locales y turistas en medio de luces, música y fuegos artificiales que se extienden hasta la madrugada. Más allá de la celebración, la ciudad invita a recorrer su centro histórico de sillar, visitar el Monasterio de Santa Catalina y disfrutar de su gastronomía en las tradicionales picanterías. Para quienes buscan una experiencia más espiritual, el Valle del Colca ofrece ceremonias ancestrales, aguas termales y el avistamiento del cóndor.Lima e Ica también figuran entre las opciones más buscadas. La capital peruana propone despedir el año con cenas especiales, fiestas frente al mar y fuegos artificiales visibles desde el malecón de Miraflores, además de su centro histórico, Barranco y una escena gastronómica de primer nivel. A pocas horas por carretera, Ica combina celebraciones con recorridos por la Ruta del Pisco, visitas a Paracas, las islas Ballestas y las Líneas de Nasca.Por su cercanía y diversidad, Perú sigue siendo uno de los destinos internacionales favoritos de los colombianos, ideal para disfrutar diferentes culturas sin gastar de más.
Graves alteraciones al orden público se han registrado en las últimas horas en el corregimiento de Liberia - El Charcón de Anorí tras una incursión armada por parte de miembros del Clan del Golfo.Las presiones del grupo ilegal derivaron en el secuestro de cuatro personas, entre las que versiones preliminares indicaron que se encontraba un concejal de la misma localidad. Las víctimas habrían permanecido amarradas por varias horas para posteriormente salir de la zona con sus captores con rumbo desconocido. Sin embargo, fuentes de seguridad en el departamento confirmaron a Blu Radio que el reporte de la comunidad es que ya los retenidos se encuentran en libertad tras la medicación de entidades como el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo.No obstante, se mantienen las acciones del Ejército para llegar hasta la zona urbana del corregimiento y recuperar el control como lo indicó el alcalde de Anorí, Gustavo Silva."Estamos esperando a ver qué va a pasar con el Ejército, que ya también llegó a la zona con comando del FUDRA. Estamos esperando los resultados. Muy cerca al pueblo explosiones, la gente toda confinada, demasiadas bombas", reportó.La incursión del grupo armado también provocó cuestionamientos por parte del gobernador de Antioquia, Andrés Julián, hacia el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, solicitando el fortalecimiento del pie de fuerza en una zona donde hace varios meses se ha alertado una crítica situación de orden público por la presencia de diversos actores ilegales que disputan un corredor estratégico entre el Norte, Bajo Cauca y Nordeste del departamento.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, se pronunció respecto al anuncio del cese al fuego unilateral del ELN a partir del 24 de diciembre hasta el 3 de enero. Marín recibió con alivio la decisión de la guerrilla, pero aseguró que es un anuncio que también genera angustia, pues las acciones del ELN han provocado daños irreparables a la población.“Un gesto de coherencia sería, por ejemplo, la liberación incondicional de las personas que permanecen secuestradas. El cese de hostilidades debería alcanzar también las hostilidades con otros grupos armados, a quienes les pedimos el mismo alivio en el fin de año”, fue la solicitud que hizo la defensora a través de su cuenta de X.Marín recordó que hace un año la guerrilla hizo un cese al fuego similar; sin embargo, en enero emprendió una ofensiva en el Catatumbo que generó el desplazamiento masivo más grande de la historia reciente de Colombia, razón por la cual la defensora celebró el anuncio, pero pidió más de parte del ELN.
En una operación coordinada entre la Dijin de la Policía y la Fiscalía, se ejecutaron de manera simultánea siete intervenciones de extinción de dominio que permitieron a las autoridades afectar un total de 431 bienes vinculados a redes de narcotráfico, delincuencia organizada, minería ilegal y grupos armados.Las acciones, que se llevaron a cabo en Risaralda, Valle del Cauca, Quindío, Cauca, Putumayo, Caquetá, Santander, Antioquia y Bolívar, llegaron hasta los bienes obtenidos a través de delitos como lavado de activos, enriquecimiento ilícito, tráfico de armas, homicidio, desaparición forzada, concierto para delinquir y explotación ilícita de yacimientos mineros. El avalúo total de los inmuebles, entre los que se encuentran vehículos, sociedades, animales y activos financieros, supera los $445.115 millones de pesos.Uno de los golpes más significativos se registró en Medellín y varios municipios de Antioquia, donde las autoridades impusieron medidas cautelares sobre un hotel, apartamentos, establecimientos comerciales, vehículos, sociedades, títulos valores y más de 200 semovientes, por un valor cercano a los $375.000 millones. Estos bienes pertenecían a la red de alias ‘Horqueta’, cabecilla del Frente Capitán Mauricio del ELN, señalada de financiarse mediante la explotación ilegal de oro con maquinaria amarilla amparada en sociedades mineras.En Urabá y el Valle de Aburrá también fue afectada la estructura financiera de alias 'Cholo Banano', narcotraficante de cuarta generación al servicio del Clan del Golfo. En total, 81 bienes, entre lotes, casas, apartamentos, cuentas bancarias y vehículos, fueron ocupados con fines de extinción de dominio, con un avalúo de más de $23.000 millones.La operación se extendió a Cauca, Valle del Cauca, Putumayo, Caquetá, Santander y Nariño, donde fueron ocupados bienes pertenecientes a alias ‘Marlon’ y ‘Gerson’, cabecillas del Estado Mayor Central de las disidencias. Las investigaciones revelaron que varias de estas propiedades funcionaban como laboratorios para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, cultivos ilícitos, depósitos de armamento y centros logísticos para la expansión criminal.En Pereira, Risaralda, las autoridades golpearon el patrimonio del Grupo Delictivo Organizado Cordillera. Cinco bienes avaluados en más de $5.400 millones, pertenecientes al núcleo familiar de alias ‘Viejo’, ‘May’ o ‘Lalo’, fueron sometidos a medidas cautelares. Según las pesquisas, esta red obtenía estupefacientes en Cauca y Valle del Cauca, los trasladaba a Pereira y los distribuía al menudeo cerca de colegios y zonas comerciales.La ofensiva también alcanzó esquemas de lavado de activos con alcance internacional. En Valle del Cauca y Quindío fueron extinguidos 12 bienes vinculados a la organización liderada por alias ‘Valentina’, señalada de operar un sistema transnacional de recolección de divisas en Estados Unidos y depósitos fraccionados para evadir controles bancarios, modalidad conocida como ‘pitufeo’.En Antioquia y Cartagena, Bolívar, fueron afectados 19 bienes asociados a alias ‘Lindolfo’ y ‘Diego Chamizo’, cabecillas de la Oficina de Envigado. Esta estructura, según las autoridades, ejerce control sobre cerca del 65 % de los combos delincuenciales de Medellín, incluidos grupos como ‘Los Chatas’, ‘Caicedo’ y ‘La Terraza’.Finalmente, en el municipio de El Dovio, Valle del Cauca, fue impactado el aparato financiero del Comando de Frontera, disidencia del GAO-r. Un total de 37 bienes, avaluados en más de $13.600 millones, pertenecientes a alias ‘Flaco Alberto’ y su núcleo familiar, eran utilizados para el procesamiento de drogas, cultivos de coca y ocultamiento de armamento, en una zona estratégica que conecta con corredores del narcotráfico hacia el Pacífico.
En las próximas horas podrían ser liberados los 18 militares del Ejército Nacional que permanecen secuestrados en el municipio de Carmen del Atrato, Chocó, tras una serie de tensiones entre las comunidades indígenas del resguardo La Puria y la fuerza pública.El hecho se registró el domingo 21 de diciembre de 2025, cuando una unidad del Ejército adelantaba operaciones de vigilancia y control territorial en una zona de fuerte presencia del ELN. De acuerdo con la información oficial, cerca de 200 personas rodearon al grupo de soldados y los trasladaron por la fuerza hasta el resguardo indígena, impidiéndoles continuar su misión constitucional.La Defensoría del Pueblo confirmó que acompañará una misión humanitaria con el objetivo de garantizar el retorno seguro de los uniformados a sus hogares y a su unidad militar. Según la entidad, la situación fue comunicada por la Gobernación del Chocó, que activó los canales institucionales para promover una solución pacífica.Aunque no se ha reportado violencia contra los secuestrados, el Ejército Nacional calificó la acción como una vulneración de la libertad y la integridad personal de sus hombres. Las comunidades, por su parte, habrían solicitado la presencia de organismos del Estado y expresaron su inconformidad con las operaciones militares en su territorio, lo que refleja la compleja relación entre las autoridades y los pueblos étnicos en esta región del país.El departamento del Chocó sigue siendo uno de los más golpeados por el conflicto armado y la ausencia estatal. En esta zona confluyen grupos como el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, que disputan el control de los corredores estratégicos del Pacífico y del occidente antioqueño. Esta realidad ha incrementado la tensión social y la percepción de riesgo entre las comunidades indígenas y afrodescendientes.La Defensoría del Pueblo reiteró su compromiso de proteger los derechos humanos tanto de los soldados como de las comunidades, y aseguró que continuará acompañando las gestiones para lograr la liberación de los 18 militares y fortalecer los espacios de diálogo que eviten nuevas crisis humanitarias en el territorio.
El caso de Zulma Guzmán sigue dando de qué hablar y genera preocupación sobre lo que depara el futuro judicial de la mujer señalada como presunta responsable del envenenamiento de dos menores de edad, hechos que además dejaron a otros dos jóvenes gravemente afectados, todos en el norte del país.Aunque en un inicio la mujer había afirmado que no estaba huyendo de las autoridades y que se encontraba en un viaje de negocios en Argentina, recientemente fue detenida en el Reino Unido. La captura se produjo luego de que se activara una alerta roja de Interpol y de que Guzmán fuera identificada, presuntamente, con intenciones de quitarse la vida en el río Támesis, en Londres.Según lo revelado oficialmente, Guzmán fue localizada por las autoridades británicas tras un rastreo internacional que permitió establecer que salió de Colombia y se movilizó por varios países. La Fiscalía había señalado que la mujer viajó a Argentina, Brasil, España y, finalmente, al Reino Unido, país al que llegó en noviembre. Desde entonces, la Agencia Nacional del Crimen británica se mantenía en la búsqueda de su paradero.Relacionan a Zulma Guzmán con otros presuntos casos de envenenamientoEl proceso judicial dio un nuevo giro tras relacionar a Zulma Guzmán con la muerte de Alicia Graham Sardi, esposa de Juan de Bedout, padre de una de las niñas fallecidas. Oficialmente, Graham murió por cáncer, pero en su organismo se habrían encontrado rastros de talio.De acuerdo con lo que se ha conocido, Graham habría sido envenenada en dos oportunidades con esta sustancia, pese a que el dictamen médico señaló cáncer como causa de muerte. Ante este escenario, los investigadores buscan establecer cómo llegó el químico al entorno familiar en plena pandemia, cuando la familia se encontraba aislada en fincas ubicadas en Sutatausa y Ubaté, en Cundinamarca, zonas a las que no llegan servicios de domicilio.En una entrevista con Focus Noticias, Zulma Guzmán aseguró que las frambuesas hacen parte de su dieta regular. Además, señaló a la familia De Bedout al afirmar que varios caballos de polo, propiedad de Juan de Bedout, habrían sido envenenados con talio en un club.Esta información encendió las alertas de la Fiscalía, pues se trata de un dato que sugiere que Guzmán conocía los efectos de este tipo de sustancias, lo que abre la puerta a una investigación más amplia sobre posibles envenenamientos reiterados.Zulma Guzmán y su situación de salud mental en Reino UnidoMientras la investigación avanza, y tras su detención en el Reino Unido, Zulma Guzmán permanece bajo un régimen de salud mental. La mujer aseguró padecer problemas psicológicos, condición que, le impediría enfrentar de manera inmediata los cargos en su contra por el presunto doble homicidio.Este régimen también permite que el proceso de extradición sea suspendido de forma temporal, mientras las autoridades evalúan el estado de salud mental actual de Guzmán y determinan si está en condiciones de responder ante la justicia colombiana.
Al menos 18 militares fueron retenidos el domingo por pobladores del departamento del Chocó, en el oeste del país, cuando realizaban un operativo contra la guerrilla del ELN, informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.El ministro tildó la acción de "secuestro" y detalló en X que los uniformados "fueron rodeados por cerca de 200 personas y trasladados por la fuerza, en contra de su voluntad, a un resguardo indígena".Las detenciones de militares y policías son comunes en Colombia en zonas controladas por grupos armados y con poca presencia estatal.Autoridades sostienen que en estas retenciones participan pobladores, en su mayoría campesinos, que actúan manipulados u obligados por las organizaciones ilegales que operan en la zona.Sánchez dijo que los militares estaban en una zona rural del municipio de Carmen de Atrato, en el Chocó, en una operación contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN)."Estas operaciones tienen como propósito proteger a la población civil —en especial a las comunidades indígenas— frente a amenazas como el reclutamiento de menores, el desplazamiento forzado y otros hechos asociados a la violencia", anotó el ministro.La gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, señaló que tras "la retención de 18 soldados que se encontraban en el cumplimiento de sus deberes legales, por parte de la guardia indígena", llamó a un "consejo de seguridad extraordinario" para buscar la liberación de los uniformados.Sánchez enfatizó que restringir el trabajo militar "pone en grave riesgo, precisamente, a las comunidades que requieren mayor protección"."Ninguna causa ni mecanismo de presión social justifica la privación de la libertad ni la vulneración de los derechos humanos de nuestros militares", añadió el ministro.En septiembre 72 militares fueron retenidos por cientos de pobladores en el Cañón del Micay, un enclave para la producción de cocaína dominado por rebeldes disidentes de las extintas Farc.Un mes antes, otros 33 uniformados fueron liberados tras pasar tres días retenidos en el departamento del Guaviare.Inmersa en una guerra interna de medio siglo que enfrenta a guerrillas, narcotraficantes y fuerzas estatales, Colombia vive su peor crisis de seguridad en la última década.
El Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de la antigua guerrilla de las Farc, anunció este domingo un cese de operaciones contra la fuerza pública por las festividades navideñas y de fin de año, para que las familias puedan pasar estas fechas en paz."Hemos dado la orden a nuestras unidades en todo el territorio nacional de suspender las operaciones militares ofensivas contra la fuerza pública desde el día 23 de diciembre del 2025 hasta el 7 de enero del 2026, con el objetivo de que las familias colombianas puedan compartir sin los temores propios de una confrontación armada", informó esa disidencia en un comunicado.El anuncio se produce el mismo día en que la guerrilla del ELN informó de un cese al fuego unilateral que se iniciará a las cero horas del 24 de diciembre y se extenderá hasta la misma hora del 3 de enero de 2026.La defensora del Pueblo, Iris Marín, reaccionó al anuncio del ELN con "cierto alivio, pero también con angustia", al advertir que, pese a que invoquen el respeto a la población civil, las acciones recientes de los grupos armados han causado daños a comunidades en varias regiones del país.Marín pidió que estos gestos se traduzcan en hechos concretos, como la liberación de personas secuestradas y la reducción real de las confrontaciones armadas, y recordó que ceses similares anunciados en el pasado no evitaron nuevas violencias, entre ellas, desplazamientos masivos y miedo generalizado en zonas como el Catatumbo.Hace unas horas, el Frente 33 del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), otra disidencia de las Farc que opera en el Catatumbo anunció, mediante un video divulgado por medios locales y del que no se ha podido comprobar su autenticidad, otro cese indefinido de acciones ofensivas contra la fuerza pública.Intensificación de ataques guerrillerosEstos anuncios coinciden con la persistente crisis humanitaria en varias regiones del país, en particular en el Catatumbo, donde desde enero de este año se han intensificado los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 del EMBF, que han dejado cerca de un centenar de muertos y provocado desplazamientos masivos, confinamientos y otras afectaciones a comunidades campesinas.El EMC es liderado por Néstor Gregorio Vera, alias 'Iván Mordisco', el hombre más buscado del país, por el que el Gobierno ofrece una millonaria recompensa y quien no participa actualmente en negociaciones de paz con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.En contraste, el Ejecutivo mantiene conversaciones con otras organizaciones disidentes, entre ellas el EMBF, con el que en noviembre pasado alcanzó acuerdos para no reclutar menores de edad, promover el acceso a la tierra y proteger el medioambiente, en el marco de la política de 'Paz total' del presidente Petro.Tanto el EMC como el ELN perpetraron en los últimos días violentos ataques contra la Policía y el Ejército en los departamentos del Cauca y Cesar.En Buenos Aires, una toma del EMC que duró más de siete horas dejó ocho policías heridos y varias edificaciones de ese pueblo destruidas, mientras que en Aguachica, el ELN mató a siete soldados y dejó 31 más heridos en un ataque con drones contra una base del Ejército.
En un análisis sobre el cierre del año político y los retos que enfrenta Colombia de cara a las elecciones de 2026, el profesor y analista Juan Carlos Flores expresó en entrevista con Sala de Prensa Blu su preocupación por la falta de liderazgo y de propuestas claras en los sectores de oposición. En diálogo con Blu Radio, el experto abordó temas como el impacto de la inteligencia artificial, la crisis de representación política y la necesidad de construir un proyecto de país que conecte con la ciudadanía.Inteligencia artificial: una herramienta sin concienciaDurante la entrevista, Flores se refirió al avance de la inteligencia artificial, especialmente en el ámbito académico, destacando su capacidad para procesar grandes volúmenes de información en poco tiempo. No obstante, advirtió sobre sus límites frente al pensamiento humano.“Estamos ante un sistema de compilación extraordinario que nos permite hacer repasos a una velocidad que antes era inimaginable”, afirmó. Sin embargo, aclaró que esta tecnología aún carece de una dimensión creativa propia: “Ella aún no permite que vislumbremos lo nuevo, no nos presenta nuevos escenarios”.Críticas a la oposición y al debate electoralAl analizar el panorama político nacional, Flores manifestó un “profundo desconcierto” frente a la estrategia de la oposición, señalando que el debate se ha reducido a cálculos electorales y alianzas sin contenido programático. Según el analista, la discusión se ha centrado en nombres y no en ideas capaces de generar un verdadero cambio.En ese sentido, fue contundente al afirmar que “la oposición en Colombia no ha logrado encontrar un camino distinto del simple rechazo al gobierno”. Para Flores, la experiencia de líderes como Gustavo Petro, Donald Trump o Javier Milei demuestra que el respaldo ciudadano se construye a partir de la conexión con las aspiraciones del electorado, algo que hoy no se percibe en los sectores opositores.“Mi crítica a la oposición es que por ese camino van directo a la derrota en la segunda vuelta”, advirtió, al considerar que la falta de una propuesta atractiva podría traducirse en un nuevo fracaso electoral.Un llamado a pensar el futuro del paísFinalmente, Flores llamó la atención sobre la pérdida de talento humano en Colombia, impulsada por la falta de oportunidades y de un proyecto nacional sólido. A su juicio, la dirigencia política debe enfocarse en ofrecer soluciones reales y en “construir un futuro para el país”, dejando de lado discursos anclados en la “revancha social” o la “amargura por el pasado”.De no hacerlo, concluyó el analista, Colombia podría enfrentar un escenario cada vez más complejo, marcado por la frustración ciudadana y un camino político “áspero y duro” sin una visión clara de largo plazo.
Una falsa cazatalentos argentina recorrió varios municipios de Colombia prometiendo llevar a niñas futbolistas a jugar en los mejores equipos de Argentina. Sin embargo, habría reclutado a varias menores para explotarlas, obligándolas a realizar labores domésticas mientras sus familias adquirían deudas millonarias.La mujer, identificada como Griselda Alfonso, se presentó en una entrevista al Canal 4 de San José del Guaviare como directora técnica nacional e internacional de fútbol y capacitadora de talentos. En esa ocasión aseguró: “Los jugadores que llevamos creo que van a ser un referente en Argentina para San José del Guaviare”.En diálogo con Noticias Caracol, Oliver Capote, periodista del Canal 4 y quien entrevistó previamente a Alfonso, explicó que la mujer convocaba a las niñas con la promesa de viajar a Argentina, donde supuestamente les haría seguimiento como tutora y las acompañaría a pruebas deportivas. “Les decía que, si rendían adecuadamente, podrían pasar a formar parte de clubes deportivos”, señaló.Según los familiares en Noticias Caracol, la mujer les aseguró a las seleccionadas que ya había gestionado todos los documentos necesarios para el viaje. Una familiar de una de las víctimas relató que Alfonso le indicó “que el Arsenal la había fichado, que había salido favorecida en el deporte y que además tenía una beca para estudiar en la universidad lo que quisiera”.De acuerdo con el testimonio, Griselda exigió inicialmente 4.000 dólares, que debían entregarse en pocas horas para poder viajar, lo que obligó a la familia a adquirir una gran deuda. "Quince días después solicitó otros 4.000 dólares, prometiendo traer el carné del club y un kit deportivo".Las niñas viajaron a Argentina por un mes, pero nunca llegaron a jugar fútbol. “Nos sacaba y sacaba plata, unos 15 millones. Llamábamos a la niña y estaba descalza, sin zapatos, haciendo aseo, preparando el almuerzo, siempre ocupada arreglando”, relató el padre de una de las menores.Una de las niñas logró conseguir un celular y, a escondidas, envió una alerta en la que advertía que estaba en peligro. Tras la denuncia, la mujer fue capturada y las menores fueron rescatadas.
Momentos de terror se vivieron finalizando la tarde de este domingo 21 de diciembre en el municipio de Suárez, departamento del Cauca, por el ataque de guerrilleros de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc contra la estación de Policía.De acuerdo a información de los presentes, en el espacio se encontraban reunidas familias y vecinos en un partido de fútbol en una cancha de la zona cerca a la sede policial, cuando repentinamente se comenzaron a escuchar disparos continuos.La situación provocó que decenas de personas corrieran para salir del lugar y resguardarse y así evitar ser alcanzadas por alguna bala perdida.Afortunadamente no se reportan personas heridas ni por los disparos, ni por situaciones asociadas a los hechos.Este ataque se produce cuando en teoría hay cese al fuego por parte de algunos grupos armados, debido a la época decembrina.
Jhon Mendoza, conocido como alias ‘Jhon mechas’, cabecilla de las disidencias de las Farc, jefe del frente 33, anunció que se mantendrá indefinidamente un cese de acciones militares ofensivas contra la fuerza pública. Su grupo delinque principalmente en la región del Catatumbo, Norte de Santander, pero también hace parte del que lidera a nivel nacional alias ‘Calarcá’.Este grupo es responsable de manejar las economías ilícitas, como el contrabando y rutas hacia Venezuela, teniendo incidencia, específicamente, en el Norte de Santander. Además, este sujeto tiene una circular roja de la interpol, debido al atentado terrorista contra el expresidente Iván Duque, que estuvo muy cerca de dejar un resultado trágico en el ataque a un helicóptero, y el ataque a la Brigada 30 del Ejército de Cúcuta.“Hemos tomado la decisión de ratificar públicamente la orientación que nuestras unidades ya vienen cumpliendo. De hecho, el cese de acciones militares ofensivas contra la fuerza pública por tiempo indefinido”, señaló alias ‘Jhon mechas’.Pero, en este pronunciamiento, el jefe criminal aclaró que esta decisión no define o implica que se deje de un lado las armas y el fin de las actividades armadas y se mantienen las confrontaciones con otros grupos, en lo que llaman el legítimo derecho a la defensa.
En un video difundido en redes sociales se puede observar el momento en que un vehículo de color gris, en el que se movilizaba una familia, avanzaba lentamente detrás de una tractomula amarilla. En ese instante, una tractomula de color rojo, que presuntamente se encontraba sin frenos, se estrelló contra el automóvil, aplastándolo y dejándolo completamente irreconocible.El siniestro se registró en la vía que conecta Buga con Buenaventura el pasado viernes 19 de diciembre de 2025 y dejó como saldo la muerte de la pareja identificada como Diego Fernando Suárez y Lina Marcela Díaz, quienes viajaban junto a sus dos hijos menores de edad.Uno de los detalles más impactantes del caso es que, minutos antes del impacto, uno de los menores, llamado Julio, descendió del vehículo para orinar a un costado de la carretera, mientras su madre lo grababa entre risas y se despedía diciendo: “Chao, Julio”.Según confirmaron las autoridades, los dos menores sobrevivieron al accidente y actualmente se encuentran en un centro de atención hospitalaria de Buenaventura, donde reciben atención médica especializada.La pareja residía en un municipio cercano a Buenaventura, era propietaria de un supermercado y era reconocida por su amabilidad y cercanía con los vecinos y allegados. Por ahora, los menores también reciben acompañamiento psicológico tras la tragedia.Este es el videoEn entrevista con Noticias Caracol, Ana Rosa Torres, vecina de las víctimas, expresó que “esta tragedia que pasó, no se imaginan el dolor tan intenso que sentimos en todo el barrio por esta noticia”.Por su parte, las autoridades hicieron un llamado a los conductores a extremar las medidas de precaución en las vías, especialmente durante la temporada de fin de año, cuando se registra una alta congestión vehicular. Cabe resaltar que, en los últimos ocho días, se han presentado tres accidentes de tránsito, que han dejado como resultado cuatro personas muertas y varios heridos.Entre las principales recomendaciones se encuentran no conducir bajo los efectos del alcohol, mantener una velocidad moderada y revisar las condiciones mecánicas de los vehículos antes de realizar trayectos largos.
El Ejército Nacional denunció el secuestro de varios soldados en zona rural del municipio de Carmen de Atrato, en el departamento del Chocó, en medio de operaciones militares adelantadas contra el grupo armado organizado ELN.De acuerdo con la Séptima División del Ejército, los uniformados fueron rodeados, retenidos y trasladados de manera arbitraria por un grupo de aproximadamente 200 personas hacia un resguardo indígena, impidiéndoles continuar con su misión constitucional.Según el comunicado oficial emitido este 21 de diciembre, los hechos ocurrieron mientras las tropas desarrollaban labores de seguridad y control territorial orientadas a proteger a la población civil y enfrentar la presencia del ELN en esta zona del departamento. En ese momento, la unidad militar fue interceptada por un numeroso grupo de civiles que bloqueó su movilidad y procedió a retener a los soldados contra su voluntad.El Ejército calificó lo ocurrido como una grave vulneración a la libertad personal, la integridad y la seguridad de los miembros de la fuerza pública, y rechazó de manera categórica cualquier acción que interfiera con el desarrollo de operaciones militares legítimas del Estado. Para la institución, este tipo de hechos no solo afecta el cumplimiento de la misión constitucional de las Fuerzas Militares, sino que también pone en riesgo la vida de los uniformados y debilita la capacidad del Estado para garantizar la seguridad en regiones golpeadas históricamente por el conflicto armado.En el pronunciamiento, el Ejército hizo un llamado urgente a las autoridades competentes, a los organismos de derechos humanos y a los líderes comunitarios para que se garantice plenamente la integridad física de los soldados retenidos y se permita su pronta y segura liberación. El Ejército hizo énfasis en la necesidad de privilegiar el diálogo y el respeto por la institucionalidad, así como la observancia estricta del marco constitucional, legal y del derecho internacional humanitario.El comunicado también advierte que la privación de la libertad de integrantes de la Fuerza Pública constituye una conducta sancionada por la ley y puede acarrear responsabilidades penales. En ese sentido, el Ejército llamó a abstenerse de este tipo de acciones, que no solo afectan la institucionalidad, sino que pueden involucrar indebidamente a civiles en hechos con consecuencias jurídicas graves.
En una operación de inteligencia, las Fuerzas Militares frustraron lo que habría sido un atentado terrorista en el suroccidente del departamento del Tolima. Tropas del Ejército Nacional ubicaron un depósito ilegal con cerca de 30 kilogramos de explosivos pertenecientes al Frente Joaquín González, estructura disidente bajo el mando de alias ‘Calarcá’.El hallazgo se produjo en la vereda Tolda Blanca, en el corregimiento de Playarrica, jurisdicción del municipio de San Antonio,en el sur del Tolima. Según las autoridades, el material explosivo iba a ser utilizado para ejecutar acciones terroristas que ponían en riesgo directo a la población civil y a la infraestructura de la región.De acuerdo con información oficial, la operación fue adelantada por tropas del Batallón de Infantería N.° 18 Coronel Jaime Rooke, unidad adscrita a la Sexta Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional.En el lugar fueron encontrados aproximadamente 30 kilos de explosivos de alto poder, cuya capacidad de afectación, según valoraciones técnicas, habría generado un radio de destrucción cercano a los 40 metros.Junto al material explosivo, las autoridades hallaron dos uniformes similares a los utilizados por la Policía Nacional, panfletos alusivos al Frente Joaquín González y una batería de motocicleta. Para las Fuerzas Militares, estos elementos evidencian la intención de esta estructura ilegal de ejecutar acciones de alto impacto, posiblemente mediante engaños a la población o suplantación de la autoridad.Tras el hallazgo, el grupo antiexplosivos de la Policía Nacional adelantó la destrucción controlada del material, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de operaciones. Los demás elementos incautados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para el avance de los procesos judiciales correspondientes.Según información de inteligencia, este grupo disidente estaría involucrado en actividades como extorsión, control territorial, reclutamiento forzado y acciones violentas contra la fuerza pública y la población civil.
Expertos antiexplosivos del Ejército y de la Policía desactivaron de manera controlada un vehículo tipo camioneta platón que había sido cargada con más de 200 kilos de explosivos de alto poder destructivo en el municipio de Belén de los Andaquíes en el sur del Caquetá.El gobernador de ese departamento Luis Francisco Ruiz Aguilar, rechazó el frustrado atentado terrorista y expresó que teniendo en cuenta la cantidad de explosivos acondicionados en el automotor el daño habría sido “catastrófico” y había podido afectar tres cuadras a la redonda.Por su parte el general Sergio Guzmán Jaimes, comandante de la Décimo Segunda Brigada del Ejército Nacional, no descartó que esta acción terrorista haya sido autoría de los grupos armados organizados que delinquen el sur del país.“Afortunadamente en un trabajo coordinado entre el Ejército y nuestra Policía logramos neutralizar una acción terrorista que en estos momentos estuviera enlutando al pueblo caqueteños, con esta acción terrorista los diferentes grupos armados que delinquen en la región no les importa los daños colaterales, si, este carrobomba hubiera estallado, el efecto había sido devastador en un municipio tan pequeño como es Belén de los Andaquíes”, dijo el comandante de la unidad militar.Asimismo, la Policía anunció que ya se dispuso de un equipo especializado coordinado con la Fiscalía para adelantar las investigaciones pertinentes, mientras, que la Gobernación del Caquetá ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien brinde información de los responsables que dejaron abandonado el carrobomba.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Hato Corozal, Casanare, Darío Yesid García Barray, por un presunto incumplimiento en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante la vigencia 2022.De acuerdo con la investigación, el servicio de alimentación dirigido a los estudiantes de las instituciones educativas del área urbana del municipio no se habría iniciado desde el comienzo del calendario académico, como lo establecen las normas que regulan el programa.Según el ente de control, el PAE únicamente se habría prestado durante seis jornadas escolares en octubre y 17 en noviembre, lo que indica que su ejecución se concentró en la parte final del año escolar, afectando el acceso oportuno de los estudiantes a este beneficio.La Procuraduría señaló que el suministro de la alimentación escolar debía garantizarse desde el primer día de clases, con el fin de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes beneficiarios del programa.Por estos hechos, la Procuraduría Regional de Instrucción de Casanare calificó provisionalmente la conducta como falta grave cometida a título de culpa gravísima, y continuará el proceso disciplinario para determinar la eventual responsabilidad del exmandatario municipal.
Colombia cierra 2025 entre la incertidumbre económica, el deterioro del orden público y un ambiente político cada vez más tenso. El anuncio del Gobierno de querer decretar una emergencia económica para recaudar recursos que no logró vía reforma tributaria abrió un nuevo debate sobre la institucionalidad, la separación de poderes y la transparencia en la toma de decisiones.Ese escenario fue analizado este 21 de diciembre en Sala de Prensa por la profesora de la Universidad de Los Andes, María Margarita Zuleta, quien hizo una lectura crítica del momento que atraviesa el país. Para la académica, la combinación entre inseguridad, problemas fiscales y decisiones excepcionales sin explicaciones claras está profundizando la desconfianza ciudadana justo antes de un año electoral.En medio de ese análisis, Zuleta fue contundente al referirse al decreto de emergencia económica: “La ausencia de transparencia frente al razonamiento que tiene el Gobierno para decretarla es un poco como tomadera de pelo”. La analista cuestionó que, al momento del anuncio, no se conocieran los considerandos del decreto, es decir, los argumentos que justificarían una medida extraordinaria de ese calibre.Emergencia económica y falta de transparencia en el GobiernoZuleta recordó que, según múltiples expertos, no se identifica una circunstancia sobreviniente o una calamidad reciente que sustente jurídicamente la emergencia. “No conocemos los considerandos del decreto”, insistió, al advertir que esa opacidad debilita la legitimidad de la decisión y podría llevar a que la Corte Constitucional la tumbe.A su juicio, el hecho de que el Congreso haya negado la reforma tributaria no puede presentarse como un hecho inesperado. El último año de gobierno, dijo, históricamente es complejo para aprobar reformas estructurales, por lo que decretar una emergencia en ese contexto agrava el choque entre el Ejecutivo y las demás ramas del poder.'Paca' Zuleta advierte problemas en el gasto público y eficiencia del EstadoMás allá de los nuevos impuestos planteados, la profesora puso el foco en un problema estructural. “Al Gobierno no le interesa la eficiencia del gasto público ni la eficiencia de las políticas públicas”, afirmó, al señalar que existen recursos que se aprueban pero no se ejecutan de manera adecuada ni en los tiempos previstos.Zuleta subrayó que el debate no debería limitarse a recaudar más, sino a garantizar que el dinero público se invierta con rigor, planeación y resultados concretos para los ciudadanos. De lo contrario, advirtió, se seguirán repitiendo crisis fiscales que terminan resolviéndose con medidas excepcionales.El análisis también incluyó la situación de orden público, marcada por la reciente ofensiva del ELN y el temor de muchas comunidades. Para la académica, el país vive una sensación de “vuelta al pasado”, con ciudadanos preguntándose si pueden viajar o si su vida está garantizada.Ese contexto, sumado a la emergencia económica y a los escándalos de corrupción, deja un cierre de año complejo y un 2026 cargado de incertidumbre, donde la confianza en las instituciones será uno de los principales retos.