Desde la Escuela José Maria Córdova, el presidente Gustavo Petro se refirió al balance de las Fuerzas Militares durante este año. El mandatario aseguró que la guerra se ha modificado y ahora los ataques vienen desde herramientas tecnológicas como el uso de drones, reconoció que la fuerza pública no ha tenido la capacidad para responder.“Ahora ha cambiado la guerra, es una guerra de drones y antidrones. Llevo tres años pidiendo antidrones. Un muerto y diez heridos de la Armada, 36 de la Policía, aquí ajustando, casi 300 heridos y 58 muertos por fuego de drones. Aquí estamos ante la ventaja que tenía el Ejército y las fuerzas militares, que era aérea, ahora es al revés, la tiene el narcotráfico que puede comprar eso en efectivo y por miles y nuestro aparato administrativo no lo hace”, dijo.En respuesta el general Hugo López, comandante de las FFMM, aseguró que este año se destinaron 800.000 millones para adquirir antidrones. “Tenemos más o menos 1.500 equipos por todo el territorio nacional. De acuerdo a la instrucción del presidente, asignó 800.000 al Ejército para este año para que cada pelotón y unidad táctica tenga la capacidad de protegerse. Para el año 2026 hay asignado 1 billón para fortalecer la inteligencia, dron y antidrones”.Cabe mencionar que las finanzas del sector de Defensa se verá afectadas por el aumento del salario mínimo pues el Gobierno prometió pagar este monto a uniformados por lo que los cálculos con los que se hizo el presupuesto para el 2026 no son correctos. El presidente Gustavo Petro pidió una reunión de los ministros de Hacienda y Defensa para evaluar modificaciones y mencionó que utilizaría la emergencia económica para hacer los ajuste
El aumento del salario mínimo para 2026 fue celebrado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Su presidente, Fabio Arias, aseguró que la organización sindical está “de fiesta” tras la decisión del Gobierno Nacional, al considerar que se trata de un hecho histórico que responde a una demanda sostenida de la clase trabajadora en Colombia.En declaraciones a Recap de Blu Radio, Arias afirmó que el incremento marca un punto de quiebre frente a gobiernos anteriores. “Para nosotros es estar de fiesta: recibir muy positivamente que un Gobierno, por primera vez de manera importante, reciba el clamor de la clase trabajadora”, señaló el dirigente sindical, quien recordó que en el pasado las decisiones se alineaban, principalmente, con las posiciones de los sectores empresariales.El presidente de la CUT insistió en que el actual Ejecutivo ha mostrado voluntad política para mejorar los ingresos laborales. “Está bien que un Gobierno esté respaldando acciones para mejorar los ingresos de los trabajadores, que es a los que está favoreciendo”, afirmó, al destacar que el salario mínimo impacta directamente a millones de hogares en el país.Durante la concertación, Arias resaltó el peso de los datos técnicos presentados por el DANE. Según explicó, los gremios no lograron controvertir las cifras oficiales. “En la concertación el DANE llevó cifras y los gremios no pudieron refutarlas, porque dato mata relato”, aseguró, defendiendo el sustento técnico del incremento aprobado.El dirigente sindical también enfatizó en el efecto económico del aumento del salario mínimo para 2026. “El comercio, al tener trabajadores con más ingresos, hace que demanden más bienes y servicios”, explicó, al señalar que esto se traduce en un crecimiento del consumo interno de los hogares. En esa línea, reiteró: “Creemos que con este incremento los trabajadores van a tener más dinero y vamos a consumir mucho más”.Arias subrayó que el fortalecimiento del consumo contradice los argumentos que advierten impactos negativos sobre la economía. “Incrementando los salarios se incrementa la capacidad de consumo de los hogares”, insistió, reiterando que los datos respaldan esta afirmación.Finalmente, el presidente de la CUT planteó el aumento del salario mínimo como un paso hacia una mayor equidad. “El empresario se ha venido quedando con la mayor parte de la producción; es benéfico que nos den un poquito más a los trabajadores”, dijo, al recordar que “Colombia es uno de los países más desiguales del planeta”. Para el sindicalismo, este ajuste empieza a marcar un camino para reducir brechas sociales y avanzar hacia una distribución más justa del ingreso.
Finalmente, se confirmó el aumento del salario mínimo para el 2026 por parte del Gobierno nacional. El anuncio lo hizo el presidente Gustavo Petro confirmando un incremento del 23 %, es decir, un monto de 1.750.905 pesos y de $2.000.000 con subsidio de transporte.No obstante, algunos sectores han expresado cierta preocupación en torno a este anuncio por parte del Gobierno; por ejemplo, según la presidenta de Acopi, María Elena Ospina, en diálogo con Recap de Blu Radio, esto también afecta el crecimiento empresarial al aumentar el costo y lo difícil que puede llegar a ser mantener algunas nóminas."Hacemos un llamado al Gobierno nacional para que de manera urgente, además, que se adopten políticas complementarias que mitiguen el impacto del incremento salarial sobre las MiPymes, que promuevan la productividad y que eviten efectos adversos sobre el empleo formal. Esto, yo pienso que aquí tienen que haber unas líneas de crédito especiales para las MiPymes, entre otras cosas, tiene que haber unas políticas complementarias, como por ejemplo, tarifas diferenciales de renta. La otra cosa es alivios tributarios. Pueden suceder, lo que pasa es que no vemos la voluntad de este Gobierno para hacerlo", indicó.Al igual que dijo el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya, que pone en riesgo la economía de miles familias colombianas para el 2026 y el impacto sobre el consumo de la canasta familiar."En nuestro caso, resulta complejo poner este tema sobre la mesa, teniendo en cuenta que la Sociedad de Agricultores de Colombia agrupa a 21 sectores productivos. Además, es importante recordar que la tasa de informalidad laboral en el campo supera el 83 %. Por esta razón, cualquier medida que termine alejando a las personas de la formalidad laboral no solo afecta al sector, sino que perjudica directamente a los trabajadores. Por otro lado, también es necesario analizar lo que ocurre con los sectores que dependen del mercado internacional", dijo.Por otro lado, sectores políticos se han pronunciado en torno a este anuncio. Por ejemplo, cercanos al presidente como el ministro del Interior, Armando Benedetti, celebraron la noticia al asegurar que "la gente podrá comer" gracias a esta decisión del Gobierno. Mismo apoyo que manifestó Germán Bahamón, presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, al decir que es un desarrollo para las familias colombianas."Salario mínimo en 2 millones de pesos porque la canasta familiar vale 3.2 millones de pesos. Luego es un salario mínimo vital para que la gente pueda comer. Felicitaciones a la clase trabajadora y obrera de este país. @petrogustavo es un berraco! #SalarioVitalDigno", dijo el ministro del Interior.Sin embargo, otros mostraron preocupación, como la Andi que ve como un riesgo este incremento en el futuro del empleo en Colombia y la sostenibilidad de las empresas. "Se generan riesgos significativos para los hogares colombianos y para la economía del país, particularmente en lo relacionado con el aumento de la inflación y de los precios de múltiples bienes y servicios, el impacto sobre el empleo y las finanzas públicas. La inflación, sin duda, es una de las variables que más afecta a los ciudadanos en condición de mayor vulnerabilidad", expresaron.
Luego de varias semanas de especulación, en las que las centrales obreras y las agremiaciones empresariales no lograron un acuerdo sobre el incremento del salario mínimo para 2026, este lunes 29 de diciembre el Gobierno de Gustavo Petro confirmó que el alza será del 23 %. La decisión se tomó por decreto y fija el salario mínimo en $1,750,905 a partir del 1 de enero.Por su parte, el auxilio de transporte quedó establecido en $249.095, para un total de $2.000.000. Cabe recordar que este subsidio, por ley, se entrega a los trabajadores que devenguen hasta dos salarios mínimos.El anuncio se dio durante una alocución presidencial a las 7:00 de la noche, en la que el presidente Petro confirmó el porcentaje definitivo, luego de que a comienzos de mes se hablara de un incremento del 12 % y, posteriormente, de una cifra cercana al 19 %. Con esta decisión, se pone fin a la incertidumbre que marcó la recta final de las negociaciones.Ahora, los trabajadores que dependen directamente del salario mínimo, que representan poco más del 10 % de la población ocupada del país, podrán ajustar sus cuentas de cara al próximo año. No obstante, el aumento también traerá consigo incrementos en bienes y servicios que suelen ajustarse desde el primero de enero.Del lado empresarial, las compañías deberán recalcular sus presupuestos para asumir el aumento en nóminas, así como los mayores costos asociados a seguridad social, primas, vacaciones y cesantías, que se liquidan con base en el salario mínimo.Aumento del salario mínimo amplía beneficiados con auxilio de transporteCon el nuevo salario mínimo, algunos trabajadores que antes no recibían el auxilio de transporte ahora sí podrán acceder a este beneficio. Esto aplica para quienes en 2025 ganaban más de dos salarios mínimos, pero que con el nuevo ajuste quedan por debajo del nuevo tope.Por ejemplo, una persona que actualmente percibe $2.847.000 mensuales empezará a recibir el auxilio de transporte desde enero de 2026.¿Por qué el salario mínimo subió 23 % en 2026?Según explicó el Gobierno Nacional, el incremento del 23 % responde a la intención de avanzar hacia el llamado Salario Mínimo Vital, un concepto que se incluyó por primera vez de manera formal en la discusión salarial. La medida busca reducir la brecha entre los ingresos reales de los trabajadores y el salario que permitiría cubrir las necesidades básicas.De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el salario debe ser suficiente para garantizar condiciones mínimas de bienestar a los trabajadores y sus familias. Bajo ese cálculo, el Gobierno señaló que el salario mínimo debería ubicarse en $1.826.190 sin auxilio de transporte.Sin embargo, la administración aclaró que alcanzar ese nivel debe hacerse de forma progresiva y no mediante un solo ajuste anual, razón por la cual el aumento del 23 % se plantea como un primer paso en esa dirección.
Desarticulan en corregimiento San Antonio de Prado de Medellín una red criminal dedicada al secuestro y la extorsión. Tras siete meses de investigación, nueve personas fueron capturadas por su presunta participación en amenazas y cobros ilegales que afectan a comerciantes y trabajadores del sectorUn operativo del Gaula de la Policía Nacional permitió desarticular una red criminal dedicada al secuestro y la extorsión que operaba en el corregimiento de San Antonio de Prado y otros sectores del suroccidente de Medellín. La acción fue el resultado de una investigación que se extendió durante siete meses y que permitió identificar la estructura y el modo de operación del grupo conocido como ‘El Limonar’.Durante el procedimiento fueron capturadas nueve personas, señaladas de integrar este grupo delincuencial organizado. Entre los detenidos se encuentran dos presuntos coordinadores, conocidos con los alias de 'Orejas' y 'Camilo', quienes, según el material probatorio recopilado por las autoridades, serían los encargados de dirigir las actividades criminales de la organización.Las extorsiones y presiones ejercidas por el grupo se convirtieron en un problema recurrente para quienes desarrollan actividades económicas en la zona, lo que motivó el fortalecimiento de las labores investigativas por parte del Gaula. Las autoridades lograron recolectar información clave que permitió ubicar a los presuntos responsables y ejecutar las capturas de manera simultánea, como lo destacó el general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana.“Son requeridas por los delitos de secuestro, extorsión, concierto para delinquir, desplazamiento forzado, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de sustancias. Este grupo de delincuencia común organizada estaría alineado a un grupo de delincuencia organizada denominado Los Trian y venían afectando a comerciantes, residentes, parqueados y trabajadores”, dijo el general Castaño.Durante el operativo también fueron incautados cinco teléfonos celulares, los cuales quedaron a disposición de la autoridad judicial. Estos dispositivos serán sometidos a análisis técnico con el fin de obtener información que refuerce el proceso investigativo y la judicialización de los capturados.Por lo pronto, los nueve detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. En las audiencias de control de garantías se definirá su situación jurídica, mientras avanzan los procesos judiciales relacionados con los hechos que se les atribuyen.
En diálogo con Mañanas Blu, el presidente del Senado de la República, Lidio García, se pronunció de manera contundente sobre la reciente declaratoria de emergencia económica por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro. García advirtió que el Congreso iniciará un riguroso control político a esta medida, la cual considera innecesaria y potencialmente perjudicial para las finanzas de los colombianos,.Control político a la emergencia económicaEl presidente del Legislativo informó que, aunque las sesiones extraordinarias estaban inicialmente programadas para debatir los ascensos de militares y policías, la agenda se extendió debido a la polémica que rodea el decreto de emergencia económica. "Vamos a empezar el control político de la emergencia económica", afirmó García, señalando que el país tiene derecho a conocer qué hay detrás de esta decisión.García explicó que el Congreso tiene la potestad legal de revisar este informe, a pesar de que el gobierno cuenta con un plazo de hasta 40 días para presentarlo formalmente. Según el senador, el debate es urgente porque existe la sospecha de que el Ejecutivo busca implementar, vía decreto, reformas o cargas tributarias que no fueron aprobadas previamente en el legislativo. "El país tiene que saber todo lo que está pasando", enfatizó el presidente del Senado."No más impuestos" y la baja ejecución presupuestalUno de los puntos más críticos de la intervención de Lidio García fue su rechazo a la posibilidad de que la emergencia económica derive en nuevos gravámenes. "Este país no aguanta un impuesto más", sentenció, argumentando que una emergencia de este tipo suele traer consigo nuevas cargas fiscales.Además, el senador cuestionó la justificación de la medida al señalar que el gobierno actual cuenta con una cantidad significativa de recursos sin ejecutar. Para García, resulta "inconcebible" que se hable de una emergencia económica cuando hay "tanta plata sin ejecutar" en las arcas del Estado, sugiriendo que el problema no es de falta de recursos, sino de gestión.Asamblea ConstituyenteGarcía no dudó en calificar estas movidas del Ejecutivo como una "jugada política" de cara a los próximos ciclos electorales. Según su visión, tanto la emergencia económica como la propuesta de convocar a una Asamblea Constituyente son herramientas para mantener la presencia del gobierno en las calles durante el debate electoral para el Congreso y la Presidencia.Escuche aquí la entrevista:
En Santander, las autoridades se encuentran en alerta debido al aumento de lesionados con pólvora, hasta la fecha ya son 10 los menores de 18 años y 22 los adultos reportados.“A toda la comunidad santandereana, para que evitemos la manipulación de la pólvora y en especial a los padres de familia para que los menores de edad no manipulen la pólvora, la mitad de los lesionados en Colombia están asociados a menores de edad”, afirmo Edwin Prada, secretario de Salud de Santander.De acuerdo con el sistema de vigilancia en salud pública, entre las personas quemadas hay un menor de edad que se encontraba en compañía de un adulto en estado de embriaguez.Entre los municipios donde se han registrado quemados están: Mogotes, Sabana de Torres y Floridablanca. Frente a las cifras, Orlando Quintero, subgerente del Hospital Universitario de Santander (HUS) invitó al no uso de juegos pirotécnicos, “la pólvora no es un juego, la mejor decisión es no manipularla”.Las autoridades hacen un llamado a tener cuidado con el uso de voladores en especial, con los totes, lo que llamamos quintos, ya que cualquier manipulación indebida de pólvora puede presentar alguna alteración.Cabe destacar, que las sanciones por la manipulación de la pólvora son de hasta 32 salarios mínimos diarios vigentes, alrededor de un millón quinientos mil pesos.Según la información reportada por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, en la capital santandereana no se registraron quemados por manipulación de pólvora el 24 de diciembre.
Una emergencia de grandes proporciones sacudió a los comerciantes y usuarios de la plaza de mercado Torcoroma durante la tarde de este domingo, 28 de diciembre. Un incendio estructural, que inició en el interior del centro de acopio, movilizó al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja en una operación que requirió el despliegue de toda su capacidad operativa para evitar una tragedia mayor.La emergencia comenzó a reportarse al finalizar la tarde, cuando una densa columna de humo negro empezó a elevarse sobre el sector, siendo visible desde varias calles a la redonda. El fuego se extendió con rapidez, consumiendo inicialmente la mercancía y el mobiliario de dos establecimientos, lo que generó momentos de profunda angustia entre los vendedores y habitantes de la zona que observaban con impotencia desde las afueras del lugar.Para atender el siniestro, el organismo de socorro dispuso de tres máquinas extintoras y un equipo humano de 40 unidades. Gracias a esta intervención, las llamas fueron controladas antes de que lograran propagarse al resto de la infraestructura de la plaza. No obstante, el balance final entregado por las autoridades tras las labores de extinción y enfriamiento confirmó que diez locales comerciales resultaron afectados por la acción directa del fuego.A través de grabaciones compartidas en redes sociales, quedó registrado el arduo trabajo de los bomberos al interior de la plaza, mientras el humo inundaba los pasillos y amenazaba los puestos colindantes. Hasta el momento se desconocen las causas exactas que originaron el incendio, por lo que se esperan los resultados de la investigación técnica para esclarecer lo sucedido.En el marco de esta emergencia y dada la temporada de fin de año, las autoridades de socorro han emitido un llamado urgente a la ciudadanía para extremar las medidas de prevención.Entre las recomendaciones principales se destaca evitar la sobrecarga de tomas eléctricas, no realizar conexiones informales y mantener una vigilancia estricta sobre el uso de velas y gasodomésticos. Asimismo, recordaron que el uso de pólvora está estrictamente prohibido y que, ante cualquier señal de peligro, la comunidad debe comunicarse de inmediato con la línea de emergencias 123 para garantizar una atención prioritaria.
El almirante Francisco Cubides se despidió del comando general de las Fuerzas Militares, luego del nombramiento del general Hugo López como nuevo comandante. A su salida, el almirante destacó el sacrificio, la vocación de servicio y la unidad operacional de soldados, marinos y aviadores que integran la institución a lo largo y ancho del país.Cubides aseguró que su paso por el comando general estuvo marcado por el orgullo de liderar a hombres y mujeres que, incluso en los rincones más apartados del país, custodian la soberanía y velan por la seguridad de los colombianos. “Fui testigo diario de la esencia misma del heroísmo colombiano”, afirmó el oficial, al tiempo que agradeció el esfuerzo incansable del personal militar y el respaldo de sus familias.El almirante resaltó que los resultados operacionales alcanzados durante su gestión no obedecen al liderazgo de una sola persona, sino al trabajo conjunto y a la valentía de toda la Fuerza Pública. “Los colombianos reconocen su entrega, su coraje, su compromiso y su disciplina”, señaló, subrayando que ese sacrificio constituye la columna vertebral de la institucionalidad del país.Uno de los ejes centrales de su mensaje fue la importancia de la conjuntez como pilar estratégico. Cubides agradeció de manera especial a los generales y almirantes de la cúpula militar saliente por haber creído en el trabajo articulado entre las fuerzas. Según indicó, esa unidad de criterio y de acción permitió enfrentar con éxito los desafíos más complejos que amenazan la estabilidad de Colombia.En su despedida, el oficial naval extendió un mensaje directo a la nueva cúpula militar que asume el mando, a la que deseó éxito y sabiduría en la conducción de la institución. “Queda en sus manos el tesoro más grande de Colombia: sus soldados, marinos y aviadores”, expresó, al tiempo que los instó a preservar el legado de honor y disciplina.“Me retiro con la satisfacción del deber cumplido. Servir a Colombia ha sido el mayor honor de mi vida. Tengo la plena certeza de que nuestras Fuerzas Militares que a partir de ahora serán lideradas por el señor general Hugo López, seguirán siendo el bastión que sostiene la patria, firmes en la defensa de la soberanía, la paz y la esperanza de cada hogar colombiano”, indicó.Cubides también hizo un llamado a todo el personal de las Fuerzas Militares para continuar trabajando por la paz, manteniendo la mística, la convicción y el compromiso con la defensa de la democracia, las instituciones y el pueblo colombiano. “Sigan siendo los guardianes de la soberanía nacional”, enfatizó.Finalmente, el almirante se despidió asegurando que, aunque deja el cargo, el servicio a la nación no termina. “El compromiso con Colombia jamás acaba”, concluyó, cerrando su gestión con un mensaje de gratitud, admiración y reconocimiento hacia quienes continúan portando el uniforme de la Patria.
En un nuevo cuestionamiento a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, el presidente Gustavo Petro habló de una supuesta inacción de la entidad para pedir la extradición de alias el 'Mono Arley', señalado de ser lavador de activos del ELN y capturado en España.“Otra vez una Fiscalía política. Perdí mi tiempo en eso. Velasco ahora es víctima de su propio invento. La Fiscalía debe ser independiente de la política para ser garantía de seguridad de la ciudadanía. Extrañamente ahora no piden la extradición del capo del ELN, ¿será para decir que yo soy su aliado? Yo no soy aliado de ellos, que asesinan sistemáticamente campesinos por codicia”, escribió en X.El mandatario se refirió a los diálogos suspendidos con esta organización criminal, insistiendo en un llamado para que dejen de delinquir, y concluyó su mensaje pidiendo a la Fiscalía solicitar la extradición de este criminal.“Gerly Sánchez Villamizar está ingresado en la prisión de Soto del Real, a la espera de ejecutar la extradición que está tramitando Interpol. En este momento todavía no he podido localizar a nadie en las oficinas de Interpol para conocer fechas o datos más concretos. Sigo haciendo llamadas y, en cuanto averigüe algo más, informo”, dijo.La Fiscalía General de la Nación respondió desmintiendo al mandatario y explicando que el pasado 28 de noviembre, por medio de la Dirección de Asuntos Internacionales, se presentó una solicitud formal de extradición contra Gerly Sánchez Villamizar, conocido como ‘Mono Gerley’, a quien señalan como articulador de una red de lavado de activos al servicio del ELN.Señalan, además, que esta persona fue capturada en España gracias al trabajo coordinado entre la Fiscalía General de la Nación, la Dijín de la Policía Nacional y la Guardia Civil española; asimismo, aclaran que todo el procedimiento de extradición se ha tramitado conforme a las vías legales y diplomáticas correspondientes, sin que se hayan presentado omisiones ni dilaciones.
Bajo observación médica permanece recluido en el Hospital Universitario de Neiva un bebé de tan solo cinco meses de nacido, que resultó herido en medio de un hecho de atraco cometido por delincuentes motorizados en un sector del barrio La Trinidad, en el norte de la ciudad.De acuerdo con versiones de las autoridades, la pareja, al oponer resistencia al atraco, fue atacada por los asaltantes con armas traumáticas. Uno de los disparos impactó al menor, quien por fortuna se encuentra fuera de peligro, según el parte médico entregado por el centro asistencial.“Dos personas que se movilizaban en motocicleta junto a un menor de brazos fueron víctimas de hurto en el barrio La Trinidad. Las víctimas, al oponer resistencia, resultaron lesionadas con armas traumáticas, incluido el bebé de brazos, quien actualmente continúa en un centro asistencial y, gracias a Dios, la herida que recibió no es de gravedad”, dijo el coronel Héctor Jairo Betancourt, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva.Agregó el oficial que, con el apoyo de la comunidad del sector, las pertenencias que les fueron hurtadas a las víctimas de este hecho de inseguridad fueron recuperadas horas después por los uniformados y entregadas a sus propietarios.Entre tanto, funcionarios de la Sijín adelantan las investigaciones, verificando cámaras de seguridad y otras evidencias, con el fin de identificar y dar con la ubicación de los responsables del atraco, que por poco termina en tragedia. No obstante, los habitantes del sector piden mayor presencia policial y mejoras en el sistema de alumbrado público, ante los reiterados casos de robo que se han registrado, principalmente en horas de la noche.
La Defensoría del Pueblo alertó sobre la grave crisis humanitaria que atraviesa la subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, donde los enfrentamientos entre grupos armados ilegales han provocado más de 78.000 desplazamientos forzados durante 2025. Tibú y El Tarra figuran entre los municipios más afectados por un conflicto que no da tregua y que ha generado confinamientos, amenazas y violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).El organismo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 017 de 2025 ante el recrudecimiento de la violencia entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las extintas Farc —Frente 33 y Bloque Magdalena Medio—, así como por el control territorial ejercido por el ELN en amplias zonas rurales. En este escenario confluyen economías ilegales, débil presencia estatal y una estructura de poder paralelo que impone restricciones de movilidad, normas de conducta y prácticas de coerción social sobre la población civil.En mayo, el Gobierno nacional autorizó la creación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) para miembros del Frente 33 en Tibú, medida que fue prorrogada el 23 de diciembre sin que hasta la fecha existan los protocolos necesarios para su funcionamiento. La Defensoría advirtió que la persistencia del conflicto armado en el área hace inviable esta iniciativa y podría aumentar los riesgos humanitarios para las comunidades cercanas.Los hechos más recientes agravan el panorama. Desde el 14 de diciembre se registran nuevos enfrentamientos en Tibú y El Tarra, que han dejado decenas de familias desplazadas y miles confinadas. Solo en el corregimiento de Pachelli, cerca de 1.500 familias —unas 6.000 personas— permanecen sin acceso a alimentos ni servicios básicos por los combates y el paro armado del ELN. En la vereda Kilómetro 16, 223 personas tuvieron que abandonar sus hogares, mientras que los ataques con drones en Filo Gringo mantienen aisladas a varias comunidades rurales.La Defensoría alertó además que las alcaldías de Cúcuta y Tibú no tienen la capacidad operativa ni presupuestal para responder a la emergencia, debido al vencimiento de contratos del personal de atención y del operador logístico. La falta de seguridad en el territorio ha impedido verificar de manera directa los nuevos desplazamientos, por lo que se presume un subregistro significativo.Ante esta situación, el organismo pidió al Gobierno nacional y a las autoridades locales fortalecer las rutas de atención humanitaria, garantizar el envío de ayuda inmediata y activar corredores humanitarios para las zonas más afectadas. También llamó a los grupos armados ilegales a cesar las hostilidades y respetar el Derecho Internacional Humanitario, para evitar que la crisis siga cobrando víctimas en el Catatumbo.Al llamado de la Defensoría del Pueblo se suma la alerta que emiten cerca de 28 organizaciones sociales de la región del Catatumbo en la que claman acciones inmediatas por parte de los grupos armados ilegales y los organismos del Estado."Alertamos sobre la grave escalada de la crisis humanitaria en el Catatumbo en los últimos días. Las confrontaciones armadas han generado más de 300 personas desplazadas, cierre de vías, presencia de artefactos explosivos, bloqueo a misiones médicas y graves afectaciones a la población civil", indicaron.Agregaron que la actual situación que ya había sido advertida por la mesa humanitaria desde noviembre, pone en alto riesgo a las comunidades campesinas e indígenas, especialmente a niñas, niños, personas mayores y líderes sociales."Exigimos acciones inmediatas de protección y atención humanitaria por parte del Estado y el respeto al DIH por los actores armados. Seguiremos acompañando a las comunidades por la vida, la paz y la permanencia digna en el Catatumbo".La crisis humanitaria que vive actualmente el Catatumbo empezó el 16 de enero de este año.
En Colombia, la llegada del Año Nuevo no siempre se recibe con brindis, ropa interior amarilla o las tradicionales doce uvas. En muchas regiones del país, especialmente en zonas rurales, el cambio de calendario se vive de otra manera: con rituales cargados de simbolismo, heredados de generación en generación y alejados de lo que suele verse en las grandes ciudades.Para miles de familias, el inicio del nuevo año está marcado por agüeros poco conocidos, pero profundamente arraigados en la vida cotidiana. Son prácticas que combinan creencias, memoria colectiva y una relación cercana con la naturaleza, y que aún hoy se mantienen vivas en distintos rincones del país.Agüeros de Año Nuevo que se practican en zonas rurales de ColombiaEn corregimientos de Santander y Norte de Santander existe la costumbre de dormir con una cebolla partida en cuatro partes, colocada en un plato sin sal debajo de la cama. Al amanecer, cada trozo se observa con atención, pues su estado representa un presagio para el año que comienza.Si alguno aparece oscuro, se asocia con enfermedad o traición. En ese caso, el plato se desecha lejos de la vivienda y no se vuelve a usar el lugar donde se cortó la cebolla.En sectores rurales del Meta y Casanare, el fogón se convierte en el centro del ritual. Antes de la medianoche, algunas familias amarran una cuerda roja alrededor del lugar donde se cocina, como símbolo de protección contra la escasez. La cuerda solo se retira después del primer desayuno del año. Si se rompe durante la noche, se interpreta como una señal de dificultades económicas.Rituales de Año Nuevo para protección y limpieza espiritualEn pueblos del sur de Bolívar, los espejos se cubren desde las 11:00 de la noche. La creencia indica que mirarse en el reflejo durante el cambio de año puede hacer que las cargas del pasado permanezcan en el cuerpo. Por eso, los espejos se destapan únicamente al amanecer.Algo similar ocurre en varios municipios del Magdalena Medio, donde durante las campanadas se guarda silencio absoluto. No hay abrazos ni brindis inmediatos. La primera palabra del año solo puede pronunciarse después de beber agua, como una forma de comenzar el ciclo sin discusiones ni malos augurios.Estos agüeros buscan soltar lo negativo del año que terminaEn zonas rurales de Nariño, algunas personas se amarran una hoja de plátano en el tobillo izquierdo antes de la medianoche. La hoja debe caer sola mientras se camina o se baila. Si permanece atada después de las 12, se interpreta como estancamiento.En veredas del Cauca, se quema sal gruesa en una cuchara metálica, mientras que en comunidades afrodescendientes del Pacífico se esconde una pequeña piedra en la boca para luego escupirla en la tierra, como símbolo de liberar rencores.Estos rituales revelan que, en Colombia, el Año Nuevo también se recibe con silencios, gestos mínimos y una profunda conexión con aquello que todavía no se puede controlar.
A escasos ocho meses de finalizar el mandato del presidente Gustavo Petro, el debate sobre una Asamblea Nacional Constituyente ha vuelto al centro de la discusión pública. Tras la reciente inscripción de un comité promotor para recolectar firmas, analistas y expertos constitucionales advierten que el camino jurídico es extremadamente complejo y que la iniciativa podría responder más a una táctica de movilización política que a una posibilidad institucional real.El abogado constitucionalista Juan Manuel Charry se ha mostrado pesimista frente a la viabilidad de esta propuesta, calificando los requisitos legales como "monumentales" bajo el marco de la Constitución de 1991."En mi opinión no estamos para una constituyente. Las condiciones son muy distintas a las que se dieron en 1990. Allá teníamos una guerra declarada de los carteles de la droga contra el Estado y hubo un consenso muy amplio. Hoy las circunstancias son muy diferentes. La Constitución del año 91 reguló cómo deben ser las asambleas constituyentes, como una vía de reforma y establece varios requisitos", dijo Charry.Le puede interesar: No se hará en época electoral”: Petro sobre Asamblea Nacional ConstituyenteA su vez, dijo que "se debe superar un umbral de algo más de 13,300,000 participantes en la votación para que genere efectos jurídicos". "Se busca recolectar las firmas para impulsar lo que sería una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Desde el gobierno han dicho que esto es una iniciativa ciudadana. Si se llega a recolectar un 20% del censo electoral en firmas, es obligatorio el trámite. Serían cerca de 8 millones de firmas que, en mi opinión, son muy difíciles de recaudar y de revisar", aseveró. Charry rechazó el argumento del Gobierno sobre la "obstrucción institucional" en el Congreso como justificación para una constituyente, señalando que es normal en democracia que un presidente deba hacer coaliciones cuando no tiene mayorías propias."Me parece a mí que es más una estrategia de movilización de las bases simpatizantes de la tendencia política del gobierno para darles un propósito de movilización y de cohesión", dijo. Escuche la entrevista aquí:
Una vez más, el presidente Gustavo Petro defendió al general Juan Miguel Huertas y al director de Inteligencia, Wilmar Mejía. A través de su cuenta de X, el mandatario relacionó la información sobre una presunta infiltración de las disidencias a su Gobierno, a través de estos dos altos funcionarios, con un posible plan para que haya un indictment en su contra en EE. UU., con el fin de encarcelarlo. Este estaría relacionado con los supuestos ingresos a su campaña de dinero del narcotráfico.“La importancia de desmontar el análisis falso de Caracol tiene que ver con el intento que hacen algunos odiantes corruptos de entregar pruebas falsas a EE. UU. para un posible indictment y darle razón jurídica al prejuicio que desató la frase: ‘Petro es el jefe de los narcotraficantes’. Expresión mentirosa con la que tratan de destruir a mi familia y al progresismo colombiano”, escribió el mandatario en su cuenta de X.Cabe mencionar que EE. UU. ya lo incluyó en la Lista Clinton, junto a su hijo Nicolás, su esposa Verónica Alcocer y el ministro del Interior, Armando Benedetti. La justificación del Gobierno Trump fue su supuesto rol en el tráfico ilícito de drogas, con niveles de cultivos de coca muy altos. A esto se suma su política de paz total, que es vista como una iniciativa que permitió el florecimiento de los carteles de la droga.El mandatario concluyó escribiendo: “Con Calarcá hoy hay negociaciones en primera fase, sin que haya avanzado a una negociación de paz y sin cese al fuego. Las fuerzas de Calarcá son atacadas por nuestro Ejército y solo de él dependerá si se rompen las negociaciones”.
El excongresista y líder indígena del departamento del Cauca, Feliciano Valencia, quien acompañó activamente la campaña presidencial de Gustavo Petro y Francia Márquez, habló en Mañanas Blu, de las serias acusaciones que pesan sobre la vicepresidenta, las cuales sugieren un presunto acuerdo entre ella y las disidencias de las Farc para facilitar su llegada a la Presidencia de Colombia. Estas alegaciones se basan en chats y comunicaciones hallados a alias 'Calarcá' y publicados en un informe de Noticias Caracol.La campaña en el CaucaFeliciano Valencia enfatizó que, si bien él y miles de personas acompañaron la campaña de Petro y Márquez, su participación se limitó a "motivar a la gente" e "invitarlos a votar". El líder indígena fue categórico al afirmar que nunca se involucraron en asuntos financieros.Detallando el funcionamiento de la campaña en el departamento del Cauca, Valencia aseguró que esta fue "muy austera". Señaló que las comunidades fueron las responsables de financiar la logística, el transporte y las salidas a votar. "Fue una campaña de motivación y autosostenimiento el que nosotros hicimos en el departamento del Cauca," afirmó.Insistió en que, hasta donde él conoce, nunca se ofreció dinero ni a los líderes ni a quienes estaban al frente de las campañas."Esperamos que la justicia como debe ser investigue esta situación, aclare esa situación y pues tome las medidas que después de hacer ese ejercicio de investigación corresponda".Valencia advirtió que, si los órganos judiciales determinan que hubo algo "anómalo" o si la investigación diera "positivo", sería "muy lamentable que esto haya sucedido".Clima de violenciaEn relación con la limpieza del proceso electoral en el Cauca, una región históricamente afectada por la violencia y el control de grupos insurgentes, Valencia negó que hubiera existido coerción de grupos armados ilegales.Indicó que, en el norte del Cauca, la Guardia Indígena siempre estuvo en coordinación con el Ejército Nacional y la Registraduría Nacional en los puestos de votación. Aseguró que en esos puntos no se evidenció que los grupos armados estuvieran obligando a la gente a votar.Sin embargo, el excongresista expresó una profunda preocupación por la actual ola de violencia en el departamento. Mencionó específicamente el reciente comunicado de 'Iván Mordisco', que prácticamente declara la guerra al gobierno nacional. Valencia advirtió que la influencia de este actor en el suroccidente colombiano le preocupa sobremanera, temiendo que esta situación "vaya a dar con el traste la jornada electoral del 2026".Escuche aquí la entrevista:
El Servicio Geológico Colombiano (SGC) registró en las últimas horas un aumento en los eventos sísmicos relacionados con el movimiento de fluidos del volcán de Puracé, ubicado cerca de la ciudad de Popayán, capital del departamento del Cauca, informó este martes la entidad."En las últimas horas se ha registrado un aumento de las señales sísmicas asociadas al movimiento de fluidos (Tremor y Largo Periodo), localizadas debajo del cráter del volcán Puracé a profundidades menores a 1 kilómetros", expresó el SGC en un comunicado.El organismo afirmó que, además de las señales, ha habido incrementos en la salida de gases con "columnas que han alcanzado hasta 1,6 kilómetros de altura y dispersión hacia el suroccidente", lo cual puede incluir pequeñas emisiones de ceniza."El volcán Puracé permanece en estado de alerta amarilla, en el cual pueden presentarse fenómenos como emisiones esporádicas de ceniza, incandescencias, pequeñas explosiones en el cráter, ruidos, olores, precipitación de azufre y lahares menores, entre otros", agregó la información.El Puracé -ubicado a 27 kilómetros de Popayán y en cuya zona de influencia viven, principalmente, comunidades indígenas y campesinas- es uno de los 15 conos que conforman la cadena volcánica Los Coconucos."Se caracteriza por ser un estratovolcán (un tipo de volcán cónico y de gran altura, compuesto por múltiples estratos o capas de lava) de los más activos del país", precisó el SGC.La última erupción de magnitud considerable del Puracé sucedió en marzo de 1977 y, desde 2021, está presentando cambios paulatinos en su actividad.
La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por las revelaciones sobre presuntos vínculos entre integrantes del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), miembros de la Fuerza Pública y funcionarios del Estado, al advertir que las decisiones del Gobierno en el manejo del proceso de paz podrían estar facilitando abusos y desviaciones del propósito de terminar la violencia.El organismo recordó que el Presidente de la República tiene la facultad de suspender órdenes de captura para promover la paz, pero señaló que esa herramienta solo puede usarse con fines humanitarios y no para permitir la movilidad de grupos armados o el encubrimiento de delitos.Mencionó como ejemplo el caso de Anorí, en Antioquia, ocurrido en julio de 2024, donde se detectó el traslado de integrantes del EMBF que no tenían suspensión de captura, junto con dinero, armas y un menor de edad.La Defensoría alertó además sobre las contradicciones entre los compromisos del EMBF en la mesa de diálogo y la situación en los territorios. Aunque el grupo prometió suspender el reclutamiento de menores, concentrarse en una zona temporal y avanzar hacia la dejación de armas, en la práctica se registra un aumento de su presencia armada, expansión territorial y control sobre comunidades en departamentos como Caquetá, Huila, Tolima, Meta, Guaviare y Catatumbo.El comunicado también hace referencia a declaraciones de líderes del EMBF que rechazan públicamente la entrega de armas, así como a revelaciones periodísticas que ponen en duda su voluntad de paz.Ante ello, la Defensoría pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría General de la Nación adelantar investigaciones rápidas e independientes sobre los posibles vínculos entre el grupo armado y funcionarios del Estado, y evaluar el retiro temporal de quienes pudieran estar comprometidos.Finalmente, la entidad insistió en que el país necesita hechos de paz reales y exigió al EMBF la liberación inmediata e incondicional de todos los niños, niñas y adolescentes reclutados, como muestra concreta de compromiso con la reconciliación.
El pasado 21 de diciembre, Bogotá recibió una noticia que conmovió a muchos. Se confirmó la muerte de la presentadora y comunicadora social venezolana Margiory Fiaschi, quien falleció tras una larga lucha contra una lesión cerebral sufrida en 2023. Fue una batalla que enfrentó con discreción, valentía y una fortaleza que mantuvo hasta el final, lejos del ruido mediático y centrada en su proceso personal y familiar.Días antes de su fallecimiento, Fiaschi había compartido un mensaje en redes sociales que despertó preocupación entre sus seguidores. En la publicación se dirigía a su hija de cuatro años y reflexionaba sobre las dificultades de la maternidad, el aprendizaje constante y el “caos” que atravesaba debido a su estado de salud. Sus palabras, sinceras y cargadas de emoción, fueron interpretadas por muchos como una despedida anticipada.Aun en medio de la enfermedad, la presentadora dejó claro que su mayor motor siempre fue su hija, a quien intentó darle lo mejor “entre ensayo y error”. Ese mensaje, que hoy cobra un significado más profundo, generó una ola de reacciones y mensajes de apoyo por parte de quienes siguieron su carrera y su historia personal.Bogotá, la ciudad donde dio su última batallaTras recibir su diagnóstico, Margiory Fiaschi inició un tratamiento médico que la llevó a tomar una decisión difícil: renunciar a Globovisión a finales de 2024 para concentrarse por completo en su recuperación. Bogotá fue la ciudad que la acogió durante esta etapa, donde adelantó su proceso médico acompañada de sus seres queridos.Desde la capital colombiana, la comunicadora continuó compartiendo mensajes de esperanza, reflexión y gratitud, manteniendo un vínculo cercano con sus seguidores. Aunque su estado de salud era reservado, sus publicaciones transmitían serenidad y una mirada honesta sobre la fragilidad de la vida.Tras conocerse su fallecimiento, Globovisión le rindió un sentido homenaje, destacando su legado en el periodismo venezolano y recordándola como una mujer comprometida, luchadora y apasionada por su oficio. El canal resaltó que su voz y su ejemplo seguirán presentes en la memoria de colegas y audiencias.Una carrera sólida en la televisión venezolanaMargiory Fiaschi era graduada de la Universidad Bicentenaria de Aragua y construyó una trayectoria reconocida en la televisión venezolana. Durante más de una década fue uno de los rostros principales de "Entre Noticias", espacio informativo en el que se ganó el respeto del gremio y la confianza de los televidentes.Quienes trabajaron con ella la describen como una profesional rigurosa, cercana y siempre comprometida con el periodismo serio. Hoy, su historia deja una huella que trasciende la pantalla y se conecta con la fortaleza humana con la que enfrentó sus últimos años.
En una audiencia reservada, la juez 131 Penal Municipal con función de control de garantías decidió dejar en libertad, mientras avanza el proceso judicial, a tres de los presuntos implicados en el entramado de corrupción que habría direccionado de manera irregular un contrato cercano a los 32 millones de dólares para el mantenimiento de la flota de helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional. Los hechos investigados se habrían presentado entre septiembre y octubre de 2024.La decisión cobijó al exfuncionario de la Secretaría General del Ministerio de Defensa, Hugo Alejandro Mora Tamayo; al exasesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación del Ministerio de Defensa, Diego Alejandro Manrique Cabezas; y al coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, adscrito a la Brigada de Aviación No. 32 del Ejército Nacional. La juez consideró que, pese a los señalamientos formulados por la Fiscalía, no se acreditaron antecedentes ni factores que permitieran concluir que los procesados representan un peligro para el proceso, razón por la cual negó la imposición de medida de aseguramiento privativa de la libertad.Para el abogado Juan Felipe Criollo, defensa del coronel Rincón, tras la decisión del juzgado “se perdurará y se insistirá en la inocencia del coronel Rincón, y esto se llevará a las etapas ulteriores hasta demostrarlo en su totalidad”.Durante el proceso, la Fiscalía, a través de un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, expuso los presuntos roles que habrían desempeñado los investigados en el proceso contractual. En el caso del coronel Rincón Ricaurte, señaló que, en su condición de gerente del proyecto, habría generado de manera irregular prórrogas para la presentación de cotizaciones, participado indebidamente en la etapa precontractual y certificado, sin soporte, que la empresa Vertol Systems Company contaba con la experiencia e idoneidad técnica requeridas, pese a que el comité evaluador había descartado a ese oferente. También se le atribuye haber intervenido para modificar los estudios financieros y avalar condiciones que impidieron verificar la real capacidad económica del contratista.Respecto a Diego Alejandro Manrique Cabezas, la Fiscalía indicó que presuntamente intervino en la elaboración y evaluación del estudio económico previo, además de modificar los requisitos financieros. Estas actuaciones, según el ente acusador, permitieron aprobar una propuesta sin que fuera posible establecer indicadores clave como liquidez, rentabilidad y capacidad organizacional, exigidos por la normativa vigente para este tipo de contratos.En cuanto a Hugo Alejandro Mora, la investigación sostiene que, pese a conocer las irregularidades del proceso y el incumplimiento de los requisitos legales, habría suscrito el contrato No. 012 de 2024 el 31 de diciembre de ese año. Posteriormente, habría viabilizado la modificación de la forma de pago, autorizando un anticipo del 50 % del valor total del contrato, equivalente a más de 16 millones de dólares, recursos que fueron consignados en una cuenta del contratista en Estados Unidos.
Un total de 2.882 nuevos soldados profesionales del Ejército comenzarán a operar en distintas regiones del país tras culminar su proceso de formación en la Escuela de Soldados Profesionales SL Pedro Pascasio Martínez Rojas, con el objetivo de fortalecer las capacidades de seguridad y control territorial.Los uniformados hacen parte del Curso Extraordinario N.° 81 SLP Salamanca Rodríguez Edinson, que cerró su ciclo académico con una ceremonia presidida por el general Federico Mejía, director del Centro Nacional de Entrenamiento. Durante el acto, la formación militar recordó la batalla de Ayacucho como referente histórico del Ejército.La preparación de los nuevos soldados se desarrolló durante dos meses e incluyó entrenamiento táctico, operacional y formación en derechos y deberes, con énfasis en las tareas que deberán cumplir en las diferentes unidades a las que serán asignados en el territorio nacional.Dentro de este grupo, 122 soldados obtuvieron certificación como Socorristas Militares, lo que les permitirá apoyar la atención de emergencias, labores humanitarias y la protección de civiles en zonas donde el Ejército mantiene presencia operativa.La institución también informó que cuatro integrantes del curso —Henry Javier Córdova Moreno, Gilmar Yesid Furnieles Vásquez, Brayan Stiven Quiroga Guzmán y Sergio Armando Téllez Navarrete— obtuvieron los mejores resultados académicos y operacionales del proceso de formación.Con esta incorporación, el Ejército amplía su pie de fuerza en un contexto marcado por retos de seguridad en varias regiones del país, donde las autoridades buscan mejorar la presencia institucional y la capacidad de respuesta frente a amenazas armadas y emergencias humanitarias.
La paz en Colombia dejó de ser una promesa abstracta para convertirse en una realidad tangible en distintos territorios del país. Así lo demuestra el balance presentado por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), que durante 2025 impulsó iniciativas, proyectos productivos e inversiones clave para fortalecer la reincorporación y evitar la repetición del conflicto armado.El siguiente video recoge los principales hitos de este proceso y evidencia cómo el trabajo articulado entre el Estado, las comunidades y las personas firmantes de paz ha permitido abrir nuevas oportunidades y sembrar arraigo a la vida civil.Durante el año, la educación se consolidó como uno de los principales pilares de la construcción de paz. Más de 10.200 personas en proceso de reincorporación lograron elevar su nivel de escolaridad, mientras que firmantes del Acuerdo de Paz y sus hijos e hijas accedieron a educación superior, gracias a convenios estratégicos como el firmado con el Icetex. Estas acciones no solo fortalecen las capacidades individuales, sino que también impactan de manera directa la sostenibilidad económica de las familias.En materia productiva, la ARN impulsó 6.097 proyectos —tanto individuales como colectivos— que recibieron inversiones superiores a los 104.000 millones de pesos. A esto se suman los convenios con el Fondo Emprender del SENA y el Banco Agrario, que abrieron nuevas puertas para el emprendimiento, el acceso a crédito y la generación de ingresos en los territorios.Sin embargo, el avance hacia la paz no se limita a lo económico. La reconstrucción del tejido social fue otro eje fundamental en 2025. A través de las agendas comunitarias, diálogos para el futuro, se promovieron espacios de reconciliación y convivencia pacífica en 66 territorios, con la participación de más de 9.540 personas entre comunidades y firmantes de paz.El año también marcó un hito histórico en el cumplimiento de compromisos: cerca de 18.500 hectáreas adquiridas y 347 viviendas entregadas o en proceso de entrega desde la firma del Acuerdo de Paz, fortaleciendo el arraigo territorial y los proyectos de vida de quienes apostaron por dejar las armas.Para 2026, la ARN y el Gobierno del Cambio reiteran su compromiso de seguir llegando a los territorios históricamente marginados, entendiendo que la paz crece cuando la reincorporación se fortalece desde lo local y se traduce en transformaciones reales para Colombia.
La Defensoría del Pueblo advirtió que entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2025 se registraron 165 asesinatos de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos en el país. Del total de casos confirmados, 143 corresponden a hombres y 22 a mujeres, lo que refleja una grave y sostenida vulneración a quienes promueven la defensa de los derechos y la paz en los territorios.Los datos revelan que los meses con mayor número de homicidios fueron marzo (20 casos), julio (19) y noviembre (18). Desde enero de 2016 hasta noviembre de 2025, la Defensoría ha documentado 1.653 asesinatos de líderes y defensores, una cifra que pone en evidencia la magnitud de la crisis y la necesidad de reforzar la protección institucional.A las cifras de la Defensoría se suman los datos de Indepaz, que confirman la persistencia de un patrón sistemático de violencia y silenciamiento contra quienes defienden la vida, los derechos humanos y la implementación del Acuerdo de Paz. El instituto señala que el asesinato de líderes sociales, de firmantes de paz y la repetición de masacres en distintos departamentos no solo responde a la acción de grupos armados ilegales, sino también a profundas fallas estructurales del Estado en materia de prevención, protección y garantías de no repetición.Las organizaciones defensoras de derechos humanos coinciden en que el Estado colombiano sigue en deuda con las comunidades rurales y los procesos sociales que, a pesar de los riesgos, continúan promoviendo la reconciliación y la defensa del territorio.Mientras tanto, colectivos como las Tejedoras de Vida del Putumayo mantienen viva la voz de resistencia con una pregunta que se repite en cada marcha y conmemoración: “¿Por qué nos matan?”.El llamado de las entidades es urgente: fortalecer los mecanismos de seguridad para los líderes sociales, garantizar justicia frente a los crímenes y avanzar en una política integral de protección que ponga fin a la impunidad y al miedo que sigue acechando a quienes defienden la paz.
El Ministerio de Transporte solicitó a la Aeronáutica Civil exigir a las aerolíneas que se autorregulen en los precios de los tiquetes durante la temporada de fin de año y adopten un techo tarifario, en medio del aumento en la demanda de vuelos nacionales e internacionales.Según proyecciones del Ministerio, entre el 19 de diciembre de 2025 y el 5 de enero de 2026 se movilizarán más de 3,2 millones de pasajeros por vía aérea. De ese total, cerca de dos millones corresponden a vuelos nacionales y más de 1,2 millones a trayectos internacionales.La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, advirtió que no se permitirán incrementos desproporcionados en los precios y cuestionó el comportamiento reciente de algunas tarifas.“No puede ser, como lo comprobamos esta mañana, que un tiquete a Cartagena cueste lo mismo que un tiquete a Miami”, afirmó, al recordar que las aerolíneas reciben incentivos, rutas y beneficios que deberían reflejarse en precios razonables para los usuarios.Por su parte, el presidente Gustavo Petro advirtió que, además de la autorregulación, es necesario aumentar la competencia en el sector aéreo para evitar que pocas empresas concentren los vuelos y puedan fijar precios elevados. “La solución es más competencia, es decir, más aerolíneas, incluida Satena, la verdadera empresa nacional de aviación civil, teniendo derecho a slots”, señaló.Al mismo tiempo, entre el 25 de diciembre y el 1 de enero, se estima que 2.307.130 pasajeros se desplacen desde las terminales terrestres del país en más de 215.000 vehículos. A esto se suma el flujo por carretera: solo entre el 1 y el 28 de diciembre, más de 25,4 millones de vehículos transitaron por los peajes nacionales, superando las cifras del mismo periodo del año anterior.Desde el Gobierno advirtieron que “las empresas que se autorregulen, cumplan la norma y garanticen transparencia al usuario contarán con el respaldo e incentivos del Gobierno Nacional”.