La investigación por el asesinato de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, continúa concentrando la atención pública. El joven murió el pasado 31 de octubre en Bogotá tras recibir varios golpes mortales, y en las últimas horas se conocieron nuevos detalles que resultan clave para dar con el paradero de una de las personas señaladas como pieza central en el crimen.Se trata de la mujer conocida como “la del vestido azul”, identificada luego de la difusión de videos y testimonios que la ubican en el lugar de los hechos y la señalan como posible incitadora del ataque contra Moreno. Su presunta salida del país llevó a que la búsqueda del caso escalara a un escenario de cooperación internacional, razón por la cual Interpol emitió una circular roja para ubicarla y facilitar su captura.Fiscalía confirma paradero de la mujer del vestido azulLa Fiscalía General de la Nación confirmó que Kleidymar Paola Fernández, señalada como presunta determinadora del homicidio de Jaime Esteban Moreno, estaría actualmente en Venezuela, su país de origen. Con base en esta información, el ente acusador solicitó formalmente a Interpol la emisión de la circular roja, la cual ya se encuentra activa.Este mecanismo permite a los países miembros de Interpol localizar y capturar de manera provisional a una persona requerida por la justicia, mientras se adelantan los trámites legales correspondientes. Según explicó la fiscal Deicy Jaramillo, la medida busca agilizar la ubicación de Fernández y facilitar una eventual judicialización en Colombia.Desde la Fiscalía se insiste en que la cooperación internacional será determinante para que el proceso avance y no quede en la impunidad, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y el impacto que el caso ha tenido en la opinión pública.Qué se sabe del crimen ocurrido en ChapineroEl homicidio de Jaime Esteban Moreno ocurrió la noche del 31 de octubre en la localidad de Chapinero, luego de que el joven saliera de la discoteca Before Club junto a un amigo. De acuerdo con la investigación, Moreno intentó evitar una confrontación, pero fue seguido por varios sujetos y posteriormente atacado.Las pruebas recopiladas por la Fiscalía, entre ellas grabaciones de cámaras de seguridad y declaraciones de testigos, señalan que Juan Carlos Suárez habría sido el autor material del ataque, con apoyo de Ricardo González. En este contexto, Kleidymar Paola Fernández es señalada de haber incitado la agresión, alentando a los atacantes y acusando a la víctima de comportamientos inapropiados dentro del establecimiento.Para el ente acusador, ese rol la ubica como presunta determinadora del homicidio, una figura penal que implica responsabilidad directa por impulsar la comisión del delito.En caso de ser hallada culpable como determinadora de homicidio agravado, Fernández podría enfrentar una condena de entre 30 y 40 años de prisión. Mientras tanto, el proceso judicial avanza en Colombia contra los otros dos implicados.La Fiscalía no descarta la posibilidad de preacuerdos, especialmente con Juan Carlos Suárez, primer capturado por el caso, quien ha sostenido acercamientos con el ente investigador. Frente a este escenario, la familia de Jaime Esteban Moreno ha señalado que estas salidas jurídicas serían aceptables siempre y cuando se garantice verdad, responsabilidad penal y justicia.
Este martes, el Ministerio de Salud definió cuál será el aumento para la Unidad de Pago Por Capitación para 2026 y son varias las reacciones de preocupación entre aseguradores, prestadores y sectores críticos, quienes advierten que los recursos asignados no son suficientes para cubrir la operación del sistema, especialmente tras el reciente ajuste del salario mínimo.Para el 2026, el incremento se definió en un 9% para el régimen contributivo y un 16.5% para el régimen subsidiado, lo que representa un agregado superior al 12% para todo el sistema.Si bien desde gremios como ACEMI se reconoce que el aumento en el régimen subsidiado cumple con la orden de la Corte Constitucional de igualar los regímenes y podría ser un "alivio para más de la mitad de la población", la cifra para el contributivo es vista como un retroceso técnico.Según Ana María Vesga, presidenta ejecutiva de ACEMI, este aumento del 9% representa, en términos reales, sólo un "4-5% sobre la base de la inflación para el año 2025", ignorando que en este régimen se concentra la mayor proporción del gasto en salud.“Estos cálculos que se hicieron para plantear la necesidad de UPC para el 2026 no contenían el incremento del salario mínimo decretado el día de ayer por el Gobierno Nacional. Cuando más del 40% del gasto en salud del sistema está expresado en nóminas y buena parte de esa población trabajadora tiene el salario mínimo o está cerca al salario mínimo, pues desde luego este incremento afecta y va a afectar de manera material el gasto en salud durante el año 2025”, detalló Vesga.El "desfase" con el salario mínimo y la crisis de liquidezUno de los puntos más críticos señalados por Juan Carlos Giraldo, presidente de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, es la desconexión entre el aumento de la UPC y las obligaciones laborales."Existe un desfase importante que hay entre el incremento del salario mínimo y las cifras del incremento de la UPC", señaló Giraldo, añadiendo que esperaban una correlación más estrecha para cubrir sus gastos obligatorios. Esta situación se agrava al considerar que más del 40% del gasto en salud está expresado en nóminas.Ante este panorama, la Asociación solicitó al Gobierno expedir circulares que obliguen a trasladar este incremento a las tarifas con las IPS, buscando mantener un "equilibrio" en un sector que ya sufre por el mal flujo de recursos y la disfunción del sistema, particularmente en las entidades intervenidas.Ignacio Gaitán, presidente de Afidro, indicó que la cifra del 9.03% dista mucho de los análisis técnicos que sugerían la necesidad de un aumento superior a los 15 puntos y por ello lamentó que la cifra se haya "impuesto" tras mesas de concertación fallidas, advirtiendo que los únicos afectados serán los usuarios:"Seguimos aumentando una brecha que seguramente, fundamentalmente, perjudicará la vida de los colombianos”, sentenció.Y uno de los pronunciamientos más fuerte llegó desde Pacientes Colombia, la asociación que reúne a los afiliados del sistema de salud y que en múltiples momentos ha denunciado el deterioro en la atención y entrega de medicamentos.Denis Silva, su vocero, envió un mensaje directo al presidente Gustavo Petro al señalar que estaba priorizando una línea ideológica sobre la financiación debida del sistema incumpliendo todos las órdenes de la Corte Constitucional.“Presidente Petro, ¿cuántos muertos más necesita usted para parar la crisis de la salud? ¿Cuántos muertos más necesita para entender que un sistema de salud hay que financiarlo debidamente? Libere al sistema de salud, presidente Petro, de su línea ideológica. La salud es un derecho fundamental, no un favor”, pidió Silva.Todos los sectores coinciden en que esta decisión del Gobierno agravará el rezago en solucionar los problemas financieros, cerrando la puerta a una solución técnica concertada. Por ello, los aseguradores han anunciado que volverán a la Corte Constitucional para buscar una conclusión técnica que garantice la transparencia y la sostenibilidad del sistema, mientras los prestadores exigen un "plan extraordinario de liquidez" para evitar el colapso de la atención debida a la comunidad.
El presidente Gustavo Petro publicó un extenso trino en el que se refirió a sus tensiones en las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, pero también al despliegue militar que mantiene la administración de Donald Trump en el Caribe, en Venezuela, en contra de esas organizaciones narcotraficantes y también envió un mensaje al ELN que hoy está incrementando la guerra que tiene con las disidencias causando nuevos desplazamientos en la región del Catatumbo.Incluso, el mandatario colombiano volvió a cuestionar la política antidrogas de la administración de Donald Trump y las operaciones de interdicción marítima, al asegurar que muchas de las lanchas atacadas con misiles en el Caribe no transportaban cocaína sino cannabis.“Sabemos que Trump bombardeó una fábrica, en Maracaibo, tememos que mezclan allí la pasta de coca para hacerla cocaína y aprovecha la ubicación en el mar de Maracaibo es simplemente el ELN. El ELN está permitiendo con su traqueteo y su dogma mental, invadir Venezuela”, señaló Petro mediante su cuenta de X.En su pronunciamiento, el presidente Gustavo Petro también se refirió además a la situación de orden público en el Catatumbo y sostuvo que el ELN y el frente 33 de las disidencias deben decidir si continúan compitiendo por el negocio de la cocaína o si optan por la paz.Según el presidente, solo cerca del 5 % de la cocaína producida en Colombia pasa por esa región hacia Estados Unidos.
El Ministerio de Salud dio a conocer la Resolución 2764, mediante la cual se oficializa el aumento de los recursos destinados a financiar la atención en salud de los afiliados al sistema durante 2026. Estos recursos corresponden a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), es decir, el dinero que el Estado reconoce por cada persona afiliada para cubrir sus servicios de salud.De acuerdo con la entidad, y siguiendo la recomendación de la Comisión Asesora, el incremento será diferenciado, según el régimen. Para el régimen contributivo, el aumento será del 9,03 %, mientras que, para el régimen subsidiado, el ajuste alcanzará el 16,49 %. Le puede interesar: MinSalud descarta reajustes de la UPC de 2024 y años anteriores pese a orden de la CorteHay que recordar que Acemi y la Andi pedían un incremento para el régimen contributivo un aumento por encima del 15%.Así las cosas, Con este ajuste, el total de recursos destinados al aseguramiento en salud en 2026 aumentará en 11,6 billones de pesos. De esta manera, el presupuesto pasará de 89,8 billones de pesos en 2025 a más de 101,3 billones de pesos el próximo año, lo que representa un incremento global del 12,94 % en la UPC.
Mediante el Decreto 0244, la alcaldesa encargada de Girón, Dayana Milena Tavera Ruiz, suspendió la medida del pico y placa en el municipio, luego de una mesa de trabajo con las demás autoridades del Área Metropolitana.“Se busca facilitar el transporte de todas aquellas personas, turistas y visitantes que llegan a conocer todo nuestro centro histórico y las diferentes dependencias que tiene nuestro municipio en cuanto al tema turístico”, afirmó José Reinoso, secretario de Tránsito y Transporte de Girón.A partir del 18 de enero de 2026 volverá a regir el pico y placa en el municipio. La medida estará sujeta a las directrices establecidas desde Bucaramanga.La decisión de levantar la restricción durante estas fechas de fin de año se mantiene en el anillo vial, en el tramo que comprende el retorno del Hotel San Juan y donde están ubicadas las instalaciones de Tránsito de Girón.“Hemos logrado mitigar el tema de la sinistralidad mientras se ha implementado. El trabajo realizado durante todo el año nos ha garantizado que el control vial se mantenga estable”, expresó José Reinoso.Se espera que todas las personas que han arribado y las que llegarán al municipio para planes turísticos y gastronómicos tengan la libertad de vivir la experiencia en el pueblo patrimonio de Colombia, sin congestión vehicular.En los primeros días de enero de 2026 se establecerá una mesa de trabajo para determinar las condiciones del pico y placa en el Área Metropolitana.
El reciente anuncio del Gobierno nacional sobre el aumento del salario mínimo para 2026 ya genera un intenso debate entre trabajadores y empresarios. Aunque la medida fue recibida con optimismo por amplios sectores de la población, desde el gremio de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) advierten que el impacto podría traducirse en un riesgo directo para el empleo formal.Este lunes, el presidente Petro confirmó un incremento histórico del 23,7 % en el salario mínimo, que quedó fijado en 2.000.000 de pesos mensuales, suma que incluye el auxilio de transporte. Sin embargo, para Acopi, la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, el aumento resulta desproporcionado frente a la realidad financiera del sector productivo más amplio del país. Así lo expresó su presidenta, María Elena Ospina, en Mañanas Blu.“Es un aumento totalmente desproporcionado. No se tuvo en cuenta que el 99,7 % del tejido empresarial está conformado por micro, pequeñas y medianas empresas, que además generan cerca del 80 % del empleo formal”, señaló la dirigente gremial.Ospina enfatizó que las microempresas, que representan cerca del 90 % del tejido empresarial y emplean entre uno y diez trabajadores, serán las más afectadas. “Una microempresa con apenas tres empleados necesita alrededor de 10 millones de pesos mensuales en caja para soportar las cargas laborales. Es muy difícil que los pequeños negocios y los emprendedores puedan asumir una carga de esta magnitud”, advirtió.Desde Acopi alertan que el aumento del salario mínimo no puede analizarse de manera aislada. Según Ospina, a este incremento se suman otros factores que presionan los costos empresariales, como la posible declaratoria de emergencia económica, la implementación de la reforma laboral y los costos no salariales asociados a la contratación formal.“Todo este conjunto de costos pone en serio riesgo el empleo en las Mipymes”, afirmó.Aunque el gremio aún no tiene una cifra consolidada sobre cuántos puestos de trabajo podrían perderse, la presidenta de Acopi aseguró que ya hay señales preocupantes. “Una empresa nos llamó y nos dijo que tiene 460 empleados que ganan el salario mínimo y que, con este aumento, está considerando automatizar procesos y prescindir de cerca de 300 trabajadores. Eso da una idea de lo que están pensando muchos empresarios en este primer momento”, explicó.Otro de los efectos que anticipa el gremio es el aumento de precios al consumidor. Ospina indicó que, con un incremento del 23 % en el salario mínimo, el costo total de un trabajador para la empresa puede aumentar cerca de un 30 %. “Si suben los costos laborales, suben también los costos de producción y, en la misma proporción, terminarán subiendo los precios de los productos y servicios”, sostuvo.Desde Acopi también se advierte sobre un posible aumento de la informalidad y de la inflación, lo que podría profundizar la brecha social. “Solo alrededor de 2,4 millones de personas se benefician directamente del salario mínimo, pero hay más de 11 millones que ganan menos de ese ingreso y más de 10 millones que ganan apenas un poco más. Estas personas no solo no se verán beneficiadas, sino que podrían perder poder adquisitivo”, concluyó Ospina.
Luego de que se conociera el incremento del salario mínimo para 2026 en Colombia, decretado por el Gobierno de Gustavo Petro, una de las principales interrogantes es cuánto recibirá una persona por su pensión, ya sea en fondos privados o en Colpensiones.¿Cómo quedó el valor del salario mínimo en Colombia en 2026?Según los decretos 1469 y 1470, a través de los cuales quedó fijado el valor del salario mínimo, este tuvo un incremento del 23 %, quedando en $1.750.905. Sumado al valor del subsidio de transporte, que quedó fijado en $249.095, el total asciende a $2.000.000.Cabe resaltar que para 2025, según cifras del Departamento Nacional de Estadística (Dane), cerca del 38,1 % de los trabajadores en el país ganan entre uno y dos salarios mínimos, por lo que muchas personas están a la espera de conocer los valores que se ajustarán con este incremento.¿Quiénes recibirán más en su pensión con el ajuste del salario mínimo en 2026?Según confirmó a Blu Radio Diego Felipe Valdivieso Rueda, profesor investigador del Observatorio Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, el valor de las pensiones, tanto en regímenes privados como en Colpensiones, debe ajustarse en el mismo porcentaje del salario mínimo legal anual."Incluso pensiones que hoy día son ligeramente superiores al mínimo, pues ninguna pensión puede llegar a quedar por debajo del salario mínimo legal. Así las cosas, este incremento alto puede llevar a que se superen pensiones que estaban por encima del mínimo, y esas deben corregirse para que queden niveladas al mínimo", señaló Valdivieso.En este video de Blu Radio le explicamos las implicaciones del aumento del salario mínimo:¿Cuánto recibirá una persona que gane el salario mínimo de pensión en 2026?En ese sentido, el valor de las pensiones no puede ser menor al salario mínimo. Por eso, una persona que gane un salario mínimo en 2026 y se pensione recibirá un valor aproximado de $1.750.905 mensuales. Tenga en cuenta además que, para las personas pensionadas, este valor se debe ajustar desde el 1 de enero de 2026."Para el caso de las pensiones que son superiores al mínimo, en el caso de Colpensiones, el ajuste es igual a la inflación, siempre garantizando que la pensión no quede por debajo del salario mínimo", añadió Diego Felipe.
El presidente del Consejo Gremial Nacional, Camilo Sánchez, lanzó fuertes críticas al incremento del salario mínimo en Colombia y aseguró que la decisión traerá efectos económicos negativos para el país. Según el dirigente empresarial, la medida se adoptó sin el debido análisis técnico y terminará impactando a millones de hogares y, por tal motivo, no descartó acciones legales contra el decreto."Estamos hablando de una emergencia económica que estamos empeorando. Estamos buscando defender el empleo formal de este país, nosotros hacemos todo de la forma formal y los aplausos de hoy serán lágrimas del mañana", dijo al ser cuestionado sobre la opción de tomar acciones legales contra el incremento del mínimo por decreto anunciado por el presidente Gustavo Petro en la noche del lunes.Sánchez advirtió que el aumento presionará al Banco de la República a subir las tasas de interés, con consecuencias directas sobre la economía. “El banco va a tener que subir las tasas, eso hay que tenerle mucho cuidado. 9 billones de pesos es el hueco adicional”, afirmó, al señalar además un impacto cercano a 4,8 billones de pesos en el sistema pensional.El líder gremial cuestionó la responsabilidad del Gobierno en la toma de esta decisión. “Vamos a tener unos huecos impresionantes por el Gobierno que ha sido irresponsable. La mayoría de los colombianos van a tener efectos negativos”, sostuvo, al insistir en que el incremento no fue acompañado de estudios que midieran su alcance real.De acuerdo con Sánchez, múltiples variables económicas están directamente atadas al salario mínimo. Copagos en salud, administración de edificios y otros costos se ajustan automáticamente con el aumento. “Vamos a tener repercusiones en crédito para vivienda, todo eso no lo miró el Gobierno para tomar esta mala decisión y hacer populismo en plena época electoral”, afirmó.El presidente del Consejo Gremial Nacional también alertó sobre el impacto en servicios públicos y precios. Recordó que la mayoría de tarifas están indexadas al salario mínimo y advirtió sobre un efecto en cadena. “Los servicios se van a subir, los productos agropecuarios se van a subir y vamos a perder empleo formal”, señaló.En ese contexto, subrayó que el aumento beneficia directamente a una minoría. Según explicó, el 56 % del empleo en Colombia es informal y cerca de 13 millones de personas no tendrán incremento salarial, mientras la medida solo aplica para unos 3,4 millones de trabajadores, con efectos que terminarán pagando todos los ciudadanos.Finalmente, Sánchez citó cifras del DANE sobre el crecimiento del empleo informal y lanzó la frase completa que resume su postura frente a la decisión del Gobierno: “El DANE ha mostrado cómo el empleo informal ha crecido de una manera impresionante. Lo que hicimos fue darnos un tiro en el pie, se tomó una decisión para hacer populismo y lo vamos a sentir en tarifas en los hogares colombianos, no hay un estudio de impacto normativo”, concluyó.
Los habitantes del sur de Bogotá continúan conmocionados por un violento hecho ocurrido el pasado 23 de diciembre de 2025, cuando un ataque sicarial acabó con la vida de un trabajador de 25 años.El crimen, que quedó registrado en cámaras de seguridad, se presentó pasadas las 5:00 de la tarde mientras la víctima realizaba labores de carga de cartón en un camión. Uno de los aspectos más impactantes del caso es que el joven fue acribillado a escasos metros de su esposa y de sus hijos pequeños, quienes presenciaron cómo dos hombres en motocicleta lo abordaron y le dispararon en repetidas ocasiones antes de huir del lugar.“Ahoritica, el 23 de diciembre, a las cinco y cinco de la tarde, pasaron por mi bodega. Estaba cargando el camión de cartón y llegaron y lo mataron a como a tres metros de distancia. No respetaron que había niños afuera, al lado de donde estaba el muchacho. Eso hubiera sido una tragedia mayor, porque más encima le dispararon a mi hija”, denunció la suegra de la víctima.La familia asegura que el ataque sería el resultado de un año de extorsiones por parte de una estructura criminal conocida como ‘Los Satanás’. Según relataron los allegados, este grupo delincuencial venía hostigando de manera constante al negocio familiar.“Desde que comenzó esta tragedia, porque eso es una tragedia para cualquier familia colombiana, yo llamé al Gaula, a la Fiscalía. Yo les dije: un día de estos va a haber una tragedia, ¿y a mí quién me va a responder?”, recordó la mujer.Pese a la gravedad de las amenazas, la familia denuncia una falta de acción efectiva por parte del Gaula y la Fiscalía, entidades que, según la suegra de la víctima, no atendieron las advertencias previas sobre el riesgo inminente. “El Gaula y la Fiscalía no han hecho nada por mí”, expresó.En medio del dolor, los familiares exigen que se haga justicia y que se capture a los responsables de este crimen. La líder del reciclaje también recordó que las intimidaciones comenzaron en diciembre de 2024.“Llegaron a mi bodega, me trajeron un panfleto, me enviaron un WhatsApp y me llamaron al mismo tiempo. Me exigían pagar sesenta millones de pesos. Nunca pagué un centavo. En mayo me hicieron un atentado, pasaron por la chatarrería y nos dieron bala, hiriendo a un reciclador en el hombro”, relató.Este es el video
Diversos videos difundidos en redes sociales muestran el impacto del uso desmedido de las pistolas de hidrogel en el país. En Colombia, estos artículos se venden como juguetes y su uso es libre; es decir, aún no existe una reglamentación específica sobre su uso, por lo que cualquier persona puede adquirirlos, lo que incrementa el riesgo de sufrir lesiones asociadas a estos elementos.Hasta el momento, se desconoce la cifra exacta de los lesionados por el uso de estas pistolas y varias personas han denunciado el uso, principalmente, en menores de edad. En los registros audiovisuales que circulan en redes sociales se observa a niños, adolescentes y adultos utilizándolas en espacios públicos como calles, parques y zonas comerciales, sin medidas de protección ni supervisión adecuada.Aunque las pistolas de hidrogel disparan pequeñas esferas blandas y biodegradables, su uso irresponsable puede generar afectaciones físicas, especialmente lesiones en los ojos, el rostro y la piel.Crecen las denuncias por el uso desmedido de pistolas con hidrogelEn zona rural del municipio de Tenjo, en Cundinamarca, un hombre sufrió graves afectaciones en su ojo izquierdo tras recibir el impacto, a corta distancia, de una bola de hidrogel disparada por una de estas pistolas.Según relató el denunciante —quien solicitó mantener su identidad en el anonimato— a Blu Radio, se encontraba compartiendo una actividad recreativa con varias personas, quienes —según afirmó— estaban manipulando estos dispositivos de manera responsable. Instantes posteriores, uno de sus conocidos accionó la pistola de forma inesperada a menos de dos metros de distancia, apuntándole directamente al rostro.El proyectil impactó en uno de sus ojos, lo que le provocó una pérdida parcial de la visión durante un periodo prolongado. Aunque con el paso de los días su condición presentó una leve mejoría, el afectado asegura que aún enfrenta dificultades para desempeñar sus labores cotidianas.Además, denunció la aparición de fuertes dolores de cabeza que se manifestaron semanas después del incidente, los cuales atribuye directamente a la lesión sufrida. Este caso se expone como un ejemplo de los riesgos asociados al uso inadecuado de este tipo de juguetes, especialmente cuando no se respetan medidas básicas de seguridad.No obstante, este no es el único caso registrado. Diversas denuncias en redes sociales donde denuncian personas afectadas por el uso irresponsable de estos artículos. Recientemente, se conoció el caso de un menor de seis años que estuvo a punto de perder uno de sus ojos tras ser víctima de un ataque con una bolita de hidrogel.Luego de ser llevado al servicio de urgencias, los especialistas confirmaron lesiones severas en uno de sus ojos y, por la gravedad de las heridas, su pronóstico se mantiene reservado.Denuncian falta de regulación para el uso de pistolas de hidrogelLa utilización de estas pistolas en lugares concurridos puede provocar situaciones de riesgo, como sobresaltos, discusiones entre ciudadanos o accidentes de tránsito, especialmente cuando son accionadas desde vehículos en movimiento o en vías públicas.Aunque no existe una prohibición nacional sobre la venta o el uso de estos juguetes, distintas administraciones locales y ciudadanos han hecho llamados a la prudencia y al uso responsable, especialmente cuando se trata de menores de edad.Además, la ausencia de una regulación clara ha impedido que se pueda hacer un uso responsable de estos artículos y aumenta el riesgo, especialmente, para menores de edad, según las múltiples denuncias.
Una grave situación de emergencia se registró este martes al interior del túnel Buenavista I, en la vía a Villavicencio, una de las infraestructuras clave en el ingreso a la capital del Meta. El incidente, que fue captado en un video, generó alarma entre los conductores y las autoridades viales que operan en la zona. En el siniestro vial resultaron dos personas heridas. La gravedad del impacto no solo afectó a los ocupantes de la moto, sino que produjo un incendio que terminó por dejar una motocicleta completamente incinerada dentro de la estructura.Le puede interesar: Impresionante video de conductor que circuló en contravía dentro del túnel de GualandayEste suceso provocó una respuesta inmediata de los organismos de socorro, debido a la emergencia generada al interior del túnel, donde la acumulación de humo y el fuego representaban un riesgo para los usuarios de la vía. El accidente quedó captado en un video que muestra el momento exacto en el que se produjo el siniestro vial. Por ahora, las autoridades trabajan para determinar las causas exactas del accidente que interrumpió la normalidad en el acceso a Villavicencio. Vea el video aquí:
El Ministerio de Salud confirmó que no realizará reajustes a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) correspondientes al año 2024 ni a vigencias anteriores, pese a la orden emitida por la Corte Constitucional. La decisión, según explicó el viceministro de protección social, Luis Alberto Martínez, se fundamenta en la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con los actores del sistema durante las mesas técnicas convocadas para este fin.De acuerdo con el viceministro, el Ministerio dio cumplimiento textual a la orden judicial, que establecía la necesidad de concertar una cifra de UPC. Sin embargo, afirmó que dicho consenso no se logró y que, por el contrario, en el análisis de la información presentada se identificaron presuntos hallazgos de cobros que, en principio, serían irregulares.Señaló además que, tras revisar indicadores como la siniestralidad médica, relación entre costos médicos e ingresos, se concluyó que entre 2019 y 2023, así como en avances de 2024, existió un margen superavitario, por lo que no habría lugar a reconocer rezagos financieros.El viceministro agregó que las inconsistencias detectadas en la información podrían inducir a error tanto al Ejecutivo como al orden judicial, razón por la cual el Ministerio mantuvo su postura de no ajustar la UPC de los años analizados.Tras el anuncio, la presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), Ana María Vesga, reaccionó señalando que la decisión del Ministerio desconoce lo indicado por la Corte Constitucional. Afirmó que el ejercicio no fue de consenso y que no se tuvieron en cuenta los datos aportados por todos los participantes.Según Acemi, persiste un rezago en la UPC de años anteriores que impactó los cálculos de 2024 y 2025, y genera preocupación frente a la definición de la UPC para 2026, especialmente por el efecto del incremento del salario mínimo.La dirigente gremial sostuvo que el rezago financiero del sistema podría estar cercano a los 25 billones de pesos, considerando la facturación de los prestadores y la disminución de los patrimonios de las EPS. Indicó que la asociación notificará a la Corte Constitucional y espera que se convoque a la audiencia pública anunciada recientemente, mientras el Gobierno avanza en la expedición del decreto para la UPC de 2026.Por su parte, desde el Observatorio de Enfermedades Huérfanas, la doctora Salazar señaló que la reunión confirmó que no habrá aumento de la UPC de años anteriores y calificó el encuentro como una instancia sin cambios frente a la situación previa. Indicó que, aunque el Ministerio cumplió el procedimiento ordenado por la Corte, los resultados ya estaban definidos y se mantuvo la postura de que la UPC de 2024 fue suficiente según los cálculos oficiales.
En los últimos días, diversas organizaciones sociales, líderes comunitarios y entidades del Estado colombiano han venido reportando una nueva escalada de violencia en el corregimiento de Filogringo, jurisdicción de El Tarra (Norte de Santander), como resultado de enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según los reportes de habitantes locales y personeros de la región, los combates se han intensificado desde mediados de diciembre, con hechos que incluyen uso de drones armados, ataques con artefactos explosivos y enfrentamientos directos entre los grupos armados ilegales. Estos incidentes han ocurrido tanto en zonas rurales como en las cercanías del casco urbano de Filogringo, lo cual ha puesto en alerta máxima a las comunidades. Los habitantes han compartido en redes sociales y medios locales grabaciones donde se muestra la llegada de grupos armados al área y el intercambio de disparos que se prolongan durante horas. Los reportes coinciden en que estos hechos han generado pánico, con detonaciones escuchadas de noche y presencia de artefactos aéreos no tripulados sobre zonas pobladas, lo que impide que muchas familias se desplacen libremente o busquen refugio seguro. Organizaciones comunitarias han señalado que más de 300 personas están siendo desplazadas o confinadas como consecuencia de estos combates. Además, el uso de drones ha sido descrito como especialmente preocupante, ya que estos ataques indiscriminados elevan el riesgo de víctimas civiles y daños a infraestructura habitacional. La Defensoría del Pueblo y personeros del Catatumbo han publicado comunicados oficiales en los que instan a las partes armadas a cesar las acciones violentas y respetar el Derecho Internacional Humanitario, enfatizando que la población civil no forma parte del conflicto y no debe ser expuesta a estas hostilidades. Estas entidades también han pedido al gobierno nacional fortalecer la presencia institucional para proteger a las comunidades afectadas. Los reportes coinciden con alertas humanitarias emitidas previamente este año, en donde se advirtió sobre el riesgo de nuevos enfrentamientos en diciembre debido al histórico de tensiones entre el ELN y las disidencias de las Farc, especialmente en áreas como El Tarra y Tibú. La continuidad de estos combates en Filogringo ha evidenciado cómo las advertencias generadas por organismos de derechos humanos se han cumplido, resultando en un aumento de desplazamientos forzados y deterioro de las condiciones de seguridad en la región. Estos reportes se suman a la grave crisis humanitaria que atraviesa el Catatumbo, donde se han documentado más de 78.000 desplazados como consecuencia de la violencia sostenida durante 2025, con Tibú y El Tarra entre los municipios más afectados. Las organizaciones sociales han resaltado que la situación no solo implica combates armados, sino también restricciones de movilidad, bloqueos a servicios básicos y afectaciones directas al acceso a alimentos y atención médica para la población civil. En síntesis, los reportes sobre la llegada y escalada de violencia en Filogringo coinciden en que se trata de una dinámica compleja y peligrosa, con impactos directos en la seguridad y los derechos humanos de las comunidades locales, que ahora enfrentan no solo la confrontación armada entre grupos ilegales, sino también las consecuencias humanitarias de un conflicto prolongado y en constante evolución.
Como el presidente Gustavo Petro lo había anunciado en plaza pública, se conoció el Decreto 1400 de 2025, que ordena la desclasificación y el levantamiento gradual de la reserva de los archivos, documentos y datos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), hoy bajo custodia del Archivo General de la Nación.Este documento establece que la apertura de los archivos no será inmediata ni total, sino progresiva y condicionada a procesos técnicos de intervención archivística, digitalización y anonimización, para proteger datos personales y evitar riesgos para la seguridad nacional. El decreto asigna roles claros: El AGN será responsable de la custodia, administración, preservación y generación de la versión digital de consulta pública. La Dirección Nacional de Inteligencia, liderada por Jorge Lemus (DNI), adelantará los procesos de anonimización y entregará los archivos tratados al AGN, y la Procuraduría vigilará el proceso como órgano de control preventivo.Por último, en el documento firmado por los ministros de Cultura y Hacienda y el presidente Petro, se ordena la elaboración de un plan de trabajo conjunto entre la DNI y el AGN, que deberá incluir cronograma, protocolos, presupuesto y etapas del proceso, y que además garantizará la participación de la sociedad civil. Finalmente, se establece que la financiación del proceso se hará con recursos del Presupuesto General de la Nación.
La Unión Europea (UE) enviará observadores a Colombia a partir de enero para que acompañen las elecciones legislativas de marzo y las presidenciales de mayo, confirmó este lunes el registrador nacional (autoridad electoral), Hernán Penagos."La Unión Europea nos acaba de confirmar que estará desde el mes de enero con un despliegue muy grande de observadores internacionales que acompañarán no solamente el proceso preelectoral sino el proceso electoral", expresó el registrador en una conferencia de prensa en Bogotá.Penagos, que lidera la institución que organiza las elecciones en Colombia, resaltó el hecho de que "la Unión Europea, que tiene uno de los despliegues más altos de observación en el mundo" certifique "el acompañamiento desde enero va a ser de la mayor utilidad"."No solamente vamos a revisar algunas recomendaciones que nos han dado desde las elecciones pasadas, sino las que se presenten para el próximo año. Así que esta reunión de observación internacional nos es muy útil porque asegura que esas importantes organizaciones en el mundo van a acompañar no solamente (en las elecciones) de Congreso sino de Presidencia en primera y segunda vuelta", explicó Penagos.Para el funcionario, esto significa que hay una "posibilidad de que no solamente ellos (la UE) sino muchas otras observaciones del mundo vengan a participar"."Con el cuerpo diplomático radicado en Colombia también nos reunimos la semana pasada, a instancias del Nuncio Apostólico, presentándoles todo nuestro esquema de acciones para la integridad electoral, de manera que esas misiones diplomáticas también conozcan de manera muy detallada cómo y de qué manera vamos a desplegar acciones que permitan absoluta transparencia e integridad", añadió.Colombia celebrará elecciones legislativas el 8 de marzo de 2026 y el 31 de mayo será la primera vuelta de las presidenciales, con una segunda ronda el 21 de junio en caso de que sea necesaria.
La revelación periodística de que las disidencias de las antiguas Farc han infiltrado organismos de seguridad colombianos, entre ellos el Ejército, provocó este lunes una condena generalizada en el país, mientras que el presidente Gustavo Petro minimizó las denuncias, que atribuyó a la CIA y tachó de "falsos informes".Petro se desmarcó así de un informe de Noticias Caracol, según el cual el jefe del Comando de Personal del Ejército, general Juan Miguel Huertas, cercano al presidente, y Wilmar Mejía, un licenciado en educación física convertido en funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), tienen vínculos con el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), una de las disidencias de las Farc.Pese a que se trata de una investigación periodística basada en comunicaciones entre el jefe del EMBF, Alexander Díaz, alias Calarcá, y otros guerrilleros, que estaban en computadores, teléfonos celulares y memorias USB incautados a jefes de las disidencias, el presidente, que guardó silencio durante todo el día, dijo en su cuenta de X que lo publicado son "versiones de supuestos informes de inteligencia" que tachó de "falsos".La CIA en ColombiaPetro sostuvo que Noticias Caracol ha cometido varios "errores" al publicar esa información y deslizó que "la fuente del periodista es la CIA, que tiene la costumbre de tender redes para afectar a la opinión pública de acuerdo con los intereses del gobierno de su país en todo el mundo".Según la denuncia del canal de televisión, Huertas supuestamente ofreció protección a los disidentes y les propuso crear una empresa de seguridad de fachada para facilitarles movilidad en vehículos blindados y el porte de armas legales.Huertas fue retirado del Ejército en 2021 y al año siguiente se unió a la campaña presidencial de Petro, que este año lo reintegró al servicio activo.Al defenderlo, el presidente insistió en que existen "bandas delincuenciales en el Ejército dirigidas por oficiales de alto rango" que manipulan informes para "sacar del camino" a quienes representan un riesgo para sus intereses, y aseguró que la CIA "también cae en esos errores" porque "no sabe que el gran narcotráfico penetra el poder político de la nación"."Y tal como temíamos, Petro salió con la peor respuesta posible: negarlo todo. En lugar de ponerse del lado de las denuncias y las pruebas. En lugar de decir 'haré todo para determinar a los responsables y sancionarlos' nos dice 'es falso, nos persiguen porque somos buenos'", criticó la representante a la Cámara Cathy Juvinao, del partido Alianza Verde.La Fiscalía promete investigarLa Fiscalía General, criticada también por no investigar, pese a que las comunicaciones publicadas por Noticias Caracol están en poder de las autoridades desde que fueron incautadas a jefes de las disidencias, el 23 de julio de 2024, prometió tomar cartas en el asunto.En un comunicado divulgado esta noche, esa entidad señaló que ni el despacho de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, "ni ninguna otra dependencia de la entidad (...) recibió durante el transcurso de estos 16 meses, reportes o copias de la información recaudada, posibles hechos, actuaciones o conductas punibles de su competencia".Por eso, Camargo "dispuso la intervención inmediata" para investigar "posible cooptación de agentes de inteligencia e integrantes del Ejército Nacional por parte de las disidencias de las Farc, amenazas a la seguridad nacional, financiación de la campaña a la Presidencia, alianzas entre distintos actores ilegales y creación de empresas de vigilancia al servicio de estructuras criminales".La financiación de la campaña de PetroEn sus mensajes en X, Petro no se refirió a otra revelación de Noticias Caracol, sobre el presunto apoyo de jefes de las disidencias de las Farc a su campaña presidencial de 2022.Ese apoyo supuestamente se dio por medio de la hoy vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, indica un chat entre alias Iván Mordisco, el criminal más buscado en Colombia y jefe del Estado Mayor Central (EMC), y otros guerrilleros.Márquez negó hoy "categóricamente" esa versión y aseguró que "no existe ninguna prueba fehaciente" de ese supuesto apoyo.Clase política pide claridadDesde diferentes vertientes políticas se hicieron este lunes llamados a que se esclarezca el supuesto entramado de connivencia de un general del Ejército y un funcionario de inteligencia con la guerrilla.El exjefe negociador de paz del Gobierno con las Farc, Humberto de la Calle, pidió "toda la claridad y transparencia y la toma de decisiones eficaces para extirpar esa situación".Entretanto, el exministro de Defensa, exembajador en Estados Unidos y precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón aseguró que la relación entre Petro, las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) "es evidente"."Todo el que reciba dineros del narcotráfico es cómplice de sus crímenes y como tal debe ser tratado", sostuvo por su parte el candidato presidencial y exembajador de Colombia en el Reino Unido Roy Barreras.
El informe de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, que puso al descubierto que en los computadores, USB y celulares decomisados a alias Calarcá en julio del 2024 hay información de una presunta relación entre las disidencias y altos funcionarios del Estado ahora tiene repercusiones internacionales.Portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró que el Gobierno de Donald Trump está al tanto de la información y que es necesario que el Gobierno y las entidades de control agilicen las tareas para esclarecer la situación.“Estamos al tanto de informes que alegan vínculos entre altos funcionarios de la Administración Petro y disidentes de las FARC (Organización Terrorista Extranjera). Dada nuestra histórica y estrecha cooperación en materia de seguridad, instamos a la Administración Petro, a la Fiscalía y a otras instituciones colombianas a investigar exhaustivamente estas acusaciones y tomar las medidas pertinentes”, informó el portavoz a periodistas de la Casa Blanca.Y es que el proyecto de la Paz Total así como la expansión de los grupos ilegales en Colombia, han sido temas sobre los que la administración Trump ha tenido la lupa puesta. Incluso el deterioro en materia de seguridad, aumento de cultivos de hoja de coca y presuntas relaciones con narcotraficantes, son algunos de los motivos detrás de la desertificación y la incursión en la lista Clinton del presidente Gustavo Petro.Otra de las molestias de Estados Unidos ha sido la negativa del Gobierno de avalar extradiciones de narcotraficantes como alias ‘Araña’, líder de los Comandos de Frontera; alias 'HH', comandante de Comuneros del Sur y Willinton Henao Gutiérrez, alias 'Mocho Olmedo', cuyo polémico tratamiento por parte del Gobierno también fue revelado por Noticias Caracol.Mocho Olmedo es el segundo al mando del Frente 33 de las disidencias de las FARC y, según la Unidad Investigativa, estuvo 55 días protegido por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en Bogotá. Durante ese tiempo no fue llevado a la cárcel La Picota, a pesar de tener órdenes de captura y una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos.La DNI justificó su custodia alegando “motivos de seguridad nacional” y defendió que se trataba de proteger una “fuente humana”. Sin embargo, esta situación generó fuertes críticas porque no hubo una orden judicial clara para mantenerlo en ese lugar ni un registro oficial del paradero durante las 8 semanas.La Corte Suprema de Justicia intervino al detectar la irregularidad y exigió explicaciones a la Fiscalía. Finalmente, el 8 de abril de 2025, la DNI entregó a “El Mocho Olmedo” a la Fiscalía, y fue trasladado a la cárcel La Picota.
En Yarumal, Antioquia, se dio el rescate de 17 menores de edad que estaban bajo custodia de Lev Tahor, una secta ortodoxa judía conocida internacionalmente por estar asociada a casos de abusos, matrimonios forzados de menores y violaciones, sin embargo, cinco de ellos contaban con circular amarilla de Interpol por desaparición e igualmente ingresaron por el filtro de Migración sin problema a Colombia.“Ellos ingresan en dos grupos, por dos terminales áreas diferentes. Ocho por el aeropuerto de Rionegro y el resto por el de Cartagena. Desde que un ciudadano o ciudadana presente los documentos suficientes para entrar al país, si es una nacionalidad restringida pues la visa. Pero si un ciudadano presenta los documentos y pasa la entrevista en Migración y no salta alarma que indique que puede ser pasible a un rechazo, cualquier ciudadano puede entrar”, explicó en diálogo con Recap de Blu Radio, Paola Salazar, directora de la Regional Antioquia - Chocó de Migración Colombia.¿Por qué Migración Colombia no detectó la circular amarilla?De acuerdo con Salazar, cuando ellos ingresaron al país no tenían ninguna alerta ni de Interpol u organización internacional, sino que eso da mucho tiempo después. La secta entró a Colombia a inicios de octubre de 2025 y sin problema en la documentación.“Es importante dar claridad en lo siguiente: en este caso no tenemos ningún niño/niña adolescente que no esté acompañado por sus representantes legales. Lo decimos porque presentan pasaporte y entran regularmente al país y presentan documento de viaje como el pasaporte. El control de ingreso de menores de edad no se hace manera rigurosa, como cuando van a salir del país. Quien tiene el control de su salida es la agencia homologa”, explicó sobre el por qué no se detectó algún tipo de anomalía.Sin embargo, lo curioso es que sí eran sus tutores biológicos y de ahí viene a la circula amarilla de Interpol. Según Salazar, a sus padres se les había retirado la patria potestad y puesta en favor de otra persona, de ahí es donde se motiva esa alerta: la alerta la ponen los que tienen la tutoría, pero ellos se encuentran en Colombia al lado de sus padres biológicos.“Es por esa razón que tienen una circular amarilla. De todos esos menores hay denuncias de desaparición, pero no todos pesaba de la misma manera, porque del rastro hay un proceso del retiro de la patria potestad”, añadió.
En Isla Grande, en la zona insular de Cartagena, donde hoy funciona una de las granjas agrovoltaicas más grandes del país, el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE) escogió a la comunidad para presentar su balance de gestión 2025.De acuerdo con la entidad del Gobierno Nacional, con corte al 10 de diciembre de 2025, más de 17.500 usuarios de zonas apartadas del país han logrado acceder a servicios de energía mediante la implementación de proyectos que incluyen soluciones solares, sistemas híbridos y el mejoramiento de redes eléctricas.Las zonas más impactadas han sido Valle del Cauca, Antioquia, Cesar, Magdalena, Cauca, Bolívar, Atlántico, Chocó, La Guajira, Guaviare, Vichada, Vaupés y Casanare.Danny Ramírez, director del IPSE, señaló que estos resultados hacen parte del compromiso del Gobierno Nacional de garantizar que el acceso a la energía sea un derecho y no un privilegio, y que se convierta en una herramienta de transformación social, oportunidad y desarrollo.“La Navidad es tiempo de familia y de esperanza. Para miles de colombianos, este año también llega con algo que nunca habían tenido: la energía”, afirmó.Ramírez también destacó la implementación de la granja agrovoltaica de Isla Grande, la cual, según señaló, es un referente nacional de la política de transición energética y permitió que cientos de familias accedieran por primera vez al servicio de energía eléctrica.
El exministro de Defensa y precandidato presidencial, Juan Carlos Pinzón, radica una solicitud ante la Procuraduría para que se investigue a algunos ministros del gobierno Petro por presunta participación en política, al promover la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.“La promoción de una Constituyente desde el Gobierno, en este momento político, puede alterar de forma grave la equidad de la contienda democrática y la pureza del sufragio”, señaló Pinzón. En el mismo sentido le pidió a la Procuraduría que investigue si la conducta de los funcionarios configura participación indebida en política, que se pronuncie sobre los límites de la actuación de los servidores públicos frente a reformas constitucionales en periodos preelectorales y que ejerza vigilancia para evitar el uso de recursos del Estado con fines políticos.“El artículo 127 de la Constitución prohíbe expresamente a los servidores públicos utilizar el cargo para presionar a los ciudadanos a respaldar una causa o campaña de carácter político y participar en las controversias políticas antes de la elección”, agregó Pinzón.
El reciente decreto del presidente Gustavo Petro, con el que se confirmó el aumento del 23 % en el salario mínimo, ya empezó a sentirse en el bolsillo de millones de colombianos. Más allá de la expectativa que generó entre buena parte del gremio laboral, una de las preguntas más frecuentes es cuánto dinero llegará realmente a la quincena y cómo se reflejará ese ajuste en los pagos mensuales.Con el incremento definido por el Gobierno Nacional, el salario mínimo mensual para 2026 quedó en $1.750.900, sin incluir el auxilio de transporte. Este ajuste marca el segundo año consecutivo en el que el aumento se fija por decreto, luego de que en el alza de 2025 fuera del 9,54 %.A este valor se suma el auxilio de transporte, que también tuvo un incremento y para 2026 quedó en $249.100 mensuales. Este subsidio está dirigido a los trabajadores que devengan hasta dos salarios mínimos y deben asumir gastos de desplazamiento hacia su lugar de trabajo.Cuánto recibe un trabajador en la quincena con el salario mínimoCon las nuevas cifras sobre la mesa, el pago quincenal cambia de manera clara para quienes ganan el mínimo. El ingreso se distribuye así:Salario quincenal: $875.450, sin incluir auxilio de transporte.Auxilio de transporte quincenal: $124.550.Total quincenal con subsidio, antes de descuentos: $1.000.000.Sin embargo, hay un punto clave que muchos pasan por alto: los descuentos obligatorios por salud y pensión. En el caso de la salud, la ley establece un aporte total del 12,5 % del salario. De ese porcentaje, el empleador asume el 8,5 %, mientras que el trabajador aporta el 4 %, que se descuenta directamente de la nómina. Para 2026, ese descuento mensual será de $70.036.En cuanto a la pensión, el aporte total es del 16 %, distribuido entre un 12 % a cargo del empleador y un 4 % del trabajador. Esto implica otro descuento mensual de $70.036. Sumando ambos conceptos, el total descontado al trabajador será de $140.072.Así quedarían las quincenas con auxilio y descuentosEn la mayoría de empresas colombianas, el auxilio de transporte se paga en la segunda quincena del mes, al igual que los descuentos de salud y pensión. En ese escenario, los pagos se verían así:Quincena del 15: $875.450, sin auxilio de transporte.Quincena del 30: $984.478, con auxilio de transporte y con los descuentos aplicados.En qué casos no se paga el auxilio de transporteLa normativa establece que este subsidio no aplica cuando se presentan las siguientes situaciones:El salario supera los dos salarios mínimos mensuales vigentes.El empleador suministra transporte directamente.El trabajador vive cerca del lugar de trabajo y no incurre en gastos de movilización.El contrato está suspendido o la persona se encuentra en incapacidad o licencia.Este aumento del salario mínimo también impacta otros rubros como primas, cesantías y aportes al sistema de seguridad social, por lo que su efecto va más allá del ingreso mensual. En perspectiva, el salario mínimo en Colombia ha tenido una escalada significativa en la última década, pasando de $644.350 en 2015 a superar los $1,7 millones en 2026.
El aumento del salario mínimo en un 23,7 % sigue sacudiendo el debate económico y político del país. Esta vez, la crítica llegó desde uno de los exministros de Hacienda con mayor trayectoria reciente: Mauricio Cárdenas, hoy candidato presidencial, quien en entrevista con Blu Radio este 30 de diciembre de 2025 cuestionó con dureza la decisión del Gobierno.Desde el inicio, Cárdenas marcó distancia con el enfoque oficial y aseguró que el decreto no responde a criterios técnicos. “Esto no es economía. Aquí no hay economía. Esto es totalmente político”, afirmó, al advertir que el impacto real se sentirá en los próximos meses, cuando empiecen a verse despidos, mayor informalidad y presiones inflacionarias.Aumento del salario mínimo: efectos sobre el empleoPara el exministro, el incremento genera una sensación pasajera de bienestar, pero no es sostenible. “El remedio resulta peor que la enfermedad”, dijo, al explicar que una economía con bajo crecimiento, poca inversión y sin mejoras en productividad no puede sostener un salario mínimo tan alto.Cárdenas relató recorridos recientes por municipios del país donde, según dijo, la realidad ya contradice el discurso oficial. “La inmensa mayoría de las personas dicen que están ganando menos del salario mínimo porque los empleadores no les pagan el salario mínimo”, señaló. Con el nuevo aumento, advirtió, esa práctica se extenderá aún más.“Petro quiere la foto de hoy”, advierte CárdenasUno de los momentos más punzantes de la entrevista llegó cuando Cárdenas cuestionó la motivación del presidente Gustavo Petro. “Petro quiere esa foto de hoy porque le genera una sensación efímera de bienestar”, afirmó, insistiendo en que el costo real quedará para el próximo gobierno.Según explicó, los microempresarios y dueños de pequeños negocios serán los primeros en sentir el golpe. “El dueño de la pyme va a hacer sus números y va a decir: ahora tengo que despedir gente”, aseguró, anticipando una reducción de empleos formales a partir del primer trimestre de 2026.Cárdenas criticó el respeto a la ley por ajuste del salario mínimoCárdenas también cuestionó el respeto a la ley que regula el ajuste del salario mínimo. “La ley dice inflación más productividad, eso daba cerca del 7 %, y Petro sale con 23 %”, afirmó, señalando que el decreto se aparta de los parámetros legales.Advirtió, además, un efecto en cascada sobre las finanzas públicas: salarios del sector público, congresistas, rama judicial y Fuerza Pública. “Esto es una escalera y una cascada”, explicó, alertando sobre un hueco fiscal adicional de varios billones de pesos en un Estado que ya declaró emergencia económica.En su cierre, Cárdenas fue contundente: “El próximo gobierno va a heredar un país lleno de bombas de tiempo”, y llamó a que el debate se dé con argumentos y pedagogía. Para él, el aumento del salario mínimo no es una solución estructural, sino una decisión política que, según dijo, “va a dejar más pobreza, más informalidad y más líos para Colombia”.
Uno de los alimentos más presentes en la mesa de los colombianos, sin importar la región o la hora del día, es el huevo. Frito, cocinado o revuelto, se ha convertido en un básico de la dieta nacional por su alto aporte de proteína, su versatilidad y su fácil preparación. Por eso, con el reciente aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno de Gustavo Petro, muchos hogares empiezan a preguntarse cuánto podría subir su precio en 2026.El incremento del salario mínimo fue fijado en 23 %, lo que deja el ingreso base en $1.750.905, frente a los $1.423.500 que rigieron en 2025. Aunque el ajuste busca mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, también abre el debate sobre el impacto que tendrá en productos esenciales de la canasta familiar, como el huevo y el pollo.¿Cuánto costaría el huevo en Colombia en 2026?Tras el decreto firmado por el presidente Gustavo Petro, y en medio de la controversia por el alto incremento, expertos del sector agropecuario comenzaron a proyectar posibles variaciones en los precios. Aunque el valor final depende del lugar de compra (tiendas de barrio o grandes superficies), hay factores estructurales que presionan al alza.Según explicó el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya, en entrevista con Blu Radio, los costos de producción juegan un papel clave. “Si usted mira el caso de la agricultura... el mayor porcentaje o la participación en los costos de producción es el alimento concentrado que se hace con materias primas tan importantes como el maíz amarillo, el frijol y la torta de soya”, señaló.A esto se suma el efecto indirecto del aumento salarial. Bedoya advirtió que el alza del mínimo podría acelerar ajustes en distintos eslabones de la cadena. “Y la gente seguramente va a empezar a subir precios y a subir precios”, afirmó.Actualmente, el precio de la cubeta por 30 de huevos AA en Colombia oscila entre los $13.990 y los $24.500. Con el nuevo escenario económico, para 2026, la canasta familiar aumenta de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según el Dane, en octubre de 2025, este estuvo en 5,91 %, por lo que los precios estarían entre $14.816 y $25.947.El pollo asado también subiría con el salario mínimoUn panorama similar se proyecta para otro de los alimentos más consumidos en el país: el pollo asado. Su precio varía según el barrio, la ciudad y si se compra solo o en combo con papa, arepa, plátano o gaseosa. Hoy, los valores rondan entre $20.900 y $52.900.Con el aumento del 23 %, los cálculos indican que el pollo asado podría costar en 2026 entre $25.707 y $65.067, aproximadamente. No obstante, el presidente Gustavo Petro aseguró que el Gobierno hará seguimiento a los precios de la canasta familiar.“El Gobierno no permitirá que los empresarios trasladen el aumento salarial al aumento de precios al consumidor, sus ganancias aumentarán no por precios mayores sino por mayores ventas”, escribió el mandatario en su cuenta de X, en un mensaje dirigido a tranquilizar a los consumidores.
El aumento del 23,7 % del salario mínimo, decretado por el Gobierno Nacional, sigue generando reacciones fuertes desde distintos sectores económicos. Una de las más críticas provino del presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya, quien en entrevista con Blu Radio, este 30 de diciembre de 2025, aseguró que la medida tendrá efectos negativos sobre el empleo formal y sobre millones de trabajadores que ya se encuentran por fuera del sistema laboral.Aunque el incremento beneficia de manera directa a quienes devengan un salario mínimo, Bedoya insistió en que el impacto real va mucho más allá del anuncio. Desde su perspectiva, el decreto no solo fue una decisión unilateral, sino que profundiza uno de los problemas estructurales del mercado laboral colombiano: la informalidad, que actualmente supera el 51 %.Aumento del salario mínimo afectaría a la informalidadUno de los puntos más sensibles de la entrevista fue la advertencia sobre los colombianos que ganan menos del salario mínimo. “Con este decreto el Gobierno nacional está dejando votados a más de 11 millones de colombianos que ganan menos del salario mínimo”, afirmó Bedoya, señalando que esta población queda por fuera de cualquier beneficio real derivado del aumento.El dirigente gremial respaldó su argumento con cifras oficiales. “Entre enero y octubre de 2024, 3,7 millones de colombianos ganaban el salario mínimo. Entre enero y octubre de 2025, 2,4 millones”. En contraste, el número de personas que reciben ingresos inferiores al mínimo pasó de 10,1 a 11,3 millones. Para Bedoya, este comportamiento evidencia que el empleo sí está creciendo, pero de manera precaria. “De esos 977.000 compatriotas que entraron al mercado laboral, 732.000 entraron a la informalidad laboral”, aseguró.Bedoya señala que la OIT dio recomendaciones, no órdenesOtro de los cuestionamientos estuvo dirigido al uso del concepto de salario mínimo vital como sustento del incremento. Bedoya recordó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) emitió recomendaciones y no mandatos obligatorios. “Estos resultados deben equilibrarse con factores económicos como productividad, empleo y sostenibilidad de las empresas”, señaló, advirtiendo que esos elementos no habrían sido considerados en la decisión final.Según explicó, el Gobierno acogió el argumento promovido por las centrales obreras, pero dejó de lado la aplicación gradual, los ajustes regionales y los análisis técnicos que planteaba la OIT.Inflación, tasas de interés y precios: efectos colateralesEl presidente de la SAC también alertó sobre impactos que irían más allá del mercado laboral. “Las estimaciones son de 9 billones de pesos por el incremento del salario mínimo”, afirmó, advirtiendo presiones fiscales, riesgos inflacionarios y un posible freno en la reducción de las tasas de interés. “El que tenga tarjeta de crédito o crédito hipotecario se va a quedar viendo un chispero”, dijo.Para Bedoya, el riesgo es claro: “Se tomó una decisión populista en época electoral”, mientras, según insistió, “se está dejando tirado a más de 11,3 millones de colombianos”, una advertencia que pone el foco en el costo social que podría traer esta medida durante 2026.