El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó la terminación de un contrato tecnológico suscrito en 2024, luego de identificar dificultades en su ejecución que impidieron el cumplimiento total de las obligaciones que se pactaron. Esta aclaración se da en medio de cuestionamientos de la Contraloría hacia el modelo de pasaportes que comenzaría a implementarse el 1 de abril de este año. El órgano de control advirtió riesgos, incumplimientos y posibles retrasos.Este contrato del que habla la Cancillería fue firmado el 15 de octubre de 2025 entre el Fondo Rotatorio del Ministerio y la Alianza Pública para el Desarrollo Integral (Aldesarrollo). El objeto era la actualización y mejoramiento de los sistemas de información para optimizar procesos internos y externos de la Cancillería.La entidad señaló que no tiene relación directa con la expedición de pasaportes y explicó que durante la ejecución se presentaron problemas que impidieron que el contratista cumpliera con la totalidad de las obligaciones acordadas. Ante esta situación, en agosto de 2025 el ministerio decidió iniciar un proceso sancionatorio contractual y exigió el cumplimiento.Además, puso en conocimiento de la Contraloría las posibles irregularidades relacionadas con la planeación del contrato, para que el organismo de control adelante sus investigaciones.El plazo de ejecución del contrato venció el 31 de agosto de 2024, fecha en la que la Cancillería decidió no aceptar las solicitudes de prórroga presentadas por el contratista. En su lugar, ordenó una revisión para evaluar la posibilidad de hacer efectiva la cláusula penal, un proceso que actualmente continúa en curso. Por ahora solo se ha desembolsado el 3 % del valor total del contrato, lo que significa que la mayor parte de los recursos no fue girada.Finalmente, la Cancillería aseguró que, pese a los inconvenientes registrados, la atención a la ciudadanía y los trámites del ministerio no se han visto afectados.
La Aeronáutica Civil informó a la comunidad aeronáutica del país sobre la emisión de un NOTAM por parte de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA), que se refiere a posibles afectaciones a los sistemas de navegación satelital advirtiendo a los operadores aéreos sobre la necesidad de mantener precauciones durante las distintas fases del vuelo en espacios aéreos sobre el Pacífico colombiano y centroamericano.Ante este escenario, la Autoridad Aeronáutica de Colombia señaló que las aerolíneas nacionales ya fueron debidamente informadas sobre el contenido del aviso, especialmente aquellas que realizan operaciones internacionales o que transitan por las zonas mencionadas en la comunicación.El comunicado también precisa que las empresas aéreas son plenamente conscientes de la situación y que, en la actualidad, se encuentran analizando la información técnica disponible con el fin de adoptar, si así se requiere, medidas preventivas y de mitigación operacional que garanticen la seguridad de las operaciones.Asimismo, la Aerocivil aclaró que, hasta el momento, no se han evidenciado afectaciones visibles a la navegación aérea ni se registran condiciones que impidan o limiten el normal desarrollo de las operaciones aéreas y tampoco se prevé en este momento una situación que conduzca a la suspensión o restricción de los vuelos.Según la información oficial, el NOTAM emitido por la FAA se advierte a los operadores aéreos estadounidenses de una "situación potencialmente peligrosa" en espacios aéreos sobre el Pacífico colombiano y centroamericano "debido a actividades militares" y a posibles interferencias en los sistemas de navegación.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dejó en firme la absolución del defensor de derechos humanos David Rabelo Crespo, al confirmar que fue condenado injustamente. En fallo de segunda instancia, la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz ratificó la decisión que lo declaró inocente del homicidio de David Núñez Cala, ocurrido el 5 de abril de 1991 en Barrancabermeja. Núñez Cala era entonces secretario de Obras Públicas del municipio y aspiraba a la Alcaldía cuando fue asesinado.Al estudiar el recurso presentado por la representación de las víctimas, el Tribunal concluyó que no era procedente y decidió mantener la sentencia emitida en 2025 por la Sección de Revisión. Según la JEP, ese fallo se apoyó en hechos y pruebas nuevas que no habían sido analizadas por la justicia cuando Rabelo Crespo fue condenado en 2012.La decisión también señaló que el proceso penal contra el defensor de derechos humanos se dio en un contexto de persecución relacionada con su trabajo social, en una región afectada por la presencia de estructuras armadas ilegales. Varios de los testimonios que sustentaron la condena fueron posteriormente desacreditados o incluso sancionados por falso testimonio.El Tribunal reiteró, además, que no existe ninguna prueba que vincule a Rabelo Crespo con las extintas Farc y que esa afirmación, incluida en la sentencia de la justicia ordinaria, fue desvirtuada con decisiones judiciales posteriores.Frente a los cuestionamientos de las víctimas, la JEP explicó que no se puede exigir a una persona declarada inocente que reconozca hechos de los que no es responsable ni tiene conocimiento. En su análisis final, la Sección de Apelación concluyó que Rabelo Crespo no tuvo motivo ni oportunidad para participar en el crimen y que nunca existió el acuerdo para cometer el homicidio.El Tribunal aclaró que la decisión contribuye a la verdad al descartar de manera definitiva la responsabilidad de Rabelo Crespo. Por eso, señaló que ahora le corresponde a la Fiscalía avanzar en la identificación de los verdaderos responsables del asesinato de David Núñez Cala.
El Ministerio de Transporte comenzó la actualización del SICE-TAC, que es el sistema con el que se calculan los costos mínimos de operación del transporte de carga. Según lo informado por esta cartera, desde este fin de semana comenzarán a reflejarse dos variables: el aumento del salario mínimo y el de los precios de la gasolina.Desde el ministerio también aseguran que la actualización se está realizando de manera progresiva para no tener contratiempos. El 16 de enero comenzarán con la publicación de los datos referentes a los peajes y esperan que quede completamente actualizada para la próxima semana.Desde Fedetranscarga están a la espera de que todos los datos referentes al aumento de la gasolina, de los peajes y del salario mínimo queden actualizados, ya que la última actualización del SICE-TAC tiene fecha del 25 de diciembre de 2025, donde no están incluidos esos aumentos.“No hay forma de exigirle al generador de carga que pague una mayor tarifa porque la norma, hoy vigente, no ha incrementado esos valores dentro de la misma”, afirmó Arnulfo Cuervo, presidente de Fedetranscarga.Antes de finalizar el mes, el Ministerio de Transporte espera tener actualizados todos los datos fijos. Asimismo, esperan tener una reunión con los transportadores para socializar los avances del proceso, esto con el fin de terminar la fase 1 y comenzar así la fase 2, la cual incluirá un análisis integral del funcionamiento de la herramienta.
Ante de su sufrir el trágico accidente que le costó la vida en Paipa, Boyacá, Yeison Jiménez tuvo su último concierto en video en Málaga, Santander, en donde tuvo un repertorio acompañado de sus más grandes éxitos como "MLP", "Vete", "Por qué la envidia", "Ni tengo ni necesito", "Se acabó", entre otros.Su partido dejó un dolo gigante entre sus seguidores que, hasta ahora, no han podido olvidar esos momentos que el artista dejó todo de sí tanto dentro como por fuera de los escenarios a través de su música. Pero los últimos que lo escucharon -seguidores en Santander-, atesoran ese último concierto y en especial las palabras que para muchos han sido de despedida.Primero dejó unas sentidas palabras al momento de interpretar "El Mejor Caballo" en donde le agradeció y dejó un mensaje a todos sus seguidores: "Esta canción es muy especial para mí. La escribí cuando soñaba y quería tener un caballo. Si Dios me ha permitido es hacer éxitos, pegar éxitos en este país y en otros más. Me siento feliz de iniciar este 2026 lleno de salud, amor y bendiciones con toda mi familia y mis seres queridos vivos. Pero en especial por todo el amor de ustedes, de poder contar con el cariño de un público como ustedes en Colombia, los quiero".Ahí interpretó este éxito -uno de los más famosos del 'Aventurero'-. No obstante, el punto en donde dio el punto final a sus palabras en su presentación en Málaga fueron al final ante de cantar "MLP", pues los invitaba a su concierto el 28 de marzo en Bogotá en El Campín."Gracias, nos vemos en El Campín para repetir el mejor concierto. Les dedico esta canción para que nunca dejen de soñar", dijo el oriundo de Manzanares y cantar "MLP", siendo la última canción que pudo dar en vivo sin saber lo que sucedería 24 horas después cuando se disponía a repetir otra noche histórica en Marinilla, Antioquia.
Los Premios Lo Nuestro dieron a conocer la lista de nominados de su edición 38 para este 2026. Esta vez, se dará bajo el lema de "Honrando lo que somos" en donde se buscará resaltar las raíces y la herencia cultural de la música latina.Esta es la lista de nominados colombianos en Premios Lo NuestroBeéle.Karol G.Maluma.Shakira.J Balvin.Morat.Ryan Castro.Feid.Camilo.Ovy on the Drums.Farina. Sebastián Yatra. Silvestre Dangond. Blessd. Manuel Turizo. Carlos Vives.Kapo. Hamilton. Fonseca. Juanes. Piso 21. Ela Taubert. Goyo. Greeicy. Juan Duque. Ysa C. Bomba Estéreo. Kris R.DFZM. Elsa y Elmar. Venesti. Grupo Niche.Estos son los colombianos más destacadosKarol G reafirmó su reinado con premios clave como artista del año, canción y álbum del año, además de liderar las categorías femeninas y urbanas. Maluma, Shakira y J Balvin también brillaron con reconocimientos que abarcan pop, urbano, giras y colaboraciones crossover, mientras que Morat, Ryan Castro, Feid y Camilo demostraron la fuerza de los grupos, el pop alternativo y la nueva ola urbana con múltiples galardones que reflejan su impacto regional e internacional.En paralelo, nuevas figuras siguen abriéndose paso con fuerza. Hamilton, artista cartagenero en ascenso, arrancó el 2026 con dos importantes nominaciones a Premio Lo Nuestro como Artista Nuevo Masculino del Año y AfroBeats del Año por “Mi Reina”, junto a Nanpa Básico, consolidando su proyección tras cerrar 2025 con un número uno radial en Colombia. La edición número 38 de Premio Lo Nuestro se celebrará el 19 de febrero en Miami, y la votación ya está abierta hasta el 26 de enero. J Balvin, por su parte, llega con seis nominaciones que confirman uno de sus mejores momentos recientes, cerrando un panorama donde conviven figuras consagradas y nuevos talentos que marcan el pulso de la música latina actual.Los grandes nominados de Premios Lo Nuestro 2026Los artistas puertorriqueños Bad Bunny, Myke Towers y Rauw Alejandro, y el cantante mexicano Carín León lideran las nominaciones al 'Premio lo nuestro', con diez cada uno, para la gala tendrá lugar el próximo 19 de febrero en Miami, informó este martes Univision.La cadena hispana, organizadora de los galardones, anunció los nominados a unos premios que reconocen a los artistas, canciones y álbumes "que están marcando el rumbo de la música latina en múltiples géneros, incluidos pop, urbano".Bad Bunny, uno de los artistas del momento que protagonizará el intermedio de la Superbowl de este año, es uno de los diez candidatos a imponerse en la categoría 'Artista del año', junto a Beéle, Carín León, Fuerza Regida, Karol G, Maluma, Marc Anthony, Rauw Alejandro, Romeo Santos, Shakira.En mejor canción los temas nominados son 'Desde hoy', de Natti Natasha; 'DTMF' de Bad Bunny; 'El amor de mi herida' de Carín León; 'Imagínate', de Danny Ocean & Kapo; 'Khé?' de Rauw Alejandro y Romeo Santos; 'Latina foreva', de Karol G; 'Me jalo', de Fuerza Regida y Grupo Frontera; 'No me sé rajar' de Alejandro Fernández; 'Otra noche (feat. Darell)' de Myke Towers y Darell, y 'Soltera' de Shakira.
David Díaz, futbolista del equipo peruano Juan Aurich, que juega en la segunda división, ingresó este jueves en prisión preventiva tras ser detenido por las autoridades con una pistola robada en su poder y ser imputado por la Fiscalía por los delitos de porte de arma de fuego y receptación agravada.Díaz, de 34 años, fue arrestado por la Policía el pasado domingo, cuando se encontraba junto a un grupo de personas a bordo de una camioneta en el distrito de San Martín de Porres, ubicado en la zona norte de la capital Lima, según recordó el Ministerio Público en un comunicado.Los agentes registraron a los ocupantes, entre ellos Díaz, quien señaló ser futbolista profesional.Durante su registro, los policías encontraron una pistola abastecida con municiones en un bolso que llevaba el imputado, por lo que procedieron a trasladarlo a la comisaría.En la dependencia policial, los agentes verificaron que el investigado no registraba licencia para portar armas de fuego ni posee la tarjeta de propiedad del arma.Además, constataron que la pistola fue reportada como robada por un suboficial de la Policía, tras ser asaltado en un transporte público en la provincia de Barranca, al norte de Lima.Díaz milita desde 2023 en Juan Aurich, club que llegó a ser campeón de la primera división de Perú en 2011, y previamente pasó por los clubes Pacífico, San Simón, UTC, Unión Comercio y Deportivo Municipal, con los que también llegó a jugar en la primera división peruana.
El chance Caribeña Noche es uno de los juegos de azar más reconocidos en Colombia y hace parte de las loterías tradicionales que, noche tras noche, despiertan la ilusión de miles de apostadores en distintas regiones del país. Su mecánica sencilla y la posibilidad de ganar con apuestas bajas lo convierten en una opción frecuente para quienes prueban su suerte.Este juego permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para ganar, el número apostado debe coincidir exactamente, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. Los jugadores también pueden seguir la transmisión del sorteo en tiempo real a través del canal autorizado.Número ganador de Caribeña NocheEl número ganador del chance Caribeña Noche de este miércoles 14 de enero de 2026 es el 6921 - 9. ¡Felicitaciones a los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar el premio.Número ganador: 6921.Dos últimas cifras: 21.Tres últimas cifras: 921.La quinta: 9.A qué hora juega Caribeña NocheEl sorteo de Caribeña Noche se realiza de lunes a sábado. El resultado oficial puede consultarse a partir de las 10:30 p. m., una vez finaliza el sorteo del día.Cómo se juega el chanceEl chance ofrece varias modalidades de apuesta, cada una con premios diferentes según la cantidad de cifras acertadas y el orden del número:Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.Una cifra o uña: acertar la última cifra del número ganadorCuánto cuesta apostarCaribeña Noche ofrece flexibilidad en el valor de las apuestas:El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos.El valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.¿Qué necesitapara reclamar un premio de Caribeña DíaEl proceso para reclamar un premio depende del monto ganado, pero existen documentos básicos que siempre deben presentarse.Documentos fundamentales para cualquier premio:Tiquete original diligenciado correctamente, sin tachones ni enmendaduras.Documento de identidad original.Fotocopia legible del documento de identidad.Documentos adicionales según el valor del premio, medido en UVT:Si el premio es menor a 48 UVT, solo se requieren los documentos fundamentales.Si el premio está entre 48 y 181 UVT, se debe presentar además el formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.Si el premio es superior a 182 UVT, también se solicitará una certificación bancaria vigente, a nombre de la persona que diligenció el tiquete. En este caso, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.
El Sinuano Noche sigue consolidándose como uno de los juegos de chance más representativos y tradicionales del Caribe colombiano. Con el paso de los años, este sorteo nocturno se ha convertido en una cita infaltable para miles de jugadores que, noche tras noche, consultan los resultados con la ilusión de acertar y obtener un premio.Gracias a su regularidad y a una mecánica fácil de entender, el Sinuano Noche mantiene un alto nivel de seguimiento en distintas regiones del país, donde los apostadores revisan de forma constante el desenlace de sus jugadas para confirmar si la suerte estuvo de su lado.Resultado oficial del Sinuano Noche hoy, jueves 15 de enero de 2025La organización del sorteo dio a conocer la combinación ganadora correspondiente a la jornada del jueves 15 de enero de 2025, una fecha seguida de cerca por los jugadores habituales del chance. El resultado oficial fue el siguiente: 8358 - 8.Número ganador: 8358.Tres últimas cifras: 358.Dos últimas cifras: 58.Quinta balota: 8.Un juego tradicional, accesible y en constante evoluciónEl éxito del Sinuano Noche radica en el equilibrio que mantiene entre tradición y accesibilidad. Sus valores de apuesta, que van desde los $500 hasta los $25.000, permiten la participación de jugadores con diferentes presupuestos, lo que lo convierte en una opción cercana y popular dentro de los juegos de azar en Colombia.Durante 2025, el sorteo incorporó una novedad importante: la inclusión de la quinta balota. Esta actualización amplió las combinaciones posibles y elevó las oportunidades de premio, sin alterar el formato clásico que los jugadores conocen, facilitando así la adaptación tanto de apostadores habituales como de nuevos participantes.Horario y transmisión oficialEl Sinuano Noche se juega todos los días a las 10:30 p. m., con transmisión oficial en vivo. Este horario fijo permite a los jugadores planificar sus apuestas y consultar los resultados de forma clara, oportuna y confiable. La publicación constante de los números ganadores y la transparencia del proceso refuerzan la confianza del público en este sorteo nocturno.Modalidades de apuesta del Sinuano NochePara adaptarse a distintos perfiles de jugadores, el Sinuano Noche ofrece varias modalidades de apuesta:Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número de cuatro cifras.Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.Una cifra (uña): acierto de la última cifra.Cada modalidad entrega premios proporcionales al valor apostado y al tipo de jugada, permitiendo estrategias flexibles tanto para jugadores ocasionales como para apostadores con mayor experiencia.¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?El proceso para reclamar un premio del Sinuano Noche es sencillo y seguro. El ganador debe presentar:Tiquete original en buen estado.Documento de identidad original y fotocopia.Dependiendo del valor del premio, medido en UVT, pueden solicitarse documentos adicionales:Menos de 48 UVT: documentos básicos.Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y Formato SIPLAFT.Más de 182 UVT: documentos básicos, Formato SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).El cumplimiento de estos requisitos garantiza un pago oportuno y reafirma el compromiso del Sinuano Noche con la legalidad, la transparencia y la confianza de sus jugadores.
El pronunciamiento de la Corte Constitucional se dio tras revisar el caso de ‘Rosa’, de 10 años, y ‘José’, de 8, compañeros de curso en un colegio de Bogotá.Durante un recreo, el niño le dijo a la niña una frase de connotación sexual en medio de un juego. El hecho generó malestar emocional en la niña, quien dejó de asistir al colegio por varios días, mientras que ‘José’ fue cambiado temporalmente de salón.Luego de esto, las directivas autorizaron su regreso al aula y remitieron el caso a la Secretaría de Educación, al considerar que se trataba de una conducta tipo C.Los magistrados que estudiaron la tutela decidieron amparar los derechos fundamentales de ambos menores: el derecho de la niña a la educación en un entorno libre de violencias; el derecho de el niño a una educación integral; así como el interés superior del niño, su desarrollo integral y el debido proceso.Según la misma Corte, el uso de categorías sancionatorias o basadas en la culpa resulta inadecuado para niños menores de 12 años.Lo interesante de este fallo de tutela es que la Corte señaló que que ‘Rosa’ tenía derecho a ser escuchada y protegida frente al impacto emocional vivido y que ‘José’ no debía ser etiquetado como agresor sexual, pues su conducta debía analizarse a la luz de su edad y etapa de desarrollo y que el colegio, aunque actuó dentro del marco normativo, no implementó un enfoque restaurativo adecuado.
El Gobierno expresó su “profunda preocupación” por la represión y la censura en Irán, a través de un pronunciamiento hecho ante la ONU por la embajadora de Colombia, Leonor Zalabata.Durante su intervención, la diplomática cuestionó las acciones del régimen iraní en medio de la intensidad de las protestas y de la represión que, según organizaciones de derechos humanos, ha dejado miles de muertos y detenidos.“En este contexto vemos con profunda preocupación los hechos que están teniendo lugar en Irán, incluido el uso de la pena de muerte y otras formas de represión como respuesta a manifestaciones pacíficas. También nos alarma la aplicación de procesos judiciales acelerados que no garantizan el debido proceso, en abierta contradicción con las obligaciones internacionales. Nos preocupa asimismo la censura y las restricciones a la información, por lo que consideramos que el acceso seguro de la prensa internacional y la restauración de internet deben garantizarse de inmediato”, afirmó Zalabata.Las protestas comenzaron el 28 de diciembre en Teherán, inicialmente por el aumento de la inflación, pero rápidamente se extendieron a otras ciudades con reclamos contra el sistema clerical que gobierna el país. Las autoridades iraníes ordenaron cortes de internet que, según organizaciones defensoras de derechos humanos, buscan ocultar la magnitud de la represión. Actualmente, las cifras de muertos y detenidos en el marco de las manifestaciones ascienden a miles.
La más reciente encuesta de AtlasIntel sobre intención de voto de cara a las elecciones presidenciales en Colombia reavivó el debate público por sus resultados y por el uso de metodologías digitales. El estudio, financiado y publicado por la revista Semana, ubica a Abelardo de la Espriella como líder con 28 %, seguido de Iván Cepeda con 26,5 % y Sergio Fajardo con 9,4 %.Ante las dudas sobre el registro de la firma en Colombia, Andrei Román, CEO de AtlasIntel, aseguró en Mañanas Blu que la empresa cumple con los requisitos legales. “Atlas está debidamente registrada frente al CNE”, afirmó, y explicó que la demora obedeció a la implementación de la nueva ley electoral y a la conformación de una comisión técnica que retrasó el trámite más de cuatro meses.Román sostuvo que, más allá de los procesos administrativos, el foco debe estar en la calidad de los resultados. Según dijo, “(la) metodología fue comprobada, funciona, eso es más importante que cualquier trámite burocrático”, y recordó que en Europa y Estados Unidos la mayoría de encuestas presidenciales ya se realizan de manera digital.Sobre el funcionamiento del muestreo, el directivo explicó que las personas son invitadas a participar mientras navegan normalmente por internet. “Cada persona puede responder solo una vez y no puede compartir el enlace con otras personas”, indicó, al tiempo que señaló que existen múltiples filtros de control para evitar distorsiones en los datos.En esa misma línea, Román negó cualquier tipo de manipulación de los resultados y afirmó que el sistema cuenta con mecanismos de verificación interna. “Tenemos varios tipos de verificación en la encuesta, no tenemos manipulación de los resultados”, enfatizó durante la entrevista.El CEO de AtlasIntel también defendió la cobertura territorial de las encuestas digitales frente a las presenciales. A su juicio, este método permite llegar a más municipios y zonas de difícil acceso, ya que las encuestas tradicionales “limitan el número de locales por cuestiones logísticas”, lo que reduce su alcance.Como respaldo a su metodología, recordó antecedentes electorales en Colombia. Román aseguró que hace cuatro años Atlas logró ser la firma más precisa, destacando sus aciertos en Cali y en la elección de gobernador de Antioquia, donde —según dijo— fue la única encuesta que anticipó correctamente al actual mandatario departamental. "No es posible garantizar que las personas no mientas, cada empresa construye su trayectoria a partir de evidencias, siempre estamos disponibles para explicar", añadió el CEO de la encuestadora.Finalmente, explicó que el costo de este tipo de estudios varía según el tamaño de la muestra y las condiciones comerciales. De acuerdo con Román, una encuesta como la recientemente publicada puede costar “entre 40 y 90 mil dólares”, dependiendo del alcance y los acuerdos con los clientes.
Diez soldados del Ejército tuvieron que ser evacuados de urgencia en las últimas horas luego de resultar heridos en un ataque con artefactos explosivos en zona rural del municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. La extracción del personal se realizó mediante una operación aérea especializada, ante las dificultades de acceso terrestre y la gravedad de las lesiones sufridas por algunos de los uniformados.Tras conocerse el ataque, se activaron los protocolos de emergencia y se dispuso de inmediato el alistamiento de aeronaves y tripulaciones para ingresar al área. La operación estuvo marcada desde el inicio por condiciones meteorológicas adversas, lo que obligó a una evaluación constante del clima hasta identificar una ventana operacional que permitiera ejecutar la misión sin comprometer la seguridad de los heridos ni del personal aéreo.La evacuación se desarrolló en horas de la noche, en un sector de alta complejidad geográfica, lo que exigió maniobras precisas y procedimientos especializados. La coordinación entre las tripulaciones aéreas y el personal médico fue clave para lograr el traslado de los soldados, algunos de ellos con lesiones que requerían atención inmediata en centros hospitalarios de mayor complejidad.Dos helicópteros UH-60 Black Hawk despegaron desde Rionegro, Antioquia, y lograron evacuar a los diez militares desde San José del Palmar. Cuatro de los heridos fueron trasladados a Medellín, mientras que los otros seis fueron llevados a la ciudad de Quibdó, donde quedaron bajo observación médica especializada.Debido a la condición crítica de uno de los soldados, se realizó posteriormente un traslado adicional en una aeronave King 350 hasta la ciudad de Bogotá. El uniformado permanece internado en el Hospital Militar, donde recibe atención médica especializada.El ataque y la posterior evacuación evidencian nuevamente los riesgos que enfrentan las tropas en zonas donde persisten acciones violentas con explosivos, así como la complejidad de las operaciones de rescate en regiones apartadas del país, donde el clima y la geografía siguen siendo factores determinantes en la atención de emergencias.
Al cumplirse un año del inicio de la Operación Catatumbo, el balance operativo deja en evidencia el impacto de la presencia permanente de las FFMM en una de las regiones más golpeadas por la violencia y el narcotráfico en el nororiente del país.Durante doce meses continuos, la ofensiva militar se concentró en debilitar a los grupos armados ilegales, reducir su capacidad criminal y disminuir los riesgos para la población civil.La operación se desarrolló con un despliegue sostenido de más de 11.200 soldados en distintos puntos del departamento de Norte de Santander, apoyados por unidades especiales, aviación, movilidad terrestre y acciones conjuntas con otras fuerzas del Estado.Esta presión constante permitió afectar estructuras armadas que disputan el control de las economías ilícitas, especialmente el narcotráfico, una de las principales fuentes de violencia en la región del Catatumbo.En el componente humano, las autoridades reportaron la evacuación de 3.633 personas que se encontraban en zonas de alto riesgo, entre ellas 57 firmantes del acuerdo de paz. Además, se logró la recuperación de 42 menores de edad que habían sido vinculados a grupos armados ilegales y la desmovilización de 161 integrantes de estas estructuras. A esto se suman 167 capturas de personas señaladas de participar en acciones que afectaron directamente a comunidades rurales.El resultado operacional también se refleja en la incautación de un amplio arsenal y material de guerra. Durante el año de operación fueron decomisadas 178 armas cortas y 161 armas largas, además de la neutralización de 2.514 artefactos explosivos improvisados.En total, se destruyeron o incautaron más de 3.200 kilogramos de explosivos, 392 granadas artesanales, 737 minas antipersona, 62.544 municiones y seis drones utilizados con fines criminales.Uno de los golpes más contundentes se dio contra el narcotráfico. La operación permitió afectar más de 39 toneladas de clorhidrato de cocaína, lo que representa un impacto económico superior a los 208.000 millones de pesos para las organizaciones ilegales.Según las autoridades, esta afectación redujo de manera directa los riesgos para las comunidades rurales, los corredores viales y las zonas de producción.Tras un año de ejecución, la Operación Catatumbo continúa activa en el territorio, con la intención de mantener la presión militar y evitar la recomposición de las estructuras armadas ilegales.El objetivo, según el balance oficial, sigue siendo debilitar las economías ilícitas y generar condiciones de seguridad que permitan una mayor presencia institucional en una de las regiones históricamente más complejas del país.
Tras la revelación de Blu Radio de un presunto detrimento patrimonial por más de 241.000 millones en la hidroeléctrica Urrá, que fue notificado a la empresa en una carta la semana pasada, la compañía defiende sus actuaciones y asegura que hizo lo correcto al vender su energía a precios bajos.La Contraloría notificó a Urrá de un presunto detrimento patrimonial por 241.000 millones de pesos a raíz de la falta de estrategia en la fijación de precios de la electricidad durante la sequía el año pasado."Colombia afrontaba una temporada de sequía, mientras la situación de nuestro embalse era contraria, superando los niveles máximos permitidos, con riesgo de rebosamiento y el consecuente impacto económico y social en las comunidades aguas abajo del sitio de la presa", argumentó Urrá en un comunicado de prensa.Según la hidroeléctrica, ofrecer precios altos en ese momento "hubiera generado sanciones por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD, por especulación en los precios, lo cual iría en contravía de la política del actual Gobierno de aliviar las tarifas del usuario final".La visión de Urrá contrasta con la comunicación oficial de la Contraloría revelada por Blu Radio.En esa comunicación, el ente de control dice, textualmente, lo siguiente:"La falta de responsabilidad en la determinación del precio de oferta de energía durante el periodo de aplicación del Estatuto para Situaciones de Riesgo de Desabastecimiento en la vigencia 2024, conllevó a un impacto financiero negativo para la empresa URRA S.A. E.S.P., al asumir cargos por valor de Doscientos Cuarenta y Un mil Seiscientos Catorce Millones Seiscientos Cincuenta y Nueve Mil Novecientos Nueve Pesos con Doce Centavos ($241.614.659.909,12), pagados y neteados durante la vigencia 2025, afectando no solo los ingresos y la liquidez de la empresa, sino el patrimonio de la misma".La comunicación está fechada el pasado 13 de noviembre y fue dirigida al presidente de Urrá, Juan de Jesús Acevedo. Urrá asegura que sus actuaciones fueron revisadas por la Contraloría, quien ya feneció las cuentas del año anterior sin hallazgos.
Blu Radio conoció que el alto tribunal negó una solicitud de aclaración que pidió la Presidencia de la República sobre el fallo que puso límites a las alocuciones presidenciales en canales públicos y privados. Estos espacios deberán tratar de circunstancias urgentes, no pueden ser recurrentes, es decir, varias veces por semana y deben ser limitadas en temas y en duración.En septiembre el Consejo de Estado le puso freno a las alocuciones tras revolver un fallo de tutela de un grupo de personas que denunciaron un uso “indebido y desproporcionado” de esta figura por parte del presidente Gustavo Petro."NEGAR la solicitud de aclaración de la Sentencia de 16 de septiembre de 2025, presentada por el Presidente de la República y la Presidencia de la República, por las razones expuestas", se lee en el apartado conocido por este medio.En el fallo del 16 de septiembre el Consejo de Estado consideró que las transmisiones reiteradas por canales públicos y privados vulneraron el pluralismo informativo y excedieron los límites constitucionales de esta figura.Allí advirtió el alto tribunal que la figura de la alocución presidencial “solo puede ser utilizada en circunstancias excepcionales y urgentes”, como desastres naturales o alteraciones graves del orden público.Entre las órdenes que profirió el Consejo de Estado es, primero, ponerle la lupa al uso de las alocuciones presidenciales únicamente a hechos de urgente y manifiesta trascendencia pública.Además, evitar transmisiones prolongadas o reiteradas que interfieran con la programación habitual de los medios y ordenar a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) adoptar antes del 31 de diciembre de 2025 un marco regulatorio para garantizar el pluralismo informativo en los canales públicos y privados.
En la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes se realizó este miércoles un debate de control político al que fueron citados el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Armando Benedetti.Aunque el debate estaba citado desde antes de que se supiera que hubo menores de edad que fallecieron en bombardeos de las Fuerzas Militares en diferentes zonas del país, este fue un tema al que hicieron referencia varios congresistas.El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que el bombardeo en el Guaviare en el que murieron 7 menores de edad se hizo contra los cabecillas de las disidencias.“Se aplicó la precaución porque se hizo a una hora y en un lugar donde prácticamente no iban a transitar personas protegidas por el DIH. Se dirigió específicamente a la posición que teníamos por información de inteligencia de los cabecillas, no de toda la estructura, buscando siempre proteger a nuestros menores, víctimas del reclutamiento forzado que los llevan a las hostilidades y les hacen perder la protección en las mismas”, dijo Sánchez.El ministro de Defensa también señaló que en esa zona del país hay un alto nivel de reclutamiento forzado.“Lo que sí sabíamos nosotros es que la probabilidad de que existieran menores ahí en esa zona era alta por el reclutamiento que estaban haciendo. Pero la certeza de saber si estaban ahí o no, no la hay. La única manera era estar metidos allá y contarlos ahí, decirles, a ver, saquen la cédula”, agregó Sánchez.Al final del debate el ministro aseguró que esta acción fue legítima.“Gracias por este espacio para analizar y no tapar las cosas, decirlas tal y crudas como son, con mucho dolor. Claro que sí, lamento y mi mayor solidaridad con las familias, los menores, de todos los colombianos víctimas del conflicto. Esta operación fue legítima, pero si desestimulamos el empleo de las capacidades del Estado para su protección, comprometemos el cumplimiento de los fines esenciales que tenemos en la Constitución. Y en última instancia, los que van a ganar aquí son los criminales”, señaló Sánchez.
El año pasado se realizó en Madrid una reunión en la que participaron Isaac de León, entonces funcionario de la UIAF, y Diego Marín, alias Papá Pitufo, conocido como el “zar del contrabando”.El propósito del encuentro habría sido explorar una especie de amnistía financiera para Marín a cambio de información sobre sus actividades ilegales en los puertos del país. Sin embargo, las versiones sobre quién autorizó esta cita son contradictorias.La versión del exfuncionario es que la reunión fue parte de una misión encomendada por el presidente Gustavo Petro y que la Fiscalía fue informada después, en un encuentro al que habría asistido la fiscal general Luz Adriiana Camargo. Pero fuentes de la Fiscalía le dijeron a este medio que Camargo nunca tuvo conocimiento de esa gestión y que, además, no tendría sentido involucrar a la UIAF en una operación de esa naturaleza.Según esas mismas fuentes, la única línea de acción de la Fiscalía frente a Marín ha sido buscar su extradición. Explican que lo más cercano a un acercamiento fue una conversación con su abogado, Mario Iguarán, para evaluar un eventual retorno del contrabandista al país, pero esas gestiones no avanzaron ni tuvieron resultados concretos. No se descarta que la salida de este funcionario de la UIAF tuviera que ver con el intento de acercarse a Marín, quien hoy está acusado de concierto para delinquir y cohecho con fines de contrabando.
El Ministerio de Educación manifestó su preocupación por la persistencia de la confrontación armada entre grupos al margen de la ley en la región del Catatumbo, situación que continúa generando afectaciones sobre la población civil, en especial sobre niñas, niños, adolescentes y las comunidades educativas del territorio.De acuerdo con la cartera educativa, las alteraciones al orden público registradas en municipios como Tibú y El Tarra, en el departamento de Norte de Santander, se presentan a pocas semanas del inicio del calendario escolar 2026, lo que ha generado temor en la comunidad educativa frente a los riesgos que implica el desarrollo de actividades académicas en medio de enfrentamientos armados. Esta situación podría impactar de manera directa la garantía del derecho a la educación y su normal desarrollo.El Ministerio recordó que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes son sujetos de especial protección constitucional, así como de protección reforzada en el marco del Derecho Internacional. Según lo establecido en el Derecho Internacional Humanitario, el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra, el Protocolo II adicional y las normas consuetudinarias obligan a las partes en conflicto a proteger a la población civil frente a los efectos de las hostilidades, con énfasis en la niñez.Así mismo, el Ministerio señaló que los establecimientos educativos son bienes de carácter civil y, por tanto, no pueden ser objeto de ataques, ocupación, utilización con fines militares ni de ningún tipo de instrumentalización en el marco del conflicto armado.Desde el enfoque del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño consagra el derecho de todas las niñas y niños a la educación, lo que implica obligaciones tanto para los Estados como para los actores armados, incluso en contextos de conflicto. Adicionalmente, Colombia acoge los compromisos de la Declaración sobre Escuelas Seguras, orientados a la protección de estudiantes, docentes, directivos docentes y de las instituciones educativas como espacios de aprendizaje y cuidado.En este contexto, el Ministerio de Educación Nacional hizo un llamado a los grupos armados con presencia en el Catatumbo para que respeten la vida, la integridad y los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y se abstengan de realizar acciones que pongan en riesgo a la comunidad educativa o afecten el derecho a la educación. El Gobierno Nacional reiteró que la escuela no debe ser escenario de confrontación armada.
Un año después de que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) iniciara una guerra contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC por el control del Catatumbo, que deja cerca de un centenar de muertos y más de 100.000 personas desplazadas, la crisis sigue sin solución, mientras el Ejército asegura que ha reforzado su presencia en esa zona.Así lo advirtió este viernes, 16 de enero, la relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Paula Gaviria, quien señaló que la región atraviesa un "drama prolongado"."Es necesario reflexionar y actuar, cuando se cumple un año de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias del Frente 33", señaló la funcionaria.Gaviria recordó en un mensaje a través de su cuenta de X que, en marzo de 2025, junto con otros relatores de la ONU, envió una comunicación al Gobierno, al ELN y a las disidencias de las FARC por la situación en el Catatumbo, y señaló que, un año después, "miles de familias siguen atrapadas entre la inseguridad y el miedo".En ese sentido, instó a "reforzar las medidas de prevención, priorizar la protección de las víctimas y brindar soluciones duraderas a la población desplazada, como acciones mínimas para atender la crisis en esta región fronteriza".Disputa territorial y por economías ilícitasEl 16 de enero de 2025, el ELN comenzó una guerra contra sus rivales del Frente 33 de las disidencias, motivada por el control territorial y de las economías ilícitas en una zona estratégica por su ubicación fronteriza con Venezuela.El Ejército, por su parte, aseguró hoy que ha desplegado más de 11.200 soldados como parte de la 'Operación Catatumbo' en "respuesta a la disputa del ELN y las disidencias por el control territorial y de las economías ilícitas, especialmente el narcotráfico".Según la institución, durante los últimos doce meses mantuvo una presencia permanente en la zona, con unidades de fuerzas especiales, aviación y despliegue rápido, lo que permitió acompañar a comunidades rurales afectadas por la violencia y ejecutar evacuaciones humanitarias en medio de los enfrentamientos.En materia de seguridad, el balance incluyó la desmovilización de 161 integrantes de organizaciones armadas ilegales y la captura de 167 personas señaladas de cometer ataques contra la población civil en esa región.El Catatumbo, formado por los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, es una región que, a pesar de ser rica en recursos naturales, tiene altos índices de pobreza y bajos niveles de desarrollo.En el último año, la violencia en esta región dejó más de 100.000 personas desplazadas, denunció el jueves la ONG Consejo Noruego para Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés).Según esa organización, la población de esta zona de Colombia, donde viven unas 200.000 personas, vive bajo el temor constante del reclutamiento forzado, el uso de explosivos, homicidios selectivos y amenazas de muerte.
La Contraloría General lanzó una advertencia por los riesgos que rodean la implementación del nuevo modelo de producción de pasaportes, tras revisar los contratos vigentes y el Convenio de Cooperación Internacional 010 de 2025 que entraría en marcha el 1 de abril de este año.El principal problema identificado es la falta de una planeación financiera clara: no existe una proyección completa de costos por vigencia que permita saber cuánto costará realmente el servicio ni si el Fondo Rotatorio de la Cancillería cuenta con los recursos suficientes para sostenerlo. Esta ausencia de un modelo financiero integral, según el ente de control, abre la puerta a sobrecostos que terminarían afectando el patrimonio público.Otro de los puntos críticos tiene que ver con cambios estructurales en la forma de producir los pasaportes. El nuevo esquema pasa de un sistema basado en la demanda real a uno con cantidades mínimas anuales, sin que esté garantizado el suministro adicional si se requiere.Además, varios costos que antes estaban incluidos ahora quedan por fuera, como el transporte de las libretas importadas, impuestos, tasas e incluso intereses que no se cobraban en el modelo anterior. A esto se suma que los valores del servicio están fijados en euros, lo que traslada al Estado colombiano el riesgo cambiario sin que exista un estudio que evalúe cómo cubrirlo.Finalmente, la Contraloría advierte que los retrasos y la falta de definiciones claras ponen en riesgo la entrada en operación del nuevo modelo dentro de los plazos previstos. El incumplimiento de las fechas podría derivar no solo en sanciones económicas, sino también en afectaciones directas al servicio de expedición de pasaportes.Por eso, el ente de control instó a la Cancillería y a la Imprenta Nacional a revisar el esquema y tomar correctivos antes de que estos riesgos se materialicen y generen un impacto fiscal y operativo mayor
La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) lanzó una fuerte alerta por la decisión del Gobierno nacional de recortar recursos destinados a dos obras consideradas estratégicas para el desarrollo del país. Según el gremio, la reducción de las llamadas vigencias futuras afecta directamente los proyectos Mulaló–Loboguerrero, en el Valle del Cauca, y la restauración del Canal del Dique, en la región Caribe, comprometiendo inversiones por cerca de un billón de pesos.De acuerdo con el comunicado de la CCI, el ajuste presupuestal implica un recorte aproximado de $340.000 millones para la construcción, operación y mantenimiento de la vía Mulaló–Loboguerrero, y de $636.000 millones para el proyecto ambiental y de infraestructura del Canal del Dique. Ambas iniciativas están priorizadas en el Plan Nacional de Desarrollo y son consideradas fundamentales para la competitividad, la integración regional y el crecimiento económico.El gremio también cuestionó la forma en que se tomó la decisión. Recordó que, mediante un decreto expedido el 29 de diciembre del año pasado, el propio Gobierno había establecido que cualquier modificación a las vigencias futuras debía contar con el acuerdo entre las partes. Sin embargo, dos días después, el Ejecutivo procedió a reducir los recursos de manera unilateral, desconociendo las reglas que él mismo había fijado.Para la CCI, esta actuación no solo afecta la ejecución de las obras, sino que genera un grave precedente de inseguridad jurídica y desconfianza en los contratos de infraestructura. Además, advierte que la medida podría derivar en riesgos legales y financieros para la Nación, al alterar compromisos ya adquiridos con los concesionarios encargados de los proyectos.Ante este panorama, la Cámara Colombiana de la Infraestructura exhortó al Gobierno a restablecer de inmediato las vigencias futuras previstas para 2025 y a cumplir con los compromisos contractuales. Finalmente, el gremio fue enfático en señalar que, de no honrarse estos pagos, los funcionarios responsables podrían enfrentar sanciones disciplinarias y fiscales por poner en peligro obras esenciales para el país.
Un violento asalto se registró en las últimas horas sobre la vía que comunica a Popayán con Cali, a la altura de la variante del puente peatonal, en el departamento del Cauca. En ese punto, dos vehículos tipo niñeras que transportaban un total de 17 automotores fueron interceptados por un grupo armado y despojados de la carga que movilizaban hacia el sur del país.De acuerdo con la Policía, los camiones cubrían la ruta Cartagena–Pasto (Nariño) cuando fueron abordados por cerca de 15 hombres armados, quienes, mediante amenazas con armas de fuego, obligaron a los conductores a detener la marcha. Aunque los delincuentes se llevaron los vehículos transportados, los tractocamiones no fueron hurtados.Horas después del ataque, los dos camiones fueron ubicados en buen estado, al igual que sus conductores, quienes resultaron ilesos y se encuentran fuera de peligro. Tras el hecho, las autoridades les brindaron acompañamiento mientras avanzan las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.Tras conocerse el robo, se activó un operativo especial en el que participaron unidades de la Policía, las Fuerzas Militares, apoyo aéreo y equipos de investigación e inteligencia. Estas acciones permitieron establecer una posible ubicación de los automotores robados en una zona limítrofe entre los departamentos del Cauca y Valle del Cauca.El caso es materia de investigación y se desarrolla en un corredor donde las autoridades han advertido la presencia e injerencia de estructuras armadas organizadas, entre ellas el frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. En esta región, la fuerza pública mantiene operaciones sostenidas ante el accionar de estos grupos, señalados de múltiples hechos violentos y delictivos.Mientras avanzan las labores de búsqueda y judicialización, las autoridades reiteraron que continuarán los operativos en el suroccidente del país para enfrentar este tipo de acciones criminales que afectan la seguridad vial y el transporte de carga en uno de los principales corredores del país.
Ante los hechos de amenazas y extorsiones contra comerciantes, ganaderos y funcionarios de las alcaldías por parte de grupos armados ilegales, la Gobernación del Huila, en coordinación con las autoridades, adelantó un consejo de seguridad en el que se definieron medidas para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.El gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, denunció que presuntas disidencias de las Farc han venido intimidando a la población civil y exigiendo cuotas extorsivas a gremios productivos, campesinos y contratistas de las alcaldías en el norte del departamento.“En estos últimos días se han venido presentando actos extorsivos masivos en la zona norte del departamento contra la población, los comerciantes, los productos del campo y contra los mismos funcionarios que hay en las alcaldías. De estas extorsiones son responsables los grupos armados que operan en la zona”, dijo el gobernador Villalba Mosquera.Por su parte, un habitante de la zona rural de Baraya, quien pidió reserva de su identidad, manifestó su preocupación por las citaciones extorsivas y agregó que también les prohíben a las comunidades transitar en horas de la noche.“Soy de la vereda El Doche. Aquí todos, comerciantes y dueños de fincas, están siendo extorsionados y es imposible vivir así. De noche, después de las seis, no se puede transitar; solo andan ellos y siempre están llamándonos a citas… La extorsión es bastante preocupante. Les hacemos un llamado al señor presidente para que nos ponga cuidado”, narró un campesino de la zona.A su turno, el secretario de Gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas, informó que, como parte de los acuerdos establecidos en el consejo de seguridad realizado en el municipio de Baraya, se definieron operativos militares y labores de inteligencia por parte del Gaula Militar y de la Sijín.“Se intensificará la acción de la Fuerza Pública en el territorio con unidades motorizadas que estarán realizando controles, patrullajes y presencia permanente. Vamos a fortalecer la inteligencia con unidades de la SIJÍN, el GAULA, equipos de investigación y, adicionalmente, con capacidades del CEAES, un grupo especial de prevención contra la extorsión, sumado a otras medidas preventivas que ya están en marcha”, concluyó Casallas Rivas.Cabe mencionar que en los municipios del norte del Huila, como Baraya, Tello, Colombia y la zona rural oriental de Neiva, delinque el frente ‘Darío Gutiérrez’ del bloque ‘Jorge Suárez Briceño’ de las disidencias de las Farc, estructura bajo el mando de alias Calarcá.