Hace unos meses surgió una controversia tras la decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores de eliminar el inglés como requisito para ser embajador, incluso, sindicatos de la Cancillería alzaron la voz para oponerse a esto.Blu Radio conoció un auto en donde el Consejo de Estado admite para estudio una demanda interpuesta por la Fundación para el Estado de Derecho, que pidió anular la norma con la que la Cancillería actualizó el manual de funciones de la entidad y suprimió la exigencia de conocimientos en idiomas para el cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario.Los demandantes sostienen que el cambio afecta la profesionalización del servicio diplomático y vulnera principios constitucionales como la eficacia y la celeridad administrativa.Señalan que un embajador que no domine el idioma del país de destino o una lengua de uso diplomático dependerá de traductores, lo que genera barreras de comunicación, demoras y mayores costos para el Estado.La Fundación también cuestiona el trámite con el que se expidió la resolución y aseguran que el proyecto solo estuvo cinco días en consulta pública y que, pese a recibir observaciones de organizaciones y expertos, el Ministerio no introdujo ninguna modificación antes de expedir el acto definitivo.Otro de los puntos claves de la demanda es que, según los accionantes, la eliminación del requisito habría respondido a una directriz política y no a criterios técnicos.En el documento señalan que, en junio de 2025, el presidente Gustavo Petro a través de un consejo de ministros manifestó públicamente su intención de suprimir requisitos para ser embajador, con el argumento de democratizar el acceso a esos cargos.Con la admisión de la demanda, el Consejo de Estado ordenó notificar al Ministerio de Relaciones Exteriores y le concedió un plazo de 30 días para responder. Pero además pidió remitir todo el expediente administrativo relacionado con la expedición de la norma.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió que la emergencia que atraviesa Santa Marta tras las lluvias intensas de los últimos días no puede explicarse únicamente por las condiciones climáticas, sino que pone en evidencia fallas estructurales que incrementan el riesgo para cientos de familias.“Lo que ocurre hoy en Santa Marta, que ocurre en otras partes de la costa, no es solo el resultado de lluvias intensas, ponen en evidencia condiciones estructurales de riesgo relacionadas con el ordenamiento territorial, el sistema de alcantarillado y drenaje urbano”, afirmó la defensora.De acuerdo con el censo preliminar, 410 familias resultaron afectadas, varias perdieron completamente sus viviendas, otras las tienen en condición no habitable y muchas sufrieron la pérdida total de enseres y daños severos en su entorno. La situación es especialmente crítica en barrios ubicados en zonas de alto riesgo.Además, en el corregimiento de Gaira, un deslizamiento de tierra ocasionó la muerte de una mujer y de su hijo. La Defensoría del Pueblo expresó su solidaridad con las familias y con la comunidad, y reiteró la urgencia de adoptar medidas que prioricen la protección de la vida.Estos hechos, advirtió la entidad, ponen de presente los riesgos persistentes que enfrentan las comunidades asentadas en zonas expuestas a inundaciones y deslizamientos.Frente a este panorama, la Defensora hizo un llamado a las autoridades nacionales, departamentales y distritales para que implementen planes de prevención estructural de manera continua y sostenida, que incluyan el fortalecimiento de la infraestructura de alcantarillado, obras de mitigación del riesgo y, cuando sea necesario, la reubicación segura de las familias asentadas en zonas de alta exposición.
Ese viernes el presidente Gustavo Petro anunció que declarará la emergencia económica en los departamentos de Córdoba y Sucre ante la grave crisis generada por las lluvias. El mandatario no descartó extenderla a todo el país y pide a la Corte Constitucional reactivar el decreto de emergencia económica.El jefe de Estado confirmó que las emergencias dejan hasta el momento 14 muertos, 9.000 viviendas destruidas, casi 50.000 familias afectadas y 35.000 hectáreas inundadas en todo el país, siendo la región Caribe la más afectada.El anuncio se produjo tras más de tres horas de Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en el que se evaluó el impacto de las precipitaciones en distintas regiones. A través de su cuenta en X, el mandatario aseguró que en este caso sí existe un “hecho sobreviniente”, en referencia a la discusión jurídica que rodeó el anterior decreto de emergencia económica, suspendido provisionalmente por la Corte Constitucional mientras se estudia de fondo.La diferencia, según explicó el propio presidente, radica en que esta nueva declaratoria responde a una situación climática imprevisible y de gran magnitud. El Ideam advirtió además que este fin de semana llegará un segundo frente frío al norte del país, con menor intensidad, pero que incrementará las lluvias en zonas del litoral de Córdoba y Sucre, así como en Magdalena y el archipiélago de San Andrés y Providencia. También se mantienen alertas por oleaje.En Córdoba y Sucre crece la preocupación por el riesgo de desabastecimiento de alimentos, debido a las miles de hectáreas inundadas y las vías afectadas. Gobernadores y alcaldes han insistido en la urgencia de acelerar la llegada de ayudas, en medio de cuestionamientos por la capacidad operativa de la UNGRD, entidad golpeada recientemente por escándalos de corrupción.
Este viernes quedó definido el tarjetón para votar una de las 3 consultas el 8 de marzo. De acuerdo con el sorteo de la Registraduría, en el primer lugar estará la consulta de las soluciones, en la mitad aparecerán los candidatos de la Gran Consulta por Colombia y al final del tarjetón aparecerán los cinco candidatos del Frente por la Vida.El sorteo dejó en firme la ubicación oficial de cada bloque en el documento que recibirán los ciudadanos en sus mesas de votación. Según explicó la Registraduría, las tres consultas aparecerán claramente diferenciadas en un mismo tarjetón, el cual deberá ser solicitado expresamente por el elector si desea participar en alguno de estos procesos interpartidistas.En la parte superior del tarjetón estará la consulta de las soluciones: salud, seguridad y educación, que contará con dos candidatos ubicados en ese primer bloque. Más abajo figurará la Gran Consulta por Colombia, que incluye nueve aspirantes organizados en el orden definido por el sorteo. Finalmente, en la parte inferior aparecerá la consulta del Frente por la Vida, con cinco candidatos habilitados.En el caso del Frente por la Vida, el tarjetón sufrió cambios tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de no avalar la candidatura de Iván Cepeda. Así, las cinco caras que quedarán impresas son las de Héctor Elías Pineda, Edison Torres, Roy Barreras, Marta Viviana Bernal y Daniel Quintero. Estos nombres ocuparán el último segmento del documento.El proceso también ha estado marcado por movimientos políticos recientes. El retiro de Juan Fernando Cristo y Luis Gilberto Murillo generó un fuerte pronunciamiento de Roy Barreras, quien afirmó que estas decisiones fragmentan el progresismo. Posteriormente, el candidato confirmó una reunión con el presidente Gustavo Petro y anunció que hará un pronunciamiento al país en las próximas horas. A esto se sumó la renuncia de Camilo Romero a la consulta.La Registraduría recordó que cada ciudadano recibirá tres tarjetas el día de la votación: una para la consulta interpartidista —si la solicita—, otra para el Senado y una más para la Cámara de Representantes. Es clave marcar únicamente una opción en la consulta escogida para evitar que el voto sea anulado. Con el sorteo ya realizado, el camino queda despejado para la jornada electoral del 8 de marzo.
Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo, informó en primicia que el Gobierno del presidente Gustavo Petro enviará este viernes, 6 de febrero, una delegación oficial a Quito con el objetivo de destrabar la crisis arancelaria que amenaza el intercambio binacional. La misión buscará frenar la aplicación de aranceles del 30 % anunciados por ambos países y restablecer el diálogo político.Blu Radio conoció que la comitiva estará encabezada por la canciller Rosa Villavicencio y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. También participarán delegados de los ministerios de Justicia, Energía y Comercio, así como representantes de Ecopetrol, en una señal clara de que la discusión no solo involucra asuntos comerciales, sino también temas de seguridad y cooperación energética.Horas antes del anuncio del viaje, la canciller Villavicencio confirmó que ya existen negociaciones en curso con el Gobierno del presidente Daniel Noboa. Según explicó, Colombia presentó una propuesta que incluye medidas relacionadas con seguridad y otros compromisos bilaterales, y se espera que este fin de semana se lleve a cabo una nueva ronda de conversaciones.La jefa de la diplomacia colombiana aseguró además que el país está dispuesto a retirar la medida arancelaria aplicada a un grupo de productos ecuatorianos, siempre y cuando Ecuador haga lo propio. Este gesto recíproco sería la base para desactivar la escalada comercial que se desató tras el primer anuncio del mandatario ecuatoriano y que derivó en represalias mutuas.El objetivo central de la visita es resolver las diferencias que originaron la imposición de los aranceles y evitar un impacto mayor en los sectores productivos de ambos países, especialmente en las regiones fronterizas. Empresarios y gremios han advertido que la medida podría afectar el comercio, el empleo y la estabilidad económica en zonas históricamente dependientes del intercambio binacional.De los resultados del primer encuentro en Quito dependerá incluso la posibilidad de una reunión directa entre los presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa.
Cuando se habla de cámaras de fotodetección, no se trata solo de equipos que capturan imágenes de vehículos; son herramientas tecnológicas diseñadas para detectar infracciones de tránsito automáticamente, con el objetivo de reducir accidentes y mejorar la seguridad vial.Estos dispositivos identifican comportamientos como exceso de velocidad, cruce de semáforos en rojo y falta de documentación obligatoria como SOAT o revisión técnico-mecánica, todo sin necesidad de un policía de tránsito. Desde ahora, Tunja contará con nuevos puntos donde operarán estas cámaras, por lo que los conductores deben conocer esta información antes de transitar por esos sectores.De acuerdo con la Secretaría de Movilidad y Vida Territorial de la ciudad, la implementación de cámaras de fotodetección forma parte de una estrategia para afrontar el preocupante índice de siniestros viales registrado en la ciudad en los últimos años.Ubicación de las cámaras de fotodetección en TunjaLas autoridades han priorizado cinco ubicaciones estratégicas, identificadas a partir de estudios técnicos y la colaboración con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Estos puntos están catalogados con los más altos índices de tránsito y riesgo para conductores y peatones y son los siguientes:Avenida Norte con calle 59.Avenida Norte con calle 53.Avenida Norte con calle 41.Avenida Oriental con carrera 7.Ruta nacional 55 (BTS).Estos dispositivos operarán las 24 horas del día e iniciarán operación el lunes 16 de marzo del 2026. Esta tecnología es capaz de captar comportamientos contrarios a las normas de tránsito. Además, habrá señalización previa hasta 300 metros antes de cada cámara, para alertar a los conductores y facilitar la reducción gradual de la velocidad.Las infracciones que podrán detectar incluyen el exceso de velocidad, el cruce de semáforo en rojo, la falta de SOAT o revisión técnico-mecánica vigente, entre otras conductas sancionables. Los comparendos identificados por estos equipos serán cargados al sistema en un plazo aproximado de tres días y podrán ser consultados por los ciudadanos a través del SIMIT.El proceso de socialización incluye campañas pedagógicas y jornadas informativas en cada uno de estos puntos, con el fin de que conductores, pasajeros y peatones comprendan cómo funcionan estas cámaras y cuál es su propósito: prevenir accidentes y salvar vidas.
El Sinuano Noche se ha consolidado como uno de los juegos de chance más populares en la Costa Caribe colombiana, con especial presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Su amplia cobertura regional y la constancia de sus sorteos lo han convertido en una referencia obligada para quienes consultan a diario los resultados del chance en esta zona del país.El número ganador del chance Sinuano Noche de este jueves 5 de febrero de 2026 es el: 3507 - 6. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.Número ganador: 3507Dos últimas cifras: 07Tres últimas cifras: 507La quinta: 6Desde 2025, este juego de azar permite a los apostadores incluir una quinta balota o número adicional, una opción que puede incrementar las ganancias cuando se acierta de manera simultánea junto con las demás cifras jugadas. Esta modalidad ha añadido un nuevo atractivo para quienes buscan mayores premios.En el Sinuano Noche se pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para obtener un premio, el número apostado debe coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado oficial del sorteo correspondiente, según la modalidad elegida.A qué hora juega Sinuano NocheEl sorteo del Sinuano Noche se realiza todos los días, y los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:30 p.m., una vez finaliza el sorteo.Cómo se juega el chanceEste juego ofrece distintas modalidades de apuesta, que definen el premio según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado:Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del resultado.¿Qué necesita para reclamar un premio de Sinuano Noche?El trámite para reclamar un premio varía según el monto ganado, aunque existen requisitos obligatorios para todos los casos.Documentos requeridos para cualquier premio:Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.Documento de identidad original.Fotocopia legible del documento de identidad.Requisitos adicionales según el valor del premio (en UVT):Premios menores a 48 UVT: solo se deben presentar los documentos básicos.Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos fundamentales, es necesario diligenciar el Formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.Premios iguales o superiores a 182 UVT: se solicitará una certificación bancaria vigente, con una expedición no mayor a 30 días y a nombre de la persona que diligenció el tiquete. En estos casos, el pago del premio se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.Últimos sorteos chance Sinuano NocheSorteoFechaResultadoSinuano Noche4 Febrero 20265021 - 5Sinuano Noche3 Febrero 20266253 - 0Sinuano Noche2 Febrero 20269408 - 7Sinuano Noche1 Febrero 20263371 - 4Sinuano Noche31 Enero 20269512 - 9Sinuano Noche30 Enero 20265143 - 7Sinuano Noche29 Enero 20260660 - 9Sinuano Noche28 Enero 20267089 - 0Sinuano Noche27 Enero 20262443 - 0Sinuano Noche26 Enero 20266660 - 0Sinuano Noche25 Enero 20262448 - 0Sinuano Noche24 Enero 20268756 - 0Sinuano Noche23 Enero 20268450 - 3
Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este jueves, 4 de febrero:El precandidato Enrique Peñalosa habló sobre sus propuestas de cara a las elecciones. También se refirió a la situación del país en materia de seguridad, economía y relaciones diplomáticas.El balance del Día sin Carro y sin Moto en Bogotá, el cual fue desde las 5:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.Ataque contra senador Jairo Castellanos en Arauca deja dos escoltas muertos y, por un momento, el secuestro de tres personas de su equipo de trabajo, quienes luego fueron liberadas.El Gobierno de Gustavo Petro enviará una delegación a Ecuador para intentar apaciguar la crisis de aranceles entre ambos países.
La Caribeña Noche es uno de los juegos de chance más reconocidos en Colombia y hace parte de las loterías con mayor tradición en el país. Sus sorteos diarios mantienen viva la expectativa de miles de apostadores que, noche tras noche, consultan los resultados con la esperanza de acertar a la suerte.Número ganador de Caribeña NocheEl número ganador del chance Caribeña Noche de este jueves 5 de febrero de 2026 es el: 8327 - 3. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.Número ganador: 8327Dos últimas cifras: 27Tres últimas cifras: 327La quinta: 3Desde 2025, este juego incorporó la opción de jugar con una quinta balota o número adicional, una alternativa que permite aumentar el valor del premio cuando se acierta de manera simultánea junto con las demás cifras del sorteo. Esta modalidad ha ganado popularidad entre quienes buscan mayores ganancias.La Caribeña Noche permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para ganar, el número apostado debe coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado oficial del sorteo correspondiente, de acuerdo con la modalidad elegida.A qué hora juega Caribeña NocheEl sorteo de Caribeña Noche se realiza todos los días, y sus resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:30 p.m., una vez finaliza el sorteo.Cómo se juega el chanceEste juego de azar ofrece varias modalidades de apuesta, que definen el premio según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado:Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del resultado.Cuánto cuesta apostarLa Caribeña Noche ofrece flexibilidad en el valor de las apuestas:Valor mínimo del tiquete: $500 pesos.Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.¿Qué necesita para reclamar un premio de Caribeña Noche?El procedimiento para reclamar un premio depende del monto ganado, aunque existen requisitos obligatorios en todos los casos.Documentos requeridos para cualquier premio:Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.Documento de identidad original.Fotocopia legible del documento de identidad.Requisitos adicionales según el valor del premio (en UVT):Premios menores a 48 UVT: solo se deben presentar los documentos básicos.Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos fundamentales, es necesario diligenciar el Formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta (PDV).Premios iguales o superiores a 182 UVT: se solicitará una certificación bancaria vigente, con una expedición no mayor a 30 días y a nombre de la persona que diligenció el tiquete. En estos casos, el pago del premio se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.Últimos sorteos chance Caribeña NocheSorteoFechaResultadoCaribeña Noche4 Febrero 20261519 - 2Caribeña Noche3 Febrero 20267344 - 2Caribeña Noche2 Febrero 20264070 - 8Caribeña Noche1 Febrero 20260131 - 0Caribeña Noche31 Enero 20262274 - 1Caribeña Noche30 Enero 20265064 - 9Caribeña Noche29 Enero 20262234 - 0Caribeña Noche28 Enero 20263103 - 3Caribeña Noche27 Enero 20265835 - 0Caribeña Noche26 Enero 20264264 - 1Caribeña Noche25 Enero 20261568 - 0Caribeña Noche24 Enero 20267768 - 3Caribeña Noche23 Enero 20268498 - 2
Este viernes Camilo Romero se bajó de la consulta del Frente por la Vida y se unió a la candidatura de Iván Cepeda del Pacto Histórico. Desde Santa Marta anunció que presentó antes de las 6:00 de la tarde la carta de desistimiento ante la Registraduría Nacional. "Conmigo no cuentan para dividir al progresismo", afirmó Romero.El exgobernador de Nariño tomó la decisión minutos antes de que se cerrara oficialmente el plazo para modificaciones en las consultas interpartidistas. Mientras en la Registraduría se realizaba el sorteo de ubicación de los candidatos en el tarjetón, Romero confirmó públicamente que se bajaba de la contienda y, acto seguido, apareció en tarima junto a Iván Cepeda en un evento político en la capital del Magdalena.“Acabo de radicar esta carta que es mi renuncia a la consulta del Frente por la Vida. Es la consecuencia del mensaje que he traído al país: más coherencia, menos codicia (...) La política hoy se define entre el viejo poder del pasado y el futuro que estamos construyendo”, agregó.Su decisión se da en medio de una fractura dentro de los sectores alternativos. En el Frente por la Vida permanecen Roy Barreras, Daniel Quintero, Marta Viviana Bernal, Lucio Torres y Héctor Pineda. La consulta ya había sufrido otros remezones, como la salida del exministro Juan Fernando Cristo, quien cuestionó la falta de unidad y aseguró que la ausencia de ciertos liderazgos debilitaba la opción de construir un bloque progresista sólido.En contraste, Daniel Quintero defendió su permanencia en la consulta y aseguró que, más allá de las diferencias actuales, después del 9 de marzo deberán buscarse mecanismos de unión. La jornada estuvo marcada además por el anuncio del presidente Gustavo Petro, quien informó que no votará en la consulta del 8 de marzo y que solo participará en la elección al Congreso.“Voy a votar por cambiar el Congreso que hace las leyes. En primera vuelta volveré a votar”, escribió el mandatario en X.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
La reunión sostenida este viernes en Quito entre las ministras de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, y de Colombia, Rosa Villavicencio, finalizó sin una solución a la guerra comercial en la que están inmersos ambos países, con aranceles mutuos del 30 %.De acuerdo a la Cancillería ecuatoriana, en el encuentro, el primero desde el inicio de este conflicto arancelario, se abordaron aspectos en seguridad, control fronterizo y energía, y "se acordó tratar de manera integral los temas pendientes de solución en la relación comercial bilateral", que deberán ser solventados en futuras reuniones.El encuentro, que se confirmó por parte del Gobierno ecuatoriano la mañana de este viernes, tuvo carácter "privado" y sin declaraciones a la prensa de ninguna de las partes.El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió posteriormente un comunicado en el que dio a conocer que no hubo mayores acuerdos en el asunto arancelario, pero sí en seguridad fronteriza, una de las razones esgrimidas por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, para iniciar este conflicto, al acusar a Colombia de no esforzarse más en evitar que la cocaína producida en su territorio llegue a Ecuador.Así, la Cancillería ecuatoriana señaló que, de manera específica, las ministras de ambos países dialogaron sobre "reforzar las estrategias para luchar contra el crimen organizado transnacional", analizaron el estado de cooperación en materia de energía y mecanismos para hacer más ágil la colaboración judicial.La canciller colombiana Villavicencio acudió a Quito con una delegación integrada también por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, y de directivos de los ministerios de Comercio, Industria y Turismo; Minas y Energía; Justicia, así como de la petrolera estatal Ecopetrol.Desde el 1 de febrero están activos aranceles del 30 % en ambos países para las importaciones del otro país, acompañados de sanciones recíprocas en materia energética.La guerra comercial fue declarada por Noboa el pasado 21 de enero, cuando anunció una "tasa de seguridad" del 30 % sobre productos colombianos bajo el pretexto de que el país vecino no estaba colaborando como es debido en la lucha contra el narcotráfico, lo que fue respondido por Colombia con un arancel idéntico a más de 50 productos ecuatorianos.Colombia también suspendió el suministro de electricidad a Ecuador, clave para mitigar las diferentes crisis energéticas que ha tenido el país en los últimos y que han llevado a racionamientos de energía con cortes programados de hasta 14 horas al día a nivel nacional.En respuesta a ello, Ecuador elevó de 3 a 30 dólares la tarifa de transporte de crudo de la petrolera estatal colombiana Ecopetrol, lo que ya no hace rentable la movilización a través de oleoductos ecuatorianos de alrededor de 10.000 barriles de crudo colombiano al día que se transportaban hasta entonces.Colombia y Ecuador han sido tradicionalmente dos sólidos socios comerciales con un intercambio que en los últimos años ronda los 2.800 millones de dólares, con una balanza negativa para Ecuador de alrededor de 900 millones.
La Defensoría del Pueblo alertó por los enfrentamientos armados entre el Bloque Jorge Suárez Briceño, de las disidencias al mando de alias 'Calarcá Córdoba', y la Segunda Marquetalia, que desde finales de diciembre se registran en las veredas Linderos y La Libertad, en la Zona de Reserva Campesina del Río Pato y Valle de Balsillas, zona rural del municipio de San Vicente del Caguán, en Caquetá.La Defensoría recordó que este territorio ya había sido priorizado en una alerta temprana, y señaló que la continuidad de los enfrentamientos evidencia el deterioro en la seguridad, especialmente en un periodo en el que las familias realizan actividades agrícolas y se movilizan de manera constante por la zona.También informó que estos hechos han sido puestos en conocimiento del Ministerio del Interior en al menos tres ocasiones, mediante comunicaciones en las que se advierte la materialización de riesgos graves y se solicita la adopción de medidas urgentes de protección. No obstante, señalan que hasta el momento no se evidencian respuestas con impacto en el territorio.De acuerdo con la entidad, los enfrentamientos han puesto en riesgo la vida e integridad de la población, por la presencia de minas antipersonal y municiones sin explosionar, así como por amenazas, homicidios selectivos y el riesgo de desplazamiento forzado y confinamiento. La situación es especialmente grave para niños, niñas y adolescentes, ante el peligro de reclutamiento y utilización por parte de los grupos armados.La Defensoría hizo un llamado a los grupos armados a excluir a la población civil de las hostilidades y a abstenerse de cometer acciones que los pongan en peligro, y pidió al Estado acciones inmediatas para proteger a las comunidades y evitar que la situación humanitaria siga agravándose en esta zona del país.“Además, recuerda que en el marco de los compromisos adquiridos en el Ciclo VII de conversaciones, el Estado Mayor de Bloques y el frente hizo expresa su voluntad de desescalar las afectaciones a civiles. Para esta entidad, lo estipulado en los acuerdos debe verse reflejado en acciones permanentes e ininterrumpidas que permitan seguir abonando el camino del diálogo y ofrezcan alivio a las comunidades”, añaden.Por su parte, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA también expresó su preocupación por el aumento de la violencia en la Zona de Reserva Campesina del Río Pato y Valle de Balsillas, así como en otras zonas del departamento del Caquetá.Según la misión, los hechos registrados en los últimos días representan graves riesgos para la población civil, en especial para líderes y lideresas sociales, y para niños, niñas y adolescentes de la región.La MAPP/OEA rechazó de manera categórica estas acciones y pidió el cese inmediato de la violencia, recordando a los grupos armados su obligación de respetar la vida, la integridad y la movilidad de la población civil. Además, reiteró la necesidad de no obstaculizar la labor de quienes adelantan acciones humanitarias y de construcción de paz en los territorios.
La Asociación Sindical de Servidores Públicos No Uniformados del Ministerio de Defensa, ASSPPMIDEFENSA, que incluye a los administrativos y trabajadores de la cartera, solicitó formalmente al ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, ser incluidos en la mesa técnica donde se discute la nivelación salarial del personal militar.El sindicato, que agrupa a más de 300 trabajadores civiles no uniformados del sector Defensa, aseguró que existe una desigualdad salarial y prestacional frente a los militares, pese a que muchos civiles desempeñan funciones administrativas, operativas y de apoyo con responsabilidades similares y, en varios casos, con altos niveles de riesgo laboral.En la solicitud, la asociación recordó que históricamente los civiles han acompañado a las Fuerzas Militares desde labores administrativas hasta apoyo logístico y operativo, incluyendo conductores, mecánicos y personal de servicios, algunos de los cuales resultaron heridos o perdieron la vida en el marco del conflicto.El gremio también señaló que antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, los civiles del sector Defensa contaban con mejores condiciones salariales y pensionales, amparadas por normas como el Decreto Ley 1214 de 1990. Sin embargo, tras su inclusión en el régimen general, aseguran haber sufrido un deterioro en sus ingresos, prestaciones y expectativas de pensión, pese a un aumento en la carga laboral.“Muchos de los trabajadores cuentan con más de 20 años de servicio y aún a la espera de una década más para pensionarse, han adquirido enfermedades laborales por estrés y sobrecarga laboral. Con habernos incluido en la Ley 100 de 1993 nos compararon con cualquier otro civil que labora con el Estado a sabiendas que nosotros tenemos un alto grado de riesgo mayor que el de otros ministerios”, aseguró el sindicato en un documento.La organización sindical afirmó estar lista para participar en la mesa técnica y aportar elementos jurídicos y técnicos que permitan avanzar hacia una negociación que, según indican, dignifique el trabajo del personal civil del Ministerio de Defensa, en línea con los principios de equidad laboral y protección constitucional de los derechos de los trabajadores.
El informe preliminar de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes (DIACC) de la Aeronáutica Civil entregó los primeros hallazgos oficiales sobre el accidente aéreo ocurrido el 10 de enero de 2026 en el municipio de Paipa, Boyacá, en el que murieron el cantante Yeison Jiménez, cuatro integrantes de su equipo de trabajo y el piloto de la aeronave, una Piper PA-31-325 Navajo, matrícula N325FA.De acuerdo con el documento, la aeronave había tenido una actividad operacional intensa en los días previos al accidente, tras haber sido sometida a mantenimiento reciente en el motor izquierdo, específicamente “el cambio de anillos a tres cilindros y el cambio de magnetos”. El 9 de enero de 2026, un día antes del siniestro, el avión realizó un vuelo de prueba desde el aeródromo Olaya Herrera de Medellín, el cual se desarrolló sin novedades, al igual que dos vuelos posteriores entre Medellín, Bogotá y Paipa.Según el informe, el día del accidente se había programado un vuelo desde el aeródromo Juan José Rondón hacia Medellín, con seis ocupantes a bordo, una velocidad estimada de 160 nudos, una altitud prevista de 12.500 pies y una autonomía de tres horas y media. La aeronave inició el rodaje hacia la pista 05 y, aproximadamente a las 16:09, hora local, comenzó la carrera de despegue.“Tras el despegue, la aeronave perdió altura y colisionó contra el terreno, produciéndose fuego postimpacto”, señala textualmente el informe preliminar de la DIACC.Como consecuencia del impacto y del incendio posterior, la aeronave sufrió daños estructurales severos y los seis ocupantes presentaron lesiones de connotación fatal. El accidente ocurrió en condiciones de luz diurna y meteorología visual, sin evidencia de tormentas, cortantes de viento o fenómenos convectivos en el área.Lugar del impacto y dinámica del accidente donde murió Yeison JiménezLa inspección de campo permitió ubicar el sitio del accidente en la finca Marengo, vereda Romita, en zona rural de Paipa, a una elevación aproximada de 8.238 pies. La aeronave quedó localizada a 1,97 kilómetros del umbral de la pista 23 del aeródromo Juan José Rondón.El informe describe una dinámica de impacto de alta energía inicial, con un punto primario de contacto contra el terreno y un desplazamiento lineal mínimo, lo que indica una rápida pérdida de sustentación tras el despegue.“La aeronave impactó contra el terreno con indicios de un relativo alto ángulo de impacto, lo que se tradujo en una dinámica con un impacto inicial y un desplazamiento aproximado de 21 metros hasta su posición final”, detalla el documento.Testigos citados en la investigación afirmaron que la aeronave impactó y rebotó antes de detenerse definitivamente, quedando con los planos a nivel, sin evidenciar volcamiento. La DIACC fue enfática en señalar que no hubo fuego previo al impacto, descartando una explosión en el aire.“No se evidenció, en la inspección del terreno, durante el primer impacto, muestras de hollín que denotaran un fuego preimpacto”, precisa el informe.El incendio se originó posteriormente, cuando la ruptura estructural afectó los tanques de combustible, lo que produjo la deflagración al entrar en contacto con secciones calientes de los motores.Estado de la aeronave y hallazgos técnicosLa inspección detallada de los restos permitió establecer que todas las secciones de la aeronave fueron halladas en el sitio del accidente, descartando cualquier rompimiento estructural en vuelo. Las alas, motores, hélices y empenaje presentaron daños compatibles con impacto y fuego postimpacto, y las hélices evidenciaron marcas de baja energía, un dato clave para el análisis de potencia al momento de la colisión.La DIACC confirmó que la aeronave, fabricada en 1982, contaba con certificación de aeronavegabilidad vigente, un tiempo total de vuelo de 8.788,95 horas y estaba equipada con dos motores Lycoming TIO-540-J2B y hélices Hartzell. Asimismo, se confirmó que no contaba con registradores de vuelo, ya que la normativa no exigía su instalación para este tipo de aeronave.El piloto al mando, de 38 años, contaba con licencias vigentes, certificado médico válido y una experiencia acumulada de 1.650 horas de vuelo, además de un chequeo satisfactorio en la misma aeronave realizado en marzo de 2025.El aeródromo Juan José Rondón fue descrito como no controlado, autorizado para operación, con una pista de 1.540 metros, señalización adecuada y sin servicios de tránsito aéreo ni información meteorológica. Los análisis satelitales y de modelamiento atmosférico indicaron nubosidad baja dispersa, alta humedad y una altitud densidad de 9.719 pies, sin evidencia de fenómenos meteorológicos adversos.La Aeronáutica Civil aclaró que este es un informe preliminar y que la investigación continúa bajo los lineamientos del Anexo 13 de la OACI, con participación de la NTSB de Estados Unidos, la FAA y los fabricantes de la aeronave, motores y hélices.Por ahora, el documento no establece una causa definitiva, pero deja claro que el accidente ocurrió segundos después del despegue, sin fallas estructurales previas en vuelo y con un incendio generado únicamente tras el impacto, elementos que serán determinantes para las conclusiones finales.
Ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República fue denunciada la alcaldesa de Turbaco, Bolívar, Claudia Espinosa Puello, por presuntas irregularidades en la convocatoria de sesiones extraordinarias de las Juntas Administradoras Locales (JAL). Las denuncias fueron presentadas por la Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia, a través de su vocero, Luis Miguel Marimón Reyes, quien solicitó a las autoridades competentes investigar la posible desviación de poder en las actuaciones de la mandataria.De acuerdo con la veeduría, la investigación se origina a raíz de un audio enviado por la propia alcaldesa a los ediles del municipio, en el que se le escucha decir: “El regalo que les voy a dar es llamarlos a sesiones extraordinarias para que ganen algo en diciembre y les arreglo la Navidad”. Para la organización denunciante, estas declaraciones revelan que la convocatoria de las sesiones no tuvo un propósito administrativo o de interés general, sino un carácter de beneficio económico, lo que podría constituir un uso indebido de sus facultades.Posteriormente, la mandataria expidió el Decreto No. 127 del 10 de diciembre de 2025, mediante el cual convocó diez sesiones extraordinarias que generaron pagos por concepto de honorarios. Si bien la ley permite la remuneración de los ediles por su participación en dichas sesiones, la Constitución Política, en su artículo 315, señala que estas deben responder a asuntos urgentes y de interés público.La Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia pidió a los organismos de control determinar si los hechos mencionados configuran una desviación de poder o constituyen posibles faltas disciplinarias, fiscales o penales por parte de la alcaldesa Espinosa Puello. Las investigaciones podrían establecer si la convocatoria extraordinaria fue legítima o si, por el contrario, se trató de un acto de favorecimiento irregular.
Las autoridades confirmaron que, a raíz de los operativos adelantados en Neiva y en los municipios cercanos, fueron recapturados dos de los siete delincuentes que se fugaron el lunes de esta semana del centro de reclusión transitorio de Neiva.Se trata de Duván Sneyder Llanos alias ‘Frijol’ acusado por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años y Jairo Andrés Gómez Perdomo imputado por el delito de desaparición forzada.Entre tanto, Jhon Sebastián Becerra Lizcano de 23 años acusado por el delito de homicidio y Juan Sebastián Torres de 18 años, quien se encontraba privado de la libertad por el delito hurto calificado, se entregaron de manera voluntaria ante las autoridades.“Gracias a la difusión que se hiciera por los medios de comunicación y el trabajo articulado entre policía, ejército y la comunidad se han logrado recapturar a dos de estas personas que se fugaron del centro transitorio de Neiva y, tras esta misma presión, otros dos se entregaron de manera voluntaria”, informó el coronel Héctor Jairo Betancourt comandante de la Policía Metropolitana de Neiva.Entre tanto, siguen prófugos tres más de los presos que escaparon del centro de reclusión transitorio entre ellos alias ‘Richard’ disidente de las Farc capturado en noviembre del año anterior señalado de haber instalado una motocicleta bomba en el municipio de La Plata en Semana Santa del 2025, donde dos hermanos perdieron la vida y 30 personas más resultaron heridas.Las autoridades municipales y del orden nacional adelantaron un Consejo de Seguridad extraordinario, en el que se evaluó la situación y se adoptaron decisiones para garantizar la seguridad en el centro de reclusión transitorio y el esclarecimiento de los hechos.Asimismo, se anunció una recompensa por información que permita la ubicación y captura de los demás prófugos del centro de detención transitorio, la cual será definida de acuerdo con la calidad de la información suministrada y el perfil del capturado.Entre otras decisiones durante el Consejo de Seguridad las autoridades definieron las siguientes medidas:•La realización de una mesa técnica con la Rama Judicial, con el fin de solicitar que, en adelante, las personas privadas de la libertad sean remitidas de manera preventiva a centros de detención de los municipios donde fueron capturadas.•La reafirmación de la orden de no recibir personas privadas de la libertad de otros municipios en el CDT de Neiva, al ser esta una responsabilidad directa de cada ente territorial.•El reforzamiento estructural y tecnológico de las celdas existentes en el CDT.•Adelantar las acciones administrativas y judiciales para que el INPEC reciba a las personas privadas de la libertad consideradas de alta peligrosidad en cárceles de máxima seguridad del país.
El informe de la Contraloría concluyó que 33 de las 34 universidades públicas no son autosostenibles. Que el 97 % no puede financiar su operación con ingresos propios y confirma una dependencia estructural de las transferencias del Estado, señalando un déficit que compromete la viabilidad financiera del sistema y la autonomía de las universidades.Ante esto, el Ministerio de Educación reconoció que el sistema atraviesa una crisis y que el modelo es insostenible, pero aclaró que se trata de un problema estructural que se remonta a la Ley 30 de 1992, la cual ató los aportes universitarios al IPC.Según la cartera, la universidad pública no está concebida para ser autosostenible, sino para garantizar un derecho fundamental financiado por el Estado, respaldado por las Sentencias C-376 de 2010 y T-068 de 2012 de la Corte Constitucional.El diagnóstico de la Contraloría indica que solo la UNAD cubre sus costos con ingresos propios, mientras que otras universidades, como la Unisucre, pierden más de dos pesos por cada peso recibido. La Universidad Nacional presenta el mayor déficit acumulado: $764.220 millones. El informe plantea además que la dependencia financiera del Estado puede afectar la autonomía universitaria.Por su parte, el Ministerio señala que los ingresos por matrículas han sido históricamente un complemento y que la gratuidad universitaria, incorporada como base presupuestal desde 2023, beneficia actualmente a más de 900.000 estudiantes, reduciendo la presión financiera sobre las instituciones. Además, destaca que la inversión en universidades públicas entre 2023 y 2026 asciende a $15 billones, el mayor incremento real en más de una década.En infraestructura, el Ministerio anunció el primer plan nacional universitario, con $2,2 billones ejecutados y 120 proyectos en 17 departamentos y 38 municipios, además de vigencias futuras por $6,7 billones a diez años. Sobre el pasivo pensional, reconoció que las obligaciones son de largo plazo y representan menos del 1 % del gasto pensional nacional, matizando así los riesgos financieros señalados por la Contraloría.En cuanto a la desigualdad en la asignación de recursos, la Contraloría evidencia que los ingresos por estudiante varían entre $525 mil y $11,4 millones, concentrándose el 48 % de los recursos en cuatro universidades. El Ministerio resalta que el coeficiente de Gini bajó a 0,43 en 2024, gracias a criterios orientados a cerrar brechas.Finalmente, ambas entidades coinciden en la necesidad de repensar el modelo financiero y garantizar sostenibilidad, equidad y fortalecimiento del sistema público, aunque difieren en el énfasis: la Contraloría se centra en el estado actual de las finanzas, mientras que el Ministerio enfatiza las reformas estructurales ya en marcha y sus efectos futuros.
Ante la emergencia generada por la primera temporada de lluvias de 2026, el ministro de Educación, Daniel Rojas, solicitó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres activar el Comité Nacional para el Manejo de Desastres con el fin de articular acciones para atender las afectaciones en el sector educativo y asegurar la prestación del servicio.De acuerdo con los reportes oficiales, hasta el momento se registran 426 sedes educativas afectadas en cerca de 15 departamentos por daños en infraestructura y por la interrupción de vías de acceso, lo que ha limitado el desarrollo de las actividades académicas en varias zonas del país.El escenario podría agravarse en los próximos días, según el Boletín 104 del Ideam del 4 de febrero de 2026, que declaró alerta roja por riesgo de crecientes súbitas e inundaciones en las regiones Caribe, Pacífico, Magdalena y Cauca.El Ministerio de Educación orientó a las 97 Entidades Territoriales Certificadas a activar sus Comités Territoriales de Gestión del Riesgo Escolar y las Mesas Territoriales de Gestión Integral del Riesgo Escolar, en el marco de la política de gestión del riesgo en el sector. Entre las medidas impartidas están la identificación de sedes vulnerables, la realización de adecuaciones en infraestructura cuando sea posible, la protección de materiales pedagógicos y la implementación de estrategias de educación en emergencias para dar continuidad a las clases.Debido a la magnitud de la situación, la cartera de Educación planteó la necesidad de desplegar acciones a nivel nacional a través del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y en coordinación con la Estrategia Nacional de Respuesta a Emergencias. La activación del comité busca coordinar apoyos interinstitucionales, atender los daños en la infraestructura educativa e iniciar procesos de recuperación para restablecer el servicio en las zonas afectadas.
Leonardo Huerta, precandidato presidencial y abogado con diez títulos académicos, oficializó su participación en la denominada "Consulta de las Soluciones", donde se enfrentará a la exalcaldesa Claudia López el próximo 8 de marzo. Tras recolectar firmas de manera independiente durante siete meses, Huerta se presenta como una alternativa de centro frente a las estructuras políticas tradicionales de Colombia.Quién es Leonardo Huerta y su trayectoria académicaEl aspirante se define como un ciudadano forjado en la educación pública y la academia. "Yo soy un ciudadano que estudió en el INEM de Pereira, que salió adelante estudiando", afirmó en entrevista con Mañanas Blu 10:30 A.M. Huerta destacó su preparación profesional como una de sus mayores fortalezas para dirigir el país, tras haber aplazado la revisión de su tesis doctoral para enfocarse en la campaña.Además de su faceta como profesor, el precandidato ocupó cargos técnicos como Defensor del Pueblo para el derecho a la salud y Secretario de Educación de Pereira, donde resaltó la entrega de tres instituciones educativas en un solo año.Cómo se financia la campaña de Leonardo HuertaAnte los cuestionamientos sobre el origen de sus recursos, Huerta aclaró que su campaña se sostiene con ahorros personales y la liquidación de su cargo en la Defensoría. "Con esos recursos que suman alrededor de 450 millones de pesos, yo salí a recorrer Colombia", explicó, desmarcándose de las financiaciones de grandes partidos o grupos económicos.Asimismo, aclaró que la reposición de votos no es un beneficio automático ni lucrativo, sino un reembolso de gastos debidamente facturados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).Propuestas de Leonardo Huerta para la PresidenciaUbicado en el centro político, Huerta propone un enfoque de "soluciones inoculpables", alejándose de la polarización entre izquierda y derecha. Su estrategia para ganar la consulta se basa en capitalizar el voto del electorado que busca figuras nuevas. "El outsider es el que nadie conoce. Estoy convencido de que la gente en esta elección va a votar por el outsider", sentenció con optimismo frente a su competencia con López.
El Ejército de Colombia recibió este viernes once vehículos blindados para reforzar las operaciones contra grupos armados ilegales, como resultado de los compromisos de cooperación en defensa alcanzados tras la reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump el pasado martes en la Casa Blanca.El acto militar tuvo lugar en el Fuerte Militar de Tolemaida, en el centro del país, y estuvo presidido por el comandante del Ejército, mayor general Royer Gómez, y por el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, quien dejará el cargo la próxima semana tras anunciar su jubilación.La entrega se realizó con motivo del acuerdo de cooperación del Gobierno de Estados Unidos, bajo el Programa de Financiamiento Militar Extranjero (FMF, por sus siglas en inglés), gracias al cual Colombia ha podido financiar en los últimos años helicópteros, vehículos blindados y otros sistemas destinados a la lucha contra grupos armados ilegales y el narcotráfico.Según informó el Ejército en X, los once vehículos ASV M1117 Guardián "se suman a las 145 unidades ya desplegadas en distintas regiones del país como parte del proceso de modernización de la fuerza".Este será uno de los últimos actos públicos de McNamara al frente de la misión diplomática estadounidense en Bogotá, cargo que ocupa desde el 1 de febrero de 2025, cuando reemplazó como encargado de negocios a Francisco Palmieri ante la demora en la designación de un nuevo embajador.Con más de dos décadas en el servicio diplomático y cuatro asignaciones en Colombia, McNamara, veterano del Ejército estadounidense y graduado de la Academia Militar de West Point, ha desempeñado un papel relevante en la relación bilateral, especialmente durante la reciente crisis entre Washington y Bogotá.
La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) dio inicio formal a sus actividades en Colombia con miras a las elecciones de Congreso y Presidencia de la República previstas para 2026, marcando el comienzo de un acompañamiento internacional que abarcará todas las etapas del proceso electoral. Este despliegue se realiza en coordinación con la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad que ha manifestado su disposición para facilitar el trabajo técnico e independiente de la misión.Como parte de esta fase inicial, el equipo directivo de la Registraduría sostuvo una reunión de trabajo con representantes de la MOE UE, encuentro orientado a consolidar la articulación institucional y a definir mecanismos de coordinación que permitan un flujo constante y oportuno de información. El objetivo central es garantizar condiciones de apertura, transparencia y acceso a los datos necesarios para el ejercicio riguroso de la observación electoral en el país.Durante la reunión, se confirmó que la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea desplegará más de 120 observadores en todo el territorio nacional. Estos expertos internacionales realizarán seguimiento a las diferentes fases del proceso, desde la organización y preparación de los comicios hasta la jornada electoral y las etapas posteriores. La Registraduría Nacional brindará el acompañamiento institucional requerido, subrayando el respeto absoluto por la autonomía y neutralidad que caracteriza a este tipo de misiones.En el marco del encuentro, la autoridad electoral presentó de manera detallada el plan logístico y operativo previsto para las elecciones de 2026. Este contempla la instalación de 13.748 puestos de votación, de los cuales 13.494 estarán ubicados dentro del territorio colombiano y 254 funcionarán en el exterior, con el fin de garantizar el derecho al voto de los ciudadanos residentes fuera del país. Asimismo, se expusieron las estrategias de coordinación interinstitucional diseñadas para asegurar condiciones adecuadas de seguridad durante todo el proceso electoral.Uno de los ejes centrales de la conversación fue el abordaje de asuntos considerados estratégicos para el fortalecimiento de la integridad electoral. Entre ellos se destacaron el uso de herramientas tecnológicas en la organización y supervisión de los comicios, las acciones orientadas al monitoreo y combate de la desinformación, así como las medidas destinadas a proteger el secreto del voto. También se discutió la realización de simulacros electorales, en los cuales la Misión de Observación participará como parte de su labor de evaluación y seguimiento.José Antonio Gabriel, jefe adjunto de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, resaltó la importancia de este primer acercamiento institucional. Según indicó, el encuentro evidencia la disposición de la Registraduría Nacional para permitir la presencia de observadores internacionales en todas las fases del proceso. Además, subrayó que mantener un contacto permanente resulta fundamental para asegurar que la información circule de manera adecuada y que la misión pueda dar testimonio informado, objetivo y riguroso sobre la forma en que se organizan y desarrollan las elecciones en Colombia.Finalmente, la Registraduría Nacional del Estado Civil reiteró su compromiso con la transparencia, la integridad y la credibilidad del proceso electoral, así como con el fortalecimiento de la confianza ciudadana. En este sentido, reafirmó su respaldo al trabajo de las misiones de observación electoral, tanto nacionales como internacionales, reconociéndolas como actores clave para el fortalecimiento de la democracia colombiana y para la garantía de procesos electorales confiables y legítimos.
La Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) reconoció que actualmente funciona con limitaciones financieras, esto luego de que el Gobierno Nacional solo haya entregado menos de la mitad de los recursos que se habían proyectado para cumplir las sentencias y decisiones judiciales ya adoptadas.De acuerdo con Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, el costo estimado para ejecutar plenamente las primeras sentencias y las decisiones judiciales ya proferidas asciende a 120.000 millones de pesos. Sin embargo, hasta el momento, el Gobierno ha garantizado únicamente 50.000 millones.“El balance, digamos, estamos como a mitad de camino; se calcula que son 120.000 millones de pesos, ya el Gobierno nacional nos ha garantizado 50.000, o sea un poco menos de la mitad. Seguimos insistiendo en la necesidad de la financiación completa, no solamente esta sentencia, sino todas las que siguen”.Ramelli explicó que los recursos ya entregados permiten avanzar en procesos de alistamiento y ejecución, pero recalcó que es fundamental recibir la financiación para cumplir plenamente con todas las obligaciones derivadas de las sentencias y de las decisiones judiciales que se encuentran en curso y las que están por venir.En ese sentido, el presidente de la Jurisdicción fue enfático en señalar que la responsabilidad principal del financiamiento recae en el Estado colombiano, y no en la cooperación internacional. Aclaró que estos recursos están contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo, por lo que no se trata de fondos propios de la JEP ni de recursos que puedan ser cubiertos en su totalidad por apoyos externos.Frente al respaldo internacional, Ramelli indicó que actualmente la Jurisdicción no recibe recursos de Estados Unidos, debido a recortes realizados en años anteriores. No obstante, aseguró que la JEP mantiene una disposición permanente al diálogo con la comunidad internacional y a retomar la cooperación, en caso de que ese apoyo sea restablecido.Pese a esa apertura, reiteró que la cooperación internacional solo puede ser complementaria, y que el cumplimiento total de las sentencias depende, de manera directa, del compromiso financiero del Gobierno nacional. Por ello, hizo un llamado a garantizar la entrega completa de los recursos necesarios.
Una comisión especial de la Gobernación del Huila, conformada por ingenieros civiles y un geólogo en coordinación con la Alcaldía de Aipe, realizaron una visita técnica al centro poblado de Santa Rita, donde existe un enorme deslizamiento de tierra que se ha venido presentando desde el año anterior.La secretaria de Infraestructura del municipio de Aipe, Daniela Ramírez, dijo a Blu Radio, que, desde mayo del 2025, se le notificó a la oficina de gestión de riesgo sobre esta emergencia, que actualmente genera alto riesgo para quienes habitan en el sector y que afecta la movilidad de las comunidades entre Aipe y el departamento del Tolima.“En mayo del 2025, la administración municipal recibe de las comunidades de la zona información sobre la situación que se viene presentando del desprendimiento de material de tierra sobre la vía principal en el centro poblado de Santa Rita. Este es un corredor vial estratégico porque une al Huila con el Tolima y los perjudicados son los habitantes porque por esa vía se transporta el café que se produce en el municipio de Aipe. Entonces por tratarse de una vía de segundo orden, procedimos desde mayo del año 2025 a notificarle a la secretaría de Vías del Huila y a la Oficina de Gestión de Riesgo sobre esta situación de emergencia en el centro poblado de Santa Rita”, expresó la funcionaria municipal.Conclusiones de la visita técnica por parte de la Gobernación del HuilaPor su parte, el director departamental de Gestión del Riesgo, Jhon Jairo Yepes, señaló que durante la visita a la zona de la emergencia realizaron la inspección del talud, el estado de la vía y las condiciones del terreno, en el que observaron posibles riesgos para la movilidad y la de sus habitantes.Señaló el funcionario de la Oficina de Gestión de Riesgo, que la visita de inspección, se desarrolló una reunión de trabajo con la Alcaldía de Aipe y un encuentro directo con la comunidad de Santa Rita y veredas aledañas, en él que se escucharon las inquietudes de los habitantes y se avanzó en la coordinación de acciones conjuntas para la atención de esta emergencia.“Desde la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres, y de manera articulada con la Alcaldía de Aipe, estamos coordinando acciones técnicas y preventivas como la construcción de un muro de contención como obra de mitigación que nos permitan reducir el riesgo existente y, ante todo, salvaguardar la vida de las personas que transitan y habitan este sector”, afirmó el jefe de Gestión de Riesgo del Huila Jhon Jairo Yepes.Por último, el director de Gestión de Riesgo del Huila, indicó que se continuará con el seguimiento permanente a la situación, evaluando la necesidad de implementar medidas adicionales que permitan estabilizar el terreno y minimizar la probabilidad de nuevos eventos asociados a las lluvias.