Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
El ministro de Educación, Daniel Rojas, se refirió este lunes al caso de Juliana Guerrero y a las investigaciones que rodean a la Fundación Universitaria San José, institución señalada por presuntas irregularidades en la expedición de títulos académicos. En entrevista en Mñanas Blu 10:30, el funcionario fue enfático en que la designación de Guerrero como delegada del Gobierno ante el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar no corresponde al Ministerio de Educación, sino directamente a la Presidencia de la República.“El delegado o delegada del presidente ante los consejos superiores universitarios es una función que no puedo usurpar. Esa nominación la define el presidente o quien él delegue”, aseguró Rojas, al ser consultado por la permanencia de Guerrero en ese cargo pese a que la Fiscalía anunció una imputación de cargos por presunta falsedad en documento público relacionada con su título académico.El ministro explicó que, aunque el Ministerio de Educación sí tiene competencias en materia de inspección y vigilancia sobre instituciones de educación superior, no tiene injerencia en las decisiones de la Presidencia sobre sus representantes en los consejos universitarios. “Juliana Guerrero no ha tenido ningún contrato con el Ministerio de Educación mientras he sido ministro, ni es mi delegada ante ningún consejo superior universitario”, puntualizó.Investigación contra la Fundación Universitaria San JoséEn la entrevista, Rojas también confirmó que desde 2023 el Ministerio adelanta un proceso formal contra la Fundación Universitaria San José, luego de recibir denuncias de estudiantes y usuarios por presuntas irregularidades académicas. Según explicó, la institución enfrenta actualmente dos vías de actuación: una preventiva y otra sancionatoria, amparadas en la Ley 1740.“La medida preventiva incluye vigilancia especial, una inspectora in situ y la formulación de un plan de mejoramiento acompañado por el Ministerio. Paralelamente, avanza el proceso sancionatorio, en el que la rectora y el exsecretario general tienen derecho a presentar descargos, como lo establece la ley”, detalló.Rojas rechazó críticas de sectores políticos que piden una intervención inmediata o la remoción automática de directivos. Aclaró que en Colombia no existe la figura de intervención universitaria como tal, sino medidas graduales de inspección y vigilancia. “No puedo saltarme el debido proceso ni usurpar funciones que corresponden a otras entidades como la Fiscalía”, sostuvo.El nombre de Juliana Guerrero volvió al centro del debate público tras conocerse que habría recibido un título sin cumplir requisitos académicos, lo que derivó en la imputación anunciada por la Fiscalía. Sin embargo, una hora después de hacerse pública esa decisión, el Gobierno confirmó que no sería retirada de su rol como delegada ante la Universidad Popular del Cesar, lo que generó críticas desde distintos sectores.Frente a esto, el ministro de Educación insistió en que cualquier decisión sobre su permanencia corresponde exclusivamente a la Presidencia. “Mis delegados son funcionarios del Ministerio porque así lo exige la norma. En este caso, la responsabilidad es de Palacio”, reiteró.Mientras avanzan las investigaciones contra la Fundación Universitaria San José y el proceso judicial contra Guerrero, el Ministerio de Educación aseguró que mantendrá una postura de “defensa irrestricta de los derechos de los estudiantes” y que no tolerará irregularidades en el sistema de educación superior.
Un fallo clave profirió la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia a un hombre que presentó una tutela contra Colpensiones que le había negado el reconocimiento de la prestación.Todo comenzó en 2016 cuando el hombre fue calificado con una pérdida de capacidad laboral del 63,60 %, estructurada desde el 15 de septiembre de 2012, como consecuencia de un trastorno mixto de ansiedad y depresión severa, catalogado como enfermedad crónica.Colpensiones rechazó inicialmente la solicitud de pensión argumentando que el afiliado no cumplía con el requisito de haber cotizado al menos 50 semanas en los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, pues solo acreditaba 36,43 semanas.La Corte Suprema de Justicia estableció que ese análisis fue incompleto. Los magistrados advirtieron que, a pesar de que médicamente la invalidez se fijó en 2012, el trabajador continuó laborando y cotizando hasta enero de 2013, lo que demostraba que conservaba una “capacidad laboral residual”.Tras revisar la historia laboral y los dictámenes médicos, la Sala Laboral concluyó que el hombre sí cumplió con el mínimo de semanas exigidas, si se toman en cuenta los aportes realizados hasta enero de 2013.La Corte Suprema de Justicia hizo un ajuste a la decisión y declaró prescritas las mesadas causadas antes del 9 de febrero de 2014, debido a que el afiliado solo presentó su reclamación formal en 2017.
La entrega de seis nuevas camionetas blindadas al Ejército Nacional en Antioquia con recursos de la tasa de seguridad promovida por la actual administración departamental, nuevamente sirvieron para que el gobernador Andrés Julián Rendón defendiera el tributo que ha generado polémica e, incluso, inconformidad en varios sectores.Con un 60% de recaudo, es decir que de cada 10 pesos facturados 62 están ingresando a las arcas del departamento por cuenta de los contribuyentes de estratos 4, 5 y 6, Rendón sostuvo que el impuesto “sigue firme”, además porque hasta ahora decisiones judiciales lo han respaldado."Viendo el recaudo exitoso que está ha tenido, como un cariño grande que muestran los ciudadanos antioqueños, los contribuyentes hacia nuestros soldados y policías. Nosotros una vez más queremos ratificar que la tasa está blindada jurídicamente, que sigue firme", puntualizó Rendón.El gobernador también salió al paso de recientes cuestionamientos como los de Fenalco y el Comité Intergremial, quienes hace menos de una semana pidieron suspender la tasa por las altas cargas tributarias que estaba generando para los empresarios.Rendón defendió el crecimiento económico de los últimos meses en el departamento y que inclusive ha registrado niveles superiores a los del promedio nacional."No hay indicativo alguno que el establecimiento de la tasa haya ralentizado o llevado incluso a una situación dificultosa la economía del departamento, por el contrario, la economía del departamento creció el año pasado arriba de un 3%", señaló.En la reciente entrega se invirtieron recursos por más de 2.290 millones de pesos y se espera que en los próximos meses estas continúen con elementos como radios de comunicación, botes, drones, antidrones y motocicletas.
Uno de los mayores ídolos deportivos de Colombia llega a los 40 años. Se trata del delantero Radamel Falcao García, quien ha puesto ha celebrar a millones de colombianos con su goles tanto con el equipo de mayores como con los clubes en los que ha defendido la camiseta.El tigre de Santa Marta cumple este 10 de febrero del 2026 40 años o como coloquialmente se dice "cuarto piso" y los clubes no dudaron en felicitarlo en este día tan especial para el máximo goleador de la Selección Colombia.Mensajes a Falcao por sus 40 añosPor su puesto, esta ola de mensajes al goleador histórico empieza con la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) que, a través de una imagen en la que recopila los momentos más emocionantes del tigre con la tricolor, le desea un feliz cumpleaños.Millonarios, actual equipo de Falcao García, también recopiló varias fotografías del atacante tanto con la camiseta embajadora como con la tricolor. También agradecen por su jerarquía y magia dentro de la cancha.En el caso del Mónaco, publicaron dos videos en sus redes sociales. El primero, en el que aparece Kylian Mbappé hablando sobre el colombiano y reconociendo que Falcao ha sido la mejor guía que ha tenido. El segundo, una colaboración con la cuenta oficial de la Champions League en el que se observa el histórico gol contra el Manchester City.En el caso del Chelsea, la cuenta oficial en Español, señaló que nunca olvidarán los 12 partidos que disputó y el gol que anotó.El Atlético de Madrid, equipo en el que es ídolo, realizaron una recopilación de sus mejores goles con el colchonero en LaLiga de España.Entretanto, el Porto compartió una historia en su cuenta de Instagram donde se ve al colombiano con la camiseta del equipo a rayas blanco y azul, con su característico cabello largo de aquel 2009-2011.Los mensajes de estos equipos se unen a referentes del fútbol colombiano como Juan Guillermo Cuadrado, Abel Aguilar, José Chunga, Roger Martínez, Mario Alberto Yepes, Hugo Rodallega, Jeison Murillo, y hasta Juan Pablo Vargas, excompañero en Millonarios.
Apenas inicia el segundo mes de 2026 y, con ello, el mercado tecnológico empieza a dar luces de lo que vendrá para este año. Como es de esperar, los avances en este sector son pan de cada día y marcan el ritmo de la industria.Con el paso de los años, las personas se han adaptado a lo que la innovación ofrece en dispositivos móviles. Marcas como Samsung, Huawei, iPhone y Xiaomi, entre otras, llegan con nuevos smartphones que terminan siendo tendencia, ya sea por su diseño o por su tecnología. En ese escenario, los diseños plegables siguen despertando miradas por su estilo diferencial.¿Cuál celular plegable tener en 2026?Huawei y sus teléfonos plegables para 2026Huawei continúa a la vanguardia tecnológica con dispositivos que apuestan por el diseño y la resistencia estructural.HUAWEI Mate X7: Lanzado en febrero de 2026, este modelo destaca por su diseño ultradelgado y una batería de 5.600 mAh con gestión térmica avanzada. Su pantalla plegable ofrece frecuencia de actualización adaptativa y alta fidelidad de color. En fotografía, integra una cámara de 50 MP con apertura variable y una IA que optimiza la grabación de video Ultra HDR.HUAWEI Mate XT Ultimate Design: Este trifold marca un hito con su sistema de tres pantallas que se despliegan para brindar una experiencia tipo tableta. Cuenta con un procesador de alto rendimiento y núcleos dedicados a la IA, que gestionan la multitarea en su panel de gran formato. Su sistema de cámaras de nivel profesional y materiales de grado aeroespacial lo posicionan como un referente en ingeniería de precisión.Samsung y sus teléfonos plegables para 2026Samsung, desde 2019, ha marcado tendencia en el segmento plegable. Para 2026, la productividad y el diseño son claves, con la incorporación del Snapdragon 8 Gen 5 y una Galaxy AI más intuitiva.Galaxy Z Fold7: Este modelo destaca por su pantalla interna Dynamic AMOLED 2X más brillante y resistente. Incorpora un sistema de cámaras de 200 MP, pensado para creadores de contenido. Su batería de 4.600 mAh ofrece autonomía diaria, apoyada por una gestión inteligente de energía.Galaxy Z Flip7: El ícono del diseño mejora su pantalla externa, permitiendo interactuar con más aplicaciones sin abrir el equipo. Integra un sensor principal de 50 MP con IA optimizada para fotografía nocturna. Su batería de 4.000 mAh mantiene su atractivo en el mercado masivo.Galaxy Z Flip7 FE: La sorpresa llega con esta versión Fan Edition, que busca acercar la tecnología plegable a más usuarios. Reduce algunos detalles en materiales, pero conserva un procesador de gama alta, una cámara de 12 MP y la experiencia de inteligencia artificial de Samsung.Xiaomi y su plegable en 2026Xiaomi irrumpe con fuerza con el Mix Flip, un equipo que combina diseño y potencia. Incorpora el Snapdragon 8 Gen 3, optimizado con IA avanzada para eficiencia energética y traducción en tiempo real.Sobresale su pantalla externa funcional y el panel principal de 120 Hz. En fotografía, las ópticas Leica garantizan buenos resultados, mientras que su batería de 4.780 mAh con carga rápida asegura autonomía prolongada.Motorola y sus teléfonos plegables para 2026Motorola, con la intención de evocar el clásico RAZR V3, lanzó la serie Razr 60, adaptada a las exigencias actuales.Motorola Razr 60 Ultra: Es el referente de la gama alta plegable. Cuenta con una pantalla externa pOLED que cubre casi toda la tapa. Integra el Snapdragon 8 Gen 5 y un sistema de cámaras de 50 MP con zoom óptico. Su batería de 4.200 mAh se apoya en una gestión térmica mejorada.Motorola Razr 60: La opción equilibrada prioriza la eficiencia. Utiliza un procesador Dimensity de última generación, optimizado para su batería de 4.500 mAh. Su cámara principal de 50 MP y la tasa de refresco adaptativa garantizan una experiencia visual estable.
A través de un plan candado y en una persecución de película la Policía de Tránsito detuvo a un camión que había sido hurtado cargado con más de 120 bultos de sal en el sector conocido como Bajo Sartenejo, en la vía principal que comunica al municipio de Garzón con Neiva.Minutos después, los uniformados motorizados lograron la captura de otras cuatro personas involucradas en el hurto del automotor de carga, cuando se movilizaban en dos automóviles particulares en inmediaciones del centro poblado de La Jagua en la vía Garzón – Pitalito.“Hemos capturado a seis delincuentes, quienes en plena vía nacional Ruta 45 habían hurtado un camión con la mercancía que llevaba, las dos personas propietarias de la carga, de inmediato dieron aviso a la policía de Garzón, se coordinó con policía de carreteras y con los comandantes de las estaciones de policía de Gigante y Altamira y se logró la captura de estos delincuentes” indicó el coronel Javier Alberto Duarte, comandante de Policía Huila.De acuerdo con las autoridades, el vehículo hurtado y recuperado es un camión de estacas marca HINO línea FC500, color blanco, avaluado en aproximadamente 150 millones de pesos, mientras que los 120 bultos de sal estarían avaluados en la suma de 12 millones de pesos.Los seis capturados identificados como Juan Camilo Gómez, Luis Fernando Vivas, Gisela Juliana, Maicol López, Alexis Mosquera y Fredy Varón, fueron imputados por la Fiscalía por el delito de hurto calificado y un Juez de Control de Garantías de Garzón, Huila, les impuso medida privativa de la libertad en centro penitenciario. La mujer tendrá casa por cárcel.
Para aquellos que viven en conjuntos residenciales o hacen parte de una copropiedad, en Colombia se suelen llevar a cabo, al menos una vez al año, las reuniones de la asamblea de copropietarios. Dichos encuentros ocurren durante el primer semestre del año entre enero y marzo.El objetivo en cada una de ellas es tomar decisiones estratégicas, administrativas y financieras para garantizar el correcto funcionamiento de las áreas comunes. Además, allí también se define la cuota de administración y cómo va a aumentar.Sin embargo, muchos propietarios creen que faltar a la asamblea general de su conjunto residencial no tiene mayores consecuencias. Pero la ley colombiana sí permite imponer sanciones económicas por inasistencia, si se cumplen algunos requisitos.No asistir a la asamblea del conjunto puede costarle graves sancionesEl Ministerio de Vivienda, en un concepto jurídico emitido en 2024 sobre multas por inasistencia a asamblea, recordó que la Ley 675 de 2001 regula las sanciones dentro del régimen de propiedad horizontal y establece cuándo y cómo pueden aplicarse.Frente a esto, la administración sí puede imponer multas por inasistencias, pero no de forma automática. La Ley 675 de 2001 señala que el “incumplimiento de obligaciones no pecuniarias”, como podría ser la inasistencia a la asamblea si así está previsto, "puede dar lugar a sanciones". No obstante, para que la multa sea válida deben cumplirse algunas condiciones:La inasistencia debe estar expresamente consagrada como conducta sancionable en el reglamento de propiedad horizontal.El reglamento debe establecer cuál es la sanción aplicable.Debe garantizarse el debido proceso al propietario.Lo anterior, quiere decir que no basta con faltar para que la multa sea automática.¿De cuánto puede ser la multa?Según el artículo 59 de la Ley 675 de 2001, “las multas sucesivas no pueden superar, cada una, el equivalente a dos veces el valor de las expensas comunes mensuales del infractor y, en total, no pueden exceder diez veces esas expensas”Además de multas, la norma también contempla otras sanciones como la publicación del nombre del infractor en lugares visibles del conjunto. La restricción al uso de bienes comunes no esenciales (como salones comunales o zonas recreativas).Es importante aclarar que la sanción no es automática, pues debe respetarse el debido proceso. El Ministerio recordó que la asamblea general o el consejo de administración, cuando tienen esa facultad, son los órganos competentes para imponer sanciones. Sin embargo, antes de hacerlo deben:Notificar al propietario.Permitirle presentar descargos.Valorar si existió una justa causa para no asistir.Aplicar criterios de proporcionalidad y graduación de la sanción.En otras palabras, la multa no es objetiva ni automática, pues debe analizarse cada caso.¿Se puede impugnar la multa?Según la sentencia del MinVivienda, el propietario sancionado puede impugnar la decisión dentro del mes siguiente a la comunicación de la sanción. Incluso puede acudir a mecanismos alternativos de solución de conflictos o a la autoridad judicial competente si considera que fueron vulnerados sus derechos.
En medio del consejo de ministros realizado en Córdoba, el presidente Gustavo Petro afirmó que ordenó retirar a un general de la Policía por un supuesto complot en su contra.El mandatario señaló que el oficial tenía una “misión extra”, pues, según dijo, alguien le habría dado la orden de poner sustancias psicoactivas en su vehículo y que su propósito era sabotear la reunión con el entonces presidente Donald Trump el pasado 3 de febrero. Con el Decreto 0147 se oficializó esta decisión.En el documento se lee: “Retírese del servicio activo de la Policía Nacional ‘por llamamiento a calificar servicios’ al brigadier general Urrego Pedraza Edwin, a partir de la comunicación del presente decreto”.El decreto está firmado por el viceministro de Defensa, Javier Andrés Vaquero, debido a que el jefe de esa cartera, el general (r) Pedro Sánchez, se encuentra fuera del país.Cabe mencionar que, en conversación con Blu Radio, el general Urrego fue enfático al declarar que nunca ha intentado realizar un acto deshonesto que afecte su ética o la honra de la institución. Durante la entrevista aseguró que ni siquiera ha tenido cercanía física con el vehículo presidencial y agregó que, de ser necesario, se sometería al polígrafo.
El coordinador para la atención en manejo de desastres de la Oficina de Gestión del Riesgo en el Huila, Orlando Garzón, confirmó que a la fecha 10 municipios han decretado la calamidad pública a raíz de las emergencias ocasionadas por las lluvias que siguen dejando estragos en gran parte del país.Señaló el funcionario del gobierno departamental, que siete municipios mantienen vigentes las declaratorias de calamidad pública desde la última temporada de lluvias del año 2025 por deslizamientos de tierra, inundaciones y afectaciones en vías rurales. Los tres últimos municipios que han decretado calamidades por lluvias este año son: Gigante, La Plata y La Argentina.“Estos siete municipios que mantienen vigentes sus calamidades han actualizado los decretos con las recientes emergencias que se han registrado en lo que llevamos del 2026. Los municipios que vienen desde el año anterior con declaratorias de calamidad pública son: Timaná, Suaza, Saladoblanco, Oporapa, Palestina, Santa María y San Agustín”, anotó Orlando Garzón, profesional en Desastres de la Oficina de Gestión de Riesgo.De acuerdo con el reciente boletín del IDEAM, reporta las alertas por amenaza de deslizamientos de tierra: seis municipios están en alerta roja y 19 en alerta naranja y cinco en alerta amarilla. Entre los municipios en alerta roja figuran Altamira, Elías, Gigante, Paicol, Teruel, Yaguará y en alerta naranja, aparecen Hobo, Acevedo, Agrado, Algeciras, Campoalegre, Garzón, Guadalupe, La Argentina, La Plata, Nátaga, Oporapa, Pitalito, Rivera, Saladoblanco, San Agustín, Suaza, Tarqui, Tesalia, Íquira.Asimismo, los ríos Páez, Suaza y el Magdalena, mantienen monitoreo permanente por los organismos de socorro, teniendo en cuenta que estos son los principales afluentes que abastecen a las centrales hidroeléctricas del Quimbo y Betania.Entre tanto, la secretaría de Vías e Infraestructura con el banco de maquinaria amarilla adelanta la remoción de tierra y lodo para recuperar la movilidad de las comunidades campesinas en nueve municipios del Huila.
¿Se ha preguntado qué pasaría si recibe una notificación de la Registraduría? ¿Sabe cuándo serán los próximos comicios en Colombia y para qué se votará? El domingo 8 de marzo de 2026, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., el país acudirá a las urnas para elegir a los integrantes del Congreso de la República. Y miles de ciudadanos no solo votarán, sino que también cumplirán un papel clave en la jornada democrática, pues muchos serán jurados de votación.Ser jurado no es solo una responsabilidad cívica, también implica beneficios laborales y académicos que muchos desconocen. La Registraduría Nacional del Estado Civil aclaró cuáles son esas ventajas de quienes asumen este rol en los próximos comicios.¿Quiénes pueden ser jurados de votación?Los jurados de votación son ciudadanos colombianos mayores de 18 años de edad y menores de 60, con mínimo décimo grado de escolaridad.Para las elecciones de Consejos de Juventud, también pueden ser designados jóvenes mayores de 14 años de edad, quienes son seleccionados en representación de la sociedad mediante un sorteo aleatorio realizado por la Registraduría Nacional.Dicho proceso comienza cuando los registradores solicitan listados a entidades públicas y privadas, instituciones educativas, empresas, grupos significativos de ciudadanos, organismos sociales y partidos o movimientos políticos con personería jurídica.Con esa base de datos, se hace un sorteo electrónico a través de un software especializado, que designa a los ciudadanos que cumplirán esta función durante la jornada electoral.Los beneficios de ser jurado de votación en ColombiaUno de los principales incentivos para quienes sean seleccionados como jurados de votación está contemplado en el artículo 105 del Código Electoral y se trata de un día de descanso compensatorio remunerado:Los ciudadanos que presten el servicio como jurados tienen derecho a un día completo de descanso remunerado, que podrán hacer efectivo con su empleador dentro de los 45 días hábiles siguientes a la elección. Este beneficio no implica descuentos salariales ni la obligación de reponer el tiempo.Además de eso, tienen media jornada adicional por votar. Si el jurado, además de cumplir su función, también ejerce su derecho al voto, podrá acceder a una media jornada adicional de descanso. Este incentivo está respaldado por la Ley 403 de 1997.Por otro lado, existe un beneficio para los jóvenes menores de edad que actúen como jurados en elecciones de Consejos de Juventud, el reconocimiento será académico, pues tendrán derecho a 20 horas del servicio social estudiantil obligatorio.¿Pueden negar estos beneficios?Como ya se mencionó, el día compensatorio por ser jurado debe otorgarse dentro de los 45 días hábiles posteriores a la jornada electoral.En cuanto a la media jornada por votar, esta debe disfrutarse dentro del mes siguiente, de común acuerdo entre el trabajador y el empleador.Asimismo, el empleador no debe negarse a estos descansos, el Ministerio del Trabajo indicó que los empleadores están obligados a conceder estos descansos compensatorios sin descuentos de salario ni exigencia de recuperar el tiempo.Negar este derecho podría constituir una infracción laboral sancionable por las autoridades competentes.
Posterior al cierre del periodo de inscripción de cédulas, de cara a las elecciones legislativas del próximo domingo 8 de marzo, la Misión de Observación Electoral (MOE) presentó su más reciente informe sobre el comportamiento de estas inscripciones en el marco de este proceso.Hasta el pasado 8 de enero, se registraron un total de 2.077.278 personas inscritas por cambio de residencia, de las cuales 1.795.794 corresponden a inscripciones en el territorio nacional y 281.484 en el exterior. Aunque la cifra total representa una disminución del 21,61 % en comparación con el mismo periodo de los comicios de 2022, el informe advierte sobre comportamientos estadísticos preocupantes en regiones específicas que podrían sugerir fenómenos de trashumancia electoral.La MOE encontró 103 municipios donde la inscripción de cédulas es inusualmente alta. En 12 de ellos el aumento es extremo, muy por encima de lo que normalmente ocurre en el país. Entre los casos más críticos se encuentran Nuevo Belén de Bajirá (Chocó), con una tasa de 341,93 inscripciones por cada mil habitantes; Puerto Gaitán (Meta), con 326,52 inscripciones; y Cúcuta (Norte de Santander), con 226,90 inscripciones. En el caso de Cúcuta, la organización pide especial atención a las autoridades debido a la compleja situación de orden público y los flujos migratorios en la frontera, factores que podrían estar siendo instrumentalizados con fines electorales.Un punto de especial atención en este séptimo informe son las Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz (CITREP), donde se identificaron 46 municipios con algún nivel de riesgo. De manera particular, 26 puestos de votación rurales en estas zonas presentan tasas de inscripción significativamente altas, lo que genera una alerta sobre el posible traslado irregular de votantes desde las cabeceras municipales hacia el campo, poniendo en riesgo la integridad del censo en estos territorios clave para el Acuerdo de Paz.Finalmente, la MOE manifestó su preocupación por un retroceso en los estándares de transparencia, señalando que para este proceso electoral no ha tenido acceso directo y en tiempo real a las plataformas de la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC). Esta limitación reduce la capacidad de emitir alertas tempranas efectivas. Ante este panorama, la organización recomienda al Consejo Nacional Electoral (CNE) realizar un seguimiento preventivo inmediato en los puestos advertidos y solicitó a la Registraduría fortalecer los mecanismos de consulta pública para garantizar la transparencia en el voto de los colombianos en el exterior.
En diálogo con Mañanas Blu, el abogado Abelardo De La Espriella respondió con contundencia a los señalamientos del presidente Gustavo Petro, quien ha sugerido una supuesta cercanía entre el jurista y la fiscal general, Luz Adriana Camargo, a través de su esposo, Germán Marroquín. De La Espriella calificó estas afirmaciones como un "disparate" y una "estratagema" política diseñada para desviar la atención de los escándalos que rodean al actual gobierno.Negación total de vínculos con la fiscal y su familiaDe La Espriella fue enfático al declarar que no conoce a la fiscal general ni a su esposo, Germán Marroquín. "No tengo idea de quién es su esposo en mi vida lo he visto si me lo ponen enfrente no sé quién es", afirmó, desmintiendo cualquier relación personal o profesional con el círculo familiar de la funcionaria. Según el abogado, estas acusaciones carecen de fundamento y son un "invento" para vincularlo con decisiones judiciales o procesos internos de la Fiscalía, de los cuales asegura estar completamente ajeno, especialmente tras haberse retirado del litigio hace cuatro años.¿Una estrategia para proteger a Iván Cepeda?Para De La Espriella, el fondo de los ataques del presidente radica en la arena electoral. Asegura que tanto él como el senador Iván Cepeda lideran las encuestas de opinión, y que Petro busca proteger a Cepeda de un enfrentamiento directo. "Petro se inventa este cuento para pelear conmigo y sacar a Cepeda de la ecuación para protegerle", señaló, aludiendo a que el senador tiene la obligación de explicar al país el modelo político que defiende. El abogado reiteró su invitación a Cepeda para un debate público sobre el futuro de Colombia, describiendo la contienda como una batalla entre el "absolutismo" y la "democracia".
Una carta del Grupo Trinity fue enviada internamente a más de 14.500 trabajadores en Colombia y España. El mensaje abrió una discusión sobre el papel de las empresas en el debate democrático previo a las elecciones de 2026. El contenido, conocido este martes 10 de febrero en Mañanas Blu, llamó a los empleados a participar activamente en las urnas y a evaluar propuestas que defiendan la empresa privada y el Estado de derecho.Aunque el documento no menciona nombres propios ni orienta el voto de manera explícita, su contenido generó interpretaciones y preguntas sobre hasta dónde puede llegar la voz de una compañía en decisiones que, por definición, son individuales. El presidente del Grupo Trinity en Colombia, Iván Trujillo, defendió el alcance del mensaje y negó cualquier intención de presión política.Carta del Grupo Trinity y llamado al voto conscienteTrinity, controlador de compañías como Acerías Paz del Río y operador del Centro de Convenciones de Cartagena, explicó que la carta hace parte de una visión de “ciudadanía corporativa”. Según Trujillo, el objetivo fue promover la reflexión y la participación democrática.“Como empresarios tenemos una gran responsabilidad que va más allá de la gestión interna de nuestras compañías”, afirmó. Y agregó: “Esto es un llamado cívico a participar en democracia, al voto libre, informado y consciente”.El directivo precisó que el grupo cuenta con cerca de 14.500 colaboradores, de los cuales unos 10.000 están en Colombia y más de 4.000 en España, y que todos recibieron el mensaje en los mismos términos.Libre mercado y Estado de derecho en el centro del mensajeUno de los fragmentos más comentados de la carta invita a evaluar programas políticos “que defiendan la actividad empresarial y el Estado de derecho”. Para Trujillo, esa frase resume una postura de principios y no una consigna electoral.“Para decirlo sin ambigüedades, considero necesario defender públicamente el libre mercado, la libertad de empresa y la institucionalidad democrática”, señaló en la entrevista. Insistió en que se trata de postulados constitucionales y “pilares esenciales para el progreso del país”.Ante la pregunta de si el mensaje buscaba advertir sobre una visión política específica, respondió: “Aquí de ninguna manera se trata de influir. Eso sería decirle a alguien por quién votar, y eso no está en la carta”.¿Empresas deben participar en los temas poliíticos? esto dijce TrujilloTrujillo reconoció que el sector empresarial debe participar en las conversaciones nacionales, pero aclaró que no condiciona relaciones laborales ni abre espacios para hacer campaña. “Cada colaborador decide libremente cómo y por quién votar. Toda postura política es legítima en democracia”, afirmó.Para el directivo, el debate no debería centrarse en nombres o partidos, sino en principios. “La política no es solo de los políticos. Nos compete a todos como ciudadanos”, concluyó.
La Registraduría anunció que apoyará a los damnificados por la ola invernal en Montería, Córdoba, con el trámite gratuito de los documentos de identidad.“La garantía del acceso efectivo y oportuno a los documentos de identidad adquiere especial relevancia en el marco de esta contingencia, ya que estos son un requisito indispensable para acceder a ayudas humanitarias, programas sociales, servicios de salud y demás beneficios dispuestos para la población afectada”, señaló el registrador, Hernán Penagos.Las jornadas se desarrollarán en tres puntos de Montería y la Registraduría espera atender aproximadamente a 5.000 personas damnificadas, entre niños, jóvenes y adultos. Se harán trámites de tarjeta de identidad y cédula de ciudadanía.“Se contempla la realización de jornadas de identificación adicionales en el departamento, de manera articulada entre la Registraduría Nacional y las alcaldías municipales, conforme a las necesidades que se identifiquen en el territorio”, agregó el registrador.Las jornadas se harán este miércoles y jueves en el Colegio Nacional; el viernes y sábado en el Coliseo Happy Lora, y el lunes 16 de febrero en el Coliseo de Ferias Miguel Villamil.
La Procuraduría General de la Nación pidió a las Entidades Promotoras de Salud, Instituciones Prestadoras de Servicios, Empresas Sociales del Estado, la Superintendencia Nacional de Salud y las autoridades territoriales la adopción inmediata de planes de acción para mitigar los impactos en la salud pública por la emergencia ambiental que vive el departamento de Córdoba.La Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y Seguridad Social solicitó a las EPS priorizar la atención de los grupos más vulnerables, como niños, mujeres gestantes, adultos mayores, personas con discapacidad y pacientes con enfermedades crónicas. También pidió reforzar la atención de urgencias, activar rutas de atención, asegurar el suministro de medicamentos e insumos y garantizar la continuidad de los tratamientos.Además, el órgano de control requirió a las secretarías de salud departamental y municipal coordinar acciones con las autoridades locales y el sector salud, implementar vigilancia epidemiológica, realizar brigadas de vacunación y articular la red pública y privada para la prestación de servicios médicos en las zonas afectadas.Finalmente, la Procuraduría exhortó a la Superintendencia Nacional de Salud a ejercer control y vigilancia sobre las EPS y demás actores del sistema, adelantar acciones preventivas y hacer seguimiento a posibles fallas para garantizar el derecho a la salud de la población en Córdoba.
En operativo de cooperación internacional, la Policía Nacional capturó en Bogotá a un ciudadano colombiano solicitado por la justicia de Estados Unidos por el delito de hurto calificado y agravado. El requerimiento está relacionado con el robo a mano armada de al menos USD 100.000 en joyas, en el estado de Florida, en el cual el capturado, identificado como Fandiño Bonilla, habría estado involucrado.La detención fue realizada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), en coordinación con la agencia estadounidense U.S. Marshals, como parte de la lucha contra el crimen trasnacional. El implicado es solicitado por la Corte del Circuito Décimo Quinto del Condado de Palm Beach, donde es investigado por los hechos registrados en 2023.De acuerdo con las autoridades, el detenido habría participado en un asalto armado de joyas valoradas aproximadamente en $374 millones. Según la información oficial, permaneció prófugo de la justicia durante dos años, periodo en el que habría utilizado diversas estrategias para evadir a las autoridades en Colombia, entre esas cambiar de residencia y de líneas telefónicas, no registrar bienes a su nombre y mantenerse alejado de las redes sociales.La orden de captura con fines de extradición fue emitida el 25 de noviembre de 2025, y su consecución se logró tras labores de inteligencia y seguimiento adelantadas en Colombia. Según la Policía Nacional, esta operación hace parte del fortalecimiento de la cooperación judicial con Estados Unidos y del compromiso institucional de ubicar y capturar personas solicitadas por cortes internacionales que intentan ocultarse en el país.El capturado quedó a disposición de la autoridad competente, mientras avanzan los trámites legales correspondientes para definir su eventual extradición, conforme a la normatividad vigente.
El Estado colombiano fue declarado responsable por los graves perjuicios sufridos al soldado Rubén Leonardo Bolaños y su familia tras la toma criminal de la base militar de Las Delicias, ocurrida el 30 de agosto de 1996 en zona rural de La Tagua, Putumayo, uno de los episodios más violentos del conflicto armado en el sur del país.Según la decisión, la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional deberá pagar una indemnización por perjuicios morales a las víctimas del caso. Al soldado Rubén Leonardo Bolaños, víctima directa de los hechos, se le reconocerán 125,61 salarios mínimos legales mensuales vigentes; a su madre, 80 salarios mínimos; y a cada uno de sus tres hermanos, 40 salarios mínimos. Adicionalmente, el Estado deberá pagarle 80 salarios mínimos por daño a la salud y otros 80 salarios mínimos por concepto de reparación pecuniaria.¿Cómo ocurrió la toma de Las Delicias?Los hechos se remontan a la noche del 30 de agosto de 1996, cuando hacia las siete de la noche, en plena formación de tropa, la base militar de Las Delicias fue atacada por el Bloque Sur de las entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El asalto dejó 27 militares muertos, 17 heridos y 60 soldados secuestrados, entre ellos Rubén Leonardo Bolaños, quien permaneció en cautiverio durante 288 días y fue liberado el 15 de junio de 1997.El fallo establece que el soldado sufrió un daño desmedido como consecuencia de los hechos, con secuelas que no se limitaron en términos morales o materiales, sino que se extendieron al ámbito fisiológico y psicológico, por lo que el soldado desarrolló una grave crisis mental que ha ido empeorando de manera progresiva desde su liberación.¿Cuál fue el resultado del fallo?La investigación concluyó que la toma de las FARC fue posible por una cadena de fallas graves en el batallón. Entre ellas se destacan las deficientes condiciones del armamento, la falta de equipos adecuados y las irregularidades en la conducta de quienes estaban al mando. Los oficiales no aplicaron los procedimientos de comando exigidos para una base ubicada en una zona de alto riesgo y, al momento del ataque, se encontraban dentro y fuera de las instalaciones, lugar en el que no adoptaron medidas básicas de seguridad.La sentencia también señala que la base carecía de elementos básicos como barricadas, trincheras o zanjas de arrastre, lo que afectó que la tropa pudiera maniobrar frente al ataque armado. A ello se sumó la falta de experiencia y entrenamiento de los soldados, quienes llevaban apenas cuatro meses de servicio, solo cuatro días en la base de Las Delicias y no habían realizado simulacros o ensayos de defensa frente a un ataque como el que se presentó en 1996.Otro elemento determinante fue la ausencia de control en el ingreso y salida de personas a las instalaciones militares, así como la omisión de alertar e instruir oportunamente a la tropa sobre el riesgo de un ataque, frente a que existían informaciones previas y confiables sobre una posible toma, que incluso fueron comentadas entre la población civil que permanecía en la zona.Respecto al secuestro, se estableció que los 60 soldados sobrevivientes fueron retenidos bajo amenaza de armas en las selvas del Putumayo y Caquetá, hasta su liberación en junio de 1997. La entrega se produjo en el municipio de Cartagena del Chairá, con acompañamiento de la Cruz Roja Internacional.El fallo reconoce que las omisiones, negligencias y fallas en la planeación y ejecución de las medidas de seguridad constituyeron una violación al deber de protección del Estado hacia sus propios soldados, lo que derivó en una de las tragedias más recordadas del conflicto armado colombiano.
La inseguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los colombianos. Los robos y la violencia dominan hoy el debate político del país. Hurtos, extorsiones, estafas y delitos digitales hacen parte del día a día en varias ciudades y municipios de Colombia. A esto se suma el reconocimiento de las autoridades sobre una capacidad de respuesta insuficiente frente al alto volumen de denuncias.En ese contexto, desde el Congreso avanza una iniciativa que busca darle un giro al papel de la ciudadanía en la prevención del delito.Se trata de un proyecto de ley que ya superó su primer debate en la Cámara de Representantes y que promete convertirse en una de las apuestas más relevantes en materia de seguridad comunitaria, justo cuando la agenda electoral empieza a ocupar el centro de la discusión nacional.Ley de seguridad ciudadana busca frenar la delincuencia en ColombiaLa Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara aprobó en primer debate el proyecto de Ley 161 de 2025, una iniciativa que recibió 10 votos a favor y solo 2 en contra. La propuesta busca crear un marco normativo para los llamados Frentes de Seguridad Ciudadana, figuras que ya existen en el país, pero que hasta ahora no cuentan con reglas claras ni un respaldo estructural del Estado.Según cifras de la Cámara, actualmente existen más de 1.900 frentes de seguridad en Colombia, integrados por alrededor de 46.000 ciudadanos. El objetivo del proyecto es fortalecer estas organizaciones para que tengan un mayor impacto en la prevención del delito y en la articulación con las autoridades.Ciudadanos y autoridades, una estrategia conjunta contra el delitoUno de los puntos centrales de la iniciativa es que no contempla la creación de grupos armados ni promueve la justicia por mano propia. Desde el Congreso se ha reiterado que la ley apunta a una articulación directa entre comunidad y autoridades, con acciones coordinadas, responsables y bajo supervisión institucional.Entre los principales objetivos del proyecto se destacan:Garantizar financiación pública para los frentes de seguridad.Fortalecer su estructura operativa a nivel local.Promover una participación comunitaria activa y organizada.Mejorar la prevención y atención de problemáticas de seguridad.La intención es que los ciudadanos cuenten con herramientas para organizarse, alertar y colaborar con las autoridades, sin exponerse a riesgos innecesarios ni asumir funciones que no les corresponden.Proyecto de Ley 161 de 2025 sigue su trámite en el CongresoEn las próximas semanas, la iniciativa continuará su discusión en la plenaria de la Cámara de Representantes. Allí se analizarán aspectos clave como los controles, los alcances reales del proyecto y las salvaguardas institucionales para evitar abusos o situaciones que pongan en riesgo a la comunidad.El proyecto fue presentado por los representantes Óscar Leonardo Villamizar, Christian Munir Garcés, Jhon Jairo Berrío, Juan Fernando Espinel, Edinson Olaya, Juan Felipe Corzo y Hugo Lozano, todos del partido Centro Democrático.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció la puesta en marcha del proyecto Escudo Nacional Antidrones, una estrategia liderada por esa cartera que busca proteger a la población civil, a los integrantes de la Fuerza Pública y a las instalaciones estratégicas del país frente al uso de drones con fines criminales.La iniciativa, cuyo valor total supera los 6,3 billones de pesos, responde, según el ministro, al creciente desafío que representan los sistemas de drones utilizados por estructuras criminales y organizaciones narcoterroristas para realizar ataques, espionaje, transporte de explosivos o actividades de vigilancia ilegal. De acuerdo con el Gobierno, el objetivo central del proyecto es fortalecer el control del espacio aéreo y prevenir la pérdida de vidas.Para poner en marcha el Escudo Nacional Antidrones, el presidente Gustavo Petro ordenó asignar cerca de un billón de pesos para la primera fase del proyecto, que comenzará a desarrollarse durante 2026.Según el Ministerio de Defensa, esta decisión obedece a la importancia estratégica de la iniciativa y a la necesidad de actuar con rapidez frente a un fenómeno que ha evolucionado de manera acelerada en los últimos años.Uno de los pilares del proyecto es la conformación de un equipo multidisciplinario integrado por hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, que aportará su conocimiento para definir, desarrollar y validar las especificaciones de los sistemas que se adquirirán.La idea, según explicó el ministro, es que la solución se ajuste a las necesidades reales del terreno y a las particularidades geográficas y operacionales del país.El proyecto también contará con el acompañamiento del Grupo de Transparencia del Ministerio de Defensa. Como parte del proceso, el próximo viernes 16 de enero se realizará una reunión en las instalaciones del Ministerio de Defensa, a la que están invitadas empresas y países interesados en participar en el desarrollo del proyecto, para conocer los alcances técnicos, operativos y contractuales del Escudo Nacional Antidrones.MinDefensa explicó que uno de los criterios centrales del proyecto es que la contratación se realizará de manera directa entre el Gobierno colombiano y los fabricantes de la tecnología, o sus representantes legales, con el acompañamiento del Estado al que pertenezcan dichas compañías. No se aceptarán ofertas de empresas intermediarias o comercializadoras, y el proceso contará con el respaldo de las embajadas de los países involucrados.Además, quienes resulten seleccionados deberán garantizar la actualización permanente de los sistemas, así como el entrenamiento y la capacitación de instructores para la operación y el mantenimiento de los equipos.Con la adquisición de esta herramienta, el Gobierno busca reforzar la seguridad de la población civil, proteger a los miembros de la Fuerza Pública y blindar las instalaciones militares y policiales ubicadas en puntos estratégicos del territorio nacional.
Un amplio remezón en la estructura de mando del Ejército comenzará a ejecutarse en los próximos días, tras la notificación de un decreto que ordena traslados de generales, redefine jefaturas estratégicas y confirma la salida definitiva de por lo menos cinco altos mandos de la institución. Las decisiones marcan uno de los movimientos más profundos de los últimos meses en la cúpula militar.Entre las salidas confirmadas y las notificadas está la del mayor general José Enrique Gualteros Gómez, quien dejará la institución en los próximos días como parte del mismo paquete de decisiones que busca renovar el alto mando y cerrar ciclos en áreas estratégicas de planeación.También está la del mayor general Olveiro Pérez Mahecha, actual inspector del Ejército Nacional, quien ya fue notificado de su desvinculación. Su salida se produce en medio de una investigación interna por presunto maltrato y abuso de autoridad contra hombres bajo su mando, quienes denunciaron ser obligados a realizar oficios domésticos personales.En el marco del reordenamiento, la Inspección General del Ejército pasa a ser asumida por el mayor general Giovanni Rodríguez León, quien llega desde el Comando de Educación y Doctrina (CEDOC).Otro de los retiros confirmados es el del mayor general Juan Diego Sepúlveda Palacio, quien pasa de la Jefatura del Estado Mayor Generador de Fuerza a la condición de Personal Agregado al Comando del Ejército (PACE). Este tipo de traslado administrativo, sin mando operativo ni estratégico, es interpretado dentro de la Fuerza como antesala del retiro, el cual ya le fue oficialmente notificado.En la misma situación se encuentra el brigadier general Jhon Ricardo Guzmán Guzmán, hasta ahora comandante de la Trigésima Primera Brigada, quien fue trasladado a Personal Agregado al Comando del Ejército (PACE). Su salida de la institución también ya fue comunicada, cerrando así su ciclo en el mando operativo.Otro general que sale de la institución es el brigadier general Juan Miguel Huertas Herrera, quien pasa del Comando de Personal (COPER) a PACE. El general Huertas ha estado en el centro de un escándalo mediático y de investigaciones oficiales por presuntos vínculos con disidencias de las Farc, específicamente con el grupo armado liderado por alias ‘Calarcá’, lo que ha generado investigaciones de la Fiscalía y decisiones disciplinarias de la Procuraduría.El decreto, sin embargo, no se limita a las salidas. También redefine de manera amplia el mapa de mandos del Ejército. El mayor general Raúl Fernando Vargas Idárraga pasa del Despacho del Ministerio de Defensa a la Jefatura de Estado Mayor de Planeación y Políticas como jefe, mientras que el mayor general Ricardo Heriberto Roque Salcedo sigue como comandante de la Cuarta División. A su vez, el mayor general Carlos Enrique Carrasquilla Gómez sigue como comandante de la Primera División.Otro movimiento clave es el del mayor general José Bertulfo Soto Sánchez, quien deja la Quinta División para asumir la Jefatura del Estado Mayor Generador de Fuerza, mientras que Carlos Ernesto Marmolejo Cumbe asciende desde la Fuerza de Tarea Omega para comandar la Quinta División. El general Néstor Nieto, por su parte, pasa de subdirector de la Escuela Superior de Guerra a recibir el Comando de la Brigada 30.El reordenamiento continúa con el traslado a la Octava División del brigadier general Gerardo Ortiz Ramírez, desde el Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales, que pasará a la comandancia del general Alex Mena; del brigadier general Yor William Cotua Muñoz, de la Vigésima Séptima Brigada a la Fuerza de Tarea Omega; y del brigadier general Eduardo Alberto Arias Rojas, de la Décima Primera Brigada a la Séptima División.También se registran cambios administrativos y de formación, como el del brigadier general Mario Geovanni Contreras Guinemé, quien deja la Trigésima Brigada para asumir el Comando de Personal; el brigadier general Óscar del Cristo Díaz Montiel, que pasa de la FUDRA 1 a comandar la Décima Primera Brigada; y el brigadier general Milton César Escobar Gallego, quien sale de la Escuela Militar de Cadetes para asumir la Décima Sexta Brigada.El paquete se completa con el nombramiento del brigadier general Raúl Perilla Monroy como comandante de la División de Fuerzas Especiales. El general Walther Giraldo, quien comanda el Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES), pasa a recibir la Jefatura de Operaciones del Ejército, mientras que el CCOES queda al mando del general Omar Yesid Moreno. El brigadier general Edgar Rodríguez Pérez comandará la Fuerza de Despliegue Rápido No. 1.
En distintos operativos coordinados entre la Fiscalía, la Policía Nacional y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, fueron capturadas cuatro personas e incautados dispositivos electrónicos que contenían vídeos y fotografías con evidencia de actividades sexuales contra varios menores de edad.Aunque los hechos ocurrieron en diferentes regiones y bajo modalidades similares, se trata de casos aislados sin vínculo entre sí. Dos de los hechos investigados ocurrieron en Bogotá, donde fue judicializada una niñera acusada de abusar sexualmente de dos niños que estaban bajo su cuidado, de 2 y 8 años. Según el ente investigador, la mujer grababa las agresiones y posteriormente compartía los vídeos.En el segundo caso fue capturada una mujer señalada de someter a sus propias hijas, de 4 y 9 años, a vejámenes sexuales que eran transmitidos a través de una aplicación virtual. De acuerdo con la Fiscalía, estas transmisiones se realizaban a cambio de pagos efectuados por un contacto residente en Estados Unidos, que oscilaban entre los 600 y los 2.000 dólares.La tercera detenida es una adulta mayor señalada de explotar sexualmente a su nieta de 15 años en Medellín. La investigación indica que la mujer presuntamente obligaba a la adolescente a sostener relaciones íntimas con adultos y grababa los encuentros a cambio de dinero.El cuarto proceso se adelantó en Ibagué (Tolima), donde fue capturado Albeiro Martínez Quevedo, quien sería responsable de obtener, acopiar y distribuir material sexual explícito de niños, niñas y adolescentes a través de sistemas de mensajería instantánea entre marzo y junio de 2025. En este caso, las autoridades señalaron que el capturado no tenía contacto directo con las víctimas, pero sí facilitaba la circulación del material ilegal.Los cuatro capturados fueron presentados ante jueces de control de garantías por fiscales de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA). De acuerdo con su presunta responsabilidad individual, les fueron imputados delitos como acceso carnal abusivo con menor de 14 años, pornografía con menor de edad, proxenetismo y demanda de explotación sexual infantil.