Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
El ministro de Educación, Daniel Rojas, se refirió este lunes al caso de Juliana Guerrero y a las investigaciones que rodean a la Fundación Universitaria San José, institución señalada por presuntas irregularidades en la expedición de títulos académicos. En entrevista en Mñanas Blu 10:30, el funcionario fue enfático en que la designación de Guerrero como delegada del Gobierno ante el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar no corresponde al Ministerio de Educación, sino directamente a la Presidencia de la República.“El delegado o delegada del presidente ante los consejos superiores universitarios es una función que no puedo usurpar. Esa nominación la define el presidente o quien él delegue”, aseguró Rojas, al ser consultado por la permanencia de Guerrero en ese cargo pese a que la Fiscalía anunció una imputación de cargos por presunta falsedad en documento público relacionada con su título académico.El ministro explicó que, aunque el Ministerio de Educación sí tiene competencias en materia de inspección y vigilancia sobre instituciones de educación superior, no tiene injerencia en las decisiones de la Presidencia sobre sus representantes en los consejos universitarios. “Juliana Guerrero no ha tenido ningún contrato con el Ministerio de Educación mientras he sido ministro, ni es mi delegada ante ningún consejo superior universitario”, puntualizó.Investigación contra la Fundación Universitaria San JoséEn la entrevista, Rojas también confirmó que desde 2023 el Ministerio adelanta un proceso formal contra la Fundación Universitaria San José, luego de recibir denuncias de estudiantes y usuarios por presuntas irregularidades académicas. Según explicó, la institución enfrenta actualmente dos vías de actuación: una preventiva y otra sancionatoria, amparadas en la Ley 1740.“La medida preventiva incluye vigilancia especial, una inspectora in situ y la formulación de un plan de mejoramiento acompañado por el Ministerio. Paralelamente, avanza el proceso sancionatorio, en el que la rectora y el exsecretario general tienen derecho a presentar descargos, como lo establece la ley”, detalló.Rojas rechazó críticas de sectores políticos que piden una intervención inmediata o la remoción automática de directivos. Aclaró que en Colombia no existe la figura de intervención universitaria como tal, sino medidas graduales de inspección y vigilancia. “No puedo saltarme el debido proceso ni usurpar funciones que corresponden a otras entidades como la Fiscalía”, sostuvo.El nombre de Juliana Guerrero volvió al centro del debate público tras conocerse que habría recibido un título sin cumplir requisitos académicos, lo que derivó en la imputación anunciada por la Fiscalía. Sin embargo, una hora después de hacerse pública esa decisión, el Gobierno confirmó que no sería retirada de su rol como delegada ante la Universidad Popular del Cesar, lo que generó críticas desde distintos sectores.Frente a esto, el ministro de Educación insistió en que cualquier decisión sobre su permanencia corresponde exclusivamente a la Presidencia. “Mis delegados son funcionarios del Ministerio porque así lo exige la norma. En este caso, la responsabilidad es de Palacio”, reiteró.Mientras avanzan las investigaciones contra la Fundación Universitaria San José y el proceso judicial contra Guerrero, el Ministerio de Educación aseguró que mantendrá una postura de “defensa irrestricta de los derechos de los estudiantes” y que no tolerará irregularidades en el sistema de educación superior.
En un operativo realizado por diferentes autoridades en Medellín, se logró evidenciar la necesidad urgente de intervenir y demoler 12 viviendas ubicadas en el barrio Villatina, esto con el propósito de garantizar las condiciones seguras y así prevenir un movimiento en masa.La Alcaldía de Medellín indicó que las estructuras están ubicadas en zonas de alto riesgo, por lo que se priorizaron las obras de mitigación y estabilización del terreno para disminuir la amenaza en esta zona del Nororiente de la capital de Antioquia.El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, indicó que este procedimiento también se realiza porque se han identificado antecedentes de ocupación en zonas de alto riesgo no solo en el barrio Villatina sino en otras zonas de la ciudad."Se adelanta una intervención técnica y social en el sector de Villatina de la Comuna 8, tras el concepto del DAGRD, que determinó la necesidad de demoler 12 estructuras que estaban ubicadas en una zona de alto riesgo por movimiento en masa. Esta decisión se toma con base en un análisis riguroso", expresó el funcionario.Hay que mencionar que los análisis estructurales y del suelo lograron identificar que el grupo de edificaciones requiere demolición para poder garantizar las obras de mitigación, por lo que las viviendas ya fueron caracterizadas, notificadas y desocupadas para prevenir inconvenientes durante las labores técnicas.Se espera que en las próximas horas se instale un Puesto de Mando Unificado para poder hacerle seguimiento operativo y jurídico a la situación y así garantizar el control territorial en el marco de la calamidad pública decretada desde el 2025 en Medellín.
La transición hacia energías limpias ya empieza a sentirse en el bolsillo de usuarios del Caribe colombiano. Air-e Intervenida aseguró que los proyectos de autogeneración distribuida que impulsa en la región permiten reducciones de hasta un 60 % en las facturas de energía eléctrica, especialmente en zonas vulnerables donde el costo del servicio representa una carga significativa para los hogares.La compañía sostiene que el futuro energético del Caribe pasa por iniciativas basadas en fuentes limpias, principalmente la energía solar, como herramientas de transformación social y equidad. Estos proyectos no solo buscan sustituir gradualmente las fuentes tradicionales, sino también modernizar la matriz eléctrica, reducir emisiones contaminantes y garantizar beneficios ambientales y económicos sostenibles.Actualmente, los proyectos en operación en Atlántico, Magdalena y La Guajira suman 1,2 megavatios (MW) de potencia instalada con tecnología solar fotovoltaica. Según Air-e Intervenida, estas iniciativas permiten una reducción de hasta 12 toneladas de CO₂ frente a modelos convencionales de generación, aportando tanto al ahorro económico como al cuidado del medioambiente.A esto se suman 10,8 MW adicionales que se encuentran en etapa de implementación, correspondientes a granjas solares distribuidas en Atlántico (9 MW), Magdalena (1 MW) y La Guajira (0,8 MW). Con estas inversiones, la empresa busca fortalecer la capacidad del sistema eléctrico regional y responder al crecimiento de la demanda con un servicio más confiable para hogares, empresas e industrias.En el marco del Día Internacional de las Energías Limpias, Air-e Intervenida reiteró que la democratización energética apunta a un modelo participativo y accesible, donde ciudadanos y comunidades puedan gestionar su propia energía.
Pocas horas después de conocerse la fecha en la que el actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, será imputado por el delito de tráfico de influencias en medio de la compra de un lujoso apartamento en Bogotá, desde las regiones ya aparecen diferentes voces pidiendo que sea apartado de uno de los cargos más importantes del sector empresarial en el país.En el caso de Medellín, quien no se hizo esperar fue el presidente del Concejo Distrital, Alejandro De Bedout, quien en una carta dirigida a la fiscal general Luz Adriana Camargo solicitó la suspensión inmediata de Roa de sus funciones.“No podemos permitir que el investigado mantenga mando sobre archivos y subordinados que mañana podrían declarar como testigos en su contra”, señaló en el documento el concejal a propósito de la lupa que también las autoridades mantienen sobre Roa por la posible violación de topes electorales en el campaña del entonces candidato a la Presidencia, Gustavo Petro.Invocando el principio de moralidad administrativa que rigen las actuaciones en el sector público, De Bedout también expresó que la continuidad de Roa en el cargo supone el riesgo de la seguridad energética del país dada la importancia de la compañía que preside.“Si a Ecopetrol le va mal, a Colombia le va mal. No nos vamos a quedar callados desde las regiones mientras ponen en riesgo nuestra seguridad energética por defender intereses personales y políticos”, concluyó el corporado.Se espera que la imputación contra Roa se lleve a cabo este miércoles 11 de marzo a partir de las 8 de la mañana ante un juez de control de garantías en Bogotá.El directivo de la compañía petrolera deberá responder ante las autoridades sobre posibles irregularidades en la compra de un lujoso apartamento en el norte de la capital por un valor mucho menor al promedio de otros de la zona y en el que habría participado Serafino Iacono, relacionado con la industria de los hidrocarburos.
El festival de cine dedicado a apoyar talentos del séptimo arte en el sur global, Alternativa Film Festival (AFF), abrió una convocatoria pública para elegir la imagen oficial de su próxima edición, que se realizará en Medellín entre el 21 y el 30 de abril de 2026.Esta iniciativa está dirigida a artistas visuales colombianos y busca que la identidad gráfica del festival, para su tercera edición, sea creada desde el contexto local, como reflejo del lugar, el tiempo y las narrativas culturales de la ciudad anfitriona.El festival, fundado en 2023 por la empresa global de tecnología InDrive, es un proyecto nómada que cambia de sede en cada edición y está enfocado en dar un impulso a historias audiovisuales capaces de generar transformaciones sociales, especialmente en el Sur Global.En su tercera edición, Medellín será el escenario de una programación gratuita que combinará cine, conversaciones con el público y espacios de reflexión sobre el poder del audiovisual como herramienta de cambio.Según explicó Juana Callejas, coordinadora del ‘open call’, esta convocatoria inaugura una nueva tradición del festival: encargar su identidad visual a creadores locales mediante procesos abiertos y participativos. El objetivo es que cada edición cuente con una imagen que dialogue de manera honesta con el territorio que la acoge, sin recurrir a estereotipos ni miradas exotizantes.¿Quiénes pueden participar en la convocatoria?La invitación está dirigida a artistas visuales colombianos, ya sea de manera individual o colectiva. Pueden participar ilustradores, diseñadores gráficos, fotógrafos, artistas plásticos, agencias creativas, estudios o colectivos.Cada postulante podrá presentar hasta tres propuestas, ya sea como obras independientes o como variaciones de un mismo concepto. Se aceptan múltiples técnicas, entre ellas ilustración, collage, diseño gráfico, fotografía, técnicas mixtas, obras digitales o realizadas a mano, siempre que cumplan con los lineamientos técnicos establecidos en las bases de la convocatoria.La obra seleccionada se convertirá en la imagen oficial de Alternativa Film Festival 2026 y será adaptada a todos los materiales de comunicación del evento, tanto impresos como digitales. El artista o colectivo ganador recibirá un premio de mil dólares, así como el respectivo crédito y visibilidad en todas las plataformas del festival. También será invitado a asistir al festival en Medellín, con acceso a la Ceremonia de Apertura, la Ceremonia de Premiación y funciones seleccionadas.El proceso de selección estará a cargo de un jurado conformado por miembros de los equipos de Alternativa e inDrive, junto con expertos colombianos en comunicación visual y diseño. Entre tres y cinco propuestas serán preseleccionadas y destacadas públicamente en el sitio web y las redes sociales del festival.El nombre del ganador se dará a conocer el 9 de marzo, y a finales de ese mismo mes se realizará el anuncio público junto con la presentación oficial de la imagen del festival, en una rueda de prensa previa al inicio del evento.La convocatoria estará abierta hasta el 28 de febrero de 2026 a las 11:59 de la noche. Las personas interesadas deberán diligenciar el formulario disponible en la página web alternativa.film.La programación del festival incluirá proyecciones públicas de las películas en competencia, conversaciones abiertas con el público y los llamados Industry Days o Días de Industria, un espacio profesional pensado para conectar a cineastas, productores y líderes del sector audiovisual y social.
La senadora Aida Quilcué fue rescatada este martes tras un operativo de presión civil y militar en la zona rural del departamento del Cauca. La congresista, que había sido interceptada por hombres armados en jurisdicción del municipio de Totoró, ya se encuentra bajo la protección de la Guardia Indígena y en proceso de traslado hacia la ciudad de Popayán para reencontrarse con su familia.Detalles del rescate de la senadora Aida QuilcuéEl operativo de liberación se concentró en el páramo de Guanacas, una zona de difícil acceso ubicada en la parte alta del municipio de Inzá. Según confirmó el alcalde del municipio, Delio Trujillo, la recuperación de la libertad de la líder indígena fue resultado de una acción coordinada. "La presión de la ciudadanía, de la guardia y las autoridades indígenas, en conjunto con la fuerza pública, sirvió", señaló el mandatario local.La senadora fue hallada junto a los dos integrantes de su esquema de seguridad en un sector donde la comunicación por señal de celular o radio es inexistente. Tras el contacto inicial, se reportó que Quilcué se encuentra en buen estado físico. "Hablé con ella, estaba tranquila, estaba bien, por lo menos en su voz", añadió el alcalde.Eduin Mauricio Capaz Lectamo, coordinador de derechos humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), advirtió sobre la peligrosidad del sector donde ocurrió el incidente. "Es una zona bastante complicada en la que ya se han dado varios hechos anteriores", explicó el vocero, subrayando que el área es escenario recurrente de afectaciones contra comuneros y ciudadanos.Hasta el momento, las autoridades no han confirmado qué grupo armado ilegal estuvo detrás de la retención. La congresista será trasladada a un centro asistencial para una valoración médica detallada mientras los organismos judiciales inician las investigaciones para esclarecer los móviles del secuestro.
Para aquellos que viven en conjuntos residenciales o hacen parte de una copropiedad, en Colombia se suelen llevar a cabo, al menos una vez al año, las reuniones de la asamblea de copropietarios. Dichos encuentros ocurren durante el primer semestre del año entre enero y marzo.El objetivo en cada una de ellas es tomar decisiones estratégicas, administrativas y financieras para garantizar el correcto funcionamiento de las áreas comunes. Además, allí también se define la cuota de administración y cómo va a aumentar.Sin embargo, muchos propietarios creen que faltar a la asamblea general de su conjunto residencial no tiene mayores consecuencias. Pero la ley colombiana sí permite imponer sanciones económicas por inasistencia, si se cumplen algunos requisitos.No asistir a la asamblea del conjunto puede costarle graves sancionesEl Ministerio de Vivienda, en un concepto jurídico emitido en 2024 sobre multas por inasistencia a asamblea, recordó que la Ley 675 de 2001 regula las sanciones dentro del régimen de propiedad horizontal y establece cuándo y cómo pueden aplicarse.Frente a esto, la administración sí puede imponer multas por inasistencias, pero no de forma automática. La Ley 675 de 2001 señala que el “incumplimiento de obligaciones no pecuniarias”, como podría ser la inasistencia a la asamblea si así está previsto, "puede dar lugar a sanciones". No obstante, para que la multa sea válida deben cumplirse algunas condiciones:La inasistencia debe estar expresamente consagrada como conducta sancionable en el reglamento de propiedad horizontal.El reglamento debe establecer cuál es la sanción aplicable.Debe garantizarse el debido proceso al propietario.Lo anterior, quiere decir que no basta con faltar para que la multa sea automática.¿De cuánto puede ser la multa?Según el artículo 59 de la Ley 675 de 2001, “las multas sucesivas no pueden superar, cada una, el equivalente a dos veces el valor de las expensas comunes mensuales del infractor y, en total, no pueden exceder diez veces esas expensas”Además de multas, la norma también contempla otras sanciones como la publicación del nombre del infractor en lugares visibles del conjunto. La restricción al uso de bienes comunes no esenciales (como salones comunales o zonas recreativas).Es importante aclarar que la sanción no es automática, pues debe respetarse el debido proceso. El Ministerio recordó que la asamblea general o el consejo de administración, cuando tienen esa facultad, son los órganos competentes para imponer sanciones. Sin embargo, antes de hacerlo deben:Notificar al propietario.Permitirle presentar descargos.Valorar si existió una justa causa para no asistir.Aplicar criterios de proporcionalidad y graduación de la sanción.En otras palabras, la multa no es objetiva ni automática, pues debe analizarse cada caso.¿Se puede impugnar la multa?Según la sentencia del MinVivienda, el propietario sancionado puede impugnar la decisión dentro del mes siguiente a la comunicación de la sanción. Incluso puede acudir a mecanismos alternativos de solución de conflictos o a la autoridad judicial competente si considera que fueron vulnerados sus derechos.
En medio del consejo de ministros realizado en Córdoba, el presidente Gustavo Petro afirmó que ordenó retirar a un general de la Policía por un supuesto complot en su contra.El mandatario señaló que el oficial tenía una “misión extra”, pues, según dijo, alguien le habría dado la orden de poner sustancias psicoactivas en su vehículo y que su propósito era sabotear la reunión con el entonces presidente Donald Trump el pasado 3 de febrero. Con el Decreto 0147 se oficializó esta decisión.En el documento se lee: “Retírese del servicio activo de la Policía Nacional ‘por llamamiento a calificar servicios’ al brigadier general Urrego Pedraza Edwin, a partir de la comunicación del presente decreto”.El decreto está firmado por el viceministro de Defensa, Javier Andrés Vaquero, debido a que el jefe de esa cartera, el general (r) Pedro Sánchez, se encuentra fuera del país.Cabe mencionar que, en conversación con Blu Radio, el general Urrego fue enfático al declarar que nunca ha intentado realizar un acto deshonesto que afecte su ética o la honra de la institución. Durante la entrevista aseguró que ni siquiera ha tenido cercanía física con el vehículo presidencial y agregó que, de ser necesario, se sometería al polígrafo.
El coordinador para la atención en manejo de desastres de la Oficina de Gestión del Riesgo en el Huila, Orlando Garzón, confirmó que a la fecha 10 municipios han decretado la calamidad pública a raíz de las emergencias ocasionadas por las lluvias que siguen dejando estragos en gran parte del país.Señaló el funcionario del gobierno departamental, que siete municipios mantienen vigentes las declaratorias de calamidad pública desde la última temporada de lluvias del año 2025 por deslizamientos de tierra, inundaciones y afectaciones en vías rurales. Los tres últimos municipios que han decretado calamidades por lluvias este año son: Gigante, La Plata y La Argentina.“Estos siete municipios que mantienen vigentes sus calamidades han actualizado los decretos con las recientes emergencias que se han registrado en lo que llevamos del 2026. Los municipios que vienen desde el año anterior con declaratorias de calamidad pública son: Timaná, Suaza, Saladoblanco, Oporapa, Palestina, Santa María y San Agustín”, anotó Orlando Garzón, profesional en Desastres de la Oficina de Gestión de Riesgo.De acuerdo con el reciente boletín del IDEAM, reporta las alertas por amenaza de deslizamientos de tierra: seis municipios están en alerta roja y 19 en alerta naranja y cinco en alerta amarilla. Entre los municipios en alerta roja figuran Altamira, Elías, Gigante, Paicol, Teruel, Yaguará y en alerta naranja, aparecen Hobo, Acevedo, Agrado, Algeciras, Campoalegre, Garzón, Guadalupe, La Argentina, La Plata, Nátaga, Oporapa, Pitalito, Rivera, Saladoblanco, San Agustín, Suaza, Tarqui, Tesalia, Íquira.Asimismo, los ríos Páez, Suaza y el Magdalena, mantienen monitoreo permanente por los organismos de socorro, teniendo en cuenta que estos son los principales afluentes que abastecen a las centrales hidroeléctricas del Quimbo y Betania.Entre tanto, la secretaría de Vías e Infraestructura con el banco de maquinaria amarilla adelanta la remoción de tierra y lodo para recuperar la movilidad de las comunidades campesinas en nueve municipios del Huila.
¿Se ha preguntado qué pasaría si recibe una notificación de la Registraduría? ¿Sabe cuándo serán los próximos comicios en Colombia y para qué se votará? El domingo 8 de marzo de 2026, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., el país acudirá a las urnas para elegir a los integrantes del Congreso de la República. Y miles de ciudadanos no solo votarán, sino que también cumplirán un papel clave en la jornada democrática, pues muchos serán jurados de votación.Ser jurado no es solo una responsabilidad cívica, también implica beneficios laborales y académicos que muchos desconocen. La Registraduría Nacional del Estado Civil aclaró cuáles son esas ventajas de quienes asumen este rol en los próximos comicios.¿Quiénes pueden ser jurados de votación?Los jurados de votación son ciudadanos colombianos mayores de 18 años de edad y menores de 60, con mínimo décimo grado de escolaridad.Para las elecciones de Consejos de Juventud, también pueden ser designados jóvenes mayores de 14 años de edad, quienes son seleccionados en representación de la sociedad mediante un sorteo aleatorio realizado por la Registraduría Nacional.Dicho proceso comienza cuando los registradores solicitan listados a entidades públicas y privadas, instituciones educativas, empresas, grupos significativos de ciudadanos, organismos sociales y partidos o movimientos políticos con personería jurídica.Con esa base de datos, se hace un sorteo electrónico a través de un software especializado, que designa a los ciudadanos que cumplirán esta función durante la jornada electoral.Los beneficios de ser jurado de votación en ColombiaUno de los principales incentivos para quienes sean seleccionados como jurados de votación está contemplado en el artículo 105 del Código Electoral y se trata de un día de descanso compensatorio remunerado:Los ciudadanos que presten el servicio como jurados tienen derecho a un día completo de descanso remunerado, que podrán hacer efectivo con su empleador dentro de los 45 días hábiles siguientes a la elección. Este beneficio no implica descuentos salariales ni la obligación de reponer el tiempo.Además de eso, tienen media jornada adicional por votar. Si el jurado, además de cumplir su función, también ejerce su derecho al voto, podrá acceder a una media jornada adicional de descanso. Este incentivo está respaldado por la Ley 403 de 1997.Por otro lado, existe un beneficio para los jóvenes menores de edad que actúen como jurados en elecciones de Consejos de Juventud, el reconocimiento será académico, pues tendrán derecho a 20 horas del servicio social estudiantil obligatorio.¿Pueden negar estos beneficios?Como ya se mencionó, el día compensatorio por ser jurado debe otorgarse dentro de los 45 días hábiles posteriores a la jornada electoral.En cuanto a la media jornada por votar, esta debe disfrutarse dentro del mes siguiente, de común acuerdo entre el trabajador y el empleador.Asimismo, el empleador no debe negarse a estos descansos, el Ministerio del Trabajo indicó que los empleadores están obligados a conceder estos descansos compensatorios sin descuentos de salario ni exigencia de recuperar el tiempo.Negar este derecho podría constituir una infracción laboral sancionable por las autoridades competentes.
Posterior al cierre del periodo de inscripción de cédulas, de cara a las elecciones legislativas del próximo domingo 8 de marzo, la Misión de Observación Electoral (MOE) presentó su más reciente informe sobre el comportamiento de estas inscripciones en el marco de este proceso.Hasta el pasado 8 de enero, se registraron un total de 2.077.278 personas inscritas por cambio de residencia, de las cuales 1.795.794 corresponden a inscripciones en el territorio nacional y 281.484 en el exterior. Aunque la cifra total representa una disminución del 21,61 % en comparación con el mismo periodo de los comicios de 2022, el informe advierte sobre comportamientos estadísticos preocupantes en regiones específicas que podrían sugerir fenómenos de trashumancia electoral.La MOE encontró 103 municipios donde la inscripción de cédulas es inusualmente alta. En 12 de ellos el aumento es extremo, muy por encima de lo que normalmente ocurre en el país. Entre los casos más críticos se encuentran Nuevo Belén de Bajirá (Chocó), con una tasa de 341,93 inscripciones por cada mil habitantes; Puerto Gaitán (Meta), con 326,52 inscripciones; y Cúcuta (Norte de Santander), con 226,90 inscripciones. En el caso de Cúcuta, la organización pide especial atención a las autoridades debido a la compleja situación de orden público y los flujos migratorios en la frontera, factores que podrían estar siendo instrumentalizados con fines electorales.Un punto de especial atención en este séptimo informe son las Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz (CITREP), donde se identificaron 46 municipios con algún nivel de riesgo. De manera particular, 26 puestos de votación rurales en estas zonas presentan tasas de inscripción significativamente altas, lo que genera una alerta sobre el posible traslado irregular de votantes desde las cabeceras municipales hacia el campo, poniendo en riesgo la integridad del censo en estos territorios clave para el Acuerdo de Paz.Finalmente, la MOE manifestó su preocupación por un retroceso en los estándares de transparencia, señalando que para este proceso electoral no ha tenido acceso directo y en tiempo real a las plataformas de la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC). Esta limitación reduce la capacidad de emitir alertas tempranas efectivas. Ante este panorama, la organización recomienda al Consejo Nacional Electoral (CNE) realizar un seguimiento preventivo inmediato en los puestos advertidos y solicitó a la Registraduría fortalecer los mecanismos de consulta pública para garantizar la transparencia en el voto de los colombianos en el exterior.
En diálogo con Mañanas Blu, el abogado Abelardo De La Espriella respondió con contundencia a los señalamientos del presidente Gustavo Petro, quien ha sugerido una supuesta cercanía entre el jurista y la fiscal general, Luz Adriana Camargo, a través de su esposo, Germán Marroquín. De La Espriella calificó estas afirmaciones como un "disparate" y una "estratagema" política diseñada para desviar la atención de los escándalos que rodean al actual gobierno.Negación total de vínculos con la fiscal y su familiaDe La Espriella fue enfático al declarar que no conoce a la fiscal general ni a su esposo, Germán Marroquín. "No tengo idea de quién es su esposo en mi vida lo he visto si me lo ponen enfrente no sé quién es", afirmó, desmintiendo cualquier relación personal o profesional con el círculo familiar de la funcionaria. Según el abogado, estas acusaciones carecen de fundamento y son un "invento" para vincularlo con decisiones judiciales o procesos internos de la Fiscalía, de los cuales asegura estar completamente ajeno, especialmente tras haberse retirado del litigio hace cuatro años.¿Una estrategia para proteger a Iván Cepeda?Para De La Espriella, el fondo de los ataques del presidente radica en la arena electoral. Asegura que tanto él como el senador Iván Cepeda lideran las encuestas de opinión, y que Petro busca proteger a Cepeda de un enfrentamiento directo. "Petro se inventa este cuento para pelear conmigo y sacar a Cepeda de la ecuación para protegerle", señaló, aludiendo a que el senador tiene la obligación de explicar al país el modelo político que defiende. El abogado reiteró su invitación a Cepeda para un debate público sobre el futuro de Colombia, describiendo la contienda como una batalla entre el "absolutismo" y la "democracia".
Una carta del Grupo Trinity fue enviada internamente a más de 14.500 trabajadores en Colombia y España. El mensaje abrió una discusión sobre el papel de las empresas en el debate democrático previo a las elecciones de 2026. El contenido, conocido este martes 10 de febrero en Mañanas Blu, llamó a los empleados a participar activamente en las urnas y a evaluar propuestas que defiendan la empresa privada y el Estado de derecho.Aunque el documento no menciona nombres propios ni orienta el voto de manera explícita, su contenido generó interpretaciones y preguntas sobre hasta dónde puede llegar la voz de una compañía en decisiones que, por definición, son individuales. El presidente del Grupo Trinity en Colombia, Iván Trujillo, defendió el alcance del mensaje y negó cualquier intención de presión política.Carta del Grupo Trinity y llamado al voto conscienteTrinity, controlador de compañías como Acerías Paz del Río y operador del Centro de Convenciones de Cartagena, explicó que la carta hace parte de una visión de “ciudadanía corporativa”. Según Trujillo, el objetivo fue promover la reflexión y la participación democrática.“Como empresarios tenemos una gran responsabilidad que va más allá de la gestión interna de nuestras compañías”, afirmó. Y agregó: “Esto es un llamado cívico a participar en democracia, al voto libre, informado y consciente”.El directivo precisó que el grupo cuenta con cerca de 14.500 colaboradores, de los cuales unos 10.000 están en Colombia y más de 4.000 en España, y que todos recibieron el mensaje en los mismos términos.Libre mercado y Estado de derecho en el centro del mensajeUno de los fragmentos más comentados de la carta invita a evaluar programas políticos “que defiendan la actividad empresarial y el Estado de derecho”. Para Trujillo, esa frase resume una postura de principios y no una consigna electoral.“Para decirlo sin ambigüedades, considero necesario defender públicamente el libre mercado, la libertad de empresa y la institucionalidad democrática”, señaló en la entrevista. Insistió en que se trata de postulados constitucionales y “pilares esenciales para el progreso del país”.Ante la pregunta de si el mensaje buscaba advertir sobre una visión política específica, respondió: “Aquí de ninguna manera se trata de influir. Eso sería decirle a alguien por quién votar, y eso no está en la carta”.¿Empresas deben participar en los temas poliíticos? esto dijce TrujilloTrujillo reconoció que el sector empresarial debe participar en las conversaciones nacionales, pero aclaró que no condiciona relaciones laborales ni abre espacios para hacer campaña. “Cada colaborador decide libremente cómo y por quién votar. Toda postura política es legítima en democracia”, afirmó.Para el directivo, el debate no debería centrarse en nombres o partidos, sino en principios. “La política no es solo de los políticos. Nos compete a todos como ciudadanos”, concluyó.
La Registraduría anunció que apoyará a los damnificados por la ola invernal en Montería, Córdoba, con el trámite gratuito de los documentos de identidad.“La garantía del acceso efectivo y oportuno a los documentos de identidad adquiere especial relevancia en el marco de esta contingencia, ya que estos son un requisito indispensable para acceder a ayudas humanitarias, programas sociales, servicios de salud y demás beneficios dispuestos para la población afectada”, señaló el registrador, Hernán Penagos.Las jornadas se desarrollarán en tres puntos de Montería y la Registraduría espera atender aproximadamente a 5.000 personas damnificadas, entre niños, jóvenes y adultos. Se harán trámites de tarjeta de identidad y cédula de ciudadanía.“Se contempla la realización de jornadas de identificación adicionales en el departamento, de manera articulada entre la Registraduría Nacional y las alcaldías municipales, conforme a las necesidades que se identifiquen en el territorio”, agregó el registrador.Las jornadas se harán este miércoles y jueves en el Colegio Nacional; el viernes y sábado en el Coliseo Happy Lora, y el lunes 16 de febrero en el Coliseo de Ferias Miguel Villamil.
La Procuraduría General de la Nación pidió a las Entidades Promotoras de Salud, Instituciones Prestadoras de Servicios, Empresas Sociales del Estado, la Superintendencia Nacional de Salud y las autoridades territoriales la adopción inmediata de planes de acción para mitigar los impactos en la salud pública por la emergencia ambiental que vive el departamento de Córdoba.La Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y Seguridad Social solicitó a las EPS priorizar la atención de los grupos más vulnerables, como niños, mujeres gestantes, adultos mayores, personas con discapacidad y pacientes con enfermedades crónicas. También pidió reforzar la atención de urgencias, activar rutas de atención, asegurar el suministro de medicamentos e insumos y garantizar la continuidad de los tratamientos.Además, el órgano de control requirió a las secretarías de salud departamental y municipal coordinar acciones con las autoridades locales y el sector salud, implementar vigilancia epidemiológica, realizar brigadas de vacunación y articular la red pública y privada para la prestación de servicios médicos en las zonas afectadas.Finalmente, la Procuraduría exhortó a la Superintendencia Nacional de Salud a ejercer control y vigilancia sobre las EPS y demás actores del sistema, adelantar acciones preventivas y hacer seguimiento a posibles fallas para garantizar el derecho a la salud de la población en Córdoba.
Los peajes en Colombia volverán a registrar un incremento total en sus tarifas a partir del 16 enero de 2026, luego de que la Agencia Nacional de Infraestructura confirmara la actualización anual de los valores en las estaciones que se encuentran bajo su administración. Los nuevos precios aplicarán para todos los peajes a cargo de la ANI, como parte del proceso de actualización tarifaria basado en la inflación. No obstante, el incremento no será uniforme en todas los peajes del país.El ajuste general responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2025, que se ubicó en 5,10 %, de acuerdo con las cifras oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística.Según la entidad, 15 peajes tendrán, además del ajuste por IPC, un incremento complementario asociado al proceso de normalización tarifaria establecido en el Decreto 050. En estos casos, el aumento final corresponde a la suma del IPC y un porcentaje adicional definido de manera individual para cada peaje mediante resoluciones del Ministerio de Transporte. Los peajes que tendrán este ajuste adicional son:El Placer (Rumichaca Pasto).Cisneros (VINUS).Aburra (Autopistas Mar 1).Machetá (Transversal del Sisga).El Carmen (Puerta de Hierro – Cruz del Viso).La Pintada (Pacifico 2).Fusca, Andes, Unisabana (Accesos Norte).Supia (Pacifico 3).Puerto Berrío (Autopista Rio Magdalena).Boquerón I, Boquerón II, Naranjal, Pipiral (Chirajara Fundadores).La ANI también señaló que algunos peajes ya aplicaron el incremento antes del 16 de enero, debido a disposiciones contractuales. Es el caso de los proyectos Devimed, Armenia–Pereira–Manizales, Autopistas del Caribe y Briceño–Tunja–Sogamoso, cuyas tarifas comenzaron a actualizarse entre el 1 y el 15 de enero de 2026.De otro lado, los peajes correspondientes a los proyectos Pacífico 1 y Santana–Mocoa–Neiva tendrán un incremento compuesto por el IPC y un porcentaje gradual, el cual está vinculado a la entrega de unidades funcionales previamente pactadas en los contratos de concesión.En el proyecto IP Conexión Antioquia–Bolívar, siete peajes tendrán un aumento adicional del 2 % sobre el IPC, con el fin de mantener las tarifas diferenciales para vehículos de transporte público y privado. Los peajes incluidos en este ajuste son La Apartada, Manguitos, Purgatorio, San Carlos, Cedros, Mata de Caña y San Onofre.De acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura, estos incrementos buscan garantizar la sostenibilidad financiera y la continuidad de los proyectos de infraestructura vial.
En operaciones desarrolladas contra las estructuras del narcotráfico que delinquen en el sur del país, durante el año 2025 el Ejército y la Policía incautaron, en los diferentes corredores viales del Huila, alrededor de 35 toneladas entre pasta base coca, cocaína y marihuana, en su mayoría provenientes del Cauca.De acuerdo con el balance de las autoridades, las incautaciones tuvieron un valor aproximado de 35 mil millones de pesos afectando enormemente las finanzas y las economías ilícitas de las bandas criminales y de los grupos armados ilegales incluyendo las disidencias de las Farc.El teniente coronel, Oscar Cárdenas Peña, subcomandante de Policía en Huila, en diálogo con Blu Radio, destacó las incautaciones en grandes cantidades que se lograron en operativos y puestos de control en los municipios de Pitalito, Timaná, Garzón, Paicol y La Plata.“Este año 2025, que acaba de terminar, tuvimos unas incautaciones muy importantes en el departamento, alrededor de 35 toneladas de estupefacientes fueron arrebatadas de los grupos al margen de la ley; puntualmente en clorhidrato de cocaína 1.5 toneladas y en marihuana más de 33 toneladas y son más de 38.000 millones de pesos que dejaron ingresar a las finanzas de estos grupos criminales” argumentó Cárdenas.El teniente coronel señaló que las rutas donde se incautaron grandes cantidades de marihuana fueron en la vía La Plata, Huila – Inzá, Cauca, en la vía La Plata – Paicol – Tesalia y entre Paletará, Cauca – Isnos sur del Huila, estupefacientes que pretendían ser llevados hacia el centro del país y otros cargamentos hacia el extranjero.Asimismo, en operativos desarrollados de manera articulada por tropas de la Novena Brigada del Ejército, en el año 2025 se inmovilizaron 116 vehículos que transportaban estupefacientes, se incautaron más de 7.000 kilos de insumos químicos para la producción de alcaloides y el decomiso de 1.600 millones de pesos en efectivo producto del narcotráfico en las carreteras del Huila.
Tras el cierre de las festividades de fin de año y los cuatro puentes festivos que marcaron la temporada de vacaciones, la Policía de Tránsito y Transporte entregó un balance sobre el estado de las vías en el país y las principales recomendaciones para los viajeros que se movilizan durante este fin de semana.En diálogo con Noticias de la Mañana, el coronel Germán Gómez, director encargado de la Policía de Tránsito y Transporte, aseguró que, a esta hora, la red vial nacional presenta condiciones estables, aunque se registran afectaciones menores por lluvias en al menos nueve departamentos.El oficial explicó que ninguna de estas situaciones representa cierres de gran magnitud, pero insistió en la importancia de que los conductores consulten el estado de las carreteras antes de iniciar su viaje, especialmente a través del numeral #767, habilitado para informar en tiempo real sobre novedades viales.¿Cómo está la vía al Llano?Sobre la vía al Llano, uno de los corredores con mayor flujo vehicular desde y hacia Bogotá, el coronel Gómez confirmó que se encuentra habilitada y operando con normalidad, aunque recomendó transitar con precaución, puesto que la región ha registrado fuertes lluvias en las últimas horas.Entre los corredores con mayor afluencia durante este puente festivo se destacan las vías Bogotá–Girardot, Bogotá–Tunja y los accesos por la calle 80 desde Villeta y Guaduas. En otras regiones, como Nariño, Cauca y Valle del Cauca, se espera un alto volumen de vehículos por el retorno tras las festividades locales.También se reporta movilidad significativa en Manizales y en el corredor de La Línea, que, según la Policía, permanece habilitado sin novedades.¿Cómo funcionará el pico y placa regional este puente festivo?La Policía recordó que el lunes festivo aplicará el pico y placa regional para el ingreso a Bogotá: entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 p. m. podrán entrar vehículos con placa par, y de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., los de placa impar. Además, se mantiene la restricción para vehículos de carga superiores a 3,4 toneladas en los horarios establecidos.Finalmente, el coronel Gómez reiteró el llamado a realizar un chequeo mecánico previo del vehículo, portar la documentación en regla y mantener comportamientos responsables en la vía, como respetar los límites de velocidad, evitar maniobras peligrosas y no conducir bajo los efectos del alcohol.Cabe recordar que durante este puente festivo se espera alta congestión en las vías del país, por lo que el llamado a la prudencia y a la paciencia al volante es clave para los conductores que se movilizarán este fin de semana.“El respeto por las normas de tránsito son clave para garantizar un regreso seguro a casa”, concluyó el coronel.Escuche la entrevista completa aquí:
La difusión de un video atribuido a alias 'Iván Mordisco', en el que convoca a una cumbre entre distintos grupos armados ilegales tras la caída de Nicolás Maduro, ha reabierto el debate sobre los riesgos de seguridad en Colombia y su impacto regional, especialmente en Venezuela. Para Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), la viabilidad de un encuentro de este tipo es limitada, pero el mensaje tiene un fuerte peso simbólico y político.Bonilla explicó en entrevista con Mañanas Blu 10:30 que “la probabilidad depende de cómo se muevan otros actores, como la fuerza pública, el gobierno colombiano y los organismos de inteligencia”, y advirtió que no se trata de un anuncio fácil de materializar. A su juicio, más que una cumbre concreta, lo que se observa es “un reavivamiento de una narrativa política en grupos armados que buscan legitimarse”, particularmente figuras como 'Iván Mordisco', en un contexto muy distinto al de las décadas pasadas.Narrativas políticas y control territorialSegún la analista, estos grupos ya no cuentan con la legitimidad social que alguna vez tuvieron. “Es muy difícil que hoy se interprete a 'Iván Mordisco' como una guerrilla tradicional”, afirmó, señalando que se trata de organizaciones profundamente vinculadas a economías ilegales. No obstante, subrayó que el verdadero poder de estas estructuras no radica únicamente en el narcotráfico, sino en el control territorial. “El gran negocio de los grupos armados es el control del territorio, porque desde ahí acceden a todo: rentas ilícitas, extorsión y dominio social”, sostuvo Bonilla.Este fenómeno, agregó, no es exclusivo de Colombia y se replica en otros países de la región, como México, Brasil y varias zonas de Centroamérica, lo que configura un desafío creciente para los Estados de derecho.Respuesta del Estado y desafíos estructuralesFrente a la postura del gobierno colombiano, que insiste en el debilitamiento de estos grupos y en llamados a la desmovilización, Bonilla expresó preocupación por una lectura estratégica incompleta. “Me preocupa que el Gobierno esté leyendo a los grupos armados solo como un asunto de narcotráfico, porque eso no explica lo que está pasando”, advirtió. Recordó que, incluso sin negociaciones, estas organizaciones crecieron de manera sostenida en años recientes.La experta insistió en la necesidad de fortalecer la justicia, las autoridades civiles y la prevención del reclutamiento forzado, pues las acciones militares aisladas resultan insuficientes ante estructuras que operan inmersas en la población civil.Impacto regional y escenario venezolanoSobre Venezuela, Bonilla anticipó que la crisis de orden público “va a ocurrir sí o sí”, debido a la combinación de corrupción, minería ilegal y presencia de mafias armadas. En ese sentido, alertó que “entre más dificultades tenga Venezuela, nuestra frontera también, y entre más dificultades tenga Colombia, Venezuela también”, lo que obliga a ambos países a actuar con una estrategia regional coordinada.Escuche la entrevista completa acá:
En el municipio de Purificación, Tolima, fue capturado Nencer Alfonso Ramírez Lozano, alias el ‘Ganadero’, un hombre que llevaba años moviéndose en las sombras del narcotráfico transnacional y que hoy es señalado como uno de los principales articuladores de rutas de droga en Suramérica.La captura, según las autoridades, se produjo tras un trabajo de inteligencia conjunta con autoridades de Paraguay, país que lo requería por tráfico de estupefacientes, asociación criminal y lavado de activos, y para el cual existía una Notificación Roja de Interpol.Las autoridades ubicaron a alias el ‘Ganadero’ en una zona rural, donde, según la investigación, vivía rodeado de lujos y vehículos de alta gama, mientras coordinaba la compra y venta de cocaína con destino a Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Su rol no era operativo en campo ya que se le atribuye el manejo de contactos, finanzas y enlaces entre organizaciones criminales de Colombia, Perú y Bolivia, claves para el movimiento de grandes cargamentos.De acuerdo con los investigadores, Ramírez Lozano habría asumido el liderazgo criminal tras la captura, en 2018, de Reinaldo Javier Cabañas, alias el ‘Cucho’, detenido en Alto Paraná, Paraguay, luego de la caída de una poderosa red de narcotráfico en la frontera con Brasil.Con esta captura, destacan las autoridades, se corta una pieza central del engranaje financiero que sostenía las rutas internacionales de la droga y se deja al descubierto cómo estos capos, lejos de los corredores del crimen, se esconden en municipios del interior del país mientras coordinan negocios ilegales a escala continental.
La aerolínea colombiana de bajo costo Wingo anunció la reanudación de sus vuelos entre Bogotá y Caracas a partir del próximo 16 de enero de 2026, retomando así una de las rutas internacionales más solicitadas entre Colombia y Venezuela tras una pausa de más de un mes. Esta decisión se tomó luego de un monitoreo continuo del entorno operacional y en coordinación con las autoridades aeronáuticas competentes, con el objetivo de garantizar los más altos estándares de seguridad para sus viajeros y tripulaciones.La suspensión temporal de esta ruta había sido anunciada el 4 de diciembre de 2025, cuando Wingo decidió detener sus operaciones hacia y desde Caracas mientras evaluaba las condiciones de seguridad operacional en el espacio aéreo venezolano. En aquel momento, la aerolínea enfatizó que se trataba de una medida preventiva enfocada en la seguridad, tras la advertencia de Estados Unidos de sobrevolar el territorio Venezolano, antes del ataque y operación que terminó en la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero.Durante la pausa en la operación, según informó la aerolínea, los pasajeros con tiquetes programados en las fechas afectadas recibieron notificaciones a través de los canales registrados en sus reservas. La compañía ofreció opciones de protección que permitieron a los viajeros autogestionar reembolsos o cambios de vuelo sin penalidades, facilitando así la reorganización de sus itinerarios sin costos adicionales.La reanudación proyectada para el 16 de enero representa una señal de normalización en la conectividad aérea entre ambas capitales, que había sufrido interrupciones en los últimos meses. Wingo informó que continuará monitoreando de manera permanente el entorno operativo en conjunto con autoridades locales e internacionales, y que cualquier novedad sobre la operación será comunicada oportunamente a sus usuarios a través de sus canales oficiales.Este anuncio llega en un momento en que otras aerolíneas también ajustan sus itinerarios hacia Venezuela, reflejando una recuperación gradual de los vínculos aéreos bilaterales. Esto, tras la aparente calma que se vive luego de la intervención de Estados Unidos en el vecino país.