El candidato predidencial Abelardo de la Espriella se refirió a la decisión de la senadora y candidata presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia de unirse a la Gran Consulta por Colombia.De la Espriella felicitó a Valencia, sin embargo, también dijo que había buscado un acuerdo con el Centro Democrático antes de la primera vuelta y no se logró.“Intenté la unión con el Centro Democrático antes de la primera vuelta y no se logró; la democracia es así: libre e independiente, y cada quien puede hacer lo que considere apropiado, siempre que no afecte derechos de terceros”, aseguró el abogado De la Espriella.En el mismo sentido, De la Espriella no cerró la puerta a apoyar al candidato que gane la Gran Consulta por Colombia de ser necesario.“Reitero mi palabra: si quien salga ganador de la consulta llegase a superarme, seré el primero en cargarle el maletín para vencer a Cepeda o a cualquiera a quien Petro pretenda atornillar al poder. La Patria está por encima de cualquier interés personal. De igual manera, si el Pueblo decide acompañarme y ungirme para esa batalla, aquí, en Defensores de la Patria, las puertas estarán abiertas para todos los participantes de esa consulta y para el Doctor Fajardo, para que, juntos, derrotemos al eje del mal”, agregó De la Espriella.Es importante recordar que los candidatos de la Gran Consulta por Colombia aceptaron la participación de Paloma Valencia desde este domingo en la mañana, sin embargo, ella hizo consultas con su partido y en horas de la tarde de este lunes, 22 de diciembre, anunció oficialmente la decisión de unirse a esa coalición.
La Cancillería reubicó a Óscar Iván Muñoz, encargado de negocios de Colombia en Nicaragua, en otra sede diplomática mientras avanzan las investigaciones disciplinarias en su contra por la parranda vallenata realizada el pasado 11 de diciembre en Managua, en la que participó el exdirector de la DNI, Carlos Ramón González, prófugo de la justicia y señalado de ser el cerebro del entramado de corrupción de la UNGRD.El ministerio informó que el funcionario ya fue notificado formalmente de la apertura del proceso adelantado por la Oficina de Control Disciplinario Interno y que la medida busca evitar posibles interferencias u obstrucciones en la investigación.Muñoz, quien ocupa el cargo de primer secretario de Relaciones Exteriores en carrera administrativa, es investigado por su presunta participación en la gestión de recursos y en la organización de la parranda vallenata realizada en el Teatro Rubén Darío. Aunque la Cancillería asegura que negó recursos para el evento, la actividad se realizó, lo que derivó en cuestionamientos sobre el uso de su posición diplomática.Según este comunicado, cualquier decisión sobre una eventual suspensión o desvinculación debe surtir el debido proceso y no depende de una decisión discrecional de la canciller. Además, informó que la Procuraduría General de la Nación podrá asumir el caso bajo la figura de control preferente y que las pruebas ya fueron remitidas también a la Fiscalía General de la Nación.
La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) oficializó el licenciamiento del primer contingente de mujeres soldados en la historia de la institución. Tras 12 meses de servicio militar voluntario, 28 jóvenes finalizaron su etapa de formación en el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), un hecho que redefine la participación femenina en las filas de esta fuerza.Este grupo, perteneciente al quinto contingente de 2024, ingresó a la unidad el pasado 3 de febrero de 2024. Durante su permanencia, las soldados no solo recibieron instrucción militar básica, sino que fueron integradas en áreas operativas estratégicas de seguridad y logística en la base aérea de Bogotá.Funciones y seguridad en CATAMLas uniformadas desempeñaron roles críticos en el control de acceso y la seguridad de la unidad. Sus funciones incluyeron el registro y autorización de ingreso de personal y vehículos, así como el apoyo logístico en vuelos destinados a altos mandos y personalidades del Gobierno Nacional que transitan habitualmente por esta terminal aérea.Además de las labores administrativas, las soldados se desempeñaron como Policía Militar, garantizando el cumplimiento de los procedimientos de seguridad establecidos en los sistemas de defensa de la base.Este licenciamiento representa un precedente institucional para la Fuerza Aeroespacial, al consolidar la apertura del servicio militar para mujeres bajo los mismos estándares de disciplina y exigencia aplicados tradicionalmente. La FAC destacó que el aporte de estas 28 mujeres y sus familias queda registrado como un avance en el desarrollo y la modernización de la defensa nacional.
Con una inversión cercana a los $72 mil millones, el Gobierno nacional puso en operación la pista completamente modernizada del Aeropuerto Santiago Vila, una obra estratégica que fortalece la conectividad aérea del Tolima y dinamiza el desarrollo económico y turístico del centro del país.La infraestructura, entregada oficialmente el 14 de noviembre de 2025, cuenta ahora con una pista de 1.600 metros, que cumple los más altos estándares de seguridad operacional y permite la operación de aeronaves con mayor capacidad, pasando de aviones para 48 pasajeros a equipos de hasta 78 sillas.Según el Ministerio de Transporte, entre 2023 y 2026 se destinaron $71.914 millones para la modernización integral del aeropuerto, a través de un contrato por $53 mil millones, que incluyó el mejoramiento de la pista, calles de rodaje, franjas de seguridad, sistemas de drenaje e infraestructura complementaria, así como la instalación de ayudas visuales e iluminación aeroportuaria.Las obras iniciaron el 28 de septiembre de 2024 y, para garantizar la seguridad operacional, el aeropuerto suspendió temporalmente sus operaciones en febrero de 2025. En julio del mismo año reabrió con una pista parcial de 1.200 metros, hasta completar el alcance total del proyecto en noviembre, sin prórrogas ni adiciones presupuestales.Además del impacto en infraestructura, el proyecto generó 144 empleos, de los cuales 93 fueron ocupados por mano de obra local, incluyendo madres cabeza de familia, adultos mayores, población en condición de pobreza extrema y personas desplazadas, reflejando un componente social significativo.Actualmente, el Aeropuerto Santiago Vila mantiene operación comercial activa en la ruta Bogotá–Flandes–Bogotá, operada por Satena, con frecuencias semanales que fortalecen el turismo, el comercio y la integración regional.“La modernización del Aeropuerto Santiago Vila demuestra que el compromiso del Gobierno nacional con la conectividad regional se traduce en obras terminadas, seguras y al servicio de la gente. Esta infraestructura impulsa el desarrollo económico, genera empleo y acerca a las regiones”, señaló la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.De acuerdo con el plan maestro aeroportuario, el terminal aéreo presenta un alto potencial de crecimiento en la movilización de pasajeros, operaciones aéreas y carga, especialmente para el transporte de productos agrícolas y de comercio regional.Momento de tensión durante el acto oficialNo obstante, el evento de entrega estuvo marcado por un momento de tensión institucional. Durante su intervención, la ministra de Transporte afirmó que llegaba a “inaugurar” la nueva pista, mientras que la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, y la alcaldesa de Flandes, Ana Judith Gamboa, pese a ser las autoridades anfitrionas del territorio, no fueron incluidas en el protocolo del acto, situación que generó comentarios entre los asistentes.“Este es un evento al que yo venía a hacer la inauguración de la ruta de Flandes. Sí, eso no le ponga misterio: estamos haciendo la inauguración de la ruta y de la pista para el servicio. Lo importante es lo que usted le entrega a los habitantes de cualquier municipio del país”, manifestó la ministra a Blu Radio.Por su parte, la gobernadora Adriana Magali Matiz Vargas aseguró: “Yo me siento súper bien trabajando por mi departamento. Seguiré trabajando por mi departamento de la mano de esta mujer alcaldesa, que lo está haciendo supremamente bien. Judith está trabajando por todas sus comunidades; yo también. Yo no me siento mal. Los que se pueden sentir mal son los que hacen sentir mal. Yo jamás hago a los demás lo que no quiero que me hagan a mí”.
En un análisis sobre el cierre del año político y los retos que enfrenta Colombia de cara a las elecciones de 2026, el profesor y analista Juan Carlos Flores expresó en entrevista con Sala de Prensa Blu su preocupación por la falta de liderazgo y de propuestas claras en los sectores de oposición. En diálogo con Blu Radio, el experto abordó temas como el impacto de la inteligencia artificial, la crisis de representación política y la necesidad de construir un proyecto de país que conecte con la ciudadanía.Inteligencia artificial: una herramienta sin concienciaDurante la entrevista, Flores se refirió al avance de la inteligencia artificial, especialmente en el ámbito académico, destacando su capacidad para procesar grandes volúmenes de información en poco tiempo. No obstante, advirtió sobre sus límites frente al pensamiento humano.“Estamos ante un sistema de compilación extraordinario que nos permite hacer repasos a una velocidad que antes era inimaginable”, afirmó. Sin embargo, aclaró que esta tecnología aún carece de una dimensión creativa propia: “Ella aún no permite que vislumbremos lo nuevo, no nos presenta nuevos escenarios”.Críticas a la oposición y al debate electoralAl analizar el panorama político nacional, Flores manifestó un “profundo desconcierto” frente a la estrategia de la oposición, señalando que el debate se ha reducido a cálculos electorales y alianzas sin contenido programático. Según el analista, la discusión se ha centrado en nombres y no en ideas capaces de generar un verdadero cambio.En ese sentido, fue contundente al afirmar que “la oposición en Colombia no ha logrado encontrar un camino distinto del simple rechazo al gobierno”. Para Flores, la experiencia de líderes como Gustavo Petro, Donald Trump o Javier Milei demuestra que el respaldo ciudadano se construye a partir de la conexión con las aspiraciones del electorado, algo que hoy no se percibe en los sectores opositores.“Mi crítica a la oposición es que por ese camino van directo a la derrota en la segunda vuelta”, advirtió, al considerar que la falta de una propuesta atractiva podría traducirse en un nuevo fracaso electoral.Un llamado a pensar el futuro del paísFinalmente, Flores llamó la atención sobre la pérdida de talento humano en Colombia, impulsada por la falta de oportunidades y de un proyecto nacional sólido. A su juicio, la dirigencia política debe enfocarse en ofrecer soluciones reales y en “construir un futuro para el país”, dejando de lado discursos anclados en la “revancha social” o la “amargura por el pasado”.De no hacerlo, concluyó el analista, Colombia podría enfrentar un escenario cada vez más complejo, marcado por la frustración ciudadana y un camino político “áspero y duro” sin una visión clara de largo plazo.
La justicia de El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele mantiene una "guerra" contra las pandillas, condenó a decenas de miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) a varios siglos de prisión, incluido uno a más de mil años de encierro, informó este domingo la Fiscalía.Desde marzo de 2022, Bukele enfrenta a las pandillas amparado en un régimen de excepción que permite arrestos sin orden judicial. Más de 90.000 personas han sido detenidas y unas 8.000 fueron liberadas por ser inocentes, según fuentes oficiales.La Fiscalía señaló en X que 248 pandilleros de la MS-13 fueron condenados por 43 homicidios y 42 desapariciones de personas, entre otros delitos, sin detallar la fecha de la sentencia o si son parte de juicios colectivos.Uno de los miembros de la pandilla, catalogada como "terrorista" por Estados Unidos, recibió una pena de 1.335 años de prisión. Otros 10 fueron condenados, respectivamente, a 958, 880, 739, 745, 739, 702, 639, 543, 530 y 463 años de cárcel.Dentro de los crímenes cometidos entre 2014 y 2022, se encuentra el asesinato de un estudiante universitario y una futbolista, además de casos de extorsión y tráfico de drogas.Los pandilleros "crearon bases en diferentes sectores" de la provincia de La Libertad que "eran utilizadas para planificar" actos delictivos, agregó.El grupo extorsionaba a "víctimas que tenían negocios, exigiéndoles diferentes cantidades de dinero a cambio de no atentar contra sus vidas", añadió la Fiscalía, afín a Bukele.Samuel Ramírez, líder de un movimiento de familiares de presos detenidos por el régimen de excepción que claman su inocencia, dijo a la AFP que comparte que se le "aplique la ley a los delincuentes", pero cuestionó que la sentencia haya cumplido con el "debido proceso"."Lamentablemente, por ahora, no hay transparencia en los procesos judiciales" en El Salvador, señaló Ramírez, quien consideró que las altas penas son "una estrategia populista de marketing" a favor de Bukele.La "guerra" de Bukele redujo los homicidios a niveles históricos en el país, pero grupos de derechos humanos critican su estrategia al denunciar abusos de las fuerzas de seguridad. Desde 2022 han muerto 454 salvadoreños en cárceles, según oenegés.Pese a las críticas, otros gobiernos de la región han anunciado que implementarán medidas similares contra la delincuencia.Bukele acordó recientemente compartir su experiencia con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, quien enfrenta un aumento de la criminalidad en su país y planea construir una prisión similar al Cecot, la megacárcel salvadoreña símbolo del combate a las pandillas.
Con el arribo de 80 nuevos policías, Bucaramanga refuerza su esquema de seguridad durante las festividades de diciembre y en medio de la alerta nacional por los recientes ataques terroristas registrados en el oriente del país. La Alcaldía de Bucaramanga destacó que este refuerzo permitirá blindar la ciudad y fortalecer la presencia institucional en puntos estratégicos.El brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, explicó que los uniformados, hombres y mujeres provenientes de distintas escuelas del país, llegan capacitados y entrenados para cumplir diversas funciones operativas. “Estos policías entrarán a reforzar la vigilancia de los cuadrantes, que es nuestro eje fundamental en el área metropolitana. En buena hora llegan a una ciudad que necesita fortalecer la seguridad, como lo vienen solicitando los ciudadanos”, señaló el oficial.El despliegue no se limita a los nuevos patrulleros. Las labores de control y vigilancia estarán respaldadas por el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), cuyas unidades cuentan con entrenamiento avanzado en tácticas de reacción y control. Bajo el liderazgo del brigadier general Quintero y el alcalde Cristian Portilla, el operativo se desplegó de inmediato en el sector bancario y las zonas comerciales del centro de la ciudad.Durante los recorridos, las autoridades visitaron puntos estratégicos como La Isla, donde interactuaron con comerciantes y transeúntes para entregar recomendaciones de seguridad y cerrar los canales a delitos como el hurto y la extorsión, especialmente en esta época de alta actividad comercial.El comando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga reiteró dos servicios clave para la ciudadanía durante la temporada decembrina. El primero es el acompañamiento bancario, un servicio gratuito que puede solicitarse a través de la línea 123 para el retiro de grandes sumas de dinero. El segundo es la lucha contra la extorsión, a través de la campaña del GAULA, invitando a comerciantes y ciudadanos a denunciar cualquier intimidación mediante la línea 165.“Estamos en las calles, de cara a la gente. Con estos nuevos uniformados y el apoyo del GOES, buscamos que cada bumangués se sienta seguro al realizar sus compras y trámites bancarios”, puntualizó el general Quintero.
Con el objetivo de garantizar la tranquilidad de comerciantes y ciudadanos durante la temporada navideña, las autoridades reforzaron los operativos de seguridad en los principales centros comerciales de Bucaramanga, una estrategia que se suma a la llegada de 80 nuevos policías a la ciudad.El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, lideró un recorrido por el Centro Comercial La Quinta, junto al comandante de la Policía Metropolitana, el general Quintero, donde reiteró el compromiso de la administración municipal para proteger la actividad comercial y a quienes realizan sus compras en diciembre.“Estamos en este momento en el Centro Comercial La Quinta, garantizándole la seguridad en esta Navidad a cada uno de nuestros comerciantes, junto a la Policía Metropolitana. Queremos que la gente salga tranquila, compre tranquila y disfrute de esta temporada”, señaló el mandatario local.Por su parte, el general Quintero explicó que los operativos incluyen patrullajes permanentes, acompañamiento a comerciantes y campañas de prevención contra la extorsión. Durante la jornada, las autoridades entregaron volantes informativos y recordaron la línea 165, habilitada para denunciar este tipo de delitos.“Estamos haciendo un recorrido con los comerciantes, sensibilizándolos para que denuncien cualquier intento de extorsión. Queremos que en esta temporada no tengamos personas afectadas por estos delitos y que todos los visitantes se sientan seguros”, indicó el oficial.El alcalde enfatizó que el trabajo articulado con la Policía Nacional busca que nada empañe la celebración de la Navidad en la capital santandereana.“Vamos a defender a Bucaramanga del lado de la Policía Nacional, para que en esta Navidad la alegría sea completa y la seguridad esté garantizada”, concluyó.Las autoridades anunciaron que estos controles se mantendrán durante todo el mes de diciembre, especialmente en zonas comerciales y de alta afluencia de público.
Al menos 18 militares fueron retenidos el domingo por pobladores del departamento del Chocó, en el oeste del país, cuando realizaban un operativo contra la guerrilla del ELN, informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.El ministro tildó la acción de "secuestro" y detalló en X que los uniformados "fueron rodeados por cerca de 200 personas y trasladados por la fuerza, en contra de su voluntad, a un resguardo indígena".Las detenciones de militares y policías son comunes en Colombia en zonas controladas por grupos armados y con poca presencia estatal.Autoridades sostienen que en estas retenciones participan pobladores, en su mayoría campesinos, que actúan manipulados u obligados por las organizaciones ilegales que operan en la zona.Sánchez dijo que los militares estaban en una zona rural del municipio de Carmen de Atrato, en el Chocó, en una operación contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN)."Estas operaciones tienen como propósito proteger a la población civil —en especial a las comunidades indígenas— frente a amenazas como el reclutamiento de menores, el desplazamiento forzado y otros hechos asociados a la violencia", anotó el ministro.La gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, señaló que tras "la retención de 18 soldados que se encontraban en el cumplimiento de sus deberes legales, por parte de la guardia indígena", llamó a un "consejo de seguridad extraordinario" para buscar la liberación de los uniformados.Sánchez enfatizó que restringir el trabajo militar "pone en grave riesgo, precisamente, a las comunidades que requieren mayor protección"."Ninguna causa ni mecanismo de presión social justifica la privación de la libertad ni la vulneración de los derechos humanos de nuestros militares", añadió el ministro.En septiembre 72 militares fueron retenidos por cientos de pobladores en el Cañón del Micay, un enclave para la producción de cocaína dominado por rebeldes disidentes de las extintas Farc.Un mes antes, otros 33 uniformados fueron liberados tras pasar tres días retenidos en el departamento del Guaviare.Inmersa en una guerra interna de medio siglo que enfrenta a guerrillas, narcotraficantes y fuerzas estatales, Colombia vive su peor crisis de seguridad en la última década.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) aclaró el alcance del instrumento ambiental que regula el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato (PECIG), adelantado por la Policía Nacional, y reiteró que las actividades de aspersión terrestre cuentan con autorización vigente y están sujetas a seguimiento ambiental.Según informó la entidad, el programa tuvo inicialmente un Plan de Manejo Ambiental otorgado en 2001, el cual fue suspendido en 2015. Posteriormente, en diciembre de 2016, la Anla autorizó la erradicación mediante aspersión terrestre con glifosato utilizando técnicas como bombas de espalda, equipos estacionarios y la modalidad EATBAND, que corresponde al uso de drones.Esta autorización estableció que, para implementar la aspersión con drones, la Policía Nacional debe contar con un aval técnico emitido por el Comité Técnico Interinstitucional, liderado por el Ministerio de Justicia y del Derecho.La Anla precisó que, en el marco de estas actividades, no es necesario expedir un nuevo instrumento ambiental dado que la autorización para las técnicas de aspersión terrestre se encuentra vigente. Una vez la Policía Nacional presente el aval del estudio de calibración y deriva, la autoridad ambiental verificará su cumplimiento antes del inicio de la modalidad EATBAND.En relación con las medidas de protección ambiental, la entidad recordó que en septiembre de 2025 actualizó, mediante seguimiento, el acto administrativo que respalda el programa. Esta actualización fortaleció las obligaciones ambientales, incluyendo la incorporación de áreas de exclusión como las zonas de producción de alimentos del sector agrícola, el ajuste de los límites permisibles de residuos de glifosato y su metabolito en el agua, la actualización del plan de contingencias y la inclusión de fichas de gestión social en el Plan de Manejo Ambiental.
Los militares retirados de las Fuerzas Militares de Colombia anunciaron la terminación de su participación en el proceso de negociación con el grupo armado ilegal Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), tras la exclusión de su representante, el coronel (r) Jaime Ariza Girón, de la mesa de diálogo liderada por el Gobierno.Según el comunicado, la decisión se produjo después de una serie de desacuerdos con el jefe negociador de la mesa, Armando Novoa, quien apartó al delegado luego de que este expresara su rechazo a los atentados contra miembros del Ejército Nacional en Putumayo y solicitara que cualquier desmovilización del CNEB estuviera condicionada a la extradición del cabecilla Andrés Rojas, alias 'Araña', uno de los líderes de los Comandos de la Frontera, estructura integrada a esa organización.Los militares retirados, que agrupan a 80 organizaciones en la denominada Mesa de Trabajo “Fuerza Púrpura”, sostuvieron que su participación en el proceso se dio en un marco de respeto, con asesoría técnica y jurídica, pero siempre bajo los principios de defensa de la institucionalidad y la legalidad. Sin embargo, denunciaron que su representante fue desconocido “inexplicablemente” por el equipo negociador del Gobierno, lo que los llevó a retirar su apoyo a los actuales acercamientos con ese grupo armado.En el comunicado, los militares retirados también expresaron seis preocupaciones frente al rumbo de los diálogos de la paz total, entre ellas: la posible legitimación de estructuras armadas ilegales, la falta de un marco jurídico claro, el riesgo de interferencia electoral en 2026, la ausencia de garantías reales de desarme y no repetición, el peligro de nuevas disidencias por el control de economías ilícitas y la impunidad frente a crímenes cometidos contra civiles y miembros de la fuerza pública.La CNEB, considerada una escisión de la antigua Segunda Marquetalia, está compuesta por diferentes frentes y estructuras, entre ellas los Comandos de la Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, con presencia en departamentos como Nariño, Putumayo, Cauca y zonas de frontera. Sus principales cabecillas son Walter Mendoza (José Vicente Lesmes), jefe máximo y representante político del grupo; Andrés Rojas (alias 'Araña'), comandante de los Comandos de la Frontera, capturado en Bogotá en 2025; y Andrés Allende Perilla ('Allende'), líder de la Coordinadora Guerrillera del Pacífico. También se han identificado otros mandos conocidos como ‘Tocayo’, ‘Bladimir’, ‘Jairo Marín’, ‘Iván Patía’ y ‘Lizeth la Negra’, asociados a economías ilícitas y control territorial.Finalmente, los militares retirados reiteraron su compromiso con los procesos de reconciliación y diálogo “desde el respeto a la nación soberana, a la Constitución y al Estado de Derecho”, pero advirtieron que no respaldarán negociaciones que se aparten del orden legal o que desconozcan la gravedad de los delitos cometidos por estructuras armadas ilegales.
Las autoridades colombianas suspendieron por seis meses a la compañía Precolombina de Turismo Especializado (Precoltur), dueña del autobús involucrado el 14 de diciembre en un accidente que dejó 16 menores de edad y al conductor del vehículo muertos al caer a un abismo en una carretera del departamento de Antioquia (noroeste).El superintendente de Transporte, Alfredo Enrique Piñeres, detalló este lunes que el autobús accidentado "no cumplió ni siquiera con el 20 %" de la revisión técnico-mecánica, una inspección obligatoria que deben realizar cada año todos los vehículos en Colombia para verificar que cumplan con condiciones mecánicas, eléctricas y de emisiones contaminantes para poder transitar.Por esa razón, la Superintendencia no solo suspendió por seis meses a la compañía Precoltur, sino también al Centro de Diagnóstico Automotriz (CDA) Comercializadora Servisuper, que fue la institución que emitió la revisión técnico-mecánica del autobús accidentado."La Superintendencia abrió una investigación para una próxima sanción tanto al CDA como a la empresa. Pero, de manera preventiva, se acaba de suspender la habilitación del CDA y la habilitación de la empresa Precoltur por un término de seis meses mientras salen las sanciones", expresó Piñeres en una rueda de prensa.Ante esta decisión, Precoltur señaló que "no ha sido notificada oficialmente de esta decisión" y recordó que desde el 15 de diciembre ha recibido en sus instalaciones a "las autoridades competentes" y ha entregado "toda la información solicitada"."Reiteramos nuestro compromiso de colaboración con las autoridades correspondientes. Asimismo, informamos que nuestro equipo jurídico se encuentra trabajando con el fin de que no se vean afectados nuestros afiliados", agregó la empresa en un comunicado.El autobús había partido de la localidad turística de Tolú, en el departamento caribeño de Sucre, lugar donde los estudiantes se encontraban de excursión. El accidente, cuyas causas aún se desconocen, ocurrió en el sector El Chispero, del municipio de Remedios.La Superintendencia, agregó Piñeres, ya empezó "a recoger todas las pruebas de lo ocurrido con el bus" y encontró "cosas bastante (...) terroríficas".
Un nuevo episodio de violencia en el Catatumbo obligó a 11 familias —unas 30 personas en total— a abandonar la vereda Mineiro, en el municipio de Tibú, Norte de Santander. Las familias, que permanecían confinadas desde la semana pasada debido a los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc, tuvieron que desplazarse hacia Cúcuta para salvaguardar sus vidas.El confinamiento se produjo durante el paro armado decretado por el ELN entre el 14 y el 17 de diciembre, una situación que dejó a las comunidades rurales sin posibilidad de movilidad ni acceso a alimentos, salud o educación. La tensión en la zona sigue siendo alta, mientras persiste la disputa entre los grupos armados por el control del territorio y las rutas ilegales.La Defensoría del Pueblo, en articulación con la Procuraduría General de la Nación y la Unidad para las Víctimas, acompaña a las familias desplazadas y realiza seguimiento al cumplimiento de la ruta de atención integral. En este momento, los afectados se preparan para recibir las primeras ayudas humanitarias que garanticen su alojamiento y alimentación temporal.La Defensoría reiteró su llamado urgente a los grupos armados ilegales para que respeten los derechos de la población civil y cesen las acciones que siguen poniendo en riesgo la vida y la integridad de comunidades enteras en el Catatumbo, una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado en el país.
En la tarde de este lunes, 22 de diciembre, se confirmó que la senadora Paloma Valencia participará en la Gran Consulta por Colombia el próximo 8 de marzo.Valencia había sido aceptada en esa coalición el pasado domingo en horas de la mañana, sin embargo, ella aseguró que antes de tomar una decisión debía hacer consultas con la militancia de su partido.En las últimas horas la senadora Valencia escuchó a diferentes militantes del Centro Democrático y habló con el expresidente Álvaro Uribe y el director del partido, Gabriel Vallejo, tras estas conversaciones Valencia se decidió por ir a la consulta.¿Quiénes son los otros candidatos?En la Gran Consulta por Colombia hay otros seis candidatos, además de Valencia. Esta coalición la conforman también Juan Daniel Oviedo, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán, Vicky Dávila, David Luna y Mauricio Cárdenas.Los integrantes de esta coalición también se reunieron en las últimas horas con Juan Carlos Pinzón, quien también podría entrar a la consulta.
Los grupos armados que operan en el departamento del Putumayo, fronterizo con Perú y Ecuador, están utilizando las negociaciones de paz con el Gobierno para reforzar su control sobre la población civil y han cometido graves abusos contra comunidades indígenas, alertó este viernes, 5 de diciembre Human Rights Watch (HRW)."Los grupos armados de Putumayo están utilizando las negociaciones de paz como una oportunidad para reforzar su control sobre la población", aseguró la directora de la División de las Américas de HRW, Juanita Goebertus, citada en un comunicado de su despacho.La funcionaria explicó que, "mientras las negociaciones de paz se centran en la reducción de los cultivos de coca, los grupos armados imponen sus propias reglas en Putumayo y castigan severamente a quienes las desobedecen".Desde 2023, el Gobierno colombiano ha estado en negociaciones de paz con varios grupos armados que controlan partes de Putumayo, en la frontera con Ecuador.Pese a que algunas mesas de diálogo han llegado a acuerdos para destruir armas y sustituir los cultivos de coca, varias disidencias de las extintas FARC, como Comandos de la Frontera y los frentes Raúl Reyes y Carolina Ramírez, siguen estableciendo control territorial y cometiendo abusos contra los habitantes de la zona."Los grupos armados han asesinado a líderes comunitarios, reclutado a niños, confinado a la población y castigado a quienes violan sus normas con multas y trabajos forzados", añadió HRW.En septiembre de 2025, HRW visitó varias poblaciones del Putumayo, y entrevistó a 45 personas, entre ellas víctimas, líderes y defensores de derechos humanos, autoridades indígenas, trabajadores humanitarios y autoridades gubernamentales.El común denominador es que la mayoría de esas personas "teme represalias por parte de los grupos armados y habló bajo condición de anonimato".Putumayo es un lugar estratégico para la producción y el tráfico de drogas y es el departamento que tiene la segunda mayor producción de coca, solo superado por el departamento vecino de Nariño.Actualmente, dos de los tres grupos armados presentes en Putumayo están en negociaciones de paz con el Gobierno. Por un lado, los Comandos de la Frontera, parte de una coalición conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), que opera a lo largo de la frontera con Ecuador.Por otro, el Frente Raúl Reyes, que forma parte del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) y tiene fuerte presencia en el norte de Putumayo, en la frontera con los departamentos de Caquetá y Cauca.Mientras tanto, el Frente Carolina Ramírez, que forma parte de un grupo conocido como Estado Mayor Central (EMC) y opera al oriente de Putumayo, estuvo en diálogos de paz con el Gobierno entre noviembre de 2023 y abril de 2024, pero actualmente no forma parte de las negociaciones.
En hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades judiciales, una menor de 14 años de edad, fue atacada con arma de fuego al parecer por un adolescente al interior de un conjunto residencial del barrio Cuarto Centenario en el sur de Neiva.Según información oficial, la menor alcanzó a ser llevada con vida a un centro hospitalario de la ciudad donde horas después falleció como consecuencia del disparo que, al parecer, recibió en la cabeza, mientras que el agresor otro menor de edad fue aprehendido por la policía.“La comunidad informa a las unidades policiales requiriendo la presencia de los uniformados en el sector del barrio Neiva Cuarto Centenario, donde una menor de edad había sido evacuada desde el interior de un apartamento con una lesión de arma de fuego, lastimosamente en horas de la madrugada a raíz de dicha lesión la menor pierde la vida” informó el coronel Héctor Jairo Betancourt, comandante de la policía Metropolitana de Neiva.Asimismo, las autoridades también investigan un hecho de violencia que se presentó en el barrio Villa Café oriente de Neiva, donde fue asesinado un hombre identificado como Luis Alberto Cabrera de 54 años de edad.De acuerdo con versiones oficiales, la víctima iba saliendo de su casa, donde hombres a bordo de una motocicleta lo interceptaron y sin mediar palabra le dispararon
El Gobierno nacional está cerca de expedir una circular con la cual la Superintendencia de Industria y Comercio tendría información sobre la forma en que se 'cocinan' las campañas políticas en redes sociales y con la que buscará que no se hagan perfiles ideológicos de los votantes con el argumento de que la publicidad política segmentada puede "fragmentar el debate" y llevar a que se creen burbujas informativas lo que al final del día es un riesgo para la democracia.Para nadie es un secreto que una publicidad efectiva en redes sociales puede ser la clave de una campaña política ganadora y por eso las campañas buscan identificar a sus posibles votantes y entregarles un mensaje personalizado según criterios como la edad, la ciudad en la que viven, el celular que usan e incluso los intereses que tienen en redes sociales.A eso se llama 'segmentar' al público. Hoy un colombiano gasta en promedio 3.25 minutos al día en las redes sociales, según un ranking de Global World Index que deja a nuestro país como uno de los más enganchados a las pantallas.En ese contexto la Superintencia de Industria y Comercio está publicando para comentarios un proyecto de circular con instrucciones para las campañas políticas. Entre esas instrucciones está prohibición de "elaborar perfiles que clasifiquen, evalúen o busquen predecir la ideología política de los titulares, así como cualquier perfilamiento basado en inferencias que permitan revelar dicha condición, incluidas categorías como religión, orientación política u otros datos sensibles definidos por la ley".La otra orden es esta. Las campañas políticas, o las agencias de marketing digilal, deben llevar un registro "de los criterios de segmentación utilizados en cada campaña digital", ese registro debe estar a disposición de la Superintendencia de Industria y Comercio y además coincidir con la información de las bibliotecas públicas de anuncios, como las que tiene Meta (Facebook, e Instagram).Hay otras órdenes más tradicionales, digamos, como la prohibición de incluir números de teléfono en listas o grupos de Whatsappp y de otras plataformas sin autorización previa, expresa e informada. Además los ciudadanos deberían poder acceder a información sobre cómo los clasificaron para entregarles el mensaje político y si en ese proceso se usaron algorirmos de inteligencia artificial.La Superindustria advierte también que es un delito el uso del Deepfake. Es decir de generar audios, imágenes o videos falsos con inteligencia artifical para suplantar su identidad.La justificación de la Superindustria en su comunicado de prensa es que busca "proteger la libertad de electoras y electores, los derechos de la ciudadanía y la democracia representativa" y que "en una época en la que el tratamiento de datos personales es central para los procesos electorales, la SIC recuerda que las normas sobre protección de datos personales son fundamentales en una sociedad abierta, respetuosa de los principios rectores del Estado social de derecho y de las vías de formación de la voluntad popular".
La Contraloría General de la República advirtió que persisten fallas estructurales en la forma como el país protege sus páramos. Según los resultados de auditorías realizadas entre 2023 y 2024, el Ministerio de Ambiente y las autoridades regionales no han logrado coordinarse de manera efectiva para implementar los Planes de Manejo de Páramos ni para avanzar en el saneamiento predial, dos procesos esenciales para garantizar la conservación de estos ecosistemas estratégicos.“Estamos ad portas de lo que será una nueva posesión ya de Contralores Territoriales, en la cual nos vamos a estar convocando a una reunión para presentar y definir esta estrategia, de la cual deben formar parte, de igual manera, el Ministerio del Medio Ambiente, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, las corporaciones autónomas regionales y, de igual manera, el Congreso de la República”, indicó el Contralor.El organismo de control también hizo un seguimiento macrofiscal a los recursos destinados a la protección de páramos entre 2020 y 2024, encontrando brechas significativas entre lo asignado y lo ejecutado. Durante ese periodo se rastrearon USD 72.7 millones de cooperación internacional, $25.293 millones aportados por el Ministerio de Ambiente y más de $215.000 millones ejecutados por las CAR, pero los avances siguen siendo limitados.En este contexto, el contralor General, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, insistió en la necesidad de diseñar una política pública nacional que unifique criterios y establezca responsabilidades claras entre entidades como el Ministerio de Ambiente, la Procuraduría, la Fiscalía y los entes de control territorial. La propuesta se enmarca en la estrategia “Páramos en la Cima del Control – Un Nuevo Ciclo”, que busca fortalecer la vigilancia sobre los recursos y acciones dirigidas a la protección de estos ecosistemas.Rodríguez recordó que los páramos son refugio de cientos de especies endémicas y hogar de más de 76.000 habitantes con profundos vínculos socioculturales con el territorio. “El 50% de los páramos a nivel mundial están en Colombia. Razón por la cual es urgente que Colombia diseñe una política pública dirigida exclusivamente a que exista una adecuada coordinación de carácter interinstitucional que nos permita proteger esa reserva que nos caracteriza a nivel mundial”, aseguró.Pese a su importancia, los páramos enfrentan amenazas crecientes como la expansión agrícola, la praderización, la ganadería intensiva, la introducción de especies exóticas y la minería. Estas presiones están transformando sus coberturas naturales y reduciendo su capacidad de regulación hídrica, lo que pone en riesgo su biodiversidad y su función como fábricas de agua del país.El Contralor insistió en que avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible debe ser una prioridad nacional. Según el ente de control, la protección de los páramos no solo es una necesidad ambiental: es una responsabilidad del Estado colombiano y un compromiso con las generaciones futuras.
Los cementerios locales de Hobo y Algeciras, en el Huila, se encuentran al borde del colapso por falta de espacio en tierra y bóvedas para sepultar cuerpos, situación que ha obligado a las administraciones municipales a declarar la emergencia sanitaria.El secretario de Gobierno de Algeciras, Ferney Segura González, dijo que, ante la falta de espacio en el camposanto local, se iniciaron, a través de un decreto administrativo, exhumaciones de restos que llevan más de diez años sepultados en tierra, cumpliendo con los protocolos legales y de identificación.“El cementerio de Algeciras es una infraestructura que se encuentra saturada. Es un camposanto que tiene alrededor de 120 años de existencia, según registros de los libros que tenemos en la Alcaldía. Nosotros construimos nuevas bóvedas, pero ya están ocupadas; entonces, tuvimos que declarar la emergencia sanitaria, que nos permite iniciar por vía administrativa la exhumación de restos que tengan más de 10 o 12 años, para así liberar espacios en tierra y poder darle a la gente la posibilidad de inhumar a sus seres queridos”, expresó el funcionario de la Alcaldía de Algeciras.Entre tanto, el cementerio del municipio de Hobo también enfrenta la misma situación. Según la comunidad, para poder cumplir con el sepelio de una persona o de un ser querido, se ven obligados a liberar espacio en tierra exhumando restos con años de antigüedad.En efecto, el líder social y comunitario Freddy Andrade Betancourt, del municipio de Hobo, Huila, manifestó en diálogo con Blu Radio que este camposanto ha colapsado y actualmente no cuentan con espacio en tierra ni con bóvedas para darle cristiana sepultura a una persona que haya fallecido recientemente.“La situación en nuestro cementerio de Hobo es tan grave que no tenemos ni pasacalles para movilizarnos por dentro del camposanto. Las personas, cuando llevan a un ser querido para darle su último adiós, deben caminar por encima de las tumbas y de las cruces. Aprovecho para hacer un llamado urgente a las autoridades del municipio, del departamento y a la Iglesia católica para que busquen una solución al cementerio local”, concluyó el dirigente comunitario.
Un total de 86 comunidades wayúu en La Guajira ya cuentan con acceso seguro y continuo a agua potable, gracias a un convenio interadministrativo entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Findeter, una iniciativa que a la fecha ha beneficiado a más de 30.000 habitantes y que, en su totalidad, impactará a más de 46.000 personas.El proyecto, liderado por el Ministerio de Vivienda con asistencia técnica de Findeter, busca cerrar brechas históricas en el acceso al agua en el departamento y contribuir a la reducción de la desnutrición y la mortalidad infantil, mediante la rehabilitación de pozos, molinos y sistemas de tratamiento, así como la implementación de soluciones sostenibles como plantas de tratamiento y sistemas de energía solar en zonas rurales dispersas.El convenio contempla 91 intervenciones en comunidades priorizadas, de las cuales 86 ya fueron entregadas. Adicionalmente, se firmó un nuevo contrato que iniciará su ejecución en 2026, orientado a la prestación de servicios especializados de asistencia técnica integral y administración de recursos para el desarrollo de 45 nuevas intervenciones, en el marco del Plan Wüin Ülees.La viceministra de Agua, Ruth Quevedo Fique, destacó que el acceso al agua potable ha sido un eje central del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno del presidente Gustavo Petro. “Este convenio con Findeter es un avance en la consolidación de proyectos sostenibles que se materializan en acceso real al agua como derecho humano y fortalecen la apropiación comunitaria de la infraestructura”, afirmó.Con el trabajo articulado entre ambas entidades, se proyecta alcanzar 136 rehabilitaciones en comunidades indígenas, consolidando una transformación estructural que apunta a la justicia social y la equidad territorial en el norte del país.Por su parte, el presidente de Findeter, Juan Carlos Muñiz, señaló que la iniciativa refleja el compromiso del Gobierno nacional con la garantía de derechos fundamentales. “Donde antes había abandono y sed, hoy hay agua potable, infraestructura y dignidad”, aseguró.Las obras se desarrollan en los municipios de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao, territorios con una profunda deuda histórica en acceso al agua. Un componente clave del proyecto ha sido la vinculación de cinco asociaciones indígenas como ejecutoras de obra, una articulación que ha permitido integrar el conocimiento ancestral con la asistencia técnica especializada, garantizando pertinencia cultural, sostenibilidad y arraigo comunitario.Al cierre del proyecto, La Guajira marcará un hito en materia de justicia hídrica y desarrollo sostenible, al ampliar de manera significativa el acceso al agua potable para miles de familias wayúu.
La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Alcaldía Mayor de Bogotá diseñar un plan claro para la aplicación del decreto que regula el oficio del reciclaje en la capital, en medio de las protestas adelantadas por recicladores y carreteros, que han generado bloqueos y afectaciones a la movilidad.La Procuraduría formuló recomendaciones al alcalde Carlos Fernando Galán y dispuso la conformación de una Agencia Especial, mediante la asignación de un procurador judicial, con el fin de intervenir como garante constitucional y propiciar espacios de diálogo entre las partes involucradas.La actuación de la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social se da en el contexto de la implementación del decreto distrital, cuyo objetivo es mitigar impactos ambientales, mejorar el manejo de residuos sólidos, prevenir riesgos sanitarios y regular el uso del espacio público.No obstante, la puesta en marcha de la norma ha derivado en congestión vehicular, restricciones en el transporte público, retrasos en la operación de TransMilenio, desvíos viales y dificultades para la circulación de peatones.Dentro de las recomendaciones formuladas a la administración distrital, la Procuraduría planteó la instalación de mesas de diálogo permanentes con representantes de recicladores y carreteros; la implementación de corredores de movilidad y ventanas de paso que eviten bloqueos totales de las principales vías; la adopción de un plan de aplicación gradual y pedagógica del decreto, con enfoque diferencial y social; y el fortalecimiento de los protocolos de atención a la protesta social, garantizando el respeto por los derechos humanos y el principio de proporcionalidad.
En Colombia, vivir en unión libre con la pareja no significa quedar por fuera de las obligaciones legales que surgen durante y después de la convivencia. Así lo dejó claro la Corte Constitucional al pronunciarse sobre un tema que, con frecuencia, genera dudas cuando una relación termina y una de las partes queda en una situación económica compleja.En los últimos años se ha abierto el debate sobre si es posible solicitar una cuota alimentaria entre excompañeros permanentes. La respuesta de la Corte fue clara y marca un precedente importante para quienes compartieron años de vida en pareja sin haber contraído matrimonio. El alto tribunal reiteró que la unión marital de hecho también genera derechos y deberes, incluso después de la separación.Corte Constitucional aclara cuándo aplica la cuota alimentaria en unión libreDe acuerdo con la Sentencia T-372 de 2025, la Corte analizó el caso de una mujer que convivió con su pareja por más de dos décadas y con quien tuvo dos hijos. Tras la ruptura, quedó en una situación económica desfavorable, mientras su expareja conservó estabilidad financiera. Frente a ese escenario, la Corte concluyó que, una vez demostrada la existencia de una unión marital de hecho, el excompañero que se encuentre en condiciones de debilidad puede solicitar una cuota alimentaria.El fallo recordó que la unión libre está protegida por la Ley 54 de 1990 y la Ley 979 de 2005, normas que reconocen derechos y deberes similares a los del matrimonio. La clave, según la Corte, está en probar que existió una convivencia estable y permanente por un período mínimo de dos años, lo que permite hablar de la conformación de una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes.Este pronunciamiento refuerza la idea de que el vínculo jurídico no depende únicamente de un acta o un contrato formal, sino de la realidad de la vida en común y del apoyo mutuo que caracterizó la relación.No se necesita escritura pública para reclamar derechos en unión maritalUno de los puntos más relevantes del pronunciamiento es que la ausencia de una escritura pública, un acta de conciliación o una sentencia previa no puede convertirse en un obstáculo automático para negar una cuota alimentaria. La Corte fue enfática en señalar que los jueces no deben limitarse a revisar formalidades, sino analizar el caso de fondo y verificar si la unión existió en la práctica.Para demostrar la unión marital de hecho, se pueden presentar diferentes tipos de pruebas que acrediten la convivencia y el proyecto de vida en común, entre ellas:Testimonios de familiares, amigos o vecinos.Afiliaciones conjuntas al sistema de seguridad social.Registros civiles de los hijos en común.Documentos que evidencien convivencia, apoyo económico o administración conjunta del hogar.Publicaciones en redes sociales que reflejen una vida en pareja estable.Estos elementos permiten reconstruir la relación más allá de la ausencia de documentos formales y ayudan al juez a establecer si existió una verdadera unión libre.Ahora bien, la Corte también puso el foco en lo que ocurre después de la separación. No basta con probar que hubo convivencia; es necesario demostrar que una de las partes quedó en una situación de vulnerabilidad económica frente a la otra. Si se acredita que el excompañero tiene capacidad económica y que la ruptura afectó el mínimo vital de quien solicita la cuota, el juez puede ordenar el pago de alimentos a favor de la expareja.Eso sí, el fallo recordó que las acciones relacionadas con la sociedad patrimonial tienen plazos definidos. La Ley 54 de 1990 establece que la disolución y liquidación de dicha sociedad prescriben, por regla general, al año contado desde la separación definitiva. Un detalle clave que no se debe pasar por alto al momento de iniciar cualquier reclamación.
Son siete las personas que están siendo atendidas en puestos de salud y centros hospitalarios de Villavicencio tras presentar graves afectaciones médicas.La entrega de un plato de comida a población en condición de calle por parte de un hombre que se movilizaba en una camioneta de alta gama por el sector de Ciudad Porfía, en Villavicencio, terminó convirtiéndose en un grave problema de salud para estas personas.Dos horas después de consumir la lechona entregada por este desconocido, se presentaron desmayos y malestares estomacales en quienes ingirieron el alimento, por lo que fueron trasladados a puestos de salud y centros hospitalarios de la ciudad.Tres personas presentan pronóstico reservado y cuatro más se encuentran intubadas por problemas cardiorrespiratorios. Las autoridades sanitarias realizan un barrido en centros clínicos para identificar si se registran más personas intoxicadas tras consumir este alimento.La secretaria de Salud de Villavicencio, Yaned Sierra, se pronunció al respecto: “Medicina Legal y la Policía están al frente de la investigación, porque aparentemente se trata de un caso que presenta indicios de haber sido premeditado”.Las autoridades no descartan un posible caso de envenenamiento contra habitantes de calle de esta zona, ya que la grave reacción en la salud de estas personas se debería, presuntamente, a intenciones premeditadas.
A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro confirmó que se declararía la emergencia económica y aseguró que los decretos se basarán en los mismos criterios que las comisiones negaron al hundir la reforma tributaria.El mandatario aseguró que su gobierno se endeudó para pagar la deuda de anteriores administraciones y también culpó al Banco de la República por sus decisiones sobre la tasa de interés. En la misma publicación, advirtió sobre una crisis económica si el poder judicial tumba el decreto que preparan y que, a la fecha, no ha sido publicado.“Las condiciones de la emergencia por este hecho son evidentes, y si la Corte Constitucional decide derribar también el decreto, entonces la tasa de riesgo país será más grande y la insostenibilidad de la deuda se hará presente con una crisis económica grave; no es amenaza, sino simple economía de primer semestre”.El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que esta declaratoria vía decreto ya fue firmada la semana pasada; sin embargo, el documento aún no ha sido publicado y, por ende, no ha entrado a regir. El presidente Gustavo Petro insiste en que afectará a los megarricos; sin embargo, lo que se conoce hasta ahora es que subiría el gravamen a los movimientos financieros, más conocido como 4x1000, al 5x1000 para 2026, y habría nuevos impuestos al consumo de licores, vinos y aperitivos, así como a los cigarrillos y al tabaco.