Las recientes inspecciones de la Fiscalía a Indumil y al Comando de Personal del Ejército han desatado un nuevo capítulo de cuestionamientos políticos y judiciales sobre el general Juan Miguel Huertas. El operativo, ordenado por un fiscal delegado ante la Corte Suprema, busca recopilar documentos, inventarios, registros de armamento y archivos digitales que permitirían esclarecer los presuntos nexos entre altos mandos de la fuerza pública y las disidencias de alias 'Calarcá'. Todo esto, luego de las revelaciones divulgadas por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, que alertaron sobre posibles infiltraciones y acuerdos clandestinos entre estructuras criminales y funcionarios del Estado.En Recap Blu, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, planteó dos hipótesis sobre la postura del presidente Gustavo Petro para defender al general Huertas, pese a la suspensión de la Procuraduría aunque el mandatario aún no ha firmado el decreto que oficializa la medida.“Uno tendría que pensar, o que el presidente Petro es de una ingenuidad superior, que no es posible creerlo, o que esto también era un acuerdo de campaña", comentó la senadora.En ese sentido, Valencia recordó episodios como el llamado “Pacto de La Picota” y las declaraciones de Juan Fernando Petro sobre apoyos electorales desde las cárceles, para sostener que la presunta cercanía entre sectores criminales y el proyecto político del actual Gobierno no sería nueva. A su juicio, las decisiones recientes en materia de seguridad y justicia apuntarían a consolidar un “salvoconducto para delinquir” en el marco de la llamada paz total.Investigación y denuncias contra HuertasEsta semana, la senadora expuso las denuncias contra el general en el Congreso. Recordó que toda esta trama comenzó cuando la fuerza pública capturó a siete cabecillas, incluido alias 'Calarcá', en un operativo en Antioquia hace más de un año. Cuatro de estos detenidos fueron liberados y los otros tres nombrados “gestores de paz”, lo que, según Valencia, abrió la puerta a un manto de impunidad. La senadora aseguró que los datos contenidos en esos dispositivos apuntan a un entramado de oficiales “pagados por las disidencias”, dedicados a facilitar sus operaciones y a “limpiar” la fuerza pública sacando a quienes obtenían resultados contra estos grupos. Incluso, afirmó que habría referencias a supuestos apoyos políticos y económicos a la campaña de Gustavo Petro provenientes de estructuras criminales."Finalmente, parece que hay una información relacionada a los presuntos apoyos que había recibido la campaña de Gustavo Petro, no solo económico, sino político, por parte de las estructuras narcoterroristas que esta gente representa", afirmó.Sobre por qué Huertas no terminó siendo comandante del Ejército, Valencia señaló que el Gobierno del expresidente Iván Duque lo retiró tras recibir alertas internacionales sobre sus presuntos vínculos con narcoterroristas. Sin embargo, el oficial reapareció en la campaña presidencial de Petro y estuvo cerca de ser nombrado en el máximo cargo de la institución. Según la senadora, solo la advertencia de agencias de inteligencia detuvo la designación. Las investigaciones avanzan y las inspecciones continúan. Pero mientras la Fiscalía recoge más pruebas, el debate público y político se intensifica.
Las tiendas de barrio representan para muchos una solución inmediata cuando en el hogar falta algo. La gente suele comprar en estos pequeños comercios por la cercanía, horarios amplios, atención personalizada y la opción de fiado.Algunos de estos establecimientos también venden alcohol y en su interior cuentan con mesas y sillas para la comodidad de los clientes. Una práctica, que es muy común en las tiendas de barrios, está en la mira de las autoridades y de descubrirla causaría el sellamiento del local.Autoridades pueden sellar tiendas por esta práctica comúnEn medio de una megatoma hecha por la Policía Metropolitana de Bogotá, en la localidad de Engativá, sector Las Ferias, uniformados llegaron a un establecimiento y se encontraron con una situación que generó preocupación.Un niño de 9 años de edad estaba sentado al lado de su padre, mientras varios adultos, incluido su padre, consumían cerveza.El hecho fue descubierto en medio de las acostumbradas rondas de las autoridades a los comercios abiertos al público. Funcionarios de la Secretaría de Seguridad que acompañaban los registros identificaron que "el menor estaba sentado junto a su padre, quien compartía bebidas alcohólicas con otros amigos”.Los policías interrumpieron al grupo de hombres y verificaron el estado del niño. Además, solicitaron la presencia de la madre para que se llevara al menor.Luego de ello, los padres tuvieron que hacer un compromiso formal en el que prometieron no volver a exponer a su hijo a este tipo de situaciones.Sin embargo, el dueño del local se llevó la peor parte, pues la permanencia de niños en locales expendedores de licor no está permitido, según la Ley 124 de 1994.Por lo cual, la tienda “fue suspendida temporalmente por permitir el ingreso y permanencia del menor mientras los adultos consumían alcohol”, manifestó la Secretaría de Seguridad.
Tristeza y dolor causó en el sur del Huila la muerte de los jóvenes Camilo Andrés Figueroa Quisaboni y Stiven Orlando Cardozo Quisaboni, quienes fallecieron en un accidente de tránsito que se registró en el casco urbano del municipio de Pitalito.Según versiones oficiales, los dos jóvenes se movilizaban en una motocicleta y, en el sector conocido como La Bombonera, fueron arrollados por un vehículo tipo camioneta marca Toyota, de placa JBT-302 y color blanco. Debido al fuerte impacto, murieron en el lugar de los hechos.De acuerdo con las hipótesis de las autoridades, el conductor de la camioneta, quien resultó ileso del accidente, al parecer se encontraba en estado de embriaguez y habría omitido el semáforo en rojo.“De lo que se ha indagado hasta el momento, al parecer uno de los vehículos involucrados omitió la señal del semáforo en rojo y tanto el conductor de la camioneta como las dos víctimas de la motocicleta manejaban bajo los efectos del alcohol”, relató la directora de Tránsito y Transporte de Pitalito, Jessica Porras.Entre tanto, los agentes de movilidad continúan recolectando evidencias que les permitan esclarecer las causas que originaron el siniestro vial que terminó en tragedia, donde perdieron la vida los primos Camilo Andrés y Stiven Orlando, de 23 y 24 años, respectivamente.No obstante, en otro accidente de tránsito ocurrido en el centro de Neiva, perdió la vida un hombre que laboraba como domiciliario, quien al parecer fue arrollado por un vehículo particular tipo camioneta. Las autoridades recomiendan conducir con responsabilidad en esta temporada de Navidad, cuando aumenta el flujo vehicular.
La Superintendencia de Vigilancia de Seguridad Privada y la Aeronáutica Civil emitieron una circular que establece las reglas para el uso de drones en actividades de vigilancia privada. La medida busca unificar criterios y fijar un marco claro para la operación de estas aeronaves no tripuladas, cuyo uso ha crecido de forma acelerada en el sector.De acuerdo con la circular, las empresas solo podrán operar drones si cuentan con una licencia de funcionamiento vigente y con la autorización de medio tecnológico otorgada por la Supervigilancia. Además, deberán certificarse como explotadores UAS (Sistema de Aeronave no Tripulada) ante la Aerocivil y garantizar que tanto los equipos como los pilotos cumplan con los requisitos técnicos y de formación exigidos por la autoridad aeronáutica. Cada dron deberá ser registrado ante la Supervigilancia antes de entrar en operación.“Los drones sólo podrán emplearse para actividades de vigilancia y seguridad privada orientadas a la captura de imágenes o datos. Queda prohibido su uso para transporte de artículos, traslado de armas, manejo de mercancías peligrosas o cualquier actividad que no esté contemplada en la normativa aeronáutica”, explicó Miguel De la Hoz García, jefe de la Oficina Jurídica de la Supervigilancia.La circular también incluye un régimen de transición para facilitar la implementación, es decir que la norma vigente seguirá aplicándose según lo disponga la Aerocivil. Las empresas que no cuenten con certificación deberán iniciar los trámites, mientras que quienes ya la tengan deberán registrar formalmente sus equipos ante la Supervigilancia para continuar operando dentro del marco legal.Las entidades reiteraron la importancia de que todas las empresas del sector revisen la circular, verifiquen el cumplimiento de los requisitos y realicen los trámites necesarios para garantizar un uso seguro y responsable de esta tecnología.
Venezuela atraviesa uno de sus momentos de mayor aislamiento internacional tras la suspensión de operaciones de prácticamente todas las aerolíneas que aún conectaban al país con el exterior. La decisión se enmarca en el incremento de la actividad militar de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, mientras nuevos reportes de prensa británica revelan detalles de una conversación directa entre el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y el expresidente estadounidense Donald Trump.La revelación de The TelegraphDe acuerdo con el periódico británico The Telegraph Maduro sostuvo una conversación de aproximadamente 15 minutos con Trump en la que planteó dos solicitudes centrales para facilitar una eventual salida del poder:Conservar USD 200 millones, parte de su patrimonio personal que se encontraría congelado en cuentas estadounidenses.Obtener una amnistía general para al menos 100 altos funcionarios del gobierno venezolano.El diario señala que la exigencia de la amnistía —y no la cuestión del dinero— fue el punto que llevó al fracaso de la negociación. Según la publicación, el Gobierno estadounidense rechazó la propuesta porque, a su juicio, una amnistía permitiría que continuara operando el denominado Cartel de los Soles, una estructura criminal que Washington atribuye a altos mandos civiles y militares de Venezuela.El reportaje también asegura que Trump sugirió a Maduro trasladarse a países como China o Rusia, mientras el mandatario venezolano habría expresado su preferencia por establecerse en Cuba. Incluso se habría considerado Qatar como opción intermedia, sin que se alcanzara un acuerdo.Otros elementos mencionados por The Telegraph indican que Maduro exige amnistía para sus colaboradores por razones de seguridad interna: sin esas garantías, sostiene el diario, el mandatario teme represalias dentro de Venezuela. La publicación repite además una información previamente divulgada por The New York Times, según la cual Maduro solo confía en su escolta cubana y cambia de residencia diariamente por temor a un ataque.Nuevo ataque de EE. UU. en el Pacífico agrava la tensiónMientras se conocen estos detalles, el Comando Sur de Estados Unidos informó este jueves de un nuevo ataque en el Pacífico contra una lancha presuntamente vinculada al narcotráfico, que dejó cuatro personas muertas. Con este operativo, ya son más de 20 embarcaciones destruidas desde agosto, cuando Washington desplegó en el Caribe una flotilla de buques y aviones de combate como parte de su estrategia antidrogas. El saldo total de estas acciones asciende a 87 fallecidos.Caracas sostiene que tales maniobras tienen como propósito real derrocar al presidente Maduro, una acusación reiterada en comunicados del gobierno venezolano.Aislamiento aéreo: aerolíneas suspenden operacionesEl aumento del despliegue militar llevó a la Administración Federal de Aviación de EE. UU. (FAA) a emitir una alerta el 21 de noviembre en la que pidió a las aeronaves extremar precauciones debido al “empeoramiento de la situación de seguridad”.En respuesta, aerolíneas como Iberia, Air Europa, Plus Ultra, TAP, Avianca, GOL, Latam y Turkish Airlines suspendieron temporalmente vuelos hacia y desde Venezuela. El gobierno venezolano posteriormente revocó sus concesiones, acusándolas de alinearse con “acciones de terrorismo de Estado”.Este jueves, Copa Airlines y Wingo —dos de las últimas compañías que mantenían operaciones regulares con Caracas— extendieron la suspensión de vuelos hasta el 12 de diciembre tras reportar “intermitencias” e “interferencias” en señales de navegación. La estatal colombiana Satena y Boliviana de Aviación también cancelaron sus rutas, citando riesgos operacionales.El canciller venezolano, Yván Gil, afirmó que el país “ejerce plena soberanía sobre su espacio aéreo” y rechazó cualquier señalamiento que sugiera pérdida de control.
Las autoridades civiles del oriente del país prendieron las alarmas ante un eventual incremento en el flujo de migrantes venezolanos hacia Colombia, como consecuencia de las recientes tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela.El alcalde designado de Bucaramanga, Javier Sarmiento, confirmó que la Administración Municipal está convocando a una reunión extraordinaria con la Gobernación de Santander, la Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de Cúcuta, con el fin de definir un plan regional de contingencia que permita atender un posible éxodo.Según Sarmiento, aunque no se ha registrado un aumento significativo de ciudadanos venezolanos ingresando a la ciudad, sí se están adelantando monitoreos permanentes en los principales puntos de acceso. Uno de ellos es el sector del Parque del Agua, por donde tradicionalmente se movilizan caminantes y familias migrantes que llegan desde la frontera.“Éxodo migratorio de población venezolana y de connacionales colombianos que, si se llega a desatar alguna confrontación u operación en Venezuela, puedan llegar a Colombia. De esta manera, la decisión que hemos adoptado con el señor gobernador es solicitar a nuestros homólogos de Norte de Santander y Cúcuta una cumbre del Gran Santander para tomar medidas anticipativas”, afirmó el mandatario local.La Administración Municipal señaló que el objetivo es alistar protocolos de atención humanitaria, transporte, albergue temporal y articulación con Migración Colombia, ante cualquier eventualidad que pueda generar un incremento en el tránsito de personas por esta zona del país.Aunque por ahora la situación es estable, las autoridades insistieron en que el monitoreo continuará de manera permanente. La cumbre regional se realizaría en los próximos días y buscará unificar criterios frente a la capacidad de respuesta del territorio, considerando que el Gran Santander ha sido históricamente la principal puerta de entrada de ciudadanos venezolanos hacia Colombia.
Ocho meses después del envenenamiento que causó la muerte de dos estudiantes del Colegio Los Nogales, la Fiscalía reveló nuevos detalles sobre la presunta responsabilidad de la empresaria Zulma Guzmán Castro. El caso, ocurrido en abril de este año, comenzó cuando a una vivienda del norte de Bogotá llegó un domicilio con frambuesas achocolatadas, consumidas por varias menores de edad.Horas después, cuatro de las jóvenes que habían participado en la reunión presentaron síntomas de intoxicación aguda y fueron trasladadas a la Fundación Santa Fe de Bogotá. A pesar de los esfuerzos médicos, Inés de Bedout falleció el 5 de abril y, cuatro días más tarde, murió su amiga Emilia Forero, ambas de 15 años. Otros dos menores y un adulto resultaron afectados, aunque lograron sobrevivir.Cómo se identificó el talio como agente tóxicoEl secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, confirmó que la intoxicación no fue accidental ni tuvo origen en alimentos contaminados por error. Los equipos de vigilancia epidemiológica detectaron desde el inicio la presencia de talio, un metal altamente tóxico, sin olor ni sabor, difícil de rastrear y que no forma parte de los elementos monitoreados por la entidad.“Se pudo concluir […] que lo sucedido no responde a una intoxicación ocasionada por alimentos, sino por un agente que no es objeto de vigilancia. […] Se logró el hallazgo de esta sustancia desde el comienzo”, afirmó Bermont en su momento. La evidencia descartó cualquier incidente fortuito y reforzó la hipótesis de un acto deliberado.La presunta participación de Zulma Guzmán CastroLa investigación señaló como principal sospechosa a Zulma Guzmán Castro, empresaria del sector tecnológico y fundadora de la plataforma de carsharing, conocida por su participación en el programa televisivo Shark Tank. Según la Fiscalía, Guzmán habría gestionado el envío del domicilio con las frambuesas que consumieron las víctimas.Los investigadores también indagan la relación sentimental que Guzmán habría sostenido con el padre de una de las menores. Las autoridades consideran que el caso podría corresponder a un crimen de venganza derivado de un conflicto pasional.Además, la Fiscalía examina una posible conexión con la muerte de la esposa del mismo hombre, fallecida dos años atrás en circunstancias no esclarecidas y cuya causa, según los investigadores, también podría estar relacionada con talio.Huida internacional y red de países involucradosPoco después de confirmarse la intoxicación, Guzmán salió de Colombia con destino a Argentina. Su desplazamiento posterior por Brasil, España y Reino Unido llevó a la Fiscalía a internacionalizar la investigación.Con base en las pruebas recolectadas, un juez de control de garantías avaló una orden de captura en su contra. De igual forma, fue emitida una circular roja de Interpol para facilitar su ubicación y detención en cualquier país donde pueda encontrarse.La evidencia clave que sostiene el casoLa Fiscalía consolidó los siguientes elementos como base de la investigación:Rastro del talio en los cuerpos de las víctimas, identificado desde el ingreso a urgencias.Vínculo directo entre Guzmán y el envío del domicilio consumido por las menores.Salida inmediata del país, horas después de conocerse la intoxicación.Relación personal con el padre de una de las víctimas, considerada relevante en la motivación del crimen.Antecedentes sospechosos, incluyendo la muerte previa de otra mujer cercana al mismo núcleo familiar.Movimiento internacional de la sospechosa por varios países, lo que motivó la intervención de autoridades en Argentina, Brasil, España y Reino Unido.Impacto del caso y avance judicialEl envenenamiento con talio, un metal prácticamente indetectable, ha generado preocupación por su uso criminal y la dificultad de rastrear su origen. Por ahora, la Fiscalía mantiene activa la búsqueda de Guzmán Castro, mientras avanza en cooperación con autoridades extranjeras para lograr su captura.“Podemos decir que se encontró una sustancia que hace parte de la historia clínica de los pacientes […] No existe un riesgo para la salud pública”, reiteró el secretario Bermont, aclarando que el caso corresponde a un hecho puntual y dirigido, no a un riesgo general para la ciudadanía.La investigación continúa y se mantiene bajo reserva, mientras las autoridades buscan esclarecer completamente el crimen que conmocionó a Bogotá y llevó a la muerte de dos menores de edad.
Estados Unidos quiere reajustar su presencia global para centrarse más en América Latina y en la lucha contra la migración, según la nueva estrategia de la administración de Donald Trump publicada a primera hora del viernes.El documento, titulado "Estrategia Nacional de Seguridad", expone con firmeza el objetivo de de reforzar la influencia de Estados Unidos en América Latina, donde la administración Trump está atacando a presuntas narcolanchas, está inmersa en una confrontación con el mandatario izquierdista Nicolás Maduro, y busca tomar el control de recursos clave como el Canal de Panamá.Concebido para desarrollar la visión "America First" (Estados Unidos Primero) de Trump, la nueva estrategia estadounidense marca una reorientación de su política de los últimos años que se centró en Asia, aunque sigue identificando a China como su principal competidor.El documento presenta a Trump como el modernizador de la Doctrina Monroe, proclamada hace dos siglos, en la que Estados Unidos declaró a América Latina fuera del alcance de potencias rivales, entonces europeas.Washington reajustará su "presencia militar global para hacer frente a amenazas urgentes en nuestro Hemisferio, y alejarnos de escenarios cuya importancia relativa para la seguridad nacional estadounidense ha disminuido en las últimas décadas o años", reza el texto.Washington quiere además, bajo la presidencia de Trump, poner fin a las migraciones masivas en el mundo y hacer del control de las fronteras "el elemento principal de la seguridad" estadounidense, de acuerdo al documento."La era de las migraciones masivas debe llegar a su fin. La seguridad de las fronteras es el elemento principal de la seguridad nacional", señala la nueva estrategia."Debemos proteger a nuestro país contra las invasiones, no solo contra las migraciones descontroladas, sino también contra las amenazas transfronterizas como el terrorismo, las drogas, el espionaje y la trata de personas", agrega.En el documento, Washington también critica duramente a los aliados europeos y señala que Estados Unidos respaldará a quienes se opongan a los valores promovidos por la Unión Europea, especialmente en materia de inmigración.El texto añade que Estados Unidos también impediría que otras potencias dominen, pero precisó: "Esto no significa desperdiciar sangre y recursos para limitar la influencia de todas las grandes y medianas potencias del mundo".
El reciente borrador de decreto del Gobierno Nacional sobre el ajuste al deslizamiento del salario mínimo encendió las alarmas en el sistema pensional privado. Según Andrés Velasco, presidente de Asofondos, la implementación de esta medida implicaría que los trabajadores colombianos tendrían que laborar hasta diez años adicionales para lograr una pensión de un salario mínimo, debido al aumento en el costo de las rentas vitalicias y la disminución del respaldo financiero por parte del Estado.En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, Velasco explicó con detalle los impactos fiscales y previsionales del borrador y advirtió que, en caso de aplicarse, “habría menos pensionados y se pondría en riesgo el aseguramiento previsional, que cubre invalidez, incapacidad y sobrevivencia”.Un descalce creciente por el deslizamiento del salario mínimoEl eje de la controversia está en la diferencia entre el aumento anual concertado del salario mínimo y las variables técnicas que deberían fundamentarlo —inflación y productividad—. Velasco detalló que esta brecha genera un descalce que debe ser compensado por el Gobierno a las aseguradoras que pagan rentas vitalicias.“El aumento del salario mínimo tiene un componente discrecional y político que genera un descalce en las bolsas de las aseguradoras. Eso debe ser compensado”, explicó. Pero el borrador de decreto busca reducir ese monto de compensación, lo que para Asofondos “pone en riesgo las promesas de pago a los pensionados”.Para este año, la compensación que debe girar el Gobierno asciende a 2 billones de pesos, cifra que se vería reducida si el decreto entra en vigor.Afectación a millones de afiliadosVelasco advirtió que la medida afectaría no solo a las aseguradoras y fondos privados, sino a la estabilidad futura de 18 a 20 millones de afiliados al régimen de ahorro individual.“Estamos hablando de los colombianos que han confiado en los administradores de fondos de pensiones… El decreto haría más difícil pensionarse”, señaló.De acuerdo con sus cálculos, mientras hoy una persona necesita ahorrar alrededor de 350 millones de pesos para financiar una renta vitalicia equivalente a un salario mínimo, con la medida el monto ascendería a 450 millones. En sus palabras: “Una persona tendría que acumular 100 millones adicionales. Eso significa cotizar diez años más”.El impacto también se traduciría en una reducción del 20% de las mesadas para quienes aspiran a una pensión superior al salario mínimo.Riesgo para las pensiones por invalidez y sobrevivenciaUno de los puntos más sensibles es el efecto sobre el seguro previsional, que cubre invalidez, incapacidad y muerte. Según Velasco, la prima necesaria para financiar este seguro se volvería impagable bajo el esquema propuesto:En tal escenario, el Gobierno tendría que asumir directamente estas coberturas, lo que implicaría un costo fiscal estimado de 2 billones de pesos anuales durante la próxima década.Además, Velasco recordó que en los últimos años se han pensionado alrededor de 141.000 colombianos bajo el sistema privado. Sin embargo, de haberse aplicado el decreto, “solo 6.000 habrían podido pensionarse”.Impacto indirecto en Colpensiones y en el pasivo pensionalAunque Colpensiones afirmó que el decreto no afecta directamente a los afiliados al régimen de prima media, Velasco aclaró que los aumentos del salario mínimo por encima de la inflación impactan el pasivo pensional del Estado: “Colpensiones tiene un pasivo cercano al 100% del PIB, que crece cada vez que el salario mínimo sube por encima de criterios técnicos”.Por ello, si bien los pensionados de Colpensiones no sufrirían directamente los ajustes del decreto, sí lo harían los contribuyentes a través de mayores cargas fiscales a futuro.Una advertencia técnica y un llamado al diálogoPara Asofondos, los efectos potenciales del decreto justifican la apertura de una mesa técnica con el Gobierno Nacional. “Queremos mostrar nuestros números y que entiendan que esto tiene efectos”, insistió Velasco al cierre de la entrevista.
El excomandante guerrillero Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, conocido como Simón Trinidad, presentó el 5 de diciembre de 2025 una solicitud formal ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En el documento, su abogada Sara María Triana Lesmes pidió su acreditación como víctima dentro del macrocaso 06, que investiga los crímenes cometidos contra los miembros y simpatizantes de la Unión Patriótica (UP), en lo que se ha descrito como un exterminio político.Según la solicitud, Trinidad sostiene que antes de su vinculación a las FARC-EP fue un académico y dirigente cívico en Valledupar. En la década de 1980, explica, trabajaba como economista, fue docente en la Universidad Popular del Cesar y participó en la creación del Movimiento Cívico Popular “Causa Común”, que luego se articuló con la Unión Patriótica tras los acuerdos de tregua entre el Gobierno de Belisario Betancur y las Farc.El documento relata que, entre 1985 y 1987, se intensificaron las amenazas, asesinatos y actos de persecución contra los militantes de izquierda y los líderes sociales del Cesar, en un contexto de creciente estigmatización política. Trinidad afirma haber recibido mensajes de amenaza contra él y su familia, lo que lo obligó a exiliarse en México. Señala como presuntos responsables al Batallón La Popa, autoridades locales y al extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), a quienes atribuye acciones y omisiones que propiciaron la violencia contra los integrantes de la UP.La defensa argumenta que estos hechos constituyeron una violación a sus derechos a la vida, la libertad de expresión, la participación política y la asociación, lo que derivó en un exilio forzado y, posteriormente, en su decisión de ingresar a las FARC-EP como una forma de resistencia ante la persecución estatal. En el documento, Trinidad plantea que el exterminio de la Unión Patriótica no solo aniquiló un proyecto político, sino que también forzó a muchos de sus miembros a abandonar el país o integrarse a la insurgencia.El reconocimiento que solicita ante la JEP no implica beneficios judiciales ni económicos, sino un acto de verdad, memoria y reparación simbólica, en el marco del macrocaso 06, abierto en 2022 para esclarecer la responsabilidad del Estado, de actores armados y de particulares en los crímenes cometidos contra la UP. Este caso es considerado uno de los más importantes de la justicia transicional, pues documenta más de 6.000 asesinatos, desapariciones y desplazamientos de militantes, familiares y simpatizantes del movimiento.Actualmente, Simón Trinidad cumple una condena de 60 años de prisión en Estados Unidos, en la penitenciaría federal de máxima seguridad ADX Florence, en el estado de Colorado. Fue capturado en Ecuador en 2004, extraditado a territorio estadounidense en 2005 y posteriormente condenado por el secuestro de tres contratistas norteamericanos. Desde entonces, diversos sectores sociales y de derechos humanos han solicitado que pueda participar, aunque sea de manera virtual, en los procesos de verdad y reconocimiento de la JEP, argumentando que su testimonio sería fundamental para reconstruir la historia de la violencia política en Colombia y las causas del conflicto armado.
“Nosotros creamos eso”, fueron las palabras con las que se refirió desde Barranquilla el expresidente Álvaro Uribe Vélez acerca de la reducción de la jornada laboral que se dio en el país, remarcando que esta surgió mucho antes que la reforma laboral adelantada por el presente gobierno de Gustavo Petro.Uribe se refirió exactamente a la Ley 2101 del 2021, aprobada durante el gobierno de Iván Duque cuando la impulsó siendo senador del Centro Democrático, y en la que se pasó de 46 a 44 horas. Por lo tanto, para él es incorrecto que ahora eso sea catalogado como la “Hora Petro”.“¿Cómo le parece la Hora Petro? A la que le tengo miedo es a la de los domingos, cuando se despierta y empieza a insultarme. Esa sí es queridos amigos”, dijo inicialmente.“Mire este problemita, el partido tiene que hacer un esfuerzo muy grande. Ahora se le dio por decir embustes, que la Hora Petro, cuando nosotros creamos eso. Hay que hacer una gran publicidad para recordar que la Hora Petro es cuando se despierta los domingos, y no sé con qué diablos se despierta, que se le da por insultarme”, agregóEl exjefe de Estado, contrario a lo que dice Gustavo Petro, afirmó que Colombia sí tenía recargos dominicales y nocturnos cuando culminó su vigencia. Asimismo, apunta que los cambios aprobados no generan un gran beneficio, sino un “daño a las empresas”."Aquí había recargos el domingo y el día de fiesta del 75%, él lo subió al 100%”, remarcó insistiendo en que hay que apuntarle a bajar los impuestos.Estas palabras del expresidente Álvaro Uribe Vélez fueron dichas en la capital del Atlántico desde la presentación de la lista de la coalición de los partidos Centro Democrático, Nuevo Liberalismo y Mira, hacia la cámara de representantes por el Atlántico.Allí el exmandatario también envió críticas a la reforma de Salud que intenta mantener viva en Gobierno en el Congreso, argumentando que que las medidas de Gustavo Petro quebraron el sistema.Que durante su mandato se iniciaron con 10 millones de ciudadanos en el régimen subsidiado, los cuales terminaron siendo según él más de 21 millones. En el contributivo también habló de un crecimiento de ocho millones de personas.
El gobierno de Colombia realizó un llamado urgente a Estados Unidos para que cese cualquier operación militar extraterritorial que afecte a países de la región, entre ellos Colombia y Venezuela. La canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy rechazó de manera contundente cualquier insinuación de emplear la fuerza militar dentro del territorio colombiano o de otros Estados soberanos, en respuesta a la reciente escalada de acciones y declaraciones provenientes de Washington.Este llamado se da luego de que el pasado martes 2 de diciembre, el presidente Donald Trump anunciara que su ofensiva antidrogas podría ampliarse a operaciones terrestres en países como Venezuela y Colombia.El mandatario aseguró que naciones que produzcan o envíen drogas hacia EE. UU. estarán expuestas a ataques y mencionó directamente a Colombia al afirmar que posee “fábricas enteras de cocaína”.La canciller recordó que ningún Estado puede realizar operaciones armadas en el territorio de otro sin su consentimiento expreso, señalando que tales actos violan directamente la Carta de las Naciones Unidas y los principios que sostienen la paz internacional.La funcionaria advirtió que la normalización de intervenciones extraterritoriales, como los bombardeos realizados recientemente en el Caribe, ha dejado decenas de víctimas y constituye un precedente peligroso en una región que históricamente se ha reconocido como zona de paz.A pesar de que Washington ha defendido sus acciones argumentando que buscan “eliminar amenazas” ligadas al narcotráfico, las cifras divulgadas por el Departamento de Guerra han sido calificadas por Venezuela como “ejecuciones extrajudiciales”.La canciller Villavicencio reiteró que Colombia ha enfrentado el narcotráfico con rigor, sacrificio y cooperación internacional, por lo que ninguna acción unilateral puede justificarse bajo este pretexto.“Nada de ello puede ser utilizado para justificar amenazas, injerencias o acciones que contravienen el derecho internacional”, sostuvo.El gobierno colombiano insistió en que la estabilidad regional depende del respeto pleno a la soberanía, la resolución pacífica de controversias y el cumplimiento estricto de las normas internacionales, principios que, advierte, no pueden ser vulnerados por ningún Estado.
El acuerdo establece que estas zonas se ubicarán en los municipios de Belén de Bajirá y Unguía (Chocó), y Tierralta (Córdoba). Su puesta en marcha será gradual y progresiva a partir del 1 de marzo de 2026, bajo la supervisión de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA), que acompañará las tareas de verificación y apoyo técnico, logístico y financiero.Las partes acordaron además respetar el proceso electoral en curso y ampliar a 15 municipios el plan piloto de consolidación de acciones para la paz, la transformación territorial y el desescalamiento de las violencias.Antes del 3 de febrero de 2026 deberán definirse los protocolos de funcionamiento de las zonas, que incluirán los mecanismos de seguridad, tránsito, verificación, control de material de guerra y gestión de controversias. De igual manera, el acuerdo contempla la suspensión temporal de las órdenes de captura y extradición contra los miembros del grupo armado que ingresen a las zonas de ubicación conforme a los términos establecidos.El documento fue firmado como parte de los avances del proceso que se desarrolla en el marco de la política de “Paz Total” del gobierno colombiano, cuyo objetivo es abrir espacios de diálogo con los diferentes actores armados y avanzar hacia la transformación de los territorios más afectados por la violencia.Los grupos de trabajo municipales que han venido operando en las zonas priorizadas desde noviembre de 2025 serán los encargados de preparar las condiciones administrativas y logísticas para la instalación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT). Además, podrán presentar propuestas de nuevas zonas de ubicación, bajo criterios de gradualidad y progresividad acordados entre las partes.Este nuevo paso en las conversaciones entre el Gobierno y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo, representa un avance en el propósito de desescalar el conflicto armado, generar condiciones de confianza y abrir el camino hacia una eventual dejación de armas y la reintegración de los combatientes.
En una de las incautaciones más grandes del año, tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales, en coordinación con la Policía Nacional, decomisaron 5.680 kilogramos de clorhidrato de cocaína en zona rural de Nariño. El hallazgo se produjo en dos laboratorios ubicados en áreas selváticas, conformados por 10 subestructuras que operaban como centros de producción de alto rendimiento.La primera operación se adelantó en la vereda Tres Bocas, en El Charco, donde fue ubicado un complejo cocalero con seis subestructuras capaces de producir hasta tres toneladas mensuales. Según la inteligencia militar, estas instalaciones pertenecían a la Estructura 30 ‘Rafael Aguilera’, facción bajo el mando de alias Iván Mordisco. Allí se hallaron 2.846 kilogramos de clorhidrato de cocaína, además de 8.746 galones de insumos líquidos, 136 galones de droga en suspensión y maquinaria utilizada para el procesamiento del alcaloide.Horas después, en la vereda Cordillera del municipio de Córdoba, las tropas localizaron otro laboratorio compuesto por cuatro estructuras adicionales. En este punto fueron incautados 2.834 kilogramos de cocaína y 385 galones de insumos líquidos, completando el total de más de cinco toneladas y media del estupefaciente.De acuerdo con información de inteligencia, este brazo de las disidencias enviaba la droga hacia Centroamérica y Europa, lo que representa un golpe a sus finanzas ilegales estimado en 28.873 millones de pesos. En términos operativos, la incautación evitó la circulación de aproximadamente 5.680.000 dosis.
El Gobierno, a través de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, calificó como un sabotaje tecnológico las recientes alteraciones registradas en el espacio aéreo venezolano por parte de Estados Unidos."Se están emitiendo señales engañosas, ciberataques, señales que pretenden engañar a los equipos de posicionamiento, a los GPS. Eso ya creo que sobrepasa cualquier límite. Y creo que aquí debe haber un pronunciamiento, ojalá el día de hoy, de la OACI y de instancias internacionales, porque hacer un saboteo, hoy en día, tecnológico, a una operación aérea en cualquier lugar del mundo es un crimen".Rojas añadió que este tipo de acciones no solo comprometen la operación en Venezuela, sino que podrían afectar en cualquier momento a Colombia u otro país, razón por la cual afirmó que el tema será tratado directamente con el presidente de la República, Gustavo Petro.Por su parte, el director encargado de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez, rechazó "las manifestaciones de incertidumbre de los cielos de la soberanía venezolana" y afirmó que ha estado en constante diálogo con aerolíneas venezolanas que estarian dispuestas a operar luego de la suspensión de vuelos de Satena y Wingo."Nos ofrecieron, inclusive, unas aseguradoras importantísimas, de mucho reconocimiento, en el cual ellos dicen que si, de pronto, Wingo, Satena y las demás aerolíneas quieren que no se les dé un tema con base a lo de las aseguradoras, ellos hacen el contacto directo con la misma aseguradora para que ellos puedan hacer la tarea".Martínez agregó que la Aerocivil mantiene comunicación directa con las autoridades venezolanas y con las compañías afectadas. Además, dijo que se está verificando la situación de pasajeros para garantizar transbordos inmediatos en caso de requerirse.
En una decisión calificada como histórica, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP anunció la acreditación del territorio de los Montes de María como víctima del conflicto armado. La providencia responde a la solicitud del colectivo Organizaciones de Población Desplazada Étnicas y Campesinas (OPDs), conformado por más de 25 comunidades campesinas, negras, afrodescendientes e indígenas que habitan esta región del Caribe colombiano.El reconocimiento permitirá al territorio, a través de sus representantes, participar en todas las etapas del proceso, aportar pruebas, intervenir en las audiencias y acceder a medidas restaurativas. La JEP determinó que los daños sufridos por los Montes de María trascienden la dimensión humana, afectando también los ecosistemas, los vínculos espirituales y culturales que sostienen la vida colectiva.Según la magistrada María del Pilar Valencia, relatora del subcaso, existen pruebas suficientes de la victimización derivada de hechos ocurridos con ocasión del conflicto. La violencia provocó desplazamientos, despojo y abandono forzado de tierras, además de la destrucción del bosque seco tropical, uno de los ecosistemas más amenazados del país.El alto tribunal destacó que los Montes de María comparten afectaciones con el Canal del Dique y el río Magdalena, ambos ya reconocidos como víctimas, y que la reparación debe incluir la restauración ambiental y espiritual del territorio. Esta visión, según la JEP, materializa un ejercicio de pluralismo jurídico y descolonización del derecho, al integrar las cosmovisiones indígenas, afrodescendientes y campesinas.La decisión resalta la resistencia y las acciones de cuidado ambiental desarrolladas por las comunidades, consideradas actores fundamentales en la conservación de la naturaleza. En la región se han restituido más de 16.000 hectáreas, se registran 230.565 víctimas y 85 sujetos de reparación colectiva.Durante el acto de notificación realizado en Ovejas (Sucre), los representantes de las comunidades celebraron el fallo como un triunfo colectivo. “Este auto es una victoria para la región y para el país; nos convoca a fortalecer la acción colectiva y a seguir defendiendo nuestro territorio montemariano”, expresó uno de los voceros.
Los grupos armados que operan en el departamento del Putumayo, fronterizo con Perú y Ecuador, están utilizando las negociaciones de paz con el Gobierno para reforzar su control sobre la población civil y han cometido graves abusos contra comunidades indígenas, alertó este viernes, 5 de diciembre Human Rights Watch (HRW)."Los grupos armados de Putumayo están utilizando las negociaciones de paz como una oportunidad para reforzar su control sobre la población", aseguró la directora de la División de las Américas de HRW, Juanita Goebertus, citada en un comunicado de su despacho.La funcionaria explicó que, "mientras las negociaciones de paz se centran en la reducción de los cultivos de coca, los grupos armados imponen sus propias reglas en Putumayo y castigan severamente a quienes las desobedecen".Desde 2023, el Gobierno colombiano ha estado en negociaciones de paz con varios grupos armados que controlan partes de Putumayo, en la frontera con Ecuador.Pese a que algunas mesas de diálogo han llegado a acuerdos para destruir armas y sustituir los cultivos de coca, varias disidencias de las extintas FARC, como Comandos de la Frontera y los frentes Raúl Reyes y Carolina Ramírez, siguen estableciendo control territorial y cometiendo abusos contra los habitantes de la zona."Los grupos armados han asesinado a líderes comunitarios, reclutado a niños, confinado a la población y castigado a quienes violan sus normas con multas y trabajos forzados", añadió HRW.En septiembre de 2025, HRW visitó varias poblaciones del Putumayo, y entrevistó a 45 personas, entre ellas víctimas, líderes y defensores de derechos humanos, autoridades indígenas, trabajadores humanitarios y autoridades gubernamentales.El común denominador es que la mayoría de esas personas "teme represalias por parte de los grupos armados y habló bajo condición de anonimato".Putumayo es un lugar estratégico para la producción y el tráfico de drogas y es el departamento que tiene la segunda mayor producción de coca, solo superado por el departamento vecino de Nariño.Actualmente, dos de los tres grupos armados presentes en Putumayo están en negociaciones de paz con el Gobierno. Por un lado, los Comandos de la Frontera, parte de una coalición conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), que opera a lo largo de la frontera con Ecuador.Por otro, el Frente Raúl Reyes, que forma parte del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) y tiene fuerte presencia en el norte de Putumayo, en la frontera con los departamentos de Caquetá y Cauca.Mientras tanto, el Frente Carolina Ramírez, que forma parte de un grupo conocido como Estado Mayor Central (EMC) y opera al oriente de Putumayo, estuvo en diálogos de paz con el Gobierno entre noviembre de 2023 y abril de 2024, pero actualmente no forma parte de las negociaciones.
En hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades judiciales, una menor de 14 años de edad, fue atacada con arma de fuego al parecer por un adolescente al interior de un conjunto residencial del barrio Cuarto Centenario en el sur de Neiva.Según información oficial, la menor alcanzó a ser llevada con vida a un centro hospitalario de la ciudad donde horas después falleció como consecuencia del disparo que, al parecer, recibió en la cabeza, mientras que el agresor otro menor de edad fue aprehendido por la policía.“La comunidad informa a las unidades policiales requiriendo la presencia de los uniformados en el sector del barrio Neiva Cuarto Centenario, donde una menor de edad había sido evacuada desde el interior de un apartamento con una lesión de arma de fuego, lastimosamente en horas de la madrugada a raíz de dicha lesión la menor pierde la vida” informó el coronel Héctor Jairo Betancourt, comandante de la policía Metropolitana de Neiva.Asimismo, las autoridades también investigan un hecho de violencia que se presentó en el barrio Villa Café oriente de Neiva, donde fue asesinado un hombre identificado como Luis Alberto Cabrera de 54 años de edad.De acuerdo con versiones oficiales, la víctima iba saliendo de su casa, donde hombres a bordo de una motocicleta lo interceptaron y sin mediar palabra le dispararon
La Policía ecuatoriana detuvo este sábado a un hombre que transportaba en un camión "grandes cantidades de material explosivo de alto poder destructivo" que provenía de Perú y que tenía como destino final Colombia, señaló el ministro del Interior, John Reimberg.El hombre fue detenido en el municipio de Ibarra, de la provincia norteña de Imbabura, y, según explicó Reimberg, la modalidad de adquisición de dichos explosivos está dentro de "un esquema de tráfico internacional ilícito de armas, municiones y explosivos no autorizados".Los explosivos son ingresados clandestinamente a Ecuador desde Perú y posteriormente cruzan todo el país hacia la provincia norteña de Carchi, en la frontera con Colombia."Finalmente (van) a territorio colombiano, donde serían empleados por grupos armados irregulares en la ejecución de acciones terroristas", precisó el ministro en su cuenta de la red social X.Al hombre se le incautó emulsión encartuchada que está clasificado como "explosivo inestable y de alta peligrosidad", según indicó el ministro, que agregó que el detenido fue llevado ante la justicia para su debido procesamiento.Ecuador se encuentra desde 2024 bajo un "conflicto armado interno" declarado por el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que se le atribuye la escalada de violencia que vive en los últimos años el país andino.Estos grupos están dedicados principalmente al narcotráfico, pero en los últimos años han diversificado sus operaciones hacia las extorsiones, los secuestros, la minería ilegal y el tráfico de armas y explosivos.
El municipio de Puracé, en el departamento del Cauca, inició una fase crítica dentro de su plan de gestión del riesgo luego del incremento reciente de actividad volcánica en el macizo Puracé, clasificado en alerta Naranja.El Comité Extraordinario de Manejo de Desastres recomendó la evacuación inmediata de la Zona 1, reconocida como área de amenaza alta, debido a movimientos sísmicos frecuentes, emisiones significativas de gases y presencia constante de ceniza en distintos puntos del territorio.En ese sector viven cerca de 70 personas, quienes recibieron comunicación directa de las autoridades municipales para emprender una salida ordenada y preventiva. La responsabilidad de emitir esa orden recae exclusivamente en el municipio, siguiendo los lineamientos que cobijan su autonomía administrativa frente a situaciones de este tipo.Gobierno central y entidades de respuesta activan protocolos Mientras el municipio implementa su plan de acción, el Gobierno nacional junto con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres inició un proceso de alistamiento y preposicionamiento de recursos para atender cualquier escenario posible. Equipos operativos, logísticos y técnicos se mantienen en estado de disponibilidad para fortalecer la respuesta local si el comportamiento del volcán muestra variaciones adicionales.La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres enviará una comisión técnica especializada con el propósito de reforzar el monitoreo directo, estudiar el entorno y revisar necesidades inmediatas relacionadas con rutas de evacuación, puntos seguros, comunicación comunitaria y medidas de protección.Recomendaciones para la comunidadNo acercarse al cráter ni a zonas de amenaza alta.Usar tapabocas y proteger ojos y piel ante caída de ceniza.Cubrir fuentes de agua.Consultar y seguir únicamente fuentes oficiales.Atender indicaciones del SGC, la UNGRD y autoridades locales.Tener listo el kit de emergencias.
El soldado profesional Víctor Andrés Barragán Valderrama, guía canino del Ejército Nacional, llegará a la Décimo Tercera Noche de Honor, en el Parque del Café en Armenia, Quindío, con una historia que resume disciplina, humanidad y un servicio silencioso que ha marcado la diferencia en algunos de los momentos más críticos del país.Con 18 años de servicio, Barragán se ha convertido en uno de los rostros más representativos de las operaciones de búsqueda y localización de personas vivas y fallecidas. No trabaja solo: lo acompaña Urco, un perro entrenado en el Centro Canino del Ejército, con quien formó equipo hace siete años y desde entonces se han convertido en una pareja inseparable en el campo de rescate.A lo largo de este tiempo, el binomio ha sido desplegado en emergencias causadas por sismos, deslizamientos y remociones en masa en diferentes regiones del país. Su labor, según Barragán, es crucial para complementar el trabajo de organismos de socorro como Bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja, que también cuentan con grupos de búsqueda K9 (caninos). “Llegamos a lugares donde las familias lo necesitan todo, incluso una esperanza. Y muchas veces esa esperanza la brinda un perro entrenado”, explica el soldado.El guía reconoce que el trabajo no es solo técnico, sino profundamente emocional. “Yo tengo hijos. Lo más duro es ver abuelos y niños afectados, algunos fallecidos. Eso golpea, pero también reafirma la misión”, cuenta. Pese a las dificultades, asegura que cada operación fortalece su compromiso y reafirma el valor del entrenamiento que ambos reciben para darle una respuesta rápida a quienes esperan noticias de sus seres queridos.Barragán destaca, además, la importancia histórica de los perros en las labores de rescate tanto en Colombia como en el mundo. Subraya que estos animales necesitan bienestar, respeto y un trato que reconozca su papel como parte esencial de las misiones humanitarias. “Ellos piensan como perros, pero están dispuestos a lo que muchos no: entregar la vida por nosotros”, afirma.Por esa entrega, por las vidas encontradas y por las historias que han acompañado desde primera línea, Barragán y Urco subirán al escenario de la Noche de Honor, donde su labor será exaltada ante el país. Una ceremonia que busca reconocer a quienes, sin protagonismo, han sido vitales en momentos decisivos para cientos de familias.
De “infundadas, irresponsables y calumniosas”, calificó Armando Novoa, jefe de la delegación de paz del Gobierno, las declaraciones de la precandidata presidencial Claudia López quien aseguro que “toda la mesa de negociación de este gobierno debe terminarse ya porque sería un concierto para delinquir contra el país”.Novoa dijo a Blu Radio que las “afirmaciones de López no tienen ningún sustento probatorio y son temerarias porque ella no ha visto los avances que se han logrado en la reducción de la violencia”, en donde la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano tiene una amplia presencia en Nariño y Putumayo.El jefe de la delegación aseguró que “ya se instauró la denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de injuria y calumnia”. Ahora, Claudia López deberá demostrar ante el ente investigador las pruebas que sustenten sus acusaciones en contra de la delegación “porque su condición de precandidata presidencial no la habilita a hacer graves señalamientos irresponsables sobre delitos que la delegación no ha cometido”.Lo anterior, según Novoa, “demuestra la degradación a la que ha llegado la calidad del debate electoral”.Además, advirtió que desde junio del 2024, cuando el Gobierno autorizó oficialmente la instalación de la mesa de diálogos de paz con la entonces Segunda Marquetalia hoy Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, “la delegación ha condenado cualquier conducta de corrupción que se comete e intente cometer a instancias de la mesa de paz y solicito a las autoridades judiciales que adelanten las investigaciones necesarias”.Novoa manifestó que ya presentaron ante la Fiscalía todas las actas que contienen los acuerdos que hasta el momento se han suscrito en un año y seis meses de conversaciones de paz.“Nuestra delegación en la mesa de diálogos de paz no ha incurrido ni incurrirá en actos contrarios a la constitución y a la ley”, preciso el jefe negociador del gobierno.“La precandidata presidencial Claudia López está desconociendo los avances que se han concretado en la mesa de diálogos de paz y que se traducen en unas condiciones de menor violencia hacia las comunidades en las zonas donde ese grupo ilegal tienen presencia, Nariño y Putumayo”, agregó.De igual forma, el jefe de la delegación indicó: “recibimos todas las críticas constructivas que hay hacia la política de paz total, pero no vamos a permitir que se injurie y se nos calumnie”Novoa pidió a López corregir sus afirmaciones y le extendió una invitación a Tumaco para reunirse con la delegación y “constatar la realidad y los avances de la mesa de paz en el territorio”.
La aerolínea Avianca emitió un comunicado sobre el avance en la actualización de sus aeronaves, con el fin de cumplir las modificaciones requeridas por Airbus. En ella la entidad afirma que avanzan en estos momentos a un buen ritmo pues en estos momentos se ha actualizado el software en un 51% de sus aviones en donde se espera que se prevé que el trabajo de los técnicos especializados se pueda completar durante los próximos días.Adicionalmente, la aerolínea reiteró en su comunicado las recomendaciones para los pasajeros afectados por la actualización de software. Avianca recordó que quienes tenían vuelos programados para el 29 de noviembre cuentan con opciones de reacomodación, ya sea con la misma compañía o con aerolíneas con las que mantiene acuerdos comerciales.Para quienes estas alternativas no se ajusten a sus planes, la compañía ofrece dos caminos: Reprogramar sin penalidad ni diferencia tarifaria, según disponibilidad, para viajar hasta 180 días después de la fecha original; o solicitar el reembolso de los trayectos no utilizados. El trámite se gestiona según el canal de compra: directamente en avianca.com si adquirieron con la compañía, o con la agencia si fue una compra por terceros.La aerolínea también insiste en tres puntos clave: Revisar las comunicaciones enviadas al correo asociado a la reserva, consultar el estado del vuelo en avianca.com y, muy importante, no ir a los aeropuertos si el vuelo no está confirmado.Finalmente, Avianca recuerda que las ventas siguen cerradas para fechas de viaje hasta el 8 de diciembre, con el objetivo de evitar mayores afectaciones y priorizar la reacomodación de los pasajeros ya afectados.
El evento, liderado por la Fundación Mariquita Xplora Travel en alianza con la Asociación de Caballistas del Tolima (ASOCATOL) y con apoyo de la Alcaldía Municipal, reúne a los 12 municipios de la región entre ellos Honda, Fresno, Armero Guayabal, Lérida, Venadillo y Herveo, en torno a actividades de salud animal, adopción, educación y recreación.Las actividades iniciaron en la Casa de la Segunda Expedición Botánica, donde se discutieron avances y retos de las principales normas de bienestar animal en el país. Entre ellas se destacan:Ley Kiara , que regula los servicios de cuidado en guarderías y hoteles para mascotas.Ley Lorenzo , que impulsa el reemplazo progresivo de perros de seguridad por tecnología.Ley Ángel , que endurece las sanciones contra el maltrato animal.El foro abierto al público busca fortalecer la pedagogía alrededor de los derechos y la protección de los animales en Colombia, “El día de ayer iniciamos nuestro (gran evento en el norte del Tolima, en la ciudad de San Sebastián de Mariquita, hablando acerca del bienestar animal, de las cualidades y características de los animales y sobre todo en la parte emocional, un profesional etólogo nos habló de las diversas características y cualidades que tienen los animales y cómo se comportan y cómo nosotros desde el punto y de la orilla del ser humano los tratamos de una manera incorrecta, sabiendo que ellos tienen una personalidad propia” expresó Giovanny Prada Pachón, presidente de la Fundación Mariquita Xplora Travel.Salud, adopción y actividades familiaresEl sábado 29, en la Granja Municipal, se concentrará el grueso de la programación con una agenda orientada a beneficiar a perros, gatos y otras mascotas del norte tolimense. Entre las actividades destacan:Caminata “Mi Mascota y Yo” , con recorrido de un kilómetro desde el centro del municipio.Jornadas gratuitas de salud animal, que incluyen vacunación antirrábica, desparasitación, consultas veterinarias y un banco de sangre.Primera jornada masiva de adopción , como estrategia para reducir el abandono en la región.Shows de Agility Canino, concursos y actividades recreativas para toda la familia.Procesos de esterilización y zonas pedagógicas sobre tenencia responsable.“Comenzamos a hacer trabajo a nivel rural, en las veredas, con los presidentes de la Junta de Acción Comunal y en los barrios de escasos recursos, con animales en condición de calle y de abandono y de personas vulnerables. Y a la fecha actual llevamos cerca de 1.700 animales esterilizados, entre perras, perros, gatos y gatas. Adicionalmente, hemos prestado atención a las urgencias que se presentan, atropellamientos, ataques contra animales”, manifestó David Noza, médico veterinario de la alcaldía de MariquitaUna iniciativa que busca trascenderSegún los organizadores, esta Segunda Jornada de Bienestar Animal no solo pretende ofrecer servicios gratuitos, sino consolidar a Mariquita como destino turístico responsable y comprometido con el trato digno hacia los animales.“Este evento es el reflejo de una comunidad que entiende que el progreso también se mide por la forma en que protegemos a quienes no pueden defenderse”, señalaron voceros de la Fundación Mariquita Xplora Travel.