Luego de varios días de intensa búsqueda en medio de la emergencia por lluvias, unidades de la Armada localizaron el cuerpo sin vida del médico veterinario que había desaparecido en zonas rurales de Montería, en el departamento de Córdoba.La víctima fue identificada como Luis Eduardo Rivero Oviedo, de 38 años, quien había sido visto por última vez el 14 de febrero mientras participaba en labores humanitarias en áreas afectadas por las inundaciones. Su desaparición activó un amplio operativo en corredores fluviales y otros sectores donde las condiciones del terreno dificultaron el rastreo.Durante la operación, equipos de rescate desplegaron botes, drones y maniobras especializadas en zonas inundadas, enfrentando incluso crecientes súbitas y áreas de difícil acceso. La búsqueda se mantuvo activa incluso en medio del deterioro de las condiciones climáticas, que han golpeado con fuerza a varias comunidades del Caribe.Las autoridades avanzan ahora en los procedimientos judiciales y forenses, mientras familiares y conocidos lamentan la muerte del profesional que participaba en labores de apoyo humanitario cuando ocurrió la tragedia.
Seis exministros de Hacienda rechazaron este miércoles el anuncio del presidente Gustavo Petro de imponer inversiones forzosas al sistema financiero para financiar la emergencia económica para enfrentar la intensa temporada de lluvias que afecta a varias regiones del país.A través de una carta abierta a la opinión pública, los exministros de Hacienda, Alberto Carrasquilla, José Antonio Ocampo, José Manuel Restrepo, Juan Camilo Restrepo, Juan Carlos Echeverry, y Mauricio Cárdenas Santamaría, manifestaron que esas inversiones forzosas: ”No son el mecanismo adecuado para fomentar el crédito ni para atender la emergencia y advierten que van a encarecer las tasas de interés, que reducen la disponibilidad de recursos y terminan perjudicando a quienes más necesitan financiamiento”.Aclaran que su pronunciamiento se basa en su experiencia, alejados de posturas partidistas. Los exministros le recuerdan que los bancos administran el ahorro de 38 millones de colombianos y que una decisión de esta magnitud merece un debate técnico riguroso, “y no la premura de una emergencia”.Citan además la experiencia internacional y concluyen que la mayoría de las economías que adoptaron estos esquemas de inversiones forzosas los desmontaron al constatar sus efectos negativos.“Los países de la región que aún los mantienen son precisamente los que tienen los sistemas financieros más débiles”. Menciona la carta los casos de Bolivia y Venezuela que han creado nuevas inversiones forzosas, en los gobiernos de Hugo Chávez y Evo Morales. “Referentes que difícilmente debería seguir Colombia”.“Existen instrumentos más eficaces y menos costosos para canalizar recursos hacia los sectores afectados, como garantías del gobierno nacional, subsidios focalizados a la tasa de interés y líneas de redescuento”, señalan en la comunicación los exministros.“La solidaridad con los damnificados se demuestra con acciones eficaces, no con medidas que encarecen el crédito para todos los colombianos”, concluyen.
La definición de fondo sobre la reforma pensional que estudia la Corte Constitucional vuelve a aplazarse. Así lo reveló el periodista Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Mañanas Blu con Néstor Morales, durante la emisión de este martes, al explicar que el magistrado ponente del caso, Jorge Enrique Ibáñez, se declaró impedido para continuar con el análisis del expediente.Según se conoció, el impedimento —que será estudiado por los demás integrantes de la Sala Plena— tendría altas probabilidades de ser aceptado. De confirmarse esa decisión, la Corte deberá designar un nuevo magistrado ponente, lo que implica reiniciar parte del estudio jurídico de la reforma pensional y, en consecuencia, prolongar los tiempos de una decisión que el Gobierno espera desde hace meses.Impedimento del ponente retrasa el trámiteDurante la conversación, se recordó que el magistrado Ibáñez, quien hasta hace pocos días presidía la Corte, había radicado formalmente su solicitud de impedimento luego de una entrevista concedida al diario El Tiempo. En esa declaración pública, el magistrado se refirió al trámite de la ley pensional y habló de un presunto vicio de forma, lo que generó cuestionamientos por un eventual prejuzgamiento.De acuerdo con Ospina, si la Sala Plena acepta el impedimento, el expediente cambiará de manos. Conforme a las reglas internas del alto tribunal, la nueva presidenta de la Corte, la magistrada Paola Meneses, asumiría la elaboración de una nueva ponencia. Ese paso obligaría a presentar nuevamente el proyecto de decisión ante los demás magistrados.Posible impacto en los tiempos de decisiónLos panelistas advirtieron que este cambio podría traducirse en semanas o incluso meses adicionales de estudio. La razón es que la nueva ponencia deberá construirse desde cero en términos formales, revisando el expediente completo, que gira en torno a la legalidad del trámite legislativo de la reforma y a un presunto vicio de procedimiento en la Cámara de Representantes.También se mencionó que la situación podría tener efectos en la figura del conjuez designado previamente, pues la recomposición de mayorías y quórum en la Sala dependerá de cómo se configure la votación tras la aceptación del impedimento.Reforma pensional: incertidumbre jurídicaEl análisis que cursa en la Corte se centra en determinar si el trámite legislativo cumplió con los requisitos constitucionales. La eventual aceptación del impedimento del ponente no resuelve el fondo del debate, pero sí introduce un nuevo compás de espera en una discusión clave para la agenda social del Gobierno.Tal como se explicó en el Mañanas Blu, el aplazamiento no implica una decisión definitiva sobre la constitucionalidad de la reforma, sino una reconfiguración del proceso interno del tribunal. Sin embargo, en la práctica, significa más tiempo de incertidumbre jurídica mientras la Corte retoma el estudio bajo una nueva ponencia.
Tropas de la Armada ubicaran un depósito clandestino con explosivos y material de guerra en zona rural del municipio de López de Micay. La operación se desarrolló en el sector Zaragoza, donde unidades del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 42, en coordinación con el Ejército y la Fuerza Aeroespacial, hallaron un arsenal que representaba un alto riesgo para comunidades y uniformados.En el lugar fueron encontrados seis artefactos explosivos improvisados tipo granada, presuntamente de 81 milímetros, así como 11 granadas artesanales acondicionadas para ser lanzadas desde drones, una modalidad que ha encendido las alertas de seguridad en zonas de conflicto. También se incautaron cordón detonante, explosivos listos para fabricación de cargas, armas cortas, munición y material de intendencia.Durante la inspección, los uniformados hallaron además equipos tecnológicos y elementos logísticos que, según información preliminar, serían usados para fortalecer operaciones ilegales en el Pacífico caucano.Las autoridades atribuyen el material a la Estructura ‘Jaime Martínez’, organización criminal que mantiene presencia en corredores estratégicos de la región y que ha sido señalada de acciones armadas y presión sobre comunidades. El material incautado fue dejado a disposición de las autoridades judiciales, mientras que los explosivos fueron destruidos de forma controlada por personal especializado en manejo de artefactos.Aunque no se reportaron capturas, el hallazgo vuelve a evidenciar la capacidad de estas estructuras para almacenar armamento en zonas selváticas de difícil acceso. Entretanto, las operaciones militares continúan en el litoral caucano, donde la Fuerza Pública busca contener la expansión de grupos armados y evitar nuevos ataques con explosivos en la región.
Al personal médico del Hospital Departamental de San Andrés les adeudan de dos a cuatro meses de salario, razón por la que en las últimas horas los especialistas decidieron cesar sus actividades y solo atender las urgencias vitales hasta que haya una solución frente a sus pagos.Este cese de actividades comenzó de manera paulatina hace dos semanas, pero los especialistas denuncian que los retrasos en los pagos viene ocurriendo hace dos años, una crisis que también se evidencia en la falta de insumos médicos y en la entrega de medicinas para los pacientes, quienes están teniendo recaídas por el no suministro de sus tratamientos médicos.Jeffry Howard, especialista de medicina interna del hospital, afirma que los pacientes son en su mayoría usuarios de Sanitas y Nueva EPS, y que la crisis se deriva de las deudas que acumulan, sobre todo esta última entidad, con el hospital."Digamos que el grueso de los pacientes que se atienden en el hospital, especialmente por la consulta externa, son pacientes de Nueva EPS y a estos tampoco se les ha venido entregando la medicación, eso está haciendo que muchos de los pacientes estén ingresando de emergencia por patologías no resueltas, porque no han podido utilizar sus medicamentos", informó el especialista."Entonces, al llegar estos pacientes, se encuentran que en el hospital también hay una disminución de insumos básicos, equipos y medicaciones, es decir, se va generando un problema en cadena del cual es difícil salir y si sumamos el tema de los honorarios nuestros, pues está aumentando muchísimo la dificultad para poder trabajar", añadió.Howard afirmó que, a raíz de esta situación, el hospital de San Andrés espera un adelanto del subsidio a la oferta, recursos provenientes del Estado con los que se podrían realizar algunos pagos a los trabajadores para que estos reanuden la atención en todas las áreas del centro asistencial.
A pocas horas de confirmarse la muerte del menor de 16 años en Gachancipá, estudiante de primer semestre de la Universidad El Bosque, identificado como Cristian Sneyder Marín, continúan conociéndose nuevos detalles del caso.Según confirmó la madre del joven a Noticias Caracol, Cristian había obtenido una beca tras lograr el mejor puntaje Icfes de su colegio, lo que le permitió ingresar a estudiar Ciencias y Matemáticas en la Universidad El Bosque.En medio del dolor, la madre aseguró que se trataría de una muerte en la que podrían estar involucradas más personas. Por su parte, la hermana del menor afirmó que su madre recibió mensajes en los que aseguraban tener a Cristian y solicitaban cerca de dos millones de pesos para devolverlo.La desaparición se registró en horas de la mañana de este lunes 16 de febrero, luego de que el joven saliera de su vivienda con destino a la universidad para cumplir con su jornada habitual. Sin embargo, nunca volvió a responder los mensajes enviados por su familia.La madre relató cuál fue la última conversación que sostuvo con su hijo: “Mami, nos vemos”. A lo que ella respondió: “Bueno, que la Virgen te proteja”.Tras varias llamadas sin obtener respuesta, hacia las 6:00 de la tarde la madre acudió a la Policía para reportar la desaparición. Posteriormente, el equipo del Ojo de la Noche acompañó a la familia en la búsqueda.Una de las pistas clave fue el teléfono celular del menor, cuya ubicación permanecía activa, lo que permitió rastrear su último punto de localización. Familiares, amigos y su pareja se desplazaron hasta Gachancipá, donde figuraba el último registro del dispositivo, y allí encontraron el cuerpo sin vida del joven. “Encontraron a mi bebé, encontraron a mi bebé muerto”, expresó la madre entre lágrimas durante una llamada telefónica.Tras conocerse diversas hipótesis sobre lo ocurrido, el alcalde del municipio, Alfonso López, se pronunció y entregó nuevos detalles. “Me manifestaron que incluso podía pensarse que había sido algo diferente, pero no, que solamente tenía muestras de haber sido él mismo el que había ocasionado el hecho. Parece que fue un suicidio”, indicó.Mientras tanto, las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para establecer con exactitud qué ocurrió con el menor Cristian Sneyder Marín.
Avanza la investigación por la muerte de Cristian Martín, el joven estudiante de 16 años de la Universidad El Bosque, cuyo cuerpo fue hallado en una zona boscosa de Gachancipá tras haber salido en la madrugada rumbo a su jornada académica en Bogotá.El menor había salido de su vivienda a las 4:40 de la mañana rumbo a su jornada académica en la Universidad El Bosque, como lo hacía habitualmente, pero horas después dejó de responder su celular, aunque permanecía encendido. La geolocalización del dispositivo condujo a su familia hasta ese municipio de Cundinamarca, donde finalmente fue encontrado sin vida hacia la 1:15 de la madrugada en zona montañosa.¿Cómo murió Cristian Martín?Después del hallazgo, el alcalde del municipio, Alfonso López, se pronunció y reveló una hipótesis preliminar basada en los primeros reportes conocidos por la administración local.López aseguró que el reporte preliminar indica que en el cuerpo no se evidenciaron signos de violencia.“Me manifestaron que incluso podía pensarse que había sido algo diferente, pero no, que solamente tenía muestras de haber sido él mismo el que había ocasionado el hecho. Parece que fue un suicidio”, afirmó el mandatario.¿Qué pasó?Martín salió de su vivienda a las 4:40 de la mañana, como lo hacía habitualmente, para dirigirse a su jornada académica. Se despidió de su madre y le dijo que regresaría en la noche, aunque no sabía si alcanzaría a ir a almorzar.Durante la mañana y la tarde no volvió a responder llamadas. Aunque el celular permanecía encendido, no contestaba. Ante la preocupación, su familia revisó información en el correo del portátil del joven y logró ubicar la geolocalización del dispositivo, que marcaba el municipio de Gachancipá, a cerca de 50 minutos de Bogotá.La familia se trasladó hasta la estación de Policía del municipio y, junto con uniformados, inició la búsqueda en la zona montañosa donde señalaba el celular. Hacia la 1:15 de la madrugada fue hallado sin signos vitales en área boscosa.El joven cursaba primer semestre de Ciencias y Matemáticas en la Universidad El Bosque. Según relataron sus familiares, había obtenido uno de los mejores puntajes en las pruebas ICFES de su colegio, lo que le permitió acceder a una beca.Personas cercanas indicaron que era un joven tranquilo y que no tenía conflictos conocidos.Aunque el alcalde habló de un posible suicidio con base en información preliminar, el caso continúa bajo investigación para determinar oficialmente la causa de la muerte.
Una operación militar en el Norte de Antioquia terminó en combates, capturas y la incautación de un importante arsenal que, según inteligencia, iba a fortalecer la presencia armada de las disidencias en la región. La acción fue desarrollada por tropas del Ejército, en coordinación con el CTI en zona rural de San Andrés de Cuerquia.Durante la operación fueron capturados dos criminales de la Estructura 36 de las disidencias de las Farc, señalados de delinquir bajo las órdenes de alias ‘Lobo’, hombre cercano a alias ‘Primo Gay’. En el lugar las autoridades hallaron seis fusiles, tres pistolas, más de 1.300 cartuchos de diferentes calibres, 31 proveedores, una granada, tres artefactos explosivos, celulares y abundante material de intendencia.De acuerdo con información de las autoridades, ‘Lobo’, quien tiene más de cinco años en actividades delictivas y orden de captura por homicidio agravado y otros delitos, se encontraba en la zona al momento de los enfrentamientos, pero logró escapar junto a otros integrantes del grupo armado.Las autoridades señalan que esta comisión armada pretendía reorganizar el autodenominado Frente Quinto y expandir su influencia en municipios como San Andrés de Cuerquia y Toledo, ocupando espacios que habían quedado vacíos tras anteriores operaciones militares en 2025.
La ciudad de Montería atraviesa una compleja crisis humanitaria tras 16 días de intensas lluvias que mantienen la alerta roja por crecientes súbitas en los ríos Sinú, San Jorge y Canaletes. Según cifras oficiales, ya son 59.000 los damnificados por inundaciones en Córdoba, de los cuales más de 40.000 permanecen fuera de sus hogares. En medio de este panorama, la negativa de la Comisión de Presupuesto del Concejo municipal a aprobar un proyecto que buscaba agilizar el traslado de recursos ha desatado un fuerte enfrentamiento político y protestas ciudadanas.La iniciativa, impulsada por el alcalde Hugo Kerguelén, pretendía otorgar facultades temporales por seis meses para flexibilizar el movimiento de partidas presupuestales destinadas a alimentación, alojamientos temporales, saneamiento básico, recuperación educativa y atención social en barrios urbanos y zonas rurales afectadas por la emergencia invernal. El proyecto no contemplaba endeudamiento ni nuevos recursos, sino la reducción de trámites administrativos que pueden tardar hasta diez días.Sin embargo, cuatro concejales votaron en contra, lo que llevó al archivo del proyecto y a manifestaciones que incluso obligaron la intervención del ESMAD ante la toma de las instalaciones del Concejo.“No podemos desprendernos de nuestras funciones”: la defensa del ConcejoEn entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, el concejal Trino Hoyos, presidente de la Comisión Tercera o de Presupuesto, defendió la decisión argumentando razones jurídicas y constitucionales.“Nosotros no nos podemos desprender de nuestras facultades, no podemos darle al alcalde la facultad de modificar el presupuesto”, aseguró Hoyos, citando la sentencia 036 de 2023 y el artículo 345 de la Constitución Política como sustento de la negativa.El cabildante insistió en que el Concejo sí ha aprobado recursos para atender la emergencia. “Hace cuatro días adicionamos 13.920 millones de pesos que sobraron del 2025 para que fueran ingresados al presupuesto de este año y el alcalde pudiese afrontar la emergencia”, explicó.Además, sostuvo que existen otras partidas disponibles: “Ya estamos hablando de casi 30.000 millones de pesos que el gobierno ya tiene a su disposición para que empiece a abordar la emergencia”.Para Hoyos, el debate no es político sino jurídico. “Esto no es una discusión política, es una discusión jurídica”, reiteró, al tiempo que advirtió sobre posibles consecuencias legales: “Si nosotros realizamos esas acciones que nos pide el alcalde, tenga la plena seguridad que vamos a ir con pérdida de investidura”.Alcaldía insiste en necesidad de mayor agilidadDesde la administración municipal, el argumento central es la urgencia. La emergencia por lluvias en Montería ha dejado pérdidas materiales cuantiosas, viviendas destruidas, interrupciones escolares y graves afectaciones en sectores rurales.La propuesta del alcalde buscaba mayor flexibilidad para realizar traslados presupuestales de forma más rápida durante la vigencia de la calamidad pública. Según lo expuesto en el debate, un acuerdo municipal puede tardar hasta seis días en aprobarse, lo que —en medio de la crisis— retrasa la llegada de ayudas.En el espacio radial, se recordó un concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública que establece que las modificaciones presupuestales deben hacerse mediante acuerdo municipal cuando alteran los montos aprobados. Para algunos analistas, la solicitud del alcalde se ajustaría a ese procedimiento.No obstante, Hoyos argumentó que el presupuesto 2026 fue aprobado de manera “totalizada”, lo que permitiría al mandatario realizar ciertos movimientos internos sin necesidad de nuevas facultades. “Dentro de esos rubros hay recursos que él puede destinar para la emergencia”, afirmó.El censo de damnificados, punto claveOtro de los aspectos que ha generado controversia es la elaboración y publicación del censo oficial de damnificados. Según el concejal, la Alcaldía aún no ha cargado la información en la plataforma de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, requisito indispensable para que el Gobierno nacional envíe ayudas adicionales.“Si nosotros no censamos prontamente y montamos a la Unidad de Gestión de Riesgo cuál es el número real, el Gobierno no manda las ayudas”, advirtió Hoyos, quien aseguró que otros municipios como Ayapel, Cereté y San Pelayo ya cumplieron con ese procedimiento.Mientras tanto, las ayudas que han llegado —principalmente donaciones— son consideradas insuficientes frente a la magnitud del desastre.Protestas, amenazas y polarizaciónEl ambiente en Montería se ha tornado tenso. Ciudadanos han realizado plantones y amenazan con bloquear vías si no hay soluciones inmediatas. La inconformidad también ha impactado a los concejales.“He recibido cientos de amenazas. Mis hijos no fueron al colegio ni ayer ni hoy”, denunció Hoyos, quien rechazó que la decisión del Concejo obedezca a intereses políticos.Sin embargo, desde distintos sectores se cuestiona que, en medio de una calamidad pública por inundaciones, la ciudad esté enfrascada en un pulso institucional. “La gente con el agua hasta el cuello y ustedes peleando por este tema”, se escuchó en el debate radial, reflejando el sentir de parte de la ciudadanía.
Este miércoles 31 de diciembre de 2025 salió a la luz el nuevo decreto del Gobierno de Gustavo Petro con el que se anunciaron los impuestos que empezarán a regir desde el 1 de enero de 2026. Con la firma del decreto 1474 de 2025, entra en vigencia una reforma tributaria con la que el Gobierno nacional espera recaudar cerca de 11 billones de pesos, una cifra que ya empieza a generar impacto en el bolsillo de los colombianos.Entre las medidas que más ruido han hecho están los cambios en las compras por internet. A partir de ahora, se aplicará IVA a las plataformas de comercio electrónico con sede en Estados Unidos, como Amazon. Hasta ahora, las compras inferiores a 200 dólares, es decir, unos 751.000 pesos, estaban exentas de este impuesto. Con el nuevo decreto, ese umbral baja a 50 dólares, alrededor de 187.000 pesos. A esto se suman los nuevos impuestos a licores y cigarrillos, que representan otro golpe directo al consumo.Cuánto costará salir de rumba con los nuevos impuestos en 2026La reforma establece un aumento del IVA a los licores del 5 % al 19 %. Esta medida aplica para vinos, rones, aguardientes, aperitivos y bebidas similares. La cerveza, por ahora, queda por fuera de este ajuste y mantendrá su IVA actual, al ser considerada por el Gobierno como un producto de alto consumo social.Además del IVA, también se incrementa el impuesto al consumo de licores. A partir de 2026 se cobrará un 30 % sobre el valor de la botella, sumado a una tarifa adicional que varía según el grado de alcohol.Con este panorama, un aguardiente de 750 ml que actualmente cuesta $50.000 tendría un aumento de $6.600 solo por el IVA. Si se suma el impuesto por grado de alcohol, teniendo en cuenta que un aguardiente estándar tiene 20°, el costo adicional sería de $9.918. En total, esa botella podría costar alrededor de $63.018 en 2026.En el caso del ron, una botella de 750 ml que hoy vale $55.800 tendría un incremento de $7.400 por IVA y $11.970 por el impuesto asociado a sus 35° de alcohol. Así, su precio final rondaría los $70.470. Un whisky que actualmente cuesta $63.920 podría llegar a los $80.313 con los nuevos gravámenes.Otros impuestos que empezarán a regir en 2026Las cervezas, según el decreto, no tendrían variaciones y sus precios se mantendrían cercanos a los actuales. Sin embargo, otro golpe fuerte será para fumadores y usuarios de vapeadores. Las cajetillas de cigarrillos pasarán de pagar un impuesto de $2.100 a $11.200, mientras que los vapeadores y productos similares tendrán un gravamen del 30 %, más un impuesto de $2.000 por mililitro.También habrá cambios en bienes de alto valor. Motos de alto cilindraje, yates, barcos, helicópteros y vehículos con precios superiores a 30.000 dólares pasarán de pagar un IVA del 16 % al 19 %.Finalmente, el impuesto al patrimonio se cobrará desde los 2.094 millones de pesos libres de deudas, con tarifas que pueden llegar hasta el 5 % para los patrimonios más altos. Un escenario que anticipa un 2026 con mayores presiones para distintos sectores de la economía.
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) se pronunció sobre el aumento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y señaló que el incremento definido no refleja la demanda de los servicios de salud ni el comportamiento de los costos asociados a su prestación, lo que, según indicó, puede incidir en el funcionamiento del sistema.La entidad explicó que los costos de la atención están relacionados con el volumen de servicios requeridos por la población y con diversos factores que influyen en su prestación.De acuerdo con la Andi, al cierre de 2025 se proyecta una siniestralidad del 105,9 %, lo que significa que por cada 100 pesos que reciben las Entidades Promotoras de Salud (EPS) se destinan cerca de 106 pesos únicamente a la atención en salud. Esta situación habría generado un déficit operativo estimado en 10,2 billones de pesos durante 2025.Con base en estas proyecciones, la asociación señaló que para 2026 se requeriría un incremento mínimo del 15,6 % en la UPC, con el fin de avanzar en la estabilización del sistema. En particular, indicó que un aumento cercano al 9 % en el régimen contributivo no permitiría cubrir la totalidad de los costos de las atenciones de las personas afiliadas a este régimen.Según la Andi, en el régimen contributivo el faltante de recursos sería cercano a los 3,7 billones de pesos, lo que impactaría la financiación de clínicas y hospitales, así como la disponibilidad de recursos para el personal de salud y la atención de los usuarios del sistema.
El reciente anuncio del presidente Gustavo Petro sobre un incremento del 23,78% en el salario mínimo para el año 2026 ha generado preocupación en el sector agrícola. Katherine Mejía, presidenta de CorpoHass (gremio que agrupa a los productores de aguacate Hass), advirtió que esta medida impacta la viabilidad financiera de una industria que genera cerca de 81.000 empleos formales en el campo colombiano."Es realmente preocupante este aumento de salario mínimo para el año 2026 en un sector que actualmente genera cerca de 81,000 empleos formales. Hoy en día, para nuestro sector, este costo laboral pasa de representar el 38% a más del 55% de los costos estructurales de las compañías", indicó Mejía.Según la dirigente gremial, el impacto económico es severo y esta situación se agrava por un contexto internacional desfavorable, donde los precios del aguacate han disminuido, mientras el sector enfrenta los efectos negativos de la reevaluación de la moneda. Mejía destacó que la medida los tomó "por sorpresa", ya que esperaban mayor claridad por parte del Gobierno nacional sobre el impacto que tales decisiones tienen en la estabilidad de las empresas. "Sin empresas no hay empleo y sin empleo no hay seguridad en el campo colombiano", enfatizó la presidenta de CorpoHass.Presión adicional por la reforma laboralAl incremento salarial se suma la preocupación por la reforma laboral, la cual, según el gremio, no reconoce las dinámicas particulares de la producción agrícola. Mejía señaló que la disminución de la jornada laboral y el aumento en el costo de las horas extras representan un desafío crítico para un sector que opera los siete días de la semana para garantizar la seguridad alimentaria tanto en Colombia como en el exterior."Este año la reforma laboral, tampoco tiene en cuenta las condiciones especiales de producción del campo colombiano. Disminuye la jornada, aumenta los costos de las horas extras en un sector que no para, que trabaja 7 días a la semana", indicó Mejía. Le puede interesar: Sector constructor advierte riesgos por aumento del salario mínimo del 23,7 %Ante la inminente subida de costos, las empresas del sector han comenzado a revisar sus presupuestos para el próximo año. La estrategia del gremio se centrará en dos pilares fundamentales:• Mejora de la productividad: Buscar formas de producir más con los mismos recursos."Ahora vamos a tener que repensar cómo producimos más, cómo somos más eficientes, cómo protegemos a las empresas y con esto protegemos el empleo", indicó. El sector aguacatero, que ha sido un motor de desarrollo rural, se encuentra ahora en una carrera contra el tiempo para ajustar su modelo de negocio antes de que entre en vigor el nuevo ajuste salarial en 2026.Escuche la entrevista aquí:
Guillermo Herrera, presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), habló en Mañanas Blu para analizar los efectos del aumento histórico del salario mínimo decretado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.El mandatario confirmó un incremento del 23,7 %, que fijó el salario mínimo en 2.000.000 de pesos, cifra que incluye el auxilio de transporte. Inicialmente se informó que el salario base sería de 1.746.882 pesos, más cerca de 250.000 pesos de subsidio; sin embargo, el Ministerio de Trabajo ajustó posteriormente las cifras y aclaró que para 2026 el salario mínimo será de 1.750.905 pesos, con un auxilio de 249.095 pesos, para completar el monto anunciado.Para Camacol, el impacto de esta decisión será significativo. Herrera aseguró que el aumento “debe analizarse desde varios ángulos, por la gran magnitud de efectos adversos que puede generar sobre la economía”, especialmente en sectores intensivos en mano de obra como la construcción.Según explicó, el primer efecto será inflacionario. “Este incremento se va a trasladar a los precios por el aumento de los costos laborales”, señaló, recordando que la construcción encadena a 34 subsectores económicos, lo que podría generar presiones sobre insumos como ladrillo, cerámica y otros materiales.Herrera también advirtió sobre las finanzas públicas y territoriales. “Los programas de subsidio de ciudades como Bogotá, Medellín o Barranquilla, con presupuestos ya definidos, ahora van a rendir para menos familias”, dijo, al tiempo que cuestionó si el Gobierno evaluó el impacto sobre los programas sociales atados al salario mínimo.Otro de los puntos críticos es el empleo. El presidente de Camacol recordó que el Banco de la República ha documentado que incrementos reales elevados del salario mínimo pueden traducirse en pérdida de puestos de trabajo. “El 95 % de las empresas en Colombia son pymes y no todas resisten aumentos tan grandes en sus costos”, afirmó, agregando que en la construcción el 91 % de las empresas también son pequeñas y medianas.El impacto, según Camacol, se sentirá con especial fuerza en la vivienda de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP). Herrera reveló que en lo corrido del año más de 25.000 familias han desistido de comprar vivienda VIS, una cifra que podría aumentar. “El precio de la vivienda está indexado al salario mínimo y eso genera una presión adicional sobre los hogares”, explicó.Además, alertó que durante el último año se han cancelado más de 30.000 unidades de vivienda en todo el país, lo que compromete la oferta futura. Camacol estima que la mano de obra representa cerca del 25 % del costo directo de una vivienda y que, con los reajustes salariales, el costo de producir vivienda podría aumentar entre un 10 y un 15 %, un nivel que calificó como “altísimo”.Finalmente, Herrera aseguró que el gremio evalúa alternativas para mitigar el impacto. “Nuestra prioridad es buscar salidas para no afectar a las familias que ya iniciaron su proceso de compra y evitar que los desistimientos sigan creciendo”, concluyó.
El general Hugo López, nuevo comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, confirmó que la cúpula militar adelanta un recorrido por las regiones con mayores afectaciones de orden público, iniciando en el departamento del Cauca y continuando hacia el Catatumbo, en Norte de Santander.En Mañanas Blu, el alto oficial señaló que actualmente se encuentra en Popayán, donde se realiza una revisión detallada de la situación operacional del Cauca, territorio que fue catalogado como prioridad dentro de la planeación militar para 2026.El comandante explicó que el diagnóstico evidencia acciones persistentes de grupos armados organizados, por lo que se evalúa reforzar dispositivos, ingresar nuevas capacidades y replantear el despliegue de tropas. “Si toca reforzar dispositivos o ingresar más capacidades, lo vamos a hacer”, aseguró. En relación con los recientes ataques registrados en municipios del norte del Cauca, el general indicó que se fortalecerá el control militar en cascos urbanos, vías estratégicas y la carretera Panamericana, en coordinación con la Policía Nacional y las autoridades locales. “Este no puede ser solo un esfuerzo militar, tiene que ser un esfuerzo unificado”, sostuvo. Sobre la situación en el Catatumbo, confirmó que se presentaron confrontaciones entre el ELN y la estructura 33, hechos que provocaron el desplazamiento de población civil desde el caserío de Filogringo hacia El Tarra y Ocaña. “No podemos permitir que existan zonas vedadas para el control militar”, enfatizó. El general López explicó que, aunque el Gobierno mantiene una intención de paz, las Fuerzas Militares continuarán desarrollando operaciones contra cualquier estructura que siga delinquiendo. “Mientras sigan afectando a la población civil, nosotros seguimos con operaciones militares”, indicó. Frente a la percepción de desmotivación en las tropas, el comandante la descartó y aseguró que los soldados mantienen su compromiso con el país. Finalmente, resaltó que el fortalecimiento de los grupos ilegales está ligado a las economías ilícitas, por lo que la estrategia para 2026 estará enfocada en atacar el narcotráfico, la minería ilegal y otras fuentes de financiación criminal.
La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, se refirió a uno de los debates que se han presentado en los últimos meses en el país, apropósito de la época electoral: ¿modificaría la Constitución para ser reelegida en caso de ser presidenta de Colombia?En entrevista con Recap Blu aclaró que no impulsaría su propia reelección y que Colombia “ya cerró esa puerta con llave”. Sin embargo, manifestó que la figura de reelección no debe ser satanizada y que, en ciertos contextos, puede aportar estabilidad institucional."Creo que hay una satanización de la reelección más allá de lo debido. Yo no creo que la reelección en sí misma sea mala. Yo creo que usted encuentra muchos países donde la estabilidad de los gobiernos es muy útil. Por ejemplo, alcaldes que duran 14 años gobernando ciudades, ya saben, lo están haciendo bien, ¿qué necesidad tiene usted de ir a experimentar con otro? Usted experimenta cuando la cosa está mal. Pero yo creo que ya en Colombia Cerraron esa puerta y la cerraron con llave", afirmó la senadora.En ese sentido, Valencia sostuvo que la discusión sobre una eventual reelección presidencial debe darse en escenarios de calma y no en medio de la polarización que vive el país. A su juicio, abrir ese debate hoy “haría que a la gente se le pare el pelo de punta”. "Yo no voy a reelegirme, yo quiero hacer un buen Gobierno y dejar un buen sucesor. Yo tengo un gran equipo detrás, gran partido detrás, y creo que uno puede encontrar gente que lo suceda bien", agregó.¿Y una Constituyente?La senadora, quien lleva más de una década en el Congreso, también se refirió a la propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Para Valencia, no existe ningún problema estructural del país que se resuelva con una nueva carta política. "A mí lo que me parece es que en un momento de polarización, de tantos problemas, de tantas crisis, abrir una discusión en torno a una nueva Constitución es una locura, porque es que las constituciones se hacen para sellar acuerdos. No para abrir heridas”, señaló.Sobre una eventual reelección en otros niveles, planteó que podría evaluarse la continuidad de alcaldes en grandes ciudades cuando los resultados sean positivos, aunque reiteró que el debate presidencial no es prioritario. “Colombia no necesita hoy reelecciones presidenciales”, subrayó.Finalmente, Valencia manifestó que el foco debe estar en recuperar la confianza, estimular la inversión y reducir la carga tributaria a las empresas para proteger el empleo de los colombianos.
De cara a las elecciones 2026, la precandidata Paloma Valencia, del Centro Democrático, en diálogo con Recap de Blu Radio aseguró que, de ser elegida presidenta, quiere sentar a todos los sectores para construir país sin importar los ideales, incluso, meses atrás en redes sociales aseguró que “estaba casada con un mamerto”.“Las personas consideran que las diferencias ideológicas lo hacen a uno incompatible personalmente y es una cosa ridícula. Vengo de una familia donde mi tía/abuela era no solo gobernadora, sino ministra del general Rojas Pinilla y mi abuelo era conservador y hacía oposición, el hermano de ellos era comunista. La otra era hermana era liberal y un domingo podrían conversar. Mi marido sigue siendo mamertico, ya no porque vota por mí”, dijo la precandidata entre risas.Paloma Valencia se confiesa: ¿su esposo votó por Petro?Entre risas, la precandidata dijo que no, su esposo no votó por Petro, pero tampoco lo hizo por Rodolfo Hernández en las elecciones de 2022, sino que en aquella ocasión le depositó su confianza en la primera vuelta a Sergio Fajarda y mencionó que, si actualmente no fuese candidata, seguramente lo volvería a hacer.“Si usted lo dejara, él habría votado mucho más… Votó en blanco, no quiso hacerlo por Rodolfo ni por Fico. Votó por Fajardo en ese momento (…) Es como de centro izquierda, algo por el estilo, pero creo que estar casada con alguien que piensa distinto a uno, pues le da a uno ocasión de pensar más ampliamente y de no estigmatizar. La política interesante es la que conversa”, dijo.¿Quién es el esposo de Paloma Valencia?Tomás Rodríguez, esposo de la precandidata, ha construido su camino lejos de la política y se ha dedicado a la docencia, investigación y familia, conociéndola en la Universidad de los Andes.Hijo de Manuel Rodríguez Becerra, exministro de Medio Ambiente; su madre, Carme Barraquer, médica e investigadora, de una dinastía médica de origen catalán.Él se graduó de Economía en la universidad y hoy es docente de esta, forjando cada día un camino en la ciencia, la academia y el conocimiento especializado.
Desde La Guajira, el presidente Gustavo Petro volvió a referirse al caso de Kevin Acosta, el menor de 7 años que murió esperando un medicamento para la hemofilia.Petro señaló que el menor tuvo un accidente en bicicleta y que en un traslado que hizo la familia del menor pudo haber una “incompetencia” de la Nueva EPS.“No quiero profundizar, aún falta la autopsia y no se puede hablar oficialmente sin la autopsia; que efectivamente hubo un accidente en bicicleta y que hubo un periodo de tratamiento de hemofilia con un medicamento que se entregó en Pitalito, Huila, el Gobierno lo pagó. El niño tuvo que irse a Santander y en ese cambio parece haber una incompetencia de la Nueva EPS, pero que se resuelve una vez vuelve a Pitalito”, dijo Petro.El presidente también aseguró que después del accidente en bicicleta el menor fue trasladado a Pitalito y su madre habría rechazado una intervención quirúrgica.“Lo atienden en el hospital local de Palestina, Huila, lo remiten al hospital de Pitalito de segundo nivel, donde le toman una tomografía que muestra fractura y hematomas. El estado del paciente se deteriora y se le informa a la madre de que hay que intervenir quirúrgicamente y sus riesgos, pero la madre no acepta la intervención. Tampoco puedo decir si fue lo acertado o no. Hay informe del rechazo firmado y prefiere seguir con el tratamiento clínico”, agregó Petro.El presidente también dijo que había sectores que estaban acusando al Gobierno de asesinato en este caso y dijo que eso no era cierto. Además, dijo que el Gobierno no mintió al señalar que el menor había tenido un accidente.Kevin Acosta murió el viernes pasado en Bogotá, después de que su madre denunciara que el niño pasó semanas sin recibir el Emicizumab, necesario para tratar la hemofilia, una enfermedad que afecta la coagulación de la sangre.Según la mujer, la entidad promotora de salud Nueva EPS, encargada de su atención, dejó de suministrarlo y el menor no recibió la atención oportuna tras el accidente, lo que atribuyó a fallas en el sistema de salud. El caso ha generado una fuerte polémica nacional y las autoridades continúan investigando para establecer responsabilidades.
En medio de una operación militar que se adelantó a lo largo de la cuenca del río Caquetá, el Ejército fue blanco de otra asonada cuando se disponía a destruir siete dragas que las disidencias de las Farc usan para extraer oro ilegalmente.Según el reporte, ya habían capturado a cuatro presuntos integrantes del grupo ilegal cuando cerca de cien personas llegaron en canoas y lanchas, algunos de ellas encapuchadas, y comenzaron a rodearlos.Las tropas realizaron incluso varios disparos en un intento por disipar a la población civil sin tener éxito, pues la gente terminó impidiendo la operación militar quedándose con toda la maquinaria y expulsando a los uniformados.“Esta maquinaria producía cerca de tres kilos de oro mensuales, generando millones de recursos para actividades ilegales. Rechazamos la instrumentalización de la población civil y recordamos que estas conductas pueden acarrear consecuencias penales”, aseguró el general Sergio Guzmán, comandante de la brigada 22 del Ejército.De manera paralela, en el departamento de Arauca, las autoridades evalúan los daños en la base militar San Jorge en Saravena, que fue nuevamente blanco de ataques esta vez por dos explosiones dentro del cantón, que al momento no deja reportes de heridos.
La crisis comercial entre Colombia y Ecuador entró en una fase decisiva. El Gobierno nacional activó su defensa jurídica tras la imposición de un arancel del 30% por parte de Quito a productos colombianos, una medida que el presidente ecuatoriano Daniel Noboa denominó “tasa de seguridad”.Colombia respondió llevando el caso ante la Secretaría General de la Comunidad Andina, al considerar que el gravamen desconoce el Acuerdo de Cartagena, que establece arancel cero entre los países miembros del bloque: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.La confirmación del arancel se hizo desde el Foro Económico Mundial en Davos, donde Noboa argumentó que Colombia no estaba cooperando suficientemente en la lucha contra la inseguridad, el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera.La medida comenzó a regir el primero de febrero del 2025 y ha impactado sectores estratégicos como el agroindustrial, agropecuario, automotriz y la industria liviana y básica. Gremios exportadores advirtieron que el efecto no solo recae sobre los empresarios, sino también sobre los consumidores, que podrían enfrentar incrementos en los precios.Le puede interesar: AmCham pide mantener gestión para retirar aranceles impuestos por EE. UU. a ColombiaCabe recordar, que, tras lo ocurrido, hubo una reacción inmediata colombiana. El Gobierno impuso un arancel del 30% a 23 productos ecuatorianos, calificando la decisión como proporcional, transitoria y revisable. Además, suspendió la venta de energía eléctrica a Ecuador, elevando aún más la tensión bilateral.Pero ahí no finalizó la imposición de medidas. El gobierno de Noboa incrementó en un 900% la tarifa de transporte de crudo colombiano por el Sistema del Oleoducto Transecuatoriano, una decisión interpretada como nueva represalia.Ahora, la definición está en manos de la Comunidad Andina, cuya decisión será clave para determinar si se vulneraron los acuerdos regionales de lo que comenzó como un desacuerdo político y se convirtió en un enfrentamiento jurídico y económico. Esta medida podría marcar el rumbo de las relaciones comerciales entre Colombia y Ecuador en los próximos meses.
Los candidatos a la Cámara de Representantes Sol Suárez, Juan David Aristizábal y al senado Augusto Moreno coinciden en que Colombia necesita una agenda legislativa que ponga la tecnología, la innovación y el emprendimiento en el centro de la discusión económica y social, así lo expresaron en su paso por Blu 4.0.Tecnología e innovaciónJuan David Aristizábal organiza su propuesta en tres ejes atravesados por tecnología: empleo, educación y un Estado más eficiente. Insiste en usar IA y transformación digital para modernizar la administración pública, simplificar trámites y hacer un uso más inteligente de los recursos, de modo que el Estado deje de ser una barrera para la ciudadanía y los emprendedores.Sol Suárez plantea que el país está rezagado en conocimiento y regulación sobre temas como inteligencia artificial, plataformas digitales, criptoactivos y blockchain. Su llamado es a “actualizar” el Congreso para que las decisiones normativas no se tomen desde el desconocimiento, evitando leyes que frenen la innovación y la competitividad empresarial.Conectividad, cripto y crédito popularAugusto Moreno sostiene que la tecnología es un medio para cerrar brechas y no un lujo de las grandes ciudades. Subraya la urgencia de llevar conectividad real a las zonas rurales y apartadas, donde miles de hogares siguen sin acceso estable a internet y quedan fuera de la economía digital.En materia económica, Moreno propone impulsar la tokenización y el uso regulado de criptoactivos, acompañados de incentivos como tres años de cero renta para negocios de base tecnológica. También promueve una “ley crediticia popular” que use datos como el pago de servicios y el historial en billeteras digitales para ofrecer crédito formal a pequeños negocios y sacar a la gente del gota a gota.Economía digital y criptoSuárez advierte que Colombia es “cero competitiva fiscalmente” y que muchos emprendedores están asfixiados por la carga tributaria, al punto de que una empresa puede llegar a destinar cerca del 60% de sus ingresos a impuestos. Propone liberar caja para que ese dinero se pueda reinvertir en tecnología, talento digital y expansión de los negocios.Además, plantea la necesidad de una regulación seria del ecosistema cripto y fintech, que proteja a los usuarios frente a estafas y pirámides sin ahogar la innovación. Esto implicaría reglas claras para las plataformas, mayor supervisión a la publicidad de inversiones y un enfoque técnico en el diseño de la normativa.
En Colombia, más de 9 millones de ciudadanos han sido obligados a abandonar sus hogares como consecuencia del conflicto armado, el control territorial de grupos ilegales y las disputas por economías ilícitas, un fenómeno que durante décadas ha profundizado la pobreza, la exclusión y la desigualdad en amplias regiones del país.En este contexto, el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad para las Víctimas y Prosperidad Social, presentó el CONPES 4180, una nueva política pública que proyecta una inversión de 10,1 billones de pesos, que busca establecer soluciones duraderas para las víctimas de desplazamiento forzado. El documento, aprobado el 30 de diciembre de 2025, traza una hoja de ruta con 66 acciones orientadas a facilitar la estabilización socioeconómica de esta población.De acuerdo con el DNP, el objetivo es coordinar una respuesta institucional que permita superar las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan millones de víctimas. “Es un documento que coordina acciones, 66 acciones intersistémicas, intersectoriales, con un presupuesto indicativo de 10 billones de pesos”, explicó la directora de la entidad, Natalia Irene Molina.La meta es que al menos el 75 % de las víctimas logre superar su situación de vulnerabilidad mediante el acceso a empleo, generación de ingresos e integración social, ya sea a través del retorno a sus territorios, la reubicación o su permanencia en las comunidades donde reconstruyeron sus vidas.Desde la Mesa Nacional de Víctimas, Odorico Guerra Salgado, coordinador del eje temático de desplazamiento forzado, advirtió que el principal desafío será que las medidas anunciadas se traduzcan en acciones concretas en los territorios.“Nosotros primero que todo esperamos que haya una verdadera voluntad política por parte de las instituciones del gobierno nacional para que esa implementación del CONPES de soluciones duraderas sea exitosa en los territorios y que ojalá no sea una ni dos, sino todas las 66 acciones que están contenidas en el CONPES 4180 se puedan hacer realidad”, señaló.Giovanni Lepri, representante en Colombia de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), aseguró que la política representa un avance, aunque sus resultados se verán con el tiempo. “El CONPES para nosotros es un punto de partida, no es un punto de llegada, pero es un punto de partida muy relevante porque es la primera vez que hay una política pública estructurada alrededor de buscar soluciones”, afirmó.Lepri también advirtió que muchas víctimas han vivido durante años en condiciones de vulnerabilidad, especialmente en entornos urbanos, donde la integración social y el acceso efectivo a derechos siguen siendo un desafío.“Hay personas que llevan una situación de vulnerabilidad causada por el desplazamiento desde hace muchos años, entonces ya por ejemplo vemos que el 70 % más de la población desplazada quiere quedarse en áreas urbanas, (…) lo que van a hacer van a ser ciudadanos de las ciudades que ya los han recibido hace muchos años, pero le ha faltado esta parte de regularización y de un acceso a derechos de coste efectivo de sus derechos”, explicó.El documento contempla la articulación de 24 entidades del orden nacional y territorial, responsables de ejecutar las acciones previstas. No obstante, el propio Departamento Nacional de Planeación reconoció que los recursos dependerán de la disponibilidad fiscal y de las decisiones presupuestales de cada entidad.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, le pidió a la Corte Constitucional declarar inconstitucional el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de emergencia económica y social en todo el país.No obstante, solicitó que la Corte “declare la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”.En un documento enviado al magistrado Carlos Camargo Assis, la defensora examinó tres de las causas que el Gobierno presentó como fundamento de la emergencia: el cumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la financiación del sistema de salud; el deterioro de la seguridad territorial y los riesgos para líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos electorales; y el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del conflicto armado.Crisis en salud y financiación de la UPCEn materia de salud, la Defensoría recuerda que desde 2016 se estableció como estándar mínimo que la UPC del régimen subsidiado no sea inferior al 95 % de la del régimen contributivo. La persistencia en los incumplimientos ha generado incluso incidentes de desacato.Según cifras recopiladas por la entidad, en 2025 la Adres destinó $88,4 billones a la UPC, lo que representa el 88 % de los recursos del sistema. Para 2026 se proyectan $101 billones, un incremento del 14,3 %.“No obstante, las EPS reportaron una siniestralidad del 109,5 %, que implicó un déficit presupuestal estimado de $5,95 billones, sin incluir los $5,2 billones adicionales correspondientes a gastos administrativos”, señala el documento.La Defensoría advierte que “la evidencia disponible indica que el ajuste proyectado de la UPC para 2026 corrige solo parcialmente el problema, pues subsisten déficits estructurales acumulados de vigencias anteriores. De hecho, el requerimiento fiscal de 3,3 billones que indica el Gobierno en el Decreto 1390 puede incrementarse si se consideran las deudas acumuladas del sistema, estimadas entre $10 y $30 billones, respecto de las cuales no existe consenso”.La entidad también señala que el desfinanciamiento ha impactado directamente el acceso a medicamentos y servicios. “En definitiva, el panorama descrito permite concluir que la desfinanciación de la UPC configura una situación de gravedad e inminencia que exige una respuesta urgente del Estado orientada a asegurar la búsqueda de fuentes adicionales de recursos que facilite la estabilidad de los pagos en la cadena de atención y la protección efectiva de las personas, especialmente las más vulnerables”.Las cifras respaldan esa advertencia. Las quejas por fallas en la prestación del servicio aumentaron 78 % entre 2023 y 2025. Solo en 2025 se registraron más de 46.000 reclamaciones. También crecieron las tutelas y los reclamos ante la Superintendencia de Salud, con cerca de 685.000 quejas por medicamentos. Además, el gasto de bolsillo de los hogares alcanzó su nivel más alto en años, llegando en algunos departamentos hasta el 30 % de los ingresos familiares.Sin embargo, pese a reconocer la gravedad de la situación, la Defensoría argumentó que “ninguna de estas causas cumple el presupuesto fáctico de sobreviniencia” y que el Gobierno “no demostró la insuficiencia de los mecanismos ordinarios”, entre ellos la “reasignación del presupuesto flexible” y las “operaciones de crédito público”.Seguridad y orden públicoEl segundo argumento del Gobierno fue el deterioro del orden público, los ataques con drones en departamentos como Cauca, Cesar y Norte de Santander, y el aumento del riesgo para líderes sociales y candidatos en el contexto electoral.La Defensoría señala que solo en 2025 se documentaron 177 homicidios de personas defensoras de derechos humanos. También aumentaron las amenazas contra actores políticos.Sin embargo, la entidad sostiene que la violencia contra líderes sociales ha sido advertida durante años a través del Sistema de Alertas Tempranas. Incluso el uso de drones con explosivos ya había sido documentado antes de la declaratoria de emergencia.“Si bien los riesgos para la población líder y defensora de derechos humanos, así como para los y las candidatas son graves, el Decreto no identifica un riesgo efectivo capaz de materializarse en un daño concreto e inminente”.Además, recuerda que el Congreso ya había aprobado aumentos presupuestales para el sector defensa y para la Unidad Nacional de Protección.Reparación a víctimasEl tercer punto analizado fue el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del desplazamiento forzado.Según el documento, “el gobierno había pagado indemnizaciones a un total de 1.769.413 víctimas”, cifra que “corresponde únicamente al 19% de las 9.226.775 personas susceptibles de recibir la medida”.Pero la Defensoría insiste en que tampoco se trata de un problema reciente. Desde la expedición de la Ley de Víctimas en 2011 se advertía que la financiación sería insuficiente frente al universo real de afectados.“En 2022, la entonces directora de la Unidad para las Víctimas indicó que, de no adoptar medidas adicionales, tardaríamos más de 60 años en reparar a todas las víctimas registradas hasta ese momento.32 Esto evidencia que el problema de los pagos atrasados por concepto de reparación no es nuevo y que obedece a un problema estructural advertido por el gobierno desde tiempo atrás”.Inconstitucionalidad con efectos diferidosCon base en todo este análisis, la Defensoría concluye que el Decreto es inconstitucional porque no se cumplieron los requisitos para declarar un estado de excepción.No obstante, hace una precisión clave sobre la salud. Advierte que “la falta de liquidez financiera en el sistema de salud demanda medidas inmediatas y certeras para conjurar el progresivo agravamiento de los problemas de acceso equitativo a medicamentos, tratamientos y procedimientos incluidos en el PBS”. Y agrega que “ante la duda, la solución debe contemplar todas las medidas posibles para conjurar la extensión de la crisis”.Por eso insiste en que la Corte declare la inconstitucionalidad, pero con efectos diferidos en lo relacionado con las medidas tributarias.“Declarar la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”, y “preservar las medidas tributarias adoptadas en el Decreto 1474 de 2025 por el término de la vigencia fiscal de 2026”, con destinación específica al sistema de salud.También pide que la Procuraduría, la Contraloría y la Sala Especial de Seguimiento ejerzan vigilancia estricta sobre esos recursos, y exhorta al Gobierno y al Congreso a tramitar una ley de financiamiento que estabilice estructuralmente el sistema.
Camuflado en un costal era transportado un cilindro cargado con explosivos por cuatro hombres que se movilizaban en dos motocicletas por el kilómetro 6 de la vía que comunica al municipio de La Plata con el departamento del Cauca.La operación militar, adelantada por tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 26 Cacique Pigoanza, de la Novena Brigada, en conjunto con el Grupo de Caballería Liviano N.° 11, permitió evitar que se repitieran las dolorosas imágenes vividas en esta población el 17 de abril de 2025, cuando una motocicleta cargada con explosivos detonó, dejando dos personas muertas y 30 más heridas.La neutralización de la acción terrorista se dio gracias a la información oportuna de la Red de Participación Ciudadana. De manera inmediata, las unidades desplegaron un reconocimiento de ruta en el sector.Fue así como, al notar la presencia de los soldados, los individuos emprendieron la huida y abandonaron en el lugar un cilindro bomba.“En el kilómetro 6 vía Inzá, la Red de Participación Ciudadana nos informa de uno hombres circulando por la vía con unos bultos, que posiblemente contenían un material extraño. Al nosotros localizarlos, estos sujetos abandonan el sitio y abandonan sobre el lugar un costal", confirmó el brigadier general César Augusto Suárez Giraldo, comandante Novena Brigada.Siguiendo los protocolos de seguridad, se realizó el acordonamiento del área y se activó el equipo de Explosivos y Demoliciones (EXDE) Delta, de la Novena Brigada. El trabajo técnico, con el apoyo del canino SOK, permitió confirmar la presencia de material explosivo y garantizar una intervención segura.Posteriormente, el artefacto fue destruido de manera controlada, sin afectar a la población civil ni la infraestructura vial.“Se realizo un procedimiento con nuestro grupo EXDE y se logra determinar que hay un artefacto explosivo tipo cilindro. El EXDE Delta logran neutralizar el artefacto explosivo, lo destruye y de esta manera protegemos a la población civil de una posible acción terrorista de estos actores criminales”. Puntualizo el comandante de la Novena Brigada del Ejército.Como medida preventiva, el tránsito vehicular estuvo suspendido mientras se desarrollaban las labores y fue restablecido una vez culminó la operación.
La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial de Colombia, integrada por las altas cortes y la Fiscalía, llamó a respetar las decisiones judiciales y señaló que cualquier inconformidad debe tramitarse por vías institucionales previstas en la Constitución y la ley, en medio de cuestionamientos desde el Gobierno al reciente fallo sobre el salario mínimo.En un comunicado publicado este martes, esta Comisión recordó que las decisiones judiciales "son el resultado de las actuaciones sometidas a reglas procesales, garantías fundamentales y principios de independencia y autonomía judicial, pilares esenciales del Estado Social y Democrático de Derecho".El pronunciamiento se produce después de que el lunes, el ministro colombiano de Trabajo, Antonio Sanguino, afirmara que el Gobierno mantendrá el incremento del 23,7 % del salario mínimo en el decreto transitorio que debe presentar tras la decisión del Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo, de suspender el acto administrativo que aumentó esa retribución.El texto de esta comisión, formada por la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el representante de los servidores judiciales y la Fiscalía, no menciona ningún caso específico.Sin embargo, el llamado se da a conocer pocos días después de la suspensión provisional del decreto que aumentó un 23,7 % el salario mínimo para 2026, con lo cual lo fijó en dos millones de pesos (unos 546 dólares), incluido el auxilio de transporte, y de la orden de expedir una norma transitoria mientras se adopta una decisión de fondo sobre el incremento decretado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.La Comisión Interinstitucional apuntó que las discrepancias que pueda haber originado el fallo deben tramitarse a través de los mecanismos y recursos previstos en el ordenamiento jurídico, "dentro de las vías institucionales establecidas para tal fin desde la misma Constitución".En este sentido, la institución reiteró su compromiso "con el cumplimiento de la Constitución y la ley, la transparencia en sus decisiones y la protección de los derechos de todas las personas".Petro dijo el domingo durante una alocución que presentará análisis técnicos adicionales para cumplir con los requisitos del Consejo de Estado y reiteró que el salario mínimo es una remuneración "móvil", por lo que podría variar según las condiciones económicas.Además, convocó a los colombianos a reunirse este jueves en las plazas públicas del país para defender el aumento salarial, al considerar que se trata de una "conquista histórica" de los trabajadores.