La Contraloría General de la República acompañó a la Registraduría Nacional del Estado Civil en el segundo simulacro nacional de preconteo, como parte de la preparación para las elecciones del próximo 8 de marzo de 2026. En la jornada participaron cerca de 19.000 personas, además de misiones de observación, delegados de partidos políticos y auditoría internacional, con el objetivo de poner a prueba los sistemas y fortalecer los procesos electorales.Durante la actividad, el contralor general Carlos Hernán Rodríguez afirmó que Colombia cuenta con un sistema electoral ‘confiable, sólido y robusto’ y resaltó el trabajo de la Registraduría bajo la dirección del registrador nacional del Estado Civil.“Colombia tiene un sistema electoral confiable, sólido, robusto, una Registraduría que está trabajando en cabeza del señor Registrador Nacional del Estado Civil de manera confiable y frente a la cual, repito nuevamente, es muy importante toda la confluencia que exista por parte de las diferentes entidades del Estado en torno a rodear este proceso electoral, teniendo en cuenta algo de que el proceso electoral no es responsabilidad únicamente del Registrador Nacional ni la Registraduría, es responsabilidad de todos los colombianos y sobre todo de quienes de una u otra manera por alguna circunstancia ostentamos responsabilidades públicas”, aseguró.Finalmente, Rodríguez destacó la importancia de realizar una mesa técnica entre la Registraduría, el Gobierno Nacional, la Procuraduría, la Fiscalía y demás instituciones del Estado, para exponer inquietudes, identificar dificultades y dar respuestas oportunas en el marco del proceso electoral.
Dos hombres señalados de reclutar menores de edad para las disidencias de las Farc en el suroccidente del país fueron enviados a la cárcel mientras avanza el proceso judicial en su contra. Se trata de John Humberto Plaza Gallego y Harold Jorley Mazuera Tobar, quienes fueron judicializados por su presunta responsabilidad en el delito de reclutamiento ilícito de menores.Según la información entregada por la Fiscalía, ambos habrían contactado y persuadido mediante engaños a dos adolescentes en el municipio de Miranda, en el departamento del Cauca, con pleno conocimiento de que eran menores de edad.De acuerdo con la investigación, los procesados habrían aprovechado la condición de vulnerabilidad de las víctimas para persuadirlas y coordinar su traslado hacia Cali, en el Valle del Cauca. El propósito, según la imputación, era ponerlas a disposición de contactos de la estructura Dagoberto Ramos.El presunto reclutamiento no se concretó gracias a la intervención de la Policía Nacional. Las adolescentes eran movilizadas en un vehículo que fue interceptado en un retén instalado en el barrio Marroquín II, en Cali.Durante la verificación de antecedentes y la inspección al automotor, los uniformados detectaron la situación irregular que había sido alertada por una de las jóvenes a través de un mensaje de sus familiares y el envío de su ubicación en tiempo real. Tras el procedimiento, las adolescentes fueron dejadas a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos.Plaza Gallego y Mazuera Tobar fueron capturados en situación de flagrancia. Posteriormente, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales los presentó ante un juez penal de control de garantías, quien les imputó el delito de reclutamiento ilícito de menores.Durante las audiencias preliminares, John Humberto Plaza Gallego aceptó los cargos formulados por la Fiscalía y ambos procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en la cárcel mientras avanza el caso.
A poco más de un mes de que comience la transición hacia el nuevo modelo de pasaportes en Colombia, la Cancillería confirmó que avanza la adecuación técnica y operativa en la Imprenta Nacional para iniciar la expedición del documento a partir del 1 de abril de 2026.La ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, visitó este 21 de febrero las instalaciones de la Imprenta Nacional de Colombia en Bogotá para verificar el estado de las obras y la instalación de la infraestructura requerida para la producción del nuevo pasaporte.Según informó la Cancillería a través de un comunicado, durante el recorrido la ministra inspeccionó las zonas habilitadas para impresión, control de calidad y almacenamiento, que actualmente están siendo puestas a punto con apoyo técnico de la Casa de la Moneda de Portugal.De acuerdo con la jefa de cartera, el objetivo es garantizar que el país cuente con la capacidad instalada necesaria para iniciar la operación del nuevo modelo sin contratiempos. “Avanzamos en todo el desarrollo de la implementación de la infraestructura que se requiere para lograr que a partir del 1 de abril iniciemos la operación del nuevo modelo de pasaporte para los colombianos y colombianas”, afirmó. Este nuevo esquema de producción surge tras el acuerdo entre la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional.El presidente Gustavo Petro también se refirió al tema. A través de su cuenta de X, publicó un video de los camiones que transportarían las nuevas máquinas instaladas en la Imprenta Nacional y aseguró que el país ya cuenta con tecnología moderna para producir pasaportes.El mandatario señaló además que, si la Registraduría lo decide, esa misma infraestructura podría utilizarse para la producción de cédulas, argumentando que esto permitiría que los datos de los ciudadanos no queden en manos de privados y, según dijo, reduciría riesgos de fraude electoral.El pasado 19 de febrero, desde la Plaza de Bolívar, el jefe de Estado mostró públicamente un modelo del nuevo pasaporte que comenzará a expedirse el 1 de abril, como parte de este proceso de transición.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que activará sus mecanismos institucionales para asegurar que 127 víctimas acreditadas en el Caso 01 no queden sin representación judicial. El pronunciamiento de la JEP se da luego de que la Corporaciòn MILVÍCTIMAS renunciara, pues era la encargada de su representación.La Jurisdicción solicitó a la organización saliente el envío inmediato del listado completo de las personas representadas, con nombres, documentos y datos de contacto, para la reasignación de los apoderados y garantizar la continuidad de sus derechos procesales.De acuerdo con la JEP, todas las víctimas acreditadas participan en igualdad de condiciones en los distintos escenarios judiciales. La entidad recordó que la participación de las víctimas es un pilar del modelo de justicia transicional restaurativa y cuenta con garantías respaldadas por la ley estatutaria, la jurisprudencia del Tribunal para la Paz y el Manual de Participación de las Víctimas.Para cubrir la representación de las 127 víctimas, la JEP recordó que cuenta con el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa – SAAD Víctimas, un mecanismo de defensa legal gratuita y especializada que opera mediante equipos interdisciplinarios con expertos en litigio y acompañamiento psicosocial.La Jurisdicción también destacó el papel de las organizaciones de la sociedad civil en el acompañamiento a las víctimas dentro de los 11 macrocasos que adelanta, al considerar que su trabajo ha fortalecido el acceso a la verdad, el reconocimiento de responsabilidades y la dignificación de quienes han sufrido graves violaciones de derechos humanos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes desde la Oficina Oval un arancel global del 10 % sobre todos los países, como respuesta a la resolución de la Corte Suprema que detuvo su política comercial."Es un gran honor para mí haber firmado un arancel global del 10 % a todos los países", escribió el mandatario en su cuenta oficial de Truth Social.La ley en la que se soportó Trump para esta nueva orden ejecutiva solo permite incrementar aranceles hasta un 15 % y por períodos de 150 días, por lo que no está claro cómo se articulará a largo plazo.El republicano agregó que la medida "entrará en vigor casi de inmediato".El nuevo arancel fue la respuesta de contingencia de la Administración, luego de que la Corte Suprema fallara en contra de sus amplios aranceles globales.El dictamen del Supremo afecta a la tarifa global base del 10 % a las importaciones extranjeras y los llamados gravámenes "recíprocos" a los socios comerciales de la mayor economía del mundo, junto a aranceles adicionales del 25 % a México y a Canadá para presionar a estos países a frenar el flujo de drogas, como el fentanilo, a través de sus fronteras hacia EE. UU.También, se incluyen las decisiones del republicano de aumentar hasta un 50 % los aranceles a Brasil y la India como represalia por el enjuiciamiento a su aliado, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, y la compra de crudo ruso, respectivamente.Antes de firmar la nueva ley, Trump había criticado abiertamente el actuar del Supremo durante una conferencia de prensa improvisada en la Casa Blanca.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural aseguró que Colombia no enfrenta riesgo de desabastecimiento de arroz, pese a las afectaciones por las fuertes lluvias en departamentos como Córdoba y Sucre. Desde el sector arrocero, sin embargo, advierten que las inundaciones en La Mojana profundizaron una crisis que venía de años atrás.Óscar Gutiérrez, director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria, señaló que la región perdió capacidad productiva tras el rompimiento del boquete de Caregato, una obra inconclusa que ha dejado recurrentes inundaciones.“La Mojana tiene una producción importante de arroz que ha venido a menos desde el rompimiento del boquete de Caregato, que este gobierno ha negado sistemáticamente desde hace rato. Se están destinando una cantidad de recursos a otras cosas que nada tienen que ver con el cierre, y eso no ha permitido retornar a unos niveles de siembra muy importantes que permitían abastecer buena parte del mercado de la Costa Norte”, afirmó Gutiérrez.El dirigente explicó que, aunque Córdoba no es un gran productor de arroz, La Mojana sí tenía un papel clave en el abastecimiento regional y su caída en producción ha sido compensada con importaciones legales e ilegales. Gutiérrez advirtió que no existe un censo oficial sobre las hectáreas afectadas por las inundaciones, lo que dificulta diseñar políticas públicas efectivas.“No hay cifras claras del Ministerio ni de la Unidad de Gestión del Riesgo. Se habla de 204 mil hectáreas afectadas, pero no se sabe cuántas son de arroz, maíz o fríjol”, señaló.Gutiérrez cuestionó también la efectividad de las ayudas gubernamentales y aseguró que los apoyos no compensan las pérdidas del sector.“Los apoyos son completamente insuficientes. A los pequeños productores les dan 10 mil pesos cuando están perdiendo 14 o 16 mil, y a los grandes productores apenas 3.500 pesos por tonelada, cuando producen más del 50 % del arroz del país”, indicó.Desde Fedearroz, su gerente Rafael Hernández afirmó que las estimaciones de daños por inundaciones deben revisarse, pues no toda área inundada implica pérdida total del cultivo. El dirigente también detalló que en Córdoba la producción de arroz es limitada y se concentra principalmente en los distritos de riego de La Doctrina y Mocarí, donde las áreas sembradas no son muy grandes.“Nosotros empezamos el año con 1,2 millones de toneladas de inventario. Decir que va a haber desabastecimiento, cuando el problema es el exceso de inventarios, no tiene sentido. Posiblemente se han dañado unas 400 o 500 hectáreas”, explicó.En ese sentido, estimó que los daños reales podrían estar alrededor de 400 o 500 hectáreas, aunque reconoció que la emergencia climática es grave y requiere atención estructural, especialmente en zonas vulnerables como La Mojana.En cuanto al paro arrocero y los compromisos con los productores, Hernández aseguró que Fedearroz no participó en las movilizaciones, pero reconoció que existen inconformidades por el cumplimiento de los acuerdos. Indicó que el gremio ha participado en negociaciones con la industria y el Gobierno para fijar precios, a través de resoluciones oficiales y con autorización de las autoridades de competencia. El directivo aseguró que la crisis del sector no es solo local, sino parte de un problema global por la caída de los precios internacionales y los altos inventarios, factores que siguen presionando el mercado y afectan la rentabilidad de los productores.Mientras tanto, el Ministerio de Agricultura aclaró que las lluvias se suman a transformaciones del territorio asociadas a grandes obras de infraestructura que han alterado los ecosistemas de la región, incrementando la vulnerabilidad frente a eventos climáticos extremos. La cartera también destacó que el área sembrada de arroz se redujo 17,4 % en el segundo semestre de 2025, sin comprometer el suministro, y anunció un plan de recuperación productiva para las zonas afectadas.“El fenómeno que actualmente se presenta es una afectación puntual y localizada sobre los cultivos en el departamento de Córdoba, derivada de una emergencia climática cada vez más recurrente y severa. Estos factores, acumulados en el tiempo, evidencian los impactos concretos de la crisis climática sobre la vida de las comunidades y la producción de alimentos”, señaló el Ministerio en un comunicado.En ese contexto, el Gobierno reiteró su compromiso con la estabilidad del sector arrocero mediante políticas de gestión del riesgo climático, fortalecimiento de la producción nacional y protección del ingreso de los productores.Mientras tanto, gremios y productores insisten en que la emergencia por lluvias dejó en evidencia problemas estructurales pendientes, como la falta de infraestructura hidráulica, el control al contrabando, la política de importaciones y la necesidad de mayores apoyos para garantizar la sostenibilidad del sector.
A través de redes sociales se han vuelto virales los therians, un grupo de personas que se identifican como animales y se alejan de la realidad social al comportarse como ellos, tanto en sus hogares como en lugares públicos, llamando la atención de expertos de salud mental.Pero lo que más ha llamado la curiosidad a los expertos en salud mental ha sido aquellos que realmente consideran que su mundo es igual a la de un animal, como fue un caso que se hizo en viral en México en donde, supuestamente, uno fue a ser atendido por un veterinario. "Le dije: ‘buenos días, ¿en qué le puedo ayudar?’; me dijo: ‘es que vengo a consulta’. Claro, ¿trae a algún animalito? Y dice: ‘no, yo soy el animal’, me dice: ‘yo me identifico como un perro de la raza Alaskan Malamute’. Le dije: “bueno, vamos a dar la oportunidad a ver qué sale de esto”, comentó el veterinario a través de su cuenta de TikTok, que menciona que le preocupaba que la persona tenía 38 años, es decir más de 100 en edad animal. Al verificar los datos del "paciente" y notar su edad (en años perros), tomó la decisión de "dormirlo", es decir, practicarle una eutanasía, claramente en un tono humorístico por la situación. Caso que se hizo viral en redes sociales en menos de nada.Si bien esto nunca pasó y el veterinario explicó que lo hizo en broma, aseguró que un especialista no podría atenderlo porque, por lo menos en México, existen leyes que lo prohiben y sería solo para problemas, aún así el caso se hizo viral y llamó la atención de diversos medios internacionales.¿Un problema de salud mental? Esto dicen especialistas sobre los theriansEste fenómeno se ha volvió viral, con mayor presencia en Argentina. Según expertos, estas actitudes sí son un llamado de atención en torno a la salud mental de quien se identifique como un animal, teniendo en cuenta que un 'therian' viene del término griego salvaje. De acuerdo con la Psicología, no es lo mismo aquel que se identifica como uno (identidad símbolica), a diferencia al que se comporta como uno (un caso delirante) lo cual pasa ser un llamado de atención en torno a la salud mental.
Luego de una reunión entre el Pacto Histórico y el Consejo Nacional Electoral, la colectividad afirmó que sí postulará sus testigos electorales luego de que la entidad electoral atendiera y corrigiera las alertas identificadas en su plataforma de acreditación.El representante a la Cámara Alirio Uribe explicó que las alertas presentadas por la coalición fueron atendidas de manera inmediata por la entidad electoral en una mesa técnica adelantada durante el viernes 20 de febrero.Tanto la colectividad como Uribe había cuestionado la entrada en funcionamiento de la plataforma, pues señalaron que esta herramienta para la inscripción de testigos fue presentada el 22 de enero, pero apenas entró a funcionar el día 10 de febrero.Situación que llamó su atención, pues manifestó que solo quedaban 13 días para realizar estas inscripciones, lo que para ellos es poco tiempo para subir los listados.Tras esta mesa técnica, el representante indicó que luego de verificar las correcciones y recibir las explicaciones técnicas correspondientes por parte del presidente del CNE, Cristian Ricardo Quiroz Romero, al igual que la de los ingenieros y expertos responsables de dicha plataforma, el Pacto Histórico iniciará la carga de testigos electorales tanto a nivel nacional como internacional.Finalmente, el congresista señaló que espera que la herramienta tecnológica cumpla su función de garantizar transparencia en el proceso electoral y de esta forma permita que todas las agrupaciones políticas registren sus testigos y ejerzan la debida observación en cada etapa del proceso.
En las últimas horas el departamento de Policía Antioquia aceptó haberse equivocado en los detalles de un operativo que se registró en diciembre del año anterior, cuando en el municipio de Caldas fue capturada una persona que tenía circular azul de Interpol por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.En su momento, la institución indicó que se trataba de Diego Camilo Sinisterra Varela, pero en realidad el capturado fue Luis Felipe Arango Alzate, quien era requerido por la Fiscalía 22 Itinerante de Homicidios de Manizales por los mencionados delitos.La confusión se generó por parte de las autoridades, según argumentó su abogado, Víctor Mosquera Marín, quien explicó que el pasado 7 de diciembre el señor Sinisterra Varela se transportaba en un vehículo camino a una presentación cuando en un retén de la policía la persona que conducía el vehículo en el cual se movilizaba resulta capturada. “Con todo se hace imperativo clarificar que mi representado no tiene una relación personal o de negocios con el implicado siendo su presencia circunstancial”, indicóMosquera.Por su parte, la Policía explicó que tras una revisión detallada de la trazabilidad documental y de los antecedentes judiciales, se estableció que existió una confusión en el proceso de verificación de identidad, razón por la cual la información difundida no correspondía a la realidad en cuanto a la individualización del requerido.“El departamento de policía de Antioquia rectifica de manera expresa y pública que el ciudadano Diego Camilo Sinisterra Varela no es la persona requerida mediante circular azul de Interpol ni registra de captura vigente por los hechos mencionados en la comunicación inicial. La información inicialmente difundida obedeció a un error en la individualización durante el proceso de verificación de antecedentes, situación que fue advertida con posterioridad”, detalló sobre el caso el coronel Luis Muñoz, actual comandante de la Policía Antioquia.Vale la pena mencionar que el hombre víctima de la confusión de las autoridades, es un artista conocido en la Industria Musical como ‘Varela’, quien cuenta con 9.626 oyentes mensuales en la plataforma Spotify. Es fundador de Mansion Music y una de las figuras más reconocidas de los corridos tumbados en la ciudad de Cali.
Al menos seis soldados murieron y 28 resultaron heridos el jueves en un ataque con drones y explosivos a una base militar de Aguachica, Cesar, atribuido a la guerrilla del ELN, según el ministerio de Defensa.Las autoridades habían informado inicialmente de cuatro militares fallecidos y una decena de lesionados, pero el titular de Defensa, Pedro Sánchez, elevó el saldo la madrugada del viernes.En medio de frustradas negociaciones de paz con el gobierno de Gustavo Petro, el ELN perpetró el segundo ataque mortal contra la fuerza pública en una semana, con ocho uniformados asesinados por la guerrilla y sin señales de la tregua navideña otorgada en años anteriores.El ataque ocurrió en una instalación de un batallón de infantería del ejército en un poblado rural del departamento del Cesar, aseguraron las Fuerzas Militares en un comunicado."Rechazo con total contundencia la acción terrorista del ELN", que utilizó drones y artefactos explosivos en la arremetida, dijo Sánchez en la red social X.Videos que circularon en redes sociales muestran a militares heridos ingresando en camillas y sillas de ruedas a un centro médico local y un incendio supuestamente causado por las explosiones en un patio de la base.Los lesionados reciben atención médica, agregó el ministro, que anunció una recompensa de 50.000 dólares por información que ayude a la captura de los responsables.La Quinta Brigada del Ejército Nacional confirmó los nombres de los seis soldados profesionales asesinados tras el ataque a una base militar en Aguachica, Cesar: Soldado Jaime Alejandro Cárdenas RamírezSoldado Profesional Mateo Pino PulgarínSoldado Profesional Juan David Pérez VidesSoldado Profesional Kevin Andrés Méndez TorresSoldado Profesional Jhon Fredy Moreno SierraSoldado Brandon Daniel Valderrama MartínezAdemás, se elevó la cifra de solados heridos a 31, de los cuales 5 requieren atención médica especializada y 26 presentan lesiones leves.Violencia sin treguaLa asonada de la guerrilla más antigua de América contra militares y civiles constituye la peor ola de violencia en una década, agravada por la presión violenta de otras organizaciones armadas enfrentados al Estado.Otro ataque con explosivos atribuido a los rebeldes en Cali, la tercera ciudad más poblada del país, dejó dos policías muertos el martes.Esta semana, el ELN aumentó la presión con un "paro armado", como se conoce a las frecuentes restricciones a la movilidad de la población civil en zonas donde ejerce la autoridad de facto.En esos periodos, la guerrilla de origen guevarista prohíbe a los habitantes de pobladores remotos movilizarse por carreteras y ríos, con lo que suele impedir la llegada de alimentos, medicinas y productos básicos.Petro intentó negociar la paz con el ELN tras su llegada al poder en 2022, como parte de una estrategia bautizada "paz total" para desmovilizar a todos los grupos armados del país mediante el diálogo.Pero a ocho meses de dejar la presidencia, la mayoría de acercamientos han quedado detenidos sin mayores avances, mientras la oposición denuncia un fortalecimiento de las organizaciones ilegales.En enero pasado, el ELN asesinó a más de un centenar de personas y desplazó a decenas de miles en una región fronteriza con Venezuela conocida como el Catatumbo, lo que sepultó las negociaciones.Estados Unidos retiró recientemente a Colombia de su lista de aliados en la lucha antinarco porque el presidente Donald Trump considera insuficientes los esfuerzos del país sudamericano, el mayor productor de cocaína en el mundo.También impuso sanciones económicas contra Petro y varios miembros de su familia e insinuó recientemente no descartar una incursión terrestre para destruir laboratorios de droga en Colombia, sumado a los bombardeos contra presuntas narcolanchas en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico que dejan al menos 106 muertos desde septiembre.Petro denuncia que estos ataques, en los que han muerto ciudadanos, son "ejecuciones extrajudiciales" y considera injustas las sanciones de Trump pues, asegura, durante su gobierno se han hecho incautaciones récord de cocaína.El ELN, que se financia principalmente del narcotráfico, considera que Estados Unidos planea operativos militares en Colombia como parte de lo que llama un "plan neocolonial" de Trump.
El presidente Gustavo Petro acudirá a la figura de urgencia manifiesta para la compra inmediata de sistemas antidrones con el fin de fortalecer la protección de instalaciones militares en todo el país.Este mecanismo sirve para acelerar la contratación y asegurar los recursos necesarios, estimados en un billón de pesos, indicó el mandatario en su cuenta de X.El anuncio lo hizo tras el ataque a una base militar en Aguachica, Cesar, que deja de momento seis militares asesinados y al menos 26 más heridos, según un reporte del Ministerio de Defensa.“En las medidas tomadas hoy en el consejo de ministros se ordena la compra inmediata de los sistemas, valen un billón de pesos para todo el país. Espero no derrumben la búsqueda de estos recursos nuevos. Se usará la urgencia manifiesta para ponerle rapidez a los procesos de contratación”, señaló el jefe de Estado.El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, advirtió que, pese a que este año se han prevenido cerca del 95 % de los ataques con drones, la amenaza crece rápidamente y pone en riesgo la seguridad nacional.“Por ello, el señor presidente de la República autorizó avanzar en una urgencia manifiesta y la gestión de 1 billón de pesos para desarrollar la Primera Fase de un proyecto estratégico que busca proteger a todo el país de los ataques con drones”, anotó el jefe de la cartera.La urgencia manifiesta es una figura excepcional prevista en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993, que permite a las entidades públicas contratar directamente sin seguir los procedimientos ordinarios de licitación o concurso público, ni tampoco están obligadas a realizar estudios previos de contratación cuando existe una necesidad que es apremiante e inaplazable.El presidente Gustavo Petro puede declarar la urgencia manifiesta mediante decreto que podrá ser sometido a revisión del Consejo de Estado. Como se trata de un mecanismo excepcional, que toca las finanzas públicas del país, las entidades llamadas a vigilar este proceso son la Contraloría General y la Procuradurìa General de la Naciòn.
Durante la noche de este jueves 18 de diciembre se produjo un atentado con explosivos y disparos contra la base militar de El Juncal en Aguachica, Cesar. De acuerdo a información entregada por el Ejército Nacional, siete militares resultaron muertos y 26!personas están heridas."Fue atacada la Base Militar del 27, perteneciente al Batallón de Infantería N 14, ubicada en la vereda El Juncal, jurisdicción de Aguachica, Cesar, mediante una acción terrorista con artefactos explosivos. De manera preliminar se conoce que 7 de nuestros soldados fueron asesinados y, al parecer, 32 más resultaron heridos, quienes fueron evacuados hacia centros médicos de la región", escribieron desde la cuenta de X del Ejército Nacional.Se conoció que el ataque se produjo con drones y le fue atribuido al frente Camilo Torres del ELN.
El hurto de vehículos es una problemática que se vive en todo el territorio nacional, siendo los automóviles, camionetas y camperos los más apetecidos por los ladrones con el 66% de los casos en 2025. Además, Bogotá, Antioquia y Atlántico son los lugares que más concentran este tipo de robos, según cifras de la Policía Nacional.No obstante, la temporada decembrina es donde más suelen ocurrir estos hurtos, pues las personas se preparan para viajar, hacer compras y compartir en familia. Por lo cual, este movimiento constante también puede llevar a descuidar la seguridad de los vehículos, aumentando el riesgo de robo y otras situaciones de vulnerabilidad.Frente a esto, es importante que los conductores sepan cómo evitar que sus carros sean hurtados por delincuentes.Las ocho claves para evitar que le roben su carroDe acuerdo con Ituran Colombia, empresa especializada en geolocalización y monitoreo vehicular, el robo de vehículos y motocicletas es una de las problemáticas más persistentes en materia de seguridad. Durante los tres primeros meses de 2025 se registraron 2.017 casos de automotores hurtados y 7.813 casos de motos en Colombia.Asimismo, la compañía manifestó que entre noviembre y diciembre los robos suelen aumentar. Por ello, entregó ocho medidas clave para evitar que los ladrones se lleven los vehículos.Evitar estacionar en vía pública, especialmente en zonas oscuras, solitarias o sin cámaras de vigilancia.Preferir parqueaderos autorizados y vigilados, incluso para paradas cortas o compras rápidas.Identificar zonas de riesgo y evitar calles desconocidas, barrios con poca presencia policial o sectores con alta actividad comercial.No entregar las llaves a desconocidos, ni permitir que terceros accedan al vehículo bajo excusas de “ayuda”, “carga” o servicios informales.Complementar el GPS con herramientas avanzadas como rastreo satelital, botón de pánico, bloqueo inteligente, identificación de conductor y alertas geográficas.Revisar mecánicamente el vehículo antes de viajes largos: frenos, llantas, luces, aceite y batería.Mantener vigilancia en centros comerciales, asegurando puertas y ventanas y evitando dejar objetos a la vista.No confiar en valet parking o parqueaderos improvisados sin identificación o registro formal.Estas medidas ayudan significativamente a reducir el robo de vehículos. Además, hay que tener en cuenta que el 26 % de los casos corresponde a abusos de confianza, una modalidad que tiene un crecimiento preocupante, el 31 % incluye atracos, halados y extorsión, menciona la empresa de seguridad.
Durante la instalación del Mecanismo de Seguimiento, Monitoreo y Verificación a los compromisos suscritos en Catar entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo, el jefe de la delegación en los diálogos con ese grupo, Álvaro Jiménez, aseguró que su designación como grupo terrorista no afectará los diálogos de paz.“Digamos que asumimos que no es una novedad para Colombia adelantar conversaciones que buscan la solución negociada del conflicto con grupos que están designados como organizaciones terroristas. Por tanto, no habría una modificación sustantiva de lo que estamos desarrollando. Lo que sí, digamos, es natural al procedimiento normal de cualquier escenario de conversaciones es estar atentos a los desarrollos y a las dinámicas que están sucediendo en el entorno y nosotros estamos haciendo una observación de ello, como lo hace también el conjunto de la comunidad internacional”, dijo.Según las delegaciones, los compromisos buscan reducir las violencias en los territorios, impulsar su transformación social y avanzar en la transición del grupo armado hacia una condición de ciudadanía plena, en consonancia con los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición.Asimismo, según Jiménez, se reiteró el compromiso de exigir el cumplimiento del rol del Estado en las regiones donde este grupo tiene incidencia, y de informar a la opinión pública sobre los avances y alcances del espacio de conversación.Y es que la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos anunció el martes 16 de diciembre la inclusión del Clan del Golfo en la llamada Lista Clinton, administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).De acuerdo con la OFAC, el Clan del Golfo fue designado como una organización criminal transnacional y grupo terrorista, lo que implica riesgos de sanciones secundarias bajo la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886. La entidad también lo vincula con actividades relacionadas con el narcotráfico.
Sesenta años después de su muerte en combate, el nombre de Camilo Torres Restrepo volvió al centro del debate público. La confirmación sobre el paradero de sus restos, anunciada esta semana, cerró una de las búsquedas más largas y simbólicas del conflicto colombiano.En entrevista con El Radar, de Blu Radio, la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, Luz Janet Forero, fue contundente al despejar cualquier sospecha: “Para nosotros, para el equipo forense y para expertos internacionales, no hay ninguna duda de que se trata del padre Camilo Torres”.La entrega digna y el cierre de una búsqueda históricaForero explicó que la entrega digna realizada este fin de semana no fue un acto improvisado ni simbólico sin sustento técnico. Al contrario, fue el punto final de un proceso investigativo largo y complejo que incluyó trabajo de campo, análisis forenses, antropológicos y validaciones internacionales.“La entrega digna es el culmen de la búsqueda. Es un momento de dignificación y de memoria”, afirmó. Aclaró además que, según los protocolos de la Unidad, estos actos no son públicos y se realizan con las personas buscadoras, en este caso la llamada “familia social” del sacerdote.Camilo Torres y una historia marcada por la polémicaCamilo Torres Restrepo murió en 1966, en su primer combate tras unirse al Ejército de Liberación Nacional. Desde entonces, surgieron múltiples versiones sobre su muerte y, sobre todo, sobre el destino de su cuerpo. Durante décadas, esa incertidumbre alimentó una leyenda que mezcló fe, política y revolución.Fundador de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, Camilo Torres fue una figura profundamente influyente, tanto por su pensamiento social como por la controversia de haber optado por la lucha armada.Ciencia, expertos y una frase que marcó el procesoUno de los momentos clave de la entrevista fue cuando Forero defendió el rigor del trabajo adelantado: “Los cuerpos nos hablan, los cuerpos nos cuentan historias, y leer esas historias toma tiempo”. La directora detalló que incluso participaron expertos internacionales, entre ellos forenses con experiencia en identificaciones emblemáticas en otros países.Aunque el proceso enfrentó enormes dificultades —como la degradación del material genético tras 60 años—, la acumulación de evidencias permitió llegar a una certeza plena. “Esto no fue una sola prueba, fue una línea robusta de evidencias”, insistió.Con la entrega digna, la Unidad dio por concluida su misión. Lo que venga ahora, dijo Forero, pertenece al terreno de la memoria histórica y del debate social. Pero una cosa quedó clara: la búsqueda terminó y la duda, finalmente, se cerró.
Lo que parecía un puesto de control de rutina se convirtió en un duro golpe contra las mafias del narcotráfico luego de que agentes de la División de Tránsito y Transportes de la Policía Nacional incautaran más de dos toneladas de marihuana que estaban listas para su comercialización.El mayor Roberto Bautista Escobar dijo a Blu Radio que el operativo se cumplió en el corregimiento de San Juan, a unos 15 kilómetros de la ciudad de Ipiales, en la frontera sur entre Colombia y Ecuador.Los agentes que realizaban un puesto de control hicieron el pare a un automotor tipo furgón en cuyo interior se simulaba el transporte de una carga de mercancías, pero al inspeccionar los más de 399 paquetes que estaban bien cubiertos, las autoridades se sorprendieron al hallar los cerca de 2.092 kilogramos de marihuana, dijo Bautista.Según el oficial, el conductor, quien viajaba solo, guardó silencio y se investiga el destino de la droga, pues por la cercanía a la frontera se podría pensar que el cargamento iba a ser entregado en algún cantón del vecino país de Ecuador.Durante la acción policial, los uniformados capturaron al conductor del furgón e incautaron un celular que, de acuerdo a las primeras informaciones, podría dar pista a los investigadores de la procedencia y el destino que tendrían las dos toneladas de marihuana.Bautista señaló que en lo que va corrido del año son cinco las toneladas de marihuana y cocaína incautadas en operativos aislados, consolidando la ofensiva de las autoridades contra el flagelo del narcotráfico en esta parte del noroccidente del país.El automotor y la droga incautada fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.
Un juez condenó a 27 años y seis meses de prisión a Hernán Giovanni Arteaga Plazas, conocido como alias 'El Obrero', por su responsabilidad en el homicidio de cuatro personas en hechos ocurridos entre febrero y marzo de 2003 en el departamento de Boyacá. Los hechos fueron declarados delitos de lesa humanidad por la Fiscalía General de la Nación, a través de su Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos.De acuerdo con la investigación, alias 'El Obrero' hizo parte de una red sicarial conocida como “Las Especiales” o “Urbanos”, una estructura criminal que actuaba al servicio de las Autodefensas Campesinas de Casanare. Este grupo se encargaba de ejecutar homicidios selectivos como parte de un plan para atacar a personas que eran señaladas, sin pruebas, de colaborar con otros grupos armados ilegales o de representar un supuesto riesgo para la convivencia.Las víctimas fueron tres hombres y un adolescente, asesinados en distintos puntos del departamento. Según la investigación, los crímenes se cometieron en la vía Tunja, Arcabuco, en el alto de Cucaita, entre Tunja y Villa de Leyva, y en el sector conocido como Las Gemelas, sobre la vía Tunja, Paipa.Durante el proceso judicial se estableció que el hombre se hacía pasar como vendedor de minutos de celular para acercarse a las víctimas y facilitar la comisión de los homicidios. Para la justicia, estos hechos no fueron aislados, sino parte de una estrategia criminal organizada.El hombre fue condenado por el delito de homicidio agravado y la sentencia ya fue notificada en el centro de reclusión donde alias 'El Obrero' permanece privado de la libertad por otros procesos.
En Colombia, la cuota alimentaria no es un tema opcional ni depende de la buena voluntad. Es una obligación legal que deben asumir, sin excepción, padres y madres que no viven con sus hijos tras una separación.Ahora, un baldado de agua fría cayó para quienes pretendan evadir su responsabilidad, pues el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dejó claro que no habrá espacio para excusas ni dilaciones cuando se trate del bienestar de los menores.Ante ello, se aclara que la cuota alimentaria debe fijarse, preferiblemente mediante un acuerdo en la comisaría de familia del lugar donde reside el menor de edad. Allí se establecerá el valor mensual que uno de los progenitores debe consignar al otro para cubrir las necesidades del hijo.¿Qué debe incluir la cuota alimentaria en Colombia?No se trata únicamente de alimentación. El monto se define según los ingresos del padre o madre obligado y los gastos reales del menor. Dentro de la cuota se evalúan aspectos como:Alimentación.Servicios públicos.Arriendo, cuando aplique.Educación.Recreación y demás necesidades básicas.Pero no es lo único, pues existen gastos extraordinarios que deben asumirse por partes iguales entre ambos padres, como:Matrícula escolar.Uniformes y útiles.Gastos médicos ocasionales.El valor acordado también se ajusta anualmente conforme a lo pactado en el acta de conciliación, ya sea con base en el incremento del salario mínimo o en el IPC.ICBF ordena cuánto deben pagar si padre y madre no concilianCuando no existe acuerdo entre las partes, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar interviene. Si el progenitor citado se niega a conciliar o no asiste a la audiencia, el defensor de familia puede fijar una cuota provisional, incluso sin su consentimiento.Además, la norma contempla un escenario frecuente: cuando el padre o madre afirma que no trabaja. En ese caso, el ICBF presume que percibe al menos un salario mínimo legal vigente y con base en ello calcula el monto correspondiente.Con esto se busca que los menores no queden desprotegidos por maniobras dilatorias o excusas sin sustento. La cuota es un derecho del niño o la niña, no una negociación para favorecer a uno de los padres.Se acabaron las excusas para no responder por los hijosEl mensaje es claro: quiera o no, el padre o la madre debe asumir su responsabilidad. La intervención del ICBF refuerza la obligación legal y garantiza que, aun sin acuerdo, exista una cifra definida para proteger los derechos del menor.Más allá del trámite jurídico, el fondo del asunto es el bienestar de los hijos. La ley respalda ese principio y ahora las autoridades endurecen su postura frente a quienes intenten eludirlo.
Como José Janir Escobar Bastidas fue identificado el labriego de 41 años que murió cuando ayudaba en las labores para apagar un voraz incendio de cobertura vegetal que amenaza importantes zonas de reserva y cultivos en el sector La Loma, del centro poblado de Maito, zona rural de Tarqui, Huila.El campesino, quien era habitante de la zona, falleció cuando, al parecer, en medio de las labores de extinción del fuego, cayó a un precipicio, perdiendo la vida de manera instantánea.“Lastimosamente, en la tarde de ayer (viernes) se presentó un incendio forestal en el centro poblado de Maito, zona rural del municipio de Tarqui. Era un incendio que amenazaba una zona de importancia. La comunidad inició labores de control y extinción mientras llegaba el personal de Bomberos y, en esa maniobra, lastimosamente una persona del sector que estaba vinculada a las labores de extinción cayó a un precipicio, perdiendo la vida de manera instantánea en el sitio”, confirmó el capitán Édison Fernández, delegado departamental de Bomberos Huila.Al lugar llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Tarqui y del municipio de Timaná, que se sumaron a las labores de extinción y contención del incendio. Con apoyo de la comunidad, lograron ubicar el cuerpo, extraerlo y trasladarlo al centro poblado.“Es una noticia que enluta al departamento, una situación muy compleja. Es una persona que deja dos menores de edad huérfanos, y son situaciones que pueden presentarse por la complejidad de este tipo de eventos”, señaló el delegado departamental de Bomberos Huila.Ante esta lamentable situación, que deja una persona fallecida, los organismos de socorro reiteran que las quemas para la preparación de cultivos están prohibidas en el departamento.“El llamado a la comunidad es a evitar realizar quemas a cielo abierto. Recuerden que las quemas están prohibidas, pues situaciones como esta generan riesgos graves. Igualmente, pedimos a la comunidad que se abstenga de realizar este tipo de acciones y que, cuando apoyen en labores de extinción, prioricen siempre su seguridad para evitar que hechos como este se repitan en el departamento”, puntualizó.Este incendio forestal, que fue controlado por personal de bomberos con el apoyo de la comunidad, arrasó más de 10 hectáreas de cultivos y vegetación.
El precandidato presidencial Aníbal Gaviria afirmó que quienes promueven la abstención “le tienen miedo a la democracia”, durante una entrevista en Recap de Blu Radio. El aspirante sostuvo que invitar a no participar en mecanismos ciudadanos es deslegitimar el voto. Gaviria cuestionó además el rumbo del Gobierno del presidente Gustavo Petro, al señalar que “está dedicado a la campaña política” y que gobernar sería su “tercer objetivo”. También criticó lo que calificó como falta de autocrítica del mandatario. “Un gobernante tiene que aceptar la crítica”, expresó.Sobre la posibilidad de una Asamblea Constituyente, el candidato la consideró innecesaria y contradictoria. “(El presidente Petro) Le prometió al país que no haría eso”, afirmó, y aseguró que se trataría de una estrategia electoral. En su concepto, Colombia necesita estabilidad institucional y acuerdos amplios.En materia de seguridad, calificó la política de “paz total” como un “fracaso absoluto”. Anunció que priorizará el fortalecimiento presupuestal de la fuerza pública. “Si no hay seguridad, los demás derechos se alejan”, advirtió.Frente a la reforma a la salud, defendió cambios estructurales, pero con diálogo y equilibrio. “Una reforma sí había que hacerla, pero no a las patadas”, dijo, al proponer un sistema mixto que construya sobre lo ya existente. Insistió en evitar la politización del debate.También planteó que las EPS deben ser financieramente sólidas y mejorar la atención al usuario. “Se acaban las filas de seis horas… tendrán máximo una hora para atender”, prometió. Señaló que la eficiencia en el servicio será un eje central de su propuesta.En el plano económico, sostuvo que el país debe replantear su mirada sobre la informalidad. “El informal es un héroe”, afirmó, al indicar que el Estado debe adaptarse para facilitar crecimiento y emprendimiento. Prometió aumentar el salario mínimo sin generar efectos negativos en el empleo.Finalmente, Gaviria resaltó el papel del deporte como herramienta social y recordó su cercanía con figuras como Mariana Pajón, Egan Bernal, Rigoberto Urán y Nairo Quintana. “En nuestro Gobierno va a haber un tremendo apoyo al deporte”, aseguró. Destacó que esta política serviría como antídoto frente a la violencia y las drogas.
El expresidente Juan Manuel Santos reapareció en un video difundido en redes sociales para defender el decreto con el que, en 2018, delimitó la llamada Línea Negra de la Sierra Nevada de Santa Marta y reconoció como sagrados cientos de sitios para los pueblos indígenas de ese territorio. Su pronunciamiento se da luego de que el Consejo de Estado declarara la nulidad de esa norma, decisión que ha generado preocupación entre comunidades ancestrales y organizaciones de derechos humanos.En su mensaje, Santos recuerda que el Decreto 1500 fue el resultado de años de diálogos con los pueblos arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo, y que su propósito fue dar protección jurídica a un sistema de espacios sagrados que ya existía en la tradición indígena. Según el exmandatario, la decisión del alto tribunal representa un retroceso en materia de reconocimiento cultural y de protección de esos territorios espirituales, por lo que llamó a encontrar salidas que mantengan vigentes las garantías para los pueblos de la Sierra.La llamada Línea Negra es la delimitación espiritual y territorial que los pueblos indígenas de la Sierra han trazado sobre 348 sitios sagrados que conectan la cumbre con el mar y que, según sus autoridades, sostienen el equilibrio ambiental y cultural de la región. El decreto expedido en 2018 amplió formalmente esos espacios protegidos y les dio un marco de especial protección en la normativa colombiana.Sin embargo, el Consejo de Estado anuló recientemente esa norma al considerar que, en su expedición, no se garantizó plenamente la participación de otras comunidades étnicas y actores del territorio, lo que abrió un nuevo capítulo de debate jurídico y político alrededor de la Sierra Nevada.Frente a ese escenario, Santos insistió en que el Estado tiene la obligación de honrar los compromisos adquiridos con los pueblos indígenas y proteger los espacios sagrados que hacen parte de su cosmovisión. Su pronunciamiento se suma a los llamados de autoridades tradicionales de la Sierra, que han advertido que la nulidad del decreto pone en riesgo su cultura y su relación histórica con el territorio.Mientras tanto, el Gobierno de Gustavo Petro ya dio instrucciones a la Agencia Nacional de Tierras para buscar, a través de instrumentos legales y, eventualmente, la compra de predios, fórmulas que permitan seguir garantizando la preservación de la Línea Negra pese al fallo del Consejo de Estado, en medio de una discusión que apenas comienza y que tendrá efectos directos sobre la protección de uno de los territorios ancestrales más emblemáticos del país.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) publicó un proyecto de resolución que habilita una nueva oportunidad para que los generadores de energía se acojan al denominado precio de escasez inferior del cargo por confiabilidad. La iniciativa busca ajustar las reglas del mercado mayorista y garantizar la atención de la demanda eléctrica en condiciones críticas, como sequías o fenómenos de El Niño, incentivando la contratación de energía a largo plazo y asegurando la disponibilidad de oferta eficiente.El proyecto plantea mecanismos de transición para plantas existentes y futuras, tanto de corto como de largo plazo, con el objetivo de armonizar el cargo por confiabilidad con los nuevos precios de escasez y asegurar que el sistema cuente con capacidad suficiente para atender la demanda futura.En este contexto, Empresas Públicas de Medellín (EPM) aclaró que no se acogió a esta fórmula porque, según la compañía, iría en contra del planeamiento energético que permite gestionar los embalses y garantizar la continuidad del servicio durante fenómenos climáticos adversos. La compañía señaló que estas medidas pueden generar penalizaciones que incrementen el riesgo sobre los ingresos esperados.“La fórmula propuesta plantea un precio de referencia que genera penalizaciones económicas y desincentiva la inversión en nuevos proyectos de generación, lo que incrementa el riesgo de desabastecimiento en condiciones críticas”, indicó la empresa en un comunicado.A este debate se suman análisis de expertos del sector energético. Julio César Vera, gerente general de Valjer Energy, explicó que el precio de la energía para los usuarios no depende únicamente del mercado de bolsa, sino de varios componentes como generación, transmisión, distribución y comercialización.“El precio final de la energía es la suma de todos los componentes de la cadena. El componente de generación es el que más ruido genera, pero no es el único que determina la tarifa. Si se limitan los beneficios del mercado, se pueden frenar proyectos nuevos y poner en riesgo el cubrimiento de la demanda a mediano y largo plazo”, explicó Vera.Vera advirtió que este tipo de medidas regulatorias podrían afectar la expansión del sistema eléctrico, especialmente de cara a las subastas del cargo por confiabilidad que buscan garantizar el suministro para los años 2029 y 2030.Finalmente, el experto subrayó que las decisiones regulatorias deben equilibrar el beneficio inmediato para los usuarios, pues las medidas deben garantizar un mercado eficiente, competitivo y sostenible.
El secretario de Gobierno de Santa Marta, Camilo George, se pronunció en Mañanas Blu 10:30 sobre la situación de seguridad en la ciudad y aclaró las razones del cierre del Parque Tayrona, uno de los destinos turísticos más importantes del país. Según explicó, la decisión no está relacionada con la presencia de grupos armados ilegales, sino con un conflicto puntual derivado de una intervención administrativa.“El cierre del Parque Tayrona, según nos ha informado directamente Parques Nacionales, no obedece a la presencia de grupos armados o algún tipo de confrontación al interior del Parque Tayrona, sino que obedece a un conflicto que hay con una comunidad indígena y una comunidad campesina”, afirmó el funcionario.De acuerdo con George, el pasado 11 de febrero la Unidad de Parques Nacionales, junto con otras entidades, realizó una intervención dentro del parque para desalojar construcciones levantadas de manera ilegal en terrenos que pertenecen al Estado. Tras el procedimiento, se generó una confrontación en la entrada del parque.“Una comunidad hizo unas construcciones en terrenos que pertenecen a Parques Nacionales (…) lo que conllevó a un proceso administrativo que se hizo efectivo el 11 de febrero, y posterior a ese proceso administrativo de demolición se generó ese conflicto”, explicó.Conflicto en la entrada y cierre preventivoEl secretario detalló que, tras el desalojo, integrantes de estas comunidades se ubicaron en los accesos, impidieron el ingreso de visitantes y realizaron cobros. “Hubo un conflicto entre Parques Nacionales y el grupo de indígenas y campesinos, y eso conllevó a que estas comunidades se tomaran la taquilla, prohibieran el ingreso y cobraran unos ingresos”, indicó.En ese contexto, Parques Nacionales emitió una resolución argumentando razones de seguridad. Sin embargo, George señaló que esta redacción pudo generar interpretaciones equivocadas sobre enfrentamientos entre estructuras criminales. “Eso no quiere decir que se desconozca que hay retos (…) pero tiene una diferenciación con el caso específico del Parque Tayrona”, precisó.Seguridad en Santa Marta y presencia de grupos armadosEl funcionario reconoció que Santa Marta y el Magdalena enfrentan problemas estructurales de seguridad. “Es innegable que Santa Marta y el departamento del Magdalena tiene injerencia de grupos armados al margen de la ley”, manifestó.También confirmó la presencia de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y confrontaciones con el Clan del Golfo por el control de rentas ilegales. “Es innegable decir que este grupo lo que ha hecho hasta el momento es fortalecer su línea de extorsión, principalmente”, sostuvo.No obstante, insistió en separar esa problemática del cierre actual del Parque Tayrona.Reapertura del Parque TayronaSobre la reapertura, el secretario señaló que la administración local ha solicitado celeridad. “Lo que hemos pedido es (…) démosle celeridad en cuanto se puede reaperturar el parque”, afirmó, al recordar que el Tayrona recibe más de 900.000 visitantes al año.Las autoridades esperan que la medida sea temporal mientras se supera el conflicto en los accesos y se restablecen las condiciones para el ingreso de turistas.Escuche la entrevista completa acá:
El Instituto Nacional de Salud (INS) estuvo esta semana en el departamento de Córdoba, donde se mantiene una emergencia por el paso de un frente frío que ha dejado a millares de personas damnificadas. En el marco de esta situación, la entidad adelantó acciones de apoyo en salud pública y realizó la transferencia a título gratuito de antivenenos para la atención de accidentes ofídicos.La directora del INS, Diana Pava, recorrió varias entidades territoriales y municipios del departamento, entre ellos Montería, Tierralta, Valencia y Montelíbano. Durante la visita, supervisó la capacidad de respuesta frente a eventuales emergencias sanitarias derivadas de la temporada de lluvias.Según explicó la funcionaria, los antivenenos están destinados a la atención de mordeduras de serpientes del género Bothrops, entre ellas talla x, mapaná, patoco y patoquilla, especies que suelen registrarse con mayor frecuencia en este tipo de escenarios. Los sueros fueron entregados al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias para su posterior distribución en los municipios de Los Córdoba, Puerto Libertador, Pueblo Nuevo, Cotorra, Tuchín, Puerto Escondido, Canalete, San José de Uré, La Apartada, San Bernardo del Viento, Moñitos y Lorica.La entidad recordó que la responsabilidad del suministro de antivenenos recae en las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB), conforme a lo establecido en el Decreto 386 y la Circular 048. No obstante, el INS, en su calidad de productor público de estos biológicos, realizó la entrega como medida preventiva ante un posible incremento de accidentes ofídicos en el contexto de la emergencia.De acuerdo con cifras oficiales, en lo corrido de 2026 se han reportado 637 accidentes ofídicos en el país. Las entidades territoriales con mayor número de casos son Antioquia (85), Norte de Santander (54), Córdoba (42), Bolívar (33) y Santander (31).