Después de seis décadas, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) confirmó que los restos hallados en Bucaramanga corresponden al padre Camilo Torres Restrepo, desaparecido el 15 de febrero de 1966 en medio de hostilidades armadas en Patio Cemento, San Vicente de Chucurí.La entidad informó que la identificación fue posible tras un proceso de investigación humanitaria y extrajudicial que se extendió por más de dos años y medio e integró análisis históricos, forenses y genéticos. Entre las fuentes revisadas estuvo el testimonio de una fuente militar que, en entrevistas realizadas 20 años atrás, señaló que el cuerpo del sacerdote habría sido exhumado tres años después del combate y trasladado al pabellón militar del cementerio municipal Campo Hermoso de Bucaramanga.El hallazgo se produjo el 19 de junio de 2024, cuando la UBPD intervino ese camposanto y recuperó una urna funeraria de color caoba con apliques en alto relieve, coincidiendo con la descripción aportada. En su interior fueron hallados varios cuerpos, entre ellos uno cuyas estructuras óseas presentaban concordancia con el perfil biológico del sacerdote, incluyendo sexo, edad, estatura y lesiones compatibles con las heridas que le causaron la muerte, según registros históricos y actas oficiales de 1966.Como parte del proceso, el 16 de diciembre de 2024 la UBPD realizó una intervención en el Cementerio Central de Bogotá para la toma de muestras a familiares fallecidos de Torres Restrepo, con el fin de avanzar en los análisis genéticos comparativos. Entre julio de 2025 y enero de 2026 se ampliaron los estudios de individualización y reasociación ósea, reforzando la hipótesis de identidad con base en características biológicas y documentación histórica.“En diciembre del 2025, se entregaron muestras a un laboratorio especializado en Texas (EE. UU.) que permitió orientar la preselección de muestras con mayor contenido de ADN para su análisis en Colombia por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses”.La UBPD precisó que los análisis osteológicos fueron complementados con estudios genéticos del Instituto, los cuales confirmaron coincidencia con el perfil genético del padre de Camilo Torres, Calixto Torres. Según los resultados, “es 1.230.000.000 de veces más probable que el individuo analizado sea el hijo del señor Calixto, a que sea otro individuo de la población de referencia”.La entrega del cuerpo se realizó el domingo 15 de febrero de 2026 al padre Javier Giraldo, quien hizo la solicitud de búsqueda. Giraldo indicó que los restos permanecerán en la capilla de la Universidad Nacional de Colombia y que se está a la espera de definir la fecha de una ceremonia de homenaje, luego de que el acto previsto inicialmente no pudiera llevarse a cabo.
Sebastián Rivera, director general de la Unidad de Alimentos para Aprender (UApA), denunció que, en el periodo revisado entre 2022 y 2025, 55 de las 97 entidades territoriales, entre alcaldías y gobernaciones, redujeron la cobertura del Programa de Alimentación Escolar (PAE) a pesar de haber recibido incrementos presupuestales. Entre los territorios señalados se encuentran Villavicencio y el departamento del Atlántico.Ante este panorama, la UApA y el Ministerio de Educación Nacional anunciaron la expedición de una resolución de asignación de recursos para el PAE que estará condicionada al aumento de la cobertura. Según lo establecido, los entes territoriales deberán garantizar la atención de un número determinado de estudiantes sin disminuir la población beneficiaria. Además, el próximo 30 de abril se realizará un corte de evaluación para verificar el comportamiento de la prestación del servicio de alimentación escolar.Durante la presentación de los hallazgos, la entidad expuso un informe sobre gobernaciones y alcaldías que planearon 2026 con proyecciones de desfinanciamiento. Entre los casos con mayores brechas aparecen Santander, con una diferencia cercana a los 69.800 millones de pesos; Yumbo, con más de 21.900 millones; y Vichada, con alrededor de 19.900 millones. También figuran Meta, Magdalena, Cúcuta, Pasto, Santa Marta y Sucre, con déficits proyectados que oscilan entre 9.000 y 15.000 millones de pesos, según las cifras presentadas.La UApA también emitió una alerta sobre la implementación del PAE indígena. De acuerdo con la entidad, no todos los entes territoriales han suscrito contratos con las organizaciones indígenas, situación que deja a más de 100 niños sin acceso al programa de alimentación escolar en esos territorios.Frente a la emergencia que atraviesa el departamento de Córdoba por las inundaciones, las autoridades informaron que, mientras se mantenga suspendido el calendario escolar, se habilitará la entrega de canastas alimentarias en los municipios afectados. La medida busca garantizar la continuidad del apoyo nutricional a niños, niñas y jóvenes que actualmente no están recibiendo el servicio del PAE debido a la interrupción de las clases.
La discusión por el aumento del salario mínimo volvió al centro del debate público luego de que el presidente citara un estudio académico para defender un incremento superior al 23 %. Sin embargo, su autor, el economista Daniel Ossa, salió a aclarar el alcance real de esa investigación y a poner paños fríos a una discusión que, según él, tiene varias aristas.En entrevista este lunes 16 de febrero de 2026 en Mañanas Blu, Ossa explicó que se enteró del uso de su trabajo “por la publicación del presidente en X” y fue claro en señalar que su análisis no plantea aumentos de un solo golpe, sino una discusión de fondo sobre cómo se reparte el crecimiento económico.El estudio que abrió el debate sobre el salario mínimoOssa, profesor asistente de economía en la Universidad de Denver, explicó que su investigación fue publicada en 2018 y analiza la brecha entre el crecimiento del salario mínimo y la productividad laboral desde 2002.“El salario mínimo ha crecido por debajo de la productividad laboral por el uso de una medida errónea”, señaló. Según explicó, en Colombia se ha usado la productividad total de los factores, cuando lo relevante para hablar de ingresos es cuánto produce cada trabajador.Ahí lanzó una de las frases más contundentes de la entrevista: “Si los salarios no crecen al ritmo de la productividad laboral, ese crecimiento económico se va a otro lado”. Y fue más allá: “Se va a ganancias, dividendos, intereses y rentas, y eso agrava la desigualdad”.¿Subir el salario mínimo genera más informalidad?Frente a las críticas que apuntan a que un salario mínimo más alto dispara el desempleo y la informalidad, Osa fue directo. “Ese cálculo incluye el sector informal, porque también aporta al PIB”, aclaró, desmontando la idea de que su análisis ignore esa realidad.Además, cuestionó que el debate se concentre solo en el salario. “Los países con más informalidad son los que producen bienes de bajo valor agregado. Si queremos reducirla, la discusión no es el salario mínimo, es una política industrial”, afirmó.Inflación, gradualidad y decisiones de fondoOssa reconoció que un aumento fuerte puede tener efectos inflacionarios, como advirtió el Banco de la República, pero insistió en que su propuesta apunta a cerrar la brecha de forma progresiva. “No de un sopetón”, enfatizó.Finalmente, subrayó que su trabajo es solo una pieza del rompecabezas. “La comisión de concertación debe evaluar todos los argumentos y tomar una decisión bien informada”, concluyó el economista, citado recientemente por el presidente Gustavo Petro en medio de la polémica nacional.
A través de un comunicado, el partido Centro Democrático lanzó una alerta por riesgos electorales en el departamento del Casanare, a causa del traslado del lugar de los escrutinios para las elecciones del próximo 8 de marzo.Según la denuncia, el lugar definido para este proceso es alejado de la zona urbana de Yopal, y no cuenta con la infraestructura y la seguridad necesaria.“No existe ese encerramiento, está en obra el área y eso no brinda unas garantías físicas de seguridad. La denuncia es grave. A hoy, la Gobernación de Casanare tampoco tiene punto donde van a ser los escrutinios departamentales”, señaló a BLU Radio Jonathan Camargo, coordinador departamental, el partido Centro Democrático.En el mismo documento, el partido Centro Democrático llama la atención a su militancia a rodear el proceso electoral y pide a los entes de control las garantías necesarias para el ejercicio democrático.“El llamado es a la Procuraduría y a la Registraduría que no nos permitamos que tengamos una vulneración de los derechos electorales de los casanareños, que esto es grave para nosotros y es grave para el proceso electoral. Creemos que se puede estar configurando hasta delitos electorales de este proceso, teniendo en cuenta que no tenemos la logística”.Por estos, hechos el Centro Democrático ya interpuso una acción de tutela que ya fue admitida por un juez de Yopal.
La decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que fijó el aumento del salario mínimo en 23% abrió un intenso debate económico y jurídico en el país. Para Juan Pablo Herrera, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia, el fallo evidencia la necesidad de justificar técnicamente una decisión que impacta a millones de trabajadores y empresas.Herrera aseguró que, en el corto plazo, los trabajadores pueden estar tranquilos respecto a sus ingresos. “Seguramente terminaremos el mes de febrero con las mismas condiciones que tenemos al día de hoy”, afirmó, al explicar que el proceso judicial y los tiempos legales hacen improbable un cambio inmediato en el salario.El cuestionamiento central del alto tribunal se relaciona con la forma en que el Gobierno sustentó el incremento. Según el economista, la ley establece criterios claros, como la inflación, la productividad y el crecimiento económico, que deben guiar el ajuste salarial. Con base en cifras del Dane, la inflación en 2025 fue de 5,1% y la productividad de 0,9%, lo que habría llevado a un aumento cercano al 6%. “Si solamente tomáramos estos dos parámetros, estaríamos hablando de 6%, es decir, que entre 6 y 6,05 debería estar el incremento del salario”, explicó Herrera.En su criterio, un aumento superior podría tener efectos negativos. “Parte de la gran preocupación que los economistas tenemos es que si uno supera esos niveles de productividad e inflación, puede contribuir a más inflación”, advirtió.El Consejo de Estado, agregó, no anuló el decreto de inmediato, pero sí exigió al Gobierno justificar claramente su decisión. “El Consejo de Estado necesita un decreto que sea muy claro en cada criterio utilizado”, señaló. Según Herrera, el problema principal es la falta de una explicación cuantitativa sólida: “Lo que está extrañando hoy el Consejo de Estado es que la parte motiva del decreto pareciera nunca haberse justificado claramente de dónde salió el 23%”.El impacto de la medida también preocupa al sector empresarial. Herrera citó estimaciones del gremio Fenalco, que advierten posibles pérdidas de empleo debido al aumento en los costos laborales. “El tejido empresarial en Colombia es 99% pequeñas y medianas empresas, y eso impacta sensiblemente la estructura de costos”, explicó.Para el economista, el principal riesgo es la incertidumbre. “El país necesita certidumbre jurídica, el país necesita confianza inversionista”, afirmó. A su juicio, la inversión y el crecimiento dependen de reglas claras y decisiones sustentadas en criterios técnicos.Mientras el Gobierno evalúa acciones legales y el Consejo de Estado prepara su decisión definitiva, el futuro del salario mínimo permanece en debate. La resolución final no solo definirá el ingreso de millones de trabajadores, sino también la estabilidad económica y la confianza en las instituciones del país.
En medio de la emergencia por inundaciones que mantiene a más de 40.000 familias fuera de sus hogares, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelen, hizo un llamado a la solidaridad y a la coordinación institucional, luego de que la Comisión de Presupuesto del Concejo negara una solicitud para agilizar el traslado de recursos destinados a la atención de los damnificados.La iniciativa buscaba permitir, por seis meses y exclusivamente en el marco de la calamidad pública, mayor flexibilidad para mover recursos hacia áreas críticas como alimentación, alojamientos temporales, saneamiento, recuperación educativa y atención social en barrios urbanos y zonas rurales afectadas. La propuesta no contemplaba nuevos recursos ni endeudamiento, sino reducir trámites que pueden tardar hasta diez días.“Si hoy tuvieras el agua a la cintura, ¿esperarías 10 días para que alguien firme un trámite? Eso fue lo que intentamos evitar. Es mi deber decir con claridad que en una emergencia la rapidez en la ejecución puede marcar una diferencia real para las familias afectadas. El tiempo hoy significa alimentación. Significa techo. Significa seguridad. Significa dignidad. Significa también educación”, expresó el mandatario local al explicar el alcance del proyecto.Kerguelen afirmó que, aunque respeta el análisis jurídico presentado por la Comisión de Presupuesto, la administración continuará actuando dentro del marco legal para atender la emergencia y buscará mecanismos que permitan acelerar la respuesta institucional.“Hay instituciones educativas afectadas. Hay calendarios escolares que requieren atención urgente para no seguir retrasando el proceso académico. Cada día adicional en un alojamiento temporal aumenta las dificultades para muchas familias. Como alcalde, mi prioridad es la gente. Y vamos a seguir actuando dentro del marco legal para atender esta emergencia con la mayor eficiencia posible”, indicó Kerguelen.La Alcaldía recordó que esta emergencia ha afectado a más de 40 mil familias que permanecen fuera de sus hogares y que se necesita atención social especialmente en barrios de la Comuna 1 y 2, así como en la zona rural, incluyendo Las Palomas, Guasimal, Loma Verde y Pueblo Bujo.Kerguelen aseguró que seguirá gestionando los traslados presupuestales necesarios y que insistirá en herramientas que faciliten una atención más rápida y eficaz a las comunidades afectadas por las inundaciones.
Sala de Prensa aborda una agenda marcada por economía, política, crisis humanitaria y testimonios que ponen rostro a las cifras. En esta emisión del domingo 15 de enero de 2026, el análisis y la reportería se cruzan para explicar decisiones clave de Colombia y realidades que impactan a miles de personas.Juan Pablo Herrera, decano de Economía de la Universidad Externado de Colombia, analizó el fallo del Consejo de Estado sobre el salario mínimo y los alcances reales de la emergencia económica.Pedro Viveros, analista político, revisó el panorama electoral, las consultas interpartidistas y las estrategias que empiezan a definir la carrera presidencial.Juan Camilo Restrepo, experto ambiental de la Universidad del Norte, explicó las causas técnicas de las inundaciones en Córdoba y los retos en gestión del riesgo frente al cambio climático.Daniela Pachón, periodista de Noticias Caracol, relató desde terreno la situación de más de 150.000 damnificados y las historias de pérdida y solidaridad.Alejandra Montoya contó su detención de 128 días por el ICE en Estados Unidos y el impacto de ese proceso en su vida familiar.María Antonia, su hija, compartió el miedo y las secuelas psicológicas tras su reclusión, cuyo testimonio se volvió símbolo nacional.Luis Carlos Rueda cerró con cine y entretenimiento, repasando estrenos de cartelera y novedades en plataformas digitales.Escuche el programa completo aquí:
Una triste noticia estremece al departamento de Antioquia luego de que se conociera la muerte de un joven de 16 años que cayó al vacío al no percatarse de los daños que había en el puente que pasa sobre el río Mulatos, esto en el municipio de Necoclí.Al parecer, el adolescente se transportaba en la madrugada de este 15 de febrero en una motocicleta y cayó al abismo, muriendo debido al fuerte impacto. Los vecinos de la zona y acudieron a tratar de socorrer al joven, pero ya el menor de edad había fallecido.Hay que recordar que la infraestructura que pasa sobre el río Mulatos sufrió graves daños debido a las fuertes lluvias que cayeron sobre el Urabá antioqueño. El puente colapsó y dejó incomunicados a los municipios de Necoclí y San Juan de Urabá.La estructura de cerca de 60 metros de longitud también comunica a los departamentos de Antioquia y Córdoba, por lo que las autoridades investigan cómo ocurrió este hecho, puesto que habitantes de la zona sabían con anticipación las labores que se adelantan en el puente, esto para tratar de habilitar nuevamente el paso vehicular.Recordemos que ya la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo habilitó un puente, por lo que ya la Gobernación de Antioquia adelanta labores en los cimientos y en aproximadamente un mes se instalará la infraestructura para poder restablecer la movilidad sobre esta vía de carácter nacional.En la zona donde ocurrió el incidente, la población civil le ha pedido a las autoridades locales y departamentales para que señales sean más visibles y no se vuelva a ocurrir este tipo de siniestros que hoy enlutan al Urabá antioqueño.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) por medio de un comunicado mencionó que las lluvias persistentes en la cuenca alta del río Sinú podrían generar incrementos significativos en los niveles del río, especialmente en municipios cercanos como Tierralta, Montería y Lorica.Aunque no se esperan volúmenes similares a los registrados a comienzos del mes de febrero, no se descartan desbordamientos en zonas puntuales en las que ya existen antecedentes de inundaciones.El pronóstico indica que la creciente podría transitar desde el embalse hacia la parte media y baja de la cuenca durante el 20 de febrero, con caudales que superarían los 1.100 metros cúbicos por segundo en puntos como Montería y Lorica, antes de disminuir hacia la desembocadura.“Los aportes de caudal al embalse han disminuido con respecto a los valores máximos presentados (...) Sin embargo, las lluvias en la cuenca aportante al embalse se seguirán presentando, por lo que hay que permanecer alerta ante nuevos incrementos de caudal” anunció la Hidroeléctrica Urrá en el comunicado oficial de la mañana del 15 de febrero.La alerta roja continúa vigente debido a que se prevén más lluvias en la cuenca alta del río Sinú durante los próximos días. La hidroeléctrica también informó que mantendrá monitoreo constante tanto del embalse como de los caudales del río, mientras el Ideam sigue evaluando el comportamiento hidrológico.Las autoridades recomiendan a las comunidades ribereñas mantenerse atentas a los comunicados oficiales, reforzar las medidas de prevención y evitar exponerse en sectores con riesgo de inundación.
El informe preliminar sobre el accidente del Beechcraft 1900D matrícula HK-4709, operado por Satena, concluye que la aeronave se estrelló contra una zona montañosa de Norte de Santander mientras descendía hacia el aeropuerto de Ocaña. Según la investigación, el avión inició el descenso con normalidad y mantuvo comunicación con el control aéreo hasta minutos antes del impacto. Los investigadores describen un choque frontal en trayectoria definida y sin fallas previas aparentes.Los últimos registros muestran que el avión descendía rápidamente y perdió contacto tras reportar que estaba a unas 15 millas del destino. Poco después, los sistemas dejaron de enviar datos y se confirmó el impacto en una montaña a unos 6.881 pies de altura, en una zona de difícil acceso. El reporte técnico indica que la aeronave chocó con rumbo aproximado de 286° contra una ladera empinada, en un impacto frontal.La dispersión de restos en un tramo superior a 140 metros y los daños severos en fuselaje, alas y cabina evidencian un choque directo con el terreno, lo que apunta preliminarmente a un evento de tipo vuelo controlado contra el terreno durante la fase de descenso. Aún falta que la investigación profundice en factores humanos y otras variables operacionales.“En el marco de las actividades de inspección y reconstrucción se logró establecer, de manera preliminar, la dinámica del impacto contra el terreno montañoso. La segunda inspección de los restos no evidenció, en la estructura ni en sus componentes, trazas de hollín ni fallas pre-impacto”, destaca puntualmente el informe.El documento también advierte que la escena del accidente fue alterada antes de la llegada de los investigadores, ya que habitantes del sector manipularon restos y recuperaron víctimas, lo que complicó la reconstrucción exacta de los últimos segundos. Aun así, el análisis de los registradores de vuelo y la distribución de piezas permitió establecer que no hubo explosión en el aire y que la aeronave se destruyó al impactar la montaña.La investigación sigue abierta y aún faltan análisis técnicos clave, como factores humanos, condiciones meteorológicas detalladas y funcionamiento de sistemas. Sin embargo, los hallazgos preliminares apuntan a que la combinación de descenso, terreno montañoso y pérdida de referencia situacional fueron determinantes en la tragedia aérea que dejó 15 personas fallecidas.
Dos integrantes de las disidencias de las Farc se sometieron voluntariamente a la justicia en zona rural de López de Micay, en el departamento del Cauca. Tras una operación conjunta de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aeroespacial, los hombres, pertenecientes a la estructura ‘Jaime Martínez’, vinculada a las disidencias lideradas por Iván Mordisco, se presentaron ante las autoridades.Los hombres manifestaron su intención de abandonar las armas tras la presión sostenida de operaciones ofensivas en esta zona estratégica del departamento del Cauca. La entrega se produjo en una región marcada por el accionar de grupos armados ilegales, donde las comunidades han denunciado constantes riesgos por combates, explosivos y presencia de estructuras criminales.Durante el procedimiento, los sometidos entregaron un arsenal de armas, entre ellos 12 fusiles, dos pistolas, 26 proveedores y más de 600 cartuchos, además de dos granadas y cañones cortos para ametralladora M-60. También fueron puestos en manos de las autoridades artefactos explosivos improvisados, entre ellos dos cilindros con cerca de 50 kilos de explosivos cada uno, detonadores eléctricos y unos 600 metros de cordón detonante, material que representaba un alto riesgo para la población civil.Junto al armamento, se incautaron equipos de comunicación y elementos de intendencia utilizados por la estructura armada. Tras asegurar el área, los hombres recibieron atención médica y quedaron bajo custodia para iniciar su proceso judicial y eventual reintegración, en medio de los protocolos establecidos para este tipo de sometimientos.
La Contraloría General de la República anunció la activación de un mecanismo de Especial Seguimiento a los recursos destinados para atender la emergencia invernal que golpea al país, en medio del recrudecimiento de la temporada de lluvias y tras múltiples denuncias ciudadanas sobre la ejecución de ayudas y contratos. La medida se concentra en la gestión fiscal de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y en la implementación del nuevo Decreto de Emergencia Económica expedido por el Gobierno Nacional.De acuerdo con el más reciente balance oficial, con corte al 6 de febrero de 2026, se han registrado 293 eventos asociados a la temporada de lluvias en 24 departamentos y 188 municipios. La emergencia deja 209.839 personas afectadas —correspondientes a 51.979 familias—, así como 26 fallecidos, 9 heridos y 3 desaparecidos en todo el territorio nacional.Aunque la situación es de alcance nacional, el ente de control encendió las alertas por la magnitud de la afectación en Córdoba. De las 4.597 viviendas destruidas en el país, 4.298 se concentran en ese departamento, donde además se reportan 4.023 viviendas afectadas, cinco personas fallecidas, tres heridas y dos desaparecidas. A esto se suma la declaratoria de alerta roja en el embalse de Urrá, lo que agrava el panorama regional.El Especial Seguimiento anunciado por la Contraloría consiste en un examen continuo y sistemático sobre la ejecución de los recursos públicos destinados a la emergencia. El objetivo es verificar en tiempo real el cumplimiento de metas, la correcta destinación presupuestal y la transparencia en la contratación de obras y servicios para la reconstrucción y atención humanitaria.Entre las acciones adoptadas se encuentran requerimientos formales a la UNGRD sobre el Plan de Acción Específico (PAE), articulación con comités departamentales y municipales de gestión del riesgo, participación en Puestos de Mando Unificado (PMU) y verificaciones en territorio con apoyo de personerías y veedurías ciudadanas.La entidad también advirtió que el mayor desafío identificado es la falta de articulación entre municipios, departamentos y la UNGRD. Asimismo, señaló que la entrega de ayudas humanitarias aún no cubre a la totalidad de los afectados y que algunos municipios no han reportado oportunamente el Registro Único de Damnificados, lo que dificulta la focalización de los recursos.En materia presupuestal, el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo cuenta con $1,69 billones disponibles para 2026 y reservas presupuestales cercanas a $1 billón correspondientes a 2025, recursos que podrían utilizarse de manera inmediata en la porción no comprometida. La Contraloría vigilará además el paquete de medidas tributarias que acompañará el Decreto de Emergencia, insistiendo en que cada peso recaudado debe destinarse exclusivamente a la atención de la crisis.
En medio de la recta final hacia las elecciones del próximo 8 de marzo, el registrador nacional, Hernán Penagos, salió al paso de la controversia generada por la instrucción impartida a los jurados de votación sobre cómo diligenciar el formulario E-14, documento clave en el proceso de escrutinio electoral en Colombia.En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, el funcionario fue enfático en señalar que la directriz de dejar en blanco las casillas donde los partidos no obtienen votos “se ha hecho por décadas” y no constituye ningún riesgo de fraude, como lo sugirió el presidente Gustavo Petro en redes sociales.¿Qué es el formulario E-14 y por qué es clave en las elecciones?El formulario E-14 es el acta electoral que diligencian los jurados de votación una vez concluye el conteo de los votos en cada mesa. Este documento contiene el número de votos obtenidos por cada partido o candidato y sirve como base para el preconteo y el escrutinio oficial.La polémica surgió luego de que el presidente Petro cuestionara que se dejaran casillas en blanco en el E-14, argumentando que ello podría abrir la puerta a manipulaciones posteriores. Frente a ello, el registrador explicó que marcar con equis, tachones o círculos los espacios sin votos genera dificultades técnicas.“Hace cuatro años esos E-14 donde no obtenían votos se llenaban de equis y tachones. Eso generó serias dificultades en la digitalización, en la transmisión y en el escrutinio”, sostuvo.Penagos precisó que la instrucción actual busca evitar problemas en la lectura óptica y en la publicación de las actas, las cuales serán digitalizadas y puestas a disposición de la ciudadanía. “Dejarlos en blanco es la posibilidad para que no se generen contratiempos en la digitalización, en la transmisión y en el escrutinio”, reiteró.Transparencia electoral y control ciudadanoUno de los puntos centrales de la entrevista fue la garantía de transparencia en el proceso electoral. El registrador recordó que en cada mesa hay seis jurados de votación, testigos electorales designados por los partidos, delegados de la Procuraduría y observadores internacionales.Además, explicó que los testigos pueden tomar fotografías de cada E-14 al momento de su diligenciamiento, lo que permite comparar posteriormente las actas publicadas en la página oficial de la Registraduría. “No hay ninguna posibilidad de que se alteren las actas electorales porque hay fotos de ellas y porque se van a digitalizar”, aseguró.Penagos también fue contundente al señalar dónde, a su juicio, radican los verdaderos riesgos para la democracia: “¿Sabe dónde está el fraude? El fraude está en la compra de votos, en la intervención de recursos públicos en campañas, en el constreñimiento al elector. Ahí es donde está el fraude en Colombia”.Córdoba y la contingencia por la ola invernalMás allá de la controversia por el E-14, la Registraduría enfrenta retos logísticos en el departamento de Córdoba, especialmente en Montería, debido a las inundaciones provocadas por la ola invernal. Algunos puestos de votación han sido afectados o utilizados como albergues.El registrador anunció jornadas especiales de identificación para ciudadanos que perdieron su cédula. “No se está cobrando por la obtención del documento en razón a la tragedia”, indicó.Asimismo, descartó por ahora la suspensión o aplazamiento de elecciones en esa región. “Estamos buscando mecanismos alternativos para trasladar los puestos y las mesas. Vamos a garantizar que la gente pueda salir a votar sin dificultades”, enfatizó.Jurados de votación y testigos electoralesDe cara al 8 de marzo, ya fueron sorteados cerca de 860.000 jurados de votación, quienes se encuentran en proceso de capacitación desde el 9 de febrero. Penagos hizo un llamado a asistir a las jornadas formativas: “Si no lo hacen, pueden ser sujetos de sanción, pero además es fundamental que entiendan cómo se cuentan los votos y cómo se diligencian las actas”.En cuanto a los testigos electorales, recordó que son designados exclusivamente por los partidos y candidatos ante el Consejo Nacional Electoral. “Puede haber cerca de 35 testigos por cada mesa de votación. La gente que está alrededor del proceso electoral es muy grande”, explicó.Resultados y orden del preconteoSobre la entrega de resultados, el registrador detalló que el preconteo se realizará en tres fases: primero las consultas populares, luego el Senado de la República y finalmente la Cámara de Representantes. La Registraduría realizará simulacros adicionales antes de la jornada para verificar el funcionamiento del sistema.“Desde lo operativo y lo gerencial estamos muy organizados y todo ha funcionado muy bien”, concluyó.
El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en el pago de la prima de mitad de año correspondientes a los periodos 2024 y 2025. La decisión se adoptó luego de un diagnóstico técnico, jurídico y financiero iniciado en noviembre de 2025 por la actual administración, tras detectar inconsistencias en la liquidación y desembolso de este beneficio.De acuerdo con el informe oficial, fueron revisados 42.400 pagos que suman $458.799 millones. Del total analizado, se identificaron posibles irregularidades por $260.437 millones, es decir, el 56,8 % de los recursos auditados. Entre los hallazgos figuran 4.405 pagos efectuados a personas que tenían sentencias judiciales en firme que negaban el derecho a la prestación, por un monto superior a $83.082 millones.La revisión también evidenció desembolsos a beneficiarios con pensión gracia o doble pensión, vinculaciones por fuera del rango legal, mesadas por encima de los topes permitidos y registros asociados a personas fallecidas. Además, el informe señala que el 15 de agosto de 2025 se emitió un concepto jurídico que modificó la interpretación aplicada para reconocer la prima, sin que existiera una reforma normativa o una sentencia de unificación que respaldara ese cambio.Otro de los puntos advertidos por el FOMAG fue la entrega, en septiembre de 2025, de una base de datos con información de más de 9.000 docentes a un abogado externo. La denuncia incluye a quienes habrían autorizado y ejecutado los pagos, así como al profesional que recibió la información. El vicepresidente del Fondo, Herman Bayona Abello, aseguró que la actuación busca “proteger los recursos del sistema y a los docentes afiliados”, y confirmó que el caso quedó en manos de las autoridades competentes.
Para el 2026, Colombia enfrentará una combinación de factores que presionan el sistema eléctrico: precios al alza, un estrecho margen entre generación y demanda, una deuda sectorial que supera los $4 billones, el atraso en proyectos clave y una creciente dependencia del gas importado. Ante este escenario, la tecnología emerge como una herramienta decisiva para evitar un eventual desabastecimiento de energía.Según datos del sector, el retraso en la entrada de nuevos proyectos de generación es crítico. De los 3.517 megavatios que debían entrar en operación hasta octubre de 2025, apenas lo hizo menos del 2 %, de acuerdo con cifras de Acolgen. A esto se suma la pérdida de soberanía gasífera, que obligará a importar cerca del 25 % del gas natural que consume el país, elevando los costos de generación térmica y aumentando la vulnerabilidad del sistema, especialmente si se materializa un fenómeno del Niño en 2026, cuya probabilidad es alta según la NOAA.Frente a una demanda que no cede y una oferta cada vez más tensionada, la adopción de tecnologías de eficiencia energética proyecta un crecimiento de entre el 20 % y el 40 % en 2026, impulsada por empresas que buscan blindarse ante posibles racionamientos y aumentos tarifarios. Alternativas para generar energíaEn ese contexto, la autogeneración solar fotovoltaica se consolida como una de las principales soluciones. Lo que antes era una apuesta por sostenibilidad hoy se convierte en una necesidad financiera, al permitir que industrias y comercios reduzcan su dependencia de la red nacional y su exposición a las tarifas del mercado regulado.Otra tecnología clave serán los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS), que ganarán protagonismo como respaldo crítico para procesos sensibles. Estas soluciones permiten almacenar excedentes de energía solar y utilizarlos en momentos de alta demanda o ante fallas del sistema.La gestión de datos también jugará un papel determinante. Colombia presenta niveles de ineficiencia energética cercanos al 65 %, lo que significa que solo se aprovecha productivamente el 35 % de la energía consumida, según la Unidad de Planeación Minero Energética. El monitoreo en tiempo real y el análisis de datos permitirán identificar fugas, corregir malos hábitos de consumo y reducir la facturación energética sin afectar la producción.Finalmente, la electrificación de procesos de calentamiento y la expansión de la movilidad eléctrica marcarán la agenda energética. Con más del 25 % del gas natural importado y sujeto a la volatilidad de la TRM, muchas industrias optarán por sustituir el gas por sistemas eléctricos de alta eficiencia.
La crisis humanitaria en el Catatumbo continúa agravándose. De acuerdo con cifras oficiales del Ministerio de Defensa, desde el 16 de enero del año pasado y hasta la fecha, al menos 87.438 personas han sido desplazadas como consecuencia directa de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc.En diálogo con Blu Radio, el secretario de Víctimas, Paz y Posconflicto de Cúcuta, Leandro Ugarte Mora, entregó un balance de la situación que enfrenta el municipio ante la llegada constante de familias desplazadas.“Desde el día 22 de diciembre a la fecha han llegado más de 800 familias, eso nos representa más de 2.300 personas individualmente, nuevas, o nuevos desplazamientos o personas que ya habían regresado a sus sitios de origen, y nuevamente se han desplazado”, señaló el funcionario.Ugarte recordó que, aunque las cifras actuales no alcanzan la magnitud del desplazamiento masivo registrado hace un año, el impacto sigue siendo grave. “El año pasado, ya vamos a cumplir básicamente un año del desplazamiento que se inició el 17 de enero, pero en los dos primeros días recibimos casi 5.000 personas”, precisó.Actualmente, las personas que llegan a Cúcuta se encuentran en su mayoría acogidas por familiares o redes de apoyo. Desde la administración municipal, con el respaldo de la Unidad para las Víctimas y cooperación internacional, se han dispuesto kits de alimentación y aseo, además de atención psicosocial.El secretario enfatizó que estos desplazamientos no cesarán mientras no haya una transformación real en el territorio. “Mientras el territorio del Catatumbo no sea consolidado, no haya un perfecto complejo estado social de derechos, pues la gente va a seguir en esos desplazamientos”, advirtió.Finalmente, subrayó que las familias no llegan con la intención de radicarse en la ciudad, sino buscando protección temporal: “Ellos llegan a Cúcuta pensando en que se quieren regresar lo más pronto posible a sus casas fincas, que son, pues, sus sitios donde tienen su vida, su historia, sus propiedades, su propiedad privada; es a donde quieren retornar lo más pronto posible”, aseguró.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó este martes que ya fueron entregados a sus familiares los cuerpos de todas las víctimas del accidente de la avioneta en la que perdió la vida el cantante Yeison Jiménez, siniestro ocurrido entre los municipios de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá. Con este procedimiento, la entidad dio por concluida su intervención en el caso.De acuerdo con el comunicado, Medicina Legal informó que culminaron los procedimientos técnico-científicos y médico-legales, logrando la plena identificación de los seis cuerpos que ingresaron a la entidad tras la tragedia aérea. Posteriormente, todos fueron entregados a sus familias en coordinación con las autoridades competentes.Las personas fallecidas en el accidente fueron identificadas como Juan Manuel Rodríguez, Óscar Alberto Marín, Fernando Torres Rojas, Waisman David Mora Bejarano, Jefferson Osorio Vásquez y Yeison Orlando Jiménez Galeano. El instituto también expresó un mensaje de condolencias y solidaridad a los familiares de las víctimas, reiterando su compromiso de actuar con celeridad y diligencia en este tipo de casos.Cuándo fue el accidente de Yeison JiménezEl 10 de enero del 2026 será una de las fechas más tristes para la música colombiana, pues este siniestro enlutó al país y cobró la vida del reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez, de 34 años, nacido en Manzanares, Caldas, y considerado uno de los principales exponentes del género en la última década. La avioneta, que tenía como destino la ciudad de Medellín, se accidentó en una zona rural de Boyacá y quedó completamente calcinada, según confirmaron las autoridades aeronáuticas.La Aeronáutica Civil lamentó profundamente lo ocurrido y expresó sus condolencias a los familiares, amigos y seguidores del artista, así como a las familias de los demás ocupantes y la tripulación. Mientras avanzan las investigaciones para establecer las causas del accidente, el país despide a una figura clave de la música regional colombiana y acompaña el duelo de las familias de las demás víctimas de esta tragedia aérea.
Colombia recuperará en 2026 uno de los puentes festivos más simbólicos de su calendario. Luego de varios años sin este día feriado como fin de semana largo, la conmemoración del Día de la Independencia, el 20 de julio, volverá a convertirse en puente, un hecho que no ocurría desde 2019, antes de la pandemia. La confirmación ya figura en el calendario oficial de festivos y despertó expectativas entre trabajadores y sectores económicos que tradicionalmente se dinamizan durante estas fechas.El anuncio llega en un momento clave, cuando muchas familias planean con anticipación viajes y descansos, ante el regreso de un puente que representa un impulso para el turismo, el comercio y el transporte, actividades que suelen registrar mayor movimiento en estas temporadas.Día de la Independencia vuelve a ser puente festivo en 2026La razón detrás del regreso de este festivo está en el calendario. En 2026, el 20 de julio caerá un lunes, lo que permite que el Día de la Independencia se convierta automáticamente en un puente festivo, sin necesidad de traslado. Esta situación se ajusta a lo que establece la Ley Emiliani, cuyo objetivo es concentrar los festivos al inicio de la semana para incentivar el descanso y la actividad turística y económica del país.Este escenario no se presentaba desde hace siete años, cuando en 2019 la fecha también coincidió con un lunes. Desde entonces, el aniversario patrio se celebró en días intermedios o durante fines de semana, lo que le restó atractivo turístico a la fecha.Siete años sin puente por el 20 de julio en ColombiaLa última vez que los colombianos disfrutaron de un puente completo por el Día de la Independencia fue en 2019. Entre 2020 y 2025, la fiesta patria cayó en martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo, lo que redujo su impacto festivo a una sola jornada.Por eso, el regreso del puente en 2026 tiene un valor especial. Representa la vuelta de una tradición que históricamente ha marcado los tiempos de descanso de muchas familias colombianas y ha impulsado una mayor participación ciudadana en los actos conmemorativos.Festivos y puentes confirmados en Colombia para 2026El calendario de 2026 contará con varios puentes a lo largo del año, entre ellos el del 20 de julio. Estas son algunas de las fechas clave confirmadas:12 de enero: Reyes Magos (puente).23 de marzo: San José (puente).18 de mayo: Ascensión de Jesús (puente).8 de junio: Corpus Christi (puente).15 de junio: Sagrado Corazón (puente).20 de julio: Día de la Independencia (puente).12 de octubre: Día de la Raza (puente).16 de noviembre: Independencia de Cartagena (puente).Con este panorama, 2026 se perfila como un año con varias oportunidades para el descanso y la reactivación económica, marcado por el regreso de un puente que muchos colombianos esperaban desde hace años.
Un grupo de cerca de 750 integrantes de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca llegó a Bogotá y se instaló en la Concha Acústica de la Universidad Nacional. La movilización, que arribó en 14 buses y varios vehículos, busca presionar al Gobierno para que cumpla compromisos firmados con las comunidades. “Decidimos movilizarnos hacia Bogotá en el entendido de que desde el año 86 se han venido firmando acuerdos con nuestras comunidades y esos acuerdos no han sido cumplidos”, explicó el consejero mayor Alexis Mina.El líder comunitario aseguró que el detonante más reciente fue un acuerdo firmado en 2024 tras una protesta en el peaje de Villarrica, relacionada con reforma rural, educación, salud y vivienda. “Hemos elevado comunicación al Gobierno sin respuesta, entonces la comunidad tomó la determinación de salir a Bogotá. Hemos entrado a este claustro universitario de manera pacífica”, afirmó, al señalar que la acción fue denominada simbólicamente como “con el buen modo, se saca el cimarrón del monte”.Mina aclaró que la presencia en la capital no está ligada directamente a las marchas convocadas por el presidente Gustavo Petro, aunque respaldan varias reformas sociales. “No vamos a acompañar físicamente porque tenemos una agenda propia de movilización alrededor de nuestra agenda de lucha”, sostuvo. Sobre posibles protestas en la ciudad, indicó que la decisión dependerá de lo que defina la asamblea de la organización en las próximas horas.El líder también cuestionó la falta de respuestas institucionales tras reuniones iniciales con delegados del Gobierno. “No hay todavía notificación de funcionarios con capacidad de decisión, no hay trazabilidad de documentación, no hay arquitectura documental”, dijo, señalando preocupación porque ni siquiera existirían actas claras de compromisos previos. Según relató, incluso se les pidió a las comunidades aportar esos documentos.En materia logística, los manifestantes aseguran estar preparados para permanecer el tiempo que sea necesario. “Hemos hecho unas tongas en los territorios, la preparación física de nosotros es inquebrantable”, afirmó Mina, quien aseguró que la duración de la protesta dependerá de la voluntad política del Ejecutivo. “Si el Gobierno toma la decisión de avanzar, en dos o tres días estaríamos desocupándonos de este tema; si no, no tenemos ningún problema en quedarnos acá”.La movilización también busca visibilizar la situación de orden público en el Norte del Cauca, donde, según las comunidades, persisten el reclutamiento de menores, ataques con drones y la expansión de grupos armados ilegales. “Tenemos una situación en territorio que amerita la atención por parte del Gobierno”, concluyó el consejero, insistiendo en que los puntos reclamados incluyen minería, reparación, restitución de tierras y reforma rural integral.
Lo que comenzó como una travesía por los imponentes paisajes de la Sierra Nevada de Santa Marta, el sistema montañoso litoral más alto del mundo, estuvo a punto de terminar en tragedia para el ciudadano estadounidense Clark Andrews Shimeall. El extranjero permaneció atrapado por cerca de 20 horas en las zonas altas del macizo, enfrentando condiciones climáticas adversas y un rápido deterioro de su estado de salud.La emergencia se activó formalmente el pasado viernes 13 de febrero, alrededor de las 5:00 de la tarde. Según relató la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, la alerta llegó directamente desde el consulado de Estados Unidos: "Por la situación de salud de un ciudadano norteamericano que se encontraba en la Sierra Nevada de Santa Marta. Desde ese momento iniciamos una articulación con el Ejército Nacional, el hospital San Rafael, el hospital Julio Méndez, nuestro gabinete departamental, el Ministerio de Salud, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con el fin de hacerle rescate a este ciudadano".Un operativo de alta montaña y diplomaciaLa complejidad del terreno, ubicado a más de 10.000 pies de altura, exigió una coordinación sin precedentes. La Gobernación del Magdalena informó que el éxito de la misión dependió del liderazgo de la mandataria Guerra y de un engranaje institucional que involucró al Ministerio de Salud, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la embajada de los EE. UU. y el Ejército Nacional.Sin embargo, un factor determinante fue la participación de las comunidades indígenas. Estos guardianes del territorio fueron los encargados de localizar y trasladar a Shimeall a un punto seguro para facilitar su extracción aérea. "El rescate se cumplió gracias al liderazgo de la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, y el trabajo conjunto con el Ministerio de Salud, la UNGRD, la embajada de los EE. UU, el Ejército Nacional y las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, para salvaguardar la vida del extranjero", detalló el comunicado oficial.El traslado: De Jekichen a la Unidad de Cuidados IntensivosTras ser estabilizado inicialmente por las comunidades y organismos de socorro, un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) despegó desde Bogotá con destino a la comunidad indígena de Jekichen (Yechiuin). El primer punto de atención fue Nabusimake, considerada la capital espiritual de los Arhuacos, donde el paciente recibió los primeros auxilios antes de su traslado final a Santa Marta.El diagnóstico médico fue delicado. Al momento de su extracción, Shimeall presentaba un cuadro crítico: "Equipo médico de tercer nivel atiende al ciudadano estadounidense cuyo rescate demandó casi 20 horas (...) presenta dificultades pulmonares y deshidratación severa", confirmaron las autoridades.Recuperación y respuesta institucionalUna vez el helicóptero aterrizó en el Batallón Córdoba, Shimeall fue movilizado en una ambulancia de alta complejidad hacia el Hospital Julio Méndez Barreneche. Allí, la administración departamental garantizó una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con un equipo multidisciplinario.La gobernadora Guerra destacó la celeridad del proceso a través de sus redes sociales, enfatizando que el resultado se dio en tiempo récord: "Fruto del trabajo coordinado entre el Gobierno Nacional y la Gobernación del Magdalena. Cuando se trata de salvar vidas, actuamos sin demora, con responsabilidad y compromiso".Este incidente resalta la importancia de la activación de protocolos como el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) y el Puesto de Mando Unificado (PMU), herramientas que permitieron mantener una comunicación minuto a minuto con el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y la familia del afectado en Estados Unidos.
Este domingo, 15 de febrero, en una ceremonia reservada, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) entregó simbólicamente los restos que serían de Camilo Torres Restrepo al padre jesuita, Javier Giraldo, quien en 2019 presentó la solicitud que impulsó la búsqueda del cuerpo del conocido “cura guerrillero”.El evento empezó con una eucaristía en la capilla Cristo Maestro, en el campus de la Universidad Nacional y continuó en la sede de la Unidad de Búsqueda en el centro de Bogotá.Este domingo, se conmemoraron los 60 años de la muerte de Camilo Torres quien falleció durante un enfrentamiento armado con el Ejército en zona rural de San Vicente de Chucurí, en el departamento de Santander. Su cuerpo fue sepultado de manera clandestina y durante décadas se desconoció su paradero.Sin embargo, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses continuaba los estudios periciales sobre las muestras remitidas por la UBPD, en medio de limitaciones ocasionadas por el estado y las condiciones de las estructuras óseas.Ariel Cortés, director general de Medicina Legal, informó que el equipo interdisciplinario forense sigue los protocolos establecidos en la investigación asociada a la identificación del cuerpo, y que solo se iba a pronunciar cuando existiera información concluyente siguiendo el debido proceso.El jueves de la semana pasada, la Unidad de Búsqueda había indicado que estaba a la espera de los últimos análisis forenses, necesarios para emitir el informe integral de identificación y el reporte definitivo de lo ocurrido.“Contar con el informe final integral de identificación es una condición ineludible para avanzar en el proceso de entrega digna y culturalmente pertinente del padre Camilo Torres Restrepo a su buscador”, precisó la entidad tras agregar que además de los restos contaban con muestras de familiares exhumadas en 2024, que fueron analizadas en Colombia y Estados Unidos, lo que permitió avances en la investigación.No obstante, este domingo el sacerdote jesuita Javier Giraldo, recibió un cofre marrón oscuro horas después de participar en una eucaristía en honor a Camilo Torres Restrepo.La ceremonia simbólica estuvo encabezada por la directora de la UBPD, Luz Janeth Forero, con el acompañamiento del excomisionado de Paz Danilo Rueda. La jornada se extendió por casi cuatro horas y concluyó hacia las nueve de la noche.
El presidente Gustavo Petro confirmó durante su alocución de la noche de este domingo 15 de febrero de 2026 que el Gobierno expedirá un nuevo decreto transitorio sobre el incremento del salario mínimo, tras la decisión del Consejo de Estado que dejó en suspenso el aumento del 23,78 %. El mandatario aseguró que acatará la orden judicial y que el llamado “salario vital” se mantendrá mientras se expide el nuevo acto administrativo.“Voy a aceptar que se genere un decreto transitorio. Primero vamos a aclarar esto con el magistrado. Esto hace que los ocho días se tengan que usar más. Nosotros, de todas maneras, es orden de la Constitución, lo tendremos en cuenta en el nuevo decreto de fallo transitorio. Lo que significa que el salario vital se mantiene hasta que se expida el nuevo decreto y el nuevo decreto va a tener el salario vital”, afirmó el jefe de Estado.La controversia surge luego de que el Consejo de Estado ordenara al Gobierno nacional emitir un nuevo decreto en un plazo máximo de ocho días, al considerar que el incremento no habría contado con el suficiente sustento técnico. Según el alto tribunal, el ajuste debía estar respaldado por indicadores cuantitativos claros, como la inflación del 5,1 % y la productividad del 0,9 %, y no responder únicamente a una determinación política, con el fin de garantizar la estabilidad económica y la confianza inversionista.Petro también convocó a movilizaciones en todo el país para este jueves 19 de febrero, al invitar al “pueblo trabajador de Colombia” a concentrarse en las plazas públicas.El mandatario aseguró que solicitará una aclaración frente a las decisiones adoptadas y sostuvo que esta discusión no solo es de carácter jurídico, sino que también debe respaldarse con la movilización ciudadana. “Los espero en todas las plazas públicas de Colombia. Convoca al presidente para defender el salario vital”, afirmó Petro.En su alocución de hoy, el presidente dijo que para estudiar el salario mínimo convocó para este lunes una reunión de la Comisión de Concertación en la que estarán su ministro Trabajo, Antonio Sanguino, y representantes del movimiento sindical y del empresariado."Esto lo discutiremos con el empresariado y la clase obrera. Se puede hacer un pacto, indudablemente oiremos, pero inmediatamente después haremos el decreto nuevo transitorio, ojalá con el resultado de una concertación", dijo.El mandatario dejó en claro "que a partir del decreto presidencial del 31 de diciembre del año pasado, en Colombia rige un salario vital que es el mínimo vital de una familia y que es móvil", lo que indica que puede variar.
Tras el reporte del Centro de Operaciones de la Fuerza Naval del Caribe de la Armada de Colombia sobre una embarcación cargada con clorhidrato de cocaína en el Mar Caribe, se activó una operación conjunta que se extendió por más de 72 horas.La lancha tipo Go Fast, equipada con cuatro motores fuera de borda de 300 caballos de potencia y capacidad para transportar cerca de cinco toneladas de alcaloides, fue hallada abandonada en un estero del Golfo de Urabá, en el departamento de Antioquia. La motonave era capaz de alcanzar velocidades de hasta 45 nudos.La Institución Naval estableció que la embarcación habría zarpado desde las costas del departamento de Córdoba con sustancias ilícitas, teniendo como destino final Honduras, en Centroamérica.De manera inmediata, se desplegó una aeronave de la Fuerza Aeroespacial Colombiana para realizar el seguimiento de la embarcación, guiando a las Unidades de Reacción Rápida de las Estaciones de Guardacostas de Cartagena y Urabá para ejecutar la interdicción marítima.Al notar la presencia de las autoridades, los tripulantes cambiaron el rumbo hacia las costas colombianas para intentar evadir la presión sostenida de la fuerza pública e internarse en la zona costera. Sin embargo, tropas del Batallón de Infantería de Marina No. 14 desplegadas en tierra impidieron la maniobra. Ante el asedio, los sujetos emprendieron la huida hacia el Golfo de Urabá, donde finalmente abandonaron la embarcación de 60 pies de eslora —cargada con 30 canecas de gasolina— en una zona de manglares.Posteriormente, tropas del Batallón de Infantería No. 47 "Francisco de Paula Vélez" del Ejército Nacional realizaron la inspección, judicialización e inutilización de la motonave en coordinación con las autoridades competentes. Respecto al cargamento, se presume que fue arrojado al mar durante la persecución, por lo cual aeronaves del Comando Aéreo de Combate No. 3 y buques de la Fuerza Naval del Caribe adelantan actualmente operaciones de búsqueda y registro.Con el éxito de esta operación, la Fuerza Aeroespacial, en conjunto con la Armada de Colombia y el Ejército Nacional ratifica su presión sostenida contra los Grupos Armados Organizados dedicados al narcotráfico, especialmente en la región del Caribe colombiano.
El presidente Gustavo Petro realizará este domingo 15 de febrero de 2026, a las 7:00 de la noche, una alocución presidencial en la que abordará los puntos clave del denominado salario vital y fijará la posición oficial del Gobierno frente a la suspensión temporal ordenada por el Consejo de Estado al decreto que establecía el aumento del salario mínimo para este año. La intervención será transmitida por los canales oficiales y redes sociales de la Presidencia.El pronunciamiento se da luego de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el incremento del 23,78 % decretado para 2026, decisión que obliga al Ejecutivo a emitir un nuevo decreto transitorio mientras se estudia el fondo de la demanda. El alto tribunal argumentó que el ajuste debe sustentarse en criterios técnicos como inflación y productividad, y no únicamente en lineamientos de carácter político.Desde el Gobierno han defendido la figura del “salario vital” y han advertido sobre las implicaciones administrativas y jurídicas que podría generar una modificación del decreto, especialmente frente a los pagos ya realizados. Se espera que durante la alocución el presidente precise el camino que seguirá el Ejecutivo para garantizar estabilidad laboral y claridad en la aplicación del salario mínimo en el país."Voy a aceptar que se genere un decreto transitorio. Primero vamos a aclarar esto con el magistrado; esto hace que los 8 días se tengan que usar más. Nosotros, de todas maneras, es orden de la Constitución; lo tendremos en cuenta en el nuevo decreto de fallo transitorio. Lo que significa que el salario vital se mantiene hasta que se expida el nuevo decreto y el nuevo decreto va a tener el salario vital", señaló Petro.El mandatario aseguró que acatará la orden judicial y que el llamado “salario vital” se mantendrá mientras se expide el nuevo acto administrativo.